La Cámara confirmó la sentencia que desestimó la pretensión alimentaria de la ex cónyuge y fijó una cuota a favor del hijo adolescente de las partes.

SUMARIOS

A fin de determinar la procedencia de un reclamo alimentario entre cónyuges no debe estarse al género del peticionante ni a la orientación sexual sino a las circunstancias del caso concreto, ello por aplicación del principio de igualdad consagrado expresamente en el nuevo derecho matrimonial (art. 402, Código Civil y Comercial).

La pretensión alimentaria incoada por la ex cónyuge por derecho propio debe rechazarse si nada refiere en orden a la situación económica social existente durante la convivencia, roles de cada uno dentro de la pareja o tareas que desarrollaba, pues, en tales condiciones, no hay elemento de convicción que refleje las necesidades aducidas en la demanda y  que generen una obligación alimentaria en cabeza de su ex pareja, ello aun cuando los testimonios recolectados den cuenta que durante la vida en común la situación pudo haber sido más holgada.

La cuota alimentaria —en el caso, a favor del hijo adolescente— debe liquidarse al día en que se inició el proceso de mediación, pues una solución contraria erigiría a ese procedimiento en una carga para el actor y desalentaría la predisposición para negociar frente a la premura de dar por concluido el trámite previo en miras de franquear el acceso al juicio.

FALLO

Expte. 41267/2014. – “C., G. y Otro c/ R., C. A. s/Alimentos” – CNCIV – SALA C – 31/03/2016

///nos Aires, marzo de 2.016.

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

I.- Contra la sentencia de fs. 257/259 que desestimó la pretensión alimentaria de la actora, G. C. por sí, y fijó en $ 8.000 la cuota que deberá abonar el Sr. C. A. R., a favor de su hijo, M. A. R., se alzan ambos. La actora funda agravios a fs. 270/281, los que son contestados a fs. 291/292, y el accionado a fs. 286/289, contestado a fs. 297/300.

A fs. 309/312 dictamina la Sra. Defensora de Menores de Cámara.

II.- El accionado, en primer lugar, solicita se declare la nulidad de la sentencia, toda vez que la misma se funda únicamente en normas de equidad, sin ser fuente de derecho y sin que exista prueba alguna que establezca sus ingresos y gastos patrimoniales.

La nulidad de la sentencia, sea definitiva o interlocutoria, sólo procede cuando ésta adolece de vicios o defectos de forma o construcción que la descalifican como acto jurisdiccional (art.253, C .Proc.), es decir, cuando se ha dictado sin sujeción a los requisitos de tiempo, lugar y forma prescriptos por la ley adjetiva (arts.34, inc.4 y 163, cód.cit., CNCiv., Sala C, in re “El Abuelo Loco c/ De la Serna s/ ejecución”, del 23-12-13; id.id., in re “Suárez, J. s/ sucesión”, del 13-3-14 y sus citas).

Lo dicho, bastaría para desestimar la nulidad pretendida, toda vez que no puede ser utilizada para de las discrepancias de las partes con los fundamentos a través de los cuales los jueces de laCausa apoyan sus decisiones en el ámbito de su jurisdicción excluyente.

En efecto, del pronunciamiento bajo estudio no se aprecia que exista un apartamiento de la solución normativa o de las constancias de la causa que habilite la articulación de la sanción pretendida.

III.- Dicho esto, se destaca que la actora se agravia de que se haya desestimado la pretensión alimentaria a su respecto, como del exiguo monto reconocido a favor de su hijo, M. A. R.. Por su parte, el accionado critica el monto asignado, pero por elevado e injustificado al no tener sustento probatorio que lo respalde. La actora pretende se eleve a $17.000 mensuales (ver fs. 277, 1er párrafo), en tanto el emplazado se reduzca a $2.500, con más los accesorio por el pago de cuota del colegio y celular (ver fs. 287, in fine).-

IV.- El art. 432 del Código Civil y Comercial de la Nación, establece que “Los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común y la separación de hecho…”.

Estos alimentos, se encuadran dentro de la categoría de fuente legal, es decir, que es la propia ley la que determina su procedencia. En este sentido, se recoge la posición de la doctrina y jurisprudencia imperante durante la vigencia del art. 198 del Cód. Civil, que admitió los reclamos de alimentos durante la separación de hecho, pues el deber alimentario entre cónyuges no encuentra su fundamento en el deber de cohabitar, sino en el sistema de asistencia espiritual, moral y material propia del matrimonio (conf. Kemelmajer de Carlucci- Herrea-LLoveras “Tratado de Derecho de Familia, según el Código Civil y Comercial de 2014”, T. I, p. 265, com. art. 432).-

Se mantiene la idea de igualdad, desde que el nuevo derecho matrimonial tiene la consagración expresa de este principio (conf. art. 402 del C.C. y C.), de modo que para determinar la procedencia o no del reclamo no debe estarse al género del peticionante ni a la orientación sexual, sino a las circunstancias del caso concreto, valorando las características del grupo familiar, la distribución de los roles de cada pareja, las posibilidades de cada uno, la existencia de bienes productores de rentas, y todo otro elemento que pueda servir para precisar la necesidad alimentaria y la posibilidad del demandado de atender a ella (conf. ob. cit., T. I, p. 261, com. art. 432).

