El acceso a la justicia y la restitución internacional de niños. Aportes del Código Civil y Comercial de la Nación. Necesidad de una regulación específica. Autor: Nieve Rubaja

El acceso a la justicia y la restitución internacional de niños. Aportes del Código Civil y Comercial de la Nación. Necesidad de una regulación específica

Citar ABELEDO PERROT Nº: AP/DOC/1043/2015

Fallo Comentado: Tribunal Colegiado de Familia Nro. 7 de Rosario ~ 2014-07-18 ~ D., L. M. c. D., L. s/ reintegro internacional del menor

Publicado: RDF 2015-VI-154

Sección: JURISPRUDENCIA ANOTADA

(*)

I. Introducción

“El reconocimiento del acceso a la justicia como derecho fundamental reclama de los Estados la adopción de leyes, conductas y medidas que garanticen a todas las personas el acceso a los tribunales en igualdad de condiciones y sin distinción de ningún tipo, e incluso a medios alternativos de solución de controversias, pero también que desarrollen los mecanismos necesarios para gozar de una tutela judicial efectiva y eficaz. Para ello resulta ineludible no sólo remover los obstáculos impeditivos sino además aquellos que lo dificultan o lo agravan innecesariamente”(1).

Tan así es que el acceso a la justicia debe ser ampliamente considerado y debe garantizarse a lo largo de todo el proceso y hasta tanto se efectivicen las soluciones; es decir, se concreten los derechos afectados en cada caso.

En materia de restitución internacional de niños, la República Argentina ha ratificado convenciones internacionales que, a partir de los mecanismos que ofrecen basados en la cooperación internacional, procuran restablecer los derechos de los niños que se encuentran afectados a raíz de su desplazamiento del Estado donde residían habitualmente, en virtud de una decisión unilateral de uno de sus padres.

Las diversas obligaciones internacionales que ha asumido el Estado nacional en estas fuentes, como también en los tratados de derechos humanos, en la CN y a partir de los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incidirán en el alcance y matices de la garantía de acceso a la justicia en este campo. Así, ésta importará la posibilidad de que un juez se declare competente para entender en el procedimiento, que se aplique un mecanismo eficiente a los fines de garantizar la pronta restitución de los niños al Estado de su residencia habitual anterior al desplazamiento ilícito, que se garantice la integridad de los niños tanto durante el procedimiento como en la ejecución de la decisión, que se tomen las medidas anticipadas necesarias a los fines perseguidos en estos casos, que se procure arribar a una solución amigable, entre otros. La celeridad y urgencia que requieren los procesos de restitución internacional de niños —con especial respeto al marco acotado de conocimiento que abarcan— configuran presupuestos imprescindibles para logar las metas convencionales y, por lo tanto, serán un factor clave para brindar respuestas en tiempos razonables de modo que se garantice el acceso a la justicia en estos supuestos.

La reforma que introduce el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación contiene disposiciones en la temática que coadyuvarán a la tramitación, resolución y ejecución de decisiones en estas situaciones de conflicto. Sin embargo, persiste la necesidad de incorporar una regulación de tipo procedimental para la aplicación de los procedimientos diseñados convencionalmente, de modo que la garantía de acceso a la justicia goce de mayor efectividad y eficacia.

Mientras, son los jueces quienes deben arbitrar los recursos disponibles para concretar el derecho de acceso a la justicia —en sentido amplio— en estos supuestos. El caso fallado por el Tribunal Colegiado n. 7 de Rosario el 18 de julio de 2014 constituye una clara muestra de que es factible cumplir con estos presupuestos. Sin embargo, muchos otros casos en nuestro país, como la experiencia de otros Estados, han demostrado que resulta necesaria una regulación específica de tipo procesal que garantice la celeridad en estos procedimientos urgentes; ello presupone el respeto del acotado margen de conocimiento que proponen las convenciones.

II. La garantía de acceso a la justicia en procesos de restitución internacional de niños. Los presupuestos de celeridad y urgencia

El flagelo del desplazamiento y la retención ilícita de los niños a través de las fronteras ha sido una preocupación primordial de la comunidad jurídica internacional y, en la meta de garantizar la estabilidad de los niños en sus vínculos familiares y de asegurar el contacto de aquéllos con sus padres, se han desarrollado herramientas con sustento netamente en la cooperación internacional. Nuestro país es parte en las siguientes fuentes normativas en la especie: 1) en el ámbito multinacional de la Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores del 25 de octubre de 1980 (CH) y de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (CI) (2). En general, el mecanismo diseñado en estas convenciones ha demostrado alta efectividad, sumado a la gran cantidad de Estados que las han ratificado (principalmente la de La Haya). Además, desde la Conferencia de La Haya se ha desarrollado una importante fuente de soft law para la correcta aplicación e interpretación de las disposiciones convencionales y para superar las dificultades que han ofrecido estos procedimientos a lo largo de los años (3). Respecto de esta última, hemos sostenido que, pese a su falta de poder vinculante o coercitivo, estos principios deben instalarse en la conciencia general de los operadores del derecho para ser empleados en la búsqueda de soluciones a estas problemáticas —ello, igualmente, resulta concordante con lo dispuesto por el art. 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (4) en relación con las pautas interpretativas de aquéllos—. 2) A nivel bilateral, el Convenio con la República Oriental del Uruguay sobre protección internacional de menores, aprobado por ley 22.546, en vigor desde diciembre de 1982. Este último instrumento ofrece un esquema de cooperación distinto a los otros instrumentos internacionales mencionados.

Los mecanismos que ofrecen los instrumentos multinacionales enunciados tienen su esencia en la prontitud o urgencia con la que se debe restituir a los niños al Estado de la residencia habitual anterior al desplazamiento ilícito y para que, en todo caso, sea esta última la jurisdicción en la que se decidan las cuestiones relativas al fondo del derecho de custodia de aquéllos. Ese extremo, sumado al procedimiento acotado que proponen —con base en la cooperación jurisdiccional internacional—, ha demostrado importar una vía apropiada para asegurar el restablecimiento de los derechos de los niños afectados con el menor costo o injerencia posible en su bienestar.

En esta inteligencia, puede observarse que las diversas obligaciones asumidas en estas fuentes incidirán en el alcance y los matices de la garantía de acceso a la justicia en estos procesos y que, asimismo, se adicionarán aquellas que surgen de los tratados de derechos humanos ratificados por nuestro país (5) —que gozan de la jerarquía que les otorga la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22)—, de la propia Constitución (arts. 14, 18 y 20) y de los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre los que se ha establecido: “El derecho de acceso a la justicia debe asegurar la determinación de los derechos de la persona en un tiempo razonable. La falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por sí misma, una violación de las garantías judiciales”(6).

Es decir que esta garantía debe ser contemplada de modo amplio y en relación con todo el procedimiento en la especie (7). Así, entre las cuestiones que repercutirán, directa o indirectamente, para asegurar el acceso a la justicia cabe enunciar: a) que se adopten todas las medidas apropiadas para garantizar que se cumplan los objetivos de las convenciones (art. 2º, CH); b) que se actúe con urgencia en los procesos de restitución (art. 11, CH; arts. 12, 13, 14, CI); c) que, luego de haber sido informadas del traslado o retención ilícitos de un niño, las autoridades estatales se abstengan de decidir sobre la cuestión de fondo de los derechos de custodia (art. 16, CH y CI); d) que se respete la prohibición de exigir legalizaciones (art. 23, CH, art. 9.4º, CI); e) que se brinde la asistencia judicial y el asesoramiento jurídico en cualquier otro Estado contratante en las mismas condiciones que si fueran nacionales y residieran habitualmente en ese otro Estado (art. 25, CH); f) que se localice al niño en caso de resultar necesario (art. 18, CI); g) que frente al conocimiento de que un niño se encuentra en el territorio ilegalmente fuera de su residencia habitual se adopten las medidas conducentes a asegurar la salud y a evitar el ocultamiento o traslado a otra jurisdicción y se comunique la localización (art. 19, CI); h) que se garanticen las condiciones de igualdad de las partes, especialmente si se tiene en cuenta la probable participación de litigantes foráneos que reclamen en un país distinto del de su nacionalidad o residencia habitual la restitución de su hijo —particularmente atendiendo a la prohibición de exigir fianza o depósito o caución para garantizar el pago de costas y gastos en procedimientos judiciales o administrativos (arts. 22, CH, y 23, CI)—; i) que se respete el derecho de los niños a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta en función de su edad y madurez (art. 12, CDN; arts. 13.2º, CH, y 11.2º, CI) (8); j) que se respete el derecho a rendir prueba —que en este terreno implicará el hallazgo del justo balance entre el derecho de defensa en juicio de las partes y el marco restringido para probar estrictamente los extremos admitidos en las convenciones en la materia—; k) que se respete el derecho a que la sentencia se dicte dentro de un plazo razonable; l) que se respete el derecho a que la sentencia se efectivice, que implicará concretar, en tiempo y forma, el derecho fundamental conculcado que originara el reclamo judicial —extremo que podrá acarrear la necesidad de que se arbitren medidas asegurativas durante el procedimiento (p. ej., prohibiciones de salida del país, retención de pasaportes, concurrencia a la policía periódicamente, etc.) como medidas para lograr el “regreso seguro” del niño, etc.— (9).

En definitiva, el Estado nacional ha asumido diversas obligaciones y es, por lo tanto, responsable de velar por su cumplimiento en las condiciones que impone la propia especie —es decir, con celeridad y urgencia— de modo tal que permita recomponer los derechos vulnerados (10).

En este contexto, la problemática que originan las demoras en estos procedimientos ha sido identificada como el principal problema de funcionamiento de estas convenciones (11) que establecen plazos sumamente breves —por ejemplo, la CH fija este plazo en seis semanas, conf. art. 11 (12)—. Ello por cuanto el paso del tiempo repercute negativamente en la delicada situación en que ya se encuentran los niños que han sido víctimas de un primer desplazamiento. Es decir, la demora en la resolución y ejecución de los casos conllevará a una inevitable integración del niño a la nueva residencia, que deberá volver a modificarse una vez que se restablezcan los derechos de aquél. Así, sumado al primer desarraigo que ha sufrido el niño en estos cuadros, se producirá uno nuevo, consecuente de la consolidación de hecho de un nuevo centro de vida (13).

