Consulta Frecuente: Monotributo: ¿Quémodificaciones de datos que implican una sustitución de la credencial de pago?

Fuente: http://www.afip.gob.ar/

ID 2871936
¿Cuáles son las modificaciones de datos que implican una sustitución de la credencial para el pago?

13/01/2010 12:00:00 a.m.

La credencial para el pago deberá ser sustituida con motivo de la recategorización cuatrimestral y en los casos en que se produzcan modificaciones en los datos que determinan el Código Unico de Revista (CUR).

Dichas modificaciones podrán verificarse en cualquiera de sus componentes:

  1. a) Impuesto Integrado: por error o categorización de oficio.
  2. b) Cotizaciones Previsionales Fijas: por quedar obligado o dejar de estar obligado de ingresar cotizaciones a la seguridad social al alcanzar la edad de 18 años, iniciar o finalizar un contrato de trabajo ejecutado en relación de dependencia, acceder a un beneficio de jubilación, aportar a una caja profesional, etc.
  3. c) Obra Social: por ejercicio o desistimiento de la opción de Obra Social y/o por alta o baja de integrantes del grupo familiar primario.

La obtención de la nueva credencial para el pago -formulario F. 152, F. 153 o F. 157, según corresponda-, se efectuará mediante transferencia electrónica de datos del formulario F. 184 (Nuevo Modelo), a través del sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar), ingresando al servicio “Sistema Registral”, opción “Registro Tributario/Monotributo/Modificación de Datos”.

Fuente: Art. 26 RG 2746/10

 

Doctrina del día: “Devolución de percepciones por operaciones en el exterior y compra de moneda extranjera”. Autor: Leandro D. Pais

Devolución de percepciones por operaciones en el exterior y compra de moneda extranjera

Como es de público conocimiento, la AFIP estableció un nuevo procedimiento para solicitar la devolución de percepciones sufridas, ya sea por la compra de moneda extranjera, como por compras hechas en el exterior.

Pero esto no aplica a todo el universo de contribuyentes, sino solo a aquellos que no tributen Impuesto a las Ganancias o sobre los Bienes Personales, ya que estas percepciones eran justamente a cuenta de dichos impuestos.

La devolución según cada caso de las percepciones correspondientes a los períodos 2012, 2013 y 2014 inclusive son los siguientes:

 

Si bien excede el alcance del presente documento, nos pareció pertinente publicar otras situaciones para otro tipo de contribuyentes, inscriptos en Ganancias y/o Bienes Personales, publicado en el sitio web de la Administración:

Para lo contribuyente no inscriptos en los impuestos antes mencionados, y para poder realizar este trámite, es necesario cumplir con ciertos requisitos previos, que detallo a continuación:

1. Solicitar la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) en la dependencia de AFIP que corresponda a su domicilio fiscal, mediante la presentación del Formulario F.460/F por duplicado, DNI y dos constancias del domicilio fiscal que se declara.

Para consultar dependencias, podemos ingresar en el siguiente link

https://servicios1.afip.gov.ar/genericos/buscadordependencias/dependencias.aspx

El formulario F.460/F se obtiene ingresando aquí:

http://www.afip.gob.ar/genericos/formularios/archivos/interactivos/f460f.pdf

2. Registrar sus Datos Biométricos. Este trámite consiste en el registro digital de la fotografía, firma y huella dactilar, así como la exhibición del documento de identidad para ser “escaneado”. Posteriormente, al ingresar con su Clave Fiscal, el sistema le solicitará aceptar o rechazar los datos biométricos registrados. Para hacerlo deberemos ingresar con la clave fiscal antes generada, y seleccionar “Aceptación de datos Biométricos”

Allí se nos presentará la información registrada en la dependencia, y de ser correcta, deberemos aceptarla presionando el botón de “Confirmar”

Se nos presenta la información confirmada y

Luego deberemos ingresar nuevamente con clave fiscal para operar con normalidad

3. Poseer Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 3. De no poseer Clave Fiscal o de poseer una con nivel de seguridad 1 o 2, podrá solicitarla o incrementar el nivel de seguridad en una Dependencia AFIP.

Una vez que hayamos cumplido con estos pasos, podremos realizar el trámite siguiendo los pasos que detallamos a continuación:

a) Registrar su Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.)

El objetivo de que tengamos registrado un C.B.U. es que la Administración pueda, en caso de que corresponda, acreditarnos la solicitada devolución.

Para esto, se deberá vincular una nueva relación con Clave Fiscal, llamado “Declaración de CBU para cobros de origen tributario, aduanero y de la seguridad social”.

Para vincular el servicio, tendremos que seguir estos pasos.

– Ingresar con clave fiscal al sitio web de la Administración

– Ingresar al “Administrador de relaciones de clave fiscal”

Luego seleccionaremos “Adherir servicio”

Buscaremos entonces la relación buscada, en este caso “Declaración de CBU para cobros de origen tributario, aduanero y de la seguridad social”

Se nos muestra el resumen de lo seleccionado

Confirmamos, y para que la podamos utilizar, deberemos salir del sistema y volver a ingresar

Una vez hecho esto, podremos ver la nueva relación en la lista de servicios disponibles

Debemos comentar que no podremos tener más de un CBU declarado. En caso de haber dado de alta un CBU, y necesitar cambiarlo, primero hay que dar de baja el vigente, y luego dar de alta el nuevo. No permite la modificación.

b) Una vez hecho todos estos pasos, estamos listos para tramitar la devolución.

