Alimentos. Establecimientos habilitados por SENASA. Director Técnico. Obligatoriedad

Alimentos. Establecimientos habilitados por SENASA. Director Técnico. Obligatoriedad

VISTO el Expediente N° S05:0073468/2015 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, modificado por su similar N° 825 del 10 de junio de 2010, la Resolución N° 466 del 9 de junio de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y CONSIDERANDO:

Que es incumbencia del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA velar por la inocuidad y seguridad de los alimentos de origen animal y vegetal, tanto sea que se produzcan en el país o que se importen, en resguardo de la salud pública, y por la sanidad de los vegetales, la salud y el bienestar de los animales.

Que de acuerdo a lo señalado por la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO), la responsabilidad primaria por la inocuidad alimentaria y de velar por la salud y el bienestar de los animales así como de la sanidad vegetal y el cuidado ambiental, recae sobre los que cultivan, crían, producen, procesan, transportan y/o almacenan la producción final, siendo su obligación asegurar que los alimentos que producen y/o manipulan son inocuos y satisfacen los requerimientos de la legislación vigente.

Que, por ello, resulta conveniente y necesario establecer la obligatoriedad de contar con un Director Técnico o profesional que ejerza similares funciones para todos aquellos establecimientos que se encuentren bajo la órbita de competencia del Organismo, así como para aquellos productos cuyas características particulares así lo requieran.

Que dada la trascendencia de la actividad de los mencionados profesionales, es de importancia contar con un registro único y centralizado de aquellos que cumplen o aspiren a cumplir funciones de Dirección Técnica o similares, para facilitar y promover el acceso de la sociedad a los datos públicos de profesionales idóneos para ejercer dicha actividad, así como para facilitar la interoperabilidad de los sistemas de información pública.

Que en el marco del Programa de Reordenamiento Normativo aprobado por la Resolución N° 466 del 9 de junio de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, resulta necesario facilitar el acceso a la información por parte de los usuarios, formulando un nuevo texto consolidado comprensivo de toda la reglamentación que rige en la materia.

Que, a tal fin, resulta eficaz agrupar las condiciones requeridas por este Servicio Nacional para el ejercicio de la función de Dirección Técnica o similar, de establecimientos o productos bajo la órbita de competencia de este Servicio Nacional.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomando la intervención que le compete.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente acto, conforme lo establecido en los Artículos 4° y 8° del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 de junio de 2010.

Por ello, LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Obligatoriedad de contar con un Director Técnico. Todos los establecimientos habilitados por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) y aquellas personas físicas o jurídicas que elaboren, distribuyan, comercialicen o almacenen productos respecto de los cuales el SENASA resulte competente, deben contar a partir del 1 de enero de 2017, con un Director Técnico, Asesor Técnico, Responsable Técnico o profesional con otra denominación similar, que se encuentre inscripto en el Registro Único Nacional de Directores Técnicos Agroalimentarios de este Servicio Nacional.

ARTÍCULO 2° — Registro Único Nacional de Directores Técnicos Agroalimentarios. Creación. Se crea el Registro Único Nacional de Directores Técnicos Agroalimentarios, el cual funcionará en la órbita de la Unidad Presidencia del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

ARTÍCULO 3° — Ámbito de aplicación. Deberán inscribirse en el registro creado en el Artículo 2° de la presente resolución, todos los Directores Técnicos, Asesores Técnicos, Responsables Técnicos u otros profesionales con denominaciones similares que desempeñen o aspiren a desempeñar funciones de dirección o asesoría técnico-científica sanitaria, en establecimientos agroalimentarios que se encuentren bajo la órbita de competencia de este Servicio Nacional, o respecto de aquellos productos para los que así lo establezca la normativa específica.

ARTÍCULO 4° — Solicitud de inscripción en el Registro Único Nacional de Directores Técnicos Agroalimentarios. Para solicitar la inscripción en el registro creado en el Artículo 2° de la presente resolución, los profesionales deberán presentar ante el SENASA:

Inciso a) Solicitud de inscripción en el Registro Único Nacional de Directores Técnicos Agroalimentarios.

Inciso b) DNI y CUIT/CUIL.

Inciso c) Título de grado con incumbencias afines a las actividades a desempeñar.

Inciso d) Currículum Vitae.

Inciso e) Certificado de finalización del curso de capacitación dictado por el SENASA correspondiente a las actividades a desempeñar.

ARTÍCULO 5° — Obligaciones generales de los profesionales inscriptos en el Registro Único Nacional de Directores Técnicos Agroalimentarios. Sin perjuicio de las obligaciones que establezca la normativa específica, los profesionales inscriptos en el registro creado en el Artículo 2° de la presente resolución tienen las siguientes obligaciones generales:

Inciso a) Informar en tiempo y forma al SENASA, las altas, modificaciones o bajas de sus funciones como Director Técnico.