Estas demoras suelen tener origen en diversos momentos del procedimiento: prueba inconducente para dilucidar el interrogante en torno a la restitución, abordaje de cuestiones que hacen al fondo del derecho de custodia, diversos niveles recursivos, traslados por tiempos extensos, demoras en la resolución de los casos, complicaciones en la ejecución de las sentencias, entre otros.

En definitiva, cuando se falta a la urgencia de la que deben estar dotados los procesos se incumplen las metas convencionales y, asimismo, la garantía de acceso a la justicia.

III. Aportes del Código Civil y Comercial de la Nación en la materia

El Código Civil y Comercial de la Nación ha incorporado un título relativo a las “Disposiciones de derecho internacional privado”. Aquél está dividido en tres capítulos: disposiciones generales, jurisdicción internacional y parte especial. En el último de aquéllos se incluyen 16 secciones; la 8ª contiene un artículo referente a la restitución internacional de niños. Son numerosas las directivas que emanan de aquél, sumadas a las otras disposiciones que también incidirán en este tipo de procesos.

Así, los aportes de la nueva legislación importarán grandes ventajas en el abordaje de estas situaciones problemáticas y para los procesos en la especie, incluida la cooperación jurisdiccional tanto de forma anticipada al proceso, durante él, como a los fines de la ejecución de las sentencias. Sin lugar a dudas, ello coadyuvará a garantizar el acceso a la justicia en estos asuntos.

Enunciaremos y analizaremos a continuación las principales disposiciones que contiene la nueva legislación a este respecto.

El artículo 2642 establece: “Principios generales y cooperación. En materia de desplazamientos, retenciones o sustracción de menores de edad que den lugar a pedidos de localización y restitución internacional, rigen las convenciones vigentes y, fuera de su ámbito de aplicación, los jueces argentinos deben procurar adaptar al caso los principios contenidos en tales convenios, asegurando el interés superior del niño. El juez competente que decide la restitución de una persona menor de edad debe supervisar el regreso seguro del niño, niña o adolescente, fomentando las soluciones que conduzcan al cumplimiento voluntario de la decisión. A petición de parte legitimada o a requerimiento de autoridad competente extranjera, el juez argentino que toma conocimiento del inminente ingreso al país de un niño o adolescente cuyos derechos puedan verse amenazados, puede disponer medidas anticipadas a fin de asegurar su protección, como así también, si correspondiera, la del adulto que acompaña al niño, niña o adolescente”(14).

En vigencia del Código Civil carecíamos en la fuente interna de soluciones para casos de niños que habían sido desplazados a un Estado distinto del de su residencia habitual y a los fines de su reintegro. Esta norma incorpora, entonces, una importante solución para los casos en la materia que nos vinculan con Estados que no son Parte en las convenciones vigentes —o que exceden su marco de aplicación— e, incluso, aborda los conflictos que genera el regreso seguro del niño al momento de ejecutar la orden de restitución como las medidas anticipadas o de protección que correspondan a estos supuestos en todos los casos.

  1. Aplicación de los principios generales y cooperación contemplados en la fuente convencional dentro y fuera de su ámbito de aplicación

La norma, en su primera parte, confirma la aplicación de la fuente convencional vigente, extremo que resulta apropiado y lógico en sintonía con lo establecido en el art. 2594. Sin embargo, su principal aporte es la extensión de la aplicación de los principios contenidos en tales convenios a los casos que queden fuera del ámbito de aplicación de aquéllos, con el recaudo de asegurar el interés superior del niño.

Es decir, se brinda una línea de solución a todos los casos que se presentan en la materia en nuestro país. Para los supuestos que excedan el marco de aplicación de estas convenciones se asienta el deber de procurar la adaptación del caso a los principios contenidos en tales convenios, lo que implicará la posibilidad de revertir las situaciones creadas ilícitamente en cada caso y, a su vez, que todos los casos cuenten con gran parte de las bondades de estas convenciones (15), así como del soft law emergente en la especie (16).

En tal sentido, se ha aseverado que se efectúa “una remisión en blanco a ‘todas las convenciones internacionales vigentes’ en la materia en Argentina, cuyos institutos quedarán, de este modo, incorporados en el derecho interno”(17).

Sin lugar a dudas, esta disposición extiende también la garantía de acceso a la justicia con los matices antes descriptos a todos los casos que se planteen en este campo.

  1. Regreso seguro del niño, niña o adolescente al Estado de su residencia habitual

El segundo párrafo contiene una disposición de tipo material en relación con la seguridad con que deberá efectuarse el regreso del niño, niña o adolescente en la etapa de ejecución de la sentencia. Es decir, se establece el deber de la autoridad judicial competente de supervisar el regreso del niño al Estado de su residencia habitual anterior al desplazamiento. Se indica, además, que se deberán fomentar las soluciones que conduzcan al cumplimiento voluntario de la decisión.

Es decir, si no pudiera arribarse a un acuerdo voluntario para el cumplimiento de la orden de restitución —que podría incluir compromisos por parte de los padres del niño de que se trate en relación con las futuras visitas, compra de pasajes aéreos, condiciones de vivienda en el otro Estado, etc.—, el juez procurará que el reintegro se realice garantizando la seguridad del niño.

A tales fines, será muy provechoso recurrir a la figura de las comunicaciones judiciales directas entre las autoridades de los Estados requirente y requerido, puesto que incrementarán la seguridad y previsibilidad del escenario posterior a la restitución; asimismo, posibilitarán el intercambio de información pertinente respecto de las medidas que podrían tomarse una vez efectuado el regreso, tanto respecto del cuidado del niño, de la protección de su integridad o su salud, como de la asistencia a sus progenitores y de las garantías con relación al contacto con el padre sustractor, entre otros (18).

Hemos sostenido que el empleo de este recurso —las comunicaciones judiciales directas— conformará un tramado conjunto que responde a la responsabilidad de ambos Estados sobre el niño: el juez del Estado requerido obtiene la seguridad suficiente para efectivizar la restitución; igualmente, su intervención importa una colaboración fundamental respecto del juez del Estado requirente, ya que posibilitará una mejor captación del contexto u escenario en cada caso y conllevará a una apropiada protección del niño que será restituido. Máxime teniendo en cuenta que en estos asuntos se encuentra asumida la competencia de la autoridad correspondiente del Estado de la residencia habitual del niño para resolver el fondo de la custodia (conf. art. 16). De este modo se cumplirán los objetivos convencionales, pero, primordialmente, en cada caso se concretarán los derechos fundamentales y el interés superior de cada niño o niña que se vieron envueltos en estas problemáticas (19).

Para la etapa de ejecución también devendrá un recurso a aprovechar la “Guía de Buenas Prácticas, Cuarta Parte: Ejecución”(20), elaborada en el ámbito de la Conferencia de La Haya.

  1. Medidas anticipadas de protección

Por último, en el tercer párrafo del artículo se admite la posibilidad de disponer medidas anticipadas frente al inminente ingreso de un niño o adolescente al país cuyos derechos puedan verse amenazados, ya sea a pedido de parte legitimada o por requerimiento de autoridad competente extranjera.

La disposición no especifica las medias a ordenar, lo que dependerá de la creatividad de los jueces en función de las particularidades del caso. Ellas podrían comprender la retención de los pasaportes, el apersonamiento ante una dependencia policial del adulto responsable, la fijación del domicilio en el que deberá residir transitoriamente el niño en nuestro país, la custodia policial —si el caso lo requiriera—, entre otras.

Tales medidas también pueden comprender, si correspondiera, la protección del adulto que acompaña al niño, niña o adolescente.

Si bien el artículo requiere la petición de parte legitimada o requerimiento de autoridad competente, para el decreto de estas medidas debe atenderse a que del art. 2641 se desprende la posibilidad de que la autoridad competente disponga las medidas que considere pertinentes —incluso si no mediara tal petición— para asegurar su protección. En esta especie, hasta tanto se defina si se trata de un supuesto de restitución internacional de niños o no.

  1. Otras disposiciones relevantes en materia de restitución internacional de niños

El art. 2614, mediante una norma de tipo material, contiene la calificación del domicilio de las personas menores de edad. En el último párrafo, refuerza los parámetros establecidos convencionalmente en esta materia cuando dispone que “…los niños, niñas y adolescentes que han sido sustraídos o retenidos ilícitamente no adquieren domicilio en el lugar donde permanezcan sustraídos, fuesen trasladados o retenidos ilícitamente”.

Es decir que se procura prevenir que en estas situaciones los sustractores cambien la jurisdicción unilateralmente a los fines de obtener una decisión judicial respecto del fondo de la custodia; situación que resulta acorde a las previsiones convencionales en la materia (21).

Por su parte, el art. 2611 incorpora expresamente el deber de brindar amplia cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial y laboral, más allá de las obligaciones que surjan en tal sentido de los marcos convencionales vigentes. Hemos sostenido que la amplitud a la que se refiere el artículo debe ser interpretada en el sentido de que, si bien la norma está dirigida a los jueces argentinos, ésta debe ser extensiva a todos los que puedan ofrecer este tipo de cooperación en el proceso de que se trate. Asimismo, si bien se debe entender que la cooperación es extensiva a toda cuestión comprendida dentro del ámbito de aplicación material que delimita la disposición, también esta cuestión debe ser interpretada en sentido amplio. Este margen amplio de cooperación abarcará tanto los actos que resulten necesarios en torno a cuestiones procesales —y que en gran medida coadyuvarán a la concreción del derecho de acceso a la justicia— como aquellos que estén orientados a cierta finalidad de tipo material y que permitirán realizar derechos fundamentales (por ejemplo, en materia de protección de niños) (22). En definitiva, el deber de cooperación de los jueces o autoridades que intervengan en estos asuntos abarcará todo lo que exceda el marco de cooperación en la especie contenido en las convenciones vigentes y/o en el art. 2642.

Cabe hacer referencia al artículo 2612, que en su primera parte dispone: “Sin perjuicio de las obligaciones asumidas por convenciones internacionales, las comunicaciones dirigidas a autoridades extranjeras deben hacerse mediante exhorto. Cuando la situación lo requiera, los jueces argentinos están facultados para establecer comunicaciones directas con jueces extranjeros que acepten la práctica, en tanto se respeten las garantías del debido proceso…”.

