¿Cuáles son los parámetros a considerar en la recategorización del tercer cuatrimestre del año 2016?

Fuente: http://www.afip.gob.ar/

ID 21468627
¿Cuáles son los parámetros a considerar en la recategorización del tercer cuatrimestre del año 2016 y siguientes?
10/01/2017 12:00:00 a.m.

Para la recategorización deberán considerarse los nuevos parámetros (ingresos brutos, superficie afectada, energía eléctrica consumida y alquileres devengados).

Podrá visualizar la tabla de categorías ingresando aquí.

Fuente: Art. 5 RG 3982/17

El DNU sobre las ART ¿Es inconstitucional?

Fuente: http://www.parlamentario.com/

23 de enero de 2017

Cuestionó con dureza la reforma a la Ley de riesgos de trabajo y sostuvo que lo que se deben bajar no son los juicios, sino los accidentes.

La diputada Margarita Stolbizer cuestionó los decretos impulsados este lunes por el Gobierno y especificó sobre uno en particular: “el DNU que reforma la ley de riesgos del trabajo también es contrario al principio constitucional de igualdad ante la ley, discriminando a los trabajadores en su derecho de acceso a la justicia”.

“El Gobierno sigue siempre por detrás de los hechos”, sostuvo, afirmando que “la cuestión no es bajar los juicios sino bajar los accidentes. Y para eso el Estado debe exigir a empresarios y aseguradoras que se tomen las medidas de prevención, seguridad e higiene para evitar los daños”.

Para la líder del GEN, “poner restricciones y trabas al derecho del trabajador para acceder a la Justicia es inconstitucional. Hacerlo por decreto para eludir el debate parlamentario es doblemente grave”.

En ese marco, sostuvo que “el Gobierno sigue dando muestras sobre cuáles son las prioridades de su agenda. Y como durante el menemismo, los dirigentes sindicales que convalidan esta norma están traicionando sus representaciones para favorecer a los grupos empresarios, en consonancia con un gobierno al que hubo que sacarle la modificación de Ganancias casi de prepo”.

“Después de la protección de (Gustavo) Arribas, este DNU demuestra que son más ‘sigamos’ que ‘cambiemos’”, concluyó.

 

Intentan salvar el acuerdo AFIP-IRS por el blanqueo

Fuente: http://www.ambito.com/

Martes 24 de Enero de 2017

Con la mala experiencia del acuerdo para el ingreso de limones en Estados Unidos, el Gobierno quiere salvar el tratado bilateral, hoy por hoy, más importante para la economía argentina. Tanto desde el Ministerio de Hacienda como de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se buscará que la administración de Donald Trump no suspenda (o elimine) el acuerdo entre el organismo de recaudación local y el Internal Revenue Service (IRS) por el cual los dos países podrán intercambiar información de sus contribuyentes. Para el Gobierno argentino se trata de un acuerdo clave, en especial en la etapa actual del blanqueo impositivo, que incluye el sinceramiento de bienes de personas y empresas locales en el exterior. Este llamado, que vence el 31 de marzo, tiene en la plaza norteamericana un actor principal ya que es en ese país donde más respuestas se buscan de argentinos con bienes inmuebles y financieros no declarados por años en el país y que ahora tienen la oportunidad de sincerarlos. Para esto, afirman en el organismo que maneja Alberto Abad, la amenaza cierta que desde abril se podrá acceder a los datos tributarios de los argentinos en los Estados Unidos resulta fundamental. De hecho, hasta diciembre, la mayor cantidad de bienes locales blanqueados viene de inmuebles y cuentas en ese país.

