Multa por incumplimiento del deber de información

 

Multa por incumplimiento del deber de información

Hechos

La Dirección Nacional de Comercio Interior impuso una multa de $30.000 a una concesionaria de automotores y de $50.000 a una administradora de plan de ahorro para fines determinados por infracción a los arts. 4 y 19 de la Ley 24.240, por incumplir con la obligación de suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las condiciones de comercialización del bien convenido. Apelado el decisorio, la Cámara lo confirmó.

Sumarios

Constatado el incumplimiento de la obligación de suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las condiciones de comercialización del bien convenido, corresponde confirmar la multa impuesta a una administradora de plan de ahorro para fines determinados por infracción a los arts. 4 y 19 de la Ley 24.240 —en el caso, también se impuso una multa a la concesionaria de automotores—, pues, si bien aquella invocó que le resulta imposible controlar el actuar de todos y cada uno de los vendedores, su responsabilidad se extiende a las consecuencias de los actos de sus concesionarios, agentes o intermediarios como así también de los agentes de los fabricantes e importadores de los bienes a adjudicar en relación a la suscripción o ejecución del contrato.

El monto de la multa impuesta a una concesionaria vendedora de un automotor y a la administradora de plan de ahorro previo para fines determinados por

incumplimiento a los arts. 4 y 19 de la Ley 24.240 debe confirmarse —en el caso, $30.000 y $50.000, respectivamente—, en tanto se verifica el regular ejercicio de la prerrogativa sancionatoria del órgano competente, el que tuvo en cuenta el registro de antecedentes de la segunda, la actividad desarrollada por ambas, el perjuicio resultante de la infracción, los intereses comprometidos, el desmedro potencial de los derechos de los adherentes a los planes de ahorro previo y el carácter ejemplar y disuasivo de la medida.

Fallo

2ª Instancia.— Buenos Aires, noviembre 10 de 2015.

Considerando: I. La Dirección Nacional de Comercio Interior, mediante disposición Nº 164/14, impuso a la razón social Tito González S.A., la sanción de multa de treinta mil pesos ($30.000) por infracción a los arts. 4º y 19º de la ley 24.240 por incumplir con la obligación de suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las condiciones de comercialización del bien convenido. Asimismo impuso a la firma Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados la multa de cincuenta mil pesos ($50.000) por infracción a los mismos artículos de la ley 24.240 (v. fs. 85/101).

La presente causa se inició a raíz de la denuncia efectuada por el Sr. Renato Abel Murad el 1/6/12 en la que manifiesta que el en el mes de septiembre de 2011 suscribió un plan de ahorro previo con la concesionaria Tito González SA

para la adquisición de un automóvil marca Ford modelo FKN1, a tal fin el día 6/9/11 depositó la suma de $3.000, importe éste que según la concesionaria sería imputado al pago de las dos primeras cuotas y que en el término de 45 días se le enviaría la documentación correspondiente confirmando la suscripción.

Luego de haber efectuado varios llamados, el 4/11/11 recibió en su domicilio un sobre con un cupón de pago de la cuota Nº 2, computándose así el depósito efectuado al pago de la cuota Nº 1 y no como le habían dicho en la concesionaria que el pago de los $3.000 por él efectuado sería imputado al pago de las dos primeras cuotas. Por dicha razón el denunciante solicitó la rescisión del plan. A fs. 43 se celebra audiencia de conciliación con Plan Ovalo SA de Ahorro para Fines Determinados.

II. A fs. 105/115 los letrados de la razón social Tito González SA interponen recurso de apelación. Luego de explicar el funcionamiento del sistema de ahorro y préstamo y afirmar que su representada no es parte del contrato de ahorro suscripto por el denunciante, no se hace cargo de las imputaciones formuladas toda vez que, dice, los cupones de pago son emitidos por Plan Ovalo y su representada solo percibe sus importes y los registra en los estados de cuenta a cada contratante suscriptor, afirmando que sólo percibió una cuota inicial, razón por la cual su responsabilidad está limitada a la comprobación del destino dado a ese pago recibido en calidad de mandatario, señalando que su representada no es la emisora ni la responsable de la emisión de los cupones de pago y extractos de cuenta que la autoridad de aplicación calificó de confusos.

