Corrigen ley de #blanqueo para atraer más capitales

Fuente: http://www.iprofesional.com/

13 de julio de 2016
 En el decreto se eximiría de las cuentas el pago del impuesto al cheque. Además, permitirían blanquear inmuebles fuera de una sociedad. Aseguran que es inminente la promulgación de la ley para que el régimen empiece en agosto

La reglamentación del blanqueo buscará atraer más capitales, eximiendo del impuesto al cheque los pagos que se exterioricen en efectivo y flexibilizando algunas trabas impuestas en la ley.

Así surge del borrador del decreto reglamentario que se dictará luego de la promulgación de la ley, que se publicaría entre mañana y pasado. La intención oficial es que el régimen arranque en agosto y la expectativa de máxima del sector privado es que se blanqueen unos 60.000 millones de dólares.

En el decreto del Poder Ejecutivo se eximiría del pago del impuesto a los créditos y débitos de cuenta corriente las cuentas que se exterioricen, para que incentivar a un mayor blanqueo.

Además, promovería que los bienes ya prescriptos no puedan ingresar a la moratoria -también contenida en la ley “ómnibus” votada por el Congreso-, por lo que deben optar por el blanqueo.

Por otro lado, permitiría que los inmuebles que estén dentro de una sociedad en el exterior seanblanqueados por fuera de ésta, para abaratar el costo del blanqueo y permitir que en el futuro el accionista de esa sociedad no tenga que pagar el impuesto a las ganancias.

En cambio, agregaría el requisito de que, para gozar del “bloqueo fiscal” -que impide investigar para atrás a los contribuyentes que se acogen al blanqueo- la persona tiene que haber presentado la declaración jurada del 2015.

Esto se debe a que, según la letra de la ley, una persona podría no tener la necesidad de blanquear en caso de haber declarado sus bienes no declarados recién en la declaración jurada del 2015 (aunque haya sido rectificada).

Por otro lado, en reuniones desarrolladas en los últimos días entre un grupo de tributaristas y altos funcionarios de la AFIP y el Ministerio de Hacienda y Finanzas, se discutieron algunas cuestiones parasubsanar en el tramo de la reglamentación del blanqueo. En particular, la AFIP trabaja en dos resoluciones generales: una para el blanqueo y otra para la moratoria.

Allí se definió que el bono a siete años que se ofrecerá tendrá una emisión limitada, para los que blanqueen antes que el resto, porque el Gobierno quiere promover con mayor énfasis el bono a tres años.

También se discutió que, dado que la ley no permite un blanqueo parcial sino total -de lo contrario, si se descubre un bien no declarado con posterioridad, se cae todo el blanqueo- haya un margen para que haya hasta un 5% no declarado sin ninguna penalización.

Otro aspecto que los funcionarios prometieron corregir es la diferencia que quedó expuesta entre las fechas contenidas en la ley votada, que son diferentes entre la fecha de corte (correspondiente a la de lapromulgación de la ley) y la de liberación de los impuestos (31 de diciembre del 2015).

Los tributaristas también pidieron que se defina en forma concreta el concepto de “factura apócrifa”porque consideraron que en la ley tiene un alcance demasiado amplio.

Además, pidieron que se puedan declarar los seguros de capitalización en el exterior e igualar el tratamiento entre las personas investigadas en la causa judicial de las cuentas en Suiza. Esto se debe a que quienes no reconocieron su cuenta podrían blanquearla ahora, mientras que, quienes sí lo hicieron y blanquearon en el régimen vigentes entre 2013 y 2015, no quedaron liberados de sus responsabilidades, según la confusa normativa de la AFIP en la gestión de Ricardo Echegaray.

También se pidió que quienes tengan dinero en una caja de seguridad en el exterior puedan depositarla en una cuenta bancaria para blanquearla, en tanto sea antes de la fecha de promulgación de la ley, señala La Nación.

Doctrina del día: El abogado tributarista y su rol frente a la ley de sinceramiento fiscal. Autores: Diego N. Fraga – Eduardo Aguilera

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Es difícil encontrar un antecedente cercano en el tiempo de un acontecimiento vinculado al derecho tributario que genere tanto interés, ansiedades y consultas profesionales como lo ha hecho la recientemente aprobada ley que contiene un nuevo régimen de sinceramiento fiscal. En este sentido, desde el momento en que la actual Administración anunció la intención de poner en marcha este nuevo programa, en el mercado se ha producido una inusual demanda de información, interpretaciones y pronósticos acerca del régimen en cuestión. Primero, se han examinado y debatido embriones de proyectos, hasta que apareció el proyecto definitivo enviado al Congreso, así como sus sucesivas modificaciones que se fueron introduciendo dentro de las comisiones legislativas y en el propio recinto parlamentario. Finalmente, al haber sido aprobada la ley por el Parlamento, puede ahora emitirse una opinión más duradera, es decir, del derecho vigente. No obstante, es de destacar que también generan una fuerte expectativa las reglamentaciones que se realicen en el futuro de este régimen, claves para definir algunos de sus aspectos importantes. Precisamente, las normas reglamentarias podrán subsanar algunas desprolijidades o lagunas que han quedado en la ley como producto de los cambios introducidos dentro del ámbito legislativo.

Más allá del sucesivo bombardeo informativo en los medios y de la amplitud de oferta de cursos, seminarios, congresos, artículos de opinión, newsletters y demás publicaciones -que se realizaron y que indudablemente se realizarán con motivo de este nuevo régimen, los cuales, descartamos, resultarán de un valor trascendente para el profesional que se dedica a asesorar en estos temas-, el objeto de estas líneas es suministrar al colega algunas pautas básicas para encarar el análisis profesional de parte de los abogados tributaristas abocados a esta puntual tarea. Es menester aclarar que este examen no pretende ser exhaustivo, dada la laxitud de los temas contenidos en la legislación recientemente aprobada y de la cantidad de aspectos que la misma alcanza en la vida jurídica y tributaria de los administrados. Con lo cual, podrán aparecer infinidad de situaciones en el campo profesional cuya resolución, más allá de la proliferación de aportes doctrinarios y de las numerosas hipótesis que se prevean en las normas reglamentarias, deberán necesariamente ser resueltas mediante el ingenio del o los profesionales intervinientes.