Luego del baldazo de agua fría recibido ayer por la noticia de suspender el ingreso de limones, ahora el país teme que la próxima víctima sea este acuerdo de intercambio financiero firmado el 23 de diciembre pasado y que necesita que sea autorizado, reglamentado y puesto en práctica desde ambos países. El pacto de “Intercambio Tributario” entre los estados fue firmado ese día en Buenos Aires entre el entonces ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, y el exembajador de Estados Unidos en la Argentina, Noah Mamet. Ambos habían acordado en noviembre, con la victoria de Trump ya irreversible, acelerar el acuerdo para que tenga validez legal antes que Barack Obama abandonase la Casa Blanca. Se descartaba que una vez cerrado, el pacto no podría ser demolido por la nueva gestión. Prat Gay había avanzado con las negociaciones el 26 de septiembre pasado, durante la visita del entonces secretario del Tesoro norteamericano, Jack Lew, al Palacio de Hacienda luego de un compromiso que había asumido el propio Obama con Mauricio Macri, cuando el norteamericano visitó la Argentina. El acuerdo firmado con Mamet imponía un cronograma que obligaba a los dos países a enviar los procedimientos legales internos para que pueda entrar en vigencia luego de los primeros 30 días de firmado el tratado. El plazo se cumple hoy, 24 de enero, y desde Buenos Aires se asegura que se llegará en tiempo y forma con la promesa. Luego se dependerá del IRS. En teoría comenzaría después un proceso de implementación binacional, para que antes que termine el año el acuerdo tenga vigencia.

El temor desde Buenos Aires es doble. Por un lado se especula con que la propia IRS comience a demorar la instrumentación reglamentaria en los Estados Unidos, a la espera de algún signo político desde la administración Trump para este tipo de acuerdo. El segundo temor es que el tratado termine siendo derivado al Poder Legislativo norteamericano, un peligro que en su momento pudo sortear la Argentina reclamándole a Lew que se aceleren las negociaciones y que se reglamente el intercambio de información bajo el paraguas de “reglamentación administrativa” en lugar de acuerdo binacional.

 

Responsabilidad solidaria del socio gerente por la deuda tributaria de la sociedad

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala I(CNFedContenciosoadministrativo)(SalaI)

Fecha: 27/09/2016

Partes: Delupa S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo

Publicado en: La Ley Online

 

El Tribunal Fiscal de la Nación revocó las resoluciones por las cuales se determinó el IVA y el impuesto a las ganancias y declaró la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se determinó de oficio la responsabilidad personal del socio y del gerente de una empresa por la deuda determinada a la sociedad. Deducido recurso de apelación, la Cámara lo admitió parcialmente.

 

Sumarios:

El ajuste en los impuestos al valor agregado y a las ganancias efectuado por el fisco, al impugnar las operaciones realizadas con un proveedor que se encontraba incluido en la base e-apoc, debe ser revocado, pues el sujeto se encuentra asentado en dicha base con posterioridad a los períodos cuestionados.

El art. 8 inc. a), primer párrafo, de la ley 11.683 no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida.

 

Los actos atribuidos por el fisco a un socio como la constitución de la sociedad, el cambio de domicilio de la sede social, la aceptación de renuncias y la designación de autoridades de la sociedad, la cesión, venta y transferencia de cuotas sociales, constituyen actos societarios que deben ser adoptados por aquellos que ostenten la titularidad del capital social, pero de ellos no se infiere que el socio haya tenido a cargo el manejo de la administración del ente societario al momento de perfeccionarse los hechos imponibles determinados al deudor principal.

La responsabilidad solidaria atribuida al gerente de una sociedad por la deuda tributaria determinada a esta última debe ser confirmada, pues se acreditó que desempeñó dicho cargo al momento en que se generaron las obligaciones fiscales impagas, desarrollando tareas de administración y de disposición de los fondos de la sociedad, sin demostrar causal alguna que lo exima de responsabilidad.

 

Fallo

Texto Completo: 2ª Instancia.- Buenos Aires, septiembre 27 de 2016.

Considerando: I. Que a fs. 452/461 vta., y su aclaratoria de fs. 465, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: 1) revocar —parcialmente— las resoluciones nros. 137/07 y 138/07, emitidas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP-DGI, en virtud de la cual se determinó de oficio el IVA por los períodos fiscales 12/2001 a 01/2005 y el impuesto a las ganancias por los ejercicios 2002 y 2003, con más sus intereses resarcitorios, respectivamente; 2) declarar la nulidad de las resoluciones nros. 184/2008 y 185/2008, emitidas por la dependencia mencionada, en virtud de la cual se determinó de oficio la responsabilidad personal y solidaria del Sr. Pablo David Devita, en su carácter de socio de la firma “Delupa S.R.L.”, y de la Sra. Graciela Liliana Devita, en su carácter de gerente de la empresa indicada, respectivamente, con relación a la deuda determinada en las resoluciones nros. 137/2007 y 138/2007; 3) imponer las costas en proporción a los respectivos vencimientos; y 4) ordenar la reliquidación de la deuda tributaria.

