Doctrina: El abogado del niño. Autor: Karina A Bigliardi

El abogado del niño

Publicado en: LLBA2015 (noviembre), 1066

Cita Online: AR/DOC/3847/2015

Sumario: I. Introducción.— II. Distintas posturas.— III. A toda edad.— IV. En caso de conflictos entre sus progenitores.— V. Cuando tenga madurez suficiente.— VI. Reflexiones finales

  1. Introducción

La figura del abogado del niño encuentra su marco normativo en el art. 27, inc. c), de la ley 26.061, y se la entiende como una figura derivada del derecho del niño/adolescente a ser escuchado, así como a participar en toda cuestión que lo afecte, consagrado en el art. 12 de la Convención sobre los Derechos del niño. (1)

En este punto es importante la mención de que “niño” para la Convención de los Derechos del Niño es toda persona que no alcanzó los 18 años de edad. (2) Por su parte, el Código Civil y Comercial en el art. 25 define al menor de edad como toda persona que no adquirió los 18 años, reservando la denominación de “adolescente” para los que están dentro de la franja de los 13 a los 18 años, y la de “niño” para aquellos que se encuentren entre los 0 a 12 años.

En el presente trabajo intentaremos abordar las distintas posiciones que se esgrimen en la jurisprudencia y en la doctrina sobre la figura del abogado del niño, así como la diferencia con otras representaciones, e intentaremos ofrecer soluciones a los fines de concretar la defensa técnica de los niños.

  1. Distintas posturas

A partir de los 14 años (hoy 13 años, en razón de lo normado en el CCiv.yCom.)

Se entiende que las disposiciones establecidas en ley 26.061 deben ser interpretadas a la luz de las normas del Código Civil, ya que la citada ley no deroga las normas sobre capacidad determinadas en el ordenamiento de fondo.

Ésta resulta ser la posición sostenida por la Corte Suprema de la Nación en dos precedentes, la cual a la fecha no se ha modificado.

En el precedente “M., G. v. P., C. A. s/ recurso de hecho deducido por la defensora oficial de ‘M. S. M.'”, de fecha 26/6/2012, la Corte Suprema de la Nación resolvió que el pedido de una niña menor de 14 años para ser tenida por parte en el juicio donde se debate su tenencia, la designación y remoción de un letrado patrocinante y el pedido de actuación por derecho son improcedentes, pues las disposiciones del Código Civil que legislan sobre la capacidad de los menores tanto impúberes como adultos no han sido derogadas por la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Es por ello que, de acuerdo con este régimen de fondo, los menores impúberes son incapaces absolutos, y no pueden realizar por sí mismos actos jurídicos. Agrega que la Convención de los Derechos del Niño, en su art. 12, consagra la prerrogativa del menor a ser oído, pero no a asumir automáticamente y en cualquier circunstancia la calidad de parte en sentido técnico procesal.

Está posición se reitera en los autos “P., G. M. y P., C. L. s/ protección de persona”, de fecha 27/11/2012, donde la Corte reitera: “Las disposiciones del Código Civil que legislan sobre la capacidad de los menores tanto impúberes como adultos, determinando que son incapaces absolutos de hecho, no han sido derogadas por la ley 26.061 y no conculcan los estándares internacionales en la materia, razón por la cual, los niños —en el caso, 8 y 9 años— no pueden realizar por sí mismos actos jurídicos como sería la designación o remoción de un letrado patrocinante, acto que sería nulo, de nulidad absoluta”.

Al comentar estos precedentes, el Dr. Jáuregui, entiende que la interpretación de la Corte Suprema agrega un requisito no previsto por la ley 26.061, ya que el abogado del niño intervendría sólo en determinados supuestos. Parecería que tal cuestión dependería circunstancialmente de las particularidades fácticas que cada caso presente en orden a las dificultades o complejidades. Ello es así ya que el mentado inc. c) del art. 27 no condiciona la garantía en manera alguna al requisito de que el juez la considere procedente. Por el contrario, lo manda imperativamente y en forma contundente sin admitir dilaciones de ningún tipo a garantizarla “desde el inicio” en todo proceso que lo “incluya”. Obviamente tal inclusión urgente o temprana no sólo se considera cuando es “parte procesal” por los fundamentos que dio la Corte, sino en cuanto esté presente la particularidad de ser potencialmente “afectado” por el trámite (que el proceso pueda influir desfavorablemente, o sea perjudicar sus derechos). El sinuoso temperamento interpretativo adoptado por la Corte Suprema, que desestima la literalidad de la norma y con el que discrepamos, aparecería reñido con la seguridad jurídica. No contempla en su derrotero cabalmente, a nuestro juicio, la calidad de mínima que reviste dicha garantía procesal y a la par tolera implícitamente su supresión cuando el juzgador no advierta esa complejidad particular exigida al margen de la letra del mentado art. 27.