La posibilidad de que las autoridades de los Estados requirente y requerido mantengan este tipo de comunicaciones pueden traer aparejadas numerosas ventajas en las diversas instancias de estos procedimientos, ya sea: para conocer aspectos del derecho del Estado de la residencia habitual anterior al traslado o retención para evaluar la licitud o no del desplazamiento; para conocer aspectos del vínculo o procedimientos que se hayan ventilado en el otro Estado con relación a la integridad del niño, posibles abusos o violencia; para asegurar los extremos necesarios para concretar la restitución, la estabilidad del niño y de los vínculos con sus progenitores; entre otros (23). En definitiva, para garantizar la efectividad de los objetivos convencionales y el interés superior del niño de que se trate.

Esta posibilidad es una extensión del principio de cooperación que debe primar y que resulta esencial en estos procedimientos.

Así, aunque las comunicaciones judiciales directas no fueron incluidas en la sección 8ª, entendemos que los casos de restitución internacional de niños son urgentes por definición, tanto porque se trata de encausar los derechos fundamentales de los niños que han sido conculcados por decisión unilateral de uno de sus padres como por la condición de vulnerabilidad de aquéllos, sumada a la internacionalidad de los supuestos.

De este modo, además de encontrarse habilitado este recurso por el principio de cooperación y de los principios del soft law en la especie, el ordenamiento jurídico expresamente autoriza su empleo mediante el art. 2612.

Finalmente, y sin perjuicio de que las convenciones vigentes en la materia contienen una expresa prohibición en relación con la exigencia de fianza, depósito o caución para garantizar el pago de costas y gastos en los procedimientos judiciales o administrativos (arts. 22, CH, y 23, CI), consideramos pertinente mencionar la disposición contenida en el art. 2610 referente a la igualdad de trato. El artículo establece: “Los ciudadanos y los residentes permanentes en el extranjero gozan del libre acceso a la jurisdicción para la defensa de sus derechos e intereses, en las mismas condiciones que los ciudadanos y residentes permanentes en la Argentina. Ninguna caución o depósito, cualquiera sea su denominación, puede ser impuesto en razón de la calidad de ciudadano o residente permanente en otro Estado. La igualdad de trato se aplica a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o registradas de acuerdo a las leyes de un Estado extranjero”.

El Código Civil carecía de una norma que incluyera una disposición que garantizara el derecho de acceso a la justicia de los extranjeros en el proceso, aunque este principio se encontraba contemplado en la fuente convencional vigente en el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, Las Leñas, arts. 3º y 4º, y en la Convención sobre Procedimiento Civil, La Haya, art. 17 (24) —que sirvieron de fuente al mencionado artículo—. Asimismo, el principio emana de diversos tratados de derechos humanos como de la propia Constitución Nacional.

En definitiva, mediante esta disposición se garantiza el derecho de acceso a la jurisdicción en nuestro país de forma igualitaria para ciudadanos y residentes argentinos como para extranjeros. A tales fines, se prohíbe la fijación de cualquier tipo de caución o fianza —con una calificación amplia, puesto que se apunta a su implicancia y no a su denominación— basada en la calidad de argentino o extranjero de quien pretenda acceder a la jurisdicción.

Consideramos que la reforma introducida en el Código de fondo resulta sumamente útil y apropiada; sin embargo, estimamos que continúa pendiente la deuda en relación con una regulación de tipo procesal.

IV. Necesidad de una regulación específica en torno al procedimiento

Sin perjuicio de las directivas que surgen de las convenciones en materia de restitución internacional de niños en torno de la celeridad y urgencia —por ejemplo, la aplicación del procedimiento más breve previsto en la legislación interna—, la práctica ha demostrado que los procesos se extienden en el tiempo faltando a estos principios que revelan la esencia de los procedimientos diseñados convencionalmente.

La experiencia de nuestro país da cuenta de grandes demoras en las resoluciones de los casos que llegan a instancias judiciales que, como hemos sostenido, podrían implicar la responsabilidad del Estado nacional por el incumplimiento de las obligaciones asumidas internacionalmente en la especie, sumado a aquéllas relativas al debido proceso enunciadas previamente.

En definitiva, la sanción de una ley que organice y regule estos procedimientos a nivel nacional constituirá un importante paso para responder a las obligaciones asumidas sin generar responsabilidad por ello. Entre ellas, la que surge específicamente del art. 2º de la CH cuando dispone: “Los Estados contratantes adoptarán todas las medidas apropiadas para que se cumplan en su territorio los objetivos del Convenio”. Evidentemente, este tipo de regulación será la vía apropiada para lograr mayor eficiencia en todos los casos que tramiten en nuestro país y, asimismo, dotará de efectividad a la garantía de acceso a la justicia.

La Ley Modelo sobre Normas Procesales para la Aplicación de los Convenios sobre Sustracción Internacional de Niños (Ley Modelo) (25) contiene lineamientos para optimizar los procesos de restitución, especialmente en relación con su celeridad (26). Varios países de Latinoamérica ya han incorporado regulación de este tipo (27) y así han logrado disminuir notablemente los tiempos procesales, a la vez que han coadyuvado a asegurar el cumplimiento de las demás metas convencionales.

En nuestro país, el proyecto de ley titulado “Procedimiento para la aplicación de los convenios sobre la restitución de niños y niñas y régimen de comunicación o contactos internacionales” se encuentra en trámite ante la Cámara de Diputados de la Nación (28). La propuesta contiene capítulos relativos a: I) objeto —allí se establecen disposiciones generales y calificaciones—; II) autoridades centrales —funciones—; III) procedimiento de mediación en casos entrantes —este capítulo consta de veintitrés artículos para regular esta etapa—; IV) procedimiento judicial —cuenta con trece artículos en los que se regula el proceso de restitución y de comunicación o contacto, tomando para ello muchos de los lineamientos establecidos en la Ley Modelo (29)—; V) procedimiento de mediación en casos salientes.

Celebramos el tratamiento legislativo de esta cuestión para que también en nuestro país contemos con un recurso que agilice estos procedimientos y, en definitiva, permita concretar eficientemente el interés superior de los niños involucrados en estos procedimientos (30).

Algunas de las principales características de la normativa propuesta son:

— El procedimiento contempla tanto los procedimientos de restitución como de comunicación o contacto (art. 1º).

— Se contempla tanto la urgencia con que deben ser resueltos estos casos como la garantía de defensa en juicio (Fundamentos).

— Se consagra al interés superior del niño o niña como criterio de interpretación de los tratados y se entiende por tal el derecho del niño o la niña a no ser trasladado o retenido ilícitamente, a que se dilucide ante autoridad competente la decisión sobre su guarda o cuidado personal, a mantener comunicación o contacto regular con quienes ejerzan la patria potestad y a obtener una rápida resolución en la solicitud de restitución o de comunicación o contacto internacional (art. 2º).

— Se enuncian algunas funciones de la autoridad central (art. 4º). Se le asigna a la autoridad central la responsabilidad de determinar la admisibilidad de la solicitud de restitución o comunicación —legitimación activa y que no se hubiera iniciado luego de transcurrido un año del traslado o retención ilícita y que el niño o niña se hayan integrado al nuevo centro de vida—. Luego se establece el control de legalidad si la decisión hubiese sido la inadmisibilidad de la solicitud (art. 5º). Consideramos fundamental este control, sobre todo si se atiende a la facultad que surge del art. 18 de la CH y 17 de la CI de ordenar la restitución en cualquier momento (31).

— Se contempla una instancia de mediación previa de carácter voluntario —se exceptúan los casos en que medie falta de voluntad de las partes para ello, exista violencia hacia el niño o niña o alguna de las partes, o un grave riesgo de que la restitución del niño o la comunicación o contacto internacional expongan al niño a un peligro grave físico o psíquico o que de cualquier otra manera lo ponga en una situación intolerable—. Así, una vez recibida la solicitud de restitución internacional o de contacto internacional por parte de la autoridad central argentina, se prevé que ésta analizará su admisibilidad e informará a las partes sobre las características del procedimiento de mediación a los fines de que manifiesten su consentimiento informado para someter el caso a dicho trámite. Igualmente, en aquellos casos en que la solicitud se presente directamente ante autoridad judicial, ésta deberá remitirlo inmediatamente a la autoridad central para que dé inicio al procedimiento de mediación, si correspondiera (arts. 8º a 11).

— Se establece que la autoridad central remitirá el expediente a la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos dentro del plazo de 24 hs. Esa Dirección tendrá un plazo máximo de doce días corridos para llevar a cabo el procedimiento de mediación. Caso contrario, la autoridad central remitirá las actuaciones al juez o tribunal con competencia en materia de familia del lugar donde se encontrare el niño o la niña (32). Se prevé que las audiencias en la instancia de mediación se realicen con las partes presentes o a distancia y en audiencias conjuntas o privadas —utilizando para ello los recursos tecnológicos idóneos disponibles (33)— (capítulo III, arts. 6º a 23). Si las partes arribaran a un acuerdo se lo remitirá a la autoridad central para que prosiga la tramitación del expediente. El acuerdo debe realizarse por escrito y deberá estar firmado por ambas partes y por el mediador y su contenido debe ser lo más completo, concreto y detallado posible (se enuncian algunos aspectos que podría incluir en el art. 21). Se establece que el acuerdo no requerirá ninguna legalización ni formalidad análoga —extremo que resulta apropiado en atención a la urgencia que estos casos amerita—. Además, se establece su carácter vinculante y ejecutorio ante los tribunales o autoridades administrativas de los Estados Parte de los respectivos convenios. La previsión puede resultar sumamente eficiente cuando la ejecución deba efectuarse en nuestro país; sin embargo, puede no resultarlo cuando aquél deba desplegar efectos en otro Estado. Es decir, dependerá del ordenamiento jurídico del otro Estado los efectos que desplegará el acuerdo de mediación que se concluya en la Argentina.

