Cómo la licencia por paternidad ayuda a reducir la brecha salarial

Fuente: http://www.infobae.com/

Miércoles 11 de Enero de 2017

El Gobierno reglamentó hoy una normativa del Banco Central para que menores autorizados puedan extraer efectivo de cajeros automáticos, comprar en comercios y hacer transferencias o pagos a través de cualquier medio electrónico

A partir de este miércoles los menores de edad podrán operar en el sistema bancario. Así consta en el Boletín Oficial de la fecha, con la publicación de una normativa dispuesta por el Banco Central que busca “facilitar sus operaciones económicas cotidianas, estimular la educación financiera de los jóvenes y de fomentar la bancarización a través del uso de los medios electrónicos de pago”.

Con estas nuevas cajas de ahorro, los menores (debidamente autorizados) podrán tener una tarjeta de débito a su nombre y extraer efectivo de cajeros automáticos, comprar en comercios y hacer transferencias o pagos a través de cualquier medio electrónico (homebanking, cajeros automáticos, app para celulares, etc).

El titular de esta caja de ahorro será el padre, la madre o representante legal del menor, quien podrá decidir un límite diario máximo de débitos en una o más transacciones.

Con la caja de ahorro para menores y con su tarjeta de débito vinculada se podrán hacer las mismas operaciones que se realizan con las cajas de ahorro y las tarjetas de débito convencionales y, al igual que éstas, serán gratuitas.

Una vez que el menor autorizado en la cuenta cumpla 18 años, la caja de ahorro para menores podrá convertirse en una caja de ahorros convencional cuyo titular podrá ser el menor, su representante legal o ambos a la vez.

El Banco Central, además, había dispuesto en una comunicación interna publicada en noviembre de 2016 que los menores de edad pueden quedar autorizados para operar con Cuentas de ahorro en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por CER (UVA) y Cuentas de ahorro en Unidades de Vivienda actualizables por ICC (UVI), de modo tal de poner a disposición de los menores un instrumento de ahorro de largo plazo.

Un vicerrector que cumplió funciones en el lapso de la ley ¿está excluido por el art. 82 inc. l) de la 27.260?

Fuente: http://www.afip.gob.ar/

ID 21286266
Un vicerrector de una Universidad Nacional que desempeño funciones en el lapso indicado por la normativa, ¿se encuentra comprendido en la exclusión del inciso l) del artículo 82 de la Ley 27.260?

19/12/2016 12:00:00 a.m.

Conforme lo establecido en el inciso j) del artículo 5° de la Resolución 1000/2000 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el vicerrector se encuentra obligado a presentar la declaración jurada patrimonial ante la oficina anticorrupción. Consecuentemente, dicho funcionario se encuentra comprendido entre los sujetos previstos por el inciso l) del artículo 82 de la Ley N° 27260 y por tanto se halla excluido del régimen establecido por el Título I Libro II de dicha Ley.

 

Agenda oficial completa: Blanqueo laboral, flexibilización, nueva ART y rebaja de impuestos al trabajo

Fuente: http://www.iprofesional.com/

10 de enero de 2017

El Gobierno está convencido de que modificar el marco legal vigente hará que las empresas contraten más personal y reducirá costos. Desde el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, al titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, todos apuntan a un nuevo sistema o a un “plan B”. Los 11 puntos de la iniciativa

Uno de los grandes objetivos que se trazó el Gobierno para el 2017 es el de darle impulso al mercado del trabajo. Esto, en un contexto en el que la situación laboral viene arrojando números preocupantes en cuanto a despidos y suspensiones.

Las opiniones sobre los beneficios que pueda traer la iniciativa oficial están divididas. Hay quienes señalan que dará lugar a un retroceso y los que entienden que contribuirá a ponerle fin a un escenario adverso.

Tal como anticipara iProfesional, al hablar de blanqueo el Gobierno hace referencia a:

1. – Solventar los aportes de los nuevos empleados que se incorporen al mercado laboral en los próximos tres años. El objetivo: blanquear unos 900.000 trabajadores.

2. – Subsidiar una parte de los salarios de quienes ingresan al circuito del empleo, en lugar de pagar subsidios a desempleados.

