CGT pide cambios al proyecto de ley de ART con media sanción del Senado

Fuente: http://www.iprofesional.com/

16 de enero de 2017

Lo que busca la iniciativa oficial es desalentar la industria del juicio para bajar los costos laborales de afrontarlos y el pago de las primas de seguro

El Gobierno, empresarios y CGT coinciden en el alto nivel de litigiosidad judicial en torno a los accidentes de trabajo, sin embargo desde la Central Obrera ponen reparos al proyecto de ley que ya tiene medida sanción en el Senado, y que el Ejecutivo busca que sea ley en la primera etapa del año.

Este es uno de los puntos que busca el Ejecutivo para bajar los costos laborales. El otro es la adecuación de los convenios colectivos de trabajo en un esquema similar al acordado con empresas y sindicatos en Vaca Muerta.

Es cierto que en noviembre la CGT había frenado un primer proyecto, pero luego de unas modificaciones impulsadas por los abogados de los gremios terminó modificándolo, lo que permitió la media sanción en diciembre.

El triunviro cegetista Carlos Acuña confirmó que en febrero van a retomar conversaciones sobre este tema “para llegar a un acuerdo y conseguir el equilibrio que hoy no existe”.

Desde la cartera de Trabajo informaron que “para tener una idea del volumen de dinero que se mueve, hablamos de unos 600 millones de dólares que embolsan los abogados laborales por año”.

Para Jorge Sola, secretario gremial del sindicato del Seguro y quien además elabora los informes económicos de la CGT, “el proyecto centra toda su artillería en bajar las alícuotas que es el requerimiento empresario para bajar costos laborales y no en brindar una mejor prestación al trabajador”.

Y agregó que “es un proyecto que ingresó al Senado sin la aprobación de la CGT. Los gremios fuimos consultados y trabajamos sobre un borrador que, al fin de cuentas, no es el que el Gobierno envió. Repitieron lo que hicieron con Ganancias”.

Lo que busca la iniciativa oficial es desalentar la industria del juicio para bajar los costos laborales de afrontarlos y el pago de las primas de seguro.

El trabajador accidentado puede optar por la vía de litigar o de aceptar la compensación de la ART sin perder el derecho de apelar e ir a un juicio: es que las sentencias judiciales dan por lo general un resarcimiento económico mayor.

Una de las modificaciones que incluye este proyecto es que el trabajador debe pasar obligatoriamente por la Comisión Médica, instancia que servirá de antecedente a la hora de presentarse a la Justicia (la CGT logró imponer que se expida en menos de tres meses). Con un agravante: ya no será más la justicia laboral (de tendencia más favorable a los trabajadores) la que actúe sino la contenciosa administrativa.

La prima que las empresas pagan a las ART sale de incluir para su cálculo el riesgo de la actividad, al grado de siniestralidad según el historial de la empresa y el grado de seguridad e higiene que brinda a sus trabajadores.

Justamente para Sola éste es el punto débil: “Urge la implementación de una ley de Seguridad e Higiene que contemple la prevención de accidentes y enfermedades a los fines de bajar los índices de siniestralidad. Un capítulo de esto es la implementación de los Comités Mixtos con representación de trabajadores y empresarios con controles del Estado”, señaló a Clarín.

 

¿Cómo proceder cuando los bancos autorizados no tengan habilitados en sus sistemas de cobro los nuevos importes?

Fuente: http://www.afip.gob.ar/

ID 21472725
¿Cómo proceder en caso que las entidades bancarias y de pago autorizadas no tengan habilitados en sus sistemas de cobro los nuevos importes?
10/01/2017 12:00:00 a.m.

En el supuesto que las entidades bancarias y de pago autorizadas -a la fecha en que corresponda efectuar el mismo- no tengan habilitados en sus sistemas de cobro los importes conforme a los nuevos valores del impuesto integrado y cotizaciones previsionales, los pequeños contribuyentes ingresarán el importe habilitado en dichas entidades.

