DOCTRINA DEL DÍA: REGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL. AUTOR: MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ

REGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL

 María del Rosario López

La idea de la presente nota es conocer la opinión de la Dra María del Rosario López, especialista tributaria, respecto a este nuevo régimen de sinceramiento fiscal, moratoria y reforma tributaria, recientemente sancionada.

A continuación expondremos las  preguntas realizadas y las respuestas brindadas a las mismas.

¿Quiénes pueden entrar al blanqueo y qué se puede declarar?

Podrán acogerse al régimen de exteriorización voluntaria y excepcional de capitales (blanqueo), las personas físicas, las sucesiones indivisas y los sujetos empresa comprendidos en el artículo 49 de la ley del Impuesto a las Ganancias, que se encuentren domiciliadas, establecidas o constituidas, o sean residentes – según corresponda –  en el país al 31 de diciembre de 2015.

A su vez, la norma expresamente indica que no se requiere inscripción ante AFIP para efectivizar el acogimiento al régimen de blanqueo.

 

Podrán declararse los siguientes bienes:

 

–          Tenencia de moneda nacional o extranjera. A su vez, la ley permite regularizar tenencias de moneda nacional o extranjera que por un determinado plazo pueda demostrarse que fueron utilizadas para adquirir bienes inmuebles o muebles no fungibles o transformados en préstamos a otros sujetos del Impuesto a las Ganancias domiciliados en el país;

–          Inmuebles;

–          Muebles, incluidas acciones, participaciones en sociedades, derechos inherentes al carácter de beneficiario de fideicomisos u otros patrimonios de afectación similares, y toda clase de instrumentos financieros o títulos valores;

–          Demás bienes en el país y en el exterior, incluyendo créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico.

En caso de exteriorizar bienes situados o depositados en el exterior, expresamente la norma establece que no rige obligación de repatriación alguna. Sin embargo, cabe tener en cuenta que no son susceptibles de exteriorización las tenencias de moneda o títulos depositados en entidades financieras radicadas en países enlistados por el GAFI como  de Alto Riesgo o No Cooperantes.

¿Cuáles son los montos sobre los cuales se va a pagar el impuesto?

Los bienes o tenencias que se exterioricen, ingresen o no al país, se encuentran sometidos a las siguientes alícuotas, sobre el valor de los bienes exteriorizados:

–          Bienes inmuebles en el país o en el exterior: 5%

–          Bienes que en su conjunto posean un valor inferior a $305.000: 0%

–          Bienes que en su conjunto posean un valor inferior a $800.000: 5%

–          Bienes que en su conjunto posean un valor superior a $800.000 dependiendo la fecha de exteriorización: previo al 31 de diciembre de 2016: 10% y entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2017: 15%, reducible a 10% si el contribuyente opta por abonar el impuesto especial a través de la entrega de títulos BONAR 17 y/o GLOBAL 17.

Importante: Cabe destacar que se exime de ingresar el impuesto especial a aquellos contribuyentes que opten por adquirir determinados bonos públicos que emitirá el Estado Nacional.

¿Qué deudas y quiénes pueden regularizarlas?

Los contribuyentes pueden ingresar al régimen excepcional de regularización por las obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social -excepto aportes y contribuciones del sistema de obras sociales y cuotas del sistema de riesgos del trabajo- vencidas al 31 de mayo de 2016, e infracciones relacionadas con dichas obligaciones. Se incluyen las obligaciones que se encuentren en curso de discusión judicial o administrativa.

El acogimiento al régimen de moratoria puede realizarse hasta el 31 de marzo de 2017.

Serán condonados las multas y otro tipo de sanciones que no se encuentren firmes a la fecha del acogimiento y los intereses resarcitorios y punitorios de las obligaciones fiscales que se cancelen.

A su vez, para el pago de tributos nacionales adeudados se prevé la implementación de planes de pago y facilidades otorgados por AFIP, pudiendo cancelar el capital al contado y de esta forma gozar de un 15% de descuento de la deuda.

¿Qué beneficios tendrán los contribuyentes cumplidores de los últimos dos períodos fiscales?

Aquellos contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones tributarias por los períodos fiscales 2014 y 2015, pueden acceder a los siguientes beneficios:

 

–          Exención del Impuesto sobre los Bienes Personales por los períodos fiscales 2016, 2017 y 2018, incluyendo a los responsables sustitutos que dan cumplimiento a la obligación de ingreso del tributo en lugar del contribuyente en los casos de retención que realizan las sociedades de capital por las participaciones que suscriben las personas físicas y sucesiones indivisas o retención a sujetos del exterior por los hechos imponibles acaecidos en Argentina. Por su parte, los anticipos que se hubieran abonado por el período fiscal en curso podrán ser compensados o devueltos.

–          Los empleados en relación de dependencia que no tributen el Impuesto sobre los Bienes Personales, no estarán sujetos al Impuesto a las Ganancias por el aguinaldo correspondiente a junio de 2016.

El plazo para el acogimiento a los nombrados beneficios se extiende hasta el 31 de marzo de 2017.

¿Se deroga el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta a partir del 1º de enero de 2019?

Efectivamente, así lo dispone el artículo 76 de la ley ómnibus que establece la derogación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta a partir del ejercicio fiscal que se inicia el 1º de enero de 2019.

¿Se crea una Comisión Bicameral para realizar una reforma del sistema tributario nacional presentada por el Poder Ejecutivo?

Si. La Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria que se crea en el ámbito del Congreso Nacional,  estará compuesta por 15 diputados y 15 senadores, respetando la distribución de las fuerzas políticas en los recintos.

Se espera que esta Comisión trate, entre otras medidas, la progresiva eliminación del Impuesto sobre los Bienes Personales y su sustitución por un impuesto a la herencia como fuera concebido originalmente en el proyecto de ley que el gobierno envió al Congreso. Posteriormente, esta medida fue retirada del proyecto que obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social.

¿Cuál es el universo de jubilados y pensionados beneficiados con esta normativa?

El universo de beneficiarios del sistema de jubilaciones y pensiones es de 2.400.000 personas, discriminadas de la siguiente manera: 60.000 con sentencia firme en juicios de reajuste jubilatorio, 300.000 en proceso y 2.040.000 aproximadamente que no iniciaron juicio pero que poseen un derecho al beneficio.

 

Legislación del día: Servicio doméstico. Remuneraciones horarias y mensuales mínimas. Norma complementaria de la ley 26.844

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO EN CASAS PARTICULARES

Resolución 1/2016

Bs. As., 30/06/2016

VISTO, el Expediente N° 1.716.508/2016 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley 26.844, el Decreto N° 467/2014, la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo para el Personal de Casas Particulares N° 1, del 29 de septiembre de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo para el Personal de Casas Particulares N° 1, del 29 de septiembre de 2015, se fijaron a partir del 1° de septiembre de 2015, y a partir del 1° de diciembre de 2015 las remuneraciones horarias y mensuales mínimas para el Personal comprendido en el Régimen establecido por la Ley N° 26.844.

Que el ARTÍCULO 18 y el inciso c) del artículo 67 de la Ley 26.844 asignan como una de las atribuciones de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares la de fijar las remuneraciones mínimas.

Que a fojas 20/21 y fojas 22/24 del expediente citado en el Visto obran glosadas las propuestas de incremento salarial efectuado por la representación sectorial de trabajadores por mayoría y minoría respectivamente.

Que la representación sectorial empresaria ha elevado su propuesta de incremento salarial a fojas 25.

Que a fojas 26/27, obra Acta de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares suscripta en fecha 24 de junio de 2016, mediante la cual las representaciones sectoriales de trabajadores, empleadores y de los Ministerios integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo para el Personal de Casas Particulares se acordó un aumento salarial del TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) anual sobre los salarios mínimos establecidos por Resolución CNTCP N° 1/15, en dos tramos no acumulativos de un DIECIOCHO POR CIENTO (18%) abonable el primero a partir del 1° de junio de 2016 y el segundo de un QUINCE POR CIENTO (15%) a partir del 1° de diciembre de 2016.

Que en la mencionada Acta también se aprobó la propuesta formulada por la representación estatal de la creación de un adicional salarial por “zona desfavorable” equivalente a un QUINCE POR CIENTO (15%) sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas normativamente.

Que en consecuencia los miembros de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares coinciden en fijar los nuevos valores de las remuneraciones mínimas para el Personal de Casas Particulares.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 y el inciso c) del artículo 67 de la Ley N° 26.844.

Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO EN CASAS PARTICULARES RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjense a partir del 1° de junio de 2016, y a partir del 1° de diciembre de 2016 las remuneraciones horarias y mensuales mínimas para el Personal comprendido en el Régimen establecido por la Ley N° 26.844 conforme el incremento salarial acordado en el Acta de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares de fecha 24 de junio de 2016 en la que prestaron conformidad las partes signatarias con lo allí resuelto.

ARTÍCULO 2° — Remítanse las actuaciones a la Coordinación de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para que adecúe las escalas salariales correspondientes conforme al incremento salarial acordado y el adicional por zona desfavorable convenido en el Acta citada en el artículo 1° de la presente Resolución. Cumplido lo cual, notifíquese a los miembros integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

ARTÍCULO 3° — Las adecuaciones salariales dispuestas por esta Resolución serán de aplicación en todo el territorio de la Nación.

ARTÍCULO 4° — La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 1° de junio de 2016, hasta el 31 de mayo de 2017.