Para ello, deberemos ingresar al servicio con Clave Fiscal “Mis Aplicaciones Web” y realizar la solicitud de devolución mediante el Formulario F.746/A – Devoluciones y Transferencias.

De no contar con la relación “Mis aplicaciones web”, la deberemos dar de alta como hicimos anteriormente para declarar el CBU.

Una vez dentro, veremos en forma de bienvenida una pantalla para realizar búsquedas.

Como necesitamos confeccionar un nuevo formulario, seleccionaremos “Nuevo”

Al completar el campo “Formulario” con F.746/A – Devoluciones y Transferencias, se nos agregará un campo para completar el período a declarar, con el formato de AAAA (año) y MM (mes). Presionaremos luego “Aceptar”

Deberemos hacer esta operatoria tantas veces como meses donde tengamos percepciones a recuperar.

De introducir un período del 2015, al no estar cerradas las DDJJ nos advertirá con el siguiente mensaje, dejandonos continuar como Borrador.

De este mensaje inferimos que devoluciones previas al 2015 serán procesadas de inmediato, mientras que las correspondientes al 2015 serán procesadas una vez que opere el vencimiento anual de los Impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

A los efectos de esta colaboración, introducimos el período Enero del año 2014, para que nos permita trabajar sin traba alguna.

El sistema automáticamente nos traerá la información que la Administración tenga registrada, como podemos ver en la siguiente pantalla.

En este caso, nos trae percepciones de “Operaciones en el exterior — Demas contribuyentes” y “Venta de moneda extranjera — Demas Personas Físicas”

En caso de no encontrar alguna percepción sufrida, el sistema nos permitiá cargarla manualmente a través del botón ubicado al pie de la pantalla, sobre la derecha “Agregar Percepción”

A medida que vayamos haciendo modificaciones, para no perderlas, podremos presionar el botón “Guardar” en el extremo superior derecho de la pantalla.

Al hacer click, se nos presentará una nueva ventana donde deberemos completar todos los datos referidos a la operación y luego presionar “Guardar”, como vemos a continuación

Una vez completada toda la información procederemos a presionar el botón de “Presentar”, nuevamente en el extremo superior derecho de la pantalla.

Veremos una nueva ventana donde confirmaremos que lo que completamos es fiel y en carácter de declaración jurada

Al presionar “Si” nos mostrará el acuse de recibo, confirmando una presentación exitosa

Podremos también descargar un pdf con el acuse

Ahora bien, recordando que al ingresar a “Mis Aplicaciones Web” nos daba la bienvenida una pantalla de búsqueda, si ingresamos los datos del formulario recién presentado, podremos ver el estado del mismo

Podremos ver el listado de presentaciones hechas y su estado.

Los estados posibles para el formulario presentado son:

c) Solo nos queda pendiente adherir a Domicilio Fiscal Electrónico, para recibir la información sobre la devolución correspondiente.-

Consulta Frecuente: Un empleado en relación de dependencia que es a su vez monotributista ,¿puede presentar la DDJJ a través del Régimen Simplificado de Ganancias?

Fuente: http://www.afip.gob.ar/

ID 7225714
Un empleado en relación de dependencia que es a su vez monotributista por su profesión, ¿puede presentar la declaración jurada a través del Régimen Simplificado de Ganancias?

05/06/2015 12:00:00 a.m.

El Formulario “Ganancias Personas Físicas – Régimen simplificado” generado mediante el servicio “Mis Aplicaciones Web”, podrá ser confeccionado por quienes hayan obtenido:

  1. Exclusivamente ganancias comprendidas en los incisos a), b), c) -excepto las correspondientes a los consejeros de las sociedades cooperativas-, y e) del Artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, o
  2. Ganancias comprendidas en los incisos a), b), c) -excepto las correspondientes a los consejeros de las sociedades cooperativas-, y e) del Artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y otras rentas por las cuales el beneficiario haya adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), o resulten exentas, no alcanzadas o no computables en el impuesto a las ganancias.

El mencionado Régimen Simplificado no procederá cuando se trate de sujetos que sean titulares de bienes y/o deudas en el exterior.

Fuente: CIT AFIP – Enlace con CPCECABA

 

División de bienes entre concubinos

Couple walks along dyke with spring flowers on the North Sea coast in Norddeich

Hechos
Un hombre dedujo demanda por cumplimiento de contrato contra su ex concubina en razón de un convenio firmado entre ellos en el que se adjudicaba un inmueble a su favor y de un poder irrevocable que lo facultaba a transferir el bien para sí o para un tercero. La demandada, que previamente había revocado el poder, cuestionó la validez del acto con fundamento en el vicio de lesión. La sentencia rechazó este planteo e hizo lugar a la acción. La Cámara confirmó el pronunciamiento.