Inciso b) Mantener actualizada la información personal y profesional correspondiente.

ARTÍCULO 6° — Responsabilidad del Director Técnico. El Director Técnico o profesional con similar denominación es solidariamente responsable junto con el titular del establecimiento o del producto de que se trate, por el cumplimiento de las previsiones legales referidas a la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de su producción.

ARTÍCULO 7° — Normativa específica. Se encomienda a las Direcciones Nacionales y Direcciones de primera apertura con competencia en la materia, que en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir del dictado de la presente resolución:

Inciso a) Diseñen y pongan en funcionamiento los programas y capacitaciones correspondientes a sus propias incumbencias.

Inciso b) Adecuen la normativa vigente a la presente resolución.

Inciso c) Desarrollen una norma consolidada que establezca para cada área las condiciones específicas de:

Apartado I) Alta, baja, reinscripción y suspensión de los profesionales en el registro creado en el Artículo 1° de la presente resolución.

Apartado II) Perfiles e incumbencias profesionales idóneas para el desempeño de la función.

Apartado III) Responsabilidades y obligaciones específicas atinentes al desempeño de la función.

Apartado IV) Toda otra reglamentación que en particular requiera la actividad de los profesionales comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente resolución.

ARTÍCULO 8° — Incorporación. Se crea el Título IX “Directores Técnicos” en el Libro Tercero, Parte Primera “Inocuidad y Calidad Agroalimentaria” del Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por la Resolución N° 401 del 14 de junio de 2010 y su complementaria N° 445 del 2 de octubre de 2015, y se incorpora al mismo la presente resolución.

ARTÍCULO 9° — Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 10. — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ing. Agr. DIANA MARIA GUILLEN, Presidenta, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

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VISTO el Expediente N° S05:0073468/2015 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, modificado por su similar N° 825 del 10 de junio de 2010, la Resolución N° 466 del 9 de junio de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y CONSIDERANDO:

Que es incumbencia del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA velar por la inocuidad y seguridad de los alimentos de origen animal y vegetal, tanto sea que se produzcan en el país o que se importen, en resguardo de la salud pública, y por la sanidad de los vegetales, la salud y el bienestar de los animales.

Que de acuerdo a lo señalado por la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO), la responsabilidad primaria por la inocuidad alimentaria y de velar por la salud y el bienestar de los animales así como de la sanidad vegetal y el cuidado ambiental, recae sobre los que cultivan, crían, producen, procesan, transportan y/o almacenan la producción final, siendo su obligación asegurar que los alimentos que producen y/o manipulan son inocuos y satisfacen los requerimientos de la legislación vigente.

Que, por ello, resulta conveniente y necesario establecer la obligatoriedad de contar con un Director Técnico o profesional que ejerza similares funciones para todos aquellos establecimientos que se encuentren bajo la órbita de competencia del Organismo, así como para aquellos productos cuyas características particulares así lo requieran.

Que dada la trascendencia de la actividad de los mencionados profesionales, es de importancia contar con un registro único y centralizado de aquellos que cumplen o aspiren a cumplir funciones de Dirección Técnica o similares, para facilitar y promover el acceso de la sociedad a los datos públicos de profesionales idóneos para ejercer dicha actividad, así como para facilitar la interoperabilidad de los sistemas de información pública.

Que en el marco del Programa de Reordenamiento Normativo aprobado por la Resolución N° 466 del 9 de junio de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, resulta necesario facilitar el acceso a la información por parte de los usuarios, formulando un nuevo texto consolidado comprensivo de toda la reglamentación que rige en la materia.

Que, a tal fin, resulta eficaz agrupar las condiciones requeridas por este Servicio Nacional para el ejercicio de la función de Dirección Técnica o similar, de establecimientos o productos bajo la órbita de competencia de este Servicio Nacional.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomando la intervención que le compete.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente acto, conforme lo establecido en los Artículos 4° y 8° del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 de junio de 2010.

Por ello, LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Obligatoriedad de contar con un Director Técnico. Todos los establecimientos habilitados por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) y aquellas personas físicas o jurídicas que elaboren, distribuyan, comercialicen o almacenen productos respecto de los cuales el SENASA resulte competente, deben contar a partir del 1 de enero de 2017, con un Director Técnico, Asesor Técnico, Responsable Técnico o profesional con otra denominación similar, que se encuentre inscripto en el Registro Único Nacional de Directores Técnicos Agroalimentarios de este Servicio Nacional.