ARTÍCULO 5° — Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo previsto en el artículo 4°, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.

ARTÍCULO 6° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, y archívese. — SILVIA SQUIRE, Presidente C.N.T.C.P. — PAULINA JAUREGUIBERRY, Presidente Alterno C.N.T.C.P. — ROMINA NATALIA CATENA, Rep. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. — RAÚL FERNANDO LABALLOS, Rep. Ministerio de Desarrollo Social. — LORENZA BENITEZ DE GOMEZ, Rep. Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares. — AGATA ANA LIBANIO, Rep. Asociación de Trabajadores Auxiliares de Casas Particulares (Legajo 8494). — DANIEL MARIO MARENCO, Rep. Unión de Trabajadores Domésticos y Afines. — FRANCISCO FRENNA, Rep. Asociación de Trabajadores Auxiliares de Casas Particulares (Legajo 7912). — ALCIRA ISABEL BURGOS, Sindicato del Personal de Casas de Familia. — SONIA KOPPRIO, Sindicato del Personal de Servicio Doméstico Río Negro. — ESTEFA COSSIO, Sindicato de Trabajadores del Hogar de la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. — MARIA LUCILA COLOMBO, Asociación Civil Pro – Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. — OSVALDO MULFETTI, Asociación Civil Empleadores de Trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (EMTRACAP).

ANEXO 1
CATEGORIAS Y REMUNERACIONES A PARTIR DEL 1° DE JUNIO DE 2016

El personal que efectúe tareas incluidas en más de una categoría quedará comprendido en la que resulte la principal que desempeñe con habitualidad.
ADICIONAL POR ZONA DESFAVORABLE: Se aplicará un adicional por zona desfavorable equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz o Tierra del Fuego.

ANEXO 2
CATEGORIAS Y REMUNERACIONES A PARTIR DEL 1° DE DICIEMBRE DE 2016

El personal que efectúe tareas incluidas en más de una categoría quedará comprendido en la que resulte la principal que desempeñe con habitualidad.
ADICIONAL POR ZONA DESFAVORABLE: Se aplicará un adicional por zona desfavorable equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz o Tierra del Fuego.

  1. 04/07/2016 N° 46442/16 v. 04/07/2016

 

Fecha de publicación 04/07/2016

 

Legislación del día: Protocolo de Actuación para la Realización de Allanamientos y Requisas Personales. Aprobación

VISTO el Expediente CUDAP:EXP-SEG:N°0003346/2016 del registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 18 de la Constitución Nacional, la Ley N° 23.984, el artículo 22 bis de la Ley N° 22.520, el Decreto N° 15 del 5 de enero de 2016, y CONSIDERANDO:

Que la norma contenida en el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520 faculta al MINISTERIO DE SEGURIDAD a asistir al PRESIDENTE DE LA NACIÓN y al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático.

Que en lo particular, lo faculta a entender en la prevención del delito; en la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos del área de su competencia; entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna y la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las Fuerzas Policiales y de Seguridad nacionales y provinciales.

Que en virtud del Decreto N° 15/2016, entre las misiones y funciones de la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN CON LOS PODERES JUDICIALES, MINISTERIOS PÚBLICOS Y LEGISLATURAS se encuentra la de asistir a la Ministra en “la relación institucional con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del orden Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Que, por otro lado, uno de los trascendentales deberes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad es el de desempeñarse como auxiliares de la Justicia.

Que como lo establece la CONSTITUCIÓN NACIONAL en su artículo 18, el domicilio es inviolable, y sólo la ley determinará “en qué casos y con qué justificativos” podrá procederse a su allanamiento y ocupación.

Que en el plano internacional, la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS proscribe en su artículo 12, la injerencia arbitraria en el domicilio de una persona como también lo hace en idéntico sentido la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, al prohibir en su artículo 11, la intervención arbitraria o abusiva en el domicilio de una persona.

Que la intromisión del Estado en la morada privada, por lo tanto, sólo se encuentra permitida por la ley en casos excepcionales y, en ellos, corresponde ejecutarla del modo y con los requisitos previstos en la normativa directamente aplicable.

Que es por eso que los artículos 224 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, solo facultan al juez a ordenar, por auto fundado, “el registro de un lugar en donde se presume existen cosas vinculadas a la investigación del delito, o que allí puede efectuarse la detención del imputado o de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad”.

Que el juez podrá delegar la realización de la diligencia en los funcionarios de las Fuerzas Policiales o de Seguridad.

Que los agentes policiales y de seguridad deben desempeñarse de conformidad a las leyes que reglamentan las garantías constitucionales.

Que, por esta razón, es imprescindible controlar con mayor cuidado los ingresos policiales a los lugares objeto de los allanamientos atento el carácter de prueba irreproducible que ostentan.

Que a fin de garantizar la privacidad y seguridad de los habitantes y la correcta administración de justicia, es que fue necesaria la creación de reglas de procedimiento que sirvan a los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad para la realización de estas pesquisas procesales conforme derecho.

Que en virtud de las reiteradas declaraciones de nulidad decretadas por la Cámara Federal de Casación Penal resulta fundamental generar un protocolo de actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad con el objetivo de que cumplan con los requisitos legales para realizar allanamientos y requisas personales.

Que una declaración de nulidad trae como consecuencia el dilapidamiento de recursos estatales en los que se incurrieron durante la investigación y la consecuente impunidad de quienes hubieren cometido un delito.

Que la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 22° de la Ley de Ministerios (t.o. 1992 y sus modificatorios).

Por ello, LA MINISTRA DE SEGURIDAD RESUELVE:

Art. 1° — Apruébese el “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ALLANAMIENTOS Y REQUISAS PERSONALES”, el “LISTADO DE ELEMENTOS PARA ALLANAMIENTOS”, la “RECOLECCIÓN, EMBALAJE Y ETIQUETADO DE DISTINTOS INDICIOS” que como ANEXO I, II y III respectivamente, forman parte integrante de la presente Resolución.

Art. 2° — Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus respectivos Códigos Procedimentales a la presente Resolución y sus anexos.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dra. PATRICIA BULLRICH, Ministra de Seguridad de la Nación.

ANEXO I

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ALLANAMIENTOS Y REQUISAS PERSONALES.

  1. REGLAS GENERALES Y DEFINICIONES
  2. Objeto: El presente protocolo de actuación (en adelante “PGA”) tiene como objeto establecer los requisitos, procedimientos y pautas para la realización de allanamientos y requisas personales en el marco de una investigación criminal cuando en determinado lugar existan cosas vinculadas a la investigación del delito, o allí pueda efectuarse la detención del imputado o de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, procurando la preservación del lugar del hecho, de los rastros y elementos probatorios y el aseguramiento de la cadena de custodia del material secuestrado.
  3. Generalidades: El presente Protocolo es de aplicación obligatoria en todo el país para todo el personal de GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, POLICÍA FEDERAL ARGENTINA y POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, debiéndose tener en cuenta que su accionar debe ajustarse en un todo a la Constitución Nacional, las leyes del derecho interno y los protocolos vigentes.

2.1. Orden de Prelación: Los protocolos que traten materias específicas tendrán jerarquía superior a las disposiciones aquí enunciadas.

  1. Definiciones. A los fines del presente PGA se entiende por:

3.1 Allanamiento: Es el acto procesal que implica el ingreso a un domicilio, recinto de acceso restringido u otro lugar dentro del marco de una investigación criminal, consistente en el registro del mismo. Este acto se realiza mediante el uso de la fuerza pública y con las excepciones horarias que autoriza la ley, resguardando la integridad física de la totalidad de los actores y procurando la preservación de los medios de prueba buscados.

3.2 Orden de allanamiento: Es el documento emitido por el juez o tribunal competente en el cual se autoriza a la Policía o Fuerzas de Seguridad a realizar el registro de un lugar determinado cuando existan sospechas fundadas de que en esa ubicación puedan encontrarse pruebas de un delito, personas, o elementos de interés para la investigación.

3.3 Acta de Procedimiento: Es el instrumento público que da fe de lo sucedido y el relato valedero del que se nutren los distintos tribunales que intervienen en la causa para tener por acreditados los hechos que en ella se describen.

3.4 Requisa Personal: Es una medida procesal de coerción real por medio de la cual se procura examinar el cuerpo de una persona y las cosas que lleva en sí, consigo, dentro de su ámbito personal o en vehículos, aeronaves o buques, con la finalidad de proceder a su secuestro o inspección por estar relacionadas con un delito.

3.5 Perímetros: Son los límites de actuación de las unidades que intervienen en el allanamiento, circunscribiéndose a la orden emitida por la autoridad competente.

3.6 Punto de allanamiento o punto de impacto: Es el lugar determinado en la orden, emanada de la autoridad competente, y que estará descripto por su dirección catastral, intersección de calles, descripción del lugar, geoposicionamiento global, coordenadas geográficas o cualquier otro detalle que pueda describir su ubicación, dentro del cual se encuentran las personas o las cosas objeto de detención o secuestro, respectivamente. Entendiéndose no solamente estructuras edilicias si no también zonas rurales, vehículos y rodados.

3.7 Perímetro externo: Es el límite físico externo del punto de impacto, dado por la línea de edificación, cercos perimetrales y/o demarcaciones determinadas que se extiende a las inmediaciones del lugar a allanar donde se ubica el personal que intervendrá en el procedimiento, efectuará vigilancias, prestará apoyo y/o asistencia al objetivo central.

3.8 Zona asegurada: Es la zona próxima al perímetro externo, la cual será determinada por las características físicas del lugar. Deberá proporcionar seguridad tanto al personal policial como a los testigos. Se trata de un punto de encuentro para el personal que cumplimentará la medida, el cual debe estar a más de un kilómetro de distancia del objetivo a fin de evitar sospechas del procedimiento a realizar y garantizar el factor sorpresa. Allí se concentrarán los grupos operativos, de irrupción, de contención, u otras cooperaciones (Scanner, canes antinarcóticos, peritos, vehículos de traslado de personal o detenidos, personal para registros fílmicos, etc.), siendo éste un lugar apto para la obtención de testigos y coordinaciones previas al cumplimiento de la diligencia procesal.

3.9 Niveles de Complejidad: Cuando se tratare de un delito de resultado y de rápida definición, para el aseguramiento de la prueba y detención de sus responsables se deberá actuar acorde a los siguientes niveles, debiendo en todo momento el personal actuante tomar los recaudos suficientes para resguardar la vida y la seguridad de todos los actores del proceso. El jefe del operativo será el encargado de evaluar los niveles de complejidad del caso concreto:

3.9.1 Baja complejidad: Casos en los que no se advierta una respuesta armada. El ingreso no revestirá mayor complejidad. Se utilizarán sólo elementos de efracción.

3.9.2 Mediana complejidad: Aquellos allanamientos en los que haya un riesgo mínimo de una resistencia armada y/o física. Se utilizarán mecánicas de efracción y técnicas propias a través de la cooperación de grupos tácticos de irrupción que aseguren el lugar y faciliten el trabajo del personal designado para allanar.

3.9.3 Alta complejidad: Operaciones en la que se prevé una resistencia organizada y violenta con el empleo de armas de fuego, explosivos o cualquier otro elemento similar. Los grupos de operaciones especiales, actuarán acorde a sus protocolos y, luego de neutralizar toda amenaza y asegurar la zona, harán entrega del lugar al personal actuante.

3.10 Seguridad externa: Personal de la fuerza que se quedará brindando apoyo en el perímetro externo y en las inmediaciones del punto a allanar, mientras se está ingresando y asegurando el lugar, con la finalidad de evitar que cualquier efectivo que, sin importar el rango o carácter, no esté abocado a dicha tarea perjudique el accionar de los grupos tácticos o el personal actuante oponga en riesgo su vida, la de terceros, la preservación del lugar, el secuestro y la cadena de custodia. Por ningún motivo se ingresará al lugar hasta que no finalice la labor del personal que asegure el objetivo, es decir hasta que sea decretado como zona asegurada, y asimismo, evitarán todo intento de fuga.

3.11 Cadena de Custodia: Procedimiento de seguridad y control que se utiliza para la identificación, preservación, aseguramiento y resguardo de los indicios materiales abarcando desde la localización hasta su valoración por parte de los encargados del análisis pericial, atribuyendo responsabilidad a cada uno de sus intervinientes.

3.12 Registros Tecnológicos: Toda imagen, fotografía, filmación, grabación o registro efectuado bajo cualquier soporte tecnológico, obtenida durante la investigación criminal, diligencia de allanamiento o requisa que permita ilustrar una circunstancia específica y reflejar el accionar de los distintos partícipes y el resultado de la medida.

  1. PAUTAS ESPECÍFICAS DE ACTUACIÓN
  2. Allanamiento

4.1 Principio general(1): El allanamiento debe ser realizado obrando orden judicial y en horario diurno.(2)

4.2 Excepciones al requisito de orden judicial(3) cuando:

  1. A) Por incendio, explosión, inundación u otro estrago se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad.
  2. B) Se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en una casa o local, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito.
  3. C) Se introduzca en una casa o local algún imputado de delito a quien se persigue para su aprehensión.
  4. D) Voces provenientes de una casa o local anunciaren que allí se está cometiendo un delito o pidan socorro.
  5. E) Se tenga sospechas fundadas de que en una casa o local se encuentra la víctima de una privación ilegal de la libertad y corra peligro inminente su vida o integridad física. El representante del Ministerio Público Fiscal deberá autorizar la diligencia y será necesaria su presencia en el lugar.(4)

En el caso en que el Fiscal no comparezca a la diligencia, estando debidamente notificado y anoticiado del hecho, la autoridad policial o de la fuerza de seguridad que corresponda deberá dejar constancia de su ausencia en el acta respectiva y poner inmediatamente en conocimiento de lo actuado al Ministerio Público Fiscal.

4.3 Excepciones al requisito de horario diurno(5):

  1. A) a cualquier hora cuando el interesado o su representante lo consienta
  2. B) casos sumamente graves y urgentes
  3. C) cuando peligre el orden público(6)

4.4 Comunicación: Es obligación comunicar, inmediatamente, del procedimiento realizado en virtud de alguna de las excepciones mencionadas ut supra, a la autoridad judicial que corresponda(7).

4.5 Consulta: Cuando fuere indispensable realizar un allanamiento o secuestro sin orden judicial, el encargado de la actuación prevencional deberá informar inmediatamente todo lo actuado al juez competente de turno. La comunicación se deberá realizar, salvo motivos urgentes debidamente fundados, desde el lugar de lo actuado, dejando constancia, en un acta a realizarse en el momento, del nombre y cargo del funcionario u operador judicial consultado y de las medidas que se ordenasen. A tal efecto, los juzgados de turno con las fuerzas de seguridad especificarán los funcionarios y operadores judiciales habilitados para recibir las consultas y comunicarán por cualquier medio tecnológico a la autoridad prevencional las medidas que se ordenen, debiendo ser consignadas en el acta que se labre una vez finalizados los motivos que dieron lugar a la actuación de urgencia.

Los juzgados y fiscalías de turno podrán establecer las instrucciones de actuación que consideren pertinentes, las que deberán ser comunicadas a las autoridades prevencionales por escrito y en forma previa a la vigencia de la competencia de turno.

4.6 Actas: La actuación prevencional deberá consignarse preferentemente en actas, evitando las declaraciones testimoniales de los integrantes de una fuerza por parte de otros miembros de la misma fuerza. Quedará a criterio de la autoridad prevencional la elección de las formalidades en la recepción de las diligencias sumariales.

4.7 Constatación de los requisitos de la orden de allanamiento

4.7.1 Requisitos de la orden(8):

  1. A) Forma escrita. Excepción: En caso de urgencia, se pueden utilizar medios electrónicos(9).
  2. B) Identificación de los agentes policiales que participen del procedimiento.
  3. C) Identificación de causa y finalidad.
  4. D) Determinación del lugar donde debe efectuarse el allanamiento.
  5. E) Fijación de un horario.
  6. F) Determinación de la fecha a efectuarse.

4.7.2 Procedimiento:

  1. A) En primer lugar, se debe solicitar la medida al Juez competente mediante Informe que deberá contener:
  2. i) Ubicación e identificación del lugar. Se deberá solicitar al juez la identificación precisa del lugar objeto de la medida (ej.: número catastral). De no contar con él, como sucede en barrios urbanos y viviendas rurales, deberá solicitársele al Juez que identifique el lugar por medio de características propias, indubitables y certeras que no den lugar a duda respecto del lugar a allanar.
  3. ii) Identificación del sospechoso.

iii) Características del hecho/denuncia que motivan el pedido.

  1. iv) Solicitud fundada de autorización de hora y día inhábil si las circunstancias así lo requieren.
  2. v) Solicitud fundada de autorización para la utilización de las cooperaciones que sean necesarias, tales como cerrajeros, grupos especiales, para un mejor desarrollo de la diligencia procesal.

4.8 Allanamiento con orden y sin orden judicial:

4.8.1 Allanamiento con orden judicial:

  1. A) Identificación del objetivo: identificar el lugar conforme la orden de allanamiento. Si hay una diferencia u omisión del número catastral, el allanamiento practicado será válido mientras se pueda identificar el lugar por otros datos o características que den el mayor grado de certeza posible de que se trata del lugar descripto en la orden.

Por otro lado, si existe una discrepancia entre el número catastral real y el detallado en la orden, y se trata de construcciones exactamente iguales, o de propiedad horizontal simétrica las cuales son únicamente diferenciables por el número catastral y no haya datos o características que permitan su individualización, se debe requerir una nueva orden de allanamiento que especifique correctamente el lugar donde debe realizarse la medida.

  1. B) Aseguramiento del área perimetral.
  2. C) Despeje: Es la acción mediante la cual se procede a la revisión integral de la totalidad de las dependencias del punto de impacto, con la finalidad de impedir que se produzcan agresiones por parte de sus ocupantes. Esta acción se realizará al momento de la irrupción por parte del grupo táctico o el personal operativo.
  3. D) Aseguramiento: Acción que deba realizarse sobre la totalidad de las personas que deban inmovilizarse en el interior del punto de impacto, a las que se las asegurará mediante la utilización de esposas metálicas o descartables plásticas. La actuación prevencional podrá asegurar a la totalidad de moradores en el lugar, para que quien realice el acta pueda identificarlos y especificar el lugar donde fueron hallados.
  4. E) Aproximación:
  5. i) Sondeo blando: Es la aproximación lenta y sigilosa hasta el punto de impacto, procurando mantener la sorpresa mediante la disciplina del silencio.
  6. ii) Asalto Directo: Es la aproximación y desembarco directo sobre el punto de impacto, en forma terrestre, área o anfibia, conforme el terreno a allanar. Este tipo de asalto se llevará a cabo cuando prime la velocidad de ingreso y no afecte la seguridad del grupo, acortando el tiempo de exposición en los desplazamientos.
  7. F) Ingreso: Habiendo seleccionado el o los puntos de ingreso se procederá al franqueo de los mismos mediante los elementos y técnicas acordes, produciendo, de ser necesario, mediante las distintas técnicas o elementos indispensables, la rotura del cerramiento y obstáculo, con el objeto de producir un ingreso dinámico, dado que al momento de la irrupción se pierde el factor sorpresa.
  8. G) Notificación: leer la orden de allanamiento, los derechos y garantías a los testigos, morador y detenido, si los hubiese.
  9. H) Ingreso de testigos:
  10. i) DOS (2) testigos mayores de DIECIOCHO (18) años
  11. ii) No pertenecientes a ninguna de las Fuerzas.

iii) No deben guardar ningún tipo de relación con el imputado.

  1. iv) Deben estar presentes durante todo el procedimiento. Pudiendo ser reemplazados cuando existan causas razonables que justifiquen dicha medida, previa comunicación a la autoridad judicial.
  2. v) Deben ser los primeros en ingresar. Si las fuerzas deben ingresar primero, por existir riesgo para su seguridad, dejar constancia de ello en el acta(10).
  3. vi) En el caso que no hubieran testigos, deberá dejarse constancia en el acta explicando el motivo.
  4. I) Entregar copia de la orden al morador.
  5. J) Resguardo de los niños, niñas, adolescentes, personas con capacidad restringida, incapaces, capacidades diferentes y mujeres embarazadas. Cuando en el lugar a allanar se encontraren menores de edad, personas con capacidad restringida, incapaces, con capacidades diferentes, mujeres embarazadas o víctimas en situaciones especiales o de crisis, se procurará alejarlos del accionar policial, haciéndolos permanecer a la guarda preferentemente de un familiar o de personal idóneo para preservar su integridad. Inmediatamente, se comunicará a la autoridad judicial a los efectos de solicitar indicaciones en relación a la guarda de los menores. Las instrucciones impartidas por el magistrado deberán transcribirse en el acta.(11)
  6. K) Labrado y suscripción del acta. El Acta deberá ser confeccionada en el lugar durante el desarrollo del procedimiento. Acompañándose lo expuesto en ellas con fotos y croquis del lugar. Si por las particularidades del caso no se pudieran labrar las actuaciones allí, excepcionalmente podrá hacerse en otro lugar conveniente, dejando constancia de las razones que motivaron esta decisión. Asimismo, se comunicará a la autoridad judicial competente. Todas las Actas deberán ser firmadas por quienes actuaron en la diligencia. Deberán ser suscriptas por los testigos, previa lectura a viva voz. Si tuviera que firmar una persona no vidente o que no supiera leer, se le informará que el acta podrá ser leída y, en su caso, suscripta por una persona de su confianza, de lo que se dejará constancia.(12)

Los elementos requeridos para la realización del allanamiento, tanto para el ingreso como para su desarrollo, se encuentran detallados en el Anexo I del presente PGA.

4.8.2 Allanamiento sin orden judicial:

  1. A) Fundar razonablemente la medida en alguna de las causales previstas para el allanamiento sin orden judicial conforme punto 4.2 del presente PGA y Art. 227 del Código Procesal Penal de la Nación.
  2. B) Anunciarse e identificarse en la medida en que no se perjudique el procedimiento.
  3. C) Ingreso de testigos: Los mismos deben cumplir con los requisitos exigidos en el inciso H) del punto 4.8.1 del presente PGA.
  4. D) Resguardo de los niños, niñas, adolescentes, personas con capacidad restringida, incapaces, capacidades diferentes y mujeres embarazadas conforme lo establecido en el punto 4.8.1 inciso J) del presente PGA.
  5. E) Labrado y suscripción del acta conforme punto 4.8.1 inciso K) del presente PGA.
  6. F) Comunicación: Es obligación poner en conocimiento inmediatamente al juez competente de todo lo actuado.
  7. Labrado del Acta

El acta suscripta por el personal interviniente en el allanamiento, tanto el realizado mediando orden judicial como en virtud de algunas de sus excepciones, deberá obligatoriamente contener:

  1. A) Identificación de la causa, juez interviniente, motivo y objeto de la medida.
  2. B) Lugar, fecha y hora.
  3. C) Hora de finalización de la intervención y entrega de las instalaciones.
  4. D) Nombre, apellido, documento, domicilio, teléfono y calidad de las personas que actuaron.
  5. E) Nombre, apellido, documento, domicilio y teléfono de las personas que se encontraban en el lugar objeto del allanamiento.
  6. F) Indicación de las diligencias realizadas y su resultado, en cumplimiento de lo especificado en el punto 4.5.
  7. G) Declaraciones recibidas, indicando si fueron espontáneas o a requerimiento. Solamente se recepcionarán en el lugar las declaraciones de los testigos de actuación u otros testimonios particulares que solicite el Tribunal que intervenga. En ningún caso las autoridades policiales o fuerzas de seguridad podrán inquirir al imputado o tomarle declaración indagatoria.
  8. H) Motivo que haya impedido en su caso la intervención de las personas obligadas a asistir.
  9. I) Firma del funcionario actuante.
  10. J) Firma de los intervinientes, previa lectura, mencionando si alguno no pudo o no quiso firmar.

Si tuviere que firmar una persona no vidente o un analfabeto, se le informará que el acta puede ser leída y, en su caso, suscripta por una persona de su confianza, lo que se hará constar(13).

  1. K) Salvar si hay enmiendas, interlineados o sobre raspados.
  2. L) Se hará constar si se obtuvieron vistas fotográficas, registros fílmicos, planos, que permitan reflejar el estado en que se hallaban las cosas y sus resultados.
  3. Requisa Personal

6.1 Principios Básicos de Intervención

  1. A) Proporcionalidad entre la intensidad de afectación a la intimidad del sujeto pasivo de la medida y los fines que se persiguen siempre respetando la dignidad de las personas.
  2. B) Previa justificación de su necesidad y urgencia.

6.2 Principio General:

  1. A) La requisa personal debe realizarse con orden judicial.
  2. B) La orden fundada debe ser emanada de la autoridad judicial competente.
  3. C) De tratarse de múltiples requisas, se realizarán separadamente, respetando el pudor de las personas.
  4. D) Si se realiza sobre una mujer será efectuada por otra. Si quien efectuará la requisa posee una identidad de género distinta, se aconseja la convocatoria de personal médico del servicio de salud pública o perteneciente al cuerpo médico de la fuerza interviniente para llevar a cabo la requisa.
  5. E) La medida debe ser practicada dentro de los límites y modalidades establecidos en la orden judicial.

6.3 Requisa con orden judicial(14):

6.3.1 Procedimiento

  1. A) Identificación del encargado del procedimiento y de quien lo ejecute materialmente dando a conocer a los requisados los motivos de la medida.
  2. B) Se solicita a la/s persona/s a exhibir el objeto o elemento que se presumiere ilícito.
  3. C) La requisa se realizará sobre el cuerpo, vestimenta y cosas que lleva consigo o en el ámbito de su custodia.
  4. D) La requisa realizada obrando orden judicial consistirá en un examen integral del cuerpo.
  5. E) Si se detecta algún elemento extraño que pudiera constituir un objeto prohibido o ilícito, se actuará en consecuencia y se comunicará conforme la vía jerárquica operativa, dando intervención a la autoridad judicial competente, a fin de que esta resuelva sobre la intensidad a seguir en la requisa.
  6. F) Testigos:
  7. i) DOS (2) testigos mayores de DIECIOCHO (18) años, conforme punto 4.8.1 inciso H) del presente PGA.
  8. ii) No pertenecientes a ninguna de las Fuerzas.

iii) En el caso de imposibilidad de reunión de testigos, dejar constancia en el acta explicando el motivo.

  1. G) Confección del acta.
  2. H) Suscripción del acta por el requisado. En caso de negarse o imposibilidad se indicará la causa.

6.4 Requisa sin orden judicial(15):

  1. A) Indicios suficientes fundados en información y/o conductas previas que permitan inferir que la persona sobre la cual recaerá la medida, haya cometido, se encuentre cometiendo o pueda cometer un ilícito penal(16).
  2. B) Que la persona y sus cosas se encuentren en la vía pública o lugares de acceso público general o restringido o en aquellos lugares a los que se debió acceder por razones de urgencia
  3. C) Únicamente se realizará un palpado sobre la ropa y objetos que porta, comenzando desde la cabeza, siguiendo en cuello, brazos, tronco y piernas, intentando detectar el o los elementos que motivaron la necesidad de la medida que pueda ocultarse entre las prendas de vestir y los objetos.

Ante la negativa de una persona a someterse a la requisa, se solicitará inmediatamente la autorización judicial para llevar adelante la misma, excepto que por razones de urgencia se realice sin esa orden.(17) De lo contrario, será pasible de las sanciones previstas por el Art. 239 del Código Penal de la Nación.(18)

6.5 Información del resultado

  1. A) Requisa con orden judicial: dar aviso a la autoridad competente para anoticiarlo sobre el resultado de la medida.
  2. B) Sin orden judicial: Cuando en uso de las facultades de actuación prevencional se deba realizar una requisa personal y ésta arrojare resultado positivo, se deberá poner en inmediato conocimiento de lo actuado a la autoridad competente.
  3. C) En ambos casos se deberá actuar en cumplimiento de lo reglado en el punto 4.5.

6.6 Acta

El acta suscripta por el personal interviniente en la requisa, aún si fue realizada sin orden judicial, deberá obligatoriamente contener:

  1. A) Fecha, hora y lugar.
  2. B) Nombre y apellido de los intervinientes.
  3. C) Indicación de las diligencias realizadas y su resultado. Identificando tanto a quienes participaron activamente de la diligencia como quienes efectuaron el hallazgo de pruebas o elementos relacionados con un delito.
  4. D) Declaraciones recibidas indicando si fueron espontáneas o a requerimiento.
  5. E) Motivo que haya impedido en su caso la intervención de las personas obligadas a asistir.
  6. F) Firma del funcionario actuante.
  7. G) Firma de los intervinientes, previa lectura, mencionando si alguno no pudo o no quiso firmar.
  8. H) Salvar si hay enmiendas, interlineados o sobre raspados.

Si tuviere que firmar una persona no vidente o un analfabeto, se le informará que el acta puede ser leída y, en su caso, suscripta por una persona de su confianza, lo que se hará constar(19).

  1. Secuestro y Cadena de Custodia

El juez podrá disponer el secuestro de las cosas relacionadas con un delito, las sujetas a decomiso o aquellas que puedan servir como medios de prueba.

Esta medida será dispuesta y cumplida por los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad, cuando se produjere el hallazgo de esas cosas y fuera resultado de un allanamiento o de una requisa personal dejando constancia de ello en el acta respectiva y dando cuenta inmediata del procedimiento realizado al juez o fiscal intervinientes.

Los elementos de prueba serán recolectados según las reglas aplicables al tipo de objeto, garantizando la cadena de custodia(20).

El material secuestrado deberá ser clasificado, e introducido para su resguardo en bolsas plásticas transparentes las cuales deberán cumplir con los requisitos de seguridad para evitar la contaminación de la prueba.

Cuando se tratare de estupefacientes y precursores químicos se estará a las disposiciones establecidas en el “PROTOCOLO ÚNICO PARA ASEGURAR LA PRESERVACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE LOS ESTUPEFACIENTES Y PRECURSORES QUÍMICOS SECUESTRADOS HASTA SU EFECTIVA DESTRUCCIÓN”, aprobado por Resolución MS N° 858/2011.

Si se tratare de indicios materiales (manchas secas, indicios húmedos, material biológico, etc.) deberá ajustarse a lo establecido en el Anexo II del presente PGA respecto de la “recolección, embalaje y etiquetado de distintos indicios” y al “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LA ESCENA DEL HECHO Y SUS PRUEBAS” aprobado por Resolución MS N° 792/2015.

7.1 Custodia del objeto secuestrado

Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos, bajo segura custodia, a disposición del tribunal. En caso necesario podrá disponerse su depósito.

El juez podrá ordenar la obtención de copias o reproducciones de las cosas secuestradas cuando éstas puedan desaparecer, alterarse, sean de difícil custodia o convenga así a la instrucción.

Las cosas secuestradas serán aseguradas con el sello del tribunal y con la firma del juez y secretario, debiéndose firmar los documentos en cada una de sus hojas.

Si fuere necesario remover los sellos, se verificará previamente su identidad e integridad. Concluido el acto, aquéllos serán repuestos y de todo se dejará constancia(21).

Si en estricto cumplimiento de la orden de allanamiento se encontraren objetos que evidencien la comisión de un delito distinto al que motivó la orden, se procederá al resguardo de la prueba y, desde el lugar, se entablará comunicación con la autoridad que emitió la orden.(22)

7.2 Secuestro de correspondencia

Cuando en el marco de una investigación en el que se ordenare un allanamiento y el secuestro de correspondencia los funcionarios de la Policía y Fuerzas de Seguridad no podrán abrir la correspondencia que secuestren, sino que la remitirán intacta a la autoridad judicial competente. Sin embargo, en los casos urgentes, podrán concurrir a la más cercana jurisdiccionalmente, la que podrá autorizar la apertura si lo creyere oportuno(23).

ANEXO II

LISTADO DE ELEMENTOS PARA ALLANAMIENTOS

Para el ingreso:

– Ariete/ Brechero

– Corta candado

– Maza y cortafierros

Para el desarrollo:

– Notebook

– Impresora

– Hojas A4

– Lapiceras

– Marcadores indelebles

– Precintos de plástico

– Valija operativa o maletín

– Barbijo

– Cámara de fotos

– Cinta métrica

– Balanza digital

– Reactivos (test de orientación)

– Linterna

– Cúter

– Cinta adhesiva

– Guantes acordes al tipo de sustancias

– Bolsas de secuestro para resguardo de la sustancia y de los elementos secuestrados, (deben ser de poliuretano termo sellables)

– Pipetas, tubos de ensayo y porta tubos, para precursores químicos. Frascos de vidrio y de plástico para la extracción de muestras de sustancias líquidas o en polvo

– Etiquetas adhesivas para rotular envases o elementos

Casos de manipulación de sustancias esenciales o precursores químicos:

– La utilización de equipos autónomos Exapar, (para los procedimientos con sustancias y precursores químicos esenciales y su traslado), compuestos de:

– Máscaras con protección visual

– Tubos de oxígeno

– Botas

– Guantes

– Traje impermeable.

ANEXO III

RECOLECCIÓN, EMBALAJE Y ETIQUETADO DE DISTINTOS INDICIOS

Una vez finalizada la fijación de la “Escena del crimen” y de los indicios materiales hallados en el lugar, el personal de las áreas periciales que fueran convocadas procederá al levantamiento y secuestro de la evidencia frágil (fibras, fluidos, sustancias pulverulentas, rastros papilares, sustancias orgánicas, pintura, etc.), lo cual se llevará a cabo mediante la técnica que resulte apropiada conforme los procedimientos técnicos y buenas prácticas de uso específico, a efectos de no destruir ni contaminar la evidencia, tomando en consideración el valor investigativo y la debida precaución en cuanto a su manejo.

Los recipientes, bolsas y cajas, que se utilicen para la recolección/secuestro, en la medida de las posibilidades, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

– El tamaño de los mismos, estará relacionados con el tamaño de los objetos y/o materiales a proteger.

– Las bolsas de papel o sobres que se utilicen deben poseer un espesor no menor a 100 micrones.

– Las cajas deberán ser, en lo posible, de cartón corrugado simple.

– Los objetos frágiles se trasladarán con el cuidado que requiere ese tipo de material, por eso es importante prever antes del envío el tamaño de los depósitos (cajas, bolsas, etc. de papel y/o cartón) que se usarán, colocándole la leyenda de frágil.

Estas muestras frágiles serán levantadas y acondicionadas acorde a su naturaleza y según se sugiere a continuación.

MANCHAS SECAS

En soportes pequeños y de fácil transporte:

Colillas, armas blancas, monedas, llaves, piedras, ramas, papeles, entre otros: Recoger por separado e introducirlas en bolsas de papel o cajas. Los contenedores deben ser lo suficientemente resistentes y debe optarse por el tamaño del mismo según el tamaño del objeto a recolectar.

En soportes grandes no transportables o de complicado traslado:

Soporte no absorbente (cristal, metal…): Recoger con un levantador apropiado tipo Bode SecurSwab (sistema de hisopados de última generación) con agua ultra pura o raspar con bisturí y guardar en bolsa de papel.

(*) Soporte absorbente (telas, fibras, tapicerías…): Recortar la mancha y guardar en bolsa de papel o extraer, si es posible, según lo descripto en el ítem anterior.

INDICIOS HÚMEDOS

Sangre o semen en ropas, tapicerías, toallas: Tratar por todos los medios de secar en el lugar del secuestro antes de embalar en un sector protegido libre de contaminantes, con el fin de no distorsionar o modificar los patones de manchas de sangre que en ellos pueden existir. Introducir por separado en bolsas de papel madera o cajas de cartón según sea el tamaño, por separado. También puede procederse como en el ítem *, en el caso que el traslado complique su protección o los patrones puedan verse alterados.

Semen en preservativos: atar e introducir en un frasco de plástico o proceder como en el ítem (*).

Objetos que posean material biológico: saliva, restos epiteliales, líquido amniótico etc., dependiendo la muestra, pueden dejarse secar a temperatura ambiente, (escarbadientes, chicles, utensilios de cocina, etc.) o proceder como en el ítem (*).

Escenas del crimen lavadas (sangre erradicada): una vez identificada la mancha proceder según el ítem (*)

Finalizada la recolección de indicios frágiles, se continuará con el levantamiento del resto de la evidencia material de interés para el esclarecimiento del hecho (armas de fuego, armas blancas, material balístico, documentos, vestimentas, sogas, etc.).

El personal técnico deberá localizar y levantar la evidencia con la protección de guantes y el auxilio de instrumentos necesarios, acorde a los procedimientos o buenas prácticas específicos de cada especialidad.

Durante el levantamiento se deberá manipular lo menos posible la evidencia física a fin de no contaminar el material, utilizando para ello el equipo adecuado al procedimiento (guantes, pinzas, levantadores, hisopos, gasas, etc.). No se deberá emplear el mismo instrumento de recolección en los sucesivos levantamientos, pues ello podría contaminar la evidencia.

Una vez efectuada la correspondiente recolección de los indicios, se procederá al embalaje individual de cada uno de ellos según su naturaleza. A tal efecto, se deberá individualizar y documentar cada levantamiento de manera correcta asentando en el acta respectiva el lugar de levantamiento, las características que presentan, fecha, hora, lugar de hallazgo y su estado actual (sólido o líquido).

En los casos de inspección o secuestro de armas de fuego, las mismas deberán tomarse siempre por los bordes del arco guardamonte o por alguna superficie estriada o con relieve antideslizante, verificando previamente que las mismas no se encuentren cargadas. De hallarse cargadas, se procederá a descargarla siguiendo los procedimientos de seguridad del caso. Se manipularán estrictamente lo indispensable, el arma deberá quedar abierta y sin municiones. Todo el procedimiento deberá quedar detallado en el acta labrada por el preventor.

Seguidamente, se deberá colocar el arma en el interior de una caja de cartón, sobre o bolsa resistente, evitando que dicho elemento sufra golpes, roces o daños que puedan alterar su estado. En todos los casos de manipuleo de las armas de fuego se deberán observar las pautas de seguridad normadas en las disposiciones y reglamentos policiales.

Para el caso de indicios balísticos tales como cartuchos, vainas, plomos y ojivas, se deberán emplear pinzas con punta de goma (para evitar rayar o mellar su superficie) y, de no contar con ésta, se procederá a tomarlos con guantes por sus extremos, colocando cada uno de estos elementos en caja, sobre o bolsa resistente, evitando que dichos elementos sufran golpes, roces o daños que puedan alterar su estado. Dichos indicios deberán ser embalados en forma individual para evitar que se contaminen con otros agentes externos.

Con respecto a las armas blancas, se levantarán tomándolas de sus bordes o extremos sin filo ni punta y se colocarán en cajas resistentes e individuales con las prevenciones descriptas en los aparados anteriores.

Cadena de Custodia: En todos los formularios debe aparecer un apartado dedicado a la cadena de custodia donde debe constar:

  1. A) Nombre o identificación y firma de las personas que realizan la toma del material biológico.
  2. B) Fecha y hora de la toma.
  3. C) Condiciones de almacenaje hasta su envío al laboratorio.

(1) “El registro domiciliario será válido cuando la orden emane de un órgano judicial, se expida mediante auto fundado y se le impute al sujeto pasivo de la medida un accionar delictivo. Tal imputación podrá tener el carácter de mera sospecha, no requiere la certeza necesaria para un pronunciamiento condenatorio ni semiplena prueba de la culpabilidad del sujeto que deba soportarla, (…) El juez que ordena el registro domiciliario no debe fundar su decisión en la certeza moral de que el sujeto pasivo de aquélla está incurriendo en delito sino en circunstancias que demuestren, en grado de probabilidad compatible con el estado primigenio de la pesquisa, que la conducta ilícita se está por cometer o se haya en curso de ejecución”. CNCP “Müller, Carlos Eusebio s/Recurso de Casación”.

(2) Art. 225 Código Procesal Penal de la Nación: “Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia sólo podrá realizarse desde que salga hasta que se ponga el sol.”

(3) Art. 227 Código Procesal Penal de la Nación. “(…) el resto de los casos donde el digesto ritual autoriza a las fuerzas de seguridad a prescindir de la orden judicial, denotan la necesidad de la concurrencia de dos factores a saber: por un lado, motivos previos que demuestren la posible comisión de un delito y, por otro, razones de urgencia que hagan imposible recabar la orden judicial sin frustrar el cumplimiento de la medida” – CNCP “M., G.A. s/Recurso de Casación” – “Es válido el ingreso de personal de Gendarmería Nacional a un campo, propiedad de terceros ajenos al hecho, pues, ante la notitia criminis relativa a que en ese lugar en horas nocturnas ingresaría mercadería ilegal proveniente de Paraguay, miembros de esa fuerza que se encontraban patrullando la zona, divisaron a una persona en la zona “de riesgo”, lo cual se erigió en un “motivo suficiente” o un “indicio objetivo” a los fines del registro domiciliario, a lo que se adiciona la situación de urgencia, ya que de no haberse ingresado al predio la misión estatal se habría frustrado”. CNCP “Martínez Da Silva, Arnaldo Aníbal s/Recurso de Casación”.

(4) “Observo que aunque de las constancias plasmadas en el acta de procedimiento (…) no resulta la presencia del agente fiscal en el momento mismo que el personal policial irrumpe en el lugar, consta sin embargo que los agentes de la fuerza de seguridad ‘anoticiaron’ de modo inmediato al Fiscal sobre el hallazgo y liberación de la víctima, y así también se dejó nota de las medidas que con carácter de urgente decretó dicho funcionario en el contexto que le fue informado. En estas condiciones si no se refuta que el Fiscal…. estuvo en ese sitio, lo cual además viene reconociéndolo el propio impugnante, y que tomó conocimiento de lo hallado, y las providencias que se transcriben precedentemente, el hecho de que su presencia no coincida con toda la extensión temporal de la intervención de la policía no acarrea por sí nulidad.” CNCP Sala II “RPC s/Recurso de Casación – “…observo que la entrada en el inmueble sito en……del Barrio….., Villa El Pineral, localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero, Pcia. de Buenos Aires, acaecido el día 8 de agosto de 2006, se concretó sobre la base de indicios que sustentaban razonablemente la presunción de que en el inmueble indicado podía estar la víctima del secuestro extorsivo que había sido concretado el día anterior, y que se obró con la finalidad de liberarla y poner a salvo su vida, según había sido puesto de manifiesto por agentes de la prevención…” “Cuando se da el supuesto de hecho del art. 227, inc. 5°, C.P.P.N., no se requiere que el fiscal proceda por auto fundado, sólo se requiere “autorización” de la fiscalía y la existencia de esta autorización no está puesta en discusión por la defensa.”

(5) Art. 225 Código Procesal Penal de la Nación – “Si bien los procedimientos fueron practicados a horas de la noche, el magistrado tomó en cuenta dicha circunstancia y en virtud de la urgencia e índole de la inflación sospechada, dispuso librar las órdenes solicitadas ese mismo día disponiendo que tales diligencias se concretaran más allá de los límites temporales previstos en la primera parte del Art. 225 del C.P.P.N., de conformidad con la excepción prevista en el segundo apartado de dicha norma, por otra parte, ninguno de los habitantes de los domicilios registrados manifestó su oposición a la realización de tal medida” – CNCP “Morales, Orlando J, s/Recurso de Casación”. A partir del precedente “Fiorentino”, (Fallos, 306: 1752) el consentimiento válido prestado por el interesado para el ingreso de personal policial en su domicilio exime de la exigencia de la orden judicial escrita que faculte el allanamiento.

(6) “Por ello, si bien en otros antecedentes judiciales los allanamientos dentro de la villa 1-11-14 fueron dispuestos en su mayoría en horario nocturno en miras a no perjudicar el éxito de los registros y evitar la ocurrencia de situaciones de conflicto, lo cierto es que, en el caso concreto de autos, las circunstancias develadas a través de la investigación aconsejan alejarse de este temperamento, planteándose la necesidad de concretar las diligencias dentro de la franja horaria ya citada, a los efectos de dar acabada satisfacción a los fines perseguidos a través de las medidas de prueba consideradas y, fundamentalmente, procurar la aprehensión de los principales responsables de esta agrupación criminal (artículo 193 del CPPN.), sin perjuicio de habilitarse día y horas inhábiles en caso de ser estrictamente necesario (artículo 225 del CPPN.).

En este sentido, se han recabado diferentes testimonios —en especial el del Comisario ENRIQUE ALBERTO VILLARRUEL, a cargo de la División Operaciones Metropolitanas de la Policía Federal—, dando cuenta que se hallan en condiciones de desarrollar los allanamientos requeridos en el horario pretendido, pudiéndose brindar durante el desarrollo de las mismas las seguridades del caso a los testigos, personas que puedan encontrarse dentro de los sectores allanados y de los terceros ajenos que puedan por algún motivo verse involucrados en las diligencias.” (Jz. Fed. 12, Sec. 24, causa “Estrada González Marco”).

(7) “No son nulos estos procedimientos si el personal policial convoco la presencia de dos testigos hábiles a fin de labrar las actas de detención y secuestro, y se cursó información en modo inmediato con la debida notificación al juez competente, quien habilito el control jurisdiccional.”- CNCP “Romero Saucedo, Carlos s/Recurso de Casación”.

(8) “La ley exige en los allanamientos la determinación del lugar donde debe efectuarse la diligencia. Esto hace a la racionalidad de su emisión, puesto que debe mediar algún tipo de vinculación entre el “situs” indicado y los hechos de la causa o las personas sospechadas. (…). La fijación de un horario es fundamental para resguardar la tranquilidad de las personas, teniendo en consideración el descanso y zozobra que implican determinadas acciones compulsivas en horas nocturnas. (…) La fecha, en cambio, tiene una doble fundamentación: poner un límite temporal al funcionario que debe ejecutarla y no demorar la tramitación del proceso en orden a los plazos que rigen la encuesta preparatoria. (…)” “Chávez, Gustavo Alejandro s/Recurso de Casación” “(…) se dirigió contra persona y morada determinadas, estuvo precedido por una solicitud del preventor y contó con el decreto judicial respectivo. La fundamentación debe serle exigida al juez dentro de un marco de razonabilidad adecuada. Dicha razonabilidad es una regla sustancial y que tiene como finalidad preservar del valor justicia en el contenido de todo acto de poder” CNCP “Andrada, Antonio A s/Recurso de Casación.”

(9) Art. 224 3er párrafo Código Procesal Penal de la Nación: “En caso de urgencia, cuando medie delegación de la diligencia, la comunicación de la orden a quien se le encomiende el allanamiento podrá realizarse por medios electrónicos. El destinatario de la orden comunicará inmediatamente su recepción al Juez emisor y corroborará que los datos de la orden, referidos en el párrafo anterior, sean correctos. Podrá usarse la firma digital (…).”

(10) Art. 224 4to párrafo Código Procesal Penal de la Nación: “Cuando por existir evidente riesgo para la seguridad de los testigos del procedimiento, fuese necesario que la autoridad preventora ingrese al lugar primeramente, se dejará constancia explicativa de ello en el acta, bajo pena de nulidad.” – ‘(…) Ricardo Levene (n.), quien indica que “…esta norma se refiere a casos absolutamente excepcionales como cuando sucede por ejemplo un tiroteo en el lugar del hecho o se presuma que pueda haberlo. Con ellos se intenta ejercer la protección de la vida y la salud de testigos inocentes que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de salvaguardar.” (…) además, se tiene que dejar constancia explicativa en el acta —bajo pena de nulidad— que indique con claridad por qué los testigos ingresaron con posterioridad a la iniciación del allanamiento.’ – CNCP “Palacios, Oscar E. s/Recurso de Casación”.

(11) Cfr. Protocolo General de Actuación para la realización de allanamientos y registros de lugares públicos y privados aprobado por Disposición PSA N° 834/2014 del 19/09/2014.

(12) Cfr. Protocolo General de Actuación para la realización de allanamientos y registros de lugares públicos y privados aprobado por Disposición PSA N° 834/2014 del 19/09/2014.

(13) Art. 139 Código Procesal Penal de la Nación: “(…) Si tuviere que firmar un ciego o un analfabeto, se le informará que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por una persona de su confianza, lo que se hará constar”

(14) Art. 230 Código Procesal Penal de la Nación: “El juez ordenará la requisa de una persona, mediante decreto fundado, siempre que haya motivos suficientes para presumir que oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito. Antes de proceder a la medida podrá invitársela a exhibir el objeto de que se trate.

Las requisas se practicarán separadamente, respetando el pudor de las personas. Si se hicieren sobre una mujer serán efectuadas por otra.

La operación se hará constar en acta que firmará el requisado; si no la suscribiere, se indicará la causa.

La negativa de la persona que haya de ser objeto de la requisa no obstará a ésta, salvo que mediaren causas justificadas”

(15) Art. 230 bis Código Procesal Penal de la Nación: “Los funcionarios de la policía y fuerza de seguridad, sin orden judicial, podrán requisar a las personas e inspeccionar los efectos personales que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y buques, de cualquier clase, con la finalidad de hallar la existencia de cosas probablemente provenientes o constitutivas de un delito o de elementos que pudieran ser utilizados para la comisión de un hecho delictivo de acuerdo a las circunstancias particulares de su hallazgo siempre que sean realizadas:

  1. a) con la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar dichas medidas respecto de persona o vehículo determinado; y,
  2. b) en la vía pública o en lugares de acceso público.

La requisa o inspección se llevará a cabo, de acuerdo a lo establecido por el 2° y 3er. párrafo del artículo 230, se practicarán los secuestros del artículo 231, y se labrará acta conforme lo dispuesto por los artículos 138 y 139, debiendo comunicar la medida inmediatamente al juez para que disponga lo que corresponda en consecuencia.

Tratándose de un operativo público de prevención podrán proceder a la inspección de vehículos.

“La facultad establecida en el artículo 184 inc. 5 que posee la policía para requisar urgentemente, sin autorización judicial reviste carácter excepcional y a su vez deben verificar dos extremos: a) el primero que se refiere a la justificación del acto, y consiste en la existencia de motivos suficientes para sospechar que un sujeto lleva sobre su persona cosas que pueden ser útiles para la averiguación de un delito y b) el segundo relativo a la temporalidad del acto, esto es a la existencia de una razón de urgencia que justifique la actuación inmediata por parte del personal policial” – CNCP “Palacios, Gustavo M. s/Recurso de Casación”.

(16) Art. 5 Son facultades de la Policía Federal para el cumplimiento de sus funciones: 1.- Detener con fines de identificación, en circunstancias que lo justifiquen, y por un lapso no mayor de veinticuatro (24) horas, a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes. – Decreto N° 333/58 – 14/01/1958

(17) Cfr. Protocolo General de Actuación para la realización de requisas sobre las personas aprobado por Disposición PSA N° 223/2015 del 06/05/2015

(18) Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.

(19) Art. 139 Código Procesal Penal de la Nación: “(…) Si tuviere que firmar un ciego o un analfabeto, se le informará que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por una persona de su confianza, lo que se hará constar”

(20) “Son procedentes las medidas que disponen el secuestro y custodia de objetos que “prima facie” integran el cuerpo del delito. Existe habilitación legal para detener y requisar cuando se tienen motivos racionalmente bastantes para creer que está pasando o está a punto de pasar algo criminalmente relevante”. CNCP “Romero Saucedo, Carlos s/Recurso de Casación”.

(21) Art. 233 Código Procesal Penal de la Nación: “Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos, bajo segura custodia, a disposición del tribunal. En caso necesario podrá disponerse su depósito. El juez podrá ordenar la obtención de copias o reproducciones de las cosas secuestradas cuando éstas puedan desaparecer, alterarse, sean de difícil custodia o convenga así a la instrucción.

Las cosas secuestradas serán aseguradas con el sello del tribunal y con la firma del juez y secretario, debiéndose firmar los documentos en cada una de sus hojas.

Si fuere necesario remover los sellos, se verificará previamente su identidad e integridad. Concluido el acto, aquéllos serán repuestos y de todo se dejará constancia”.

(22) Cfr. Protocolo General de Actuación para la realización de allanamientos y registros de lugares públicos y privados aprobado por Disposición PSA N° 834/2014 del 19/09/2014.

(23) Art. 185 Código Procesal Penal de la Nación: “Los funcionarios de la policía y fuerzas de seguridad no podrán abrir la correspondencia que secuestren, sino que la remitirán intacta a la autoridad judicial competente; sin embargo, en los casos urgentes, podrán ocurrir a la más inmediata, la que autorizará la apertura si lo creyere oportuno”.

 

Obras Sociales

La Cámara confirmó la sentencia que ordenó cautelarmente a una obra social a cubrir el costo del ciclo lectivo, incluida matrícula y cuotas, a favor de un niño con discapacidad.

SUMARIO

La sentencia que ordenó cautelarmente a una obra social a cubrir del costo del ciclo lectivo, incluida matrícula y cuotas, a favor de un niño con discapacidad, en la institución educativa indicada por el médico tratante debe confirmarse, pues el mantenimiento de la medida evita el agravamiento de las condiciones de vida de aquel, relacionadas con su proceso de aprendizaje y educación, como así también de su salud.

FALLO

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

Causa nº 7961/2013/1 -S.I- FRIAS NICOLAS VITALI c/ OSDE s/ INCIDENTE

DE APELACIÓN

Juzgado nº: 9

Secretaría nº: 18

Buenos Aires, 24 de mayo de 2016.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 303 – fundado a fs. 306/310, respondido por la actora a fs. 321/323 y por el Sr. Defensor

Público Oficial a fs. 329/331- contra la decisión de fs. 299/300; y

CONSIDERANDO:

1. La resolución recurrida amplió la medida cautelar decretada en  la causa. Dispuso que la demandada cubriese el costo de la matrícula y de las cuotas correspondientes al ciclo lectivo del año 2016 en el Colegio Noordwijk Montessori al que  concurre el niño amparista en esta causa (cfr. fs. 287).

Contra ese pronunciamiento la demandada interpuso recurso de apelación a fs. 289, el que fue concedido a fs. 304 (anteúltimo párrafo).

2. OSDE

Organización de Servicios Directos solicitó la revocación del pronunciamiento sobre la base de agravios que pueden resumirse en los  siguientes: a) no hay verosimilitud en el derecho. No surge de autos que la familia del amparista no posea los medios económicos suficientes a fin de afrontar el costo de lo requerido en estos autos. Tampoco surge que el actor haya permitido que la obra social realizara la evaluación interdisciplinaria prescripta por la ley 24.901; b) no hay peligro en demora ni daño irreparable, no se acreditó ni mínimamente tal situación; y c) en caso de confirmarse la medida precautoria a su parte le generaría un daño económico, más aún ponderando que el Sr. Juez no ordenó ninguna contracautela.

3. En los términos expuestos, resulta adecuado recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los  jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes o  probanzas producidas en la causa, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten  decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088,  304:819, 305:537, 307:1121).

4. Ello sentado, se debe señalar que no está discutida en el “sub lite” la condición de discapacitado del menor -cfr. copia del certificado de discapacidad  obrante a fs. 31-, que padece de trastornos hipercinéticos, trastornos de la conducta (cfr. fs. 31), ni su afiliación a OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios –cfr. fs. 29-.

La controversia se plantea en cuanto a la obligación de la accionada de proveer la cobertura del costo del ciclo lectivo del presente año en el Colegio Noordwijk Montessori, el que incluye la matrícula y las cuotas correspondientes.

5. Para resolver en esta causa, es importante puntualizar que la ley 24.901 (texto anterior al D.J.A.) instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (art. 1).