Añade que una diferencia contable sobre la registración del pago de una prestación contratada, como la denunciada por el Sr. Murad, es un hecho absolutamente normal en una relación comercial. Señala que las sanciones aplicadas a su parte son arbitrarias, desproporcionadas e irrazonables. Se agravia de la condena pecuniaria en concepto de daño punitivo en los términos del art. 52 bis de la ley 24.240.

III. A fs. 136/145 interpone recurso de apelación el apoderado de Plan Ovalo SA de Ahorro para Fines Determinados. Luego de describir el funcionamiento del sistema de plan de ahorro previo por grupo cerrado, manifiesta que la concesionaria le ha hecho llegar una cuota por el vehículo que figura en la solicitud de adhesión al plan suscripta por el denunciante y que le resulta imposible a su parte controlar el actuar de todos y cada uno de los vendedores de las concesionarias.

Solicita la declaración de nulidad de la resolución que apela por carecer de fundamentación y motivación ya que se ha sancionado a su parte por fundamentos distintos a los tenidos en cuenta por el acto de imputación y sobre los cuales no se le corrió traslado, afectándose su derecho de defensa. Plantea la inconstitucionalidad del art. 40 bis de la ley 24.240; asimismo se agravia de la desproporcionalidad de sanción aplicada.

IV. Corridos los traslados pertinentes, a fs. 256/264 el Estado Nacional contesta el recurso de fs. 136/145 sosteniendo que la sanción que se ha impuesto a la apelante no es más que la derivación razonada de los hechos probados y ha sido impuesta conforme a derecho de un modo adecuado a sus fines.

V. En primer lugar es necesario advertir que el Tribunal no se encuentra obligado a analizar cada una de las cuestiones formuladas por la recurrente, sino tan solo aquéllas que resultan conducentes para resolver la apelación (Fallos: 258:304; 262:222; 272:225; 278:271; 291:390; entre muchos otros).

VI. Que, tal como han quedado planteadas las posiciones de las partes, resulta oportuno destacar que las apelantes fueron sancionadas en virtud de lo que disponen los arts. 4º y 19 de la ley 24.240, pues el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización; asimismo, quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos. En cuanto a las nulidades planteadas por el apelante de fs. 136/45 cabe destacar que en el auto que luce a fs. 75/76 se ha imputado a Plan Ovalo SA de Ahorro para Fines Determinados en su carácter de administradora por presunta infracción a los arts. 4º y 19º de la ley de Defensa del Consumidor, que son las mismas normas que la Disp. DNCI 164/14 consideró incumplidas.

Y, conforme lo normado por el Capítulo 1, art. 6º de la Resolución IGJ 26/04 las entidades administradoras deben cuidar de la debida promoción y celebración de los contratos y títulos que constituyen su objeto, así como de su correcta y leal ejecución hasta el cumplimiento de la prestación ofrecida y liquidación final; su responsabilidad se extiende a las consecuencias de los actos de sus concesionarios, agentes o intermediarios como así también de los agentes de los fabricantes e importadores de los bienes a adjudicar en relación a la suscripción o ejecución del contrato o título aprobado, por dicha razón además no puede prosperar la defensa de la recurrente en cuanto a que le resulta imposible a su parte controlar el actuar de todos y cada uno de los vendedores de las concesionarias. Por lo demás tampoco aparece vulnerado su derecho de defensa toda vez que a fs. 1 del exp. S01:0476572/2012 formuló su descargo en orden a la imputación formulada.

Asimismo cabe añadir que en el caso de las infracciones bajo análisis no se requiere la producción de un daño concreto sino simplemente el in cumplimiento de lo prescripto por la ley. Son ilícitos de “pura acción” u “omisión”, por ello su apreciación es objetiva y se configuran por la simple omisión que basta por sí misma para violar las normas (conf. esta Sala “Supermercados Norte c. DNCI Disp. 364/04”, del 9/10/06; “Vecinos de San Diego c. DNCI Disp. 425/08”, del 6/2/07; “HSBC Bank (Argentina) c. DNCI Disp. 375/08, del 24/2/10, entre otras).