Ya como una primera sugerencia, desde el ámbito profesional, al colega abogado cabe transmitírsele la necesidad de interactuar en este ámbito, en cada uno de los pasos que deben transitarse, con un Contador Público de su confianza y que conozca adecuadamente este régimen. En efecto, resultará trascendente para el cliente poder contar con un servicio completo para el plan de exteriorización que alcance tanto el análisis legal, en sus distintos ámbitos, de las situaciones particulares —previas y posteriores al sinceramiento-, así como de una precisa evaluación y cuantificación de costos y beneficios en cada una de las opciones disponibles. A ello cabe agregar el estudio de los montos a tributar luego del blanqueo, así como las posibles estrategias de planificación, para minimizar el impacto a futuro de la incorporación frente al fisco de esos bienes en el patrimonio personal. Por supuesto, también resultará vital contar con un profesional capacitado para la confección de la declaración de exteriorización, así como para las demás instancias formales que resulten necesarias para la ejecución del plan.

En programas como el descripto puede apreciarse, mejor que nunca, la complementariedad de nuestras profesiones —la de abogado y contador-, en una suerte de simbiosis práctica que se requiere en este ámbito tan particular como lo es el del derecho tributario.

Hechas las anteriores aclaraciones, a continuación se enumerará una serie de preguntas y respuestas que podrían ayudar en el análisis que debe realizarse junto con un cliente. No se explicarán los aspectos más básicos del régimen, toda vez que éstos pueden ser fácilmente obtenidos de una simple lectura de la ley o de los numerosos artículos cuyo objeto es explicar de manera sencilla cada una de las aristas de este plexo legal.

¿Es conveniente ingresar en el régimen de sinceramiento fiscal?

Si bien existe una suerte de consenso generalizado e inédito entre los profesionales -y sus clientes- acerca de la necesidad —y oportunidad- de ingresar en un régimen como el que se aprobó, pueden llegar a presentarse sujetos que se resistan a esta posibilidad y que aludan a los diferentes riesgos —en algunos casos, bastante fundados- de exhibir el patrimonio frente a la particular Administración de nuestro país; especialmente, ante un comportamiento histórico que básicamente combina un peligroso cocktail de altísima presión tributaria —record en los últimos tiempos- con reiteradas violaciones del derecho de propiedad. En ese sentido, algunos clientes podrían sostener que “la Argentina siempre traiciona” y entender que, más allá de la actual coyuntura de seducción de capitales impulsada por esta Administración, ello en nada garantiza que en el futuro se produzcan cambios susceptibles de reducir considerablemente el patrimonio. Es común que quienes se encuentran convencidos de que una exteriorización ante el fisco argentino podría poner en grave peligro sus bienes traten, asimismo, de convencerse de que podrán —con algunas dificultades- seguir en el anonimato durante los próximos años, o por lo menos hasta la sanción de una nueva amnistía fiscal.

Más allá de las cuestiones estrictamente políticas -a las cuales invariablemente nos encontramos sujetos todos aquellos ciudadanos que actuamos conforme a derecho en nuestro país y que se encuentran fuera de nuestro alcance-, existen una serie de factores objetivos que podrían coadyuvar a que los sujetos reticentes finalmente decidan aprovechar esta singular oportunidad para regularizar su situación personal:

-Por un lado, el proceso de normalización del país, que implica un rotundo y veloz cambio en su situación política y económica, en su alineamiento internacional y, básicamente, en la consideración del proyecto de que debe llevarse adelante para generar riqueza en una nación. Estas cuestiones suelen mejorar la percepción de quienes hasta hace poco tiempo poseían temores diversos frente a la posibilidad de que el Gobierno argentino conozca todo su patrimonio. Nadie puede adivinar —mucho menos en la Argentina- qué es lo que ocurrirá en el futuro (ni siquiera con la próxima reforma impositiva que plantea la nueva ley, aunque de manera embrionaria, mediante la conformación de una Comisión Bicameral), pero sin dudas el actual contexto resulta muchísimo más propicio que el que prevalecía en los anteriores blanqueos impositivos de la última década. También no es menor la posibilidad (no contemplada en el último régimen de blanqueo, aprobado mediante la ley 26.860) de que los bienes permanezcan en el exterior del país.

-Otra condición que debería estimular la exteriorización es el próximo intercambio de información tributaria a nivel global y con carácter automático. Esta tendencia no es nueva, pues la Argentina se ha subido a este tren desde hace varias estaciones, pero ha cobrado una inusitada evolución a nivel mundial en los últimos tiempos, extendiéndose inéditamente hacia plazas que hacían del anonimato una bandera.

Recordemos que, en nuestro país, primeramente el intercambio se practicaba en virtud de las cláusulas de intercambio de datos tributarios insertas en los Convenios para Evitar la Doble Imposición. Luego, se celebraron acuerdos específicos de intercambio de información (Tax Information Exchange Agreements o TIEAs), a raíz de la delegación que la ley de procedimiento tributario, en su art. 101, efectuó en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Más tarde, llegó el intercambio multilateral propiciado desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mediante la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua. Y antes de que este último pacto siquiera se ponga en práctica de una manera efectiva, la OCDE —a instancias del G-20- promovió un nuevo acuerdo multilateral de intercambio de datos tributarios, pero esta vez de carácter automático: estamos hablando del Acuerdo Multilateral sobre el Intercambio Automático de Información —mediante el Common Reporting Standard-, cuyas obligaciones —según de qué países se trate- comienzan en 2017 y 2018. Si bien la información cuyo intercambio se prevé mediante este instrumento se encuentra acotada a la de carácter financiero, cabe tener presente que el ritmo al que se está avanzando en el intercambio fiscal a nivel mundial resulta vertiginoso, con lo cual no resultaría extraño que dicho intercambio automático se extienda, en no mucho tiempo, a otro tipo de datos, como por ejemplo, de carácter societario o vinculado con inmuebles. A estas circunstancias cabe agregar que el cambio de vientos políticos en nuestro país haría más factible que los Estados Unidos de América —con el objeto de dar un espaldarazo a nuestro actual Gobierno- accedan a la firma de un acuerdo de intercambio de datos en el marco de su programa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), en su versión “recíproca” (es decir, en la que cada uno de los países firmantes pueda recibir información de la otra jurisdicción).

-También cobran una particular trascendencia los escándalos internacionales acaecidos con motivo de las filtraciones de datos en instituciones financieras offshore (por ejemplo, los Panama Papers, o los Swiss-leaks), hechos que denotan que el anonimato ha pasado en muchos casos a ser una ilusión en los tiempos modernos.

-Otro aspecto que debería ser especialmente tenido en cuenta son las normas internas de las instituciones financieras del exterior, que cada vez más —inclusive, con carácter previo a las regulaciones estatales- dificultan la operatoria con activos no declarados en el país de origen.

