Inconstitucionalidad de la ley 14.432 (Bs. As.) de Protección de la Vivienda. Autor: Juan Carlos Pandiella Molina

Inconstitucionalidad de la ley 14.432 (Bs. As.) de Protección de la Vivienda

Publicado en: LLBA2015 (diciembre), 1207

Fallo comentado: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, sala I~2015-11-05 ~ Rodriguez, Jorge A. c. Paleo, Elda y/o otro s/ daños y perjuicios

Cita Online: AR/DOC/4266/2015

Sumario: 1. Introducción — fallo comentado.- 2. Inconstitucionalidad o inaplicabilidad.- 3. Inscripción de la afectación. Nuevo régimen.- 4. Reflexiones finales

  1. Introducción — fallo comentado

Para ubicarnos un poco en la realidad del caso comentado, el mismo fue iniciado por el actor el 18/10/02, – ya nos parece mucho tiempo- reclamando contra los demandados la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia del hecho ilícito — accidente de tránsito — ocurrido el día 30 de setiembre del 2001 en la ciudad de Tandil; en la circunstancia que circulaba al comando de una motocicleta Honda Scooter y resultó embestido por un automotor, que era conducido por uno de los demandados, quien trabajaba para una Agencia de Remis. En fecha 26/03/07 se dicta sentencia haciendo lugar a la demanda promovida y condenando a los demandados a abonar al actor la suma de ciento treinta y ocho mil pesos ($138.000), con más intereses y costas.

Luego, la Cámara con fecha 27/12/07, resolvió modificar la distribución de responsabilidad; se atribuyó en un 40% al actor víctima y en un 60% a los codemandados y por tanto la reducción de los montos fijados en la sentencia de la anterior instancia a ese porcentaje. Asimismo, en Alzada, se hizo lugar al reclamo indemnizatorio por los daños materiales de la motocicleta, y por daño estético incluido en el daño moral.

En los autos conexos, incidente de medidas cautelares, con fecha 06.03.03 se ordenó un embargo para asegurar el crédito fijado por sentencia sobre la propiedad del conductor del remis, que fue objeto de reinscripciones. Recién en fecha 09/09/08 se solicitó la formación del incidente de ejecución de sentencia ya que pese a que el pronunciamiento se encontraba firme y ejecutoriado, éste resultaba aún incumplido. Tal requerimiento motivó diversas actuaciones procesales que debieron ser reeditadas, conforme lo dispuso este tribunal y a la deducción de una excepción de falsedad. Finalmente, con fecha 02/07/14 se dictó la resolución del art. 506 del CPCC que desestimó la defensa opuesta por un coejecutado y se mandó a llevar adelante la ejecución promovida por el actor contra los tres coejecutados. Firme este último decisorio, se decreta la venta en pública subasta de la propiedad del codemandado.

El titular dominial, promovió un incidente de levantamiento de embargo y exclusión de ejecución, cuyo rechazo motivó la interposición del recurso de apelación en tratamiento. Expuso el peticionante que ocupa el inmueble con su grupo familiar (cónyuge y madre) en carácter de vivienda única y de ocupación permanente y que ésta guarda relativa y razonable proporción entre la capacidad habitacional y el grupo familiar. Prestó declaración jurada respecto de que no renunció a la garantía de inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda. Ofreció prueba y fundó su petición en los arts. 175 y ss. del CPCC de Bs As. y en los arts.1 a 9 de la ley de Provincia de Buenos Aires n°14.432.-

Se ordenó el traslado de ley a la contraria y contestó el actor solicitando su rechazo. Primeramente interpretó que la ley 14432 no es aplicable al caso de autos so pena de imprimirle un carácter retroactivo, lo que justamente ésta no dispone. Sobre el particular recordó que la sentencia recaída en estos autos quedó firme en el año 2007, pero sobre una obligación nacida en el año 2001; y que la ley en cuestión fue dictada el día 29/11/12, promulgada el 28/12/12 por el decreto 1622/12 y publicada el 08/01/13; considera que no puede aplicarse retroactivamente a una situación consolidada ya en el año 2007. Lo contrario implicaría trasgredir lo dispuesto por el art. 3 del Código Civil y los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional. En otro orden, plantea la inconstitucionalidad de la ley 14432. Señala que al disponer la inembargabilidad y la inejecutabilidad de todo inmueble destinado a vivienda, única y de ocupación permanente, salvo renuncia del titular es inconstitucional, pues se trata de una cuestión de fondo o de derecho común que se encuentra delegada a la nación en los términos del art. 75 inc. 12 de la CN.