— El capítulo IV se refiere al procedimiento judicial y se establecen los principios procesales de inmediación, oficiosidad, economía procesal, contradicción, gratuidad, reserva, buena fe y moralidad procesal para la etapa procesal. Además, la prohibición de resolver sobre el fondo de los derechos de cuidado personal y suspensión de los procesos tendientes a resolver esta cuestión (art. 26). Asimismo, expresamente se establece la posibilidad de que la autoridad judicial, en cualquier etapa del proceso, pueda promover una solución amigable del conflicto que permita la restitución inmediata del niño o niña o el ejercicio del derecho de comunicación o contacto internacional.

— En el artículo 27 se establecen normas generales, entre ellas: a) las notificaciones judiciales se cumplirán en forma automática o por nota, salvo disposición en contrario y se realizarán por Secretaría, con habilitación de días y horas inhábiles. Se prevé la habilitación de la feria judicial para todos los casos; b) las providencias dictadas en las audiencias quedarán notificadas en el mismo acto; c) el niño o niña tendrá derecho a ser oído por el juez o tribunal con la intervención de un equipo técnico, en su caso; d) Se prevé la asistencia o representación del niño o niña tanto mediante la intervención del Ministerio Público de la Defensa como, si el juez o tribunal lo consideran en virtud de la edad y madurez de aquéllos, mediante la designación de un abogado del niño o niña para que lo asista y represente en el proceso.

— En relación con los recursos, se establece que a) las resoluciones que se dicten durante la substanciación del procedimiento no serán susceptibles de recurso alguno, salvo la resolución que rechaza liminarmente la demanda o solicitud de restitución o contacto, contra la cual procederá recurso de apelación, que será interpuesto dentro de los tres días siguientes a la notificación (34); b) contra la sentencia definitiva podrá interponerse recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación. El recurso de apelación será concedido en relación y con efecto suspensivo, salvo cuando el juez advirtiere que existen motivos suficientes para otorgarlo con efecto devolutivo (art. 27, f]).

— Se limitan los medios de prueba (art. 28): a) se exime de legalización a la prueba documental; b) se establece que la pericia psicológica sólo se admitirá cuando se hubiere alegado la excepción de “grave riesgo”; el dictamen de los equipos técnicos o el informe deberá ser emitido en un plazo de tres días y se correrá traslado a las partes por dos días; c) sólo se admiten tres testigos para probar las excepciones; d) se establece que para la obtención de prueba en el extranjero deberá colaborar la autoridad central no siendo aplicable la vía del exhorto.

— Para el procedimiento judicial se establece que (art. 29): a) se ordenará mandamiento de restitución dentro de 24 hs; b) se dispondrán medidas necesarias para evitar el ocultamiento o el desplazamiento del niño o niña del lugar en donde se encuentre y demás medidas de protección; c) se correrá traslado de la demanda para que se opongan excepciones por el plazo de cuatro días —el art. 30 refiere a las excepciones contempladas convencionalmente y establece el rechazo sin sustanciación ni recurso alguno de toda excepción fuera de las allí enumeradas—; d) se notificará al defensor de menores. Además, no se admitirán otras cuestiones y, si no se opusieran excepciones, se dispondrá hacer efectiva la restitución (35).

— Para el supuesto en que se hubieran opuesto excepciones se dará traslado por cinco días; vencido dicho plazo se fijará audiencia en el plazo de dos días para los próximos cinco días (art. 30, última parte). La audiencia deberá ser dirigida por el juez o tribunal (bajo pena de nulidad) y se celebrará aún en ausencia de los citados (36). El demandado deberá comparecer personalmente juntamente con el niño o niña. El actor podrá concurrir por medio de apoderado. Si no se arribara a un acuerdo, que deberá ser homologado, se resolverán las cuestiones que obsten a la decisión final —se fijarán los puntos objeto de la prueba, la admisibilidad y conducencia de los medios probatorios ofrecidos (37), se oirá al niño o niña, se correrá vista al defensor—. Producida la prueba, se dictará sentencia en la misma audiencia o dentro del plazo de dos días (art. 31).

— Se establece que el juez o tribunal dictarán la sentencia valorando los elementos aportados de conformidad con los principios de la sana crítica racional y el interés superior del niño o niña y podrán resolver: a) que se ordene la restitución, estableciendo el modo en que ésta se llevará a cabo, o b) que se rechace la restitución con fundamento en las excepciones. Se incluye la posibilidad de que se establezcan en la sentencia medidas tendientes a garantizar el regreso seguro del niño o niña y de quien tenga a su cargo el cuidado personal del niño, niña o adolescente, en su caso, en tanto no importen planteos dilatorios que tiendan a postergar el cumplimiento de la sentencia (38). Además, se establece que se podrá recurrir a la autoridad central para solicitar por su intermedio información relacionada con las medidas de protección y los servicios disponibles en el Estado requirente. A estos fines también se podrá recurrir a las comunicaciones judiciales directas y contactar al juez de la Red Internacional de Jueces de La Haya o al juez competente del Estado de la residencia habitual del niño para establecer medidas de retorno seguro (art. 32).

— En el art. 34 se establece el plazo de tres días para apelar la sentencia definitiva, debiéndose fundar en el mismo acto, y sustanciarse por igual plazo. Deberán elevarse en el plazo de 24 hs. La alzada deberá expedirse en el plazo de diez días. No se admitirá recurso alguno contra esa decisión (39).

— En caso de incumplimiento de la sentencia o del acuerdo homologado, el juez o tribunal ordenará su ejecución sin más trámite, aplicando las sanciones que establece el art. 45 del CPCCN y normas provinciales similares y disponiendo el modo en que se llevará a cabo la restitución (art. 35).

— Además: a) se regula el procedimiento para la comunicación o contacto (art. 33); b) se pone a disposición la figura del juez de la Red Internacional de Jueces de La Haya y se faculta el empleo de las comunicaciones judiciales directas —debiendo dejar constancia en el expediente y con comunicación a las partes y a la autoridad central— (art. 36); c) se establece el procedimiento de mediación para casos salientes (art. 37).

V. Celeridad, urgencia y demás presupuestos que efectivizan el acceso a la justicia en un caso fallado en Rosario (40)

Sin perjuicio de todos los aspectos que pueden ser valorados y apreciados respecto de la correcta aplicación e interpretación de las disposiciones convencionales en la sentencia que referimos, en esta oportunidad nos proponemos profundizar sobre aquellas cuestiones que se relacionan estrictamente con la celeridad y urgencia que se le imprimió al trámite y con los demás presupuestos que favorecieron la garantía de acceso a la justicia de todos los involucrados en el caso. En consecuencia, podrá advertirse que se llegó a una decisión fundada cumpliendo con todos los extremos necesarios para asegurar el interés superior de la niña.

Ello por cuanto, mientras no contemos con una ley que regule el procedimiento diseñado convencionalmente, entendemos que depende exclusivamente de la labor de los jueces ajustar los tiempos procesales para dictar decisiones en plazos que resulten razonables y que resguarden el beneficio de los niños que ya han sido víctimas de un desplazamiento y del consecuente desarraigo del lugar donde se encontraba su centro de vida. Y así sucedió en este supuesto.

El pedido de restitución se originó a partir de la solicitud promovida por el padre de una niña de 7 años que había nacido y tenía su residencia habitual en Benidorm, España. El traslado efectuado por la madre había ocurrido el 12 de abril de 2014 sin el conocimiento del padre. La autoridad central argentina remitió la solicitud a la justicia rosarina el 4 de julio de ese año. La defensora general subrogante, en representación del padre, interpuso la demanda.

La jueza en turno de feria judicial habilitó la feria y el 7 de julio de 2014 ordenó medidas de localización de la niña a través del oficial de justicia y la trabajadora social del tribunal, el secuestro del pasaporte y la notificación de la audiencia designada y el traslado de la demanda para que la madre opusiera excepciones bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución.

No pudiendo localizar a la niña y su madre, el 8 de julio de 2014 se ordenó, a los fines de localizar, proteger e impedir la salida del territorio de la niña, oficiar al Departamento de Interpol de la Policía Federal, a la Policía Federal y a Gendarmería Nacional. Asimismo, a la Dirección de Migraciones para prohibir la salida de la niña del país hasta tanto tramitara el proceso.

Ese mismo día la madre compareció al juzgado luego de la denuncia que ésta efectuara en la Comisaría de la Mujer por hostigamiento telefónico contra el padre. En consecuencia, se celebró una audiencia con la jueza, el defensor y la madre con su patrocinio en la que la jueza resolvió tener por presentada a la madre y tomó las siguientes medidas: que la madre permanecería con su hija en el domicilio denunciado hasta que se resolviera la causa; que se reservara en Secretaría el pasaporte de la niña; que la madre quedara notificada del trámite y del traslado a los fines de oponer las excepciones admitidas convencionalmente; que la niña fuera examinada por un facultativo médico del tribunal a fin de acreditar el estado psicofísico de aquélla; que se efectuara un nuevo informe socio ambiental; que se diera vista al asesor de menores y se fijó audiencia a fin de escuchar a la niña el 11 de julio de 2014.

Hasta aquí puede apreciarse cómo la jueza sacó provecho en cada oportunidad para avanzar en el trámite urgente que le imponía el marco convencional aplicable, respetando los derechos de la demandada y con especial consideración respecto de los derechos y bienestar de la niña.

Luego de celebrada la audiencia para escuchar a la niña y de haber sido presentado el informe socio ambiental, la madre contestó el traslado de la demanda, oponiéndose a la restitución en base a los siguientes argumentos: 1) ilicitud del traslado: la madre sostuvo que en España, si bien se había dictado una sentencia de divorcio que rechazaba el pedido de autorización para que la niña se trasladara a la Argentina, dicha resolución había sido apelada; 2) grave riesgo: la madre sostuvo que el tribunal español no había otorgado al padre la guarda y custodia compartida de la niña, puesto que existía un proceso penal en su contra por la presunta comisión de un delito de violencia familiar contra la madre y, por lo tanto, el regreso de la niña implicaría un grave riesgo de peligro psíquico o físico —a efectos de determinar este extremo, solicita la realización de estudios psicológicos respecto de la niña—. El padre contestó estas excepciones argumentando que el derecho de custodia que ostentaba la madre se encontraba limitado por el derecho de visita paterno que había ordenado el tribunal español y que el riesgo psicofísico invocado no lo sería menos que la privación del derecho de visitas por los temores sembrados por la madre según el relato de la propia niña.