II. Que para así decidir desarrolló las siguientes consideraciones:

a) La nulidad articulada por la actora debe rechazarse dado que las resoluciones determinativas de los gravámenes cuestionados satisfacen acabadamente los requisitos establecidos en el art. 7° de la ley de procedimientos administrativos y no se observa que la administración fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.

b) De las resoluciones impugnadas surge de manera explícita la causa que motivó su dictado. El juez administrativo efectuó un tratamiento y análisis de los hechos constatados por la fiscalización actuante, de los argumentos expuestos por la contribuyente y del derecho aplicable al caso.

c) No se encuentra vulnerado el derecho de defensa de la actora, toda vez que tuvo la oportunidad de ofrecer y producir prueba, elementos que fueron valorados por el funcionario actuante.

d) Para que proceda una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas que se vio privado de oponer el impugnante, debiendo ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma.

e) Los elementos colectados por la inspección actuante para sostener la impugnación de las operaciones realizadas con los proveedores Netpress S.A., Servicios EF S.R.L., Gerónimo Sicorello, Jacinto Héctor Ale, Claudio Gustavo Ramírez y Cornave S.A., no resultan

suficientes para fundar el criterio fiscal, resultando endebles y exiguos para efectuar el ajuste practicado.

f) De las constancias obrantes en las actuaciones administrativas surge que los proveedores desarrollaban una actividad comercial relacionada con la practicada por la actora, ninguno de ellos se encontraba en la “Base E-APOC.” del organismo recaudador al momento de celebrarse las operaciones cuestionadas y fueron fiscalizados entre dos o tres años después de su relación comercial con la contribuyente.

g) La alegada inexistencia de operaciones no puede basarse únicamente en que los proveedores no pudieron ser hallados en el domicilio que la administración posee en su base de datos, o en que no han presentado las declaraciones juradas correspondientes, o que las han presentado sin movimiento (en cero), porque todos ellos son hechos que escapan a la responsabilidad de quien contrata con aquéllos (comprador).

h) Los elementos señalados se refieren exclusivamente a la falta de regularidad fiscal de los proveedores cuestionados; sin embargo, estas cuestiones resultan totalmente ajenas al ámbito de control de la recurrente y exceden el margen de prudencia y buena fe que deben regir las relaciones comerciales, a la vez que no permiten inferir la inexistencia de las operaciones.

I. Corresponde confirmar la impugnación efectuada por la inspección actuante con relación al proveedor Héctor Alejandro Lucero. Se comprobó no sólo que el Sr. Lucero no era proveedor de Delupa S.R.L. sino que era empleado de la recurrente, quien expuso voluntariamente dicha situación ante el requerimiento del personal fiscalizador, en oportunidad de ser localizado efectuando trabajos en relación de dependencia para la parte actora.

j) La responsabilidad del deudor solidario nace frente al incumplimiento por parte del deudor principal a la intimación de pago cursada por la administración fiscal, motivo por el cual sólo se puede extender la responsabilidad al sujeto solidario una vencido el plazo de la intimación cursada al deudor principal, que habilita la extensión de la responsabilidad solidaria por deuda ajena.

k) La falta de cumplimiento de la firma Delupa S.R.L. a la intimación de pago cursada en las resoluciones nros. 137/2007 y 138/2007 constituye el hecho que, en principio, habilitaría al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria a los sujetos por deuda ajena.

l) Las resoluciones nros. 184/2008 y 185/2008 carecen de causa válida, pues imputan a los Sres. Pablo David Devita y Graciela Liliana Devita una responsabilidad solidaria cuando la intimación al deudor principal aún no se encontraba incumplida, toda vez que, como expresamente lo reconoció el propio organismo recaudador en la resoluciones mencionadas, la intimación al deudor principal se encontraba apelada ante el Tribunal Fiscal y, por lo tanto, no se hallaba firme.