El juez de primera instancia rechazó el planteo esgrimido. En primer término, consideró que en atención a la documentación aportada por el requirente, su derecho debiera ser receptado; ello así ya que el inmueble embargado en autos y cuya subasta se decretó detenta el carácter de vivienda única y permanente del peticionante y su grupo familiar. Asimismo, consideró que la ley en cuestión resultaba, por hipótesis, aplicable al sublite, sin que ello importe otorgarle efectos retroactivos. Ello así pues, deviene de aplicación inmediata respecto al embargo decretado y al auto de subasta que es la consecuencia lógica de aquel. No obstante, el anterior magistrado declaró la inconstitucionalidad de la norma ya que no se podía dejar de considerar la defensa articulada por la parte actora y el criterio sustentado por el Superior Tribunal Nacional en casos análogos. Para así resolver, señaló el magistrado que compartía lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Banco de Suquía S.A…”, en el cual se declaró la inconstitucionalidad del art. 58 in fine de la Constitución de la Provincia de Córdoba y de su ley reglamentaria n° 8067 que abordan una temática similar a la ley 14.432, y en el que se analizaron argumentos análogos a los expresados en el sub lite; es decir si tales normas invaden las facultades expresamente delegadas al Congreso Nacional por el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, toda vez que resultan ser normas de fondo o de derecho común y que tratan una cuestión que se encuentra regulada por la ley 14.394. Por ello, dado que el instituto del bien de familia se encuentra regulado por la ley nacional 14.394 y ya la Corte Nacional ha declarado la inconstitucionalidad de una norma similar, procedió del modo indicado y rechazó, con costas al demandado, el incidente de inembargabilidad e inejecutabilidad del inmueble inscripto el dominio en la Matrícula de Tandil.

Concedido el recurso en relación se confiere vista al Sr. Fiscal General, quién sostuvo que el contenido de la ley 14.432, en especial los art. 2,3,5,6, 9 resultan inconstitucionales en razón de reglamentar derechos y garantías delegadas por la Provincia de Buenos Aires a la Legislatura Nacional. Considera que el legislador provincial y nacional han legislado sobre el “Bien de familia” como una especie dentro del derecho de propiedad (pues la ley 14.432 y la ley 14.394 son similares) y no precisamente como un Derecho Humano con la autosuficiencia conceptual que habilitaría una doble reglamentación. Asimismo advierte de los costos que implicaría tomar una decisión como la que pretende el incidentista, pues en caso de establecerse la inembargabilidad e inejecutabilidad de todos los inmuebles que se incluyen en las leyes mencionadas, se limitaría en gran medida el financiamiento para el sector privado, pues en todos los casos el comprador carecería de una garantía propia, así como también disminuiría sensiblemente el número de garantía reales ajenas. En igual situación quedaría el financiamiento que pudiera otorgar el Estado, es decir, se estaría creando una situación económica no sustentable. Propicia la confirmación de la resolución apelada.

Pedimos disculpas por lo extenso de la introducción pero nos pareció necesario hacerlo para que a los lectores no les sea imperiosa la lectura del fallo comentado.

  1. Inconstitucionalidad o inaplicabilidad

En relación a la declaración de inconstitucionalidad de una ley cabe recordar que “enseña la Corte Suprema, en numerosos fallos, que la declaración de constitucionalidad de una ley, “es un remedio de excepción al que por propia naturaleza cuadra recurrir en última instancia, por lo que en el control de constitucionalidad los magistrados judiciales deben obrar con celo, mesura y prudencia, y en tanto se trata de una de las funciones más susceptibles de ser atribuidas a un tribunal de Justicia, ya que por tratarse de un acto de suma trascendencia y gravedad institucional debe ser considerado como la última ratio del orden público (conf. Fallos: 364-285; 323-263; 285-295; 455 y 850) …”.