De lo expuesto se desprende que quienes se mantengan al margen de esta tendencia creciente a nivel global y no adhieran al sinceramiento, deberán empezar a correr una carrera en la cual las puertas para mover capitales ocultos cada vez se cierran más en el escenario internacional.

¿Quiénes pueden acogerse al sinceramiento fiscal?

Resultará importante determinar, por un lado, si quienes blanquean son personas humanas o personas jurídicas, ya que las primeras tendrán los beneficios del blanqueo hasta la fecha de promulgación de la ley (denominada por la norma como “Fecha de Preexistencia”), mientras que para las últimas aplicará como fecha de corte la de cierre del último balance con anterioridad al 1° de enero de 2016.

¿Cómo está compuesto el patrimonio de mi cliente?

Esta pregunta resulta muy importante, particularmente en lo que hace a los bienes que se encuentran ocultos del fisco argentino.

En este aspecto, la ley resulta muy amplia en cuanto a las cosas susceptibles de exteriorización, alcanzando inclusive de manera expresa a los derechos inherentes al carácter de beneficiario de fideicomisos u otro tipo de patrimonios de afectación similares, toda clase de instrumentos financieros o títulos valores, tales como bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia (ADRs), cuotas partes de fondos y otros similares. Es más, se incluye con carácter general a todos los demás bienes en el país y en el exterior, incluyendo créditos y “todo tipo de derecho susceptible de valor económico”. Sin perjuicio de lo que determine la reglamentación sobre el particular, en este último grupo cabría incluir a derechos tales como los derivados de planes de retiro o seguros contratados en el exterior —más allá de las dificultades que se producirían por tratarse de una práctica prohibida por las regulaciones locales en la materia- y programas de stock-options no declarados ante el fisco local.

También deberán analizarse con detenimiento las condiciones que prevé la ley para aquellos depósitos de moneda nacional o extranjera en el país o en el exterior (art. 37), como por ejemplo, que las tenencias de moneda nacional o extranjera depositadas en entidades financieras —en el país o en el exterior- se encontrasen en dichas instituciones durante un período de tres meses corridos a la Fecha de Preexistencia. La ley permite que tales fondos se hubiesen aplicado a la compra de bienes (por ej., inmuebles o muebles fungibles situados en el país o en el exterior) o se hubiesen invertido en empresas o explotaciones o transformado en créditos durante un plazo de por lo menos seis meses o hasta el 31 de marzo de 2017, lo que resulte mayor.

En tanto, el dinero en efectivo deberá -como condición para la subsistencia de los beneficios del régimen- depositarse en entidades financieras o bursátiles hasta el 31 de octubre de 2016 —durante un plazo no menor a seis meses o hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive, lo que resulte mayor-, aunque se prevé que el mismo también pueda ser aplicado a la adquisición de bienes inmuebles o muebles registrables, de acuerdo a lo que disponga la reglamentación.

Una situación particular se produciría por la imposibilidad —según la literalidad de la ley- de blanquear dinero en efectivo en el exterior, pues sólo se contempla la exteriorización de moneda que se encuentre en el país.

Las exclusiones del programa de regularización de aquel dinero depositado en países o jurisdicciones identificados por el GAFI como de Alto Riesgo o No Cooperantes no merecen mayores comentarios, puesto que se trata de plazas en las que difícilmente un inversor medianamente sensato acceda a colocar sus fondos.

En cuanto a la forma de exteriorización, si bien el art. 38 contiene diversas pautas, deberá aguardarse a la reglamentación para tener mayores precisiones.

¿Cómo se conforma el grupo familiar de mi cliente?¿Existe algún conflicto patrimonial con determinado miembro de la familia?

Es necesario tener en cuenta, a los efectos de una inteligente planificación, los conflictos con otros familiares de quien realiza la exteriorización. Cabe recordar que existe una excepción al secreto fiscal (ver en este sentido, el art. 101 de la ley 11.683) para aquellos juicios en los que se debatan cuestiones de derecho familia; con lo cual, en tales contiendas podría llegar a accederse al patrimonio de ese contribuyente y el mismo podría verse afectado, por ejemplo, en situaciones de divorcio, alimentos o de conflictos hereditarios.

También puede resultar interesante conocer los vínculos familiares de quien desee ingresar en el programa, a los efectos de una adecuada planificación en la declaración del blanqueo, puesto que el art. 38 permite declarar bienes aunque se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre del cónyuge, de sus ascendientes o descendientes en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad.

¿Pueden exteriorizarse los bienes que se encuentran a nombre de otra persona?

La ley permite lisa y llanamente declarar bienes a nombre de terceros sujetos que resulten residentes o domiciliados en nuestro país, ya sea personas humanas (testaferros) o de sociedades u otros entes. Esta circunstancia permitirá una gran flexibilidad al momento de concebir una adecuada planificación fiscal para el cliente.

Cabe tener presente, no obstante, que:

-La declaración de bienes a nombre de sociedades y otros entes en el exterior por parte de personas humanas o sucesiones indivisas -bajo su CUIT personal- sólo podrá realizarse por única vez en cabeza de estos últimos, en tanto la titularidad sea al 31 de diciembre de 2015 (de acuerdo a la literalidad de la ley). La declaración de las proporciones de cada participación será decidida por quien se acoja al régimen (cfr. art. 39). Esto también constituye una indudable herramienta para la planificación en el blanqueo.

-Si los bienes se encontraban a nombre de terceros, la ley fija como condición para la subsistencia del blanqueo que se realice el cambio de titularidad de los mismos antes de la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2017 (cfr. art. 38), es decir, durante el año 2018.

-Las personas humanas y sucesiones indivisas que blanqueen liberarán a las empresas o explotaciones unipersonales en las que sean o hubieran sido titulares (cfr. art. 48).

¿Qué destino prevé el cliente para los fondos que se blanqueen?

Esta cuestión no es menor, pues a los efectos de cumplir con el régimen se puede optar entre pagar el impuesto especial (de entre el 5% y 15% sobre el valor de los bienes que se blanquean), pagar dicho gravamen mediante la entrega de determinados títulos públicos (con una tasa del impuesto del 10%) o suscribir:

-Un bono en dólares a tres años que no genera interés —a adquirirse hasta el 30 de septiembre de 2016-, intransferible y no negociable. Sin perjuicio de las críticas que podría recibir frente a otro tipo de inversiones más rentables (aun en el supuesto de abonarse el impuesto especial), esta opción (que podríamos denominar Bono “dólares en la caja de seguridad”) podría resultar atractiva para quienes no necesiten liquidez en dicho plazo y se encuentren cómodos con el dinero en manos del Estado argentino sin generar interés. Además, cabe recordar las exenciones en el impuesto a las ganancias y en el impuesto sobre los bienes personales que rigen para este tipo de papeles.