VII. Cabe destacar que la Ley 24.240 es el reconocimiento normativo de un conjunto de derechos fundamentales que le asisten a los consumidores o usuarios, constituido no sólo por un sistema de institutos sino también por los mecanismos de implementación de soluciones concretas, preventivas y por pautas correctoras de mercado para garantizar esos derechos, de modo que su reglamentación comporta precisamente la determinación de aspectos específicos que conciernen a la eficaz aplicación del régimen jurídico ya referido, y que, por

lo tanto resulta legítima en tanto y en cuanto no se hubiere demostrado una clara incompatibilidad entre las finalidades y objetivos de aquél y el reglamento particular elaborado (conf. CNFEDSM, Sala I, exptes. 788/01 y 787/01, Rtas. el 19/7/01; fallo del 23/12/08 “Molinos Río de la Plata c. DNCI s/ Apelación; esta Sala, “Círculo de Inv. SA de Ahorro para Fines Determ. c. DNCI s/ Rec. Directo””, del 20/11/12).

Ello es así desde que el adecuado funcionamiento del mercado tiene como pilar fundamental una información clara y disponible en todo momento para los consumidores y debe ser proporcionada en forma amplia por los proveedores de bienes y servicios.

VIII. En cuanto a la invocación de los principios del derecho penal efectuada por la apelante Tito González SA, cabe poner de resalto que las leyes de defensa del Consumidor incluyen diversas facetas en las que la relación comercial se desenvuelve y prevé un catálogo genérico de infracciones que suelen darse en el variadísimo y amplio mercado de bienes y servicios. La realidad que nutre la temática de la tutela del consumidor, la lealtad y la buena fe comercial, se compone de múltiples supuestos, inabarcables en un texto legal, que, si pretendiera prevérselos en su totalidad, sin duda se frustraría la finalidad de la norma, a la vez que tornaría inoperante el poder preventivo y represivo si se hiciera depender su ejercicio del riguroso requisito de tipicidad y certidumbre que rige para las acciones antijurídicas y culpables a las que se asocia una pena privativa de la libertad en la legislación penal, pues las infracciones a la normativa protectora del consumidor no equivalen a las conductas que merecen reproche criminal por lo que no cabe en aquel ámbito exigir la precisión ni la tipicidad de éste. No son comparables en significación y gravedad las consecuencias normativas previstas en ambos contextos jurídico normativos (conf. esta Sala in re: “NS3 Internet SA c. DNCI s/ Lealtad Comercial –Ley 22.802-art. 22”, del 6/10/15; Sala II “Coto CICSA c. DNCI Disp. 656/08”, del 25/8/10, entre muchas otras).

IX. En cuanto al daño directo establecido por la disposición apelada en virtud de lo normado por el art. 40 bis de la ley 24.240 corresponde destacar que el daño, para ser indemnizable debe ser cierto, esto es, real y efectivo, y no meramente eventual o hipotético, no correspondiendo acordar indemnizaciones sobre la base de un simple pedido efectuado por la denunciante a fs. 7, sin haber acreditado cuáles fueron los gastos de viaje y estadía en la Ciudad de Buenos Aires a los alude el Sr. Murad a fs. 7.

En la misma línea se ha sostenido que el concepto de indemnización de perjuicios lleva implícita la realidad de éstos y para su establecimiento se requiere la comprobación suficiente de tal realidad (Fallos: 317:1225); extremo que no se encuentra debidamente acreditado en el sub examine (Sala II, “OSDE c. DNCI-Disp. 408/11”, del 22/9/12), razón por la cual se revoca el daño directo establecido. En razón de lo expuesto, deviene insustancial expedirse sobre la inconstitucionalidad planteada por Plan Ovalo SA de Ahorro para Fines Determinados.

X. En cuanto al monto de la sanción impuesta, cabe recordar que su determinación y graduación es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que sólo cede ante supuestos de arbitrariedad o desproporción manifiesta en su imposición (conf. esta Sala, “Provencred 2 Sucursal Arg. c. DNCI-DISP 588/092 del 31/8/10”; “Segucal SRL c. DNCI-DISP 393/10” del 11/2/11; en igual sentido Sala V, in re: “Musso Walter c. PNA” del 27/5/97, entre otras).