Sumarios
En una acción por cumplimiento de un convenio de adjudicación de bienes entre concubinos, el vicio de lesión invocado por la demandada para invalidar ese convenio debe rechazarse, en tanto no produjo ninguna prueba para acreditar el elemento subjetivo, esto es, el alegado estado de inferioridad, ni sobre la consiguiente explotación por parte del accionante de la que sostuvo haber sido víctima, requisitos exigidos por el art. 954 del Código Civil, actual art. 332 del Código Civil y Comercial.

Si los concubinos decidieron liquidar sus asuntos patrimoniales pendientes adjudicando un bien ubicado en extraña jurisdicción a uno de ellos, operación que fue seguida del otorgamiento simultáneo de un poder irrevocable, no puede luego el otro revocar, por sí y en forma unilateral, el poder otorgado, pues el acto jurídico pendiente de realización no se hará en su propio beneficio, sino en el exclusivo interés del representado, máxime cuando lo actuado indica que ya no era dueño del negocio por haber sido desinteresado.

El concubino no puede revocar por sí y en forma unilateral un poder irrevocable que otorgó para cumplir con un convenio de división de bienes, pues, al carecer de autonomía, no es posible admitir su revocación si no se probaran los extremos que habilitan la nulidad del acto subyacente.

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL – SALA M

ACUERDO. En Buenos Aires, a los 7 días del mes de

octubre del año dos mil quince, hallándose reunidas las señoras

jueces de la Sala “M” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Civil, Dres. Elisa M. Diaz de Vivar, Mabel De los Santos y María

Isabel Benavente, a fin de pronunciarse en los autos “Vergara Rosi,

Santiago Carlos c/Ragone, Virginia Beatriz s/cumplimiento de

contrato”, expediente n°33.452/2012 del Juzgado Civil n°73, la

Dra. Benavente dijo:

I.- La sentencia de fs. 174/179 hizo lugar a la

demanda y, en su mérito, declaró que la revocación realizada por la

demandada con sustento en el art. 954 del Código Civil sustituido

carecía de efectos, tanto con relación al convenio suscripto por las

partes el día 15 de septiembre de 2010, como respecto del poder

otorgado en la misma fecha por aquélla a favor del actor. Ambos actos

-el acuerdo que lleva las firmas de los interesados certificada por

escribano y el poder- están referidos al inmueble ubicado en la

localidad de Parada de los Robles, Partido de Exaltación de la Cruz,

Provincia de Buenos Aires, designado como UF Nº 24, matrícula

16424/24. El pronunciamiento impuso las costas a la demandada y

difirió la regulación de los honorarios en los términos del art. 23 de la

ley 21.839. Viene apelado por la demandada que resultó perdidosa,

quien expresó agravios a fs. 194/195, los cuales fueron replicados a

  1. 199/201.

II.- En el escrito de postulación, el actor solicitó

la ejecución del convenio celebrado con la demandada el 15 de

septiembre de 2010, por el cual esta última reconoció que el inmueble

individualizado anteriormente, cuya titularidad figuraba a nombre de

Ragone, era -en rigor- de su exclusiva propiedad. Para materializar

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Fecha de firma: 07/10/2015

Firmado por: MABEL ALICIA DE LOS SANTOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA LAURA VIANI, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: ELISA DIAZ DE VIVAR, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA ISABEL BENAVENTE, JUEZ DE CAMARA

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CAMARA CIVIL – SALA M

ese reconocimiento, la emplazada otorgó poder general de

administración y disposición en el cual facultaba a Vergara Rosi a

transferir para sí o bien a quien él decida, la propiedad de la unidad

funcional antes individualizada, comprometiéndose asimismo a no

revocar el poder. No cumplió la promesa y, meses más tarde -el 3 de

marzo de 2011- remitió carta documento dejando sin efecto el

convenio que había sido firmado y revocó el referido poder, con

sustento en que el actor obtuvo el referido acuerdo aprovechándose de

la necesidad, ligereza e inexperiencia de su parte (art. 954 del CC).

Frente a las imprecisiones que contenía la

demanda, el Sr. Juez de grado que intervino en primer término,

solicitó las aclaraciones pertinentes, las que motivaron la presentación

del escrito de fs. 77. En dicha pieza, el actor precisó -en los términos

del art. 330 inc. 3º del CPCCN- que requería se ordene a la emplazada

el cumplimiento efectivo de lo acordado el 15 de septiembre de 2010.

Al parecer, no es ésta la primera acción que intentó

Vergara Rosi para llevar a cabo la transmisión del dominio. Primero

habría acudido a un pedido de homologación de convenio que se

resolvió de manera desfavorable a sus intereses. En rigor, sospecho

que no se planteó siquiera las distintas alternativas jurídicas que

ofrece la cuestión. Sólo fundó el reclamo en una vaga referencia al

art.1197 del código actualmente derogado y se condujo procesalmente

como si la sentencia debiera disponer -sin más- el desapoderamiento

de Ragone, ordenándose en consecuencia inscribir el dominio en su

favor. No tuvo en cuenta que la contraparte cuestionó la validez del

acto jurídico instrumentado con fundamento en el vicio de lesión.

Pero tampoco la demandada advirtió la gravedad del vicio

denunciado, de sus consecuencias, ni de la actividad que le era

exigible para tener éxito en su planteo, conclusión que no requiere

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más demostración que la pobreza tanto argumental, como probatoria

que exhibe el escrito de contestación de la demanda y que se reitera en

los agravios.