Por otra parte cabe señalar también que en principio las leyes se presumen constitucionales (“CSJN Fallos, 247:121,”TRENTI”, Fallos, 220:1458); que la declaración de inconstitucionalidad de una norma exige plena prueba, clara y precisa de su oposición con la Constitución Nacional; y en el caso de que si hubiese duda, se debe decidir por la constitucionalidad de una norma y no por su invalidez.

Teniendo en cuenta que el accidente vial origen del proceso civil ha ocurrido el día 18/10/02, siguiendo el pensamiento de la C.S.J.N., que una dilación indefinida en el trámite y decisión de este juicio ocasionaría agravio a la garantía constitucional de derecho de defensa y produciría una denegación de justicia, por lo que estimo prudente decretar la inaplicabilidad al caso en particular de la inembargabilidad establecida en la norma aludida.

Es menester recordar, lo dispuesto en relación al art. 1101 del C.Civil, “Los fallos que propician la limitación del alcance operativo del artículo bajo análisis han tenido como eje de sus fundamentos el contenido doctrinario del caso “Ataka Co Ltda. C/ González, Ricardo y otros” dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fecha 20/11/1973, en el cual se especificó que “…la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial debe pronunciarse sin supeditar su fallo “hasta tanto recaiga pronunciamiento en sede penal” pues si existen demoras en ese trámite — más de cinco años — la dilación ocasiona agravios a la garantía constitucional del derecho de defensa…”. (LA LEY, 154-85). En esta dirección, cabe ponderar, por su vanguardia jurídica y estricto sentido de justicia al aplicar correctamente las normas conforme su jerarquía, el pensamiento de la C.S.J.N. desarrollado en el proloquio aludido, en razón de que como lo sostuvo Bidart Campos al comentar el fallo, “…el derecho a la jurisdicción como derecho del justiciable a acudir a un tribunal, se despliega necesariamente en la etapa ulterior del proceso, y lo que ocurre en el proceso satisface o cohíbe aquel derecho según el modo como el proceso se desarrolla. Es inherente al derecho a la jurisdicción un “debido” proceso y una sentencia oportuna, imparcial, justa, fundada, etc. de ahí que la duración del proceso debe ser razonable, variable según la índole de la pretensión y del proceso, pero siempre circunstancialmente rápido. Las demoras, las dilaciones, las suspensiones, etc. que conspiran sin razón suficiente contra la celeridad procesal, son inconstitucionales. Cada acto y cada etapa del proceso deben cumplirse con rapidez, y mucho más el acto y la etapa de sentencia, como broche final del proceso…(“La duración razonable del proceso”, La Ley 154 —85).(citado por la Cám. Apelac Civ. Com y Min, SAN JUAN – SALA I, 13/05/2003, -Autos Nº 17.135 (50.070 – 9º Civil) “Corrales, Ricardo Elio c/ Cortez, Mirta Elsa y otro – daños y perjuicios”, L.A. 124, Fº 192/204; Voto Dr Alferillo).

  1. Inscripción de la afectación. Nuevo régimen

No se debe perder de vista que en el caso comentado, la situación jurídica de autos ha nacido, allá por setiembre del 2001, bajo la vigencia de la ley nacional 14.394, hoy derogada por la ley 26.994, que establece un nuevo régimen de protección de la vivienda.

Sobre este tema, hace un tiempo atrás, al comentar el fallo “Banco Mercantil Argentino c. Quaranta, Jorge Alberto Y Otro” de la Cam. Nac. Com., sala E, de fecha 30/10/2008 y otros fallos más recientes (1), sostuvimos que la principal cuestión, en este punto, es determinar el momento a partir del cual se computan los efectos de la constitución del bien de familia y ésta resulta oponible a los terceros. Para ello nos debemos remitir al art. 35 de ley 14.394, que dice “La constitución del `bien de familia´ produce efecto a partir de su inscripción en el Registro inmobiliario correspondiente”. Del mismo surge claramente que una cosa es la constitución del bien de familia y otra su inscripción en el registro.

