Se declaró la inconstitucionalidad del art. 5 de la Resolución ANSeS 393/2009 que exige el plazo de tres años de residencia para obtener una prestación de carácter no retributivo y se ordenó al organismo pagar a una mujer argentina por naturalización la Asignación Universal por Hijo para Protección Social a favor de sus dos hijos menores de edad.

 

Sumarios

 

El condicionante temporal de tres años para acceder a la Asignación Universal por Hijo dispuesto por el art. 5 de la Resolución ANSeS 393/2009 es inconstitucional por violación a los arts. 16, 20 y 75, inc. 23 de la Constitución Nacional, pues, aun cuando se trate de la concesión de una prestación que depende de fondos públicos que pueden ser distribuidos exigiendo el cumplimiento de ciertos requisitos, estos deben responder a  intereses que involucren el bienestar general, además de una justificación razonable y proporcional con los propósitos que persiguen.

 

La exigencia prevista en el art. 14 ter de la ley 24.714 referida a la “residencia legal en el país no inferior a tres años previos a la solicitud sólo debe ser entendida con relación a los “residentes”, último de los extremos enunciados antes de la previsión legal apuntada, y no respecto los hijos menores de edad de ciudadanos argentinos naturalizados.

 

Fallo

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

Expte. Nº 8297/2015

Comodoro Rivadavia, de agosto de 2016.-

Y VISTOS:

Estos autos caratulados “SUGILIO

ARAUJO, TERESA c/ A.N.SE.S. UDAI RIO GALLEGOS s/AMPARO LEY

16.986”, en trámite ante esta Alzada bajo el Nº 8297/2015,

provenientes del Juzgado Federal de Río Gallegos.

Y CONSIDERANDO:

I.- Llegan estos autos al Acuerdo del

Tribunal para el tratamiento del recurso de apelación

interpuesto a fs. 90/91vta. por la parte actora -con el

patrocinio letrado del Sr. Defensor Oficial coadyuvante –

contra la sentencia de fs. 86/89 por la cual, la Sra. Juez

Federal subrogante de Río Gallegos, resolvió rechazar la

acción de amparo intentada por la Sra. Teresa Sugilio

Araujo contra la Administración Nacional de la Seguridad

Social- ANsES-, de conformidad con los arts. 1 y 14ter. de

la ley 24.714, art. 6 del Decreto 1602/09 y art. 5 de la

Resolución 393/09 ANSeS.

II.- Para decidir en tal sentido,

consideró la sentenciante de grado que, si bien la vía de

amparo elegida por la actora a los fines de que ANSeS le

brinde -en relación a sus tres hijos-, la cobertura de la

Asignación Universal (AUH), resultó idónea para el

esclarecimiento de esta cuestión, la acción no puede

prosperar en el entendimiento de que en autos, no se halla

en discusión la ausencia del requisito de residencia mayor

a tres años por parte de los menores destinatarios del

beneficio reclamado, sino que lo que se cuestiona es la

validez constitucional de las normas implicadas, con cita

del antecedente “R.A.D. c/ Estado Nacional s/ Recurso de

Hecho” de nuestro Máximo Tribunal,.

En este orden, señala la magistrada

interviniente que, no obstante no desconocer la

jurisprudencia que cita la amparista, el caso citado

difiere ampliamente del discutido en autos, toda vez que en

el primero, se trató de una situación que involucraba

contingencias sociales absolutamente extremas que ponían en

juego de manera palpable y potente la subsistencia misma de

la persona humana, supuesto que –interpreta-, no se

vislumbra en autos.

 

Así las cosas, entiende que en el caso de

marras, el plazo de tres años de residencia que se exige

como requisito para obtener una prestación de carácter no

contributivo, no resulta irracional, absurdo ni

desproporcionado. Ello, en el entendimiento de que apunta a

una finalidad lógica, que refiere tanto a un vínculo de

pertenencia serio, como a la integración que deben ostentar

los posibles beneficiarios con el Estado prestador, en

razón de que este último pueda provisionar, -aunque sea

mínimamente-, los fondos que serán destinados a los gastos

que demanda la cobertura de la mentada prestación.