La cuestión presenta distintos planos de análisis.

Por un lado, en su demanda, el actor afirmó que el inmueble fue

adquirido durante los trece años de convivencia que mantuvieron las

partes -de la que nació un hijo- aunque los fondos fueron obtenidos

-exclusivamente- con el producido de su trabajo; vale decir, la

demandada no realizó aportes en dinero para adquirirlo. De tal suerte,

una vez terminado el vínculo, convinieron la separación de los bienes

que incluía el reconocimiento de que el inmueble ubicado en el

partido de Exaltación de la Cruz pertenecía en exclusividad a Vergara

Rosi. En el acuerdo agregado a fs. 38, se materializó el referido

reconocimiento y se dejó constancia que se confería un poder amplio

en favor de aquél, para que pudiera disponer libremente de la

propiedad que, en ese mismo acto, Ragone se comprometió a no

revocar. Se dejó constancia también de que los gastos que demandase

la transferencia corrían a cargo de Vergara Rosi y que, una vez

cumplidas las gestiones y trámites, las partes no tenían nada más que

reclamarse.

A raíz de la defensa articulada -vicio de lesión- el

a quo no se pronunció estrictamente sobre todos los planteos

formulados y lo reclamado en el petitorio de fs. 74 vta., punto d), sino

que se limitó a declarar que tanto la “revocación” del convenio como

la del poder carecían de efectos. A esta decisión arribó luego de

destacar la falta de pruebas para que prospere la defensa de fondo

articulada por Ragone (art. 1058 bis del código derogado y art. 383

del Código Civil y Comercial). De tal modo, el Juez resolvió que

ambos -convenio y poder- se encuentran vigentes, como corolario de

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lo cual el actor se halla actualmente habilitado para obrar en

consecuencia.

En tales condiciones, al haberse invocado el vicio

de lesión -“entre otras situaciones”, como se dice en la carta

documento de fs. 37- en rigor, no hay duda que se alegó la nulidad

del acuerdo de fs. 38 -categoría de ineficacia bien distinta de la

revocación que menciona la sentencia- y, obviamente, es a dicho

planteo que debe darse en primer término una respuesta jurisdiccional.

Luego, según el resultado al que se arribe, habrá que resolver si el

poder puede o no ser revocado en forma autónoma o si, por el

contrario, está ligado en forma inescindible a la relación jurídica base,

mencionada en primer término.

Desde la perspectiva expuesta, no es dudoso que

la actora debió probar la configuración de los recaudos a los que el

art. 954 del Código Civil -actual art. 332 del Código Civil y

Comercial- supedita la declaración de nulidad que, obviamente, puede

hacerse valer al contestar la demanda a efectos de resistir la exigencia

de cumplimiento. Sobre el punto, no advierto que se hubiera

producido ninguna prueba para acreditar el elemento subjetivo, esto

es, el alegado estado de inferioridad -necesidad, ligereza o

inexperiencia- ni sobre la consiguiente explotación por parte del

actor, de la que Ragone dijo haber sido víctima. Tampoco ofreció

probar la desproporción entre las prestaciones. En efecto, aun cuando

es cierto que en el referido acuerdo de “división de bienes” solamente

se menciona una única propiedad -que, para más, fue adjudicada al

actor- no se ofreció ningún elemento de convicción para acreditar la

situación jurídica del bien ubicado en la calle Charcas 2541, piso 10º

de esta ciudad que, según Vergara Rosi, le fue adjudicado a Ragone a

raíz de la ruptura. Omitió, en consecuencia, cumplir con el principio

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que el art. 377 del CPCCN impone a quien invoca un hecho como

fundamento de una defensa o excepción y, por tanto, deberá cargar

con las consecuencias de esa inacción.

En los insuficientes agravios de fs. 194/5, la

demandada insiste en que al no haber contestado la carta documento,

el actor consintió la “resolución” del acuerdo, expresión que carece de

seriedad en razón del valor que cabe dar jurídicamente al silencio en

función de lo dispuesto por el art. 919 del Cód. Civil, actualmente

derogado. Dijo también que el a quo confundió la situación de hecho

-convivencia- con el matrimonio, cuando en rigor nada hace pensar

que la sentencia hubiera incurrido en ese error. Manifestó asimismo

que no se tuvo en cuenta que, al contestar la demanda, dejó constancia

que a la fecha se encontraba recopilando y reconstruyendo la

documentación para accionar, frase ésta que carece de sentido frente

al reclamo concreto formulado por el contrario y que la colocaba en

situación de plantear de inmediato todas las defensas y pruebas que

hacen a invocado derecho.

Las restantes expresiones -esto es, si el convenio

fue otorgado o no ante escribano; si el dinero con el que fue adquirido

el inmueble pertenecía o no al actor- tampoco tienen relevancia ni

pueden considerarse una crítica concreta y razonada del fallo (art. 265

del CPCCN), pues no se juzgaron esos hechos sino la explotación del

estado de necesidad sobre el cual no existe otro respaldo que la

declaración unilateral de Ragone.