Las diferencias que pudieren resultar en concepto de impuesto integrado y cotización previsional con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a los períodos enero y febrero de 2017, deberán ingresarse mediante la utilización del formulario F. 155 o transferencia electrónica de fondos (VEP), hasta el día 31 de mayo de 2017, inclusive, considerándose dichas obligaciones mensuales ingresadas en término hasta la citada fecha.

Para la confección del aludido formulario, se deberán utilizar las relaciones Impuesto-Concepto- Subconcepto que se detallan a continuación:

Diferencia del Impuesto Integrado: 20-019-078

Diferencia de las Cotizaciones Previsionales: 21-019-078

Los importes de tales diferencias, como así también los nuevos valores de las categorías, se podrán consultar en el micrositio “Monotributo” accediendo aquí.

 

El Gobierno modificará el reparto de fondos a las provincias

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/

Lunes 16 de Enero de 2017

Pretende negociar con los gobernadores un nuevo esquema que consiga una distribución más equitativa; la discusión se extenderá durante todo 2017

Barajar y dar de nuevo. El Gobierno avanza con una reforma de la ley de coparticipación federal que contemple un reparto más equitativo de los fondos que recauda el Estado. No será tarea sencilla para el presidente Mauricio Macri, ya que para modificar la norma necesita el acuerdo de todas las provincias. Por eso, el Gobierno prepara una oferta para seducirlas: ninguna tendrá que ceder un solo peso.

El plan que puso en marcha un equipo que lidera el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , tiene como premisa que “ningún protagonista pierda”. Ése será el principal argumento de la Casa Rosada para convencer a los gobernadores, a quienes convocó para el 2 de febrero con el objetivo de discutir el futuro régimen de coparticipación, una reforma impositiva integral y las paritarias.

“Tenemos que tener un acuerdo con las provincias no sólo para empezar a reducir la tremenda carga impositiva que tiene el país, sino también para mejorar la calidad de nuestros impuestos. Arrancamos hace unos meses con los gobernadores, con un acuerdo para avanzar y poder discutir este año una nueva ley de coparticipación”, dijo Frigerio a LA NACION.

Deuda de la democracia desde la sanción de la reforma constitucional de 1994, la ley de coparticipación nunca se trató por dos factores: los distintos gobiernos nacionales utilizaron la distribución de recursos como una forma de disciplinamiento y las provincias beneficiadas por la actual norma no querían ceder.

Entonces, ¿qué incentivos les dará Macri a las provincias para que ahora sí accedan a debatir una nueva norma que regule el reparto de la recaudación?

En el Gobierno insistieron en que ninguna provincia perderá los beneficios que percibe hoy por el régimen de coparticipación, pero deberán mejorar sensiblemente la administración de los recursos.

Según el plan al que accedió LA NACION, el Gobierno propondrá “utilizar la metodología de las capacidades fiscales y necesidades de gasto, pero deberá ser consensuado”. ¿Qué significa eso? La cuenta sería así: primero se calculará lo que cada provincia necesita gastar para mantener la calidad de los servicios que ofrece y lo que debería recaudar de recursos propios para financiarlo. La diferencia entre una y otra cantidad determina el reparto de la coparticipación.

En el trabajo que les presentarán a los mandatarios provinciales se destaca que lo que se reordenará con la nueva ley es lo que se recaude de más. Y el Gobierno quiere que la nueva norma se actualice sola.

Si bien el reparto en la actualidad debería ser 57% para las provincias y 42% para la Nación, lo cierto es que no ocurre de esa manera. La participación efectiva que reciben las provincias del total de los recursos nacionales recaudados por la AFIP es del 29%. Esa inequidad es la que busca terminar la administración de Macri. Este año la estimación es que serán transferidos a las provincias $ 731.084 millones, un 29,2% más que el año pasado, según un informe del Cippec.