Interpreta la a quo, que la resolución

cuestionada por la actora, también priva del acceso a dicho

beneficio a los argentinos que no sean residentes en el

país, circunstancia que permite descartar la finalidad

discriminatoria que la accionante intenta atribuirle.

III.- En los agravios introducidos mediante el

memorial de fs. 90/91vta., critica la actora que, a través

de su sentencia, se limita la magistrada a expresar que no

prosperará la acción por no haberse cumplido el requisito

de residencia mínimo de tres años que exige la ley 24.714 y

la Resolución Nº 393/09 de ANSeS, entendiendo que no halla

verificados los extremos que la propia Corte Suprema de

Justicia de la Nación encontró reunidos en la

jurisprudencia citada.

Manifiesta que la acción de amparo intentada

no gira meramente en torno al análisis de la

constitucionalidad de la normativa de la ley 24.714, del

Decreto PEN Nº 1602/2009 ni de la Resolución Nº 393/09 de

ANSeS, sino que se encuentra dirigida a que se reconozca la

situación de una mujer argentina por naturalización, madre

soltera de tres hijos menores de edad- con residencia

permanente en el país-, que trabaja en relación de

dependencia como empleada doméstica, a la que la

Administración Nacional de la Seguridad Social le ha vedado

el acceso a los beneficios de la asignación familiar y de

la asignación universal por hijo.

En esta línea argumental, sostiene que dicha

situación genera una desprotección que resulta inadmisible,

por ser contraria al espíritu del sistema de la Seguridad

Social. En este sentido, esgrime que la sentenciante

 

desatendió el contexto de vulnerabilidad en que la actora

se halla inmersa, limitándose a manifestar que no se

encontraba verificada en su caso una situación de

contingencia social extrema, en el entendimiento de que,

por encontrarse cubiertas sus necesidades básicas, no

requería protección social.

Esboza la recurrente que el empleo doméstico ha

sido siempre un instituto desprotegido en el que -quien

resulta empleado-, es considerado parte débil y que dicha

circunstancia, – sumada a su condición de mujer migrante,

con tres hijos y recientemente diagnosticada de cáncer de

mama- , debe ser suficiente a los fines del reconocimiento

de los beneficios de la Seguridad Social que pretende.

Por último, califica al pronunciamiento de

arbitrario, por interpretar que la sentenciante ha vertido

argumentaciones puramente dogmáticas, obviando dar

tratamiento a la totalidad de su pretensión.

IV.- Corrido el traslado de los agravios a la

contraria y no habiendo merecido réplica, fueron radicados

los autos ante esta Alzada. Ordenada la vista al Sr. Fiscal

Federal, éste propició, mediante el dictamen glosado a fs.

99/vta., la confirmación del resolutorio en crisis.

Seguidamente, a fs. 100, fueron llamados los Autos al

Acuerdo.

V.- Que hallándose estos autos en condiciones de

ser resueltos, y a fines de dar tratamiento a los agravios

habilitantes de esta instancia, corresponde reseñar

sucintamente los hechos acontecidos.

Se desprende de las actuaciones traídas a

resolver, que la actora ha promovido acción de amparo, con

el patrocinio letrado de la Defensoría Pública Oficial ante

el Juzgado Federal de Río Gallegos, contra la

Administración Nacional de la Seguridad Social- UDAI Río

Gallegos, con el objeto de que se le reconozca el derecho a

percibir- a favor de sus tres hijos menores de edad- la

Asignación Universal por Hijo para la Protección Social,

vigente por Decreto 1602/2009.

En su escrito inicial, relata la accionante que es

madre soltera, de nacionalidad dominicana, que ingresó al

país en 23 de marzo de 2009, que en fecha 29 de noviembre

de 2010 obtuvo la radicación permanente en la República

 

Argentina por Disposición Nº 182925 de la Dirección

Nacional de Migraciones y que, el 09 de octubre de 2013

obtuvo su Carta de Ciudadanía (Nº 059287).

Señala que desde su ingreso al país, ha trabajado

para ganarse el sustento y que, tras la obtención de su

nacionalidad argentina por naturalización, trajo a sus

hijos menores al país a fin de materializar la

reunificación familiar.

Esboza que sus hijos cuentan con DNI para

extranjeros con residencia permanente, que se encuentran

escolarizados y plenamente integrados en la ciudad de Río

Gallegos.