En efecto, deja al discrecional criterio judicial (o sea de quien va a decidir) la conveniencia o inconveniencia de designar abogado del niño en un caso determinado para los menores impúberes, rozando en ese aspecto el superado esquema tutelar, en franca y resistente retirada. Concluyendo que no cree que ésta sea la postura correcta, dado que confunde la imposibilidad de elegir por derecho propio un abogado, con el derecho de estar asistido con una adecuada defensa técnica, como garantía mínima. (3)

III. A toda edad

Esta posición sostiene que la Convención sobre los Derechos del niño supedita la participación procesal de los niños a su capacidad progresiva y la ley 26.061 no establece límites de edad, por lo cual cualquiera que fuese la edad del niño tiene derecho a una defensa técnica. Asimismo, entiende que tampoco es necesario que exista conflicto entre sus progenitores, es decir, que siempre que se encuentre en juego intereses de los menores de edad deberá contar con patrocinio letrado.

Contestando a lo expuesto por la Corte Suprema, los que sostienen está posición (4) entienden que, en principio, el art. 27 de la ley 26.061 debe ser interpretado en conjunción con la normativa que existía en el Código Civil (fijaba el discernimiento, a partir de los 14 años). No es menos cierto que si éstas se contradicen con la ley 26.061 —ley posterior y referida a la materia en forma especial— y con la Convención sobre los Derechos del Niño —instrumento con jerarquía constitucional—, deben prevalecer estas últimas. En otras palabras, si el Código Civil niega derechos que la ley 26.061 y la Convención reconocen de modo evidente, estos derechos deben ser respetados en forma irrestricta, por una cuestión elemental de jerarquía de las normas.

Entienden que por la ley 26.061 se reconoce el derecho de defensa técnica como garantía del debido proceso y, por ende, obliga al Estado a designarle a todo niño, niña y adolescente, afectado por cualquier proceso administrativo o judicial, un abogado, independientemente de su edad. Cabe agregar que el art. 27, en ninguna de sus disposiciones, limita la procedencia del abogado de confianza a la existencia de intereses contrapuestos con sus padres. Muy por el contrario, hace mención a este derecho en todo proceso —sin ningún tipo de distinción— que incluya al niño/adolescente.

Para la Dra. Rodríguez la fórmula elegida por el Código Civil y Comercial en el art. 26 intenta, independientemente de las dificultades prácticas, receptar la noción de capacidad progresiva —contemplada en el art. 5º de la Convención sobre los Derechos del niño—, que es para la Argentina un piso mínimo de reconocimiento de derechos, pero implica un serio retroceso con relación el art. 27 de la ley 26.061, que reconoce mayores garantías a los niños, niñas y adolescentes, superando el piso de reconocimiento de la Convención citada. En este escenario, el art. 27 de la ley 26.061 garantiza el derecho de defensa técnica como garantía del debido proceso y, por ende, obliga al Estado a proporcionarle a todo niño, niña y adolescente afectado por un proceso administrativo y judicial un abogado gratuito, cualquiera que fuera su edad, grado de comprensión y madurez, existan o no intereses contrapuestos con su padres.

Agrega que el Código, al supeditar la defensa técnica al supuesto de intereses contrapuestos con los padres, olvida el aspecto fundamental de la defensa, como límite a intervenciones arbitrarias del Estado, y transita por una lógica similar a la figura del tutor ad litem, ya contemplada en el Código Civil y ligada a la ideología tutelar, de la cual no innova ni avanza demasiado.

Por su parte, el Dr. Solari sostiene que el derecho al patrocinio letrado del niño constituye una garantía mínima del procedimiento, tanto judicial como administrativo, independientemente de su edad, agregando que no pueden establecerse edades o condicionamientos para el ejercicio de esta garantía mínima reconocida por el ordenamiento jurídico. (5)

  1. En caso de conflictos entre sus progenitores

Ésta parece ser la posición elegida por los redactores del Código Civil y Comercial —ley 26.994—, al establecer en el art. 26: “La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada”.

