Legislación del día: Programa Conectividad. Aprobación

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

Resolución 3597/2016

Bs. As., 08/06/2016

VISTO el Expediente N° 3532/2015 del Registro de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, la Ley N° 27.078, el Decreto N° 267 del 29 de diciembre de 2015, la Resolución ENACOM N° 2642 de fecha 31 de mayo de 2016 y,

CONSIDERANDO:

Que conforme se consideró en el Decreto N° 764 del 3 de septiembre de 2000, el propósito del Servicio Universal es lograr que aquella parte de la población que no podría recibir los servicios esenciales de telecomunicaciones en condiciones normales del mercado, tuviera acceso a ellos; aprobándose como ANEXO III el Reglamento General del Servicio Universal.

Que, luego de efectuar una revisión integral del Reglamento General del Servicio Universal y en orden a viabilizar su efectiva instrumentación sobre la base de mecanismos y procedimientos dotados de simplicidad, transparencia y dinamismo que permitieran satisfacer, adecuadamente, los fines comprometidos en el marco de razonables pautas temporales, la entonces SECRETARÍA DE COMUNICACIONES propició el dictado de un nuevo Reglamento, el que fue aprobado por Decreto N° 558 de fecha 3 de abril de 2008.

Que posteriormente, la Ley N° 27.078 declaró de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones y sus recursos asociados, con el objeto de posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad.

Que por su Artículo 21 crea el Fondo Fiduciario del Servicio Universal y se dispone que el patrimonio del Fondo Fiduciario del Servicio Universal será del Estado nacional.

Que los cambios y adecuaciones efectuadas en la normativa, hicieron necesario ajustar no solo en los aspectos formales del Servicio Universal, sino también en los procedimentales.

Que por ello, se aprobó un nuevo Reglamento General del Servicio Universal, mediante Resolución ENACOM N° 2642/16.

Que el artículo 18 de la Ley N° 27.078 dispone que El Estado nacional garantiza el Servicio Universal, entendido como el conjunto de Servicios de TIC que deben prestarse a todos los usuarios, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica.

Que en este marco, el Artículo 19 estatuye El Servicio Universal es un concepto dinámico cuya finalidad es posibilitar el acceso de todos los habitantes de nuestro país, independientemente de su domicilio, ingreso o capacidades, a los Servicios de TIC prestados en condiciones de calidad y a un precio justo y razonable.

Que a los fines de la instrumentación, el Artículo 24 da a la Autoridad de Aplicación la posibilidad de diseñar los distintos programas para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a los derechos previstos respecto del Servicio Universal, pudiendo establecer categorías a tal efecto.

Que en tal orden de ideas, el Artículo 25 establece, que los fondos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, se aplicarán por medio de programas específicos.

Que según el citado artículo, la Autoridad de Aplicación definirá el contenido de dichos programas y los mecanismos de adjudicación correspondientes; pudiendo encomendar la ejecución de estos planes directamente a las entidades incluidas en el artículo 8°, inciso b), de la ley 24.156 o, cumpliendo con los mecanismos de selección que correspondan, respetando principios de publicidad y concurrencia, a otras entidades.

Que no obstante el fuerte dinamismo que han mostrado los servicios de telecomunicaciones en el país, subsisten demandas insatisfechas en distintas partes del territorio nacional que es necesario remediar, para fortalecer los procesos de crecimiento y desarrollo en las distintas provincias y reducir, así, la brecha digital existente.

Que, el objetivo del presente programa es propiciar la implementación de proyectos que tengan por objeto la prestación de servicios mayoristas y/o minoristas sobre áreas con necesidades insatisfechas.

Que estos objetivos tienen por finalidad generar un acceso equitativo a los servicios de telecomunicaciones; promover el desarrollo de las distintas regiones y su integración social; estimular la competitividad, el comercio, las inversiones y la integración del aparato productivo en el mercado nacional y mundial; promover el acceso a las tecnologías de la información y favorecer los procesos de formación digital de los ciudadanos y promover la competencia en el sector a nivel mayorista y minorista.

Que la implementación de este Programa se realizará mediante la ejecución de proyectos específicos, orientados a la consecución de sus objetivos.

Que este Programa puede presentar complementariedades con otros Programas de Servicio Universal y/u otros Programas y acciones generadas desde diferentes instancias de gobierno y sectores de la comunidad, en especial, aquellas actividades vinculadas con capacitación, provisión de equipos y otras formas de estímulo de la oferta y demanda del servicio, fortalecerán sus resultados y finalidades.

Que el Servicio Jurídico permanente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Artículos 21, 24, 25 y c.c. de la Ley N° 27.078, Artículo 2° del Decreto N° 267 del 29 de diciembre de 2015, Resolución ENACOM N° 2642 del 31 de mayo de 2016 y el Acta de Directorio del ENACOM N° 1 de fecha 05 de enero de 2016.