Manifiesta encontrarse empleada como “Personal de

Casas Particulares”- relación de dependencia regida por la

ley 26.844- y que, tras concurrir a la UDAI Río Gallegos

para solicitar la asignación universal por hijo, le

manifestaron verbalmente que no le correspondía acceder a

dicho beneficio por cuanto, -tanto el Decreto del PEN Nº

1602/2009, como la Resolución Nº 393/2009 de ANSeS-,

imponen como requisito de acceso la residencia mínima de 3-

tres- años en el país -para la persona a cargo y para los

menores beneficiarios- y que, por no cumplimentar dicha

exigencia sus hijos, no era viable su solicitud.

Esgrime que, ante la negativa, solicitó se le

abonara el salario familiar previsto en la ley 24714- para

los trabajadores en relación de dependencia-; solicitud

también rechazada por ANSeS, en el entendimiento de que, a

las empleadas domésticas no les corresponde tal beneficio.

VI.- De las manifestaciones del informe producido

por ANSeS en los términos del art. 8 de la ley 16986

-glosado a fs. 70/73vta.-, se desprende que se opone

primeramente la demandada al progreso de la presente

acción, por entender que no resulta ser la vía idónea para

resolver el planteo de inconstitucionalidad, toda vez que

tal declaración ha de ser una última ratio y que las normas

atacadas reconocen raigambre constitucional por emanar del

órgano competente y por no encontrarse en conflicto con

normativa alguna de mayor jerarquía. Asimismo, esgrime que,

el legislador, al legislar como lo hizo, tuvo en

consideración cuestiones relacionadas a oportunidad, mérito

 

y conveniencia, no susceptibles de ser revisadas en

instancia judicial.

En segundo término, aduce la accionada que,

ambas denegatorias efectuadas por su parte, se encuentran

ajustadas a derecho. Ello, toda vez que los menores -al

ingresar al país en febrero de 2008-, no cumplen con el

mínimo de residencia que exige la normativa vigente y que,

tampoco satisface la actora los requisitos para acceder al

salario familiar, por hallarse excluida de dicho beneficio,

en virtud de la ley que rige su empleo.

VII.- Descriptos sucintamente los hechos

acaecidos, y circunscripta la pretensión de autos al

análisis de la procedencia de la cobertura por parte de

ANSeS de la Asignación Universal para protección social de

los tres hijos de la accionante, corresponde hacer

referencia al marco normativo que instituye dicho

beneficio, aclarándose que no ha constituído objeto de esta

acción la percepción del salario familiar, circunstancia

expuesta a los fines de describir la situación de

vulnerabilidad y desprotección social en la que se

encuentra el grupo familiar de la accionante.

Así, huelga señalar que la Ley del Digesto Y-

2126 (Nº 24.714) incorpora el mentado beneficio al Régimen

de Asignaciones Familiares y en su art. 1º dispone: “Se

instituye, con alcance nacional y obligatorio, y sujeto a

las disposiciones de la presente ley, un Régimen de

Asignaciones Familiares basado en:… c) Un subsistema no

contributivo compuesto por la Asignación por Embarazo para

Protección Social y la Asignación Universal por Hijo para

Protección Social, destinado, respectivamente, a las

mujeres embarazadas y a aquellos niños, niñas y

adolescentes residentes en la REPUBLICA ARGENTINA; que

pertenezcan a grupos familiares que se encuentren

desocupados o se desempeñen en la economía informal”.

Mediante decreto 1602/2009 se incorporó el art.

14 ter que, en cuanto aquí interesa dispone: “Para acceder

a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social,

se requerirá: a) Que el menor sea argentino, hijo de

argentino nativo o por opción, naturalizado o residente,

con residencia legal en el país no inferior a TRES (3) años

previos a la solicitud”.

 

Por su parte, los considerandos del mencionado

Decreto reglamentario 1609/2009 invocaron “Que el

otorgamiento del beneficio se somete a requisitos que

deberán acreditarse para garantizar la universalidad y a la

vez preservar la transparencia, condicionándolo al

cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios para

menores (de hasta cuatro años de edad) y a la concurrencia

al sistema público de enseñanza (desde los cinco años)”.