3. – Reducir la informalidad en rubros que manejan altos porcentajes de empleo en negro (textil, campo y construcción, entre otros). El objetivo: incorporar a un millón de trabajadores en blanco en el lapso de tres años.

4. – Condonar multas y capital por cargas y contribuciones impagas a quienes regularicen dependientes.

5. – Relanzar la ley de Primer Empleo, que incluye la reducción en el pago de aportes patronales.

6. – Facilitar el “sinceramiento” a pequeñas firmas, de menos de diez personas: no tendrán que pagar multas o aportes incumplidos.

7. – Contemplar la situación de empresas con más de una decena de trabajadores, en cuyo caso abonarán cargas y contribuciones pero no multas.

8.-  Apuntar a “sincerar” la realidad, en primer lugar, de quienes integran el segmento informal y que reciben ingresos menores a los $12.000.

9.-  Reducir la informalidad, creándose para tal fin el REPSAL (Registro de Empleadores con Sanciones Laborales), en el que se identificará a empresas con empleados no registrados.

10. Proponer un plan simplificado para monotributistas que poseen dependientes. Pagaría una suma única en lugar de cargas sociales. Esta modificación es similar a la aprobada en épocas del kichnerismo, para entre 3 y 5 empleados.

11. Rebajar los aportes patronales no sólo para los jóvenes sino, además, cuando la empresa opta por “sincerar” personal en situación irregular.

Para no desfinanciar a la Anses, el oficialismo promete hacerse cargo de la rebaja, que no impactaría sobre las obras sociales de los sindicatos.

Por el lado del Gobierno, no hay dudas de que el blanqueo es el camino a seguir.

En este sentido, el secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, presenta esta iniciativa como “la única posibilidad” de acceder “al mundo real del trabajo“, tanto para estudiantes como para dependientes que se encuentran en situación irregular y desocupados sin formación.

“No hay otra forma de integrar el mundo de la educación formal con el mercado laboral que no sea a partir de un marco formativo de estas personas”, asegura.

A la hora de graficar la importancia de flexibilizar los mecanismos de contratación y despidos, grafica: “Debe ser como en el organismo humano, comer y descomer“.

El secretario reconoce que las pasantías cobraron mala fama en la década del ’90, producto de la legislación flexibilizadora del Gobierno de Carlos Menem. No obstante, sostiene: “No vamos a matar a todos los perros porque uno esté rabioso“.

En tanto, considera primordial avanzar con el proyecto de blanqueo, habida cuenta de que casi el 40% de la fuerza laboral está en negro. “El trabajo no registrado en este país es un drama y para el Gobierno, un tema prioritario”, recalca.

Entre las opciones para llevar esta iniciativa adelante, asegura que está en carpeta un modelo similar al aplicado por la gestión anterior para formalizar el personal doméstico, mecanismo por el que pudo pasarse de una regularización de apenas el 5% al 35%.

“Estamos viendo poblaciones masivas que no están registradas. El 50% del empleo informal se encuentra en empresas de menos de cinco personas“, apunta.

Como era de prever, las afirmaciones de Ponte -ex hombre fuerte del Techint a nivel global- no han hecho otra cosa que encender las alarmas dentro de la CGT.

Héctor Daer, miembro del triunvirato de conducción, ya “avisó” que la central obrera “no va a resignar derechos”.

No es, por cierto, el único tema que preocupa a los “peso pesado” del sindicalismo. Sumado al plan de blanqueo laboral, aparece otra iniciativa que ya cuenta con media sanción: el nuevo proyecto de ART.

La propuesta de ley introduce la intervención de las comisiones médicas con el fin de reducir la creciente cantidad de juicios por accidentes de trabajo.

Sólo en 2016 se iniciaron 130.000 demandas derivadas de presuntos siniestros laborales. El Gobierno detalla que 70% de los afectados inició la acción judicial sin haber pasado por una comisión médica.

En tanto, desde la Superintendencia de Riesgos de Trabajo afirman que hay cerca de 300.000 expedientes en curso que suman unos 4.500 millones de dólares más intereses.

Palabra resistida
Consciente de que la palabra “flexibilización” es cuanto menos polémica, los funcionarios del Ministerio de Trabajo tratan de desvincular los cambios que apuntalan de ese concepto.

El titular de la cartera, Jorge Triaca, asegura que lo que se busca es que “haya más producción porque eso va a generar más trabajo“.

Detalla, además, que para lograr tal cometido el Gobierno promoverá “exenciones, más apoyo financiero del Estado y que los planes sociales sirvan para integrarse al empleo privado“.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, avanza con el plan de disminuir la carga tributaria que recae sobre las empresas, de modo tal de que haya una mayor propensión a contratar personal en la medida en que disminuyan los aportes y contribuciones.

“Tenemos una economía que funciona en un 35% en negro“, recalca el titular de Hacienda.

Entre los ítem bajo la lupa del funcionario figuran:

– La reducción de los aportes patronales, con techo del 35%

– La rebaja del IVA del 21% al 18%

– La reducción o eliminación del impuesto a los débitos bancarios

“Estamos trabajando para eliminar impuestos distorsivos que frenan la producción, el crecimiento y el consumo”, expresa Dujovne.

“Se va a proponer una reforma tributaria integral y mi obsesión es lograr bajar el nivel de informalidad de la economía”, completa el funcionario.

Flexibilización en el Congreso
La Cámara de Comercio y parte de la Unión Industrial Argentina (UIA) han dado el visto bueno a la propuesta de avanzar en un blanqueo.

Consideran que el país debe reducir la informalidad y, además, bajar la carga de empleabilidad, ya que le quita competitividad a las empresas locales.

En tal sentido, los costos laborales en el país son los más altos de la región.

Según el Word Economic Forum, la Argentina se ubica última en el ranking de impuestos al trabajo y en la posición 130 lo que a productividad general se refiere.

Por supuesto que los gremios rechazan estas afirmaciones y endurecen sus posturas: el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, llamó a un “paro nacional” para que no se avance en la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

En la arena política, la primera batalla debería librarse en el Congreso.

En principio, una modificaciónpro-empresano contaría con el apoyo de ninguno de los partidos de origen peronista (el Frente para la Victoria, el Bloque Justicialista y el Frente Renovador).

Asimismo, tampoco convalidarían normas que avalen la “flexibilización” y que le quiten responsabilidades indemnizatorias a las compañías, como el régimen de aprendizaje y la pasantía.

Con la ley actual, estas últimas pueden extenderse 12 meses por sólo 20 horas semanales de trabajo, mientras que la resolución ministerial prohíbe expresamente que bajo esta modalidad sean ocupados aquellos puestos de trabajo clave de la empresa.

Como argumento para rechazar la postura del Ejecutivo, el FpV afirma que entre 1994 y 1999 se redujeron los aportes patronales más del 50% y, sin embargo, el desempleo aumentó el 48%.

El bloque comandado por Héctor Recalde señala dos indicios que considera elocuentes:

– A partir del convenio firmado con McDonald’s para la contratación de jóvenes desocupados

– Tras la intención de la Casa Rosada de trasladar los juicios por accidentes de trabajo al fuero de la seguridad social

El primero fue declarado inconstitucional por la Justicia. El segundo fue desestimado y dio lugar a una ley que es la que se debate en estos días.

“La política económica es la que crea empleo, no el derecho de trabajo”, remarca Recalde.

El legislador señala, además, que la iniciativa oficial de rebajar las contribuciones patronales va a “desfinanciar la seguridad social“.

Facundo Moyano, del Frente Renovador, considera que el macrismo está convencido de que “la flexibilización es el camino y que el problema son los salarios”.

Mientras que el blanqueo domina las conversaciones de políticos y sindicalistas, el Gobierno tiene en carpeta otras alternativas tendientes a que reducir los costos laborales de las compañías.

Para impulsar estos cambios, algunos funcionarios han propuesto ir por el “atajo“. Es decir, por la vía de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se oficialice antes del 1 de marzo, cuando arrancan las sesiones legislativas.