Además es doctrina de esta Cámara que, por regla, la apreciación de los hechos, la gravedad de la falta y la graduación de las sanciones pertenece al ámbito de las facultades discrecionales del Tribunal Administrativo, en cuyo ejercicio éste no debe ser sustituido por los jueces, a quienes sólo cabe revisarlas en caso de irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta (Doc. C.S.J.N. “Fallos”: 303:1029; 304:1033; 306:1792; 307:1282; esta Sala in re: “Suárez”, del 5/7/84; “Gorrini”, del 17/10/96; “Cochlar”, del 27/5/97; “Obra Social Bancaria Argentina”, del 6/3/07; “Auchan Argentina”, del 26/3/07; “Compañía Industrializadora de Carnes SACI”, del 11/5/07; “Basteiro, Emilio David”, del 23/5/07, entre muchos otros). Por dichas razones, el agravio debe ser rechazado. Por lo demás hay que señalar, que, como principio, la graduación de la sanción es resorte primario del órgano administrativo y constituye una potestad discrecional de la autoridad de aplicación; no obstante lo cual es preciso destacar que no hay actividad de la administración que resulte ajena al control judicial de legalidad y razonabilidad de modo que aun tratándose de una manifestación de las potestades discrecionales, éstas en ningún caso pueden resultar contrarias a derecho.

La actuación administrativa debe ser racional y justa y la circunstancia de que la administración obre en ejercicio de facultades discrecionales no constituye justificativo de su conducta arbitraria, pues es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto (cfr. C.S.J.N. Fallos: 304:721; 305:1489; 306: 126; CN Cont. Adm. Sala II, “Ballatore Juan Alberto c. EN Mº de Justicia s/ Empleo Público”, causa 15.026/93, del 13/6/96; Sala III “Círculo de Inv. SA de Ahorro para Fines Determinados c. DNCI s/ Rec. Directo”, del 20/11/12; “Frávega c. DNCI Disp. 796/11”, del 8/8/13, entre otras).

Y, si bien el ejercicio de potestades discrecionales significa libertad de opciones dentro del marco jurídico, a su vez implica el deber de fundar con mayor precisión la concurrencia de la conducta punible y la imposición de la adecuada sanción. Es necesaria entonces la existencia de un juicio de razonabilidad en el que primero se acredite la falta, se determinen sus circunstancias atenuantes y agravantes, se establezca qué pena puede ser acorde a ella y luego su monto (cfr. Sala I de este Fuero, in re: Causa 11363/97 “Klass, Ricardo y otros c. CPACF”, del 18/12/03); y dentro de esa órbita se ha dicho que lo razonable es lo opuesto a lo arbitrario, y significa, conforme a la razón, justo, moderado, prudente, todo lo cual puede ser resumido con arreglo a lo que dicte el sentido

común (cfr. “Reglas para la Interpretación Constitucional”, Segundo V. Linares Quintana, p. 122).

Con particular referencia a la extensión y alcance económico de la multa impuesta, preciso es reconocer que la función judicial no puede reemplazar la acción de los otros poderes, ni asumir sus responsabilidades o sustituirlos en las facultades que a ellos les conciernen y que precisamente en el ejercicio de la potestad sancionatoria ha de reconocerse al órgano competente un razonable margen de apreciación en la graduación de la pena a imponer (conf. esta Sala, doctrina en las causas “Lamagna DRL-TF 25088-I c. DGI”, del 10/4/08 y “Obras Civiles SA TF 20336-I c. DGI”, del 16/4/08 y sus citas, entre otras), debiendo en cada supuesto particular verificarse el regular ejercicio de tal prerrogativa (causas de esta Sala “Círculo de Inv. SA de Ahorro para Fines Determ.” Y “Frávega”, ya cit.).

