Pago de regalias a beneficiario del exterior ¿Por qué se considero improcedente la deducción del gasto?

Pago de Regalias

Hechos:

El fisco determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias a un contribuyente, reduciendo el saldo a favor declarado y, además,  decretó la improcedencia las compensaciones utilizadas en virtud de la existencia de dicho saldo a favor contra el IVA. El Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las resoluciones. Deducido recurso de apelación, la Cámara lo rechazó.

 

Sumarios:

  1. El ajuste realizado en el Impuesto a las Ganancias por la cual se redujo el saldo a favor declarado por una firma y se decretó la improcedencia de las compensaciones utilizadas en virtud de la existencia de dicho saldo a favor contra el IVA, con motivo de la impugnación de las deducciones de los gastos que efectuó en concepto de pago de regalías a un beneficiario del exterior, debe ser confirmado, pues si bien se demostró la existencia de las notas entre las empresas sitas en Brasil y Argentina para saber donde debía depositarse el dinero de la regalía, no se acreditó que las facturas fueron canceladas en tiempo oportuno.

 

Texto Completo: 2ª Instancia.— Buenos Aires, octubre 20 de 2015.

Considerando: I. Que por decisorio de fs. 260/262 el Tribunal Fiscalde la Nación, confirmó las resoluciones de la AFIP de fecha 21 de septiembre de 2005 suscripta por la Jefa de la División Determinaciones de Oficio, departamento, Técnico Legal de Grandes Contribuyentes Nacionales, por la cual se determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias, periodo fiscal 1999, reduciendo el saldo a favor declarado por la demandante en el mismo impuesto y periodo.

Así como también en cuanto a la resolución del 9 de noviembre de 2005 suscripta por la Jefa de la División Determinaciones de Oficio, departamento, Técnico Legal de Grandes Contribuyentes Nacionales por la cual se decretó que resultaban improcedentes las compensaciones utilizadas en virtud de la existencia de un saldo a favor en el Impuesto a las Ganancias 1999 contra el IVA por los periodos abril y junio 2000, con motivo en la determinación de oficio también recurrida por la cual se redujo el monto de ese saldo a favor; todo ello con costas.

  1. Que para decidir como lo hizo el Tribunal Fiscal de la Nación expuso a fs. 261 vta.: “Que el organismo entendió que resulta erróneo el criterio al que arribó la sociedad para deducir el gasto por la Factura 4/E/99, siendo que la mera consulta para saber donde debía depositarse el dinero para la cancelación de dicha regalía no significa que la beneficiaria del exterior tenga la disponibilidad del dinero y, por ende, no se cumplió con lo dispuesto por el sexto y último párrafo del art. 18 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y siendo que el vencimiento para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período 1999, operó el 8 de mayo de 2000 y que el pago de la regalía recién se efectuó en noviembre de 2000, el Fisco impugnó la deducción del gasto derivado de la Factura 4/E/99.”. Más adelante (ver fs. 261 vta.) y examinando la pericial contable producida en autos expresó el organismo jurisdiccional: “Que en lo que aquí interesa, dicho informe viene a corroborar los aspectos señalados durante la inspección. En efecto, surge que: durante el mes de abril de 2000 Pilotes Trevi S.A.C.I.M.S. notificó a Trevi S.p.A. que estaban disponibles los fondos para cancelar las Facturas 4/E/99 y 336/E/99…; que las retenciones correspondientes se ingresaron con fecha 14 de abril y 12 de diciembre de 2000, respectivamente (fs. 140/147); que las mentadas facturas fueron canceladas mediante transferencias bancarias BBV Banco Francés Cuenta Corriente Nº 319/007314/3, adjuntándose comprobantes de fecha 23 y 29 de noviembre de 2000 (fs. 128/129) …Sentado ello, corresponde analizar las normas en las que el Fisco sustenta su ajuste.