Para esta posición, la designación del abogado del niño procedería en caso de evidente conflicto entre sus progenitores, los cuales en razón de ello, se encuentran imposibilitados de llevar adelante la voz del niño desprendida de sus propios posicionamientos. Los que sostienen este enfoque no hacen ninguna referencia a la edad del niño/adolescente, es decir, que en el caso de que se dé la situación de conflicto, procedería a cualquier edad la designación del abogado del niño.

En este sentido podemos mencionar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, en el cual se puede leer: “Debe designarse un abogado que defienda exclusivamente los derechos de un menor, particularmente en lo que se refiere al contacto con su padre, pues la animosidad de su madre con este último y las dificultades que presenta para ejercer las funciones inherentes al rol maternal permiten concluir que no se encuentra en condiciones de representar y defender adecuadamente los intereses de su hijo; máxime que resultaría una grave anomalía que ambos sean defendidos por un mismo letrado”. (6)

Entendemos que esta posición confunde el rol del abogado del niño con el del asesor de incapaces y el de tutor especial.

El asesor de incapaces tiene su encuadre legal en el art. 103 del Código Civil y Comercial. El legislador se inclinó por otorgarle la representación directa del menor de edad cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes. Un supuesto puede ser cuando un progenitor no permite un régimen de comunicación fluido con el otro, el asesor debe ejercer una actividad procesal que permita al niño realizar su derecho a tener debido contacto con ambos progenitores (art. 9º de la Convención sobre los Derechos del Niño).

Solari expresa que el asesor de incapaces actúa según su parecer, en nombre del Ministerio que integra, y no en nombre del niño. Por ello, puede apartarse de lo deseado y querido por el niño, en virtud de que el asesor expresa “su” criterio. (7)

Por su parte, Gustavo Moreno entiende que las diferencias entre el asesor de incapaces y el abogado del niño son sustanciales: el abogado del niño es un letrado que patrocina intereses y derechos individuales definidos por el niño, sin sustituir su voluntad; mientras que el asesor de incapaces es el representante que en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales la ley argentina le asigna al niño para la defensa de sus derechos indisponibles. (8)

En relación con el tutor especial, antes denominado tutor ad litem, está contemplado en el art. 109 del CCiv.yCom., el cual reza: “Corresponde la designación judicial de tutores especiales en los siguientes casos: a) cuando existe conflicto de intereses entre los representados y sus representantes…”.

Es decir que ante el supuesto de que el juez detecte un caso en el cual los progenitores por desinterés, negligencia, no ejerzan correctamente la representación del menor de edad en un proceso dado, corresponderá la designación de un tutor especial.

  1. Cuando tenga madurez suficiente

Frente a la posibilidad de que el niño se presente con abogado o se le designe uno, se da intervención al Cuerpo Técnico a los fines de que los peritos psicólogos se expidan sobre si cuenta con madurez suficiente para proceder a presentarse con patrocinio letrado.

Ésta es la posición que adopta la ley 14.528 de Procedimiento de Adopción de la provincia de Buenos Aires, la cual en su art. 6º establece que los niños, niñas y adolescentes que tengan madurez y edad suficiente para participar en el proceso, serán asistidos por un profesional letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia (igual arts. 608 y 617 del CCiv.yCom.).

Es importante aclarar que posteriormente la provincia de Buenos Aires aprobó la ley 14.568, por medio de la cual se crea en de la provincia la figura del Abogado del Niño, quien deberá representar los intereses personales e individuales de los niños, niñas y adolescentes legalmente ante cualquier procedimiento civil, familiar o administrativo que los afecte, en el que intervendrá en carácter de parte, sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el asesor de incapaces.

Agrega que será obligatorio informar al niño, niña y adolescente de su derecho a ser legalmente representado por un Abogado del Niño.

A los fines de su cumplimiento se dispone la creación de un Registro Provincial de Abogados del Niño en el ámbito del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, donde podrán inscribirse todos aquellos profesionales con matrícula para actuar en territorio provincial que demuestren acabadamente su especialización en derechos del niño, certificado por Unidades Académicas reconocidas y debidamente acreditadas, ya sean éstos profesionales del ámbito público como privado, y/o integren distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajen la problemática de la infancia y adolescencia.

Esta norma se encuentra reglamentada por el decreto 62/2015, y bajo la resolución 34/2015, la Suprema Corte de Buenos Aires resolvió hacer saber que la nómina de los Abogados del Niño inscriptos en el Registro pertinente, una vez remitida por el Colegio de Abogados provincial, deberá ser difundida —por la Dirección de Comunicación y Prensa— a través de la página web de esta Suprema Corte.

