ANSeS transfirió más de $ 12.000 millones en 2016 a 12 cajas provinciales

Fuente: http://www.cronista.com/

Lunes  23 de Enero de 2017

El déficit auditado por el organismo ascendió a $ 13.095,67 millones, pero transfiere 20% por cada concepto armonizado. A algunas provincias les financió el déficit de 2015

La ANSeS realizó el año pasado auditorías sobre 12 de las 13 cajas previsionales que quedaron en manos de las provincias después de que se privatizó el sistema jubilatorio, tal como lo previó la reglamentación de la ley de reparación histórica. Se buscó cubrir los déficits en proporción al grado de armonización que se haya logrado en cinco componentes: la edad jubilatoria, las alícuotas de aportes y contribuciones patronales, la cantidad de años de servicio con aportes efectivos, la determinación del haber inicial y la movilidad jubilatoria.

Como resultado, el organismo previsional les transfirió $12.099,37 millones en 2016 para financiar los rojos previsionales.

El dinero se terminó de transferir el último día del año.

El cierre de las transferencias fue caótico porque es el Ministerio de Hacienda quien firma las derivaciones con ANSeS, y la salida de Alfonso Prat-Gay de su función en Navidad demoró las autorizaciones.

ANSeS transfirió a la provincia de Buenos Aires $ 5832,9 millones, a Formosa $ 346,9 millones, a La Pampa $ 898,8 millones, a Neuquén $ 500 millones, a Córdoba $ 2000 millones, a Misiones $ 77 millones, a Entre Ríos $ 740 millones, a Chaco $ 320 millones, a Tierra del Fuego $ 160 millones, a Santa Cruz $ 250 millones, a Santa Fe $ 810 millones y a Corrientes $ 163,8 millones.

La provincia de Chubut es la única que no solicitó la auditoría de su régimen previsional el año pasado y, por lo tanto, no recibió ninguna transferencia. Pero eso puede cambiar este año, después de la reunión del director Ejecutivo de la ANSeS, Emilio Basavilbaso con el gobernador Mario Das Neves el viernes pasado.

Lo pagado en 2016 incluye, además, una asistencia financiera por el déficit de 2015 para aquellas provincias que firmaron convenios antes de que se apruebe la ley de reparación histórica, como $ 3300 millones para la provincia de Buenos Aires (el déficit es el de la Caja de Jubilaciones del Personal del Banco Provincia); $ 400 millones para La Pampa y $ 69 millones para Formosa. En tanto, Córdoba logró compensar deudas recíprocas.

“Nosotros, como gestión, comenzamos nuevamente a ayudar a las provincias con los déficits de sus cajas, que para muchas provincias es el mayor déficit que tienen”, dijo Basavilbaso a El Cronista. “Se paga en función de los conceptos armonizados y se pide que en cuatro años armonicen los que faltan. Cuatro años es un período prudencial de tiempo, en el que cada una de las provincias va a tener que ajustar sus sistemas para que sea sustentable. Apostamos a un sistema público; para poder mantenerlo, necesitamos que sea sustentable”, agregó.

Se trata de cajas previsionales a las que la nación debía financiar los déficit en función de adecuaciones regulatorias, pero el gobierno anterior no cumplió con este convenio, lo que dio lugar a reclamos y litigios por parte de las provincias, que finalmente se saldaron el año pasado.

El déficit de las cajas provinciales ascendió a $ 13.095,67 millones.

La ANSeS financia el rojo de cada caja provincial en función de los porcentajes armonizados con el sistema nacional.

Por cada uno de esos cinco componentes que no fue armonizado, el organismo resta 20% del déficit a financiar.

En función del déficit estimado de 2015, se proyectó la transferencia realizada en 2016.

Según informó el organismo, la provincia de Buenos Aires tiene armonizado un 20%; Formosa, 80%; La Pampa, 60%; Neuquén, 40%; Entre Ríos, 40%; Córdoba, 80%; Santa Fe, 40%; Chaco, 40%; Misiones, 60%; Corrientes, 40%; Tierra del Fuego, 40%, y Santa Cruz, 40%.

En varias provincias, los procesos de armonización generaron revuelo en las legislaturas locales (cada concepto se considera cumplido al momento que se encuentre vigente la ley provincial que lo armonice), sobre todo al tener que elevar la edad jubilatoria hasta equipararla con la nacional.

En varios casos las adecuaciones se darán gradualmente.