Consecuentemente, se efectuó un examen psicofísico del que surgía que la niña se encontraba dentro de los parámetros normales.

Luego efectuó su presentación el asesor de menores.

La jueza encuadró todos estos elementos siguiendo los parámetros establecidos convencionalmente y en un ordenado relato contempló: 1) Análisis respecto si había mediado o no ilicitud en el traslado de la niña en función de la atribución del derecho de custodia con arreglo al derecho del Estado en que la niña tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado. A estos efectos, consideró que si bien en la sentencia del tribunal español se había dispuesto que la niña quedara bajo la guarda y custodia de la progenitora, se estableció también el ejercicio de la responsabilidad parental conjunta y un régimen de contacto paterno filial y expresamente se rechazó la pretensión de autorizar el traslado a la Argentina. Concluyó que la madre no tenía la custodia en el sentido de la calificación autónoma que hace la convención y que, por lo tanto, el desplazamiento producía una infracción que calificaba la conducta ilícita (41). 2) Análisis de la excepción opuesta por la madre con relación al grave riesgo que pudiera implicar para la niña la restitución; se concluyó que ésta no se encontraba configurada, remitiendo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varios precedentes fallados en la materia. 3) Análisis de los dichos de la niña para determinar si aquélla se oponía a la restitución. La jueza consideró que la niña había sido escuchada y que había manifestado claramente su deseo de volver a España; por lo tanto, concluyó que no se encontraba configurado el supuesto de excepción. 4) Se efectuaron consideraciones en torno a las excepciones contenidas en los arts. 12, párrafo 2º, y 20 de la CH y se concluyó: respecto de la primera, que no había trascurrido el plazo de un año desde el traslado hasta la solicitud de restitución ni la integración de la niña al nuevo medio; respecto de la segunda, que debía ser interpretada restrictivamente y que su invocación sistemática vulneraría los principios que sienta la Convención. 5) Se efectuaron también unas claras consideraciones en torno a la operatividad del “interés superior del niño” en el marco de los tratados y que éste es respetado por el derecho a no ser trasladado o retenido indebidamente, a visitar al padre no conviviente y en la inmediata restitución para que sea el juez natural el que decida la cuestión de fondo. 6) Se atendió a la necesidad de lograr un regreso seguro de la niña y, por lo tanto, se requirió a la autoridad central requirente y requerida a garantizar la restitución de la niña sin peligro. 7) Finalmente, con fundamento en el CH, CDN, Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (ley 26.061 y decreto reglamentario), como en el soft law elaborado en la especie —Ley Modelo, Guías de Buenas Prácticas, etc.—, se admitió la demanda, se ordenó la restitución y el levantamiento de las medias de protección tomadas.

La sentencia se dictó el 18 de julio de 2014, es decir en menos de diez días desde que se iniciara la causa (42).

Resulta así sumamente destacable la celeridad con la que se resolvió la cuestión, pero, sobre todo, que a lo largo de todo el procedimiento se garantizó el acceso a la justicia en el sentido amplio que describiéramos en los primeros puntos del presente trabajo respecto de todos los sujetos involucrados en el procedimiento. Así, se adoptaron las medidas apropiadas para garantizar que se cumplan los objetivos de las convenciones; se actuó con urgencia; no se ahondó en cuestiones relativas al derecho de fondo de la custodia; ambas partes contaron con asesoramiento y asistencia judicial; se procuró la localización de la niña; se garantizaron las condiciones de igualdad de las partes; se respetó el derecho de la niña a ser oída y a que su opinión sea tenida en cuenta en función de su edad y madurez; se respetó el derecho a rendir prueba en el marco restringido que establece la CH; la sentencia fue dictada dentro de un plazo razonable; se consideró el “regreso seguro de la niña”; se efectivizó la sentencia (43).

VI. Conclusiones

A partir de la aseveración inicial que plateáramos en el presente, consideramos que es dable reconocer que, a los fines de garantizar el acceso a la justicia como derecho fundamental en materia de restitución internacional de niños, nuestro país ha incorporado las convenciones internacionales en la temática. Asimismo, que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación contiene disposiciones que implican también la adopción de criterios que tienden a favorecer este derecho.

Sin embargo, persiste la necesidad de una regulación de tipo procesal para estos casos. Así, mediante el proyecto de ley al que hiciéramos referencia se procura optimizar el rendimiento de las convenciones en materia de restitución, de modo de logar una tutela del acceso a la justicia efectiva y eficaz.

Finalmente, hasta tanto contemos con una legislación que regule el procedimiento convencional, de modo que se remuevan los obstáculos que dificultan el acceso a la justicia ampliamente entendido, serán los jueces quienes deberán arbitrar los recursos disponibles para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas internacionalmente en la especie y en los instrumentos de protección de derechos humanos.

(*) El presente trabajo se ha elaborado dentro del marco del proyecto de investigación “El acceso a la justicia en casos con elementos extranjeros”, directora: Dra. María Susana Najurieta, Programación Científica UBACyT 2014-2016, aprobado por la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado de la UBA, Código de Proyecto 20020130200124BA.

(1) Párrafo introductorio del proyecto de investigación mencionado previamente.

(2) La Convención de La Haya de 1980 fue aprobada por ley 23.857, BO del 31/10/1990, y entró en vigor para nuestro país el 1/6/1991. A abril de 2014 se encuentra vigente en 93 Estados (ver estado de ratificaciones en www.hcch.net). La Convención Interamericana sobre restitución fue aprobada por ley 25.358, BO del 12/12/2000 (ver estado de ratificaciones en www.oas.org). Si bien la segunda de las mencionadas contiene en el art. 34 una directiva que indica la aplicación prioritaria de ésta sobre la de La Haya, consideramos que esta disposición podría interpretarse flexiblemente, y así optar por la aplicación de esta última, si ambos convenios se encontraran vigentes entre los mismos Estados Parte, si ello sirviera para concretar los objetivos convencionales y si, en el caso concreto, este proceder resultara más favorable a la cooperación (por ejemplo, por una mayor agilidad que propongan las autoridades centrales designadas en el ámbito de La Haya).

(3) Hemos sostenido que los principios que emanan de estos textos convencionales constituyen un soft law consolidado internacionalmente en la especie. Además, que estos principios están contenidos en los diferentes instrumentos que se generan en torno a las mencionadas convenciones, tales como las Guías de Buenas Prácticas, Ley Modelo, recomendaciones, conclusiones, etc. (disponibles en www.hcch.net, sección: Sustracción de Niños). Rubaja, Nieve, Derecho internacional privado de familia. Perspectiva desde el ordenamiento jurídico argentino, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2012, ps. 60 y ss., con especial cita a González Martín, Nuria, “Compatibilidad de las convenciones interamericanas y universales en materia de familia y niñez: evolución y análisis”, Seminario de Derecho Internacional, Cooperación Jurídica en Materia de Derecho de Familia y Niñez, OEA, DDI/Doc. 14/11, 10/10/2010, disponible en www.oas.org, al 30/4/2015.

(4) Ley 19.865.

(5) Entre otros: en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se promueve el respeto del derecho humano a recurrir ante los tribunales nacionales competentes para hacer valer sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley (art. 8º), los Estados se obligan a garantizar el cumplimiento de toda decisión (art. 25.2.c]) y se contempla el derecho a igualdad de protección ante la ley (art. 7º); en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la que se establece que toda persona debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen algunos de sus derechos fundamentales (art. 18) y se sienta el principio de igualdad ante la ley y respecto de los derechos y deberes allí consagrados (art. 2º); en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 3º y 14) se hace referencia a la tutela judicial efectiva con el consecuente compromiso de los Estados Parte de garantizar el acceso a la jurisdicción, el debido proceso y el cumplimiento de la decisión final; además, en el segundo de los mencionados instrumentos se consagra el derecho a la igualdad en el trato procesal (art. 14.1º y art. 26). En similar sentido los contemplan la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5.a]); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 7º, 8º y 25); la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 2.e]) y la CDN (art. 12.2º).

(6) Caso “Fornerón e hija v. Argentina”, 27/4/2012, “Hilaire, Constantine y Benjamín y otros v. Trinidad y Tobago”, 21/6/2002, y “González Medina y familiares v. República Dominicana”, 27/2/2012.

(7) Doctrinalmente se ha interpretado que el acceso a la justicia comprende no sólo la regularidad de un proceso, el respeto a los tiempos procesales, la competencia, independencia e imparcialidad de los jueces, principios básicos del derecho —legalidad, retroactividad, inocencia, igualdad y no discriminación—, entre otros requisitos, sino también el cumplimiento efectivo de las decisiones definitivas en tiempo y forma. Albanese, Susana, “Supervisión e incumplimiento de sentencias nacionales e internacionales. Problemas estructurales”, JA 2005-II-1078.

(8) El Dr. Pérez Manrique ha sostenido que para determinar el interés del niño es imprescindible recabar su opinión en cuanto sujeto de derecho. Además, que sin tener en cuenta la opinión del niño, la invocación de su interés superior será un acto puramente paternalista. En definitiva, que el niño debe ser protagonista insustituible en la definición de su interés superior. Según el autor, tener en cuenta la opinión del niño impone un requisito especial en la fundamentación o motivación de las decisiones judiciales, pudiendo ser atacada una sentencia que no funda adecuadamente la aceptación o el rechazo de la opinión del niño, para arribar a una solución. Pérez Manrique, Ricardo C., “Participación judicial de los niños, niñas y adolescentes”, RDF 43-177/196.

(9) Rubaja, Nieve, “Responsabilidad del Estado en procesos de restitución internacional de niños”, RDF 65-83 (D).

(10) En este sentido, se ha sostenido el Estado no puede desligarse de su responsabilidad con la mera sanción de normas y confiar en que la materialización de los derechos reconocidos en las constituciones quede en manos de los ciudadanos. Es decir que la garantía de los derechos proclamados en las convenciones internacionales debe estar en la función del Estado. Así como el Estado debe ser quien garantice la eficacia de las normas que dicte, en el caso del juez, éste tendrá a su cargo el seguimiento de sus resoluciones, a los efectos de controlar su cumplimiento voluntario o, en su caso, disponer su aplicación. Ballarin, Silvana, “La eficacia de la sentencia de familia”, en Kielmanovich, Jorge y Benavides, Diego (comps.), Derecho procesal de familia. Tras las premisas de su teoría general, Jurídica Continental, San José de Costa Rica, 2008, ps. 296 y ss.