III.- A partir de lo expuesto, corresponde

examinar si es posible, en este caso, revocar el poder otorgado, único

acto de los que aquí se juzgan que consiente esta categoría de

ineficacia sobreviniente.

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La relación jurídica base requiere distinguir varios

conceptos que, a pesar de haber sido destacados con precisión por

importante doctrina, en algunas ocasiones fueron confundidos. Así, es

preciso actualizar los conceptos de mandato, representación y poder

figuras que en el código de Vélez -ordenamiento que es aplicable al

caso a tenor de lo dispuesto por el art. 7º Código Civil y Comercial-

muchas veces suelen apreciarse como difusas, a tal punto que algún

destacado autor sostuvo que el codificador no habría tenido en cuenta

las diferencias entre el “encargo” y el “poder” (conf. Mosset Iturraspe,

Jorge, “Mandatos”, ed. Rubinzal Culzoni, 1996, p. 111). Sin embargo,

como apuntan otros autores, existen ciertas normas -tanto específicas

como generales- de las que se desprende que Vélez conocía las

diferencias -v.gr. reguló, entre otros supuestos, sobre la representación

de los incapaces y de las personas jurídicas- aunque no logró

plasmarlas claramente ni elaboró pautas comunes tanto para la

representación legal como voluntaria. Esta deficiencia intentó ser

superada por el Proyecto de Bibiloni y las normas respectivas se

plasmaron en los Proyectos de 1987 y 1998, antecedentes estos

últimos del actual Código Civil y Comercial (arts. 358 y ss.) que, más

allá de ciertas críticas que le han formulado algunos autores, ha

logrado ubicar el instituto en el marco de la teoría general de los

hechos y actos jurídicos, previa distinción y clasificación de sus

diferentes tipos.

Pues bien, aunque parezca obvio e innecesario

recordarlo, el mandato es un contrato consensual por el cual una

persona llamada “mandante” da poder a otra, denominada

“mandatario” -que lo acepta- para que pueda actuar en nombre suyo y

por su cuenta en un negocio jurídico o una serie de negocios (conf.

Compagnucci de Caso, Rubén, en Bellluscio-Zannoni, “Código Civil

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y leyes complementarias”, ed. Astrea, Bs.As. 2004, p. 177). Se trata

de un procedimiento técnico de naturaleza convencional, por el cual

se encomienda a otro la gestión de un asunto. Por regla general, el

mandato es revocable “ad nutum”, por la sola voluntad del mandante,

en la medida que es un contrato que se otorga en interés de quien lo

confiere y como acto de confianza hacia el mandatario (conf. Mosset

Iturraspe, Jorge, “El mandato: origen, evolución y derecho

comparado”, p. 198, en Estudios Jurídicos Notariales en homenaje al

doctor Carlos Pelosi, Instituto de Cultura Notarial, 1981; Piantoni,

Mario A., “Contratos Civiles”, Marcos Lernes, 2º ed. actualizada,

Córdoba 1982, p. 364; Solari Costa, Osvaldo, “Poder irrevocable

convencional y poder irrevocable por esencia”, LL 1997-C, p. 255). A

menudo, esta figura contractual suele utilizarse equivocadamente

como sinónimo de representación voluntaria cuando, en rigor, existe

representación fuera del mandato nacida de otras fuentes, incluso de la

ley (conf. Mosset Iturraspe, Jorge, “La representación”, en Revista de

Derecho de Privado y Comunitario nº 6, Representación, p. 14 ss.).

La representación es siempre el género caracterizado por la actuación

alieno nomine, mientras que el mandato representativo es una de sus

especies (conf. Compagnucci de Caso, op.y loc.cit.).

La elaboración de la diferencia entre “poder” y

“acto de apoderamiento” o mandato se debe a Laband, quien llegó a

la conclusión que eran conceptos distintos, que constituyen negocios

diferentes en su contenido y efectos. Este autor insiste en que mandato

y poder pueden coexistir, aunque no necesariamente. Por tanto,

explicó que mandato y representación no son el lado interno y externo

de una misma relación, sino que se trata de dos relaciones autónomas

(Laband, cit por Mosset Iturraspe, “La representación”, cit., p. 23). El

“poder”, según Von Tuhr, es la facultad de representación otorgada

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Fecha de firma: 07/10/2015

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por negocio jurídico (“Derecho Civil”, III-2, p. 53 cit.por Sánchez

Urite, Ernesto, “Mandato y representación”, ed. Abeledo Perrot, 1969,

  1. 18 ss.), en tanto que para Betti se trata de una declaración unilateral

recepticia, dirigida a la parte contraria, o de cualquier modo, destinada

a serle conocida, con la cual se autoriza un acto ajeno de disposición,

obligación o adquisición, recabando anticipadamente para sí las

consecuencias que hayan de derivarse de ello (Betti, Emilio, “Teoría

general del negocio jurídico”, ed. Comares, Trad. Martín Pérez,

Granada, 2000, p. 501 ss.). Sin embargo -como apuntan Mayo y

Bueres- es claro que en la práctica la abstracción se diluye, no

obstante que subsista en puridad en la técnica jurídica (conf. Bueres,

Alberto-Mayo, Jorge, “Alguna ideas básicas para una teoría de la

representación”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, nº 6,

cit., p. 53 ss.). Es que el mandato es un contrato que puede obrar como

negocio subyacente del poder y que por su propia esencia exige un

acto jurídico bilateral (conf. Compagnucci de Caso, op.y loc.cit., p.