A partir de lo dicho, asiste razón al sentenciante al desestimar el reclamo por derecho propio que formula la actora, desde que resulta nulo el desarrollo efectuado a los fines de dar crédito a su pretensión, desde que nada refiere en orden a la situación económica-social existente durante la convivencia, roles de cada uno en la pareja, tareas y/o actividades que desarrollaba, etc.

Ello, sumado a los escasos e insuficientes elementos probatorios recolectados, los que si bien por un lado darían cuenta que durante la vida en común la situación pudo haber sido más holgada (cfr. declaraciones de los testigos), cierto es que la actora carece de gastos en lo que a vivienda se refiere desde que habita en el domicilio que era sede del hogar conyugal, es técnica óptica (ver fs. 184) y según dichos de los testigos laboraría de su profesión, como en casas de familia, manteniéndose por sus propios medios (ver fs. 210, preg. 17; fs. 213, preg. 16 y fs. 225 vta. preg. 217).-

En consecuencia, visto que ningún elemento de convicción se arrió que refleje las necesidades que vagamente se aducen en su escrito introductorio y que generen una obligación alimentaría en cabeza de su ex pareja sobre la base de los principios antes expuestos, no cabe más que desestimar en este punto los agravios.-

V.- En lo que hace a la cuota alimentaria fijada para solventar las necesidades del menor M. A. R., liminarmente se señala que el art. 265 del Código Procesal exige que el escrito de expresión de agravios contenga una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas.

Recuérdese que corresponde declarar desierto el recurso de apelación si los argumentos recursivos sólo constituyen una mera reedición de las objeciones ya formuladas en las instancias anteriores, o, en el mejor de los casos, simples discrepancias con el criterio del a quo, pero distan de contener una crítica concreta y razonada de los fundamentos que informan la sentencia (Fallos: 324:2745).

En este sentido, el mero disenso o discrepancia con la interpretación efectuada en el fallo en crisis sin fundamentar la oposición, no importa expresar agravios. (conf. CNCiv. Sala C, R.46.715, del 23-5-989, entre otros precedentes).

En este sentido, véase que el escrito de agravios presentado por la actora, en este punto, no incorpora fundamentos ni argumento alguno que autorice al Tribunal a hacer mérito respecto de la procedencia de sus quejas, máxime teniendo en cuenta que es una exacta reproducción de su escrito de inicio, razón por la cual se lo declara desierto.

VI.- Cuestiona el accionado la suma establecida toda vez que no tiene sustento probatorio alguno en tanto nada se probó en orden a los gastos, como a su ingreso patrimonial.

Ahora, para la determinación del monto de la cuota no es indispensable la demostración exacta mediante prueba directa de la capacidad económica del obligado, ya que para su apreciación bastan las presunciones que den una idea aproximada de dicho caudal. Debe buscarse un prudente equilibrio entre los factores que adquieren relevancia en materia alimentaria, atento a que la cuota debe guardar relación con las necesidades que tiende a cubrir y la aptitud del obligado para llenar tal finalidad aunque, con la prevención de que no corresponde escatimar denuedos o medios que conduzcan al pleno acatamiento de la obligación (conf. C.N.Civ. Sala C, R. 505.277, del 08-07-2008; id. id. R.549.761 del 27-4-2010, entre otros) y que la responsabilidad asumida con el nacimiento de los hijos exige la realización de los esfuerzos necesarios para obtener las entradas suficientes para su satisfacción (conf. CNCiv. Ésta Sala R. 495.108 del 13/12/07; id. id. R. 597.311 del 23/5/2011).-

Tal como lo sostiene el Juzgador, la medida de la contribución paterna es superior, atento a que la madre ejerce la tenencia de los menores y en buena medida cumple con su obligación a través de su cuidado y atención personal, en tanto que los aportes económicos que la progenitora pudiera efectuar no deben redundar en alivio de la obligación del padre sino en beneficio de los alimentados

(conf. CNCiv. Sala C, R. 566.481 del 30/11/2010); y que en razón de ello, si bien es cierto que la prestación de alimentos corresponde a ambos padres (conf. arts. 265, 267 y concordantes del Código Civil), también lo es que deben computarse las contribuciones de la madre que, sin un específico contenido económico, sirven para cubrir múltiples requerimientos de los alimentados (aseo, atención, etc.) que importan una inversión de tiempo y que disminuyen la posibilidad de generar mayores ingresos a quien los brinda (conf. C.N.Civ. Sala C, R. 566.481 del 30/11/2010; id. id. R.596.953 del 7/5/12).-

Asimismo, es sabido que el crecimiento de los hijos aumenta sus necesidades, como así también el incremento de la canasta familiar y de los precios en general (conf. CNCiv. Sala C, R. 588.800 del 29/5/12).