 

Apuran cambios para agilizar la expulsión de extranjeros que delinquen

Fuente: http://www.clarin.com/

22/01/2017

Clarín accedió al decreto que oficializarán en los próximos días. El Gobierno aspira a que las extradiciones se resuelvan en dos meses. Hoy pueden demorar varios años.

“Cuenten conmigo para hablar con quien haya que hablar”. Mauricio Macri cerró una de las últimas reuniones de equipo comprometiéndose a interceder en persona con los mandatarios de los países que se rehúsen a avanzar en convenios de intercambio de información con la Argentina. Como dijo la semana pasada, el Presidente quiere poder “decirle a alguien que tiene antecedentes en su país que acá no es bienvenido”. Pero, mientras avanzan esas negociaciones, busca dar un golpe de efecto en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado: ya tiene listo el decreto para endurecer la política migratoria y, al mismo tiempo, esta semana lanzará un sistema que fortalecerá los controles sobre los 12 millones de pasajeros que cada año llegan vía aérea.

Con el ejemplo del narco peruano Marco Antonio Estrada González, que luego de ocho años aún no puede ser extraditado, el jefe de Estado pidió analizar cambios en la Ley 25.871, de Migraciones; y en la 346, de Ciudadanía. “Queremos que el trámite para expulsar a un extranjero que cometió un delito o tenga antecedentes no demore más de dos meses”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.

Según pudo saber este diario, el Presidente ya tiene el decreto listo y analiza oficializarlo esta semana. Desde el Gobierno, sin embargo, buscaron bajarle el tono y afirman que “se seguirá trabajando” -hoy hay una reunión prevista sobre el tema en Casa Rosada- y que podría demorar “unos días más”.

Entre el secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas y el ministro de Justicia Germán Garavano pulieron el texto para evitar que prosperen las impugnaciones, como la que ya hizo por anticipado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Es una regresión para los derechos de las personas migrantes”, consideró en un comunicado el organismo presidido por el periodista ligado al kirchnerismo Horacio Verbitsky.

Desde el Gobierno rechazaron la acusación, dijeron que “sólo se ajustarán cuestiones para combatir al crimen que migra” y aseguraron que no cambiarán “nada en materia penal; y si así fuera se enviará al Congreso el proyecto”.

Clarín accedió al texto del decreto. Se trata de una propuesta más moderada de la que reclamaban desde el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y el director de Migraciones Horacio García; pero modificará tanto el plazo y las formas -administrativas y judiciales- para expulsar a un extranjero como los requisitos para el acceso a la ciudadanía por naturalización.

Por caso, se incluye un apartado en el que se habilita a revocar la residencia a los extranjeros condenados por “delitos por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero” aunque dicha decisión “no se encuentre firme”. Para ello, también se precisa la “obligación”, cuyo incumplimiento será “considerado falta grave”, para el Poder Judicial de “notificar” a Migraciones “de todo auto jurisdiccional que atribuyan responsabilidad penal y de toda condena por delito penal contra un extranjero”.

Según amplían fuentes oficiales, esto permitirá que, en simultáneo con el proceso judicial, Migraciones esté en condiciones de iniciar el acto para su expulsión. En Balcarce 50 buscan transmitir tranquilidad y dicen que sólo se busca imprimirle “razonabilidad” a la norma. Lo hacen antes las críticas que genera la iniciativa, por posible discriminación o xenofobia.

Entre otras cosas, el decreto establecerá un “Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo”, que acotará a tres días hábiles el plazo que tendrá un extranjero para apelar su expulsión. Concluido ese trámite administrativo, se concederán otros tres días hábiles para interponer un recurso judicial y el juez actuante contará con el mismo tiempo para resolver. Lo mismo ocurrirá con las apelaciones en instancias superiores.

Pero como la idea es reducir el margen de todas las maniobras dilatorias, que se multiplicaron en el caso de “Marcos”, el decreto fijará que “las oficinas públicas y entidades privadas deberán contestar el pedido de informes dentro de los cinco días hábiles”. De igual modo, el plazo para producir la prueba ofrecida en sede judicial “no podrá exceder los 20 días hábiles”. También se incrementará el tiempo mínimo que deberá esperar un extranjero expulsado para volver al país: de cinco a ocho años.