  1. Reflexiones finales

La Convención sobre los Derechos del Niño equivale a la formalización, a nivel internacional, de un nuevo paradigma para la consideración de la infancia y la adolescencia desde el punto de vista de las políticas públicas. Entre las características centrales de este nuevo paradigma que tendrán que ser asumidas por el derecho interno que regule las materias de la infancia, está el concebir a los niños como sujetos de derecho y no como simples destinatarios de acciones asistenciales o de control social ejecutadas por el Estado y por los mayores. Constituye un instrumento que opera como ordenador de las relaciones entre el niño, la familia y el Estado, se estructura comenzando por el reconocimiento de derechos y deberes recíprocos, por cierto sin mengua del respeto de la relación niño-joven-familia. (9)

Entendemos que el abogado del niño resulta una figura de gran utilidad para la materialización de los derechos de un menor de edad, que no debe estar supeditado ni a edades rígidas, ni a la existencia de conflicto con sus progenitores, en el entendimiento de que para esos supuestos existe el asesor de incapaces (art. 103 del CCiv.yCom.) y el tutor especial (art. 109 del CCiv.yCom.).

Este derecho también implica el derecho de elegir al profesional que quiere que lleve adelante su patrocinio. En este tema va a existir una gran diferencia entre niño y adolescente, ya que según nuestro Código Civil y Comercial, el segundo goza de presunción a favor para presentarse en juicio por sí solo con patrocinio letrado (art. 677). Diferente es el caso de los menores de edad “niños”, en el que va a tener que evaluarse si tienen madurez suficiente para poder proceder a su elección.

La elección puede devenir de la confianza en el profesional elegido, o puede fundarse la especificidad del tema; ejemplo: un menor de edad músico que debe ser asistido en contratos con la discográficas; así puede tratarse de un deportista, o en cuestiones más sencillas, como que son progenitores y desean entablar acciones judiciales en ese marco, hace a sus derechos que pueda elegir un abogado que tenga conocimiento sobre el tema.

En esto deseamos ser claros: entendemos que el menor de edad tiene derecho a elegir su abogado, debiendo prescindirse de los motivos que fundan su decisión, y este abogado puede o no tener la especialización en derecho de niñez, ya que ello dependerá del motivo por el cual el niño/adolescente lo convoca.

En el caso de que no haya elección por parte del menor de edad, se puede recurrir a los listados que están en los Colegios de Abogados, que se conforman con abogados especialistas en el derecho de niñez.

(1) “Art. 12.— 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”.

(2) “Art. 1º.— Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

(3) JÁUREGUI, Rodolfo G., “La Corte Suprema y un fallo que deja dudas a propósito de la intervención del abogado del niño”, DFyP 2012 (noviembre), p. 271.

(4) RODRÍGUEZ, Laura, “El derecho de defensa técnica de niños, niñas y adolescentes en el proyecto”, DFyP 2012 (julio), p. 234.

(5) SOLARI, Néstor, Derecho de las Familias, La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 738.

(6) Sup. Corte Just. Mendoza, sala 1ª, 8/4/2014, “DYNAF s/ solicita medida conexa s/ inc.”, LL del 26/5/2014, p. 10.

(7) SOLARI, Néstor, Derecho de las Familias, cit., p. 739.

(8) MORENO, Gustavo D., “La representación adecuada de niñas, niños y adolescentes, rol del ‘asesor de menores e incapaces'”, en FERNÁNDEZ, Silvia E. (dir.), Tratado de derechos de niños, niñas y adolescentes, t. III, p. 2705.

(9) HIGHTON, Elena I., “Los jóvenes o adolescentes en el Código Civil y Comercial”, LL del 13/4/2015, p. 1.

Comercio exterior. Derechos de exportación. Alícuota cero para determinadas mercaderías

Comercio exterior. Derechos de exportación. Alícuota cero para determinadas mercaderías

VISTO el Expediente N° S05:0077287/2015 del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y CONSIDERANDO:

Que el ESTADO NACIONAL está decidido a implementar medidas efectivas tendientes a revertir los indicadores negativos de la economía argentina, incluyendo acciones concretas destinadas a superar la crisis agropecuaria y reactivar al sector, eliminando las trabas y restricciones que hoy limitan su capacidad, al tiempo que se favorece el cuidado del capital natural de nuestros suelos.