-Un bono en dólares a siete años —a adquirirse hasta el 31 de diciembre de 2016- con un interés del 1% anual, intransferible y no negociable durante los primeros cuatro años. El “anzuelo” extra de esta opción es la posibilidad de que, inmovilizando sólo una parte del capital durante un tiempo (un 25% o un 33,33%, según como se interprete el inc. a.2 del art. 42 de la ley), pueda disponerse del resto para otras inversiones.

Si bien quienes asesoran en la banca privada consideran inconvenientes estas opciones (máxime, frente a que probablemente el impuesto especial del blanqueo pueda ser ingresado en cuotas), muchos contribuyentes se han mostrado interesados en las mismas.

Otra opción “gratis” para exteriorizar consistiría en suscribir o adquirir cuotas partes de determinados fondos comunes de inversión destinados al financiamiento de una serie de emprendimientos de lo más amplio (la norma enuncia un conjunto de finalidades muy flexibles, en tanto se vinculen con la “economía real”). Esta alternativa ha generado mucha expectativa, no obstante lo cual, al estar sujeta a la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores y por el tiempo que usualmente demanda este tipo de instrumentos, el mercado se ha mostrado algo escéptico respecto de la misma.

¿Pueden blanquearse fondos que provengan del uso de facturas consideradas apócrifas por la AFIP?

La ley no prohíbe la exteriorización de estos fondos mediante el régimen de sinceramiento fiscal. No obstante, excluye de la liberación el gasto computado en el impuesto a las ganancias así como el crédito fiscal del impuesto al valor agregado (cfr. art. 46). Estas sumas podrían ser incluidas en el régimen de moratoria que aprueba la ley. En tanto, el blanqueo liberaría del impuesto a las salidas no documentadas a los fondos que se exterioricen.

¿Existe la posibilidad de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias y municipios puedan realizar reclamos respecto de los bienes que se exteriorizan (por ej., impuesto sobre los ingresos brutos, impuesto a la transmisión gratuita de bienes, etc.)?

Ello dependerá de la política que se adopte desde dichas jurisdicciones, en la medida de adherir o no a los postulados de la ley nacional, en los términos de su art. 49. También esta posibilidad de eventuales reclamos locales se encontrará sujeta a la información que intercambie la AFIP con las mismas.

¿Qué riesgos tiene mi cliente de ser investigado por otras agencias gubernamentales, en particular por la Unidad de Información Financiera?¿Existen posibilidades de que se le requieran datos adicionales?

Ello dependerá, por un lado, de las directivas que se emitan desde dicho organismo dirigidas hacia las instituciones financieras y hacia la propia AFIP. De acuerdo con las declaraciones de las autoridades de este organismo (que, a efectos de evitar este tipo de inconvenientes para los que blanqueen, la propia ley ha colocado en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, cfr. art. 92), es de esperar que dichas directrices tengan en cuenta parámetros que permitan establecer filtros con matrices de riesgo para discriminar, en diversas instancias, de manera clara, el dinero “negro” (proveniente de la evasión impositiva) del dinero “sucio” (proveniente de otros delitos más graves). No obstante, resultará aconsejable contar con documentación que permita acreditar, en su caso, el origen lícito de dichos bienes, o que la propiedad sobre éstos se generó desde hace mucho tiempo.

¿Debe exteriorizarse una situación patrimonial estática o historia de una evolución patrimonial?

La exteriorización es de un momento en particular, que es la denominada Fecha de Preexistencia. Como fuera señalado, dicha fecha, para las personas físicas, es la de promulgación de la ley. En tanto, para las personas jurídicas será la fecha de cierre del último balance con anterioridad al 1° de enero de 2016.

¿Existen casos en que resulte más conveniente acogerse a la moratoria en lugar del blanqueo?

Para ello, deberán realizarse los cálculos pertinentes, teniendo en cuenta:

-La existencia o no de ganancias posteriores al período fiscal 2009.

-Cuáles son los períodos no prescriptos de impuestos a regularizar (el período fiscal 2009 prescribiría a fines del presente año).

-La vigencia, con la nueva ley, de planes de pago bastante atractivos: por ej., uno general consistente en un pago a cuenta del 5% de la deuda y el saldo en sesenta cuotas mensuales con un interés del 1,5% mensual; otro, para Micro y Pequeñas Empresas, consistente en un pago a cuenta del 10% de la deuda y la financiación del saldo en hasta 90 cuotas mensuales con un interés de financiación equivalente a la tasa pasiva promedio del Banco de la Nación Argentina; también existe otro plan, para medianas empresas y grandes contribuyentes, los que podrán optar por efectuar un pago a cuenta del 15% y financiar el saldo en hasta 90 cuotas mensuales, con un interés equivalente a la tasa pasiva promedio del Banco de la Nación Argentina, sujeto a un piso del 1,5% mensual. Ello, sin perjuicio de planes más beneficiosos para contribuyentes amparados por las declaraciones de estado de emergencia y/o desastre agropecuario.

-El tipo de cambio aplicable en cada período fiscal que se debería regularizar (por ej., $ 3,97 al 31/12/2010).

-El tope a los intereses que coloca la moratoria, que en ningún caso podrá exceder el 75% del capital adeudado, pudiendo éste ser reducido al 10% para la hipótesis de deudas del período fiscal 2015.

-En definitiva, se trata de analizar el valor presente del monto total a pagar por impuestos más intereses versus el impuesto a pagar con motivo del blanqueo. No obstante, deberá también analizarse el supuesto de que este último gravamen pueda ser abonado en cuotas, si la reglamentación lo admitiese.

¿Qué consecuencias acarrearía una exteriorización incompleta de los bienes ocultos?

Esta situación implicaría un riesgo concreto y considerable para quien se acoja al régimen, pues en caso de que ello sea detectado por el fisco argentino, decaerían todos los beneficios derivados del blanqueo (cfr. art. 46).

¿Tienen alguna obligación quienes no blanqueen ningún bien?