Ello así, el sexto párrafo del art. 18 de la Ley del Impuesto a las Ganancias establece que: ‘Cuando corresponda imputar las ganancias de acuerdo con su percepción, se considerarán percibidas y los gastos se considerarán pagados, cuando se cobren o abonen en efectivo o en especie y, además, en los casos en que, estando disponibles, se han acreditado en la cuenta del titular o, con la autorización o conformidad expresa o tácita del mismo, se han reinvertido, acumulado, capitalizado, puesto en reserva o en un fondo de amortización o de seguro, cualquiera sea su denominación, o dispuesto de ellos en otra forma’.

Asimismo, el último párrafo del citado artículo expresa que: ‘Tratándose de erogaciones efectuadas por empresas locales que resulten ganancias de fuente argentina para personas o entes del extranjero con los que dichas empresas se encuentren vinculadas o para personas o entes ubicados, constituidos, radicados o domiciliados en jurisdicciones de baja o nula tributación, la imputación al balance impositivo sólo podrá efectuarse cuando se paguen o configure alguno de los casos previstos en el sexto párrafo de este artículo o, en su defecto, si alguna de las circunstancias mencionadas se configura dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada en la que se haya devengado la respectiva erogación’.”.

Y continúa a fs. 262: “Que conforme el texto legal transcripto, a los fines de practicar deducciones en el balance impositivo, los fondos correspondientes a las erogaciones realizadas deben estar disponibles y acreditados en la cuenta del titular… En tal sentido, cabe referirse el intercambio de notas entre la recurrente y Trevi S.p.A (Italia), en base a la cual la apelante sostiene la improcedencia de la determinación practicada. Que en la nota enviada por la actora con fecha 11 de abril de 2000 se puso a disposición la Factura 4/E/99 y se aludía a la espera de instrucciones para que se informe el banco al que se debe transferir la suma de U$S215.229,57; al día siguiente respondió la empresa italiana señalando que aceptaba la nota referida al pago y ‘…a la brevedad les informaremos la entidad bancaria a que deben remitir los fondos U$S215.229,57’ (sic). Que de lo expuesto se evidencia que la beneficiaria del exterior no tuvo la disponibilidad de los fondos adeudados tal cual surge del referido intercambio de notas, lo que recién concretó con las transferencias banacarias ocurridas en noviembre del 2000, resultando totalmente improcedente la circunstancia de que el Presidente de Pilotes Trevi sea directivo de Trevi S.p.A. puesto que esa circunstancia no implica de modo alguno que tenga a su disposición los fondos bajo trato”.

III. Que al referirse al recurso de apelación contra el acto por el cual se rechazaron las compensaciones contra el IVA periodos abril y junio de 2000 se explayó el Tribunal Fiscal de la Nación a fs. 262 vta. en el siguiente sentido: “Que no cabe duda alguna que dicho acto es una derivación directa de la determinación practicada y que fuera objeto de análisis en el presente decisorio. Que ello así, teniendo en cuenta la forma en esta (sic) fue resuelta, corresponde confirmar la resolución que en este punto se trata, toda vez que el saldo de Impuesto a las Ganancias periodo 1999 utilizado por la actora para las compensaciones contra el IVA periodos abril y junio de 2000 no resultaba ajustado a derecho”.

  1. Que a fs. 263 apeló la actora respecto del decisorio antes indicado y a fs. 267 apeló la demandada respecto del decisorio de fecha 15 de diciembre de 2006. A fs. 271/279 expresó agravios la accionante y a fs. 285/291 hizo lo propio la Dirección General Impositiva respecto de lo resuelto el fecha 15 de diciembre de 2006 en cuanto le impuso las costas al rechazar la excepción de incompetencia opuesta por su parte.

A fs. 295/310 la actora contestó el traslado de su contraria, no haciéndolo el Fisco Nacional.

  1. Que corresponde en primer lugar tratar las costas respecto de la excepción de incompetencia rechazada (ver decisorio fs. 219/221). Resulta evidente que es de aplicación al caso el principio general de la derrota determinado por el art. 68 del Cód. Procesal y aplicable a los incidentes por el art. 69 del mismo Cód.