Por ello,

EL PRESIDENTE  DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Aprobar el “Programa Conectividad” que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MIGUEL ANGEL DE GODOY, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

ANEXO I

PROGRAMA CONECTIVIDAD

I. Objetivo y Finalidades del Programa

I.1 Objetivo

Propiciar la implementación de proyectos que tengan por objeto la prestación de servicios mayoristas y/o minoristas sobre áreas con necesidades insatisfechas, mediante el desarrollo de redes de transporte y/o el fortalecimiento de las redes de acceso existentes y/o la generación de condiciones económicas propicias para el desarrollo de nuevas redes de acceso.

I.2 Finalidades

• Generar un acceso equitativo a los servicios de telecomunicaciones.

• Promover el desarrollo de las distintas regiones y su integración social.

• Estimular la competitividad, el comercio, las inversiones y la integración del aparato productivo en el mercado nacional y mundial.

• Promover el acceso a las tecnologías de la información y favorecer los procesos de formación digital de los ciudadanos.

• Promover la competencia en el sector a nivel mayorista y minorista.

II. Características necesarias de los proyectos

II.1 Principios generales:

• Sostenibilidad: Los proyectos no deberán implicar la necesidad de subsidios para operación y mantenimiento de los servicios mayoristas.

• Servicios comparables a los de áreas metropolitanas: Los servicios que se ofrecerán en cada área de cobertura de los proyectos, deberán ser comparables, en términos generales, en desempeño, calidad y precio, a servicios brindados en los principales centros urbanos del país.

• Neutralidad tecnológica: Los prestadores podrán elegir libremente la opción tecnológica siempre que la misma cumpla con estándares nacionales e internacionales y exista experiencia que garanticen su robustez y funcionamiento.

• Acceso abierto: Los demás operadores deberán poder acceder a la infraestructura activa y pasiva que se construya mediante cada proyecto.

• Transparencia: Los prestadores que sean adjudicatarios de un proyecto, deberán informar sobre distintos aspectos relativos a su implementación y desarrollo.

En el contrato de adjudicación se exigirá, entre otros, la presentación de informes relativos a:

– Cumplimiento de las metas estipuladas en el cronograma de obras.

– Pedidos de acceso de otros prestadores.

– Convenios para dar acceso a otros prestadores.

– Evolución de los servicios mayoristas.

– Otros que estime necesario la Autoridad de Aplicación del Servicio Universal.

II.2 Términos y condiciones de prestación de los servicios mayoristas

Los términos y condiciones que deben ofrecerse a otros prestadores serán establecidos de manera tal que permitan ofrecer a los consumidores servicios de telecomunicaciones comparables a los de áreas metropolitanas. Se requerirá a los proponentes que expresen y/o justifiquen términos y condiciones que harán posible la consecución de este objetivo.

II.3 Cooperación y participación de Actores Locales, vínculo con otros programas

Este programa no será sustituto de otros programas de Servicio Universal ni de otros programas y acciones generadas desde diferentes instancias de gobierno y sectores de la comunidad y toda posible complementariedad con los mismos será evaluada positivamente en el proceso de selección de los proyectos. En este sentido, los proponentes relevarán las distintas iniciativas locales, provinciales, nacionales y otras que podrían mejorar los resultados del proyecto.

e. 15/07/2016 N° 49707/16 v. 15/07/2016

 

Fecha de publicación 15/07/2016

Telefonía

Se condenó a una empresa de telefonía a abonar una indemnización por daño moral a un usuario que soportó el reclamo de una deuda indebida por un lapso superior a un año. Apelado el decisorio, la Cámara elevó el monto de condena.

Sumarios

La empresa de telefonía que reclamó una deuda ilegítima a un usuario durante más de un año y hasta lo informó en una base de datos de deudores morosos debe ser condenada a abonar una indemnización en concepto de daño moral —en el caso, por $16.000—, pues esas circunstancias son suficientes para sostener que se colocó a aquel en una disyuntiva insuperable y frustrante de sus afecciones íntimas, lo cual pudo ser evitado con un mínimo de diligencia.

La práctica de la empresa de telefonía demandada de tener al usuario que realiza un reclamo en un largo período de espera y de pasarlo de sector en sector sin darle solución al inconveniente, no solo es desgastante, sino que configura un trato bien dispar de aquel que garantiza el art. 42 de la Constitución Nacional y las disposiciones pertinentes de la Ley 24.240.

FALLO

Causa n° 8264/2010

2ª Instancia.- Buenos Aires, mayo 11 de 2016.