No obstante, hay otra ala del entorno presidencial que advierte que esto podría derivar en un gran revés político, ya que tiene que pasar por el filtro de la Comisión Bicameral, en la que el Gobierno es minoría.

El ojo en los juicios laborales
De acuerdo con el plan de “blanqueo”, el trabajador dejará de cobrar los extras indemnizatorios que pagan las empresas que no registran a sus empleados, que lo hacen en forma tardía o que declaran un menor salario.

Respecto de las intenciones del macrismo de reducir la cantidad de juicios, Triaca expresa: “Hay una enorme litigiosidad. Se gastan muchísimos recursos en litigios que no resuelven ni la empleabilidad ni el desarrollo de la producción”.

Según la cartera que conduce, en la Argentina ya se paga hasta 7% de la nómina salarial en concepto de seguros de riesgo del trabajo. “Esto hay que cambiarlo, ya que significa menos empleo y menos oportunidades de desarrollo”, apunta.

Para el macrismo, en tanto, una de las causas que impulsa las demandas se vincula con el concepto de “in dubio pro obrero“, que significa que si el juez tiene alguna duda entonces debe darle la derecha al trabajador, por ser la parte más débil.

En caso de que no logre avanzar con estas reformas, el macrismo tiene un “plan B“: cubrir las vacantes en los juzgados laborales nacionales con magistrados que tengan una “mirada pro-empresa“.

Claro que tampoco le será tan fácil, ya que deberá contar con la luz verde del Senado, que es el que debe avalar el nombramiento de jueces tras el proceso de selección realizado por el Congreso de la Magistratura.

 

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 41% en 2016

Fuente: http://www.iprofesional.com/

10 de enero de 2017

Durante diciembre, el IPCBA mostró un incremento de 1,2%, motivado principalmente por los rubros relacionados con el turismo, la alimentación y la vivienda

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) mostró un aumento de 1,2% en diciembre, acumulando una suba de 41%, según indicó un reporte de la Dirección de Estadísticas porteña.

Durante, la variación del IPCBA respondió principalmente a las subas observadas en los rubrosRestaurantes y hoteles“, “Recreación y cultura“, “Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles” y “Transporte“, que en conjunto explicaron el 61,1 % del alza del Nivel General.

Por debajo del aumento del nivel general se ubicaron los rubros de “Alimentos y bebidas no alcohólicas” con 0,05%, “Bebidas alcohólicas y tabaco” con un 0,04% y “Prendas de vestir y calzado” con un 0,08%, comparando los precios de diciembre con el mes anterior.

El rubro Restaurantes y hoteles subió 3,0%, verificando incrementos en la comida consumida fuera del hogar y en el alojamiento por motivos turísticos, por el comienzo de la temporada alta.

El sector de “Recreación y cultura” aumentó 2,3%, por el incremento de los paquetes turísticos y en los abonos de servicios de televisión.

En “Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles” se registró un aumentó del 0,8%, debido a las actualizaciones en los precios de los alquileres de la vivienda.

El rubro “Transporte” aumentó 1,0% por el arrastre que dejó el alza en el valor de la tarifa de taxi que entró en vigencia en noviembre, en los precios de los estacionamientos y de los pasajes aéreos.

Ver imagen

Según la explicación técnica de la Dirección de Estadísticas del Gobierno de la Ciudad la trayectoria interanual del IPCBA durante el año pasado “estuvo afectada por fuertes modificaciones de preciosrelativos, resultado de la eliminación de restricciones en el mercado de cambios y los ajustes en las tarifas de servicios públicos”.

 

Procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Competencia. Centro de vida

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS)
Fecha: 27/10/2015
Partes: D., L. A. y otro s/ guarda
Publicado en: LA LEY 03/12/2015, 03/12/2015, 7 – RCCyC 2015 (diciembre), 16/12/2015, 135 – DJ17/02/2016, 33
Cita Online: AR/JUR/42158/2015
La justicia nacional se declaró incompetente para entender en un proceso de guarda y  como consecuencia, dispuso la remisión de la causa a la justicia de la Provincia de Misiones, lugar en el que se domiciliaba la madre biológica de la niña. Interpuesto recurso extraordinario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dirimió la cuestión determinando la competencia del juez nacional.

 

Sumarios
En los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes —entre los que se encuentran los procesos de guarda y adopción—, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida —en el caso la Justicia Nacional en lo Civil y no la provincial—, pues así lo establece el art. 716 Código Civil y Comercial de la Nación, que debe ser aplicado en virtud de la entrada en vigencia de la norma y en orden al principio de aplicación inmediata de las leyes modificatorias de competencia.

 

Texto Completo: CIV 106360/2013/1/RH1
Suprema Corte:
– I –
La Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la declinatoria sustentada por el juez de primera instancia y la competencia a favor de los tribunales de la provincia de Misiones, en relación a la guarda preadoptiva solicitada por los actores.
Argumentó, en resumen, que el artículo 316 del Cód. Civil dispone que la guarda deberá ser otorgada por el tribunal del domicilio del menor o donde judicialmente se hubiese comprobado el abandono del mismo. Agregó que la regla de competencia, en orden al domicilio de los menores, remite al de sus representantes (art. 90, inc. 6°, C.C.), y que, en autos, no se acreditó que el abandono se hubiere producido en esta ciudad y sí, en cambio, que la niña nació en Oberá, provincia de Misiones, lugar donde se domicilia realmente su madre (v. fs. 33/38, 48/49, 62/67 y 80/81 del principal, al que aludiré, salvo aclaración en contrario).
Contra esa resolución los peticionantes dedujeron recurso extraordinario, cuyo rechazo, fundado en la ausencia de definitividad del fallo y de resolución contraria al derecho federal, dio lugar a la presente queja (v. fs. 89/102 y 111 y fs. 42/46 del legajo respectivo).
– II –
En lo sustancial, la parte actora refiere que, al declinar la competencia, se soslayó que por encima de las normas comunes y procesales rige el interés superior del niño, que posee rango constitucional. Expresa que la proyección de ese principio en la esfera de la potestad territorial del juez, justifica que el expediente tramite en el lugar de residencia de la niña, posibilitando que se pueda efectivizar el principio de inmediación y el “centro de vida” de la menor, que se desarrolla en esta ciudad desde su nacimiento, hace casi cuatro años. Citan los precedentes de Fallos: 328:2870; 331:147 y 2047, entre varios otros, y la normativa de los artículos 3 de la ley 26.061 y el decreto reglamentario 415/2006, 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño y 18 y 75, inciso 22, de la Ley Fundamental.
Puntualizan que tanto el lugar donde se verificó el abandono como el de residencia de la niña corresponden al domicilio particular de los actores en esta ciudad, y que en esa sede territorial conformaron sus legajos en los registros para interesados en adoptar. También puntualizan que es irrazonable concebir la efectividad del principio de inmediación en una causa en que la tutelada residiría a más de mil kilómetros del juez, que resultaría dificultoso al tribunal misionero el control de la situación de la niña y que la solución defendida persigue evitarle traslados injustificados y que se la sustraiga de su ámbito.
Cabe anotar que, a su turno, se confirió vista a la Defensoría Oficial ante la Corte, la que fue evacuada argumentando que corresponde desestimar la presentación, so consecuencia de desatender el interés superior de la menor de edad. Hizo hincapié en que el juez local se encuentra en mejores condiciones para investigar y valorar la guarda y para trabajar con la familia ampliada de la pequeña, y en que se trata de un supuesto de guarda irregular, por entrega directa y sin intervención judicial (fs. 49 y 50/55 del legajo cit.).
– III –
Ante todo, procede recordar que las resoluciones judiciales adoptadas en materia de competencia no habilitan, en principio, la apertura de la vía extraordinaria por no estar satisfecho el recaudo de la sentencia definitiva (art. 14, ley 48), salvo que medie denegatoria del fuero federal u otras circunstancias de excepción que permitan equiparar esos interlocutorios a fallos definitivos. Entre ellas, cabe citar las decisiones que afectan un privilegio federal o que configuran un supuesto de privación de justicia incompatible con la naturaleza de los derechos en juego, de imposible o tardía reparación ulterior (cf. Fallos: 328:2622; 329:5648; y S.C. P. 553, L. XLIV, “P., C. F. s/ insania”, del 10/08/2010, entre otros).