Actualmente, el Código Civil y Comercial ha previsto en el Libro Primero, Capítulo 3, la regulación del derecho a la vivienda, sustituyendo la legislación específica. La regulación guarda similar tónica al adoptar el sistema de la inscripción voluntaria y sigue con ello los antecedentes del Proyecto de Unificación del año 1998. Así el artículo 244 del CCyC en su parte pertinente, dispone que pueden existir diferentes protecciones sobre un mismo bien. El régimen no excluye la protección concedida por otras disposiciones legales . Como por ejemplo la protección concedida por el régimen patrimonial del matrimonio o de las uniones convivenciales (art. 456, 522 C.Civ. y Com.) (2)

La inscripción registral es constitutiva del régimen. Se trata de un acto voluntario que puede ser catalogado como de disposición a título oneroso, tanto porque genera deberes y derechos recíprocos susceptibles de apreciación pecuniaria así como por las consecuencias que la afectación produce respecto del instituyente, los beneficiarios y los acreedores anteriores y posteriores.

Es menester recordar que en el campo del derecho tiene singular importancia el grado de “oponibilidad” de que gocen las situaciones susceptibles de ser protegidas por el orden jurídico. Decimos que hablamos de “grado” de oponibilidad, porque aunque los titulares de derechos siempre tienen la pretensión de poder hacerlos valer frente a cualquiera, hay casos en los cuales esa oponibilidad no es absoluta, sino que sólo pueden esgrimirse frente a algunos, y carece de protección frente a otros a quienes les resultan “inoponibles”. En síntesis, la necesidad de la inscripción para su oponibilidad a terceros es indispensable, ya que al tratarse de una limitación al derecho de dominio del constituyente cuyo efecto principal es tornarlo no susceptible de ejecución por deudas posteriores a su inscripción, es lógica que esa alteración al patrimonio como garantía común de los acreedores, en materia de un bien inmueble, sea inscripta en el Registro de la Propiedad para poder ser opuesta a los mismos dado que éstos son terceros interesados.

El régimen de prioridades se establece siguiendo las normas registrales, ello conlleva a la que se admita la retroprioriad registral, en tanto se remite a las normas de la ley registral nacional 17.801, que así lo autorizan.

No puede afectarse más de un inmueble, y si alguien resulta ser propietario único de dos o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de considerarse afectado el constituido en primer término.

Ante la afectación de dos inmuebles, los acreedores podrán exigir que la autoridad de aplicación intime al deudor para que practique la opción. El acreedor por deuda posterior a esas dos afectaciones, ¿puede trabar embargo preventivo hasta que el deudor opte? No obstante que la inembargabilidad dispuesta en el presente régimen no incluye excepciones, sería excesivo privar al acreedor de la posibilidad de asegurar su crédito por medio de ese embargo, que se levantará respecto del bien que continuará afectado cuando el propietario haga la opción. También debemos señalar que la prohibición de la norma no alcanza a quien figura como beneficiario en la afectación del inmueble de un tercero, que podrá, entonces afectar un bien de su propiedad; toda vez que la limitación que establece el artículo no puede extenderse a quien no es propietario y sólo beneficiario. El régimen sustrae el inmueble a la acción de los acreedores del propietario pero nada tiene que ver con ello la situación de los acreedores del beneficiario, que no podrán actuar contra ese inmueble por no pertenecer a su deudor, pero sí contra el inmueble de éste en tanto no lo afecte.

  1. Reflexiones finales

Como bien se señala en el fallo, en el caso se debieron ponderar las propiedades relevantes que en este caso configuran una verdadera “tensión de derechos” entre las partes en contienda. Primero, porque el ejecutante es un “acreedor involuntario”; un acreedor que como víctima está clamando una tutela judicial efectiva desde hace 14 años en que fue embestido con su moto por el demandado; desde entonces ha tenido que judicializar su reclamo -por distintos ámbitos y trámites- para poder ver satisfecho su derecho a ser indemnizado, tanto por las lesiones como por los daños materiales que el siniestro le ocasionó. Que como ha dicho recientemente la Suprema Corte, no puede obviarse que el principio de no dañar a otro que aquí pesa sobre la parte demanda – neminem laedere -, tiene su base constitucional en el art. 19 de la Carta Magna (C.S. “Santa Coloma c/ FFAA”, ED, 120-651; “Ghunter c/ Nación”, ED, 120-524, entre muchos otros precedentes), y exige una interpretación de la normativa civil que tenga como eje la protección de las víctimas que sufren daños de manera injusta, y que los agentes responsables tengan a su cargo la reparación, en tanto no logren acreditar fehacientemente su falta de responsabilidad ( SCBA causa C. 118.411, “Bogado, Juan Jorge y otro contra Toledo, Victor Adrián y otros. Daños y perjuicios”, del 15.07.15).

Por nuestra parte, entendemos que hubiera sido más práctico declarar inaplicable al caso la ley 14.432 que resolver su inconstitucionalidad.

Además, resulta inconcebible que una persona que sufrió un accidente de tránsito en setiembre de 2001, lleve más de catorce años sin poder conseguir el resarcimiento al daño que se le ocasiono; algo anda mal, todos los que intervenimos en el servicio de justicia, abogados litigantes y funcionarios del poder judicial no debemos dejar que estas cosas pasen, porque una justicia lenta, deja de ser justicia. Hagamos, un pequeño esfuerzo en ponernos en los zapatos de esta persona que sufrió el accidente, un ciudadano común, que no entiende de los laberintos de las leyes y las “chicanas judiciales”.

En el caso, entendemos que de parte de los abogados de los demandados no existió ni por asomo lealtad procesal y buena fe, porque no hubo sanciones ejemplificadores de actuar con temeridad y justicia.

Por último, nobleza obliga, agradecemos a la Sra. Juez de Cámara Lucrecia Inés Comparato, el habernos citado en su fallo.

(1) Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul Provincia de Buenos Aires, Causa Nº 1-59024-2014 – “L. R. M. c. J. J. L. y Ot. s/Ejecución de Sentencia – Cuadernillo de Apelación”

(2) Ver nuestro comentario al Art. 244 en “Código Civil y Comercial Comentado, Anotado y Concordado”, Tomo I, p.272 y ss., editorial Astrea, 2015.

Consulta Frecuente: Cuentas Tributarias: ¿Cómo expone el sistema mis obligaciones?

Fuente: http://www.afip.gob.ar/

ID 6642556
Evento 1841 – ¿Cómo expone el sistema mis obligaciones?

27/06/2008 12:00:00 a.m.

Teniendo en cuenta que los contribuyentes y/o responsables revisten -respecto del Fisco- el carácter de deudores por las obligaciones a su cargo y de acreedores por los créditos a su favor, el sistema expondrá tales situaciones en cuentas de activo y pasivo, respectivamente

 

Fuente: Art. 4 RG 2463/08

 

Pagos con tarjeta en el exterior fueron récord en 2015 pese al recargo de 35%

Fuente: http://www.iprofesional.com

Entre octubre y diciembre pasados los gastos con tarjeta en el exterior llegaron a u$s1.892 millones, 51% por encima de igual período de 2014

Impuestos, 18 de febrero de 2016

Según datos del Banco Central, los pagos con plástico a proveedores extranjeros alcanzaron el año pasado los u$s6.250 millones, con un fuerte incremento en el último trimestre por parte de aquellos que decidieron adelantar el pago de vacaciones para aprovechar el dólar “barato” y ganarle a la devaluación.

Entre octubre y diciembre pasados los gastos con tarjeta en el exterior llegaron a u$s1.892 millones, 51% por encima de igual período de 2014.

Sin dudas, el atraso cambiario, las expectativas de ajuste del tipo de cambio y la posibilidad de pagar los paquetes turísticos en cómodas cuotas alentaron a muchos argentinos a decidirse por pasar este verano fuera del país, a pesar del recargo de 35% en concepto de adelanto del Impuesto a las Ganancias que regía el año pasado para los pagos con tarjeta en el extranjero.

A un día de alcanzar la marca de los $15 y de la suba de tasas del Banco Central, el dólar agudizó ayer su tendencia ascendente. Empujada por una mayor demanda en el mercado mayorista, la divisa trepó 13 centavos y cerró a $15,13 en las pizarras de bancos y casas de cambio.

La suba del dólar es impulsada por un incremento de la demanda por parte de compañías que buscan girar utilidades al exterior e importadores que no llega a ser compensada por el ingreso de divisas de exportación.