(11) Goicoechea, Ignacio, “Derecho procesal de familia y funcionamiento de convenios internacionales”, en Dreyzin de Klor, Adriana y Echegaray de Moussion, Carlos E. (dirs.), Nuevos paradigmas de familia y su reflejo en el derecho internacional, Advocatus, Córdoba, 2011, p. 192, especialmente nota 13.

(12) La urgencia o principio de celeridad en la CI se desprende de su espíritu y de las siguientes directivas: para presentar la oposición fundamentada a la que se refiere el art. 11 se prevé el plazo de ocho días hábiles contados a partir del momento en que la autoridad tomare conocimiento personal del menor y la hiciere saber a quien lo retiene; luego de sesenta días calendario siguientes a la recepción de la oposición, la autoridad judicial o administrativa dictará la resolución correspondiente (art. 12). Si fuere procedente, se deberá disponer “sin demora” la restitución (art. 10). Se establece el plazo de cuarenta y cinco días calendario como tope para que se ordenen las medidas necesarias para hacer efectivo el traslado del menor desde que fuere recibida por la autoridad central requirente la resolución por la cual se dispone la entrega (art. 13). Finalmente, se establece el plazo de un año calendario desde que el menor hubiere sido desplazado o retenido ilegalmente para ser instaurado el procedimiento que prevé la Convención (art. 14).

(13) En comentario al caso Corte Sup., “S. D. v. R. L. M. s/ reintegro de hijos y alimentos”, 2/7/2013, en el que la demora hasta la decisión de Corte que ordenaba la restitución fue de casi cinco años desde el traslado de tres niñas a nuestro país, la Dra. Scotti sostiene: “Cierto que es ilusorio un proceso de tan sólo seis semanas cuando el sustractor invoca excepciones basadas en violencia doméstica o abuso sexual. El debido proceso y en especial el interés superior del niño obligan en estos supuestos a un detenido análisis respecto de la posibilidad de que la restitución ocasione un daño mayor. Pero ello no justifica de ninguna manera una demora como la del presente caso….”. Scotti, Luciana, “Restitución internacional de menores: ¿La justicia lenta es justicia?”, Revista de Derecho de Familia y de las Personas, año V, nro. 11, diciembre 2013, p. 101.

(14) Las fuentes de la sección son la Convención sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Niños, La Haya, 1980, y el documento de la Conferencia de La Haya “Ejecución de órdenes fundadas en el Convenio de La Haya de 1980 – Hacia principios de buenas prácticas”, 2006, puntos 1.3, 4, 5 y 6.

(15) Sin perjuicio de ello, muchas otras virtudes no podrán verse reflejadas en estos casos, sobre todo aquéllas provenientes de la actuación de las autoridades centrales contempladas en los ámbitos convencionales. Por ello, igualmente sigue siendo deseable la mayor ratificación posible de los textos convencionales y la aspiración a una mayor uniformidad de criterios en la especie.

(16) Nuestra Corte Suprema de Justicia ya ha sacado provecho de este recurso en varias de sus sentencias en la materia —v.gr., Corte Sup., 22/11/2011, “W. D. v. S. D. D. W. s/ demanda de restitución de menor”; Corte Sup., 22/8/2012, “G., P. C. v. H., S. M. s/ reintegro de hijo”; Corte Sup., 21/2/2013, “H. C. A. s/ restitución internacional de menor s/ oficio Sra. Sub directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores”; Corte Sup., 8/11/2011, “F. R., F. C. v. L. S., Y. U. s/ reintegro de hijo”—. Ver Rubaja, Nieve, “Restitución internacional de niños”, en Kemelmajer de Carlucci, Aída; Herrera, Marisa y Lloveras, Nora (dirs.), Máximos precedentes. Derecho de familia, La Ley, Buenos Aires, 2014, ps. 692 y ss.

(17) Uzal, María E., “Breve panorama de la reforma del derecho internacional privado”, en Rivera, Julio (dir.), Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2012, p. 1195.

(18) Así se podrán coordinar “órdenes espejo”, que son aquéllas dictadas por los tribunales del Estado requirente en forma idéntica o similar a una orden dictada en el Estado requerido tendiente a la protección del niño a restituir; u órdenes de “puerto seguro”, que son las que intentan asegurar ciertas condiciones al arribo de las partes en el Estado requirente; entre otras.

(19) Rubaja, Nieve, “La estabilidad del niño y de los vínculos con sus progenitores luego de emitida la orden de restitución. Recursos judiciales disponibles”, RDF 59-99/110.

(20) Disponible en www.hcch.net/upload/guide28enf-s.pdf, al 25/3/2015.

(21) Además, nótese que del art. 2639 puede deducirse que tanto la jurisdicción internacional como el derecho aplicable en relación con la responsabilidad parental se rige por el derecho de la residencia habitual del hijo al momento en que se suscita el conflicto. Ver Rubaja, Nieve, comentarios a la sección 7ª del título IV, “Disposiciones de derecho internacional privado”, en Rivera, Julio C. y Medina, Graciela (dirs.), Código Civil y Comercial de la Nación comentado, La Ley, Buenos Aires, 2014, ps. 903 y ss.

(22) Rubaja, Nieve, comentario al Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 2601 a 2612, Infojus, Buenos Aires, 2015, en prensa.

(23) Para un análisis en profundidad de las particularidades y posibilidades que ofrece el recurso a las comunicaciones judiciales directas, se recomienda compulsar el documento “Lineamientos emergentes, relativos al desarrollo de la Red Internacional de Jueces de La Haya y principios generales sobre comunicaciones judiciales, que comprende las salvaguardias comúnmente aceptadas para las comunicaciones judiciales directas en casos específicos, en el contexto de la Red Internacional de Jueces de La Haya”, elaborado por la Conferencia de La Haya, disponible en www.hcch.net/upload/brochure_djc_es.pdf, al 27/3/2015.

(24) Otros instrumentos también contemplan este principio en materias específicas: p. ej., la Convención Interamericana sobre las Obligaciones Alimentarias (art. 14); la Convención de Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecución en el Extranjero de la Obligación de Prestar Alimentos, Nueva York, 1956 (arts. 9.1º y 9.2º).

(25) Esta Ley Modelo fue desarrollada por un grupo de expertos conformado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y el Instituto Interamericano del Niño. Se puede acceder su texto en www.hcch.net/upload/iap28ml_s.pdf, disponible al 30/4/2015.

(26) Hemos profundizado sobre esos aspectos en Rubaja, Nieve, Derecho internacional…, cit., ps. 521 y ss.

(27) Por ejemplo, Chile: auto acordado de la Corte Suprema de Justicia del 3/11/1998; República Dominicana: resolución 480/2008 de la Suprema Corte de Justicia; Panamá: decreto ejecutivo 222/2001; Uruguay: ley 18.895, Restitución de Personas Menores de Dieciséis Años Trasladadas o Retenidas Ilícitamente. Disponibles en www.hcch.net, sección: Sustracción de Niños.

(28) Expediente 5903-D-2014, trámite parlamentario nro. 95, fecha: 5/8/2014. El texto completo puede consultarse en: www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=5903-D-2014, disponible al 30/4/2015.

(29) Una de las diferencias que se observan es que la Ley Modelo contiene en el artículo 10 lineamientos en torno a la fase preliminar con directivas, especialmente, relativas a la localización y protección de los niños. El Proyecto al que se hace referencia carece de disposiciones respecto de estas problemáticas.

(30) Cabe mencionar que para superar los problemas que derivan de la naturaleza procesal de este tipo de regulación y a los fines de su incorporación a nivel nacional entre los fundamentos del Proyecto de ley se afirma: “El presente proyecto de ley busca reglamentar lo dispuesto en los citados convenios internacionales. Toda vez que es un principio general de derecho internacional los Estados no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, la sanción del presente proyecto no estaría alterando el reparto de competencias establecido por la Constitución Nacional. En virtud de lo expuesto, y resaltando que con la ratificación de los convenios de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes surge la obligación de los Estados de adaptar su derecho interno para resolver las solicitudes de restitución internacional, es que se presenta este proyecto de ley”. En este sentido, se ha sostenido que el convenio en análisis, conforme a la legislación vigente, tiene rango constitucional y que, por lo tanto, la obligación de dictar una ley de procedimiento es de cumplimiento ineludible para el Estado nacional, que tiene la obligación de hacer cumplir este convenio a todos los gobiernos provinciales, por eso es que debe legislarse de manera unificada sobre un tema de estricto interés federal. Luego, el procedimiento podrá ser reglamentado por cada una de las jurisdicciones provinciales, respetando el objetivo antes enunciado. Tagle de Ferreyra, Graciela, “Un proceso que requiere una legislación específica urgente”, SJA del 29/10/2014, p. 24, JA 2014-IV.

(31) Expresamente es contemplado este extremo en la ley uruguaya en la especie en el art. 18.3º.

(32) Nótese que la Ley Modelo refiere a la aplicación de los principios de concentración y especialización. En tal sentido, en el Uruguay se dispuso la competencia en la primera instancia de los juzgados de la materia de familia que designe la Suprema Corte de Justicia. Para la segunda instancia la competencia de los tribunales de apelaciones de familia (art. 4º). Probablemente la concentración sea un aspecto más difícil de abordar en un país con la extensión que caracteriza a la Argentina.

(33) Nos interesa destacar que la videoconferencia ha devenido en un importante recurso para lograr acercar a las partes de modo directo y, así, facilitar la posibilidad de lograr un acuerdo voluntario sobre el conflicto. Tan así es que, a nivel iberoamericano varios Estados — entre ellos, la Argentina— han suscripto en la ciudad de Mar del Plata el 3/12/2010 el Convenio Iberoamericano sobre el Uso de la Videoconferencia en la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia, favoreciendo el uso de dicho recurso como un medio concreto para fortalecer y agilizar la cooperación mutua en materia civil, comercial y penal, y en otras materias que los Estados acuerden de manera expresa. El acuerdo consta de once artículos, entre los que se prevé la utilización de aquél en audiencias de partes, testigos o peritos (art. 4º) y se regulan las normas a seguir en su empleo (art. 5º). Aún no ha entrado en vigor. También se suscribió en esa fecha un protocolo adicional al Convenio.