Todo ello desde que no se advierten razones para apartarse del tal criterio. Ello máxime cuando, como lo expone el Tribunal Fiscal de la Nación a fs. 220: “Queda claro en consecuencia, que la pretensión que intenta hacer valer el Fisco Nacional a través del acto en recurso, importa inequívocamente una flagrante alteración del sistema garantístico previsto por el legislador”. Por ello es que corresponde rechazar los agravios de la demandada sobre este punto y confirmar lo resuelto respecto de las costas en la resolución de fs. 219/221.

  1. Que en cuanto se refiere a los agravios expuestos por la actora, resulta evidente que los mismos no llegan a desvirtuar los serios fundamentos del Tribunal Fiscal de la Nación que esta Sala ha transcripto extensamente en la medida en que los comparte en un todo; máxime considerando el carácter limitado del recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la Ley Nº 11.683, de modo que cabe, en principio, estar a las conclusiones del tribunal administrativo sobre los hechos probados. Tal principio puede ceder ante supuestos de arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en la apreciación de aquéllos, lo cual no sucede en el sublite. En efecto, contrariamente a lo expuesto por la actora, la pericia contable, si bien demostró que las notas entre las empresas sitas en Brasil y Argentina existieron, no acredita, en forma alguna que fueron canceladas las facturas en tiempo oportuno.

De allí resulta lógico el ajuste realizado por la Dirección General Impositiva en el Impuesto a las Ganancias y la reducción del monto correspondiente al IVA y su requerimiento de pago.

En tales términos es que corresponde rechazar la apelación de la parte actora respecto del decisorio de fs. 260/262, con costas. Todo lo cual, así se decide. Regístrese, notifíquese y devuélvase.— Pablo Gallegos Fedriani.— Guillermo F. Treacy.— Jorge F. Alemany.

Revinculación como paso previo a la restitución de un niño

Familia


En un pedido de restitución respecto de un niño, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una primera intervención, ordenó el retorno de aquel a su residencia habitual en Miami, ciudad donde vive su padre. En razón de no haberse concretado la restitución, el padre se presenta ante el máximo Tribunal para formular consideraciones acerca de la actuación de la jueza que entiende en la causa y para que se le ordene dar cumplimiento con el proceso. El Tribunal Federal desestimó el pedido.

 

Sumarios
Interés superior del niño en un proceso de restitución

El pedido del padre de un niño para que la Corte Suprema le ordene al juez interviniente que de cumplimiento con la orden de restitución de aquel debe ser desestimado en virtud del interés superior del niño y el compromiso contraído de asegurar la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, pues, debido a la conducta y las resoluciones adoptadas por todos los adultos responsables con participación en el caso —que involucran demandas y reconvenciones, denuncias varias—, así como la inexistente relación padre-hijo, la restitución inmediata podría colocar al infante en situación de vulnerabilidad.

 

Revinculación paterno filial

Conforme lo dispuesto en el art. 2642 del Código Civil y Comercial y dado que la relación parental entre el padre y el hijo ha sido inexistente, corresponde, como paso previo e ineludible a concretar la restitución internacional, exhortar al juez de la causa que arbitre las medidas, urgentes y necesarias, para iniciar un proceso de comunicación entre ellos, proceso que deberá llevarse a cabo en el país donde se encuentra actualmente el niño, con participación activa de la magistrada, del defensor de menores, de un equipo interdisciplinario y de los representantes de las Autoridades Centrales de ambos países, así como desarrollarse en un espacio físico que los especialistas estimen conveniente, pudiendo, incluso, recurrirse en un primer momento a nuevos métodos modernos —Guías de Buenas Prácticas sobre Contacto Transfronterizo, punto 6.7 y art. 655 del Cód. Civil y Comercial—.