 

Autónomos afrontan recategorización bajo parámetros congelados desde hace una década

Fuente: http://www.iprofesional.com

Por el contrario, la cuota mensual que deben pagar los contribuyentes independientes aumenta semestralmente al ritmo del índice de movilidad jubilatoria

Impuestos, 18 de febrero de 2016

De no mediar cambios, una vez más, los autónomos enfrentarán una nueva recategorización ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en base a parámetros de facturación que ya llevan unadécada sin actualizarse.

Ejecutivos y asesores contables consultados por iProfesional cuestionan que las categorías contempladas en el régimen de autónomos llevan una década sin actualizarse

Por el contrario, la cuota mensual que deben pagar los contribuyentes aumenta semestralmente al ritmo del índice de movilidad jubilatoria.

“Los valores se han mantenido sin alteración alguna desde el dictado del decreto 1866/06, previendo montos de entre $15.000 y $30.000 anuales”, precisó la consultora tributaria Flavia Melzi.

“Que el límite sea de $30.000 anuales ($2.500 mensuales) es una falta de respeto a los trabajadores independientes”, aseguró el consultor tributario Alberto Romero.

Hoy por hoy, teniendo en cuenta la última suba ya anunciada de la jubilación que rige desde marzo próximo, el esquema de tributación para estos trabajadores independientes es el siguiente:

  • Categoría I. Aporte mensual de 919 pesos:
    • Personas físicas que ejerzan profesiones u oficios y productores de seguros con ingresos anuales hasta 20.000 pesos.
    • Comerciantes con sumas de hasta $25.000 por año.
    • Aquellos que adhieran voluntariamente al sistema previsional (religiosos, directivos de cooperativas que no perciben retribución, amas de casa, profesionales o personas que aportan a cajas especiales, titulares de condominios sin tareas de dirección).
  • Categoría II. Aporte mensual de 1287 pesos:
    • Personas físicas que ejerzan profesiones u oficios y productores de seguros que superen como ganancias anuales los 20.000 pesos.
    • Comerciantes que superen los $25.000 anuales.
  • Categoría III. Aporte mensual de 1.839 pesos:
    • Directores, administradores y conductores de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo, con rentas por año inferiores o iguales a 15.000 pesos.
  • Categoría IV. Aporte mensual de 2.943 pesos:
    • Directores, administradores y conductores de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo con ingresos entre $15.001 y $30.000, inclusive.
  • Categoría V. Aporte mensual de 4.047 pesos:
    • Directores, administradores y conductores de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo con entradas superiores a los 30.000 pesos.

Los trabajadores autónomos que hubieran obtenido durante 2015 ingresos brutos inferiores o superiores a los previstos para la categoría por la que está aportando, están obligados a recategorizarse e ingresar los valores correspondientes a su nueva categorización.

Para realizar la recategorización se debe ingresar dentro del sitio web de la AFIP, con Clave Fiscal, al Sistema Registral en la opción Trámites” “Empadronamiento/Categorización de Autónomos”. Hay tiempo para realizar esta recategorización hasta el 31 de mayo próximo.

Los más perjudicados
Entre los más perjudicados por este proceso de recategorización se encuentran los accionistas de unasociedad anónima.

Esto es así, ya que el fisco nacional considera que los dividendos recibidos deben ser computados al momento de determinar el ingreso bruto anual. En efecto, el monto total registrado en 2013 constituye un parámetro fundamental para determinar si el contribuyente debería saltar de categoría, aumentando así su cuota mensual.

Sin dejar lugar a dudas, ante la consulta elevada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño (Cpcecaba), el fisco sostuvo que “a los efectos de determinar los ingresos para su inclusión en las categorías de trabajadores autónomos existentes corresponde considerar los dividendos percibidos“.

No obstante, tributaristas consultados por iProfesional, señalaron que “no es entendible el criterio de la AFIP, ya que -por ejemplo- los alquileres, como los intereses de un plazo fijo no son considerados dentro del ingreso bruto anual, cuando también constituyen ingresos que no representan una contraprestación por la actividad independiente realizada”.