Asimismo se faculta a la Administración Nacional de la

Seguridad Social (ANSES) “a dictar las normas

complementarias pertinentes para la implementación

operativa, la supervisión, el control y el pago de las

prestaciones” (Artículo 3).

En ejercicio de las apuntadas atribuciones

reglamentarias, la ANSeS dictó la Resolución 393/2009, que

en parte pertinente dice: “Art. 5º — Para acceder a la

Asignación Universal por Hijo para Protección Social el

titular y el niño, adolescente y/o persona discapacitada

deberán residir en la República Argentina, ser argentinos,

nativos o naturalizados, o con residencia legal en el país

no inferior a tres (3) años previos a la solicitud”.

VIII.- Que conforme constancias de autos, se

encuentra acreditado que la Sra. Teresa Sugilio Araujo, de

nacionalidad dominicana, ha sido declarada ciudadana

argentina por naturalización en fecha 09 de octubre de

2013, -de conformidad con la Carta de Ciudadanía obrante a

fs. 1. Que sus tres hijos- Yanibel, Yayli y Luis Miguel

REYES SUGILIO, han ingresado al país en fecha 08 de febrero

de 2014 según los cargos estampados en sus respectivos

pasaportes (fs. 5 a 16) y que los tres se encuentran

escolarizados en instituciones educativas públicas

(constancias de fs. 17/19).

Se colige también, que la negativa por parte de

ANSeS para la concesión del beneficio de asignación

universal por hijo, se funda exclusivamente en la falta de

acreditación de los tres años de residencia que exige la

normativa aplicable, pues ninguna otra circunstancia

fáctica ha sido alegada por la accionada para el rechazo de

la solicitud, razón que impone que deba entenderse que los

demás requisitos estaban cumplidos a esa fecha, máxime

 

cuando, la documental acompañada por la actora no ha sido

desconocida ni objetada por la demandada.

IX.- Que sentado ello, disentiremos de las

conclusiones a las que ha arribado la magistrada de grado,

advirtiendo que las disposiciones que hacen a la

condicionante temporal de residencia para acceder a la

asignación familiar en debate, no superan la prueba de

validez constitucional; por lo que, adelantamos, le

asistirá razón a la actora, en base a los argumentos que a

continuación expondremos.

Conforme lo imponen los artículos 16, 20 y 75

inc. 23 de la Constitución Nacional, todos los habitantes

de la Nación son iguales ante la ley, “los extranjeros

gozan en el territorio de todos los derechos civiles del

ciudadano”, y existe el deber de legislar y promover

medidas que garanticen la igualdad real de oportunidades y

de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos

reconocidos por la Constitución y los tratados

internacionales vigentes sobre derechos humanos, en

particular respecto de los niños y mujeres, ancianos y

personas con discapacidad, y de dictar un régimen de

seguridad social especial e integral en protección del niño

en situación de desamparo. El artículo 28 a su vez,

preceptúa que los principios, garantías y derechos

reconocidos, no podrán ser alterados por las leyes que

reglamenten su ejercicio.

Que los Tratados Internacionales, que conforman

el bloque constitucional federal, también refuerzan estos

principios. Así, el Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, Parte II – artículo 2.2,

Parte III – art. 10.1 y 11.1, y resaltamos parte del art.

10.3: “…Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen

que:…3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y

asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin

discriminación alguna por razón de filiación o cualquier

otra condición… “; la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, art. 16.3, 25.1 y 25.2; – Convención Americana

sobre Derechos Humanos, Parte I – art. 1.1, 2, 17.1, 19,

24; – Convención sobre los Derechos del Niño, Parte I –

artículos 2.1 y 2.2, 3.1, 3.2 y 3.4, 6, 27, y destacamos en

particular el artículo 26: “1. Los Estados Partes

 

reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de

la seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán

las medidas necesarias para lograr la plena realización de

este derecho de conformidad con su legislación nacional. 2.

Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda,

teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y

de las personas que sean responsables del mantenimiento del

niño, así como cualquier otra consideración pertinente a

una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su

nombre.”