El doctor Gusman dice:

I. A fs. 355/360 obra la sentencia del Sr. Juez de la anterior instancia, en la que se hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Alfredo ADET, condenando a Telefónica Móviles Argentina S.A. —en adelante, “Telefónica”— al pago de $ 12.000 en concepto de indemnización por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento en la prestación del servicio de telecomunicaciones, con más sus intereses y costas.

Para resolver de tal modo, el “a quo” consideró que se encontraba fuera de toda controversia la calidad de usuario del actor de las líneas móviles que motivaron la demanda, como así también que aquellas fueron incomunicadas y dadas de baja, con motivo de la falta de pago de las facturas que incluso dio lugar al registro deudor en la Organización Veraz. En lo inherente al incremento de precio que dio origen a las sumas reclamadas, tuvo por acreditado que, como consecuencia de la denuncia del actor ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, ésta intimó a la accionada a cancelar todos los cargos fijos que afectaban las líneas del Sr. ADET. De este modo, y ante la inobservancia de la compañía telefónica que culminó con una sanción y una nueva intimación, tuvo por probado el incumplimiento en el que incurrió aquella parte. Por todo ello, concluyó que la prestación del servicio telefónico no fue suministrada con “calidad y eficiencia”, como así tampoco en condiciones de continuidad y regularidad, tal como exige el Anexo III del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico (R.G.C.S.B.T.). En función de ello, dispuso el pago de la indemnización por daño moral, la que justipreció en la suma de $ 12.000, con más los intereses desde el día en que fue notificada la demandada de la Resolución de la C.N.C. (14/09/2006), hasta el momento del efectivo pago, conforme la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina. Por otra parte, rechazó los montos pretendidos en concepto de daño material y daño punitivo.

II. Ese pronunciamiento motivó la apelación articulada por la parte demandada en fs. 366, expresando agravios a fs. 391/394, mereciendo la réplica de la accionante a fs. 399/401.

Las quejas de Telefónica, en esencia, fincan en la admisión y la cuantía de la indemnización en concepto de daño moral, como así también que le fueran impuestas las costas a esa parte.

Asimismo, apeló la sentencia el Sr. ADET, expresando sus quejas a fs. 395/397, las cuales fueron respondidas por la compañía telefónica a fs. 403/406. En prieta síntesis, el demandante cuestiona la exigüidad del monto reconocido por el “a quo” con relación al agravio moral y el rechazo de las pretensiones inherentes a los daños materiales y al daño punitivo.

III. En primer término, corresponde expedirse respecto del recurso de apelación planteado por la accionada. Sobre este punto, cabe señalar que por tratarse de un tema en el que está comprometido el orden público, relativo a la jurisdicción y a la competencia funcional, el Tribunal de alzada se encuentra facultado para examinar de oficio la procedencia del recurso de apelación, sin que sea obstáculo para ello la concesión realizada por el Juez de primera instancia ni la conformidad que al respecto pudieran haber prestado las partes, sea en forma expresa o tácita (conf. esta Sala, causa 9200/2009, “Amalfitani Patteto Ariana

Celeste c. Poder Ejecutivo. Ministerio del Interior. Policía Federal s/ amparo de salud” del 25/03/2010 y sus citas, entre otras).

Sobre tales bases, es claro que el monto cuestionado en el recurso de la demandada, que asciende a $12.000 —suma de condena—; no supera el importe mínimo de $ 20.000 previsto en el art. 242 del Código Procesal.

Por las razones mencionadas, toda vez que la cifra involucrada por la cual prosperaría el recurso de la compañía telefónica es inferior al mínimo establecido por el art. 242 del Código de forma, es claro que la sentencia de fs. 355/360 es inapelable para aquella parte en razón del monto, circunstancia ésta que veda toda intervención de este Tribunal de Alzada para conocer de su recurso de apelación (conf. C.S.J.N, Fallos: 323:311 y su remisión al dictamen del Procurador General).

En consecuencia, propongo declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 366.

De no compartirse mi criterio, de todos modos aclaro que los agravios de la demandada, que no objetan que se haya considerado responsable a Telefónica Móviles Argentina por los perjuicios irrogados al actor, deberían ser desestimados por las razones esgrimidas en el próximo Considerando y en el punto 7.2, relativas a la evaluación del daño moral y a la imposición de costas.

IV. Habiendo quedado firme la atribución de responsabilidad efectuada por el “a quo” y que deriva del incumplimiento en que incurrió la compañía telefónica, analizaré a continuación las quejas vinculadas al “quantum” de la indemnización reconocida en concepto de daño moral.

