El ejecutante apeló la decisión mediante la cual se declaró oponible la afectación de bien de familia y ordenó el levantamiento del embargo trabado sobre el inmueble. La Cámara revocó el decisorio.

 

Sumarios

El acreedor puede embargar el inmueble donde se asienta la vivienda familiar pero no podrá ejecutar su crédito y proceder a la realización en subasta pública si no acredita alguna causal de exclusión de ese beneficio (vgr, ser acreedor anterior, que la vivienda ya no es familiar, que se trata de acreedor excluido), ello de conformidad con el art. 249 del Código Civil y Comercial.

El embargo trabado sobre el inmueble afectado al régimen de bien de familia debe mantenerse, pues se advierte de ese modo equilibrado por un lado el derecho a la protección de la vivienda y, por otro, el del acreedor embargante posterior a quien le es oponible la afectación y que, frente a un supuesto de desafectación, podría agredir el bien teniendo vigente esa medida, máxime cuando no causa gravamen alguno al titular.

 

Fallo

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial – Sala F

GOMEZ ALBERTO ANTONIO Y OTRO c/ SAMA EXPLOTACIONES AGRICOLAS

S.R.L. Y OTRO s/EJECUTIVO

Expediente N° 21893/2013 sd

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2016.

Y Vistos:

1. Apeló el actor la decisión de fs. 126/128 mediante la cual la

magistrada de grado declaró oponible la afectación que pesa sobre el

inmueble embargado en autos y, en consecuencia, ordenó el levantamiento

de la medida cautelar ordenada, con costas a su cargo (fs. 129).

2. El memorial de agravios luce agregado en fs. 134/5 y fue

respondido en fs. 138/139.

Criticó la parte actora que la sentenciante de grado haya

ordenado el levantamiento del embargo trabado, por cuanto sostuvo que

aun cuando el bien de familia impida su ejecución y subasta, el embargo ha

de mantenerse por cuanto frente a la desafectación del bien, el mismo

permitiría la satisfacción del derecho del acreedor.

3. No hay desacuerdo entre las partes en que la afectación al

régimen de bien de familia del inmueble embargado en este juicio, es de

fecha anterior al título base de la ejecución.

Sin embargo, ciertamente, la cuestión se centra en determinar

si pese a ello, corresponde -o no- mantener la propiedad embargada.

Mas, de modo previo a decidir y en orden a los fundamentos

expuestos por el demandado en oportunidad de contestar el memorial de

 

agravios, es del caso señalar que esta Sala coincide con la a quo en el sentido

de que a la cuestión aquí planteada le son aplicables las disposiciones del

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

Ello así, toda vez que los efectos procesales futuros que puedan

acontecer con respecto a la afectación de inmuebles al régimen de bien de

familia efectuada bajo la derogada ley, en todo caso están en curso de

desarrollo al tiempo de la sanción de la nueva ley y es en los términos de ésta

en que deben ser resueltas (cfr. art. 7 CCyC.).

Sentado lo anterior, debe resaltarse que el derecho de toda

persona al acceso y protección de la vivienda constituye un derecho humano

fundamental. El Código lo recepta y flexibiliza, ampliando el número de

beneficiarios, en sincronía con el respeto al principio de autonomía personal

que deriva de la existencia de múltiples formas familiares dignas del mismo

tratamiento. Así, sustituye el bien de familia de la ley 14.394, derogándola e

incorporando en el Capítulo 3, denominado Vivienda, importantes

modificaciones en esa línea (cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis, “Código Civil y

Comercial de la Nación”, T. I, p. 810 y ss.,Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe,

2014).

Pues bien, yendo al nudo del asunto, dispone el CCyC: 249 que

la afectación es inoponible a los acreedores por causa anterior a esa

afectación. Y, la regla en materia de efectos es que el inmueble es

inejecutable por deudas posteriores a la afectación, admitiéndose

excepciones enumeradas taxativamente por la norma.

Sostiene Lorenzetti en cuanto a la exclusiva mención de la

inejecutabilidad y omisión de la inembargabilidad como uno de los efectos de

la afectación, que ello obedecería a evitar que el propietario realice

 

simultáneamente la desafectación y venta del inmueble sacando así de su

patrimonio en forma definitiva el bien; aunque actualmente, autorizada la

subrogación real, el titular no tiene necesidad de recurrir a maniobras de esa

índole.

En este estadio es importante aclarar que las causales de

inoponibilidad no coinciden con las de desafectación; sus efectos son

también diversos; la inoponibilidad implica que la afectación no tiene

implicancias respecto de determinados sujetos; la desafectación, en cambio,

trae la cancelación de la afectación, beneficiando a todos los acreedores;

dicho de otro modo, una vez desafectado, todos los acreedores, anteriores y

posteriores, podrán agredir el bien, consecuencia que no opera con la

inoponibilidad (cfr. obra cit., p. 837).

Así entonces, la norma prevé una “inejecutabilidad” y no una

“inembargabilidad”. Esto es: el embargo puede ser trabado perfectamente

en el inmueble donde se asienta la vivienda familiar y así se exhibirá en la

publicidad registral. El acreedor embargará, pero no podrá ejecutar su

crédito y proceder a la realización en subasta pública si no acredita alguna

causal de exclusión de dicho beneficio (v.gr. ser acreedor anterior, que la

vivienda ya no es familiar, que se trata de acreedor excluido, etc. cfr. Carlos

A. Molina Sandoval, La Ley, 206-E).

Por ello, a criterio de esta Sala lo decidido por la anterior

sentenciante ha de ser revocado debiéndose mantener el embargo trabado,

advirtiéndose de este modo equilibrado, de un lado, el derecho a la

protección de la vivienda; y, del otro, el del acreedor embargante posterior a

quien le es oponible la afectación y que, frente a un supuesto de

 

desafectación podría agredir el bien teniendo vigente un embargo sobre el

mismo.

Ello además, no causa gravamen alguno al demandado por

cuanto, como queda claro de lo dicho, en el estado en que se encuentran las

cosas el inmueble aquí embargado no podrá ser objeto de ejecución por la

deuda reclamada en este pleito.

En la situación antes descripta, sólo cabe concluir que no

resultó procedente desestimar el planteo introducido por el actor.

4. Por ello se resuelve:

Revocar el decisorio apelado, en cuanto fuera materia de

agravio.

Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden

causado, en atención a la forma en que se decide y considerando las

dificultades de interpretación que la cuestión plantea y por tratarse de un

tema novedoso (CPr: 68).

La Dra. Alejandra N. Tevez no interviene en la presente decisión

por encontrarse en uso de licencia por razones académicas (art. 109 del

Reglamento para la Justicia Nacional).

Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N°

3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de

Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n°

15/13, n° 24/13 y n° 42/15).

Rafael F. Barreiro

Fecha de firma: 15/09/2016

Firmado por: JUAN MANUEL OJEA QUINTANA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: RAFAEL FRANCISCO BARREIRO, PRESIDENTE DE LA SALA F

Firmado(ante mi) por: MARIA JULIA MORON, PROSECRETARIA DE CAMARA

#23074574#161483762#20160915094843361

 

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial – Sala F

Siguen las fir//

//mas.

Juan Manuel Ojea Quintana

María Julia Morón

Prosecretaria de Cámara

Fecha de firma: 15/09/2016

Firmado por: JUAN MANUEL OJEA QUINTANA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: RAFAEL FRANCISCO BARREIRO, PRESIDENTE DE LA SALA F

Firmado(ante mi) por: MARIA JULIA MORON, PROSECRETARIA DE CAMARA