 

Facultades de la CSJN

Si bien el pedido del padre de un niño para que la Corte Suprema le ordene al juez interviniente que de cumplimiento con la orden de restitución de aquel no constituye ninguno de los casos habilitan la jurisdicción del máximo Tribunal, la entidad de los derechos en juego y el estado actual del proceso, así como el compromiso internacional asumido por el Estado Nacional en la materia, exigen que, en su carácter de órgano supremo y cabeza del Poder Judicial, y habiendo ya intervenido en el conflicto, exhorte al magistrado a adoptar, de manera urgente y dentro de plazos breves y perentorios, las medidas tendientes a hacer posible el cumplimiento de la sentencia dictada en el caso.

 

Mirá el fallo completo acá

Corte Suprema de Justicia de La Nación. Transferencia del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM)

Corte Suprema de Justicia de La Nación. Transferencia del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM)

VISTO la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional, modificada por la Ley N° 27.126 de creación de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, la Resolución N° 2067 del 7 de julio de 2015 de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN, y CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 21 de la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional, sustituido por el artículo 17 de la Ley N° 27.126, se dispuso la transferencia de la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) y sus delegaciones al ámbito de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO al tiempo que la citada norma estableció que la mencionada dirección “… será el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente”.

Que, asimismo, por el artículo 24 de la Ley N° 27.126 se dispuso transferir la totalidad del personal, bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio afectados a la Dirección de Observaciones Judiciales de la entonces SECRETARÍA DE INTELIGENCIA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, al ámbito de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN.

Que el mismo artículo 24 citado facultó a la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN a solicitar, en comisión de servicios, el personal necesario de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA para garantizar el traspaso y funcionamiento de la Dirección de Observaciones Judiciales, hasta tanto se contare con el personal propio calificado para el desarrollo de sus funciones.

Que mediante el artículo 2° de la Resolución N° 2067/15 la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN dispuso la incorporación de la Dirección de Observaciones Judiciales a la órbita de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de dicho organismo, con el nombre de Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM).

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece en sus artículos 18 y 19 el alcance de la garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones.

Que esta garantía federal sólo es realizable de modo efectivo sujetando la intromisión a las comunicaciones a la existencia de una orden judicial previa debidamente fundamentada.

Que si bien el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL tiene el deber de proceder de acuerdo con criterios objetivos de actuación, resulta ser una parte principal en el proceso que persigue un interés determinado.

Que, en consecuencia, resulta más prudente, teniendo en miras el debido proceso legal, que la ejecución de una orden de intervención de una comunicación sea llevada a cabo por un organismo distinto al que es parte en la investigación.

Que el control judicial durante la ejecución de una intervención de las comunicaciones es esencial para garantizar que no se afecte la intimidad de las personas más allá de lo necesario para cumplir el objetivo buscado en la solicitud, razón por la cual resulta imperioso que se consigne únicamente lo estrictamente necesario para los fines del proceso, y se prescinda de información personal sensible que resulte ajena a la investigación.

Que, en tal sentido, deviene esencial que la ejecución de la intervención de las comunicaciones se halle bajo la órbita de un órgano distinto de las partes intervinientes.

Que, en efecto, si bien la tarea de administrar y gestionar los pedidos de intervención de las comunicaciones no es estrictamente jurisdiccional, la actuación judicial en esta materia se torna necesaria con la finalidad de asegurar los principios de transparencia y confidencialidad.

Que, por otra parte, lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 25.520, sustituido por la Ley N° 27.126, implica también un avance sobre las autonomías provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES contrario al régimen institucional que consagran los artículos 1°, 5°, 121, 122 y 129 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que, por las razones expuestas, corresponde transferir el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) al ámbito de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Que, en consecuencia, corresponde a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN el dictado, a la mayor brevedad posible, de un reglamento que verse sobre las nuevas funciones que por este acto se le otorgan en el que se garanticen los principios arriba reseñados, a cuyo efecto aquél deberá establecer que la dirección de ese organismo se encuentre a cargo de UN (1) juez penal con rango de Juez de Cámara, designado por sorteo, por el plazo de UN (1) año, sin poder ejercer nuevamente tal función hasta transcurrido un período de CINCO (5) años.

Que la medida objeto del presente es consistente con las razones que motivaron el egreso de dichas competencias de la órbita del PODER EJECUTIVO NACIONAL, y asegura el más acabado respeto de los derechos individuales y de las garantías constitucionales.

Que a los efectos de asegurar en forma fiel y oportuna las garantías y fines enunciados, resulta urgente abordar en forma preferente e inmediata dicha transferencia.

Que el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN se halla en receso hasta el 1° de marzo de 2016, hecho que impone evitar que las garantías constitucionales enunciadas anteriormente continúen sin protección efectiva, para lo cual resulta menester la adopción de medidas de carácter urgente y excepcional como la que se decide implementar mediante este decreto.

Que, además, estas circunstancias no permiten seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes, por lo que el PODER EJECUTIVO NACIONAL adopta la presente medida con carácter excepcional, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso 3 del artículo 99 de la Carta Magna.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por la norma constitucional referida en el párrafo que antecede.

Que la citada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así como elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de acuerdo con los artículos 2°, 19 y 20 de la Ley N° 26.122.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS DECRETA:

Artículo 1° — Transfiérese el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO a la órbita de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, que será el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente.

Art. 2° — Transfiérese a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN la totalidad del personal, bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio afectados al Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM).

Art. 3° — Derógase el artículo 21 de la Ley N° 25.520, sustituido por el artículo 17 de la Ley N° 27.126.

Art. 4° — La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN dictará el reglamento de funcionamiento del actual Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM); dicho organismo estará a cargo de UN (1) juez penal con rango de Juez de Cámara, quien será designado por sorteo y durará en sus funciones por un plazo de UN (1) año y no podrá ejercerlas nuevamente hasta transcurrido un período de CINCO (5) años.

Art. 5° — La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Art. 6° — Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Julio C. Martínez. — José G. Santos. — Germán C. Garavano. — Patricia Bullrich. — Alberto J. Triaca. — Carolina Stanley. — José L. Barañao. — Alejandro P. Avelluto. — Rogelio Frigerio. — Alfonso de Prat Gay. — Francisco A. Cabrera. — Ricardo Buryaile. — Javier Dietrich. — Esteban J. Bullrich. — Sergio A. Bergman. — Andrés H. Ibarra. — Juan José Aranguren. — Oscar R. Aguad. — Jorge D. Lemus.

 

Código Procesal Penal de la Nación. Diferimiento de la entrada en vigencia

Código Procesal Penal de la Nación. Diferimiento de la entrada en vigencia

CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN

Decreto 257/2015

Ley N° 27.148, N° 27.149, N° 27.150, N° 27.198 y N° 27.063. Modificaciones.

Bs. As., 24/12/2015

VISTO la Ley N° 27.063, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación N° 27.148, la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación N° 27.149, la Ley de Implementación del Código Procesal Penal de la Nación N° 27.150, la Ley N° 27.198, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la Ley N° 27.063, por el artículo 1°, aprobó el CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN y, por su artículo 3°, estableció que dicho cuerpo legal entraría en vigencia en la oportunidad que estableciera una Ley de Implementación.

 

Que el 10 de junio del corriente año el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN sancionó un conjunto de leyes destinadas a implementar la reforma procesal penal instaurada en la Ley N° 27.063.

 

Que la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal N° 27.146 estableció, en su artículo 51, que: “Las disposiciones de la presente ley se aplicarán de acuerdo al régimen progresivo que establezca la Ley de Implementación del Código Procesal Penal de la Nación”.

 

Que la Ley N° 27.148 rediseñó la estructura y funcionamiento del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN a fin de adaptarlo a las necesidades del sistema procesal acusatorio y que, con similar objeto, se dictó la Ley N° 27.149 en lo que respecta al MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN.

 

Que, por último, la Ley N° 27.150 estableció los mecanismos para implementar el CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, y por el artículo 2° dispuso la entrada en vigencia de ese Código a partir del 1° de marzo de 2016 en el ámbito de la Justicia Nacional.