Sobre este punto, creo que, al igual que lo entendió el sentenciante, en el “sub lite” concurren circunstancias particulares que justifican la reparación que se reclama. En autos aprecio elementos de convicción que me impresionan como suficientes para determinar que los padecimientos del Sr. ADET excedieron las meras molestias que debe soportar una de las partes del contrato ante la inejecución de la otra en un caso de incumplimiento contractual culposo.

No se encuentra cuestionado que el actor revistió el carácter de usuario del servicio brindado por la accionada. Por lo demás, con la prueba instrumental acompañada al escrito de inicio se ha corroborado que ADET debió tolerar que la compañía telefónica no atendiera su petición de dar de baja las líneas, como así también soportar los reiterados reclamos por montos indebidos por un lapso de más de dieciocho meses. Nótese que, incluso, Telefónica persistió en el cobro de aquellas sumas de dinero hasta llegar a iniciar tratativas legales de conformidad con la nota del estudio jurídico “Ana Maya” acompañada a fs. 78.

Tampoco debe desconocerse la denuncia que debió efectuar el Sr. ADET a la Comisión Nacional de Comunicaciones (fs. 6/7), con motivo del accionar de la demandada. Del relato efectuado en la nota glosada a fs. 54 se desprende con claridad las prácticas desgastantes que debió enfrentar el usuario, distrayéndolo de otras actividades cotidianas. En ese sentido, el actor manifestó que luego de concurrir personalmente al edificio de la compañía “Movistar”, “…al tratar de comunicarme con el asterisco 611, nunca pude realizar el reclamo, porque los operadores que recepcionan los reclamos, no están preparados para solucionar el inconveniente o es una metodología de trabajo, que es escuchar el motivo por el cual uno llama y luego pasarlo con otro operador que va a realizar el trámite solicitado, al ser atendido por el nuevo operador vuelve a preguntar el motivo por el cual se llama, al comentarle, responde que espere un momento y después de un largo período de espera me

vuelve a decir que me van a pasar con el sector correspondiente hasta que cuando uno pide el número de reclamo, se corta la comunicación” (fs. 54). Se trata, por lo demás, de un trato bien dispar de aquel que garantizan a usuarios y consumidores el art. 42 de la Constitución Nacional y las disposiciones pertinentes de la Ley N° 24.240.

Por lo demás, es válido resaltar que pese a la intimación cursada por la Comisión Nacional de Comunicaciones de cancelar todos los cargos correspondientes desde el mes de enero de 2006, la accionada continuó reclamando el pago originado por una facturación indebida y hasta informó al accionante en la base de deudores morosos de la Organización “Veraz” (fs. 221/222). Aquella conducta reticente llegó a dar lugar a la sanción dispuesta mediante resolución n° 1534, dictada por el referido ente regulador el día 17 de abril de 2008 (fs. 85/89). Pero más allá de esa actitud reprochable, es nítida la situación de angustia que debió invadir al usuario al verse incluido en dicho registro.

Este panorama que vivenció el actor durante un término de más de un año, permite dar cuenta de la zozobra que genera en una persona el reiterado reclamo de una deuda ilegítima, como así también la imposibilidad de regularizar la prestación del servicio de telefonía celular. Es más, si alguna duda queda respecto de la situación que debió afrontar el Sr. ADET, las pruebas testimoniales sirven para disiparla. En ese sentido, tanto el Sr. Paparazzo como el Sr. Macchia dieron cuenta de las alteraciones y trastornos que sufrió el accionante como consecuencia del incumplimiento de la accionada y su aparición como deudor en el “Veraz” (v. respuestas segunda de fs. 268/269 y fs. 270).

Lo hasta aquí expuesto, me impresiona como suficiente para sostener que se ha postrado al Sr. ADET a una disyuntiva insuperable y frustrante de sus afecciones íntimas al no estar a su alcance paliar el incumplimiento de la compañía telefónica, mientras observa que, seguramente, los momentos por él atravesados pudieron ser evitados con un mínimo de diligencia de Telefónica Móviles Argentina.

En tales términos, juzgo un tanto insuficiente la suma reconocida en la anterior instancia y propongo que aquella sea elevada a la suma de $ 16.000 (pesos dieciséis mil). Para llegar a esa suma me valgo del cuadro que emerge de las constancias probatorias añadidas a autos y del instrumento que el art. 165 del Código Procesal otorga al sentenciante para cuantificar el daño.

V. Respecto al daño material y demás gastos, es dable recordar que, a la hora de tener por configurada la responsabilidad, no basta el incumplimiento de una obligación legal o contractual —como fue expresamente reconocido en autos—, sino que es además indispensable establecer la existencia del perjuicio cuya reparación se solicita.