Desde esta perspectiva se advierte que en la resolución recurrida, para determinar las sanciones aplicadas -en cuanto interesa una multa de $30.000 impuesta a Tito González SA y otra multa de $50.000 impuesta a Plan Ovalo SA de Ahorro para Fines Determinados-, el Director Nacional de Comercio Interior hizo mención al registro de antecedentes de la firma Plan Ovalo SA de Ahorro para Fines Determinados obrante a fs. 82, a la actividad desarrollada por las firmas sumariadas, el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor, los intereses comprometidos, el desmedro potencial de los derechos de los adherentes a los planes de ahorro previo, en el sentido que son contratos con cláusulas que le son predispuestas a aquél y ha valorado también el carácter ejemplar y disuasivo de la medida sancionatoria atento a que no solo se trata de condenar al que viola la ley sino de proteger el derecho concreto de los usuarios, que actúan como agravantes de la conducta reprochada.

Por lo tanto y habiendo dictaminado el Sr. Fiscal General en punto a la admisibilidad formal del recurso y a la inconstitucionalidad planteada, se resuelve: Confirmar la DISP- DNCI Nº 164/2014 en los artículos 1º, 2º, 3º y 4 y revocar el art. 5º en atención a lo dispuesto por el Considerando IX de la presente, con costas a las actoras por haber resultado sustancialmente vencidas (art. 68, 1ª parte del CPCC). Teniendo en cuenta la naturaleza de la causa y la extensión, mérito y eficacia de la labor desarrollada se fijan los honorarios de la dirección letrada y representación legal de la demandada en la suma de …, en conjunto (arts. 6, 7, 8, 9, 37 y 38 del Arancel de Abogados y Procuradores). Los honorarios fijados precedentemente deberán ser abonados dentro de los diez (10) días corridos de notificados (art. 49 de la Ley de Arancel). El impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los emolumentos cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo. En caso de incumplimiento el acreedor queda facultado para solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de ejecución, la que tramitará por ante primera instancia de fuero. Para ello, se facilitará en préstamo el expediente para la extracción de las copias pertinentes, que serán certificadas por el Tribunal y entregadas al interesado para el ingreso del respectivo incidente en la Mesa de Asignaciones de la Secretaría General de la Cámara. Si vencidos los plazos

mencionados el interesado no impulsa el proceso por el término de diez (10) días hábiles, las actuaciones se devolverán sin más trámite. Para el caso que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. A los fines del art. 109 del R.J.N. se deja constancia que el Dr. Jorge Esteban Argento no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia. Regístrese, notifíquese y devuélvase.— Carlos M. Grecco.— Sergio G. Fernández.

Transporte ferroviario. Programa de Inspecciones. Aprobación.

Transporte ferroviario. Programa de Inspecciones. Aprobación.

COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE

Resolución 128/2016

Bs. As., 03/02/2016

VISTO el Expediente N° EXP-S02:0010047/2016 del registro del EX MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, y

CONSIDERANDO:

Que el sistema ferroviario actual se encuentra operado y administrado tanto por Concesionarios como por Empresas Estatales, quienes constituyen los operadores directos de los servicios y tienen la responsabilidad, en todo momento y lugar, de las condiciones técnicas y operativas en que estos se prestan.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE es el organismo de control y fiscalización de la actividad de estos Concesionarios y Empresas Estatales Operadoras, ejerciendo en forma permanente un accionar externo a los mismos, orientado a que las conductas empresarias tiendan a garantizar los niveles técnicos que el sistema que operan requiere.

Que el Decreto N° 1661 de fecha 12 de agosto de 2015, sustituyó los Anexos I, II, III y IV del Decreto N° 1388 del 29 de noviembre de 1996, de creación de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.

Que en el Anexo I del Decreto N° 1661/15 se establecieron los OBJETIVOS, DEBERES, POTESTADES y FACULTADES de la COMISIÓN en su conjunto, y en el Anexo III se definieron la RESPONSABILIDAD PRIMARIA y las ACCIONES a desarrollar por la GERENCIA DE CONTROL TECNICO FERROVIARIO.

Que mediante Resolución CNRT N° 1096 de fecha 20 de noviembre de 2015, se aprobó el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de la GERENCIA DE CONTROL TECNICO FERROVIARIO.