Asimismo, a partir del decreto, para conseguir la ciudadanía los extranjeros deberán acreditar “residencia legal vigente” en Argentina de “dos años continuos”. Actualmente, la ley 346 habilita a aquellos “que residiesen en la República dos años continuos”. Muchos entran como turistas, se quedan luego de tres meses y terminan obteniendo la ciudadanía. Este cambio fue otro punto de los que objetó el CELS.

 

Este año aumentan 43% los honorarios mínimos de los contadores

Fuente: http://www.iprofesional.com/

23 de enero de 2017

Más allá de la desregulación económica aún vigente, el Consejo Profesional porteño actualizó el listado de los valores sugeridos para los profesionales que se desempeñan en el ámbito societario, administrativo-contable, tributario, laboral-previsional y de auditoría

Con la mira puesta en contrarrestar el efecto que genera la inflación sobre los ingresos, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño (Cpcecaba) actualizó el listado para este año de los honorarios mínimos que podrán ser tomados en cuenta por los matriculados en la entidad al momento de facturar las tareas que hayan realizado.

A través de una flamante resolución, la Mesa Directiva del Cpcecaba implementó un incremento de 43% al elevar de $90,80 a $130 el valor del módulo a aplicar para establecer los honorarios mínimos sugeridos.

Cabe aclarar que dichos valores son montos sugeridos como referencia y no constituyen ni deben ser interpretados como aranceles mínimos obligatorios, concepto que se encuentra fuera del marco legal de desregulación económica actualmente vigente.

La desregulación se aplica desde 1991, tras la publicación del decreto 2.284 ratificado por la Ley 24.307. Desde ese momento, los honorarios por las labores profesionales (con excepción del ámbito judicial) surgen de la libre convención entre las partes.

Nuevos importes
El cuadro tarifario para los profesionales que se desempeñan en el ámbito societario, administrativo-contable, tributario, laboral-previsional y de auditoría prevé un valor sugerido mínimo y máximo para cada tarea específica.

De esta manera, el esquema de referencia contempla los distintos condicionantes: las características del cliente, la urgencia en la realización y el tiempo a invertir, entre otros.

Por lo tanto, luego de instrumentada la suba, los honorarios sugeridos para las tareas de constitución de una sociedad se ubican desde $3.110 a $15.548, según la actividad particular, su grado de complejidad y el conocimiento requerido para resolverla.

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En el caso de tareas de organización societaria, los importes se ubican desde $5.183 a 51.828 pesos.

Con respecto a las contables administrativas, el listado vigente separa entre las actividades recurrentes y las no recurrentes. Entre las de mayor habitualidad se encuentran las certificaciones y la preparación de estados contables mensuales. El valor establecido oscila entre $2.591 y 10.366 pesos.

Dentro de las no recurrentes se concentran la organización contable de entes, la preparación de estados contables anuales y la implementación de políticas administrativas contables. Para tales casos, el monto sugerido varia entre $20.731 y 36.280 pesos.

Las auditorías, dependiendo de su complejidad, llegan a costar hasta $149.161 Por otra parte, las liquidaciones impositivas van desde $726 a 5.701 pesos.

En relación con las liquidaciones mensuales de sueldos y cargas sociales, el monto establecido varía de acuerdo con cantidad de empleados que presentan las empresas. Por ende, bajo el nuevo cuadro tarifario, los valores pueden ir desde $1.555 a 8.811 pesos.

Reforma impositiva
En paralelo, el presidente del Cpcecaba, Humberto Bertazza, se refirió a la reforma impositiva integral que prepara el Gobierno nacional y que ya fue adelantada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

“En los últimos años la presión impositiva creció de manera ininterrumpida, convirtiendo a la Argentina en uno de los países de la región con mayor carga tributaria”, advirtió Bertazza.

“Conscientes de la problemática que genera una superpoblación de gravámenes, y partiendo de la base de que los cambios aislados no son la solución, desde el Consejo se desarrolló una propuesta de cambio integral en el sistema tributario”, agregó Bertazza.

A continuación se resumen los puntos sobresalientes de la propuesta del Consejo porteño que constituyen un todo consistente y no pueden ser tomados casa uno aisladamente:

– Impuesto al Cheque

Eliminar totalmente el impuesto de manera gradual en 5 años.

El primer paso se lo haría aumentando gradualmente el porcentaje que puede computarse como pago a cuenta de otros impuestos nacionales como el IVA, ya que actualmente sólo se permite en los impuestos a las Ganancias y Ganancia Mínima Presunta.