179).

IV.- Despejado el punto anterior, cuadra

examinar si el poder otorgado simultáneamente con el denominado

“convenio” en el que se adjudicó el inmueble ubicado en el barrio “La

Amanecida”, es o no consecuencia de un contrato de mandato y, en su

caso, si pudo haber sido revocado con independencia de la validez del

mencionado convenio o si, en cambio, es complementario de aquél y

pertenece al campo de otra figura jurídica. La cuestión no es

meramente teórica sino que tiene incidencia para resolver el presente.

En términos generales, el mandato, como acto

subyacente del poder es -como señalé anteriormente- eminentemente

revocable, aunque este principio puede ceder frente a distintas

contingencias. En el Código de Vélez, el art. 1977 -en su redacción

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Fecha de firma: 07/10/2015

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original- establecía que “el mandato es irrevocable en el caso en el

que él hubiese sido la condición de un contrato bilateral o el medio de

cumplir una obligación contractual, o cuando un socio fuese

administrador de la sociedad, por el contrato social, no habiendo justa

causa para privarlo de su administración”. A su vez, el art. 1982

disponía: “El mandato continúa subsistiendo aun después de la muerte

del mandante, cuando ha sido dado en interés común de éste y el

mandatario, o en el interés de un tercero”. En ambos casos, el

codificador cita en la nota a Troplong nº 718 y en el segundo caso

(art. 1982) cita, además, a Aubry et Rau 416 y a Duranton t. 18, nº

  1. En rigor, el art. 1977 fue tomado del Esboco de Freitas, al que se

le suprimió el inc. 1º que establecía también como causa de

irrevocabilidad la mera renuncia a la revocabilidad, denominado

también convenio de irrevocabilidad (conf. Echegaray, Natalio Pedro,

“La representación irrevocable en el Proyecto de Código Civil y

comercial”, LL 2012-D, p. 1381).

Troplong -citado por Vélez en la nota al art. 1977- se

preguntaba cómo es posible que el mandato se extinga ante la muerte

del mandante y no pase lo mismo con la locación o la venta. La

respuesta se fundaba en que el mandato ha sido creado en interés del

mandante y, por tanto, la voluntad de éste es la que sostiene su

vigencia. De modo que faltando su base esencial, fenece. De ahí,

cobra relevancia la cita de Aubry y Rau en el art. 1982, pues estos

autores sostenían que “si el mandato ha sido conferido como

condición de algún otro contrato anterior, sea por el mandatario, sea

por un tercero, el mandato no puede retirarse unilateralmente” (Aubry

et Rau, “Cours de droit civil francais”, t. VI, p. 661). Al respecto,

sostiene Betti que la concesión del poder de representación es siempre

revocable cuando contemple solamente el interés del representado. Si,

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en tal caso, se hubiera convenido la irrevocabilidad, ese acuerdo no

impide por sí mismo que el mandante resuelva revocarlo por justa

causa o bien asumiendo el pago de los daños y perjuicios (conf. Betti,

Emilio, op.cit.). En esta postura se ubicó también la mayoría de la

doctrina nacional (conf Llerena, Baldomero “Derecho Civil.

Concordancias y comentarios al Código Civil argentino”, t. VI, p.

247; Machado, José Olegario “Exposición y comentario del Código

Civil argentino”, t. V, p. 306; Salvat, Raymundo, “Tratado de Derecho

Civil argentino”, t. III, nº 1942; Mosset Iturraspe, J. “Mandatos, cit.,

  1. 223). Sólo en el caso de que el pacto hubiera sido conferido por un

predominante o concurrente interés del representante o de terceros –

procuratio in rem suam-, debía considerarse propiamente irrevocable,

de modo que no se extinguía ni por revocación, ni por muerte o

incapacidad sobreviniente (conf. Betti, Emilio, op.cit., p. 503 ss.).

Este último caso ha sido denominado “mandato impuro” por ser el

interés en el cumplimiento del negocio un interés ajeno o, al menos,

compartido. Según Troplong, se trata “de un mandato estéril que no

quita al mandatario ninguno de sus derechos”. La irrevocabilidad es

“absoluta, propia u objetiva” y toda declaración en contrario resulta

ineficaz” (conf. Troplong, cit.por Mosset Iturraspe, “Mandatos”, cit.,

  1. 220 ss.). Por tal razón, sostiene Etchegaray, el poder irrevocable

está tan alejado del mandato que podría considerárselo anti mandato

(conf. Etchegaray, Natalio, “Esquemas de técnica notarial”, p. 47).

Luego de la reforma de la ley 17.711 se sustituyó el

art. 1977 originario y se lo reemplazó por el siguiente: “El mandato

puede ser irrevocable siempre que sea para negocios especiales,

limitado en el tiempo y en razón de un interés legítimo de los

contratantes o un tercero. Mediando justa causa podrá revocarse”.

