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Sergio Brodsky asumió hace una semana como inspector general de Justicia; dice que el ente está devastado y que levantará el “cepo informativo” que impuso La Cámpora

Natalia Aguiar PARA LA NACION – VIERNES 29 DE ENERO DE 2016

Habrá un cepo menos. Sergio Brodsky, el nuevo jefe de la Inspección General de Justicia (IGJ), decidió terminar con una regla implantada por el kirchnerismo que convirtió al registro público de sociedades comerciales en un lugar oscuro y con acceso restringido. La norma terminará con la condición que imponía el organismo de acreditar un “interés legítimo” para poder acceder a los registros de una persona jurídica. Esto, en los hechos, impedía el libre acceso a los expedientes y funcionó como un blindaje informativo para aquellas empresas en las que funcionarios K tenían intereses.

Brodsky, ex subsecretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, recibió a LA NACION junto a su equipo. Dice que llegó con un objetivo: publicitar la documentación, informatizar el sistema, promover la gestión electrónica, acelerar los trámites y evitar privilegios. “El organismo está devastado. Recibimos la IGJ de La Cámpora, tenemos pilas de expedientes de dos metros de alto en los pasillos y al lado del escritorio de la gente”, dijo.

Los problemas son casi calcados a los que hay en gran parte de la estructura estatal. Hay déficit presupuestario y en infraestructura. Pero lo peor del panorama es que el organismo de fiscalización societario no fiscaliza. “Esa función prácticamente no se hace. Desconocemos la cantidad de causas, empleados y la situación de los registros, entes de cooperación, entre otros temas que nos preocupan, por lo que pedí una auditoría completa al cuerpo de auditores del Ministerio de Justicia para analizar el estado de situación”, agregó.

La pérdida de expedientes es parte de lo cotidiano en el ente que debiera controlar 500.000 sociedades. El archivo es uno de los grandes temas a resolver. “Está todo desparramado en tres edificios sin demasiada clasificación. Hasta tenemos videos que muestran cómo tiraban los expedientes al hueco del ascensor. Lo peor es que existen incumplidores por responsabilidad del organismo, que aún no carga o procesa los datos aunque los hayan presentado”, sentenció.

Reconoce que llevará unos meses poner en marcha el organismo como lo imaginan. El modelo, dicen, es el que se utilizó en la ciudad de Buenos Aires: digitalización e inversión en sistemas de gestión y seguimiento de trámites. Igual que en el gobierno porteño, el hoy ministro de Modernización, Andrés Ibarra, será clave en aportar soluciones para esta área registral.

Martín Borrelli, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, repartición que tiene no sólo a la IGJ bajo su órbita sino también los registros de Reincidencia, Automotor y de la Propiedad Inmueble, dijo que, como en otras áreas del Estado, empezó un proceso de reemplazo de funcionarios. “Nos apoyamos en la gente de la línea. Desvinculamos a muchos militantes; los corrimos y nombramos gente de carrera. En este proceso, los gremios ATE y UPCN nos apoyan”, expresó

De hecho, los funcionarios involucrados en el supuesto extravío de los expedientes de la ex Ciccone Calcográfica, en la que habría existido información sobre el pase de la titularidad de la empresa al ex vicepresidente Amado Boudou, como en los relacionados con las sociedades del empresario kirchnerista Lázaro Báez, fueron desplazados, aunque mantienen sus cargos. Es el caso de Pablo Larrañaga, ex director de Sociedades Comerciales, o Graciela Junqueira, directora de Regulación de Entidades.

Al comparar el sistema anterior y el que planean, los funcionarios detallaron que hasta ahora rigen resoluciones restrictivas a la publicidad, aunque aseguraron que la nueva gestión trabaja para “desnaturalizar esa modalidad” y “recuperar la seguridad jurídica, certeza y confianza”.

“Constituir una sociedad llevaba meses, pero apostamos a que el trámite dure una semana entre el inicio, fiscalización y finalización -dijo Brodsky-. La primera inversión será en reasignar recursos, sistemas y edificios para atención al público y archivos. Desde el lunes habrá cambios, al menos habrá una persona en cada uno de los 18 puestos de mesa de entrada”, expresó el nuevo funcionario.

Mientras, analiza la suspensión de otras resoluciones tomadas por la gestión camporista, “como la N°1 de 2010, que se firmó para llevarse recursos materiales y humanos, o aquella que omite la obligación de las presentaciones de declaraciones juradas”.

El funcionario negó tener vínculos políticos con Daniel Angelici, el presidente de Boca Juniors al que se señala como un operador del presidente Mauricio Macri en la Justicia. “A mí me eligió el Presidente, por recomendación del ministro [de Justicia, Germán] Garavano.