“Por ejemplo, si tomamos dos profesionales que facturan lo mismo podrían encontrarse en categorías diferentes, ya sea que invirtieron sus ahorros en un plazo fijo o en acciones”, explicaron los especialistas.

Otro inconveniente se presenta debido a que los autónomos deben considerar, para realizar el trámite, los ingresos brutos correspondientes al año pasado.

Esto podría generar reclamos e inequidades ya que es común que los independientes presenten saltos en su monto facturado.

Al arreglar con Holdouts, bonos argentinos pueden rendir 9% anual en dólares

Fuente: http://www.cronista.com/

EDICIÓN IMPRESA FINANZAS Y MERCADOS 18.02.16 | 00:00

Como el Discount en dólares Ley New York tiene pendiente el pago de sus últimos cuatro cupones, en el mercado apuestan al arbitraje entre este bono y el resto de los bonos en dólares soberanos. Recomiendan los bonos ley local largos y los ley externa. Ven un potencial de suba mayor (superior al 15%), si en los próximos meses mejoran las perspectivas de crecimiento para el 2017

por MARIANO GORODISCH mgorodisch@cronista.com

Como el Discount en dólares Ley New York (DICY) tiene pendiente el pago de sus últimos cuatro cupones (junio y diciembre de 2014 y 2015), y en vísperas de un posible acuerdo del Gobierno Nacional con los holdouts, en el mercado ven como una buena oportunidad realizar un arbitraje entre este bono y el resto de los bonos en dólares soberanos.

“Al descontar del precio del bono el pago de estos cuatro cupones, el papel tendría una TIR de un 8,7% anual en dólares, comparada a la TIR que presentan el resto de los bonos del panel, que rinden entre 7 y 7,7% anual”, advierte Federico Suárez, de Invertir En Bolsa.

“Es algo que venimos viendo hace unos meses. Hace varias semanas dejamos de recomendar los bonos ley local largos, y recomendamos los ley externa. Para bonos como el Discount Ley local (DICA) o el Bonar24, el rendimiento del Discount ley local es menor al que esperamos post resolución, con lo cual incluso hemos recomendado un short”, señala Alejo Costa, jefe de Estrategia de Puente.

A Christian Reos, gerente de Research de Allaria, le gusta el Discount, y sobre todo el cupón del PBI, “que es una apuesta más riesgosa. Coincido en que el Discount podría ver reducida su tasa en 100 puntos si Argentina logra un acuerdo con Griesa, lo que da un potencial de apreciación del 8%. En el caso de los cupones, vemos un potencial de suba mayor (superior al 15%), si en los próximos meses mejoran las perspectivas de crecimiento para el 2017”.

“Con arreglo de los holdouts, se comprime más la TIR y suben todos los bonos dolarizados soberanos. Con arreglo holdouts y pago de los cupones, el DICY podría escalar un 4,27%”, estima el analista financiero Hernán Muzio. “Que un bono sea ley USA no va a hacer tan valorado como antes, ya que antes había miedo a una pesificación de los bonos en dólares ley argentina, que ahora ya no”, completa Muzio.

Pero aclara que “el DICY es un bono no muy líquido, ya que mueve la décima parte o menos que el DICA. Al ser poco líquido, hay que tener en cuenta que los agentes bursátiles cobran el 0,5% de venta más el 0,5% de compra por el arbitraje entre un bono y otro, más 1% sobre el cobro del cupón para los inversores minoristas. Puede servir para aquel que está en pesos y quiere entrar”.

Para Rafael Di Giorno, director de Proficio, la clave pasa por ver si Griesa otorga un stay o cautelar que permita regularizar el pago de deuda ley New York: “Algo que podría favorecer la situación de Argentina ante los ojos del juez sería que el Congreso levantase la ley cerrojo. Si el juez otorga un stay y liberaliza los pagos de deuda ley extranjera, eso beneficiará no sólo a la deuda sino también a las acciones, especialmente a las que tienen ADR’s. Al gobierno, además, le permitirá contar con financiamiento para ser un poco más gradual en el achicamiento del déficit. Paradógicamente, si no se levanta la ley cerrojo, a Argentina le costará más obtener financiamiento y eso se traducirá en un menor gradualismo en cerrar las cuentas fiscales”.