Que también debemos destacar, que el requisito que

impone la Resolución del organismo previsional presenta una

significativa limitación a derechos reconocidos por leyes

nacionales de jerarquía superior, como son: la Ley 26.061

en cuanto establece un sistema de Protección Integral de

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, poniendo en cabeza

de los organismos del Estado su control y garantía (art.

5°) reconociendo en el artículo 26 que “Las niñas, niños y

adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la

seguridad social. Los Organismos del Estado deberán

establecer políticas y programas de inclusión para las

niñas, niños y adolescentes, que consideren los recursos y

la situación de los mismos y de las personas que sean

responsables de su mantenimiento”; la ley 25.871 de

Política Migratoria Argentina, en su artículo 6º dice: “El

Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso

igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas

condiciones de protección, amparo y derechos de los que

gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios

sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia,

trabajo, empleo y seguridad social”.

A partir de ese marco normativo, la Corte Suprema

de Justicia de la Nación ha expresado que: “en razón del

carácter fundamental del derecho a la vida, no son

admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el

derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho

de todo ser humano de no ser privado de la vida

arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le

impida el acceso a las condiciones que le garanticen una

existencia digna. Los Estados tienen la obligación de

garantizar la creación de las condiciones que se requieran

 

para que no se produzcan violaciones de ese derecho

básico”. Por el otro, la vinculada con la doctrina

enunciada por el Máximo Tribunal en el precedente Vizzoti:

la Constitución Nacional, en cuanto reconoce derechos, lo

hace para que éstos resulten efectivos y no ilusorios,

sobre todo si se encuentra en debate un derecho humano. Por

ende, al reglamentar derechos de este tipo, el llamado a

hacerlo no puede obrar con otra finalidad que no sea la de

darles toda la plenitud que le reconoce la Constitución

Nacional, o sea, el texto supremo que los enunció y que

manda a asegurarlos. Es asunto de legislar, sí, pero para

garantizar ‘el pleno goce y ejercicio de los derechos

reconocidos por esta Constitución y por los tratados

internacionales vigentes sobre derechos humanos’

(Constitución Nacional, art. 75, inc. 23)” (Fallos:

327:3677, 3688, considerando 8).

De modo más contundente en el voto de los Dres.

Argibay y Petracchi se dice: “directamente contrapuesto con

las reglas constitucionales que prohíben un trato

discriminatorio en razón del origen nacional (artículo 20

de la Constitución Nacional, artículo 1.1 del Pacto de San

José de Costa Rica, artículo 2.2 del Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y,

especialmente, artículo 26 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos que establece, en lo

pertinente: “Todas las personas son iguales ante la ley y

tienen derecho sin discriminación a igual protección de la

ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación

y garantizará a todas las personas protección igual y

efectiva contra cualquier discriminación por motivos de …

origen nacional”). Esa contradicción directa con el texto

constitucional obliga a considerar a la categorización

realizada por el decreto como sospechosa de discriminación

y hace pesar sobre dicha norma una presunción de

inconstitucionalidad (Fallos: 311:2272, considerando 4° del

voto de los ministros Caballero y Belluscio y considerandos

4° y 7° del voto de los ministros Petracchi y Bacqué;

Fallos: 327:5118, considerando 4°; y G.835/841.XXXVI

“Gottschau, Evelyn Patricia c/ Consejo de la Magistratura

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo” sentencia

del 8 de agosto de 2006, considerando 5°).” (Las citas, de

 

la causa Reyes Aguilera, Daniela v. Estado Nacional, Corte

Suprema de Justicia de la Nación, septiembre de 2007).

Dicha doctrina también fue aplicada por el Máximo

Tribunal en el caso “R.A., D. c/Estado Nacional”, (Fallos

330:3853 del 4/09/2007)- que cita la parte actora-, en el

cual también se discutía la condición temporal de

residencia para el otorgamiento de un beneficio de la

seguridad social (pensión por invalidez) y en el que se

sostuvo: “…7°) Que, en este orden de ideas, por mayor que

fuese el margen de apreciación que corresponda dispensar al

legislador o reglamentador en la presente materia, no cabe

duda alguna que sumar a dichos críticos requerimientos un

lapso de residencia, en el caso, de 20 años -aun cuando

también rigiera en igual medida para los argentinos,

incluso nativos-, implica, puesto que la subsistencia no

puede esperar, un liso y llano desconocimiento del derecho

a la seguridad social, en los términos de los citados

textos internacionales de jerarquía constitucional, en

grado tal que compromete el derecho a la vida, primer

derecho de la persona humana que resulta reconocido y

garantizado por la Constitución Nacional (Fallos: 323:3229,

3239, considerando 15, sus citas y otros), y cuya garantía,

mediante “acciones positivas”, resulta una “obligación

impostergable” de las autoridades públicas (ídem, p. 3239,

considerando 16).

La doctrina que emerge de los precedentes citados

impone considerar que aún cuando se trate de la concesión

de una prestación que depende de fondos públicos dispuestos

por las leyes de presupuesto, -los que por su carácter

limitado pueden ser distribuidos exigiendo el cumplimiento

de determinados requisitos-, dichas exigencias deben

responder a intereses que involucran el bienestar general,

además de responder a una justificación razonable y

proporcional con los propósitos que se persiguen.

En esa línea de interpretación, no es posible

desconocer el propósito que ha inspirado la ley 24714 que

instituyó este beneficio “destinado a las mujeres

embarazadas y a aquellos niños, niñas y adolescentes

residentes en la República Argentina”, niños que en el

caso, deben entenderse como directos y principales

beneficiarios de la asignación y que son hijos de una madre

 

que ha adquirido la nacionalidad argentina por

naturalización el 09/10/2013. En este sentido, resulta

menester resaltar que, debe tenerse presente que la mentada

asignación es una herramienta que coadyuva a la madre al

sostenimiento de las necesidades de sus hijos, máxime

cuando se trata de una trabajadora del servicio doméstico

que percibe un sueldo mensual de $ 4.000 (de conformidad

con las constancias documentales obrantes a fs. 26/29).

Que por otra parte, tal exigencia se ve

desvirtuada por la misma fundamentación expuesta en los

Considerandos del decreto reglamentario, en cuanto dichos

requisitos obedecían a “garantizar la universalidad y a la

vez preservar la transparencia, condicionándolo al

cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios para

menores y a la concurrencia al sistema público de

enseñanza”, mencionándose además: “Que existe consenso

entre la comunidad y las instituciones sobre la urgencia en

implementar medidas que permitan combatir la pobreza así

como brindar apoyo y asistencia a las familias como núcleo

de contención natural y bienestar de la sociedad, mediante

la adopción de medidas de alcance universal”.

Así, concluimos en la inconstitucionalidad del

condicionante temporal para el otorgamiento del beneficio,

previsto como tal en la Resolución de ANSeS 393/2009,

entendiendo que la exigencia prevista en el art. 14 ter de

la ley 24.714 referida a la “residencia legal en el país no

inferior a tres años previos a la solicitud, sólo debe ser

entendida con relación a los “residentes”, último de los

extremos enunciados antes de la previsión legal apuntada, y

no respecto los hijos menores de edad de ciudadanos

argentinos naturalizados.

En efecto, dicho dispositivo legal no puede ser

entendido ni interpretado de manera aislada y

descontextualizada del resto del marco normativo vigente,

sino en consonancia con los parámetros convencionales,

constitucionales y legales anteriormente citados, los que

impiden que cualquier reglamentación de rango inferior

pueda desnaturalizar el derecho acordado.

Dicha tarea, importa acudir a una interpretación

sistematizada del ordenamiento jurídico, acorde a las

directivas que ha sentado la CSJN en cuanto “Los textos

 

legales no deben ser considerados, a los efectos de

establecer su sentido y alcance, aisladamente, sino

correlacionándolos con los que disciplinan la misma

materia, como un todo coherente y armónico, como partes de

una estructura sistemática considerada en su conjunto, y

teniendo en cuenta la finalidad perseguida por aquellos”.

(in re “ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. c/ CHUBUT, PROVINCIA

DEL Y OTRO(ESTADO NACIONAL) s/ACCION DECLARATIVA” (E. 113.

XLV. 6/10/2015- T. 338 P. 962)

X- Sentado lo anterior, corresponderá declarar

la inconstitucionalidad del art. 5 de la Resolución ANSeS

393/2009 y hacer lugar a la demanda interpuesta por la Sra.