III. Que, disconforme, la parte demandada interpuso a fs. 467/vta. recurso de apelación —fundado a fs. 477/482 y fs. 504/513 vta., que no fue replicado—.

Se quejó, específicamente, de la revocación de las resoluciones nros. 137/07 y 138/07, respecto del proveedor Servicios EF S.R.L. y de la nulidad decretada con relación a las

resoluciones nros. 184/08 y 185/08.

Con relación al primer agravio señaló que el pronunciamiento apelado incurre en arbitrariedad manifiesta al merituar las pruebas colectadas por la inspección actuante y al valorar las circunstancias fácticas del caso.

Señaló que la sola circunstancia de que un sujeto se inscriba como responsable ante el organismo recaudador, presente declaraciones juradas e, incluso, “ingrese montos a título de impuesto”, no lo legitima como contribuyente, puesto que el hecho o acto de contenido económico, definido en forma abstracta por una norma legal, que aconteció en forma real y efectiva, genera el vínculo jurídico tributario y hace nacer la obligación tributaria, otorgándole el derecho, de cumplirse con el resto de los requisitos previstos por las normas vigentes, a trasladar el gravamen para su posterior cómputo como crédito fiscal en el IVA.

Afirmó que lo contrario implicaría avalar las operaciones por el mero cumplimiento formal y superficial de las normas de facturación y registración.

En lo referente a la nulidad de las resoluciones nros. 184/08 y 185/08 manifestó que le causa gravamen dado que el Tribunal Fiscal de la Nación exigió como requisito previo a la intimación de pago a los deudores solidarios que la determinación de oficio realizada al deudor principal se encuentre firme.

Arguyó que las resoluciones nulificadas cumplen con los recaudos exigidos por la Corte Suprema en la causa “Bonazzo, Raúl José”, pronunciamiento del 11 de febrero de 2014.

IV. Que corresponde confirmar la revocación del ajuste decidido por el tribunal a quo con relación al proveedor Servicios EF S.R.L.

En efecto, como surge de las resoluciones determinativas el organismo recaudador impugnó las operaciones realizadas con ese proveedor sobre la base de que él se encontraba incluido en la “Base E-APOC” del Fisco Nacional y de que la fiscalización constató que el domicilio fiscal registrado se encontraba desocupado.

Sin embargo, como señaló el tribunal a quo, el sujeto se encuentra asentado en la “Base E-APOC” desde el 8 de noviembre de 2005, es decir, con posterioridad a los períodos aquí cuestionados. Por otra parte, no se encuentra acreditado en las actuaciones los dichos del juez administrativo, en cuanto sostuvo que la inspección “constató que el domicilio fiscal se encuentra desocupado, desconociendo el portero a la firma indicada” (v. fs. 21/29 del cuerpo de “Circularización Proveedores”), resultando, por lo tanto, insuficientes las constancias obrantes para conmover el criterio sostenido en el pronunciamiento apelado.

Ninguna de las circunstancias apuntadas constituyen —en el caso— un indicio fehaciente de que las operaciones no existieron, como así tampoco de que el incumplimiento de los deberes fiscales por parte de los proveedores pueda ser atribuido a la recurrente para desconocer la veracidad de la documentación presentada como respaldo de las operaciones realizadas.

Tampoco puede prosperar el agravio del Fisco Nacional referente a que se pondere la “realidad económica” del funcionamiento del sujeto responsable. Es que a fin de exigir la integración del impuesto con arreglo a la realidad ‘económica’ de la conducta desplegada por

los responsables resulta necesario la producción de una prueba contundente de los hechos alegados, es decir, de aquellos elementos que permitan inferir como derivación lógica la real calificación del hecho imponible acaecido, circunstancia que no se verifica en autos (conf. doc. esta sala, causa “Marval & O’ Farrell Sociedad Civil”, pronunciamiento del 7 de agosto de 2012).

En consecuencia, dado el carácter limitado con que el legislador previó el recurso de apelación ante esta cámara (art. 86 de la ley 11.683), y toda vez que no se observan circunstancias que permitan suponer un error en la apreciación que hace la sentencia de los hechos, corresponde su confirmación en cuanto fue materia de agravios.