 

Que en virtud de la magnitud de la tarea aún pendiente, la cual ha sido advertida por la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, creada en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN por el artículo 7° de la Ley N° 27.063, y por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, no se encuentran reunidas las condiciones básicas para asegurar la implementación proyectada en el plazo oportunamente establecido.

 

Que, en consecuencia, tal implementación en las actuales condiciones pondría en grave riesgo la correcta administración de justicia.

 

Que las reformas operadas por las Leyes Nros. 27.148, 27.149, y 27.150, encuentran su razón de ser y operatividad funcional en la efectiva puesta en marcha del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN sancionado por la Ley N° 27.063.

 

Que, dada la imposibilidad de que ello ocurra antes del 1° de marzo de 2016, resulta razonable dejar sin efecto aquellos aspectos de las Leyes Nros. 27.063, 27.148, 27.149 y 27.150 vinculados con la implementación del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN. Todo ello con la finalidad de evitar la aplicación asistemática y carente de integralidad de un diseño institucional cuya puesta en funcionamiento no se encuentra acabadamente planificada.

 

Que, en atención al diferimiento de la entrada en vigencia del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION aprobado por la Ley N° 27.063, corresponde también sustituir los artículos 39 de la Ley N° 27.148 y 65 de la Ley N° 27.149, toda vez que aluden a una pauta presupuestaria vinculada directamente a la efectiva puesta en funcionamiento de las nuevas estructuras y organismos previstos por las respectivas leyes orgánicas del Ministerio Público.

 

Que, en consecuencia, se prevé el establecimiento de un mecanismo progresivo de asignación de recursos para atender las erogaciones que demande la efectiva implementación del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION.

 

Que, en vista de las razones aquí expuestas, y en atención al período de receso legislativo que se extiende hasta el 1° de marzo de 2016, se verifican las circunstancias de carácter excepcional a las que hace referencia el inciso 3 del artículo 99 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, que hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes.

 

Que el presente no implica modificación alguna de normas de carácter penal, sino que proyecta sus efectos sobre la organización, el funcionamiento y aspectos presupuestarios del Ministerio Público.

 

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

 

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto a la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

 

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

 

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ha tomado la intervención de su competencia.

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de acuerdo con los artículos 2°, 19 y 20 de la Ley N° 26.122.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS DECRETA:

Artículo 1° — Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 27.150 por el siguiente:

“ARTÍCULO 2°.- Entrada en vigencia. El Código Procesal Penal de la Nación aprobado por la Ley N° 27.063 entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN que funciona en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, previa consulta con el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN.

Art. 2° — Sustitúyese el artículo 39 de la Ley N° 27.148 por el siguiente:

“ARTÍCULO 39.- Plan Progresivo de Asignación de Recursos. Finalizado el proceso de implementación establecido en la Ley N° 27.150, se convocará a una Comisión Técnica a integrarse por representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN, del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, de la COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, de la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN que funciona en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a los efectos de establecer un Plan Progresivo de Asignación de Recursos para el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN.”

Art. 3° — Sustitúyese el artículo 65 de la Ley N° 27.149 por el siguiente:

“ARTÍCULO 65.- Plan Progresivo de Asignación de Recursos. Finalizado el proceso de implementación establecido en la Ley N° 27.150, se convocará a una Comisión Técnica a integrarse por representantes del MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN, del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, de la COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, de la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN que funciona en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a los efectos de establecer un Plan Progresivo de Asignación de Recursos para el MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN.”

Art. 4° — Deróganse los artículos 2° —texto según el artículo 43 de la Ley N° 27.150— y 3° al 37 del Anexo II de la Ley N° 27.063.

Art. 5° — Derógase el Título VI (artículos 81 al 88) de la Ley N° 27.148.

Art. 6° — Deróganse los artículos 75 al 81 y 83, y el Anexo I de la Ley N° 27.149.