En este sentido, del genérico relato de los hechos efectuado al punto VI. a) de fs. 102 vta., advierto que los perjuicios materiales se justifican en la privación del uso de los celulares en el núcleo familiar. Sin embargo, al momento de exponer sus quejas, la misma parte argumenta la procedencia de aquél reclamo en un supuesto de hecho que difiere al planteado originariamente en su escrito de inicio. Tal extremo surge con facilidad si se repera que la apelante introduce recién en esta instancia las consecuencias patrimoniales que le habría generado el haber quedado excluido del sistema financiero (fs. 395 vta.), con motivo de la negligencia de la demandada. Por tal motivo, y siendo que aquello no ha sido introducido a la causa en el momento procesal oportuno, este Tribunal carece de facultades para expedirse al respecto (arg. art. 271 del Cód. Proc. Civ. y Comercial). Por lo demás y sólo a mayor abundamiento, agrego que ninguna prueba se ha aportado a fin de acreditar el detrimento patrimonial que dice haber sufrido. Por cierto, el modo en que se sucedieron los hechos, tampoco me permite presumir su efectiva existencia.

Por último, también comparto la solución de mi colega de la anterior instancia en cuanto advirtió que los gastos cuyo reembolso se pretende no fueron debidamente demostrados por el demandante. Para ello, es necesario recordar que la carga probatoria no depende de la condición de parte actora o demandada, sino de la situación en que se coloca el litigante en el juicio para obtener una determinada consecuencia jurídica. Es entonces el actor quien debió acreditar los gastos que reclama —al menos un ticket o una factura—, no siendo suficiente para justificar su procedencia la mención genérica de haber realizado las referidas erogaciones. A ello agrego que la cita jurisprudencial que el recurrente refiere en su expresión de agravios tampoco parecería ser de aplicación al “sub lite”, en la medida que se trató de un supuesto de lesiones a la integridad física de la víctima, circunstancia que no se presenta en esta causa en la cual se demanda un incumplimiento de  servicio telefónico y que sí amerita tener por sentado la necesidad de ciertos gastos.

Por todo lo expuesto, corresponde confirmar el veredicto recurrido en cuanto desestimó la procedencia de la reparación del daño material y los gastos indocumentados.

VI. El accionante también se agravia de que no se le haya admitido una indemnización en concepto de daño punitivo.

Se ha sostenido respecto de esa novedosa categoría jurídica que en tanto no tiende a resarcir un daño sino a causar un mal al responsable del ilícito con fines de sanción y de prevención general, tiene la naturaleza de pena (Picasso, Sebastián “Sobre los denominados “Daños Punitivos” LA LEY 2007-F, 1154). Por ello, resulta conveniente el análisis del rubro reclamado a la luz de los principios que rigen no sólo en materia de derecho civil, sino también desde una perspectiva penal. Con motivo de ello, cuando de daño punitivo se trata, el juzgador no puede desatender la posición del autor del daño, pues será en este incumplimiento donde finque la verdadera causa de la procedencia del rubro.

Por otra parte, debemos considerar que este tipo de daños se proyectan en sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se adicionan a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado. Están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro.

En consonancia con ello, la naturaleza de pena que reviste el instituto en cuestión, implica una evaluación más exhaustiva por parte del Juez al momento de aplicar el instituto, atendiendo la gravedad del hecho generador, pues reitero que no cualquier incumplimiento contractual o legal puede dar curso a la petición de este tipo de pena que condena al incumplidor a reparar más allá del daño producido (conf. Colombres, Fernando Matías, “Los daños punitivos en la Ley de Defensa del Consumidor”, LA LEY, publicado el 16/09/2008).

Ahora bien, sin perjuicio de la criticada técnica legislativa utilizada en la redacción del artículo 52 bis de la Ley N° 24.240, no puede desconocerse que la incorporación del daño punitivo, se revela como un instituto que procura poner coto y disuadir ciertas conductas desaprensivas por parte de los proveedores que indefectiblemente generan perjuicios a los destinatarios de los servicios que prestan. Es esta actitud de excesiva displicencia, la que justifica la admisión de un rubro que no deja de revestir un carácter excepcional en el ámbito civil. Reitero, la procedencia de este rubro no se relaciona con los daños efectivamente sufridos, sino con la conducta gravosa de quien los ha causado.

Sentados así los lineamientos generales en lo relativo al instituto del daño punitivo, estoy persuadido que en este caso resulta procedente la pretensión indemnizatoria por dicho rubro atento el incumplimiento incurrido por la demandada y la persistencia en conductas gravosas para el usuario. Más allá de la irregularidad de reclamar pagos indebidos —

actitud, por cierto, no menor—, resulta intolerable que se haya incorporado al Sr. ADET en una base de deudores morosos. Este dato no puede estar ausente a la hora de analizar la conducta reprochable de la compañía telefónica, si se repara que la anotación de la deuda en el registro de la organización “Veraz”, fue concretada con posterioridad de conocerse la orden de la C.N.C. que la intimaba a “cancelar todos los cargos fijos desde enero de 2006” (v. en ese sentido, fs. 59 y el informe obrante a fs. 222), lo que implicó, sin eufemismos, alzarse contra lo resuelto por la autoridad regulatoria competente.