Que mediante Resolución del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE N° 2210 del 7 de octubre de 2015 se aprobó el Régimen de Fiscalización y Control de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado y sus Sociedades Controladas, que en el apartado a) del ARTÍCULO 2° establece que “Las inspecciones y controles que realiza la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE podrán motivarse en la planificación interna del organismo, de acuerdo a criterios de controles periódicos, sistemáticos y/o aleatorios.”

Que con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 1661/15 atinente a la GERENCIA DE CONTROL TECNICO FERROVIARIO, bajo las premisas establecidas en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, y en el marco de la motivación citada en la Resolución MIT N° 2210/15, la misma ha elaborado el PROGRAMA DE INSPECCIONES a desarrollar durante el año 2016.

Que cada Área Técnica de la GERENCIA DE CONTROL TECNICO FERROVIARIO ha programado sus inspecciones a partir de controles muestrales, de manera de obtener un resultado representativo de la realidad imperante en cada empresa ferroviaria del país, en función de los recursos de la Gerencia.

Que, por un lado, los resultados de los muestreos realizados en el marco del PROGRAMA DE INSPECCIONES, son puestos en conocimiento de las empresas responsables directas de los servicios ferroviarios, con el fin de que sean corregidas las falencias detectadas, con indicación de las cuestiones prioritarias a tratar y, de corresponder, siguen el camino de la aplicación de las sanciones previstas en cada caso.

Que, por otro lado, este PROGRAMA DE INSPECCIONES constituye un insumo directo que, sumado a los PLANES DE MANTENIMIENTO requeridos según la Resolución CNRT (I) N° 1770/2008, los INDICADORES DE CONTROL estipulados en la Resolución CNRT (I) N° 613/2009, y los datos de CALIDAD DE SERVICIO que específicamente puedan llegar a requerirse a la GERENCIA DE CONTROL DE GESTIÓN FERROVIARIA, permiten inferir el Grado de Cumplimiento de las obligaciones técnicas y operativas asumidas por las Empresas Ferroviarias del país.

Que este Grado de Cumplimiento podrá merecer Informes que serán elevados a la SECRETARIA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE con el fin de ser advertida en tiempo y forma respecto de la realidad imperante y la eventual necesidad de generar cambios en las Empresas Ferroviarias.

Que ha tomado la intervención que le compete la GERENCIA DE CONTROL TECNICO FERROVIARIO y la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Que la presente resolución se dicta en virtud de las atribuciones emanadas del Decreto N° 1388/96 modificado por el Decreto N° 1661/15.

Por ello, EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el PROGRAMA DE INSPECCIONES, correspondiente al año 2016 de la GERENCIA DE CONTROL TÉCNICO FERROVIARIO de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, que como ANEXO forma parte de la presente RESOLUCIÓN.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ing. ROBERTO DOMECQ, Director Ejecutivo, Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo. El mismo podrá ser consultado en la sede central de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Maipú 88 —CABA— y en la página web del organismo: www.cnrt.gov.ar.

e. 12/02/2016 N° 6160/16 v. 12/02/2016

Fecha de publicación 12/02/2016

Consulta Frecuente: Monotributo. ¿En qué casos no se tendrá en cuenta el parámetro superficie afectada?

Fuente: http://www.afip.gob.ar/

ID 135429
¿En qué casos no se tendrá en cuenta el parámetro “superficie afectada”?

20/08/2013 12:00:00 a.m.

El parámetro superficie afectada a la actividad no debe ser considerado en las actividades que se señalan a continuación:

– Servicios de playas de estacionamiento, garajes y lavaderos de automotores.

– Servicios de prácticas deportivas (clubes, gimnasios, canchas de tenis y “paddle”, piletas de natación y similares).

– Servicios de diversión y esparcimiento (billares, “pool”, “bowling”, salones para fiestas infantiles, peloteros y similares).

– Servicios de alojamiento u hospedaje prestados en hoteles, pensiones, excepto en alojamientos por hora.

– Explotación de carpas, toldos, sombrillas y otros bienes, en playas o balnearios.

– Servicios de “camping” (incluye refugio de montaña) y servicios de guarderías náuticas.