Teresa Sugilio Araujo respecto de sus hijos menores de

edad, Yanibel Reyes Sugilio y Yayly Reyes Sugilio, hasta

que alcancen la mayoría de edad y siempre que demuestren

el cumplimiento de los demás requisitos para la procedencia

del beneficio, que no han sido materia de discusión en

estas actuaciones.

Consideración aparte merece la situación de Luis

Miguel Reyes Sugilio quien, de conformidad con la copia del

DNI glosada a fs. 42, ha alcanzado la mayoría de edad, para

nuestra legislación, el 19 de marzo próximo pasado.

Así las cosas, y según las prescripciones de la

ley 24.714, -que exige la minoría de edad para la

procedencia de la asignación universal (exceptuando las

discapacidades)-, corresponde rechazar la demanda entablada

respecto de Luis Miguel Reyes Sugilio.

XI.- Finalmente, y respecto del agravio esbozado

por considerar procedente el beneficio de la asignación

familiar, huelga señalar que, si bien critica la parte

actora que la magistrada de grado no ha dado tratamiento a

todas las cuestiones que manifiesta haber planteado, en el

escrito de demanda de fs. 43/53vta., la accionante no ha

incluido en el objeto de su pretensión la asignación

familiar que ahora esgrime.

En este orden de ideas, y si bien no merece

discusión alguna que la actora se halla incluida en la

normativa de la ley 26.844 que regula al Personal de Casas

Particulares,- en virtud de la cual ha sido dada de alta en

AFIP, según constancia de fs. 38, como personal para tareas

generales-, hallándose limitado el objeto de su pretensión

 

a la procedencia del beneficio de la Asignación Universal

por Hijo para protección social, la cuestión sometida a

decisión no puede extenderse a otras pretensiones no

incluidas en dicho escrito, en orden a las prescripciones

de nuestro código procesal, en cuyo art. 34 inc. 4to.

impone a los jueces el deber de respetar en el

pronunciamiento de sus sentencias el principio de

congruencia, y en el art. 163 inc. 6to. establece que la

sentencia definitiva debe contener la “decisión expresa,

positiva y precisa de conformidad con las pretensiones

deducidas en el juicio…”.

Dichas normas prohíben a los jueces otorgar

algo que no haya sido pedido (extrapetita), principio

íntimamente ligado con el derecho constitucional de

defensa, que exige que el demandado en cualquier clase de

proceso conozca las pretensiones que contra él se formulan,

de modo que la violación de la congruencia, implica la de

aquel derecho, razón que impone desechar el agravio

esgrimido respecto del salario familiar.

XII.- Que atento el tenor del tema debatido y

la forma en que se resuelve la presente, las costas serán

impuestas en el orden causado.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

I. – DECLARAR la inconstitucionalidad del

artículo 5º de la Resolución ANSeS 393/2009.

II. – HACER LUGAR a la demanda interpuesta por

Teresa Sugilio Araujo con el patrocinio letrado de la

Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Río

Gallegos, en representación de Yanibel Reyes Sugilio y

Yayly Reyes Sugilio, ordenando a la ANSeS pagar la

Asignación Universal por Hijo para Protección Social,

siempre que se cumpla con los demás requisitos pertinentes

que no han sido materia de discusión en estas actuaciones.

III.- RECHAZAR la demanda interpuesta por

Teresa Sugilio Araujo con el patrocinio letrado de la

Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Río

Gallegos, en representación de Luis Miguel Reyes Sugilio,

en virtud de los argumentos expuestos en el Considerando X.

IV.- Imponer las costas por su orden.

Regístrese, notifíquese, publíquese por donde

correspondiere y oportunamente, devuélvase.

Fecha de firma: 01/08/2016

Firmado por: HEBE L. CORCHUELO DE HUBERMAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JAVIER M. LEAL DE IBARRA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: ALDO E. SUÁREZ, JUEZ DE CÁMARA

#27133502#158011321#20160801123517689

JAVIER M. LEAL DE IBARRA

ALDO E. SUAREZ

HEBE L. CORCHUELO DE HUBERMAN

ANA CECILIA ALVAREZ

SECRETARIA

 

 

 

 

 

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