Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala V(CNFedContenciosoadministrativo)(SalaV)

Fecha: 01/11/2016
Partes: Luciano, Luis Maria c. Direccion General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo
Publicado en: La Ley Online

El Tribunal Fiscal confirmó la resolución de la AFIP-DGI mediante la cual determinó de oficio el IVA y liquidó el impuesto adeudado por un contribuyente, con más intereses. La confirmó el decisorio.

Sumarios:

La sentencia del Tribunal Fiscal confirmatoria de la resolución mediante la cual la AFIP-DGI determinó de oficio el IVA y liquidó el impuesto adeudado por un contribuyente debe confirmarse, pues no se advierte arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en cuanto a la valoración de la prueba y de los hechos de la causa.

En el particular sistema de revisión judicial instaurado por el legislador en materia tributaria, las cuestiones de hecho y prueba son ajenas, por principio, al recurso que autoriza el art. 86, inc. b, punto segundo de la Ley 11.683; ya que tal remedio no da acceso, salvo error manifiesto, a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión a la que el Tribunal Fiscal hubiese arribado al ponderarla.

Los expedientes administrativos, incluso de las empresas estatales, tienen valor de prueba en juicio y para apartarse de sus constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su contenido, sino que es necesario que se especifiquen sus fallas, suministrando pruebas de ellas.

Texto Completo: 65526/2015

2ª Instancia.- Buenos Aires, noviembre 1 de 2016.

El doctor Gallegos Fedriani dijo:

I. Que por decisorio de fs. 160/164 y resolución aclaratoria de fs. 167, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución dictada por la AFIP-DGI el 21/03/2007 mediante la cual se había determinado de oficio el IVA correspondiente a los períodos agosto y septiembre de 2002, enero, mayo y junio de 2004 y se había liquidado el impuesto adeudado por los períodos septiembre a diciembre de 2002, enero, febrero, septiembre, noviembre y diciembre de 2003 y marzo, agosto, octubre y diciembre de 2004, con más los intereses resarcitorios correspondientes y costas a cargo de la recurrente. Asimismo, redujo al mínimo legal la multa que el Fisco Nacional le había aplicado con sustento en el art. 45 de la Ley 11.683 equivalente al 70% del tributo adeudado, con costas a la recurrente en la parte que se confirma y costas por su orden en la parte que se reduce la sanción.

II. Que a fs. 172 Luis María Luciano interpuso recurso de apelación y a fs. 173 hizo lo propio el Fisco Nacional, desistiéndolo este último a fs. 194.

A fs. 177/181 Luis María Luciano expresó agravios, los que fueron contestados por su contraria a fs. 208/213.
A fs. 198 se regularon honorarios a la Dra. N. E. Y. en su carácter de apoderada del Fisco Nacional y al perito contador Dr. C. A. L.

A fs. 199 la parte actora apeló por altos los honorarios regulados a fs. 198 y a fs. 203 la AFIP-DGI los apeló por bajos.

III. Que para decidir como lo hizo, expresó el Tribunal Fiscal de la Nación que “…del conjunto probatorio analizado, puede extraerse que la firma Monsanto S.A. ha mantenido siempre la propiedad de los productos comercializados (…). Las notas de débito corresponden a diferencias de cambio y las notas de crédito, corresponden a devolución de mercaderías recibidas en fideicomiso, pendientes de períodos anteriores, notas pendientes que se efectivizaron en 2004 y de cuenta corriente con el Sr. Luciano como distribuidor. Cabe destacar que todas las operaciones de venta o entrega de mercaderías se hallaban bajo el control y supervisión de Monsanto S.A., situación que también concuerda con la respuesta brindada al oficio librado a esta firma mediante el cual informa que Luciano distribuía los productos de dicha empresa y tenía restricciones de venta al asignársele un listado de clientes de dicha sociedad a los cuales debía distribuir los productos. En el mismo sentido, surge de la pericial que Luciano era un agente de ventas que poseía en sus oficinas un sistema de facturación consistente en una terminal identificada como ‘punta de venta N° 0129’ de propiedad de Monsanto, quien facturaba a través de Luciano, éste último en su carácter de distribuidor que cobraba comisiones (v. punto 9), a) del informe pericial), ello así no cabía que la actora se compute crédito fiscal alguno por las mismas. En este sentido, tampoco ha logrado acreditarse en autos que los clientes a los que la actora vendió la mercadería ‘comprada’ a Monsanto S.A. no hubieran formado parte del listado de clientes suministrado por esta última, hecho este que hubiese sustentado la corrección del crédito fiscal tomado por el Sr. Luciano. Ello así, no surge palmariamente acreditado que la facturación a nombre del Sr. Luciano, se corresponda con una compraventa directa a Monsanto —v. punto 3) del informe pericial de fs. 143/145—, y no en su carácter de agente de ventas —v. pto. 4) del citado informe—, situación ésta que tampoco puede verse reflejada en el débito fiscal de las respectivas declaraciones juradas de Monsanto —v. pto. 7) de la pericial contable—. (…) Que por lo demás la prueba arrimada por la recurrente que obra agregada en los antecedentes administrativos no permite practicar las debidas comprobaciones de lo que afirma en su recurso de apelación, especialmente su participación en la compraventa de mercaderías, por su cuenta, como medios de prueba tendientes a demostrar sus dichos y desvirtuar el criterio fiscal. Que en consecuencia, resulta correcto el criterio seguido por el Fisco Nacional ya que se desprende de las actuaciones administrativas como de la prueba producida en esta instancia que el Sr. Luciano actuó en carácter de agente de venta de Monsanto S.A. (…)”.

IV. Que en cuanto a los agravios deducidos respecto a la prueba producida y al análisis de la misma cabe destacar que en el particular sistema de revisión judicial (limitado) instaurado por el legislador en materia tributaria, las cuestiones de hecho y prueba, son ajenas —por principio— al recurso que autoriza el artículo 86, inciso b), punto segundo de la ley 11.683. En efecto, tal remedio no da acceso —salvo error manifiesto— a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión que el Tribunal Fiscal de la Nación hubiese arribado al ponderarla (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re: “Quilmes Combustibles S.A.C.I.”, sentencia del 25/03/1997; esta Sala in re: “Tognola, María Elisa Ramona (TF 12.349-I) c. DGI”, sentencia del 17/05/2000; “Forte, Vicente F. y Astillero V. Forte SAMCI (TF 15.847-I) c. DGI”, sentencia del 30/11/2000).

V. Que dejando a salvo las posibles objeciones que pueda hacerse a tales prescripciones del legislador en cuanto a la posible vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, lo cierto es que, no mediando en el caso solicitud de inconstitucionalidad, tales postulados normativos deben ser atendidos por el juzgador, salvo que exista arbitrariedad o irrazonabilidad en la apreciación de los hechos y de las pruebas rendidas en la causa; lo que no se da en el supuesto de autos.

VI. Que, sin perjuicio de lo expuesto, corresponde poner de resalto que el artículo 164 de la ley procedimental para el Tribunal Fiscal de la Nación, otorga a ese organismo amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria.

Como se desprende de lo preceptuado en este artículo, el principio dispositivo no rige en el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación pudiéndose encontrar la razón por la cual el legislador se ha orientado a regular el proceso ante el citado organismo en base, primordialmente, a las reglas del principio inquisitivo y no del citado anteriormente, en que en el proceso ante el Tribunal Fiscal lo que se discute son cuestiones vinculadas a la obligación tributaria y la potestad sancionadora de la administración, materias ambas en donde prima el interés público, y no el interés privado de las partes (conf. esta Sala in re: “Labrar Soc. de Hecho – TF 8904-I c. DGI”, sentencia del 13/09/1995).

VII. Que el artículo 386 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación (aplicable en la especie) determina que salvo disposición en contrario: “…los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.

La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.

La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación. Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez de tal determinación judicial (conf. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c. Ministerio de Justicia de la Nación”, sentencia del 26/05/1998; “Martínez, Eliseo David c. Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16/03/2001).

VIII. Que conforme lo desarrollado hasta aquí, en primer término no se advierte en el decisorio apelado arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en cuanto a la valoración de la prueba y los hechos de la causa.
En tales términos en cuanto al fondo del asunto se refiere, no cabe sino coincidir con la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación respecto de los fundamentos esbozados en el decisorio recurrido.

IX. Que por lo demás, corresponde poner de relieve que los expedientes administrativos, incluso de las empresas estatales, tienen valor de prueba en juicio y para apartarse de sus constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su contenido, siendo necesario que se especifiquen sus fallas suministrando prueba de ellas. Con mayor rigor, llegó a establecerse en algunos casos que las constancias administrativas tienen el valor probatorio de instrumentos públicos con fundamento en la presunción de validez y regularidad de los actos de los funcionarios públicos, y ello aun tratándose de las empresas estatales (conf. C. Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del 13/07/1995; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21/09/1993; Sala IV, in re: “Romera, Marcos”, sentencia del 21/09/1993; esta Sala in re: “Y.P.F. c. Cía. de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 28/04/1997; C.S.J.N: Fallos: 259:398; 281:173).

Por lo antes expuesto es que corresponde confirmar el decisorio de fs. 160/164, con costas de esta instancia a cargo de la recurrente por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).
X. Que respecto de los honorarios regulados a favor de la Dra. N. E. Y., en su carácter de apoderada del Fisco Nacional, en atención a la labor desarrollada y las etapas cumplidas, corresponde elevarlos a la suma de pesos… ($…) (conf. arts. 6, 7, 9 y ss. de la ley del arancel), y los del perito contador Dr. C. A. L., teniendo en cuenta la labor desarrollada y las demás pautas previstas en la normativa aplicable (conf. art. 3° del decreto ley 16.638/1957), corresponde elevarlos a la suma de pesos…($…). Por su actuación ante la Alzada, regúlanse los emolumentos de la Dra. N. E. Y., como apoderada de la AFIP-DGI, en la suma de Pesos… ($…-) (conf. arts. 6, 7, 9 y ss. de la ley del arancel). Todo lo cual, Así voto.

El doctor Alemany adhiere en lo sustancial al voto que antecede.

El doctor Treacy adhiere al voto del doctor Gallegos Fedriani.

Por lo expuesto el Tribunal resuelve: confirmar el decisorio de fs. 160/164, con costas de esta instancia a cargo de la recurrente por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Hacer lugar a las apelaciones contra las regulaciones de honorarios de fs. 198 por lo que se elevan de la Dra. N. E. Y., en su carácter de apoderada del Fisco Nacional, a la suma de Pesos… ($…-) (conf. arts. 6, 7, 9 y ss. de la ley del arancel), y los del perito contador Dr. C. A. L., a la suma de Pesos… ($…). Regular los emolumentos de la Dra. N. E. Y., como apoderada de la AFIP-DGI, en la suma de Pesos… ($…-), por su actuación ante la Alzada (conf. arts. 6, 7, 9 y ss. de la ley del arancel). Regístrese, notifíquese y devuélvase. — Pablo Gallegos Fedriani. — Guillermo F. Treacy. — Jorge F. Alemany.

 

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