Que es necesario brindar una solución a la problemática actual de la disminución del área sembrada y de producción de cereales, así como revertir el deterioro que sufren las exportaciones de las economías regionales y el mercado de todas las carnes.

Que el cúmulo de estimaciones existentes arroja una fuerte caída en la superficie sembrada con trigo en la presente campaña 2015/16 respecto de temporadas previas.

Que las últimas estimaciones efectuadas sobre la intención de siembra del maíz para la misma campaña, dan cuenta de una importante proyección de retroceso respecto del ciclo anterior.

Que las economías regionales no escapan a esta situación de crisis existiendo en todas las regiones del país una baja generalizada y sostenida de la producción y de los niveles de exportaciones.

Que en el caso de la soja y sus subproductos, el aumento del área sembrada y la cosecha record de la última temporada, no ha evitado frenar el deterioro de la competitividad y rentabilidad de toda su cadena de valor asociada.

Que el mercado de la carne también atraviesa una de las peores crisis de su historia, evidenciada por la sistemática reducción del plantel ganadero que se observa período tras período, el consecuente cierre de las plantas frigoríficas y una marcada disminución de los volúmenes exportables en situación inversa a lo que sucede en los otros países de la región.

Que en razón de lo expuesto, es necesario adoptar medidas concretas y efectivas para solucionar la grave crisis económica que viven los sectores apuntados, ayudando a los productores y las cadenas de valor asociadas a revertir el deterioro sufrido en el último tiempo, tendiendo a fomentar el desarrollo de la industria exportadora y promover el agregado de valor nacional.

Que luego del colapso económico y social ocurrido en nuestro país en el año 2001, se inició, a partir del año 2002, un proceso de fijación por parte del PODER EJECUTIVO NACIONAL de los denominados derechos de exportación a la venta de distintas mercaderías agropecuarias al exterior.

Que actualmente existe un consenso generalizado de los distintos actores que intervienen de manera directa o relacionada con aquellas actividades, sobre la necesidad de reducir los derechos que gravan las exportaciones, por representar un elemento distorsivo que desalienta la producción.

Que las denominadas retenciones a las exportaciones, en la actualidad no logran cumplir ninguno de los objetivos extra fiscales para las que fueron trazadas, existiendo un marcado deterioro del nivel de crecimiento económico, un sostenido incremento de los precios internos y un preocupante desequilibrio entre el mercado externo e interno.

Que en esa inteligencia, y toda vez que se ven afectadas las economías regionales, el mercado de carnes y los productos agropecuarios y subproductos por la aplicación de estos gravámenes, resulta conveniente y necesario reducir, a partir de la publicación del presente decreto, las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación en cuestión.

Que la merma en la recaudación del ESTADO NACIONAL por la aplicación de la presente medida en pos de reactivar los sectores afectados, se verá compensada por el crecimiento en la recaudación de impuestos por el aumento inmediato de la producción que se estima que estará asociada a esta acción de gobierno, dinamizando la actividad económica de las diversas regiones y beneficiando así a las provincias mediante la coparticipación de los tributos.

Que los servicios jurídicos competentes han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y por el artículo 755 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:

Artículo 1° — Fíjase en la alícuota del CERO POR CIENTO (0%) el derecho de exportación de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de los Capítulos 1 a 24 de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM), con excepción de las que se detallan en el Anexo I que forma parte del presente decreto, a las que se aplicarán las alícuotas establecidas en el mismo.

Art. 2° — Fíjase en la alícuota del CERO POR CIENTO (0%) el derecho de exportación de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de los Capítulos 41 a 43 de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM), con excepción de las que se detallan en el Anexo II que forma parte del presente acto, a las que se aplicarán las alícuotas establecidas en el mismo.

Art. 3° — Fíjase en la alícuota del CERO POR CIENTO (0%) el derecho de exportación de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de los Capítulos 44 a 49 de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM), con excepción de las que se detallan en el Anexo III que forma parte de la presente medida, a las que se aplicarán las alícuotas establecidas en el mismo.

Art. 4° — Fíjase en la alícuota del CERO POR CIENTO (0%) el derecho de exportación de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de los Capítulos 50 a 53 de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM), con excepción de las que se detallan en el Anexo IV que forma parte del presente decreto, a las que se aplicarán las alícuotas establecidas en el mismo.

Art. 5° — Derógase toda normativa que se oponga a lo establecido en el presente acto.

Art. 6° — La presente medida comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Alfonso de Prat Gay. — Ricardo Buryaile.