V. Que corresponde revocar el pronunciamiento apelado en cuanto decretó la nulidad de las resoluciones nros. 184/2008 y 185/2008.

Al respecto, cabe señalar que la Corte Suprema examinó una cuestión sustancialmente análoga a la que aquí se debate en la causa “Bozzano, Raúl José (TF 33.056-I) c. DGI”, pronunciamiento del 11 de febrero de 2014, oportunidad en la que interpretó que:

(i) el artículo 8°, inciso a), párrafo primero, de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) establece: “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en […], del art. 6° cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del art. 17. No existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a las Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”;

(ii) en lo relativo al modo de interpretar la mencionada disposición resultan aplicables las pautas que establecen que cuando una ley es clara no cabe sino su directa aplicación (Fallos: 320: 2145, considerando 6° y su cita), con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 323:620; 325:830);

(iii) a la luz de tales principios, se observa que la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida. La conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Alto Tribunal en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769). En efecto, allí señaló que la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador “una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal, que habilita —en forma subsidiaria— la extensión de la responsabilidad a los responsables por deuda ajena”.

En función de esas consideraciones, el recaudo del inciso a) del artículo 8 de la ley 11.683 se encuentra cumplido, toda vez que mediante las resoluciones nros. 137/07 y 138/08, ambas

de fecha 24 de agosto de 2007 (notificadas el 14 de septiembre de ese año), se determinó de oficio el IVA y el impuesto a las ganancias, respectivamente, en cabeza del deudor principal —Delupa S.R.L.—, se intimó esa deuda y ésta no fue cumplida dentro del plazo legal previsto, motivo por el cual no existe óbice para que el organismo fiscal pretenda extender la responsabilidad a los sujetos solidarios de la obligación tributaria.

VI. Que en virtud de lo resuelto en el punto que antecede, corresponde en este estado de la causa tratar los agravios esgrimidos por el Sr. Pablo David Devita a fs. 229/238 y la Sra. Liliana Graciela Devita a fs. 387/391 vta., en oportunidad de interponer sendos recursos de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación contra las resoluciones nros 185/08 y 184/08, en virtud de las cuales se determinó la responsabilidad solidaria respecto de las deudas determinadas a la firma Delupa S.R.L. (resoluciones nros. 137/07 y 138/07).

VII. Que, en primer término, se examinará la resolución n° 185/08 que determinó de oficio la responsabilidad personal y solidaria del Sr. Pablo David Devita.

Sobre el punto, corresponde recordar que en el art. 8° de la ley 11.683 se dispone que: “[R]esponden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros 5 (cinco) incisos del artículo 6 —entre los que se cuenta en su inc. d) los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, etc.— cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributos, si los deudores no cumplen la intimación de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado en el segundo párrafo del artículo 17”.

Los denominados “responsables por deuda ajena”, según la terminología utilizada por el legislador, surgen de la ley y deben integrar la obligación tributaria, no en virtud de su capacidad contributiva, sino en razón de que la legislación los instituye como responsable como un medio de hacer efectivo el pago de la deuda impositiva.

La responsabilidad solidaria no es objetiva. No es impuesta por el mero hecho de haber sido director, gerente o representante de una entidad jurídica, ni derivada de la simple vinculación entre los “responsables” y el deudor principal.

El presupuesto de la responsabilidad solidaria es el antijurídico incumplimiento de los deberes tributarios que el responsable por deuda ajena tuviera a su cargo, no siendo suficiente ocupar el cargo de director o gerente de la persona jurídica, pues sólo a aquellos sujetos que administren o dispongan de los bienes del deudor principal les alcanza la responsabilidad solidaria (Sala III, causa “Costa, Roberto”, pronunciamiento del 28 de octubre de 2010).

En el caso, la administración fiscal sustentó la determinación de la responsabilidad en atención a que el Sr. Pablo David Devita, en su carácter de socio de la firma Delupa S.R.L., intervino en determinados actos, tales como: la constitución de la sociedad, el cambio de domicilio de la sede social, la aceptación de renuncias y la designación de autoridades de la sociedad, la cesión, venta y transferencia de cuotas sociales.