Incluso, desde que en mayo último Frigerio logró firmar el acuerdo con todos los gobernadores para el reintegro del 15% de coparticipación que se descontaba para financiar la Anses, hubo un acuerdo entre la Nación y las provincias para comenzar a evaluar una nueva norma de coparticipación. Si bien en el Gobierno son conscientes de que será complicado generar consensos en un año electoral, el plazo para llevar una nuevo marco regulatorio al Congreso es de entre 12 y 18 meses.

“El objetivo de máxima para este año es tener en el Congreso un proyecto consensuado. Este esquema no va más. El objetivo es terminar con los parches; las provincias tienen que gastar de forma más eficiente”, dijo a LA NACION Paulino Caballero, subsecretario de Relaciones con Provincias.

Mientras se negocia la iniciativa, el Gobierno consiguió aprobar el último año un presupuesto que destina el 30% de la recaudación a las provincias, lo que representa un aumento de 3 puntos respecto del período 2005-2015. Según informaron en el Ministerio del Interior, también está previsto que durante este año crezcan las transferencias automáticas y la obra pública.

“El año pasado, por primera vez en la historia, hicimos acuerdos fiscales en los que las provincias ganaron recursos. Hasta nuestra gestión, la Nación siempre terminó sacándoles recursos a las provincias. El gobierno anterior las desfinanciaba porque entendía que el poder pasaba por concentrar recursos para después someter políticamente a los que pensaran distinto”, explicó Frigerio.

Recorrido de la iniciativa

Además de los mandatarios provinciales, el Gobierno involucrará en el debate al Congreso -serán consultados las integrantes de la comisión de coparticipación federal del Senado y otras comisiones de la Cámara baja-; los oficialismos y oposición de cada distrito; universidades nacionales y provinciales; organismos especializados en federalismo fiscal y finanzas públicas, y consejos profesiones, entre otros.

El recorrido que tendrá la norma durante el plazo de discusión tendrá varias etapas. En la primera se conformarán y capacitarán los equipos de trabajo, se realizarán una recopilación y un análisis de los antecedentes, y se pondrá en marcha un foro virtual. Después será el tiempo de la revisión de los esquemas teóricos, la búsqueda de información y consistencia entre las provincias y la elaboración de propuestas alternativas.

“Nunca se encaró de forma seria una reforma. Será difícil, pero hay que empezar”, dijo Guillermo Giussi, director nacional de Relaciones Fiscales con Provincias.

Calificado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo, como “una deuda de la democracia” -la última fue votada por el Congreso en 1988-, sancionar una nueva ley de coparticipación es uno de los retos que se impuso el jefe del Estado. Es más, desde que Macri llegó al poder mejoró la coparticipación global.

Pero el reparto no fue para todos igual y eso despertó la queja de varios mandatarios. El último conflicto se generó porque el gobierno nacional transfirió $ 25.000 millones a la provincia de Buenos Aires para compensar el 50% de lo que la gobernación de María Eugenia Vidal pierde anualmente por el congelamiento del Fondo del Conurbano Bonaerense: $ 50.000 millones, desde 1996. Por las distorsiones que tiene la actual norma, por ejemplo, la provincia bonaerense recibe la mitad de lo que aporta.

 

La AFIP actualizó el procedimiento para obtener el certificado de ingresos laborales

Fuente: http://www.iprofesional.com/

16 de enero de 2017

El comprobante que se obtiene a través de la página web del fisco, muestra la remuneración bruta y los aportes en los últimos seis meses de quien los solicita. Habitualmente, se presenta cuando se quiere sacar una nueva tarjeta de crédito o se gestiona un préstamo, entre otros trámites

Resulta habitual que los empleados necesiten presentar una certificación de ingresos al banco u otra institución. Hasta el momento, la práctica habitual consistía en solicitar la documentación a la empresa.

Al respecto, la AFIP decidió agilizar y poner a disposición de los contribuyentes un actualizado y completo instructivoonline que detalla el paso a paso a seguir a fin de obtener el Certificado Digital de Ingresos Laborales (CDIL).

De esta manera, no deberán esperar que el empleador les entregue la documentación.