Cabe preguntarse si solamente en este caso, es decir, en el supuesto de

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poder especial irrevocable en las condiciones que menciona el

artículo, es posible la revocación o si también puede convenirse entre

las partes la irrevocabilidad sin cumplir con las exigencias de la

norma transcripta. Al respecto se ha distinguido entre el poder

irrevocable en esencia -que es aquél en el cual se configuran los

presupuestos del art. 1977- del que ha sido pactado

convencionalmente sin cumplir con los requisitos de la citada

disposición. Sólo en el primer caso es verdaderamente revocable

-siempre, claro está, que además así lo hubieran convenido los

interesados- pues, en el segundo caso, es decir, cuando no se reúnen

algunos de los requisitos del art. 1977 (v.gr. porque no ha habido un

negocio especial limitado en el tiempo, otorgado en el interés legítimo

de los contratantes o de un tercero), el mandante igualmente puede

revocarlo, no obstante el pacto de no hacerlo, aunque será responsable

-.en efecto- por los daños que causare a la otra parte la ruptura

intempestiva o arbitraria del contrato (conf. Borda, Guillermo,

“Contratos”, 9º ed., t. II, La Ley, Bs.As., 2008, nº 1769, p. 495 ss.;

Giralt Font, Jaime, “Actos de disposición de bienes de los cónyuges,

antes y después de la disolución de la sociedad conyugal. Evolución

del régimen patrimonial de la sociedad conyugal”, en Revista del

Notariado 903, del 1-1-2011, p. 93).

  1. Cabe analizar, entonces, si luego de la reforma

subsiste la posibilidad de considerar irrevocable el mandato que se

otorga en exclusivo interés del apoderado. En lo que al caso en

análisis se refiere, se trata de un contrato que tiene por fin esencial

fijar los efectos de un negocio jurídico consumado. Vale decir, no

habría aquí un mandato puro, sino que se trataría de un acto distinto,

esto es el negocio consumado que ya está concluido, de modo que

solamente restaría plasmar la voluntad ya formulada del poderdante

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en toda su extensión. Es por eso que muchas veces se acude a la figura

del autocontrato o contrato consigo mismo (conf. Compagnucci de

caso, op.cit.).

En estos autos queda claro que luego de poner fin a

la convivencia, las partes decidieron solucionar el problema de la

titularidad de los bienes que fueron adquiridos durante la unión. Y es

así que en el denominado “convenio” la demandada reconoció que,

pese a figurar a su nombre, la finca ubicada en la localidad de Parada

de los Robles, Partido de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos

Aires, designado como UF Nº 24, matrícula 16424/24, había sido -en

rigor- adquirida con dinero del actor. Vale decir, dicho instrumento

vendría a ser una suerte de contradocumento por el cual las partes

reconocieron una realidad oculta -o establecieron una nueva, según

cuál haya sido la intención concreta de los intervinientes- que

quisieron materializar de modo que se refleje ese reconocimiento en el

ámbito jurídico. Recuerda Giralt Font que cuando se disuelve la

sociedad conyugal, es frecuente que los interesados se adjudiquen los

bienes a través de poderes recíprocos, mediante los cuales se confiere

a cada uno de los presuntos adjudicatarios poder para adjudicarse a sí

mismo o enajenar por cualquier título el o los bienes que le

correspondan, según el convenio que hubieran suscripto (conf. Giralt

Font, op.cit., p. 5). Esta práctica bien puede ser utilizada también

asiduamente para poner fin a una situación de hecho, como la

convivencia.

Si, como en la especie, las partes han decidido

liquidar de este modo sus asuntos patrimoniales pendientes, la

adjudicación del bien ubicado en extraña jurisdicción a uno de ellos,

operación que fue seguida del otorgamiento simultáneo de un poder

irrevocable, indica claramente que la demandada ya no era dueña del

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negocio por haber sido desinteresada y, por tanto, no podía revocar

por sí, en forma unilateral, el poder otorgado pues el acto jurídico

pendiente de realización no se hará en su propio beneficio, sino en el

exclusivo interés del representado. En este sentido, en una memorable

conferencia presidida por Couture, que publicó La Ley Paraguay en el

año 2003 (Supl.Especial, del 26 de noviembre de 2003), el profesor

Roger Perrot señaló que la irrevocabilidad es una consecuencia

derivada de un elemento de origen exterior que viene a injertarse en el

mandato. Agregó que cuando éste ha sido la condición de un negocio

jurídico de mayor amplitud, los intereses de mandatarios y terceros se

hallan suficientemente protegidos. Vale decir, cuando el poder ha sido

otorgado como complemento de otro contrato base que resulta de

interés del apoderado o de un tercero, se impone la irrevocabilidad del

acto unilateral de apoderamiento (conf. Solari Costa, op.cit. Mosset

Iturraspe, “Mandatos”, cit, p. 220 ss. ). En otros términos, como

ocurre en el caso, si el poder tiene sustento en un negocio distinto del

mandato y se acudió a esa figura para cumplir la finalidad típica de

otra -materializar el reconocimiento de una posible simulación o de

un mandato oculto- la revocación importa al mismo tiempo el

desconocimiento del negocio subyacente que, en la especie, no es otro

que el convenio de división de bienes. De modo tal que no puede ser

revocado en forma autónoma.