Ahora bien, no es posible soslayar que los actos mencionados por el organismo recaudador constituyen actos societarios que, según lo dispuesto en la ley 19.550, deben ser

adoptados por aquellos que ostenten la titularidad del capital social. Sin embargo, de ello no se infiere que el Sr. Devita haya tenido a su cargo el manejo de la administración del ente societario al momento de perfeccionarse los hechos imponibles determinados al deudor principal.

Por otra parte, tampoco puede sostenerse la pretendida responsabilidad solidaria en la demanda laboral iniciada por el Sr. Héctor Alejandro Lucero contra la firma Delupa S.R.L. y el Sr. Pablo David Devita —entre otros—.

Ello es así por dos razones. En primer lugar, porque de la copia de la demanda obrante a fs. 98/110 surge que la letrada patrocinante expresamente aclaró que se demandaba tanto a la “sociedad” como a “los socios conocidos”, “ya que al no entregársele al actor los duplicados de los recibos salariales, el mismo desconoce si la sociedad se encuentra legalmente inscripta”, y dicha circunstancia no se encuentra controvertida en autos, como surge de las constancias obrantes en los antecedentes administrativos y de los propios dichos del organismo fiscal; y, en segundo lugar, porque no es posible extender la potencial solidaridad del campo laboral al ámbito tributario.

Finalmente, tampoco es posible atender a los argumentos del Fisco Nacional en cuanto pretende extender la responsabilidad solidaria, sobre la base de las expresiones formuladas por el Sr. Juan Carlos Viland, quien oportunamente adquirió las cuotas sociales de la firma Delupa S.R.L. junto con el Sr. Salvador Francisco Coppola.

En efecto, el Sr. Viland manifestó a la inspección actuante que no tiene ni tuvo relación alguna, como cliente, proveedor o socio de la firma Delupa S.R.L. y que ha iniciado acciones legales contra esa empresa por averiguación de falsificación de instrumento público ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 49, manifestaciones que, amén de no traspasar la línea meramente argumental de la presunta comisión de un delito, no constituye una prueba fehaciente de que el Sr. Pablo David Devita ejercía la administración de la sociedad y, por lo tanto, de que incumbía a éste el cumplimiento de las obligaciones fiscales del ente societario.

Por ello, corresponde revocar la resolución n° 185/2008.

VII. Que con relación a la resolución n° 184/2008 en virtud de la cual se determinó la responsabilidad personal de la Sra. Graciela Liliana Devita, no es posible arribar a idéntica solución.

Se encuentra acreditado en autos que la actora se desempeñó como gerente de la sociedad Delupa S.R.L. al momento en que se generaron las obligaciones fiscales impagas, desarrollando diferentes tareas de administración y de disposición de fondos de la sociedad, actos que demuestran un acabado conocimiento de las cuestiones de naturaleza eminentemente tributarias, y, por otra parte, no acompañó elementos que indiquen que sus representados y/o mandantes la han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, conforme con lo dispuesto en el art. 8°, inc. a), de la ley 11.683 (esta sala, causas “Lapiduz, Benjamín Boris” y “Gianotti, Graciela María”, pronunciamientos del 23 de abril de 2015).

Por lo tanto, corresponde confirmar la resolución n° 184/2008. En virtud de todo lo

expuesto, este tribunal resuelve: 1) desestimar los agravios de la demandada con relación a las operaciones realizadas por la parte actora con el proveedor Servicios EF S.R.L., sin costas por no mediar actividad de la contraparte; 2) revocar la resolución n° 185/2008, con costas (art. 68, párrafo primero, del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación); y 3) confirmar la resolución n° 184/2008, con costas (art. 68, párrafo primero, del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). El doctor Grecco integra esta sala en los términos de la acordada 16/2011 de esta cámara y la doctora do Pico no interviene en tanto se halla en uso de licencia (artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. — Rodolfo E. Facio. — Carlos M. Grecco.