El comprobante que se obtiene a través de la página web del organismo muestra la remuneración bruta y los aportes de los últimos seis meses de quien los solicita.

Habitualmente, se suele pedir cuando se quiere sacar una nueva tarjeta de crédito, gestionar un préstamo o a fin de alquilar un inmueble, entre otros trámites.

La obtención del CDIL se encuentra habilitada para los trabajadores en relación de dependencia -públicos y privados- que aportan al régimen jubilatorio nacional.

Es decir, quedan excluidos los empleados provinciales o municipales que no contribuyan al sistema nacional. Tampoco contempla a los independientes o monotributistas.

A continuación, el texto completo del amplio instructivo online:

Ver anexo

Blanqueo laboral
El Gobierno nacional avanzará en la implementación de un nuevo blanqueo laboral.El proyecto complementa la idea manifestada por el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de instrumentar una fuerte rebaja en los costos laborales. En la actualidad, por cada $100 que recibe un empleado en su bolsillo, el empleador debe desembolsar cerca de 150 pesos.

“Vamos a proponer una reforma tributaria integral. Mi obsesión es bajar el nivel de informalidad de la economía“, sentenció Dujovne.

“Me preocupa mucho el impacto que tienen los impuestos al trabajo. Son ridículos. Tenemos una sobretasa del 40% por encima del salario de bolsillo. Más Ganancias”, explicó el funcionario.

El borrador por dentro
De acuerdo con la información a la que pudo acceder iProfesional, uno de los puntos centrales del “paper” consiste en la subvención de aportes patronales.

Puntualmente, el Gobierno se hará cargo durante los próximos tres años de los aportes de los nuevos empleados que se incorporen al mercado laboral.

De esta manera, el Ejecutivo busca blanquear a cerca de 900.000 trabajadores en ese período y evitar con los nuevos aportes un fuerte desequilibrio en el sistema previsional.

Ver imagen

El costo de la iniciativa estará financiado con aportes del Tesoro nacional. Prioritariamente, el blanqueo estará dirigido a las pyme y al segmento más bajo de los salarios. En efecto, estará orientado a los trabajadores informales con sueldos de hasta $12.000 pesos brutos.

Complementariamente, el Gobierno apunta los cañones a reducir la informalidad en algunos sectores clave de la economía donde el trabajo en negro es mayor, como la construcción, el campo y la industria textil.

Asimismo, el borrador contempla –a largo plazo- la elevación de la edad jubilatoria, que hoy por hoy se encuentra en 60 años para las mujeres 65 para los hombres.

A su vez, el proyecto establecería que los beneficiarios de planes sociales también aporten al sistema previsional.

Como contrapartida, el proyecto pondría la lupa en los fondos jubilatorios con destino incierto que manejan las cajas de los colegios profesionales y los sindicatos.

El Gobierno convocará en febrero a la Mesa de la Producción y el Trabajo, que integran el Estado, empresarios y los sindicalistas de la CGT, para acercarles la propuesta.

El Ministerio de Trabajo acompañaría la propuesta con el endurecimiento de las penalidades previstas en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal).

 

Jubilados: se homologaron 10 de los primeros 100 trámites en la Justicia

Fuente: http://www.cronista.com/

Lunes  16 de Enero de 2017

ANSeS confía en que se podrá avanzar en febrero. Envió 500 expedientes extras. Hay 130.000 jubilados, con y sin juicio, que esperan la sentencia para comenzar a cobrar

En la segunda quincena de diciembre, ANSeS logró homologar 10 de los primeros 100 expedientes electrónicos que remitió a los juzgados de las ciudades de Buenos Aires, Paraná, Mendoza y Rosario, según informó el organismo previsional. Las demoras obedecen a las fallas que todavía muestra el sistema informático para procesar los expedientes electrónicos y a los conflictos gremiales que demoran el trabajo en el fuero de la Seguridad Social.