– Servicios de enseñanza, instrucción y capacitación (institutos, academias, liceos y similares), y los prestados por jardines de infantes, guarderías y jardines materno-infantiles.

– Servicios prestados por establecimientos geriátricos y hogares para ancianos.

– Servicios de reparación, mantenimiento, conservación e instalación de equipos y accesorios, relativos a rodados, sus partes y componentes.

– Servicios de depósito y resguardo de cosas muebles.

– Locaciones de bienes inmuebles.

Tampoco será de aplicación el parámetro de superficie afectada a la actividad zonas urbanas, suburbanas o rurales de las ciudades o poblaciones de hasta 40.000 habitantes.

Fuente: Art. 13 RG 2746/10 y Art. 10 Ley 26.565

 

El Banco Central exige más claridad al publicitar el costo financiero total

Fuente: http://www.cronista.com

EDICIÓN IMPRESA FINANZAS Y MERCADOS 12.02.16 | 00:00

El Banco Central (BCRA) modificó ayer las pautas de publicidad del costo financiero total (CFT) que se cobra sobre los créditos para que se exhiban en el mismo tamaño y en conjunto con el total de cuotas y la tasa de interés. E incluyó en su regulación a las emisoras no financieras de tarjetas de crédito.
Mediante la Comunicación A 5905, se establece que “las entidades financieras y las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra serán responsables de hacer observar las exigencias establecidas en materia de publicidad de tasas de interés y costo financiero total en los casos en que empresas constructoras, industriales, comerciales, agentes inmobiliarios, etc., publiciten la venta de inmuebles o de otros bienes o prestación de servicios en avisos en que se mencione su posible financiación a través de alguna entidad comprendida en la Ley de Entidades Financieras o en la Ley de Tarjetas de Crédito”.
En cuanto al formato, el BCRA exige que deberá identificarse el CFT “de manera legible, en una tipografía en color destacado, de idéntica fuente y de tamaño al menos cinco veces mayor -conservando todas las proporciones de espesor de trazos, alto y ancho- y en una ubicación contigua al resto de las variables publicitadas”.
Para evitar la información dispersa en los medios gráficos, como puede ocurrir con los paquetes de las agencias de viajes, pide que “si en un mismo aviso se publicitan financiaciones de distintas entidades, se deberá informar el costo financiero total junto a la denominación de cada una de ellas”. En los recintos de atención al público, se exige que la publicidad del CFT se coloque en un lugar privilegiado y en la misma pizarra respecto del resto de la variables expuestas (tasa nominal anual, efectiva anual, la mayor y la menor de las tasas, tasa de interés activa promedio del mes anterior) y en la misma tipografía que se utiliza para informar el nivel de la tasa nominal anual.
En los medios gráficos y la televisión, la publicidad del CFT deberá colocarse en una ubicación contigua al resto de las variables (tasa nominal anual, efectiva anual, su carácter fijo o variable) y en una tipografía idéntica a la que se utiliza para informar el nivel de la tasa nominal anual, la cantidad de cuotas y su importe.
Respecto de la publicidad de los valores de cuotas, prevé que el importe que se exponga sea el resultado de todos los conceptos que paga el prestatario (amortización de capital, interés, primas por seguros exigidos en el contrato, gastos de mantenimiento de cuentas asociadas, IVA, etc.). También aclarar si los importes son fijos o variables. Y recuerda que la tasa de interés punitorio no podrá superar en más del 50% la tasa de interés compensatorio que se aplique por la financiación de los saldos de tarjeta de crédito.

El Gobierno abre un debate duro sobre la Coparticipación

Fuente: http://www.clarin.com/

La pelea por la recaudación. Citaron a las provincias para la semana próxima. Es en medio de amenazas de más juicios a la Nación.

Política – 11/02/16

El Gobierno nacional citó para la semana próxima a las provincias para discutir sobre la coparticipación. Fue luego de que la mayor parte de los distritos decidieran, plantarse todos juntos frente a la Nación por el reparto del dinero de los impuestos. La puja es, en primera instancia, por $ 80.000 millones.

El encuentro será el miércoles 17, a las 17, en la Casa Rosada. Lo presidirá el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y fueron invitados los ministros de Economía de todas las provincias. Y el ambiente que lo rodea es de fuertes cruces.

“Si no hago una presentación judicial estaría incumpliendo con mi trabajo”, dijo el lunes el gobernador de Santa Cruz, Mario Das Neves. “El reclamo indudablemente nos va a llevar a un planteo judicial”, agregó por su parte el mandatario de Corrientes, Ricardo Colombi. Ambos se referían la demanda por el 15% de la recaudación, que hoy va a manos de la ANSeS y las provincias reclaman.

La historia arrancó en los 90, cuando muchas provincias transfirieron a la Nación sus cajas de jubilación. A cambio, la ANSeS se quedó con un 15% de la recaudación. El tema, con el tiempo, se judicializó. Y justo cuando Mauricio Macri fue electo, la Corte Suprema falló a favor de devolver ese porcentaje a Santa Fe, Córdoba y San Luis. En ese momento, Cristina Kirchner sacó un decreto devolviéndole ese 15% a todas las provincias. Y Mauricio Macri en enero derogó la medida de su antecesora, generando una polémica con las provincias.

El miércoles pasado se reunieron los fiscales de Estado de 18 gobiernos provinciales y acordaron trabajar en una estrategia jurídica conjunta para recuperar ese 15%. Hubo representantes de Entre Ríos, Chubut, Jujuy, La Pampa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, Mendoza, Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz y Formosa. “El tema debe ser resuelto por vía política o en una instancia conciliatoria en la Corte Suprema”, dijeron los fiscales. Del total de las provincias, 3 ya tuvieron fallos a favor y 10 iniciaron causas judiciales por ese 15%.

“Si quieren ir por la vía judicial están en su derecho”, respondió el ministro del Interior Rogelio Frigerio. Pero ese camino, señalan en la Casa Rosada, “es largo”. De hecho, Santa Fe, Córdoba y San Luis obtuvieron el fallo “luego de litigar 10 años”, agregan.

“Si quieren una solución consensuada, se puede conversar”, agregan en Interior. “Pero no podemos desfinanciar la ANSeS”, añaden, destacando que ese 15% representa $ 80.000 millones anuales.

Frigerio quiere poner sobre la mesa el miércoles un panorama general sobre el tema coparticipación, y destacar las inequidades que hubo en la distribución de recursos en los últimos años (ver En caída…). En el debate, dicen en Interior, hay que incluir el Fondo Bonaerense, la refinanciación de deudas provinciales, los juicios que los distritos hicieron a la Nación y los que desistieron de esas demandas, la financiación de los déficit de las cajas de algunos y cómo otros absorbieron esos rojos previsionales. “Es mucho más que el 15%”, dicen. Y agregan una promesa: “Estamos tratando de cumplir con la ley de coparticipación, de llegar a que se reparta el 34% de los recursos recaudados, contra el 27% que es hoy”.

El Gobierno porteño aún no definió su postura para la reunión, pero en la provincia de Buenos Aires piensan llegar al encuentro con los tapones de punta. “Vamos a plantear un reclamo fuerte -dicen los funcionarios de María Eugenia Vidal-. Ya lo hablamos con Frigerio, y Prat-Gay y hasta el Presidente. La provincia recibe menos de $ 6.000 por cápita por año y el resto un promedio de $ 21.000. Esa diferencia es ridícula. Generamos el 36% de la recaudación y recibimos el 18% de la coparticipación”.

El planteo bonaerense se centrará en recuperar el Fondo del Conurbano, que llegó a ser más de 600 millones de dólares y hoy suma $ 650 millones. “Sin eso somos inviables”, dicen. En la Nación aceptan el planteo, y buscarán reformar la fórmula. Pero encontrarán la resistencia de los otros distritos. Salta, por caso, pretende que el reparto tenga en cuenta la situación social de cada distrito. Y Juan Manuel Urtubey es hombre de peso para el Gobierno. “Nadie puede volver a su provincia habiendo cedido coparticipación”, dicen los gobernadores. Una pelea dura. Y que recién empieza.