ANEXO I

 

ANEXO II

 

ANEXO III

 

ANEXO IV

 

Adquisición de moneda extranjera. Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales. Servicios turísticos en el exterior. Régimen de percepción

Adquisición de moneda extranjera. Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales. Servicios turísticos en el exterior. Régimen de percepción

VISTO la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el Decreto N° 618 del 10 de Julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios y las Resoluciones Generales N° 3.450 y su modificatoria y N° 3.583, y CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución General N° 3.450 y su modificatoria, se estableció un régimen de percepción aplicable a las operaciones de adquisición de bienes y/o prestaciones, locaciones de servicios y/o adelantos en efectivo, efectuadas en el exterior por sujetos residentes en el país, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, débito y/o compra, incluidas las compras efectuadas a través de portales o sitios virtuales y/o cualquier otra modalidad por la cual las operaciones se perfeccionen —mediante la utilización de Internet— en moneda extranjera.

Que asimismo, alcanza a las operaciones de adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo —mayoristas y/o minoristas— del país, a las operaciones de adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país, a las operaciones de adquisición de moneda extranjera —billetes o cheques de viajero— para gastos de turismo y viajes, incluidas las transferencias al exterior por turismo y viajes, ambas sujetas a validación fiscal.

Que por su parte, la Resolución General N° 3.583 estableció un régimen de percepción que se aplica sobre las operaciones de adquisición de moneda extranjera efectuadas por personas físicas para tenencia de billetes extranjeros en el país, de acuerdo a las pautas operativas que, en el marco de la política cambiaria, determine el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.).

Que las percepciones practicadas por los referidos regímenes se consideran, según la condición tributaria del sujeto pasible, pagos a cuenta de los impuestos a las ganancias o sobre los bienes personales.

Que con las modificaciones introducidas por el Gobierno Nacional en el Mercado Único y Libre de Cambios, con su virtual unificación, los regímenes de percepción descriptos pierden virtualidad, toda vez que, además del interés fiscal, fueron dispuestos en miras de una política cambiaria diferente de la actual.

Que no obstante lo expuesto, se sugiere disponer, en su reemplazo, un régimen de percepción, acotado a las operaciones de adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo —mayoristas y/o minoristas— del país, y a las operaciones de adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país, en todos los casos cuando sean pagados en efectivo.

Que el objetivo de la implementación de este régimen de percepción, se basa en la necesidad de contar con información, en tiempo oportuno, de este tipo de operaciones y poder seguir la trazabilidad del dinero en efectivo.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Fiscalización, de Recaudación, de Sistemas y Telecomunicaciones y de Técnico Legal Impositiva, y la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 22 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, el Artículo 39 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y por el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello, EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS RESUELVE:

OBJETO

Artículo 1° — Establécese un régimen de percepción que se aplicará sobre:

  1. a) Las operaciones de adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo —mayoristas y/o minoristas— del país, que se cancelen mediante pago en efectivo.
  2. b) Las operaciones de adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país, que se cancelen mediante pago en efectivo.

Las percepciones que se practiquen por el presente régimen se considerarán, conforme la condición tributaria del sujeto pasible, pagos a cuenta de los tributos que, para cada caso, se indica a continuación:

  1. a) Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y que no resultan responsables del Impuesto a las Ganancias: Impuesto sobre los Bienes Personales.
  2. b) Demás sujetos: Impuesto a las Ganancias.

SUJETOS OBLIGADOS A ACTUAR COMO AGENTES DE PERCEPCION

Art. 2° — Deberán actuar en carácter de agentes de percepción, los sujetos que para cada tipo de operaciones se indican a continuación:

  1. a) Operaciones comprendidas en el inciso a) del primer párrafo del Artículo 1°: Las agencias de viajes y turismo mayoristas y/o minoristas, que efectúen el cobro de los servicios.
  2. b) Operaciones comprendidas en el inciso b) del primer párrafo del Artículo 1°: Las empresas de transporte terrestre, aéreo o por vía acuática, que efectúen el cobro de los mismos.

SUJETOS PASIBLES DE LA PERCEPCION

Art. 3° — Serán pasibles de la percepción que se establece en el presente régimen, los sujetos —personas físicas o jurídicas, sucesiones indivisas y demás responsables— que efectúen alguna o algunas de las operaciones señaladas en el Artículo 1°.