Para evitar desfinanciar al Estado, se considera oportuno que los porcentajes adicionales de pago a cuenta propuestos puedan ser computados exclusivamente contra incrementos nominales en los impuestos determinados con respecto al año anterior.

Para las Pyme: aplicar un régimen especial donde las pequeñas y medianas empresas puedan computar el 100% del impuesto abonado en IVA o Ganancias.

Coparticipación: incrementar la coparticipación de los fondos que hoy recauda el gravamen. En la actualidad sólo un 30% de la recaudación integra la masa coparticipable, y las provincias reciben, previo a las detracciones de los regímenes previsionales, un 15%. Por el IVA, por ejemplo, las jurisdicciones provinciales perciben un 45%.

– Impuesto a la Renta

Sociedades de Capital: aplicar el criterio de integración parcial y crédito parcial al accionista, por el cual se permite como pago a cuenta del accionista una parte del impuesto abonado por las sociedades.

Suponiendo una tasa para sociedades del 25% y del 35% para los beneficiarios del exterior y los accionistas o sucesiones indivisas y un cómputo del crédito impositivo del 21,66%, el total a pagar por las rentas originadas por una sociedad serían del 35% (alícuota máxima vigente), con una carga impositiva distribuida entre la misma sociedad y sus accionistas. Esta medida terminaría incentivando la reinversión de las rentas.

Derogar el “impuesto de igualación”.

Quebrantos: permitir dos opciones:

– Mantener de manera opcional el régimen actual, que permite el cómputo de quebrantos por 5 años.

– Aplicar un sistema que no tenga límite de tiempo pero con topes de utilización de los quebrantos respecto de la utilidad gravada (30% ó 50 %).

Amortizaciones de bienes de uso: incorporar al texto legal el elemento de obsolescencia tecnológica a los fines de estimar la vida útil de los bienes.

Posibilitar el recálculo de la vida útil de aquellos bienes en virtud a los cambios tecnológicos o retardos en la afectación a la actividad productiva a la cual sirven.

Permitir la actualización de los importes de las amortizaciones mediante un mecanismo de ajuste.

Admitir un mecanismo de amortización acelerada para las Pyme.

Ajuste por inflación: reinstalar el mecanismo de ajuste por inflación para impedir que se abone Ganancias sobre rentas ficticias.

Admitir el cómputo del interés del capital propio.

Pyme: mantener el régimen simplificado en el corto plazo, con un mayor control sobre la emisión de comprobantes y disponiendo la obligación de registración de operaciones.

– Impuesto a la Transferencia Gratuita de Bienes

Derogar el impuesto.

– Impuestos Internos

Revisar íntegramente los bienes alcanzados por la imposición selectiva sobre el consumo.

Incorporar aquellos bienes cuyo consumo genere impacto ambiental.

– Impuesto al Valor Agregado

Unificar y reducir las alícuotas.

Reemplazar con subsidios explícitos a determinados consumos.

– Coparticipación

Cumplir con el mandato constitucional de establecer una reforma en el sistema de coparticipación (cuyo vencimiento operó en 1996).

Establecer que todos los recursos impositivos, a excepción de los impuestos al comercio exterior y los aportes personales y contribuciones patronales, formen parte de la masa coparticipable.

Lograr una mayor institucionalización de la distribución automática.

 

Ejecución de pagaré y defensa del consumidor. Prelación normativa del art. 1094 del Código Civil y Comercial

En la ejecución de un pagaré que instrumentaba un préstamo bancario otorgado para refinanciar tarjetas de crédito la sentencia rechazó la excepción de inhabilidad de título opuesta y mandó llevar adelante la ejecución. Apelado el decisorio, la Cámara admitió la defensa citada y rechazó la demanda.

 

Sumarios

La excepción de inhabilidad de título debe admitirse en la ejecución de un pagaré que instrumenta un préstamo bancario otorgado para refinanciar tarjetas de crédito si falta todo dato en la documentación acompañada que permita estudiar la plataforma fáctica que dio origen al crédito invocado, pues la causa de la obligación, en estos casos, puede y debe ser indagada a esos efectos, sin que obste a esto lo dispuesto por el art. 544, inc. 4 del Código Procesal, cuya aplicación cede frente a la prelación normativa que imponen los arts. 1094 del Código Civil y Comercial y 3 de la Ley 24.240.