El art 85 estipula que quienes no hagan uso del régimen de blanqueo deberán presentar una declaración jurada (DDJJ “de confirmación de datos”) por la cual confirmen que la totalidad de los bienes y tenencias que poseen son los exteriorizados en las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales —o, en su caso, el impuesto a la ganancia mínima presunta- correspondientes al último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015 (en rigor, lo que debiera confirmarse es que los bienes y tenencias que poseían a esa fecha son los oportunamente declarados). Estos sujetos gozarán de un blanqueo implícito por cualquier bien o tenencia que hubiesen poseído con anterioridad al último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015. Este “tapón” o “bloqueo fiscal” aplica para todos esos bienes, se mantengan o no en el patrimonio. Es decir, opera como un blanqueo para esos bienes por el mero hecho de habérselos incluido en la referida declaración jurada —o en su rectificativa-. Sin perjuicio de la literalidad de la ley, por la amplitud y generosidad de los beneficios que conlleva, cabría esperar al dictado de la reglamentación pertinente, pues podría limitar —aunque ello podría ser cuestionado judicialmente- los referidos beneficios a los efectos de evitar que la aplicación de esta cláusula reste fuerza al resultado del blanqueo.

En caso de que la AFIP detecte cualquier bien o tenencia atribuible a tales sujetos durante el último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015, que no hubiese sido incluido en la declaración jurada de confirmación de datos, caerán los referidos beneficios.

¿A qué familiares de funcionarios públicos no aplicaría, según la ley, la prohibición de blanquear?

El art. 83 del texto legal dispone que quedan excluidos de las disposiciones del Título I del Libro II (es decir, del Blanqueo), los cónyuges, los padres e hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del art. 82 (ahí están incluidos, entre otros los funcionarios de relevancia del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Consejo de la Magistratura y Ministerio Público, así como equivalentes o similares de provincias y municipios). Al excluir dicha norma sólo a sus cónyuges, padres e hijos menores emancipados, podrían llegar a ingresar en el régimen los siguientes parientes de los referidos funcionarios:

– abuelos

– convivientes (en uniones convivenciales)

– nietos

– hermanos

– tíos y primos

– hijos, a menos que sean “menores emancipados

– parientes políticos (por ej., suegros, cuñados, etc.).

¿Existe seguridad reputacional para quienes ingresen al blanqueo?

Es común que los interesados en ingresar en el sinceramiento fiscal tengan dudas y temores respecto de una eventual divulgación de los datos que los afecte reputacionalmente y, en algunos casos, en el ámbito laboral, como por ejemplo en el supuesto de directivos de empresas cuyos códigos de conducta no permitirían que se le haya mentido a su propio fisco.

Sobre este punto, aunque no resultaba necesario aclaración legal alguna, habida cuenta de la plena vigencia del secreto fiscal contenido en el art. 101 de la ley de rito fiscal, el proyecto aprobado reafirma con creces dicho instituto, refiriéndose específicamente a los datos vinculados al sinceramiento fiscal y al deber de confidencialidad por parte de quienes tengan acceso a los mismos (art. 87). Sólo se ha contemplado una excepción a dicho deber para periodistas, comunicadores sociales, medios de comunicación y sus responsables legales, por motivos de interés público. Si bien se trata de un concepto bastante difuso, es dable esperar que cualquier filtración de datos referidos al blanqueo sólo podría ser dada a conocer por estos sujetos en caso de que aquellos a quienes la información se refiere sean personalidades de interés público, como por ejemplo, funcionarios o ex funcionarios. De lo contrario, debería aplicárseles las normas punitivas correspondientes, inclusive la de delito de violación al secreto fiscal.

¿Puede la AFIP pedir información adicional sobre los bienes que se exteriorizan?

La propia ley estipula que los sujetos que exterioricen su patrimonio en el marco de este régimen, así como aquellos por quienes el contribuyente realizara la declaración, no estarán obligados a brindar a la AFIP información adicional a la contenida en la declaración jurada del blanqueo, con relación a los bienes y tenencias objeto de la misma. No obstante, ello no empece a las investigaciones en el marco de la ley de prevención de lavado de dinero y sus reglamentaciones, ni a la capacidad de la AFIP de colaborar con otras entidades en virtud de dicha normativa (inclusive, intercambiando datos a nivel internacional).

(*) Abogado (Universidad de Buenos Aires). Especialista en Derecho Tributario y Profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral. Socio de RCTZZ Abogados.

(**) Abogado (Universidad Austral). Magister en Derecho Tributario (Universidad de Georgetown). Asociado Senior en RCTZZ Abogados.

 

 

CAMBIO DE NOMBRE

Hechos

Se admitió un pedido de modificación del apellido de un niño y se dispuso colocar primero el materno, por encontrarse acreditado que el uso del apellido paterno le provocaba malestar y angustia. La Cámara confirmó el pronunciamiento, en consonancia con lo previsto por el Código Civil y Comercial entrado en vigencia.

Sumarios

La solicitud de cambio de apellido de un niño debe admitirse, disponiendo que esté integrado en primer lugar por el de su madre, en tanto quedo demostrado que el uso del apellido paterno le provoca malestar y angustia y que se siente identificado con el materno y es socialmente conocido por el, pues ello configura un justo motivo en los términos del art. 69 del Código Civil y Comercial.

En un proceso de cambio de apellido de un niño, corresponde rechazar el planteo de su padre relativo a que no se debe tener en cuenta la opinión de aquel, pues si la persona es capaz de manifestar su opinión es necesario que el juez la escuche, ya que su derecho a ser oído constituye una garantía sustancial que fluye de su consideración como sujeto y no mero objeto de derecho (art. 12, Convención sobre los Derechos del Niño; art. 26, Código Civil y Comercial).

FALLO

Expediente Nro. 146.372

2ª Instancia.- Bahía Blanca, marzo 22 de 2016.

1ª ¿Se ajusta a derecho la resolución apelada de fs. 133/138? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

1ª cuestión. — El doctor Peralta Mariscal dijo:

I- A fs. 133/138 la juez de grado hizo lugar a la demanda interpuesta por la madre de la menor, en representación de su hija, disponiendo la modificación del apellido de la niña el que estará integrado en primer lugar por el de su madre y luego por el de su padre, llamándose en adelante “R.G.D.”. Desestimó el pedido de inconstitucionalidad de la ley 18.248, impuso las costas en el orden causado y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

Para así decidir, analizó lo normado por la ley 18.248 y los tratados internacionales en la materia a la luz de las pruebas rendidas, explicando que el nombre constituye un elemento esencial del derecho a la identidad. Concluyó que en autos se constituían los “justos motivos” que regula la ley para admitir una mutación en el nombre, lo que se encuentra asimismo establecido en el Cód. Civil y Comercial que, a la fecha de la sentencia, estaba próximo a entrar en vigencia.

II- Contra lo así resuelto se alzó el padre de la menor, quien expresó sus agravios a fs. 150/153 y no fueron replicados por la contraria.

El apelante se quejó de que el nombre de la niña se integre en primer lugar por el de su madre y luego el de su padre, y también de la imposición de costas.