OPORTUNIDAD EN QUE DEBE PRACTICARSE LA PERCEPCION. COMPROBANTE DE LA PERCEPCION

Art. 4° — La percepción deberá practicarse en la fecha de cobro del servicio contratado, aun cuando el mismo se abone en forma parcial o en cuotas, en cuyo caso el monto de la percepción deberá ser percibido en su totalidad con el primer pago. El importe de la percepción practicada deberá consignarse —en forma discriminada— en la factura o documento equivalente que se emita por la prestación de servicios contratada, el cual constituirá comprobante justificativo de las percepciones sufridas.

No resultará aplicable al presente régimen el certificado de exclusión al que se refiere la Resolución General N° 830, sus modificatorias y/o complementarias.

DETERMINACION DEL IMPORTE A PERCIBIR

Art. 5° — El importe a percibir se determinará aplicando sobre el importe total de cada operación alcanzada, la alícuota del CINCO POR CIENTO (5%).

De tratarse de operaciones expresadas en moneda extranjera deberá efectuarse la conversión a su equivalente en moneda local, aplicando el tipo de cambio vendedor que, para la moneda de que se trate, fije el Banco de la Nación Argentina al cierre del último día hábil inmediato anterior a la fecha de la operación.

CARACTER DE LA PERCEPCION

Art. 6° — Las percepciones practicadas tendrán, para los sujetos pasibles, el carácter de impuesto ingresado y serán computables en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias o, en su caso, del Impuesto sobre los Bienes Personales, correspondiente al período fiscal en el cual les fueron practicadas.

Cuando la percepción tuviera origen en las operaciones a que se refiere el inciso b) del primer párrafo del Artículo 1° y sea discriminada en un comprobante a nombre de un sujeto no inscripto ante esta Administración Federal, la misma podrá ser computada a cuenta del Impuesto a las Ganancias por el contribuyente que haya efectuado el pago de los servicios, siempre y cuando dicho sujeto se encuentre declarado a cargo del mismo.

Cuando las percepciones sufridas generen saldo a favor en el gravamen, éste tendrá el carácter de ingreso directo y podrá ser aplicado para la cancelación de otras obligaciones impositivas, conforme lo establecido por la Resolución General N° 1.658 y su modificatoria, o la que la sustituya en el futuro.

INGRESO E INFORMACION DE LA PERCEPCION

Art. 7° — El ingreso e información de las percepciones se efectuarán observando los procedimientos, plazos y demás condiciones que establece la Resolución General N° 2.233, sus modificatorias y complementarias —Sistema de Control de Retenciones (SICORE)—.

A tal efecto, deberá informarse respecto de cada sujeto pasible:

  1. a) Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Clave Unica de Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.), según corresponda.
  2. b) Importe total percibido en el mes.

Asimismo, se utilizarán los códigos que, para cada caso, se detallan a continuación:

 

SUJETOS QUE NO SEAN CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS O, EN SU CASO, IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES

Art. 8° — Los sujetos a quienes se les hubieran practicado las percepciones establecidas en la presente, que no sean contribuyentes del impuesto a las ganancias o, en su caso, del impuesto sobre los bienes personales, y que consecuentemente se encuentren imposibilitados de computar las aludidas percepciones, podrán proceder de acuerdo con lo previsto en la Resolución General N° 3.420.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 9° — Déjanse sin efecto a partir de la entrada en vigencia de la presente las Resoluciones Generales N° 3.450 y su modificatoria y N° 3.583.

Art. 10. — Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 11. — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Alberto Abad.

 

Oficial: qué dice la resolución de la AFIP que pone fin al cepo para la compra de dólares

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/

Se eliminan las retenciones que se efectuaban sobre la compra de dólar para ahorro, turismo y compras en el exterior, y solo cobrarán el 5% en concepto de adelantos a Ganancias y Bienes Personales para los paquetes turísticos al exterior

JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE 2015 • 07:11

El Gobierno nacional oficializó hoy la eliminación de las retenciones que se efectuaban sobre la compra de dólar para ahorro, turismo y compras en el exterior, y solo cobrarán el 5 por ciento en concepto de adelantos al impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales para los paquetes turísticos al exterior que se paguen en efectivo.

La Resolución General 3819 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),publicada hoy en el Boletín Oficial, deja sin efecto la Resolución General 3450 y su modificatoria, que establecía una retención del 35 por ciento a las adquisiciones de paquetes turísticos o compras en el exterior mediante el pago con tarjeta de crédito o débito.

Además, da de baja la Resolución General 3583, implementada el 27 de enero de 2014, por el cual se cobraba una percepción del 20 por ciento a la compra de dólar billete para tenencia personal.