Asiste razón a la actora cuando afirma que existieron groseras negligencias de Telefónica Móviles Argentina. Por ende, la pretensión de este rubro resulta procedente, en la medida que no sólo tiende a castigar la inconducta de aquella parte, sino que también incide en la prevención de hechos similares en el futuro.

Por ello, conforme lo establecido por el artículo 47 inciso b) de la Ley N° 24.240 (incorporado por el artículo 21 de la Ley N° 26.361), propicio reconocer la suma pretendida por el actor en concepto de daño punitivo $ 7.000 (siete mil pesos). Dicho monto coincide con el peticionado a fs. 104, que el Tribunal juzga razonable.

VII. En mérito a lo expuesto, voto por:

7.1. Declarar mal concedido a fs. 371, el recurso interpuesto por Telefónica Móviles de Argentina S.A. contra la sentencia de primera instancia, con costas de Alzada en el orden causado, en atención a la forma en que se resuelve (art. 68, 2do. párr. del Cód. Proc. Civ. y Comercial).

7.2. Hacer lugar parcialmente al recurso de la actora y modificar la sentencia de fs. 355/360 en cuanto a la indemnización del daño moral, elevándola a la suma de dieciséis mil pesos ($ 16.000) y la admisión del rubro daño punitivo, el que se reconoce en la cifra de siete mil pesos ($ 7.000). Las costas generadas con relación al recurso de la parte actora, deberán ser soportadas por la demandada por resultar sustancialmente vencida (art. 68, primera parte, Código Procesal).

Los doctores Guarinoni y Medina, por razones análogas a las expuestas por el doctor Gusman, adhieren a su voto.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala resuelve: a) declarar mal concedido a fs. 371, el recurso interpuesto por Telefónica Móviles de Argentina S.A. contra la sentencia de primera instancia, con costas de Alzada en el orden causado, en atención a la forma en que se resuelve (art. 68, 2do. párr. del Cód. Proc. Civ. y Comercial); b) hacer lugar parcialmente al recurso de la actora y modificar la sentencia de fs. 355/360 en cuanto a la indemnización del daño moral, elevándola a la suma de dieciséis mil pesos ($ 16.000) y la admisión del rubro daño punitivo, el que se reconoce en la cifra de siete mil pesos ($ 7.000). Las costas generadas con relación al recurso de la parte actora, deberán ser soportadas por la demandada por resultar sustancialmente vencida (art. 68, primera parte, Código Procesal). Regístrese, notifíquese y devuélvase. — Alfredo S. Gusman. — Ricardo V. Guarinoni. — Graciela Medina.

Quieren crear un organismo de seguridad para partidos de fútbol

Fuente: http://www.parlamentario.com/

14 de julio de 2016

El proyecto de ley contempla diversos aspectos sobre la organización de los eventos y establece la conformación de un Comité especializado.

Se presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que hace hincapié en la seguridad en el fútbol, impulsado por el legislador Gabriel Fuks (FpV).

La iniciativa propone la creación de un organismo de seguridad para los eventos futbolísticos y será tratado en la Comisión de Seguridad, en el marco del traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad.

El vicepresidente del bloque explicó que “la Ciudad no tiene una ley específica de seguridad en el fútbol, sino que existe una normativa general para deportes”.Y consideró que “a partir de asumir competencias en materia de seguridad, se hace necesario tener una norma integral que contemple todos los aspectos de la problemática”.

“Hasta diciembre, la intervención efectiva en materia de seguridad en los eventos deportivos lo hacía Nación con la Policía Federal”, agregó.

El diputado señaló que “el proyecto explica nuestra insistencia en construir un ámbito con el Ejecutivo para discutir normas complementarias, ante la nueva realidad”.

En el texto se establece la creación de un Comité de Seguridad en el Fútbol, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, integrado por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Legislatura, un representante del Ministerio Público Fiscal porteño y un representante de la/s fuerzas de seguridad de la Ciudad.

Por último, Fuks afirmó que “con la ley se habilitan varias cosas en las que la Ciudad no intervenía, como el derecho de admisión, el dispositivo de seguridad del evento, el banco de datos de antecedentes en violencia en el fútbol, el marco de actuación de las fuerzas de seguridad, entre otras”.