La cuota alimentaria debe guardar relación con el incremento que, es de suponer, se observe en sus gastos a medida que su vida de relación y su actividad estudiantil se intensifiquen, circunstancias éstas que, en concordancia con el criterio jurisprudencial prevaleciente, se suponen ante la mayor edad (conf. CNCiv., esta Sala, R. 594.743 del 8/3/12).-

En la especie, M. A. tiene 17 años, vive con la madre en el domicilio que era sede del hogar conyugal y asiste al Instituto Educativo Modelo cuya cuota es abonada por su progenitor (ver fs. 205).-

La accionante, en su escrito de inicio denuncia deudas que mantendría por tarjeta de crédito, expensas y obra social, gastos por impuestos y servicios, escolares, de vestimenta, aseo, limpieza, peluquería, como viaje que realizaría el menor a través del colegio y por el que se recauda $200 por mes.

La orfandad probatoria fue total, nada de lo dicho se probó. No obstante, y como se dijo, si se merita en la edad del niño, se presume, aun ante la ausencia de pruebas concretas, gastos referidos a alimentación, viáticos, salidas y vestimenta (conf. C.N.Civ. Sala C, R. 52.342 del 19/4/90; id. id. R. 66.257 del 24/5/90 y R. 495.108 del 13/12/07 entre otros).-

Por ello, en atención a la edad de M. A., las necesidades que se presume tiene como adolescente, costos para la adquisición de bienes y servicios necesarios para su manutención, la cuota fijada por el magistrado en $8.000 resulta ajustada a derecho y debe confirmarse.

VII.- Finalmente, se agravia el emplazado en tanto el pago de la cuota se fijó retroactivamente a la fecha de la mediación, solicitando se retrotraiga a la fecha de la interposición de la demanda.-

La cuota alimentaria debe liquidarse al día en que se inició el proceso de mediación. Y ello así, en tanto la ley 26.589 impone un trámite previo obligatorio a la promoción de la demanda, por lo que es dable interpretar que la directiva impuesta por el art. 644 del Código Procesal se vio sustancialmente modificada en este aspecto.-

Una solución contraria a la propiciada, erigiría al procedimiento de mediación en una verdadera carga para el actor, conspirando seriamente con los fines del instituto, pues desalentaría la predisposición para negociar frente a la premura

de dar por concluido el trámite previo en miras de franquear el acceso al juicio (conf. CNCiv., esta Sala R. 594.743, del 8/03/2012; id.id. R.575.939 del 18/4/2012; id. Id R.615.446 del 17/4/2013 y sus citas).

VIII.- Por todo lo expuesto,

SE RESUELVE: Desestimar los agravios y confirmar en todo lo que fue materia de recurso la sentencia de fs. 257/259. Las costas se imponen en el orden causado en atención a los vencimientos parciales y mutuos (art. 71 del Código Procesal). Ponderando el mérito, valor e importancia de las tareas realizadas, etapas cumplidas, monto en juego, de conformidad con lo prescripto por los arts. 6, 7, 14, 19, 25, 37 y 39 del Arancel se confirman los honorarios regulados en la sentencia de fs. 257/259, a favor de la Dra. I. M. A., apelados sólo por altos; los del Dr. H. M. T., apelados sólo por altos; los de la Dra. A. S. A., apelados sólo por altos y los del Dr. H. P. R., apelados también sólo por altos.

Asimismo, se modifican los honorarios regulados a favor del Dr. S. M. R., apelados por altos y bajos, a la suma de $ 5.760.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo C: Anexo III, art.1° inc. f) del decreto 1467/2011, sólo cabe confirmar la retribución de la mediadora apelada sólo por alta, en tanto deriva de expresa disposición legal.

Por la labor en Alzada, se regulan los honorarios del Dr. S. M. R., en la suma de $ 11.860 y los del Dr. H. P. R., en la de $ 1.675, todos los que deberán abonarse en el plazo de diez días corridos.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Beatriz L. Cortelezzi, no firma la presente por hallarse en uso de licencia.

Regístrese y notifíquese en los términos de la Acordada 38/13 de la CSJN y a la Sra. Defensora de Menores en su sede. Oportunamente, devuélvase.

Fdo.: BEATRIZ LIDIA CORTELEZZI – OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE