Fuente: http://www.parlamentario.com/

25 de abril de 2016

El legislador Gustavo Vera dará a conocer sus iniciativas para fomentar una industria textil “digna y responsable”.

El diputado Gustavo Vera (Bien Común), titular de la fundación La Alameda, dará a conocer un paquete de proyectos de ley para fomentar una industria textil “digna y responsable”. Con tal fin, convocó a legisladores, diseñadores, empresarios, cooperativas, trabajadores y consumidores a participar del debate que se realizará este lunes, a las 18:30, en el salón Perón de la Legislatura porteña.

Las iniciativas impulsan una certificación libre de trabajo esclavo de la cadena de producción de las marcas de indumentaria, la auditoría de los proveedores del Estado y la creación de un polo textil a partir de la reutilización social de maquinaria incautada a talleres textiles clandestinos.

La presentación se da en el marco de “Ropa Limpia”, una iniciativa de más de 20 marcas que producen en talleres con condiciones dignas de trabajo y cuidando el medio ambiente, con el fin de desnaturalizar la explotación y fomentar la creación de un modelo productivo justo y sustentable para cada eslabón de la cadena de valor.

“Para avanzar en el tratamiento y aprobación de estos proyectos es necesario el apoyo de todos los sectores empresariales, funcionarios públicos y la sociedad civil”, aseguró Vera.

Uno de los proyectos busca establecer un “conjunto de pautas, principios, obligaciones y responsabilidades” para la comercialización de productos de la indumentaria y afines en la Ciudad. Y tiene como objetivo “extremar los esfuerzos tendientes a garantizar la protección integral de los trabajadores comprendidos en todas las etapas de elaboración de productos de la indumentaria, centralmente los alcanzados y amparados por la llamada “Ley de Trabajo a Domicilio” (Ley 12.713), así como también combatir la competencia desleal basada en el dumping social en el mercado textil”.

Por otro lado, una de las propuestas busca evitar que las empresas que proveen al Estado utilicen personal no registrado y que violen la normativa de seguridad e higiene en el trabajo. De esta manera, la norma indica que la administración pública, las dependencias, reparticiones o entidades autárquicas, autónomas o descentralizadas, las empresas concesionarias de servicios públicos y las empresas de Estado, que adquieran materiales, mercaderías y productos de origen nacional deberán “exigir que hayan sido producidos por trabajadores inscriptos en el Sistema Único de Registro Laboral, y en el caso de productos de origen extranjero por lo dispuesto por la OIT”.

Finalmente, una iniciativa pide crear un polo textil a partir de la reutilización social de maquinaria incautada a talleres textiles clandestinos.