La mayor parte de su memorial versa sobre conductas de la madre que el apelante considera que tienen como objetivo erradicarlo de la vida de su hija.

Detalló tales cuestiones y pidió que se evalúen distintos expedientes entre las partes que, a su entender, la juez no tuvo en cuenta para resolver. Asimismo, y en relación al anterior planteo, cuestionó que la magistrada haya considerado la opinión de la menor para resolver, especialmente teniendo en cuenta la edad de la niña. A criterio del recurrente, su corta edad evidencia que no se trata de un reclamo genuino de la menor, sino de su madre, lo que se encontraría avalado por la pericia psicológica. Consideró que si la niña así lo desea podrá en el futuro y por su propio derecho solicitar el cambio cuando cuente con la autonomía necesaria. Solicitó que se revoque la sentencia y su nombre se integre con el apellido

paterno en primer lugar seguido por el de la madre, dado que a su entender, el pedido no es más que otro elemento para no respetar la identidad paterna.

Por último, se quejó de la imposición de costas, porque entendió que deben imponerse en su totalidad a la actora atento a la actitud asumida por las partes en el proceso y que su oposición al progreso de la acción lo ha sido en el entendimiento de que resulta un atentado contra la identidad de su hija.

III- A fs. 166, obra el acta que da cuenta de que el Tribunal tuvo contacto personal con la menor causante.

IV- En virtud del cambio legislativo operado en nuestro país a partir de la vigencia del Cód. Civil y Comercial (aprobado por ley 26.994) la cuestión traída en apelación se resolverá conforme lo dispuesto por el art. 7 de dicho cuerpo normativo.

Ello así, teniendo en cuenta que el fondo de este asunto versa sobre la identidad de una menor, decisión de carácter constitutivo, resulta procedente aplicar las normas del Cód. Civil y Comercial.

V- El memorial carece de entidad suficiente para modificar lo que viene resuelto por la juez a quo. Como fuera analizado detalladamente en la sentencia apelada, el nombre constituye un atributo de la personalidad y uno de los elementos del derecho a la identidad, tanto en su faz estática como dinámica, por lo que referir la identidad sólo al origen deja de lado la parte relativa a la adaptación del individuo al medio externo, es decir, a su forma de relacionarse con el mundo que lo rodea.

Sentado ello, cabe señalar que habiendo sido derogada la ley 18.248, el nombre de las personas se encuentra regulado a partir del art. 62 del C.C.C.N. Siendo ésta la circunstancia acaecida en autos, bajo la vigencia del anterior régimen, cabe analizarla a la luz del art. 69 del aludido código que prevé la posibilidad de modificar el nombre si existen justos motivos a criterio del juez, enumerando entre ellos la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada (inciso c).

Este es el supuesto que se ha dado en estos autos, y la afectación en la personalidad de la causante quedó demostrada con las pruebas obrantes a fs. 13, 61/67, 69, 73/76 y 120/121, que el apelante no ha logrado desvirtuar.

Entre sus intentos de justificar que tal afectación no es propia de la niña, encontramos su agravio atinente a escucharla y tener en cuenta su opinión, tanto por su edad como por las circunstancias personales entre las partes que harían que dicha opinión no se encuentre libre de la influencia de sus padres. Al respecto, cabe destacar que es necesario que el juez escuche a aquél al que afectará la decisión, si la persona es capaz de manifestar su opinión (art. 12 CDN y 26 C.C.C.N.) ya que su derecho a ser oído constituye una garantía sustancial que fluye de su consideración como sujeto y no como mero objeto de derecho (SCBA, Ac. 63.120 sent. del 31/03/1998; Ac. 71.303 sent. del 12/04/2000; entre otros). Además, escuchar la opinión del menor no implica aceptar incondicionalmente su deseo, máxime si puede encontrarse enfrentada a su superior interés, sino que debe ser analizada cuidadosamente de acuerdo a su edad y madurez y a las distintas circunstancias que las rodean, ponderadas con relación a los elementos obrantes en el caso y la índole del derecho en juego (SCBA Ac. 78.728 sent. del 02/05/2002; C. 92.267 sent. del 31/10/2007; C. 115.080 sent. del 28/03/2012; entre otros, y Sala II, Expte. 145.789, LA LEY 36, N.O. 408 del 27/10/2015; entre otros).

En este sentido, se coincide con la juez de grado en cuanto señaló que: “…de la pericia psicológica surge que se observan indicadores de influencia en las manifestaciones de la nena por parte de su mamá y que es posible que el ser nombrada con el apellido D. sea sentido por R. como traición a ella, así como que su papá entendió que admitir la demanda avalaría una conducta antijurídica de la madre. Más no es el objeto del presente evaluar posibles sanciones o reproches a las actitudes asumidas por los dos adultos comprometidos en el presente, las que en su caso, tendrán su vía o ámbito propio…”.

Aquí quedó demostrado —como lo ponderó la juez a quo— que el uso del apellido paterno le provoca malestar y angustia, lo que este Tribunal verificó personalmente en la audiencia mantenida con la menor, se siente identificada con el materno y, como depusieron los testigos y atento a lo que surge de la prueba informativa, es socialmente conocida por él.

Ello así, y atento a lo normado por el art. 69 del C.C.C.N., corresponde confirmar lo resuelto en la instancia de grado.

A esta conclusión no empecé analizar los expedientes ofrecidos como prueba por el progenitor, que se tienen a la vista. Estos evidencian aún más el profundo conflicto existente entre los adultos que afecta negativamente a la niña, atento a la angustia que manifiesta la menor, y que no constituyen el objeto de este proceso. Por lo tanto, los progenitores deberán canalizarlos por la vía jurídica y terapéutica pertinente. En cuanto al agravio relativo a la imposición de costas, cabe señalar que en casos como el presente en los que se discute el derecho a la identidad de una menor, las partes defienden un interés legítimo, cada uno desde lo que considera mejor y la resolución se adopta desde la perspectiva del superior interés del niño. En este sentido, en autos no se observa que la actitud asumida por las partes se haya excedido de su derecho de defensa y que, por ello y por el objeto del proceso, estemos en condiciones de hablar de un “vencido”. Por lo tanto, corresponde confirmar la imposición de costas efectuada en la sentencia apelada (art. 68 segundo párrafo Cód. Proc. Civ. y Comercial).

En consecuencia doy mi voto por la afirmativa.

El doctor Ribichini por los mismos fundamentos votó en igual sentido.

2ª cuestión. — El doctor Peralta Mariscal dijo:

Atento al resultado arribado al votar la cuestión anterior corresponde confirmar la sentencia apelada de fs. 133/138.