En tales condiciones si no se probaron los extremos

que habilitan la nulidad del acto subyacente -el vicio de lesión que

habría afectado el acuerdo de división de bienes- tampoco es posible

admitir la revocación del poder que es solamente consecuencia de la

relación jurídica fuente pues, por sí mismo -reitero- carece de

autonomía.

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Por tanto, entiendo que -aunque sin decirlo

concretamente- el juzgador partió de las premisas desarrolladas, por

cuanto aun cuando no distinguió entre el planteo defensivo de nulidad

por el vicio de lesión (art. 954 CCiv. y actual art. 332 CCCN) y la

viabilidad de la revocación posterior del poder, lo cierto es que

desestimó ambos planteos e hizo lugar a la demanda, decisión ésta

que, propongo al Acuerdo confirmar por los fundamentos expuestos

anteriormente.

De compartirse, postulo imponer las costas de

Alzada a la demandada que resulta íntegramente vencida.

Las Dras. Mabel De los Santos y Elisa M. Diaz de

Vivar adhieren por análogas consideraciones al voto precedente. Con

lo que terminó el acto, firmando las señoras jueces por ante mi que

doy fe. Fdo: María Isabel Benavente, Mabel De los Santos, Elisa M.

Diaz de Vivar. Ante mí, María Laura Viani (Secretaria). Lo

transcripto es copia fiel de su original que obra en el libro de la Sala.

Conste.

MARIA LAURA VIANI

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///nos Aires, octubre 7 de 2015.

Y Visto:

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el

Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve: 1) Confirmar la sentencia

en todo lo que decide y ha sido materia de agravios. 2) Imponer las

costas de Alzada a la apelante por resultar sustancialmente vencida

(art. 68 CPCC). 3) Diferir la regulación de los honorarios por los

trabajos realizados en esta Alzada para una vez que se encuentren

regulados los de la instancia de grado (art. 14 del Arancel).

Regístrese, notifíquese a las partes y

oportunamente devuélvase.

 

MARIA ISABEL BENAVENTE

MABEL DE LOS SANTOS ELISA M. DIAZ de VIVAR

 

MARIA LAURA VIANI

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Régimen de Compensaciones para Productores Tamberos. Aprobación de compensaciones económicas.

Régimen de Compensaciones para Productores Tamberos. Aprobación de compensaciones económicas.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

Resolución 23/2016

Bs. As., 22/02/2016

VISTO el Expediente N° S05:0004411/2016 del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, el Acta Compromiso entre el ESTADO NACIONAL, los Gobiernos de las Provincias que conforman el CONSEJO FEDERAL LECHERO, Representantes de la Producción Primaria, la ASOCIACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS LÁCTEAS, el CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA y la JUNTA INTERCOOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE, suscripta el día 8 de enero de 2016, y la Resolución Conjunta N° 8 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y N° 9 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN de fecha 1 de febrero de 2016, y CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Conjunta N° 8 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y N° 9 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN de fecha 1 de febrero de 2016 se creó el “Régimen de Compensaciones para Productores Tamberos”.

Que los beneficiarios comprendidos son aquellos productores tamberos que, contando con CLAVE ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (C.U.I.T.) hubiesen producido y comercializado leche cruda, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015, y estuvieren incluidos en la nómina de tambos proveedores de cualesquiera de los operadores lácteos con los que comercializaron su producción en los referidos meses.

Que el beneficio contemplado en dicho régimen consiste en una compensación económica de PESOS CERO COMA CUARENTA CENTAVOS ($ 0,40) por litro para los primeros TRES MIL LITROS (3.000 I) diarios de producción, en el período abarcado por el régimen.

Que la Autoridad de Aplicación del régimen referido, la SUBSECRETARÍA DE LECHERÍA dependiente de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, determinó los beneficiarios parciales, fiscalizó su cumplimiento de los requisitos y estableció los montos a compensar a cada beneficiario, totalizando UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO (1.558) productores tamberos por el mes de octubre y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO (1.568) por el mes de noviembre de 2015, conforme lo señala la resolución conjunta citada.

Que la presente medida se enmarca en el Acta Compromiso mencionada en el Visto.

Que la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 20 bis de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, el Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 y sus modificaciones.

Por ello, EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébanse las compensaciones económicas en el marco del “Régimen de Compensaciones para Productores Tamberos”, conforme lo dispuesto en los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente medida, a los beneficiarios indicados por la Autoridad de Aplicación de la Resolución Conjunta N° 8 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y N° 9 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN de fecha 1 de febrero de 2016, por los meses de octubre y noviembre de 2015, respectivamente.

ARTÍCULO 2° — Las compensaciones económicas aprobadas por la presente resolución serán efectivizadas mediante transferencia bancaria a los beneficiarios por parte del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, a través de la Cuenta N° 54204/45.

ARTÍCULO 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado a los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 51 – MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, Programa 28, Fuente de Financiamiento 11, Actividad 01, Partida 5.1.9, Subparcial 2.446.

ARTÍCULO 4° — La presente resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su dictado.

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ing. FRANCISCO ADOLFO CABRERA, Ministro de Producción.

ANEXO