Art. 7° — Sustituyese el segundo párrafo del artículo 67 de la Ley N° 27.198 por el siguiente:

“Asimismo facultase al jefe de Gabinete de Ministros para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias que resulten necesarias.”.

Art. 8° — Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

Art. 9° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro oficial y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Julio C. Martínez. — José G. Santos. — Germán C. Garavano. — Patricia Bullrich. — Alberto J. Triaca. — Carolina Stanley. — José L. Barañao. — Alejandro P. Avelluto. — Rogelio Frigerio. — Alfonso de Prat Gay. — Francisco A. Cabrera. — Ricardo Buryaile. — Javier Dietrich. — Esteban J. Bullrich. — Sergio A. Bergman. — Andrés H. Ibarra. — Juan José Aranguren. — Oscar R. Aguad. — Jorge D. Lemus.

 

Fecha de publicación 29/12/2015

Hacienda suma otro estudio de abogados para negociar con los Fondos Buitres

Fuente: http://www.cronista.com

EDICIÓN IMPRESA ECONOMÍA Y POLÍTICA 29.12.15 | 00:00

Hoy se oficializará una compulsa, con los bufetes Shearman & Sterling y Watchell Lipton como candidatos. En dos semanas, retoman el diálogo con holdouts

por ESTEBAN RAFELE erafele@cronista.com

El Ministerio de Hacienda sumará un nuevo estudio de abogados estadounidense para iniciar las negociaciones con los fondos buitre por las sentencias en contra del país, que ya rondan los u$s 10.000 millones, informaron voceros oficiales.
El Gobierno lanzará a partir de hoy una compulsa pública para que las firmas compitan, pero en el Palacio de Hacienda hicieron saber que hay dos candidatos que pican en punta: los estudios Shearman & Sterling y Watchell, Lipton, Rosen & Katz. Este último es el que prefiere el ministro Alfonso Prat-Gay, siempre según voceros de Hacienda.
Prat-Gay y sus asesores que hoy ocupan despachos en el Palacio de Hacienda critican desde hace años la estrategia de defensa que llevó adelante el gobierno de Cristina Fernández, con la asesoría jurídica del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que representa al país desde la década de ‘80.
Cleary Gottlieb, sin embargo, seguirá formando parte de la defensa legal, aunque en un segundo plano. Según la explicación oficial, el bufete cuenta con todo el historial judicial desde el default de la deuda externa y el inicio de las causas contra el país.
Watchell Lipton, el estudio preferido por Prat-Gay, trajina los tribunales de Wall Street desde 1965 y es, según un abogado experto en estos litigios, “uno de los tres mejores estudios para litigios societarios de compra-venta de empresas”.
Shearman & Sterling, fundado en 1873, tiene un departamento de deuda soberana que siguió de cerca todo el entuerto entre Argentina y los holdouts. Sin embargo, llegó a representar a fondos que litigaron contra el país.
La selección del nuevo estudio de abogados es una carrera contrarreloj. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, definió la semana pasada un cronograma de negociaciones con los fondos buitre en el despacho del mediador Daniel Pollack, el special master que designó el juez de distrito de Nueva York Thomas Griesa para que Argentina y los litigantes NML Capital, Auerlius, Elliot y otros lleguen a un acuerdo sobre la forma de pago de las sentencias en contra del país. Allí definieron que las conversaciones formales con los litigantes comenzarán la segunda semana de enero.
Caputo volará a Nueva York a reunirse con los fondos buitre con una ley que impide rubricar una oferta superior a las que Argentina hizo en los canjes de deuda de 2005 y 2010, que aceptaron nueve de cada diez tenedores de deuda en default.
Según estimaciones del equipo económico que diagramó los programas de gobierno de Mauricio Macri, solucionar el litigio con los fondos buitre demandaría una emisión de deuda por hasta u$s 19.000 millones.
Por este conflicto, Argentina se ve impedida de pagar regularmente los vencimientos de deuda externa renegociada desde junio de 2014, por un monto acumulado superior a los u$s 2000 millones.