Propongo que no se impongan costas de alzada ante la ausencia de contradictor (art. 68 segundo párrafo Cód. Proc. Civ. y Comercial.).

Teniendo en cuenta lo normado por los arts. 103 y 709 del C.C.C.N., atento a la irregular situación que se presentó ante el Tribunal, dado que cada uno de los progenitores se hizo presente con un DNI con un apellido diferente perteneciente a la menor, lo que conforme surge de fs. 13, motivó que la niña sea conocida en distintos ámbitos con un apellido diverso, propongo hacerle saber al Asesor de Incapaces que deberá arbitrar los medios, conjuntamente con el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas para que, firme la presente, la niña sea titular de un único documento de identidad, con el apellido consignado en la presente sentencia. Así lo voto.

El  doctor Ribichini por los mismos fundamentos votó en igual sentido.

Con lo que terminó este Acuerdo dictándose la siguiente sentencia: Que en el Acuerdo que antecede ha quedado resuelto que se ajusta a derecho la resolución apelada. Por ello, se

confirma la sentencia apelada de fs. 133/138, sin costas de alzada ante la ausencia de contradictor. Hágase saber al Asesor de Incapaces que deberá arbitrar los medios, conjuntamente con el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas para que, firme la presente, la niña sea titular de un único documento de identidad, con el apellido consignado en la presente sentencia.

Atento a las apelaciones de honorarios deducidas a fs. 144 y 146 contra la determinación arancelaria de fs. 133/138, teniendo en cuenta la importancia del asunto, mérito de la labor desempeñada y etapas cumplidas, regúlase a la Dra. C. P. D. la suma de… pesos, confirmando así la regulación de la instancia anterior. Por sus trabajos en relación al recurso que se resuelve, determínense los estipendios de la nombrada profesional en la suma de … pesos (arts. 9, 16, 31 y cctes. decreto ley 8904). Deposítese el adicional de ley. Hágase saber y devuélvase. — Leopoldo L. Peralta Mariscal. — Guillermo E. Ribichini.

Legislación del día: Gas. Topes de facturación

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

Resolución 129/2016

Modificación. Resolución N° 99/2016.

Bs. As., 12/07/2016

VISTO el Expediente N° S01:0043902/2016 del Registro del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, y lo dispuesto por las Leyes Nros. 17.319, 25.561 y sus modificaciones, el Artículo 75 de la Ley N° 25.565 y la Ley N° 26.741; y las Resoluciones del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA Nros. 28 de fecha 28 de marzo de 2016, 31 de fecha 29 de marzo de 2016 y 99 de fecha 6 de junio de 2016; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° 28 de fecha 28 de marzo de 2016 de este Ministerio se establecieron nuevos precios de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y del Gas Propano indiluido para redes, con vigencia a partir del 1 de abril de 2016; y se instruyó al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) para que, en el marco de su competencia, realizara los procedimientos correspondientes a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 9.4.2 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución.

Que ello formó parte de una serie de medidas que tienen por objeto incentivar las inversiones necesarias para incrementar las reservas de gas y los niveles de producción local, en orden a cubrir la demanda de los usuarios de gas de todo el país, sin desatender en ese proceso la situación de los usuarios de menores recursos, para los que se creó un régimen de Tarifa Social, con importantes beneficios para sus destinatarios.

Que frente al pronunciado retraso en los precios de gas en el PIST que integraban las tarifas del servicio de distribución de gas natural, en determinados casos, la aplicación de lo dispuesto en la mencionada Resolución N° 28/2016 produjo incrementos significativos del monto de las facturas de los servicios a usuarios residenciales y del servicio General para Pequeños Consumos, particularmente en aquellas jurisdicciones donde el precio del gas era inferior al del resto del país en razón de diversas medidas judiciales que incidían en la aplicación de la normativa general, lo que motivó el dictado de la Resolución N° 99 de fecha 6 de junio de 2016 de este Ministerio.

Que mediante dicha Resolución N° 99/2016, se instruyó al ENARGAS para que las facturas que emitieran las prestadoras del servicio público de distribución de gas por consumos realizados a partir del 1 de abril de 2016, no superaran en más de un 400% en el caso de usuarios residenciales y 500% en el caso de usuarios del Servicio General P al monto final que, para dichos consumos, hubiere correspondido facturar de aplicarse al mismo usuario y para el volumen consumido en el nuevo período de facturación, las tarifas vigentes al 31 de marzo de 2016.

Que sin embargo, el significativo incremento del consumo de gas vinculado a las condiciones climáticas registradas en determinadas regiones del país, especialmente a las temperaturas considerablemente inferiores durante los meses de abril y mayo de 2016 respecto de las verificadas en los mismos meses del año anterior —sumado al hecho de que, por las condiciones de temperatura en dicho período de 2015, que favorecieron la disminución del consumo respecto de 2014, las tarifas de numerosos usuarios se habían visto reducidas debido a la aplicación de descuentos por ahorro establecidos por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 226 del 31 de marzo de 2014— provocó que, aún con la aplicación de los topes de facturación establecidos en la Resolución N° 99/2016, se registraran facturas a usuarios por montos totales significativamente superiores a los del mismo período del año anterior.

Que en el contexto descripto se plantearon numerosas acciones judiciales contra las resoluciones que dispusieron los incrementos de precios y tarifas referidos al servicio de gas, con resultados dispares en distintas instancias y ámbitos territoriales, circunstancia que ha afectado el grado de certidumbre y claridad que deben tener los usuarios de todo el país con relación al servicio público que reciben.

Que por otra parte, las decisiones judiciales que se pronunciaron en contra de la aplicación o validez de tales resoluciones, han afectado también la aplicabilidad del régimen de Tarifa Social creado por medio de ellas y a través del cual este Ministerio buscó centrar especialmente en los sectores más vulnerables de la comunidad los subsidios que el Estado Nacional viene destinando a este servicio mediante el aporte de todos los contribuyentes, régimen que posibilitó cubrir las necesidades de aproximadamente 1.550.000 hogares, lo que equivale a cerca del 20% de la totalidad de hogares que tienen acceso a la red de gas natural.

Que frente a esa situación, se considera conveniente y urgente adoptar nuevas medidas que, por un lado, permitan mitigar el impacto del incremento del consumo registrado a partir del mes de abril del corriente año en el marco de los nuevos precios y tarifas vigentes y, por otro lado, posibiliten mantener el camino iniciado en dirección a la normalización de precios y tarifas, en un marco que aliente las inversiones necesarias para obtener el gas natural que requieren los usuarios del país, a la vez que brinde protección para que los usuarios de menores recursos económicos puedan continuar accediendo al servicio a través de la Tarifa Social.

Que en tal sentido, se estima adecuado fijar un tope de facturación para usuarios residenciales a fin de que el monto total facturado a un usuario residencial, para un determinado período de facturación, por consumos realizados a partir del 1 de abril de 2016, no supere en más de un CUATROCIENTOS POR CIENTO (400%) el monto total facturado al mismo usuario para el mismo período correspondiente al año 2015; es decir, que el monto facturado no supere una suma equivalente a CINCO (5) veces el monto de la factura referida al mismo período del año anterior.

Que asimismo, para la usuarios del Servicio General P con servicio completo, el tope de facturación —en los términos señalados en el párrafo anterior— se prevé en un QUINIENTOS POR CIENTO (500%) por encima del monto de la factura correspondiente al mismo período del año anterior, es decir, un monto equivalente a SEIS (6) veces el monto de dicha factura.

Que por otro lado, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto N° 367 de fecha 16 de febrero de 2016, mediante la Resolución N° 31 de fecha 29 de marzo de 2016 de este Ministerio, se instruyó al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), a que lleve adelante el procedimiento de Revisión Tarifaria Integral previsto en las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral celebradas con las Licenciatarias en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 25.561, sus modificaciones y complementarias, estableciéndose a esos efectos un plazo de UN (1) año desde la fecha de dicha medida y ordenándose instrumentar en ese marco el mecanismo de audiencia pública que posibilite la participación ciudadana, en los términos de lo establecido en el Artículo 5° del referido Decreto N° 367/2016.

Que en el ámbito concerniente a los segmentos de transporte y distribución de gas natural, y dentro del contexto reseñado más arriba, se estima conveniente establecer que la ejecución de las acciones previstas para el desarrollo de la Revisión Tarifaria Integral se completen dentro del último trimestre del corriente año, incluyendo la realización —antes de la finalización del mes de octubre de 2016— de la audiencia pública prevista en el referido decreto como oportunidad de participación ciudadana dentro del marco de dicha revisión integral, más allá de las instancias de participación que tuvieron lugar en el proceso de renegociación contractual, que dio lugar a las adecuaciones transitorias establecidas a partir de la Resolución N° 31/2016.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 17.319 y conforme a lo dispuesto en el Artículo 23 nonies de la Ley de Ministerios (Texto Ordenado por Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO  DE ENERGÍA Y MINERÍA RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Sustitúyese el Artículo 1° de la Resolución N° 99 de fecha 6 de junio de 2016 de este Ministerio, por el siguiente:

“Instrúyese al ENARGAS a que, en el ejercicio de sus facultades, disponga las medidas necesarias a fin de que, durante el año 2016, el monto total, impuestos incluidos, de las facturas que emitan las prestadoras del servicio público de distribución de gas por redes de todo el país, que los usuarios residenciales (categoría R y sus subcategorías) deban abonar por consumos realizados a partir del 1 de abril de 2016, no superen en más de un CUATROCIENTOS POR CIENTO (400%) el monto total, impuestos incluidos, de la factura emitida al mismo usuario con relación al mismo período de facturación correspondiente al año anterior; es decir, que el monto facturado no supere una suma equivalente a CINCO (5) veces el monto total de la factura emitida al mismo usuario con relación al mismo período de facturación correspondiente al año anterior.”

ARTÍCULO 2° — Sustitúyese el Artículo 2° de la Resolución N° 99 de fecha 6 de junio de 2016 de este Ministerio, por el siguiente:

“Instrúyese al ENARGAS a que, en el ejercicio de sus facultades, disponga las medidas necesarias a fin de que, durante el año 2016, el monto total, impuestos incluidos, de las facturas que emitan las prestadoras del servicio público de distribución de gas por redes de todo el país, que los usuarios de la categoría Servicio General P con servicio completo (subcategorías P1, P2 y P3, y equivalentes en el servicio de distribución de propano indiluido por redes; y que incluyan el costo de adquisición de gas natural) deban abonar por consumos realizados a partir del 1 de abril de 2016, no superen en más de un QUINIENTOS POR CIENTO (500%) el monto total, impuestos incluidos, de la factura emitida al mismo usuario con relación al mismo período de facturación correspondiente al año anterior; es decir, que el monto facturado no supere una suma equivalente a SEIS (6) veces el monto total de la factura emitida al mismo usuario con relación al mismo período de facturación correspondiente al año anterior.”

ARTÍCULO 3° — Instrúyese al ENARGAS a adoptar las medidas necesarias a los efectos de concluir antes del 31 de diciembre de 2016 el proceso de Revisión Tarifaria Integral al que se refiere el Artículo 1° de la Resolución N° 31 de fecha 29 de marzo de 2016; a cuyo fin deberá realizarse la audiencia pública allí prevista antes del 31 de octubre de 2016.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Juan J. Aranguren.

 

Fecha de publicación 13/07/2016

Los argentinos tienen en el exterior u$s232.000 millones

Fuente: http://www.iprofesional.com/

13 de julio de 2016
El número corresponde a cifras de diciembre último que dio a conocer el INDEC. Las sumas son tanto de personas físicas como de empresas

Los argentinos declararon 232.411 millones de dólares en el exterior durante el 2015, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El organismo informó la “Posición de Inversión Internacional”, un estado contable que representa el saldo financiero del país frente al resto del mundo y surge de la referencia del valor de mercado de los activos financieros y pasivos externos de residentes.

La referencia de este dinero declarado, toma mayor sentido en momentos en que el Gobierno reglamente la Ley de Exteriorización de Capitales, que sancionó el Congreso, y que permitirá la repatriación de activosen el exterior que no se encuentran registrados.

Al respecto, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, sostuvo en declaraciones periodísticas que “no hay ninguna estimación”, de cuánto dinero puede ingresar a este blanqueo porque “no hay muchos números dando vueltas pero es algo que no podemos calcular, la plata escondida“, aunque está “la expectativa de que esto va a ser grande”.

“Este blanqueo es muy diferente por muchas razones. La primera, es porque es la primera vez que se premia a los que siempre estuvieron al día”, eximiéndoles de pagar Bienes Personales por tres años, ya que “no podíamos aceptar una situación de exteriorización volviendo a castigar a los que siempre estuvieron al día”.

Además, “a diferencia de otros blanqueos, vamos a cobrar un impuesto de 10% durante los primeros meses. Los que lleguen más tarde, 15%. Chile hace dos años cobró un 8%”, comparó el ministro.