(34) Similar solución propicia la Ley Modelo en torno a la posibilidad de apelar el rechazo in limine de la solicitud, art. 12.1º.

(35) Si bien se siguen los lineamientos de la Ley Modelo, pueden advertirse algunas diferencias en la determinación de los plazos, siendo que el proyecto ha optado por plazos más acotados —por ej., la Ley Modelo, en el art. 12.2º, sugiere el plazo de diez días para oponer excepciones; en el art. 14 se fija en seis días el plazo para su traslado—.

(36) Se siguen varios de los lineamientos propuestos en la Ley Modelo respecto de la audiencia, arts. 15 y 16.

(37) Además, se indica que se rechazan in limine todos los medios inadmisibles, inconducentes o manifiestamente superfluos y que la resolución que admita o deniegue el despacho de diligencias probatorias no será apelable.

(38) Nótese que el proyecto, en este respecto, no ha incorporado la disposición contenida en el art. 18.2º respecto de la restitución segura, que sugiere: “El tribunal no podrá denegar la restitución de un niño basándose en lo dispuesto en el literal b) del artículo 13 del Convenio de la Haya de 1980 y literal b) del artículo 11 de la Convención Interamericana de 1989, si se demuestra que se han adoptado las medidas adecuadas para garantizar la protección del mismo tras la restitución”. La regulación uruguaya sí ha tomado esta alternativa en el art. 22.

(39) Se siguen los lineamientos del art. 17 de la Ley Modelo salvo en cuanto al plazo para resolver que allí se sugiere en 6 días.

(40) Tribunal de Familia n. 7 de Rosario, “D. L. M. v. D. L. s/ reintegro internacional del menor”, fallo de la jueza de turno de la feria judicial, Dra. Valeria Vittori.

(41) Es dable destacar que en el análisis de esta cuestión la jueza tomó en consideración las disposiciones contenidas en el Código Civil español y el informe efectuado por Francisco Javier Forcada Miranda, en su condición de miembro de la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya, para el Ministerio de Justicia español.

(42) La sentencia fue apelada por el asesor de menores —argumentando la arbitrariedad en la consideración de que la niña había sido oída desde una perspectiva parcial y sesgada— y por la madre —fundamentalmente se agravió por la falta de apertura a prueba para conocer en qué situación quedaría la niña de regresar a España y puesto que la madre carecía de residencia en España y no podría regresar—. En esta instancia se dispuso la escucha de la niña por el tribunal con asistencia técnica especializada, se procuró un acuerdo voluntario entre los padres mediante una videoconferencia en la cual el padre realizó diversos ofrecimientos (pago de pasajes, cuota alimentaria, inscripción a la escuela, etc.) y, finalmente, se concluyó que no se configuraban las excepciones contempladas convencionalmente, se rechazaron los recursos interpuestos y se confirmó la resolución dictada. En la sentencia, de fecha 29/9/2014, se consideró que debían tomarse los recaudos suficientes en virtud del ofrecimiento realizado por el demandado a los efectos de proceder a ordenar la restitución segura de la niña junto a su madre.

(43) Conforme a la información brindada por la autoridad central, la niña retornó a España junto con su madre el 29 de enero de 2015.

El BCRA redujo expansión monetaria del 40% al 27% en solo dos meses

Fuente: http://www.iprofesional.com

Parte de la contracción la logró vía la mesa de dinero de la entidad que absorbió cerca de $100.000 millones en sus licitaciones de Lebac

Finanzas, 22 de febrero de 2016

En un esfuerzo por mantener bajo control el avance del dólar y de los precios en la economía local, el Banco Central redujo la emisión monetaria desde el 40% anual a un mínimo del 27% en apenas dos meses.

El dato surge de las últimas cifras oficiales que publicó el organismo en su página web, hasta el 17 de febrero. De acuerdo con éstas, la base monetaria cayó en $ 88.000 millones desde el pico máximo registrado el 22 de diciembre pasado, y quedó ahora en los $ 552.000 millones.

En apenas 60 días, la mesa de dinero del BCRA absorbió cerca de $ 100.000 millones en sus licitaciones de Lebac y logró reducir la base monetaria en casi un 10%. Para esto debió aplicar inicialmente una fuerte suba en las tasas de interés de sus Letras de deuda, que logró desarmar en poco tiempo: las Lebac a tres meses rinden ya un 28,5% anual.

Es medio punto porcentual menos que lo que pagaban esos mismos títulos (29%) cuando eran emitidos por Alejandro Vanoli, el antecesor en el cargo de Sturzenegger.

La emisión había llegado a rozar el 40% anual (si bien en el promedio de diciembre quedó en 37%) sobre el final de 2015. Pero se desplomó en sólo dos meses al 27%.

La dinámica es una evidencia del diagnóstico que tiene en mente el Gobierno para el combate de la inflación en el mediano y largo plazo, más allá de los últimos anuncios oficiales sobre controles de precios y defensa de la competencia. Y a la vez una muestra de que hoy la política del Central parece estar gobernada principalmente por “metas monetarias”, que fijan el crecimiento de los agregados para cada período, antes que “inflacionarias”.

La nueva gestión no revirtió demasiado la baja de tasas a pesar de la suba que empezó a mostrar el dólar oficial. En la última licitación apenas las ajustó en un cuarto de punto porcentual para poder afrontar vencimientos por $ 44.000 millones. La decisión fue mejorar el rendimiento de las letras que son a uno y dos meses de plazo (35 y 63 días), hasta el 30,50%.

“El BCRA implementó una nueva contracción de la base monetaria, con el propósito de compatibilizar la tasa de crecimiento de los agregados monetarios con los objetivos de inflación buscados”, precisó el organismo, la semana pasada, en un comunicado, según consigna Ambito.

En los bancos creen que, en este contexto, el Central se inclina por dejar las tasas de interés más cortas arriba del 30% anual en una señal de prudencia monetaria.

 

Coparticipación: el Gobierno ofrecerá compensaciones

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Macri descentralizaría el manejo de fondos sociales y de obras de las provincias

Laura Serra – LA NACION
LUNES 22 DE FEBRERO DE 2016

El Gobierno evalúa un plan alternativo que compense a las provincias por la retención del 15% en sus recursos coparticipables que les impone la Nación para financiar a la Anses. El plan consistiría en descentralizar el manejo y la ejecución de obras públicas y planes sociales, que, en los hechos, serían fondos contantes y sonantes para los distritos.

El Poder Ejecutivo no está dispuesto a devolverles a las provincias ese 15% de retención que hoy les aplica a sus fondos coparticipables ya que, advirtió, implicaría el desfinanciamiento del sistema previsional. Ante este riesgo, el presidente Mauricio Macri derogó un decreto que le dejó como herencia Cristina Kirchner días antes de abandonar el poder. La medida fue firmada luego de que, dos días después del triunfo de Macri, la Corte Suprema fallara en favor de San Luis, Santa Fe y Córdoba por los respectivos reclamos de restitución de esos fondos. Pero el problema no terminó: por un lado, las otras provincias ya llevaron sus demandas a la Justicia y, por el otro, en el Congreso, la oposición podría rechazar el decreto de Macri que a su vez derogó el de Cristina Kirchner.

En el Congreso, el decreto derogatorio de Macri pende de un hilo. La cuestión se discutirá mañana en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. En tanto, cinco provincias esperan una respuesta de la Corte a sus pedidos.

En la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el debate podría complicarse para el oficialismo. Es que allí, los ocho legisladores del Frente para la Victoria (FPV) anticiparon que rechazarán el DNU del Gobierno para que cese la retención de fondos a las provincias. Los seis legisladores de Cambiemos, en cambio, avalarán la postura del Gobierno. La definición recaerá en dos votos clave: el de Raúl Pérez, del Frente Renovador, y el del puntano Adolfo Rodríguez Saá, de Compromiso Federal. Sin esos dos votos, el oficialismo caerá derrotado.

Sergio Massa, líder del Frente Renovador, es consciente de hallarse en un dilema: por un lado no quiere entorpecer la gestión del gobierno de Macri pero, por otro lado, siente que no puede arriar la bandera del federalismo que enarboló durante su campaña electoral. “No puedo ir en contra de la devolución del 15% (de los fondos coparticipables) a las provincias”, se le escuchó decir en su entorno. Por eso le encargó a Roberto Lavagna, ex ministro de Economía y principal asesor económico del Frente Renovador, el diseño de una propuesta alternativa.

Tampoco el senador Rodríguez Saá estaría dispuesto a apoyar la medida de Macri. “Voy a votar a favor de las provincias”, deslizó el puntano, cuya provincia fue -junto con Córdoba y Santa Fe- beneficiada por el fallo de la Corte Suprema que ordenó la restitución de los fondos retenidos por la Nación. Abierto este camino judicial, el resto de las provincias amenaza ahora con transitar por él para torcerle el brazo al Gobierno.

“La devolución sin más del 15% de los fondos a las provincias sería una solución simplista. La Anses quedaría totalmente desfinanciada -sostuvo el viceministro del Interior, Sebastián García De Luca, a La Nacion-. Por eso, evaluamos que una parte de los recursos nacionales se descentralicen a las provincias, sobre todo los referidos a obras públicas y a planes sociales. Es imposible que desde la Capital Federal se decida sobre la conveniencia o no de construir un cordón cuneta en algún municipio del interior, como era práctica común en el kirchnerismo”.

Tanto la Nación como las provincias son conscientes que aprobar una nueva ley de coparticipación es una cruzada casi titánica, pues requiere no sólo la aprobación del Congreso sino también de cada una de las legislaturas provinciales. El Gobierno de Macri podría mirar para el costado y evitar la discusión, pero el problema es que los gobernadores peronistas -y sus representantes legislativos- no están dispuestos a claudicar sus reclamos por mayores fondos a las provincias. Además de agitar la amenaza de demandar al Gobierno en la Justicia, tienen la llave para sancionar las leyes que el Gobierno necesita del Congreso. La más urgente es la la derogación de la ley cerrojo, que habilitaría al Poder Ejecutivo a entablar negociaciones con los holdouts.