Aprueban una ley de indicadores de Derechos Humanos

Fuente: http://www.parlamentario.com/

14 de julio de 2016

El Cuerpo legislativo sancionó por unanimidad una norma para que los organismos estadísticos de la Ciudad incluyan esta área.

Los legisladores porteños sancionaron este jueves una ley para que los organismos que conforman el Sistema Estadístico de la Ciudad (SEC) incluyan el área temática de Derechos Humanos, para la producción de indicadores y publicación de estadísticas.

La norma fue aprobada por unanimidad, con 50 votos positivos, y el proyecto fue presentado por el diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI). Tiene como objetivo que los indicadores “puedan utilizarse en las evaluaciones de derechos humanos y sirvan para impulsar la aplicación y el ejercicio efectivo de los mismos”.

“Los indicadores de derechos humanos pueden ser entendidos como la información utilizada para medir el grado en que un derecho legal está siendo ejercido o satisfecho en un contexto determinado”, agregan los fundamentos.

Ferraro explicó que “la necesidad de evaluar las políticas públicas para impulsar la realización de los derechos humanos atiende sobre todo a una lógica de prevención de violaciones a los derechos humanos y se justifica ampliamente en tanto que su objetivo es el de transformar las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales que son factores que favorecen las violaciones a los derechos humanos, así como atender las problemáticas de derechos humanos en sus causas y no sólo en sus efectos”.

Blanqueo: la AFIP explica en la web los beneficios para cumplidores

Fuente: http://www.iprofesional.com/

15 de julio de 2016
A través de su página web, la AFIP publicó un apartado para explicar los beneficios para cumplidores que contempla el régimen de exteriorización de capitales

A través de su página web, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó un apartado para explicar los beneficios para cumplidores que contempla el régimen de exteriorización de capitales.

Puntualmente, en el apartado, el organismo de recaudación a cargo de Alberto Abad, detalla que de acuerdo al régimen de blanqueo, los contribuyentes que cumplieron “con sus obligaciones en tiempo y forma, pueden gozar de beneficios especiales”.

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¿Quiénes son contribuyentes cumplidores?
Son los contribuyentes que cumplieron con la obligación correspondiente al Impuesto sobre los Bienes Personales por los períodos fiscales 2014 y 2015.

¿En que momento el fisco nacional analiza si  el contribuyente es cumplidor o no?

La categorización como contribuyente, cumplidor o no, se realiza al momento de entrada en vigencia de la ley.

¿Cuál es el beneficio?

El beneficio consiste en la exención del Impuesto sobre los Bienes Personales por los períodos fiscales2016, 2017 y 2018, inclusive, o si no corresponde lo anterior; exención del Impuesto a las Ganancias para la primer cuota del aguinaldo 2016, para empleados en relación de dependencia y jubilados.

¿Hasta que fecha se puede optar por el beneficio?

Se puede optar por el beneficio hasta el 31 de marzo de 2017 inclusive.

Características del blanqueo
El Gobierno asegura que para la primera semana de agosto, el régimen de blanqueo de capitales ya estará funcionando a pleno.

Esto quiere decir que habrá no menos de cinco meses para tentar a los argentinos y extranjeros residentes en el país para que traigan sus dólares fuera del sistema financiero; estén estos ubicados en el exterior o dentro de la Argentina, pero siempre sin declarar.

A continuación, las claves del régimen que entrará en vigencia: 

1. ¿Cuándo comienza el blanqueo y quiénes pueden adherir? 

El plazo para hacerlo se extiende hasta el 31 de marzo de 2017. Las personas podrán blanquear todos los bienes existentes en el patrimonio hasta que se promulgue la ley. Estarán alcanzadas las personas físicas y las sociedades, inscriptas o no ante la AFIP, podrán declarar la tenencia de moneda nacional, extranjera y los demás bienes ubicados en el país y en el exterior.

2. ¿Cuáles son los bienes que se pueden y no se pueden exteriorizar?

Se podrá exteriorizar toda tenencia de moneda nacional o extranjera e inmuebles, demás bienes en el país y en el exterior, acciones, participaciones societarias en empresas, derechos como beneficiarios de fideicomisos, cuotas partes de fondos comunes de inversión, ADRs de empresas argentinas que coticen en el exterior, bonos, Obligaciones Negociables y otros instrumentos financieros. También bienes muebles e inmuebles; acciones; bienes de cambio; créditos y aportes de capital, y demás bienes, como por ejemplo objetos de arte, los pasivos no identificados y las mercaderías no declaradas.

No se podrá exteriorizar moneda y/o títulos valores en el exterior depositados en jurisdicciones o países de Alto Riesgo o No Cooperantes, identificados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En la actualidad estos países son Corea del Norte e Irán.