“Con las modificaciones introducidas por el Gobierno Nacional en el Mercado Único y Libre de Cambios, con su virtual unificación, los regímenes de percepción descriptos pierden virtualidad, toda vez que, además del interés fiscal, fueron dispuestos en miras de una política cambiaria diferente de la actual”, señala entre los considerandos la norma publicada hoy.

Ayer, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, anunció el fin del cepo cambiario, por lo que desde hoy, cualquier persona física o jurídica podrá comprar hasta 2 millones de dólares sin restricciones con una devaluación del peso que se estima podría ser de al menos 40 por ciento.

Más allá de la eliminación de las retenciones existentes hasta ahora, el Gobierno mantuvo una cuota del 5 por ciento para la compra de paquetes turísticos o pasajes en el exterior a través de agencias de viajes.

“El objetivo de la implementación de este régimen de percepción, se basa en la necesidad de contar con información, en tiempo oportuno, de este tipo de operaciones y poder seguir la trazabilidad del dinero en efectivo”, explica la Resolución publicada hoy en el Boletín Oficial. El 18 de marzo de 2013, el gobierno de Cristina Kirchner comenzó a aplicar un sistema de adelanto del pago del impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales para los gastos en el exterior con tarjeta de crédito o débito, que en un principio fue del 20 por ciento, pero que con el tiempo alcanzó al 35 por ciento.

Ver anexo aquí

Presentaron el proyecto sobre la AUH que elevarán a Macri

Fuente: http://www.parlamentario.com/

Junto a otros legisladores de Progresistas, la diputada de Libres del Sur detalló la iniciativa para universal las asignaciones familiares, que entregarán al presidente a través de Emilio Monzó.

16 de diciembre de 2015

Con fuertes críticas a la decisión de Mauricio Macri de nombrar por decerto dos jueces en la Corte Suprema de la Nación y muy preocupados por la evolución de los precios durante las últimas semanas, legisladores del espacio Progresistas y dirigentes sociales acompañaron la presentación del proyecto de universalización de las asignaciones por hijo que presentó Victoria Donda junto al exdiputado nacional Claudio Lozano, quien había elaborado el proyecto originalmente.

La presentación fue realizada a partir de las definiciones ofrecidas por el nuevo presidente durante su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa la semana pasada. Al respecto, la diputada Donda afirmó: “Si el nuevo presidente quiere ampliar el derecho a cobrar la Asignación por Hijo a todos los niños de la Argentina, aquí tiene un proyecto de ley que lo plantea, tanto para la Asignación por Hijo como para otras asignaciones familiares que hoy solo les llega a trabajadores en blanco o desocupados. El proyecto también plantea una cláusula de actualización similar a la que se efectúa para las jubilaciones”. Ademá,s la legisladora agregó: “Se lo acercaremos al presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, para que lo estudien y podamos tratarlo del modo más inmediato posible”.

Por otra parte, Donda y el resto de los legisladores presentes se mostraron muy preocupados por el aumento desmedido de precios que se dieron en las últimas semanas: “Proponemos esta medida en un contexto en el que el bolsillo de los asalariados, como también el de los sectores más humildes de nuestra sociedad, está sufriendo por los fuertes aumentos de alimentos, a los que se agregarán a la brevedad los ajustes anunciados en los servicios públicos”.

Claudio Lozano explicó que “es preferible comenzar por pobreza cero antes que por retenciones cero. Para esto hay que unificar y universalizar el sistema de asignaciones familiares, y esto permitiría avanzar en un camino de mayor igualdad, cambio en el patrón de consumo de la sociedad argentina, incorporación de progreso técnico y diseño de un nuevo horizonte productivo”.

En la conferencia, en la que además de Claudio Lozano y Victoria Donda, estuvieron presentes Jorge Ceballos, Humberto Tumini, Daniel Menéndez de Barrios de Pie, Isaac Rudnik del ISEPCi y los nuevos legisladores de Libres del Sur que asumirán en el período ordinario Graciela Cousinet de Mendoza y Federico Masso de Tucumán, no faltaron palabras de repudio para la decisión de Macri de nombrar por decreto dos jueces en la Corte Suprema de la Nación: “Es un grave error, violenta las instituciones y la división de poderes; además lastima la credibilidad del nuevo gobierno y lo asimila con las peores prácticas del que se acaba de ir. Estoy segura de que esta medida nada tiene que ver con las expectativas de quienes eligieron un cambio en nuestro país”.