En lo concerniente a las obras sociales, dispone que éstas tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley, que necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2).

Entre estas prestaciones se encuentran las de: transporte especial para asistir al establecimiento educacional o de rehabilitación (art. 13); rehabilitación (art.

15); terapéuticas educativas (arts. 16 y 17); y asistenciales, que tienen la finalidad de cubrir requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad (art. 18).

Además, la ley 24.901 contempla la prestación de servicios específicos, enumerados al sólo efecto enunciativo en el capítulo V, que integrarán las  prestaciones básicas que deben brindarse a las personas con discapacidad, en concordancia con criterios de patología (tipo y grado), edad y situación socio-familiar, pudiendo ser ampliados y modificados por la reglamentación (art. 19).

También establece prestaciones complementarias (cap. VII) de: cobertura económica (arts. 33 y 34); apoyo para facilitar o permitir la adquisición de  elementos y/o instrumentos para acceder a la rehabilitación, educación, capacitación o  inserción social, inherente a las necesidades de las personas con discapacidad (art. 35);  atención psiquiátrica y tratamientos psicofarmacológicos (art. 37); cobertura total por los  medicamentos indicados en el art. 38; estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes obligados por esta ley (art. 39, inc. b).

La amplitud de las prestaciones previstas en la ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con  discapacidad (ver arg. arts. 11, 15, 23 y 33).

Por lo demás, la ley 23.661(texto anterior al D.J.A) dispone que los agentes del seguro de salud deberán incluir, obligatoriamente, entre sus prestaciones las que requieran la rehabilitación de las personas discapacitadas, debiendo asegurar la cobertura de medicamentos que estas prestaciones exijan (art. 28) -cfr. esta Sala, causa 7841 del 7/2/01, entre muchas otras-. 6. Con relación a la verosimilitud del derecho, no debe olvidarse  que este requisito esencial para la procedencia de la medida cautelar, se refiere a la posibilidad de que el derecho exista y no a una incontestable realidad, la cual sólo se  logrará al agotarse el trámite (cfr. Fenochietto-Arazi, Código Procesal comentado, t. 1, pág. 742; esta Sala, causas 14.152 del 27-10-94, 44.800 del 21-3-96, 35.653/95 del 29-4-97, 21.106/96 del 17-7-97, 1251/97 del 18-12-97, 7208/98 del 11-3-99, 889/99 del 15-4-99, 436/99 del 8-6-99, 7208/98 del 4-11-99, 1830/99 del 2-12-99 y 7841/99 del 7-2-2000).

7. En cuanto al peligro en la demora, este Tribunal ha reconocido -en casos análogos al presente- que tal requisito se tiene acreditado con la incertidumbre y la preocupación que se genera, de modo que la medida precautoria sea necesaria para disipar un temor de daño inminente, acreditado prima facie o presunto (cfr. causas 6655/98 del 7-5-99, 436/99 del 8-6-99, 7208/98 del 4-11-99, 1830/99 del 2-12-99 y 1056/99 del 16-12-99; en ese sentido, ver Fassi-Yáñez, Código Procesal comentado, t. 1,  pág. 48 y sus citas de la nota nº 13 y Podetti, Tratado de las medidas cautelares, pág. 77,  nº 19).

8. En tales condiciones, se debe ponderar muy especialmente que en la medida precautoria decretada en la causa el magistrado dispuso que la demandada otorgara, al niño amparista, la cobertura del ciclo lectivo 2014 el que incluía la matrícula y las respectivas cuotas en el colegio “San Pablo Norte”, y que ante el hecho nuevo denunciado por la accionante –y el pedido de ampliación de la medida cautelar en el que hacía referencia a que el menor requería educación especial tipo Montessori- el Sr. Juez decidió hacer lugar a la ampliación y determinó que la medida precautoria (en cuanto a la escolaridad) se cumpliera en otra institución “Colegio Noordwijk Montessori” (cfr. fs.  275/277 y fs. 299/300, respectivamente), de conformidad a lo indicado por el médico tratante del menor amparista (cfr. fs. 256).

9. En cuanto al agravio referido a que el Sr. Juez no fijó ninguna  contracautela, se debe adelantar que no asiste razón a la apelante. Esto es así en atención  a que la resolución de fs. 299/300 es la ampliación de la medida cautelar decretada en  estos autos, en la que claramente el magistrado dispuso para el caso la caución juratoria (cfr. fs. 75/76).

En este sentido no es ocioso recordar que esta Cámara –en casos  análogos al presente- ha decidido que en atención a la naturaleza de la cuestión debatida  en la medida cautelar, a la dolencia que sufre el amparista discapacitado la caución que  corresponde aplicar a este tipo de procesos es la juratoria y no la real, en el mismo  sentido que lo determinó el Sr. Juez de la anterior instancia.

10. Cabe agregar a lo expresado que el juzgamiento de la  pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de  fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia, por ello, cabe  concluir que el mantenimiento de la medida precautoria decretada evita –al menos hasta  el momento del pronunciamiento del fondo de la cuestión- el agravamiento de las  condiciones de vida del niño, relacionadas con su proceso de aprendizaje y educación  como así también de su salud (cfr. esta Sala, causa 3503/2014 del 12/4/2016).

En todo caso, las cuestiones planteadas por la  demandada, deberán ser objeto de un pormenorizado análisis al momento del dictado de  la sentencia definitiva, oportunidad en la cual se podrá ponderar la prueba que produzca a  tales efectos.

11. Asimismo, la confirmación de la ampliación de medida dictada por el señor juez es la solución que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende —que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema de la Nación, Fallos: 302:1284)—, reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 12, inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; cfr. esta Sala, causas 22.354/95 del 2/6/95, 53.078/95 del 18/4/96, 1251/97 del 18/12/97, 436/99 del 8/6/99, 7208/98 del 4/11/99, 53/01 del 15/2/01 y 2038/03 del 10/7/03, entre otras; en igual sentido, C.S. Mendoza, Sala I, del 1/3/93 y C. Fed. La Plata, Sala 3, del 8/5/200, ED del 5/9/2000).

12. Corresponde recordar que el Alto Tribunal ha sostenido que “…los discapacitados, a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del interés del incapaz,  viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos” (cfr. Corte Suprema, in re “Lifschitz, Graciela Beatriz y otros c/ Estado Nacional”, del 15/6/04; en igual sentido, doctrina de Fallos 322:2701 y 324:122).

De igual modo, es válido señalar que la Convención sobre los Derechos del Niño, encarece su tutela elevando el “interés superior” de los infantes al rango de principio (cfr. Corte Suprema, Fallos 318:1269; 322:2701; 323:2388; 324:112, entre muchos otros).

Las circunstancias precedentes deben ser ponderadas por  el Tribunal en este contexto cautelar, pues la atención y asistencia integral de la  discapacidad constituye una política pública de nuestro país, que como tal, debe orientar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de los casos en que la salud de los sujetos que la padecen está en juego (cfr. dictamen del Procurador General de la Nación en la causa Lifschitz, Graciela Beatriz y otros c. Estado Nacional, L. 1153. XXXVIII, al que se remite la Corte Suprema en Fallos 327:2413).

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución de fs.  299/300. Las costas de Alzada se distribuyen el orden causado en atención a la índole de  la cuestión debatida y al estado liminar de las actuaciones -arts. 70, segunda parte y 71  del Código Procesal, texto según ley 26.939, Digesto Jurídico Argentino (DJA)-. El Dr. Francisco de las Carreras no suscribe la presente por hallarse en  uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese —al Sr. Defensor Público Oficial en su despacho — y oportunamente devuélvase.

María Susana Najurieta Ricardo V. Guarinoni

Fecha de firma: 24/05/2016

Firmado por: NAJURIETA- GUARINONI,

ART: el Ejecutivo enviará el proyecto de ley en agosto

Fuente: http://www.iprofesional.com/

04 de julio de 2016

 

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ratificó la intención del Gobierno de crear un proyecto de ley para frenar el avance de la “industria del juicio”, que está a pleno

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ratificó la intención del Gobierno de crear un proyecto de ley parafrenar el avance de la “industria del juicio”, que está a pleno.

El funcionario expuso el viernes en la 1ª Jornada Nacional de Justicia Laboral por el Desarrollo Industrial, que se llevó a cabo en la Universidad Nacional de La Rioja, y que contó con la participación del Estado, empresas, sindicatos, aseguradoras de riesgo y de la Justicia laboral. Allí, Triaca afirmó que “estamos intentando generar consensos lo más amplios posibles”, y que “vamos a trabajar en conjunto porque el sistema requiere modificaciones”.

El sistema del riesgo de trabajos fue creado hace 20 años. Debido a la tarea de prevención se han evitado alrededor de 9.000 muertes en accidentes de trabajo.

Sin embargo, este hecho tiene como contrapartida un aumento de la litigiosidad, con una tasa del 15%, contra las ART, que deben trasladar este costo a las empresas. }

Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), para este año se prevé la creación de 120.000 nuevos juicios, que se sumarán a los 300.000 ya existentes. En ese sentido, Triaca consideró que no es necesario “cambiar todo”, ya que en este tiempo “hemos avanzado en reducir los siniestros porque avanzamos en la prevención”.

La reforma apunta a crear “un marco normativo que redunde en mejores servicios para los trabajadores y en una reducción de costos para las empresas”, agregó.

El Gobierno espera enviar el proyecto al Congreso en agosto.