3. ¿Es obligatorio reportar todos los bienes existentes y traer todos los bienes a la Argentina?

Sí. Además, no es conveniente acogerse al plan de amnistía fiscal en forma parcial, porque en caso de que la AFIP detecte luego de la exteriorización de bienes que quedaron activos ocultos no sólo se perderán todos los beneficios de la norma, sino que será penalizado el contribuyente con el pago de todas la multas desde el origen de la tenencia, según consigna el sitio Infobae.com.

En paralelo, las personas físicas no están obligadas ingresar sus tenencias al país. Las pueden declarar y dejarlas en el exterior. El dinero y los títulos que se encuentren en el exterior tendrán que mantenerse depositados, sin necesidad de ingresarlos al país, por el plazo que determine la reglamentación. Si el dinero que se regulariza se encuentra en el país tendrá que depositarse en una entidad bancaria local el 31 de octubre de 2016, debiendo permanecer inmovilizado hasta el 31 de marzo de 2017, salvo que con ese dinero se adquieran bienes registrables, habilitándose el retiro anticipado. Los demás bienes que se exterioricen deberán ser identificados mediante una declaración jurada.

4. ¿Qué deudas pueden incluirse?

Los contribuyentes podrán incluir sus deudas infraccionesimpositivasaduaneras y de la seguridad social, vencidas al 31 de mayo de 2016. La novedad es que también se podrán declarar aportes de autónomos no ingresados sin intereses, al valor actualizado de la categoría.

5. ¿Cómo funciona la moratoria fiscal? 

Habrá topes de intereses que se aplicarán, para las deudas tributarias, según los montos y períodos contemplados por la ley. La cancelación de las deudas podrá hacerse al contado, con una quita del 15% del capital; o mediante un pago a cuenta que va del 10% al 15%, según el tipo de empresa, y el saldo en un plan de facilidades de pago, aprobado por la AFIP, de hasta 90 cuotas mensuales.

6. ¿Hay que poner todos los bienes a nombre del contribuyente?

No. En particular, porque tendrá validez la declaración voluntaria, aún cuando los bienes estén a nombre delcónyugeascendientesdescendientes terceros que residan en el país. En el caso que se declare un bien en nombre de una persona distinta a quien figura como titular, habrá tiempo hasta la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2017 para que los activos exteriorizados pasen a estar a nombre de aquella persona a quien se señaló como su propietaria.

7. ¿Cuál es el costo a pagar?

Para los bienes inmuebles ubicados en el país o en el exterior: un 5% sobre su valor de venta. los bienes (incluidos inmuebles) que sumados no superen los $305.000 no pagarán nada. Para los bienes que se valúen entre $305.000 y $800.000 hay que pagar un 5%. Para los bienes que superen $800.000, que no sean inmuebles, si se declaran en el año 2016: la alícuota será del 10%. Si los bienes se declaran hasta el 31 de marzo de 2017, la tasa aumenta al 15%. Para este caso, si se entregan títulos Bonar o Global 2017, la tasa se reduce al 10 por ciento.

8. ¿Cómo se puede exteriorizar comprando títulos del Estado?

Existe la posibilidad de adquirir un bono original emitido por el Estado nacional, que será intransferible y no negociable. Hasta el 30 de septiembre próximo se podrán exteriorizar fondos sin interés con la compra de un bono a tres años, lo que significa en la práctica que el dinero quedará inmovilizado durante ese lapso. Asimismo, hasta el 31 de diciembre de 2016 está la opción de comprar un bono a 7 años, el cual será intransferible y no negociable durante los primeros 4 años, aunque luego podrá liquidarse en el mercado secundario. En este caso, se pagará un interés del 1 por ciento.

9. ¿Si se tiene una sociedad que apareció en Panamá Papers o está en listas de evasores se puede ingresar en el régimen? 

Si. En caso de que ninguno de esos hechos hayan dado origen a acciones legales en el marco de las cuales se hubiera dictado un procesamiento en contra del contribuyente de que se trate, nada impide entrar en laammistía fiscal.

10 ¿Cuáles son los beneficios?

En el caso de que no tengan sanciones de la Ley 11.683 y de la Ley Penal Tributaria hay una exención de los impuestos nacionales que hubieran correspondido sobre los bienes blanqueados. Se aprueban beneficios para los contribuyentes que han cumplido con sus obligaciones tributarias: quedarán eximidos del pago del Impuesto a los BienesPersonales por los períodos del 2016 al 2018. Este beneficio también se extiende a los responsables sustitutos, que actúan por las personas radicadas en el exterior que poseen bienes en el país y sobre el impuesto a las participaciones societarias. El plazo de acogimiento vencerá el 31 de marzo de 2017.