“La devolución del 15% de los fondos a las provincias y la puesta en marcha de las obras públicas previstas en el presupuesto 2015/2016 son dos temas clave para nosotros -sostuvo Miguel Pichetto, jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria-. Para garantizar la gobernabilidad del país es necesario un esfuerzo de todos y articular un acuerdo institucional entre la Nación y las provincias.”

El miércoles pasado, el ministro del Interior Rogelio Frigerio se reunió con los ministros de Economía de los 24 distritos provinciales. Allí se avanzó sobre las alternativas de solución al problema de la coparticipación. La próxima reunión será el 16 de marzo. “El objetivo del Gobierno es frenar el retroceso en materia de federalismo fiscal de los últimos 20 años. Tenemos la voluntad política de avanzar hacia un federalismo más equitativo. Tratamos de que la política resuelva los viejos problemas de la distribución de los recursos en un tiempo más corto que el camino judicial”, sostuvo el funcionario. La idea de descentralizar los fondos especificos que se gira a las provincias podría descomprimir el clima.

Provincias en pie de guerra

Ver anexo aquí

Coparticipación, lucha clave por la gobernabilidad

Rogelio Frigerio

Ministro del interior

“La posibilidad de solucionar el problema del federalismo fiscal en la Argentina pasa por tener un presidente que no conciba el poder como una acumulación de los recursos para disciplinar a las provincias”, aseguró el ministro.

15%

Restitución de la coparticipación

Es el reclamo que hacen las provincias, junto con la remisión de las partidas para obra pública nacional en las provincias y el pago de deudas previsionales

10.000 Millones de pesos

Esa es la deuda que heredó en certificados de obras públicas el Estado y que se dejaron de pagar desde setiembre del año pasado

Empleados que no pagaban Ganancias deberán volver a soportar el peso del impuesto

Fuente: http://www.iprofesional.com/

Se trata de una parte de los beneficiados por el congelamiento que excluía del pago a aquellos que cobraban hasta $15 mil entre enero y agosto del 2013

Impuestos, 19 de febrero de 2016

Un grupo de trabajadores y jubilados que estaban eximidos del pago del Impuesto a las Ganancias estarán incluidos nuevamente en el tributo: se trata de aquellos que habían sido beneficiados por la normativa que dejó afuera del impuesto a quienes ganaban menos de $15 mil entre enero y agosto de 2013.

“Hubo medidas que desvirtuaron por completo el impuesto y había que hacer correcciones”, afirmó el titular de la AFIP, Alberto Abad, en una conferencia de prensaen Casa de Gobierno. El funcionario dijo que no disponía del número de trabajadores que perdieron el beneficio.

Lo cierto es que la normativa vigente había generado inequidades ya que mucha gente que ganaba un sueldo bajo en 2013 vio crecer su salario o cambió de trabajo pero seguía abarcado por el beneficio. De esa manera, podían cobrar $60 mil pero no tributar nada en concepto de Ganancias.

El anuncio
“La reforma del Impuesto a las Ganancias es un reclamo histórico de los sindicatos y es uno de los compromisos que asumimos durante la campaña“, afirmó Mauricio Macri durante el anuncio realizado en el Salón Blanco de Casa Rosada, donde asistieron miembros del Gabinete y representantes sindicales.

Ahora el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias pasa a $30 mil brutos con retroactividad al 1º de enero. El mandatario explicó que con la nueva medida “alguien que ganaba $21.300netos, pasa a ganar $26.600 a partir del 1º de marzo y retroactivo al 1º de enero”. Así, los trabajadores que tributan ese impuesto quedarán exentos con la liquidación del sueldo de febrero. El aumento del mínimo no imponible es de un 160 por ciento, puntualizó.

“De esta manera estamos cumpliendo con nuestra promesa de que los trabajadores no paguen Ganancias”, agregó. El anuncio representa un aumento en el salario de bolsillo de entre un 9 y un 22 por ciento.

Asimismo, el mandatario remarcó la voluntad de “trabajar con el Congreso para corregir las escalas y otras distorsiones que tiene el Impuesto a las Ganancias”.

Además, el presidente anunció modificaciones en las asignaciones familiares: “Para beneficiar a los trabajadores de ingresos más bajos, que no pagan Ganancias, estamos aumentando significativamente el monto y la cobertura de las asignaciones, familiares para incluir a más familias y más niños”.

El tope para los beneficiarios de las asignaciones pasa de $30.000 a $60.000 por familia. De este modo, “lacantidad de niños que reciben asignaciones familiares pasa de 2,9 millones a 4,1 millones”, incorporando a 1,2 millones de niños al sistema.

También se duplicó el tope del primer escalón de las asignaciones familiares, por lo que las familias con uningreso mensual de $13.000, pasan de recibir $172 a $966 por hijo por mes, representando una mejora en los ingresos de casi el 20%. Además, en marzo todas las familias que cobran asignaciones recibirán unaayuda escolar de 808 pesos por hijo.

“Esto nos arrima a esta prioridad de cuidar a nuestra población en dirección a pobreza cero que es lo queremos”, señaló el Presidente.

Las medidas anunciadas por el Jefe de Estado implican un esfuerzo fiscal de $37.000 millones por el nuevo piso no imponible de Ganancias, y 11.000 millones de pesos para ampliar las asignaciones familiares.

 

El Gobierno analiza una reforma tributaria integral a mediano plazo

Fuente: http://www.iprofesional.com

Se evalúa elevar el piso del Impuesto sobre los Bienes Personales a 100.000 dólares. También se modificarían el IVA y el régimen de Monotributo

Impuestos, 21 de febrero de 2016

En medio de las tensiones propias de la inflación y el déficit fiscal, el gobierno de Mauricio Macri comenzó a analizar un reordenamiento de la economía con una reforma tributaria integral a mediano plazo, que podría alcanzar a los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales, IVA, Monotributo, impuestos internos, renta financiera y un revalúo inmobiliario en el interior.

Un funcionario cercano al jefe de Gabinete, Marcos Peña, precisó que “todo está en etapa de análisis” para después de la transición del acuerdo con los holdouts, la suba de tarifas, las paritarias y los primeros pasos de la reforma del Estado.

El presidente Mauricio Macri adelantó anteayer que impulsa la reforma del Impuesto a los Bienes Personales. Nació como “impuesto a la riqueza” y por la inflación lo debe pagar hoy la mayoría de la clase media, aunque hay mucha evasión.

Desde 2007 se grava a quienes tienen un patrimonio superior a $305.000, que equivalía a 100.000 dólares y hoy, sólo a u$s20.300. La idea es volver a una cifra más cercana a 100.000 dólares, cerca de 1,5 millones de pesos.

Muchos contribuyentes dejarían de pagarlo, pero esa pérdida de ingresos se compensaría con un aumento de alícuotas que hoy van de 0,5% a 1,25% según las escalas. Podrían llegar a 1,75% en los patrimonios más altos.

La Casa Rosada buscaría además recuperar contribuyentes acordando con los gobernadores el revalúo del impuesto inmobiliario, que es competencia de las provincias y sus legislaturas. En algunas, la valuación fiscal de las propiedades está desactualizada y miles de viviendas o campos se reinscribirían al valor de mercado y deberían tributar.

“Habrá puntos más prioritarios que otros, que pueden quedar para el año próximo. Se hará en colaboración con otros bloques parlamentarios. Es marcar la dirección”, señalaron desde el Gobierno.

El Impuesto a las Ganancias tiene idas y venidas. Macri anunció la suba de $15.000 a $30.000 del mínimo no imponible y dijo que las escalas se reformarán en 2017, pese a su promesa a los sindicatos de que sería este año. Marcos Peña debió aclarar que la suba del mínimo fue “un primer paso muy importante” y que “a lo largo del año se puede conversar en el Congreso para ir ordenando las escalas y el sistema impositivo en general”.

Dejó abierta así la puerta a que en 2016 se debatan las escalas y una reforma tributaria general. Peña trabaja esa idea con sus secretarios de Estado, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana; con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay; su segundo, Pedro Lacoste, y con el director de la AFIP, Alberto Abad.

Se habló entre ellos de elevar el tope de facturación del Monotributo, de $400.000. Quienes lo superen deberán pasar al régimen de autónomos y pagar IVA y Ganancias. Podrían llevarlo a $800.000 y tambiénelevar las cuotas por categoría.

Además, se rebajaría el IVA para alimentos a sectores vulnerables. Se evalúa también una suba en impuestos internos que se aplican a tabaco, bebidas alcohólicas, gaseosas, automóviles, telefonía celular, objetos suntuarios, embarcaciones y aeronaves. Se analiza con cautela porque traerían problemas a las economías regionales. También se estudia, aunque en forma preliminar, el impuesto a la renta financiera. Macri lo descartó en campaña porque ahuyentaría inversiones, pero Prat Gay presentó un proyecto de ley en 2012 en el Congreso.

Es riesgoso en tiempos de inflación. Los bonos, acciones y plazos fijos pueden tener tasas inferiores a la inflación (tasa negativa) y gravar esa renta espantaría inversores.

Puertas adentro del Gobierno se discute cómo reordenar la economía y aumentar ingresos para bajar el déficit fiscal sin tanto ajuste y poner en caja la emisión monetaria y la inflación. Peña pidió ayer “comprensión y responsabilidad” para “cuidar la frágil salud” del sistema y “ordenar el desastre económico” heredado. Dejó otra definición clave: “La decisión del Gobierno es no ir a un camino de shock o ajuste muy grande, porque ya sabemos cómo ha terminado eso en la historia”.

Cerró así un debate abierto en el macrismo entre “gradualistas“, como Macri, Peña y Prat Gay, y partidarios del “shock”, como los presidentes del Banco Nacion, Carlos Melconian, y del Banco Central, Federico Sturzenegger. Se impuso, por ahora, el gradualismo, que apuesta todo a financiarse en el mercado tras un acuerdo con los holdouts, señala La Nación.