Fossati: “Ingresos Brutos es distorsivo, pero la presión fiscal tiene tres niveles”

Fuente: http://www.cronista.com/

Martes  24 de Enero de 2017

El titular de ARBA reconoció que se debe atacar la presión fiscal nacional, provincial y municipal, pero dijo que muchos de esos estados están en déficit, por lo que deberá ser gradual

Gastón Fossati, titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), dijo que adhiere a la iniciativa de reforma impositiva integral de la Nación, que también cuestiona impuestos provinciales como Ingresos Brutos, pero con “gradualismo” para no desfinanciar a los estados que ya tienen déficit.

El siguiente es un resumen de una charla que mantuvo con El Cronista:

–¿Cuáles son los planes para 2017?
–Vamos a trabajar en diseñar un índice de evasión de la provincia de Buenos Aires, comparando las distintas actividades económicas con la base declarada de Ingresos Brutos. A partir de esa comparación, vamos a detectar si hay diferencias entre nivel de actividad y nivel de declaración de Ingresos Brutos y lo publicaremos.

–¿En qué fecha aproximada está previsto que se publique el índice?
–Estimamos mayo o junio.

–¿Para qué servirá?
Organizaremos fiscalizaciones electrónicas o presencia de inspectores en el domicilio del contribuyente. Parte de la alta presión impositiva que tiene la provincia de Buenos Aires es porque la base tributaria está acotada. Vamos a ampliar esa base para empezar a bajar la presión tributaria de a poco.

–¿Cómo se podría empezar a bajar la presión tributaria?
–Uno de los objetivos es la discusión de la reforma política impositiva que está impulsando la Nación.

–¿En Ingresos Brutos podría darse una reforma?
–Ingresos Brutos es uno de los impuestos que está en la mesa. Pero más allá de hablar de un impuesto en particular, hay que hablar de una reforma política tributaria integral, donde veamos que nivel de presión fiscal hay a nivel nacional, provincial y municipal. También hay que discutir la coparticipación federal. Pero todo esto debe tener en cuenta que los estados nacional, provincial y municipales en muchos casos tienen déficit y a fin de mes hay que pagar las cuentas. Para eso se necesitan recursos, y alegremente liberar recursos, sin tener en cuenta las necesidades sería irresponsables. Por eso compartimos la reforma integral en un marco de gradualismo y de racionalidad de las cuentas públicas.

–¿La ayuda que recibió a fin de año la provincia de Buenos Aires suple el Fondo del Conurbano?
–No. Esos $ 25.000 millones fueron un paliativo, porque si se actualizara el Fondo del Conurbano, hoy serían $ 45.000 millones por año. Pero como dicen muchos funcionarios, la provincia aporta $ 2 a la recaudación nacional y recibe $ 1 de coparticipación.

–¿No es este reclamo y la relativa ventaja de muchas provincias chicas lo que traba que los gobernadores se sienten a discutir una nueva ley de coparticipación?
–Puede ser. No es un camino fácil, pero si todos los que tenemos esta responsabilidad asumimos la discusión a nivel nacional, provincial y municipal, nos va a permitir destrabar muchas otras cosas como la competitividad, el empleo, las condiciones para que vuelva la inversión a cada nivel de Estado.

–¿Ingresos Brutos no es impuesto que desalienta la inversión?
Al ser un impuesto que grava todas las etapas de la cadena productiva, es distorsivo, pero más allá de un impuesto en particular, hay que ver la carga tributaria en todos los niveles. Puede ser que Ingresos Brutos atente contra la inversión, pero hay otros factores que también lo hacen: la falta de competitividad, la falta de seguridad jurídica.

–¿Por qué la provincia de Buenos Aires no adhirió a la moratoria nacional que acompañó al blanqueo?
–Hemos erradicado las moratorias por las cuales un contribuyente que pagaba sus impuestos en fecha tenía el mismo costo que uno que lo hacía dos años después, gracias a las quitas que se otorgaban. En cambio, diseñamos un plan de pagos permanente sin quitas.

–¿Cuál es el balance del blanqueo para la provincia?
–El 40% de los bienes que se blanquean deberían ser recursos de Buenos Aires y esperamos que se vuelquen a la actividad económica.

–¿La gobernadora Vidal es exigente?
Sí. Permanente nos incentiva a cumplir los objetivos y nos comprometamos con la tarea.