La ejecución de un título ejecutivo nunca puede ser invocada como argumento para desplazar la aplicación de las normas que rigen el derecho del consumidor, pues esas normas son de orden público (art. 65 LDC) y por ende, es su aplicación la que posterga las normas de derecho procesal que hubieran resultado aplicables al caso.

la vía ejecutiva es inviable en el caso cuando los saldos refinanciados derivan de una relación jurídica que, expresamente regulada en la ley 25.065 mediante normas no siempre disponibles para las partes, no habilita su cobro ejecutivo en forma directa.

 

Fallo

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

BANCO SANTANDER RIO S.A. c/ VERA VALLADARES, DANIELA

ALEXANDRA s/EJECUTIVO

Expediente N° 36064/2015/CA1

Juzgado N° 15 Secretaría N° 29

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016.

Y VISTOS:

I. Viene apelada por la demandada la resolución de fs. 46/48 en

cuanto rechazó la excepción de inhabilidad de título opuesta y mandó llevar

adelante la ejecución.

El memorial, presentado a fs. 57/59, fue contestado a fs. 61/66.

II. A juicio de la Sala el recurso debe prosperar.

Como es sabido, nunca la ejecución de un título ejecutivo puede ser

invocada como argumento para desplazar la aplicación de las normas que rigen el

derecho del consumidor.

Esas normas son de orden público (art. 65 LDC) y por ende, es su

aplicación la que posterga las normas de derecho procesal que hubieran resultado

aplicables al caso.

Esto no importa descartar que este tipo de proceso ejecutivo sea

inviable cuando se dirige en contra de un consumidor, pero sí importa afirmar

que él (ese juicio) se encuentra condicionado a que los hechos del caso no exijan

una investigación incompatible con el trámite de este juicio.

En cualquier caso, resulta claro que el actor debe aportar los

elementos documentales suficientes como para permitir que el juez verifique el

efectivo cumplimiento de las referidas normas consumeriles que en cada caso

resulten aplicables.

Desde esta perspectiva, lo dispuesto en el art. 544, inc. 4°, del

código procesal -en cuanto obsta a debatir aspectos vinculados con la causa de la

obligación que se ejecuta- no puede ser alegado para impedir que el Tribunal

 

indague en qué condiciones haya sido otorgada la relación sustancial en el título

que sirva de base a una ejecución.

La causa de la obligación, en estos casos, puede y debe ser

indagada a esos efectos, sin que obste a esto lo dispuesto en el inc. 4 del art. 544

del código de rito, cuya aplicación cede frente a la prelación normativa que

imponen los arts. 1094 CCyC, 3 LDC y ccs.

III. En la especie, el banco no controvierte que la deuda

instrumentada en el pagaré que aquí se ejecuta no deriva de un simple préstamo

sino que, como surge de la documentación aportada, se trata de una

refinanciación (v. fs. 72) destinada a cancelar el saldo de dos tarjetas de crédito

cuyos importes se ignoran (este último dato fue denunciado por la demandada y

no contradicho por el actor).

La falta de todo dato en la documentación acompañada que permita

determinar si fueron adecuadamente refinanciadas las aludidas deudas, impide

también estudiar la plataforma fáctica que dio origen al crédito invocado.

En tales condiciones, la vía ejecutiva es inviable en el caso, máxime

cuando los saldos refinanciados derivan de una relación jurídica que,

expresamente regulada en la ley 25.065 mediante normas no siempre disponibles

para las partes, no habilita su cobro ejecutivo en forma directa, como aquí se ha

pretendido.

La demanda debe ser rechazada ya que no es posible autorizar el

cobro de aquellas deudas trasladadas a un pagaré para eludir así un trámite que

esa ley, también de orden público, exige.

IV. Consecuentemente, se resuelve: Admitir el recurso deducido

por la demandada, revocar la decisión apelada y, en consecuencia, admitir la

defensa opuesta y rechazar la presente demanda.

Costas a la actora vencida (art. 68 CPCC).

Notifíquese por Secretaría.

Fecha de firma: 22/12/2016

Firmado por: MACHIN-VILLANUEVA (JUECES) – BRUNO (SECRETARIO),

#27843440#169438997#20161221081830826

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

Oportunamente, cúmplase con la comunicación ordenada por el art.

4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13,

del 21.5.2013.

Hecho, devuélvase al Juzgado de primera instancia junto con la

documentación recibida según constancias de fs. 83.

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 8 (conf.

art. 109 RJN).

EDUARDO R. MACHIN

JULIA VILLANUEVA

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA