Blanqueo ¿Cómo deberán valuar los créditos que declaren las empresas?

Fuente: http://www.afip.gob.ar/

ID 20435929
¿Cómo deberán valuar los créditos que declaren las empresas?

04/08/2016 12:00:00 a.m.

Los créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico, declarados por sujetos comprendidos en el Artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (sujetos que obtienen rentas de la tercera categoría), se valuarán a la fecha de preexistencia (a la fecha de cierre del último balance cerrado con anterioridad al 1° de enero de 2016) según las normas del impuesto a la ganancia a la ganancia mínima presunta:

– Créditos en moneda extranjera: de acuerdo con el último valor de cotización, tipo comprador del Banco de la Nación Argentina, a la fecha de cierre del ejercicio, incluyendo el importe de los intereses que se hubieran devengado a dicha fecha.

Los créditos deberán ser depurados de acuerdo con los índices de incobrabilidad previstos para el impuesto a las ganancias;

– Créditos en moneda argentina: por su valor a la fecha de cierre de cada ejercicio, y el de los intereses que se hubieran devengado a la fecha de cierre del ejercicio. Los créditos deberán ser depurados según se indica en el inciso precedente.

 

La Casa Rosada llama a los gobernadores para hablar de un “nuevo esquema fiscal”

Fuente: http://www.cronista.com/

Lunes  09 de Enero de 2017

Vidal y el viceministro de Interior defendieron la transferencia de recursos a Buenos Aires. El funcionario además adelantó que se abrirá la discusión con las provincias

El secretario de Interior de la Nación, Sebastián García De Luca, confirmó ayer que el próximo 2 de febrero se realizará una reunión con gobernadores para “avanzar obligatoriamente en un nuevo esquema fiscal”. Además, defendió la transferencia de $ 25.000 millones a la provincia de Buenos Aires y advirtió: “No hay una discusión donde queramos hacer kirchnerismo con la obra pública”.

Ante las críticas de algunos mandatarios provinciales por esos fondos extra de Nación a Buenos Aires, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó que ella y su gabinete reclaman “lo justo” y advirtió que esa provincia “tiene la mayor cantidad de pobres del país”. “Cuando damos el debate de coparticipación con los gobernadores, siempre se dice que Buenos Aires es rica. Pero la verdad es que recibe sólo la mitad de lo que aporta y tiene la mayor cantidad de pobres del país. Por eso merece ser tratada no de manera distinta, sino justa. No pedimos más de lo que nos corresponde, pedimos lo justo”, aseguró la mandataria.

De Luca señaló que seguirán “dando la pelea en la Justicia” para recuperar la partida que le corresponde a la Provincia por el Fondo del Conurbano.

En una entrevista con el diario El Día de La Plata, Vidal explicó que los fondos servirán “para cubrir parte del déficit de 2016”, y si bien dijo que “parecen muchos millones”, remarcó que “la Provincia es grande y sólo en sueldos” se gasta ese monto “en un mes”.

Por el gobierno nacional, De Luca salió también a defender la transferencia. “Todos saben la realidad de la provincia de Buenos Aires, cómo se la ha perjudicado en aquella distribución de la Coparticipación y la creación del Fondo del Conurbano, que es a la que menos beneficia”, resaltó el funcionario.

En declaraciones a radio Mitre, dijo que tal situación la han “conversado con todos los gobernadores y todos reconocen la necesidad de la provincia” y agregó que contemplan “la necesidad que tiene Buenos Aires y el conurbano con un fondo totalmente desactualizado”.

“Por eso hemos decidido enviar esos fondos de la parte que afecta al gobierno nacional”, puntualizó.

Consultado sobre un futuro encuentro con mandatarios provinciales, tras las críticas de algunos de ellos sobre esa transferencia, De Luca confirmó que habrá una “primera reunión el 2 de febrero”, convocatoria que se formalizará “en las próximas semanas”, pero advirtió que hay “que avanzar obligatoriamente en un nuevo esquema fiscal”. “Hay que terminar con la Argentina unitaria, hemos llevado adelante la tendencia federal”, subrayó el funcionario de la cartera a cargo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Aunque reconoció que “todos los gobernadores hacen sus reclamos defendiendo los intereses de cada provincia”. “Son reclamos que los hemos escuchado como nunca los han escuchado en la última década, no solamente en los últimos 12 años, de lo que ha necesitado cada gobernador en temas financieros y obras”, dijo. Por tal motivo, insistió con que los fondos transferidos a Buenos Aires significan “darle a la Provincia sin perjudicar a ninguna otra provincia del país”.

Consultado sobre si el Gobierno utiliza la obra pública para hacer campaña electoral, De Luca aseguró: “No es nuestra forma de ser, la obra pública se determina en base a las prioridades de gestión”. “Hemos avanzado inclusive con obras en Santa Cruz, La Rioja, Formosa, La Pampa, donde avanzamos en más de 1.200 viviendas con un gobernador (Carlos Verna) con quien tenemos una relación difícil, la obra pública no ha tenido que ver en la cuestión política, ha marcado diferencia, no hay una discusión”, enfatizó el funcionario.

 

Por ley, el Gobierno porteño debe implementar un mapa de las picadas de autos en la Ciudad

Fuente: http://www.clarin.com/

08/01/2017

Por ley, tiene que implementarlo el Gobierno porteño . Es una herramienta para intervenir las zonas donde se practique esta actividad ilegal. Según la norma, tendrán que colocar reductores de velocidad, semáforos y cámaras de seguridad.

La locura de las picadas ilegales cada tanto vuelve a escena con alguna tragedia en las calles. Los controles y sanciones parecen no alcanzar, y el reclamo de endurecer las leyes se mantiene. La Legislatura porteña acaba de dar un paso para complementar la acción estatal desde otro lado: sancionó una ley para armar un mapa de las carreras callejeras e intervenir en las zonas donde se corren, con reductores de velocidad y otros cambios en el espacio público.

La ley establece que el Gobierno porteño deberá armar un mapa de las zonas donde se hacen las picadas, en base a las denuncias de los vecinos, de las organizaciones dedicadas a la seguridad vial y de cualquier otra fuente que aporte información. Una vez identificados los circuitos de las carreras, tendrán que colocar reductores de velocidad, semáforos, cámaras de seguridad y de fotomultas, cartelería y toda otra intervención en el espacio público que crean útil para desalentar las picadas.

Además tendrán que hacer campañas de información en el barrio para incentivar a los vecinos a que hagan más denuncias y para concientizar sobre los riesgos de las carreras callejeras. Anualmente, el Ejecutivo deberá presentarle a la Legislatura un informe sobre la problemática de las picadas en la Ciudad.

La norma fue sancionada en la última sesión ordinaria del año. Fue un proyecto del Partido Socialista que consiguió el apoyo del PRO y otros bloques. “Con esta ley queremos complementar el enfoque punitivo con el que hasta ahora el Estado enfrentó sin éxito las carreras clandestinas, reforzándolo con políticas centradas en una visibilización pública. Escuchar los dramáticos testimonios de representantes de organizaciones como la Asociación Madres del Dolor nos puso frente al desafío de canalizar institucionalmente la labor que llevan adelante para combatir conductas irresponsables como estas carreras ilegales”, afirmó el autor de la ley, el legislador Roy Cortina.

Es que las Madres del Dolor fueron consultadas durante la elaboración de esta ley. “Nos preguntaron qué opinábamos y les dijimos que nos parece bien que se tomen medidas para desalentar las carreras. Pero tenemos claro que no es suficiente, que hacen falta más controles y sanciones más duras, como que les quiten el auto o la licencia de conductor. En los países con castigos más severos los resultados en el tránsito son positivos”, aseguró Viviam Perrone, fundadora de la asociación.

El artículo N° 193 bis del Código Penal establece una pena de seis meses a tres años de prisión para quien corra una picada, la organice o preste un vehículo a tal fin. En tanto, en la Ciudad la multa por circular a más de 140 km/h, que se aplicaría en el caso de las carreras, es de entre $ 3.860 y $ 38.600, la más cara de las de tránsito. Además, la falta implica la quita de los 20 puntos en el sistema de scoring y por lo tanto la pérdida automática de la licencia de conductor por un tiempo, aunque se pueden recuperar cuatro puntos si se hace un curso de socorrismo y derechos humanos.

En el bloque socialista afirman que los barrios más afectados por las carreras son Mataderos, Villa Devoto, Parque Chacabuco, Nuñez y Villa Urquiza. Sin embargo, la cantidad de carreras ilegales que se realizan en la ciudad es bastante menor que hace algunos años, porque los organizadores las mudaron al Gran Buenos Aires. La Panamericana, la autopista Buenos Aires-La Plata, y especialmente algunas avenidas de la zona oeste del Conurbano son escenario habitual de picadas, que muchas veces son convocadas por las redes sociales.

Hubo algunos golpes a la actividad, que sin embargo se sostiene. A mediados del año pasado dos policías de Morón se infiltraron como espectadores en una carrera ilegal a la que asistieron más de 2.000 personas, y filmaron a los autos participantes. La Justicia terminó secuestrando 14 autos. Pero las quejas vecinales no cesaron.

Antecedentes de tragedias provocadas por picadas hay de sobra. En febrero de 2016, en Parque Chacabuco, un joven que vía corriendo una picada salió disparado del auto tras chocar a cinco que estaban estacionado y murió en el acto. Otro caso impactante ocurrió el 5 de abril de 2015 en Haedo, cuando Diego Cuevas, un joven de 19 años, corría por la avenida Rivadavia y arrolló a un grupo de chicos que caminaba por la vereda: uno murió y cinco terminaron heridos. Sin embargo, el caso más emblemático es de Sebastián Cabello quien en agosto de 1999 embistió con su Honda Civic al Renault 6 en el que se trasladaban Celia González Carman (38) y su hijita Vanina (3), en la avenida Cantilo, en Núñez. Madre e hija murieron carbonizadas al incendiarse el auto, mientras que Cabello huyó sin prestarles asistencia.

 

Estiman que se volcarán u$s 1000 millones del blanqueo a los desarrollos inmobiliarios

Fuente: http://www.cronista.com/

Lunes  09 de Enero de 2017

De los más de u$s 21.00 millones que atrajo el sinceramiento fiscal, el negocio del real estate recibirá el 5% del total. Se asegura que el dinero servirá para reactivar el sector

Si bien hasta el momento, sólo un fondo cerrado de inversión (FCI) destinado al Real Estate de los 20 que se lanzaron para captar dinero del blanqueo fue aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), se esperan cerca de u$s 1000 millones para desarrollos inmobiliarios. Es más, otro fondo está próximo a aprobarse pero aún cuenta con condicionamientos y al menos cinco continúan cumpliendo con requerimientos que demanda el proceso.

El resto espera noticias para poder comenzar con las suscripciones. En el mercado aseguran que la demora de la reforma a la ley de Mercado de Capitales, con la que se aspiraba a que estos instrumentos tengan mejores condiciones impositivas, les jugó en contra a los fondos comunes de inversión cerrados. Aún así, siguen a la expectativa de recibir la aprobación que les permita comenzar a operar cuando antes.

Estos instrumentos persiguen el objetivo de que los contribuyentes puedan blanquear capitales desde u$s 250.000, inmobilizándolos por cinco años pero sin tener que pagar la penalidad por ingresar al régimen. Deben tener un mínimo de 10 cuotapartistas y una emisión de cuotapartes superior a u$s 10 millones. Además, tienen que incluir como mínimo tres proyectos y el más importante no puede representar más del 50%.

En la CNV se presentaron 40 FCI cerrados en los últimos dos meses y la mitad están destinados al Real Estate. Pero hasta el momento el único de estos instrumentos que mira al mercado inmobiliario que fue aprobado es el de Allaria Ledesma “Allaria Residencial CasasArg I”, que captó u$s 29 millones de unos 70 cuotapartistas. Prevé la construcción de edificios en Buenos Aires y Capital Federal de unidades de hasta tres ambientes, que costarán entre u$s 100.000 y u$s 200.000 al comprador final. Allaria también tiene en camino otro fondo con Argencons (residencial y comercial), en el Distrito Quartier Puerto Retiro. Ese fondo proyecta captar un máximo de u$s 170 millones.

El segundo fondo más avanzado en el proceso de aprobación en la CNV es el Compass Group. Es el “Fondo de Desarrollo Inmobiliario” lanzado junto con Frávega, que aportará parte de su portafolio de locaciones estratégicas en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y en las principales ciudades del interior. Lo administra Investis Asset Managment y se encuentra en una etapa de “aprobación con condicionamientos”, que en la práctica significa que en los próximos días podrá comenzar a suscribir.

El resto de los fondos todavía no tienen fecha cierta de aprobación, aun cuando fueron cumpliendo con requisitos que la CNV requirió como parte del proceso. Pertenecen a los grandes jugadores del Real Estate local que aspiraban a contar con el instrumento antes de que terminara el 2016.

Por ejemplo, el de IRSA, la compañía de Eduardo Elsztain, es uno de ellos. Es un fondo cuyo agente de custodia y administrador es BACS, y se aplicará en la financiación de tres proyectos: el complejo de oficinas Polo Dot; la ampliación del Alto Palermo, y la construcción de una torre de oficinas AAA en la zona porteña de Catalinas.

En Consultatio también esperan la aprobación de un fondo con destino inmobiliario con el que proyectan captar hasta u$s 300 millones para invertir en proyectos residenciales y corporativos, uno dentro de Nordelta.
En la lista de espera está también Pegasus junto con Axis (para edificios corporativos, residenciales, comerciales, de logística y hotelería), Cohen (con cinco fondos, uno es el “Monarca Real Estate I” para la finalización de la obra Pilar Lagoon), Mariva (con tres proyectos de edificios Hit, de oficinas en Panamericana y el Distrito Tecnológico porteño).

 

Buscan que el Estado cobre demandas pendientes por $90 mil millones

Fuente: http://www.clarin.com/

08/01/2017

Hay 1.621.591 juicios iniciados desde 1996 y que aún están en trámite. El caso más llamativo es el de la AFIP que puede llegar a cobrar, en caso de ganarlos, unos 77 mil millones de pesos.

Cuando le toca cobrar, el Estado argentino casi siempre se queda a mitad de camino. O fracasa. De la AFIP al ministerio de Trabajo pasando por la ANMAT ( control de alimentos y medicamentos), Aysa o Ferrocarriles, los procedimientos del cuerpo de 2.000 abogados parecen calcados. Y rara vez ganan los juicios. “Es un tema recurrente, que lleva más de 20 años”, admite el Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, recientemente reafirmado en su cargo. “El Estado es un pésimo cobrador”, añade el Procurador. Un dato: hay 1.621. 591 juicios iniciados desde 1996 y que aún están en trámite. Y podrían cobrarse entre 90.000 millones a 120.000 millones de pesos, un monto que equivale a cinco veces más que los fondos prometidos a la provincia de Buenos Aires que generan tanta tensión.

Balbín aseguró a Clarín que potenciará otra clase de defensa de los intereses públicos. Y acaba de cambiar varias normas. Sobresale la resolución que se publicó el último 29 de diciembre en el Boletin Oficial. Instruye a los responsables de las distintas delegaciones del Cuerpo de Abogados del Estado que otorguen tratamiento “adecuado, oportuno, eficaz y eficiente a todos los procesos de cobro o recupero de fondos públicos; en particular en aquellos de monto relevante”. Puesto a interpretar las razones de lo que algunos en la Casa Rosada califican de desidia, Balbín señala que se tarda en tomar la decisión de iniciar el juicio ejecutivo, que consiste primero en embargar los bienes para luego ejecutarlos en caso que corresponda.

“La demora provoca que se llegue tarde y ya el individuo se desprendió de lo que le pertenecía y se declara insolvente”, explicó a Clarín. La mayoría de los juicios son por deudas impositivas, créditos impagos, concesiones que no cumplen con sus contratos y demoras en la obra pública, entre otras causas.

El caso más llamativo es la AFIP que acumula desde hace décadas 1.478.632 juicios y puede llegar a cobrar si los gana, unos exhorbitantes 77.000 millones de pesos.

Las normas vigentes hasta ahora obligan al Estado a entablar juicios por montos insignificantes cuando cada proceso judicial que se inicia tiene un costo mínimo de $ 3.500, lo que lleva a una carga en la tarea, falta de concentración en aquellos juicios que valen la pena y mucha negligencia. Todo, en un marco de controles laxos.

Hay, además, otras razones para el asombro, como la falta de acceso a información que proporciona el propio Estado. Balbín enumera las trabas para acceder a los registros de propiedad inmueble y automotor. El Procurador asegura que junto a la nueva exigencia de certificación de eficacia para los abogados, ahora habrá acceso a los registros.

En la Procuración dicen contar con la venia de la Casa Rosada y especialmente del Presidente para “una sanción dineraria” ante los incumplimientos normativos. Sin embargo, Balbín destaca el rol de los letrados. Aquí, algunos ejemplos de la auditoría que realizó la Procuración en diversos organismos: En la AFIP de la gestión de Ricardo Echegaray, de los 5.000 expedientes auditados, solo 115 (el 2,3%) registraban pagos. Y 3.952 tenían sentencia favorable de remate y sin embargo no reconocían pago alguno. Detectaron demora en la solicitud de medidas cautelares y que no se priorizaron los juicios de cuantías relevantes.

En el Banco Nación descubrieron una gran cantidad de casos en los que los domicilios de los deudores eran desconocidos. Y las subastas en los juicios ejecutivos sólo se tramitó en el 36% de los casos.

En la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) saltaron importantes demoras en la persecución judicial de cobro de cánones, lo que llevó a la prescripción de períodos. También se omitió cursar intimaciones de pago en tiempo oportuno.

En cuanto a la Anmat, sobre 23 ejecuciones fiscales que fueron auditadas solo se percibió el importe en tres de dichos juicios. Los trámites judiciales insumieron en varias oportunidades 10 años de tardanza y en ningún caso menos de 5 años.

En el ministerio de Trabajo, sobre 501 juicios auditados solo hubo 46 con pagos totales (9,1%). También saltaron errores en la confección de la intimación de pago lo que provocó nuevas demoras.