Las diez homologaciones se produjeron en las jurisdicciones de Capital Federal (7) y Paraná (3), las que, según el organismo, implicaron una mejora promedio del haber mensual del 94,04% u $ 11.500. Ahora el tiempo estimado de cobro para esos jubilados es de 30 a 60 días después de notificada la sentencia.

El resultado es bajo respecto de los 130.000 trámites que están pendientes, de jubilados que aceptaron la oferta de reparación histórica –que reúne tanto a personas que habían iniciado juicio como que no-, pero que necesitan la homologación para poder cobrar la mejora jubilatoria.

El organismo había enviado a modo de prueba 63 expedientes al fuero de Capital Federal y 37 adicionales a las tres jurisdicciones del interior.

Según fuentes judiciales, el sistema arrojó una gran cantidad de defectos e irregularidades hasta la última semana de diciembre, pese a que los expedientes recibidos eran los más sencillos de procesar, los de jubilados que no habían iniciado juicio.

Una queja común en los juzgados de primera instancia fue que las irregularidades en las cédulas de notificación electrónica (que incluyó la mezcla de los datos de los jubilados) podían tornar nulas las notificaciones y, por lo tanto, incumplir con la homologación. Para poder superar esta dificultad, los juzgados necesitaron realizar un trabajo adicional al previsto, que además requirió de la ayuda de dos expertos de la Dirección General de Tecnología de la Magistratura. Y si bien cada juzgado (10) necesita un tutor, la cantidad disponible de expertos fue de dos o tres para todo el fuero.

Además, los gremios realizaron batucadas cuando intentaron ingresar los tutores para enseñar a hacer las homologaciones y realizaron paros tres veces por semana. Como resultado, se llegó a tardar más de 6 horas para procesar un solo expediente.

Los juzgados temen que las autoridades no realicen los nombramientos de personal necesarios, pese a que entienden que deberán destinar dos personas a estas homologaciones, y las nuevas computadoras, pese a que la infraestructura informática es deficiente. Están colapsados por los más de 41.000 expedientes en papel que están en juicio.

ANSeS confía en que en febrero, terminada al feria judicial, se podrá avanzar con el trámite electrónico. El último día hábil de 2016 envió unos 500 expedientes adicionales, que todavía no fueron asignados a las jurisdicciones de todo el país.

“Lo vemos como algo positivo. El sistema funciona bien. Esto es histórico para la Justicia”, dijo Gonzalo Estivariz, secretario Legal y Técnico de ANSeS. “El desafío es trabajar coordinados con la Justicia para la parte operativa de los procesos, pulir las deficiencias, capacitar al personal de la Justicia. Cuando el juzgado haya aceptado las bondades del sistema, va a ser más rápido”, aseguró.

El organismo pretende homologar 100.000 expedientes por mes. Pero en los juzgados entienden, además, que la necesidad de firmar uno por uno (aunque sea con un tocken para la firma digital) demora el proceso. Según dijo Estivariz, el Consejo de la Magistratura se encuentra trabajando en un proceso de firma por lote de expedientes para mejorar la producción.

“No siento que se esté demorando. Son los tiempos de implementación de un programa ambicioso. En un año se logró aprobar la ley de reparación histórica en el Congreso, que el Ejecutivo la reglamente, que se implemente el expediente electrónico y que salgan las primeras sentencias homologatorias”, destacó.

Para ir avanzando, desde septiembre, ANSeS fue pagando en forma anticipada la reparación histórica a unos 894.668 jubilados mayores de 75 años, con problemas de salud o cuya mejora no sea mayor al 30% del haber mínimo o que el reajustado no supere $ 1698 mensuales (para los menores de 80 años) o los $ 5661,16 por mes. “El objetivo era reajustar 100.000 haberes por mes y venimos cumpliendo con creces gracias al pago anticipado a las personas que más lo necesitan”, dijo Estivariz.

Pese a la demora, si el proceso de pago a un jubilado que no hizo juicio tarda hasta el tercer trimestre, sigue siendo beneficioso, porque un juicio le tomaría cinco o seis años.