Considero que esto es lo que acontece en el sub lite pues, el fallo apelado, al convalidar que la guarda preadoptiva de L.A.D. tramite en la provincia de Misiones, podría privarla de la eficacia tutelar que le es adeudada como parte esencial del proceso judicial en el que participa y en el que corresponde considerar primordialmente su mejor interés (cfr. art. 3, Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por ley 23.849; y Fallos: 331:147; CSJ 813/2013(49-A)/CS1, del 24/02/2015; CSJ 424/2013 (49-B)/CS1, del 23/06/2015; entre otros).
– IV –
Con arreglo a la relación de los hechos contenida en el escrito inicial -a la que debemos acudir en este estadio (cfr. doctrina de Fallos: 328:1979 y S.C. Comp. 815. XLIII; del 18/06/2008, entre otros)-, L.A.D. nació en la ciudad de Oberá, el 12 de octubre de 2010.
Esa pieza también da cuenta de que, pocos días después, la madre viajó a Capital Federal para hacer entrega de la niña al matrimonio formado por IV. y C.D.F., momento desde el cual permanecería al cuidado de ambos en su vivienda de esta ciudad (v. fs. 1 y 33/38).
En función de los datos explicitados, cabe concluir que la cuestión resulta sustancialmente análoga a la estudiada en el antecedente publicado en Fallos: 331:1344, a cuyos términos y consideraciones incumbe acudir, en todo lo pertinente, por razón de brevedad.
En efecto, el artículo 316 del Cód. Civil asigna esta competencia a los jueces del domicilio del niño o del lugar donde judicialmente se hubiese comprobado el abandono, mas esta directiva no debe interpretarse con un criterio literal. Como se anotó en el precedente, la adhesión mecánica a un punto de conexión ficto, como el que prevé el artículo 90, inciso 6, del Cód. Civil, no se compadece con una recta hermenéutica constitucional de los preceptos aplicables. La noción misma de orden jurídico, nos exige valorar el texto legal con una visión integradora, presidida por las normas de jerarquía superior. Luego, la alusión al domicilio del niño que incluye el artículo 316 del Cód. Civil como elemento de atribución, debe asumirse aquí en su acepción más amplia, esto es, con referencia al lugar de residencia habitual (punto III del dictamen al que remite el fallo).
Por lo demás, este Ministerio Fiscal se hizo cargo en el precedente aludido de los interrogantes en torno a las denominadas “entregas directas”, mas expuso que esa arista deberá ponderarse oportunamente, para lo cual es menester que el tribunal en cuya esfera territorial reside el menor de edad asuma sin dilación su tarea (ítem IV, dictamen cit.).
Así, en las singulares circunstancias del presente expediente, la ausencia de inmediación podría malograr los objetivos tutelares propios del proceso, en perjuicio de una persona de solo cuatro años (v. Fallos: 327:582; y S.C. Comp. 575, L. XLVI, del 23/06/2011; CSJ 813/2013 (49-A)/CS1, cit., CSJ 424/2013 (49-B)/CS1, del 23/06/2015, cit. y dictamen en CSJ 819/2014 (50-C) CS1, del 04/05/2015). Más aún, teniendo en cuenta que en la decisión no se invocaron razones concretas para desplazar el “centro de vida” de L.A.D. como pauta interpretativa esencial para la determinación de los aspectos en debate, el que se sitúa claramente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -y no a más de mil kilómetros en la provincia de Misiones (art. 3°, inc. f, ley 26.061)-, ni se pusieron de resalto impedimentos insalvables para indagar, en su caso, en la familia ampliada de la niña.
En esas particulares condiciones -más allá de que la cuestión llega a esta instancia por la vía recursiva y no como un conflicto trabado entre tribunales de distintas jurisdicciones-, opino que el mejor interés de la niña habilita al Tribunal a expedirse sin más trámite, confiriendo la dirección del caso al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 56, en cuyo ámbito de actuación reside de manera efectiva y estable esta menor de edad (cfr. S.C. Comp. 958, L. XLIX, del 21/10/2014; y CSJ 4277/2014/CS1, del 17/03/2015).
– V –
Finalmente, no puedo sino reiterar la preocupación puesta de manifiesto en el dictamen de Fallos: 331:1344. En esa misma línea, estimo de la mayor importancia que se asigne un tribunal que esclarezca prontamente cuál es la realidad de esta pequeña, quien desde su nacimiento -ocurrido, repito, en octubre de 2010- se hallaría en trance de una eventual adopción, sin control jurisdiccional y sin determinar siquiera la regularidad de la guarda extrajudicial habida, carencias éstas que agravian hondamente sus derechos fundamentales.
– VI –
Por lo expuesto, sin que ello implique adelantar juicio sobre los aspectos de fondo, aprecio que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso, dejar sin efecto la sentencia y disponer que resulte competente para entender en la causa la justicia nacional. Buenos Aires, 16 de julio de 2015. — Adriana N. Marchisio.
CIV 106360/2013/1/RH1
Buenos Aires, octubre 27 de 2015.
Considerando:
1°) Que la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en el marco de un proceso de guarda con fines de adopción y con sustento en lo dispuesto por el art. 90, inciso 6°, del Cód. Civil, confirmó la decisión de primera instancia por la que el magistrado de grado se había declarado incompetente para entender en el caso, y dispuso la remisión de copias certificadas de la causa al tribunal que resultara competente en el Departamento Judicial de la Provincia de Misiones, lugar en el que se domiciliaba la madre de la menor cuya guarda se pretendía.
2°) Que contra dicho pronunciamiento los actores dedujeron recurso extraordinario que, denegado, dio lugar a la presente queja.
Atento a que se encontraban comprometidos los intereses de la niña, se solicitaron las actuaciones principales y se dio vista a la señora Defensora General, quien dictaminó a fs. 50/55. A fs. 57/59 hizo lo propio el señor Procurador Fiscal subrogante.
3°) Que los antecedentes del caso, la procedencia de la vía intentada y la cuestión propuesta por los recurrentes -vinculada con la competencia de la Justicia Nacional en lo Civil-, encuentran respuesta en las motivaciones del dictamen del señor Procurador Fiscal subrogante, que el Tribunal comparte a fin de evitar repeticiones innecesarias.
4°) Que corresponde señalar que frente a la entrada en vigencia del Cód. Civil y Comercial de la Nación y en orden al principio de aplicación inmediata de las leyes modificatorias de competencia, el criterio seguido en el citado dictamen encuentra recepción expresa en el art. 716 del citado código. Dicha norma fija las reglas en materia de competencia en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes -entre los que se encuentran los procesos de guarda y adopción-, y establece que es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida.
5°) Que en tales condiciones y más allá del modo en que se planteó la controversia, dada la índole de los derechos en juego que requieren la inmediata actuación de un juez que atienda la situación de la menor, corresponde prescindir de los reparos formales, dirimir la cuestión y disponer que resulta competente para entender en el caso el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 56, en cuyo ámbito de actuación reside, de manera efectiva y estable, la niña (conf. causa Competencia CSJ 4277/2014/CS1 “G., A. V. s/ guarda”, sentencia del 17 de marzo de 2015).
6°) Que atento al tiempo transcurrido desde el inicio del proceso y a la entidad de los derechos comprometidos, esta Corte encomienda al magistrado competente a obrar con la premura y la mesura que el caso amerita en la resolución definitiva del conflicto, de modo de hacer efectivo el interés superior del menor que como principio rector enuncia la Convención sobre los Derechos del Niño, y de evitar que pueda prolongarse aún más la incertidumbre sobre la situación del menor y su posibilidad de crecer en el seno de una familia.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal subrogante, se declara procedente la queja, admisible el recurso extraordinario y, con el alcance indicado, se deja sin efecto la sentencia apelada y se dispone que resulta competente para entender en las presentes actuaciones el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 56. Sin costas atento a la índole de la cuestión planteada. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase. — Ricardo L. Lorenzetti. — Elena I. Highton de Nolasco. — Juan C. Maqueda.