ARTÍCULO 2° — Registro Único Nacional de Directores Técnicos Agroalimentarios. Creación. Se crea el Registro Único Nacional de Directores Técnicos Agroalimentarios, el cual funcionará en la órbita de la Unidad Presidencia del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

ARTÍCULO 3° — Ámbito de aplicación. Deberán inscribirse en el registro creado en el Artículo 2° de la presente resolución, todos los Directores Técnicos, Asesores Técnicos, Responsables Técnicos u otros profesionales con denominaciones similares que desempeñen o aspiren a desempeñar funciones de dirección o asesoría técnico-científica sanitaria, en establecimientos agroalimentarios que se encuentren bajo la órbita de competencia de este Servicio Nacional, o respecto de aquellos productos para los que así lo establezca la normativa específica.

ARTÍCULO 4° — Solicitud de inscripción en el Registro Único Nacional de Directores Técnicos Agroalimentarios. Para solicitar la inscripción en el registro creado en el Artículo 2° de la presente resolución, los profesionales deberán presentar ante el SENASA:

Inciso a) Solicitud de inscripción en el Registro Único Nacional de Directores Técnicos Agroalimentarios.

Inciso b) DNI y CUIT/CUIL.

Inciso c) Título de grado con incumbencias afines a las actividades a desempeñar.

Inciso d) Currículum Vitae.

Inciso e) Certificado de finalización del curso de capacitación dictado por el SENASA correspondiente a las actividades a desempeñar.

ARTÍCULO 5° — Obligaciones generales de los profesionales inscriptos en el Registro Único Nacional de Directores Técnicos Agroalimentarios. Sin perjuicio de las obligaciones que establezca la normativa específica, los profesionales inscriptos en el registro creado en el Artículo 2° de la presente resolución tienen las siguientes obligaciones generales:

Inciso a) Informar en tiempo y forma al SENASA, las altas, modificaciones o bajas de sus funciones como Director Técnico.

Inciso b) Mantener actualizada la información personal y profesional correspondiente.

ARTÍCULO 6° — Responsabilidad del Director Técnico. El Director Técnico o profesional con similar denominación es solidariamente responsable junto con el titular del establecimiento o del producto de que se trate, por el cumplimiento de las previsiones legales referidas a la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de su producción.

ARTÍCULO 7° — Normativa específica. Se encomienda a las Direcciones Nacionales y Direcciones de primera apertura con competencia en la materia, que en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir del dictado de la presente resolución:

Inciso a) Diseñen y pongan en funcionamiento los programas y capacitaciones correspondientes a sus propias incumbencias.

Inciso b) Adecuen la normativa vigente a la presente resolución.

Inciso c) Desarrollen una norma consolidada que establezca para cada área las condiciones específicas de:

Apartado I) Alta, baja, reinscripción y suspensión de los profesionales en el registro creado en el Artículo 1° de la presente resolución.

Apartado II) Perfiles e incumbencias profesionales idóneas para el desempeño de la función.

Apartado III) Responsabilidades y obligaciones específicas atinentes al desempeño de la función.

Apartado IV) Toda otra reglamentación que en particular requiera la actividad de los profesionales comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente resolución.

ARTÍCULO 8° — Incorporación. Se crea el Título IX “Directores Técnicos” en el Libro Tercero, Parte Primera “Inocuidad y Calidad Agroalimentaria” del Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por la Resolución N° 401 del 14 de junio de 2010 y su complementaria N° 445 del 2 de octubre de 2015, y se incorpora al mismo la presente resolución.

ARTÍCULO 9° — Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 10. — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ing. Agr. DIANA MARIA GUILLEN, Presidenta, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

Norma Técnica de Alimentos para Animales de la República Argentina. Aprobación.

Norma Técnica de Alimentos para Animales de la República Argentina. Aprobación.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Resolución 594/2015

Bs. As., 26/11/2015

VISTO el Expediente N° S01:0451266/2010 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 18.284, el Decreto Ley N° 7.845 del 8 de octubre de 1964, los Decretos Nros. 4.238 del 19 de julio de 1968, 2.126 del 30 de junio de 1971, 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y 825 del 10 de junio de 2010; las Resoluciones Nros. 76 del 8 de octubre de 1998 y 60 del 25 de enero de 2001, ambas de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN; 447 del 16 de abril de 2004 y 1.389 del 29 de diciembre de 2004, ambas de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS; 38 del 3 de febrero de 2012 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA; 69 del 13 de enero de 1993, 248 del 12 de mayo de 1995, 253 del 12 de mayo de 1995 y 117 del 7 de septiembre de 1995; todas del ex-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL; 354 del 26 de abril de 1999, 238 del 9 de febrero de 2001, 508 del 9 de noviembre de 2001, 525 del 26 de noviembre de 2001, 341 del 24 de julio de 2003, 656 del 22 de septiembre de 2006, 440 del 5 de junio de 2009, 818 del 10 de noviembre de 2011, 206 del 15 de mayo de 2014, 359 del 13 de agosto de 2014; todas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA; las Disposiciones Nros. 1 del 5 de enero de 2007 y 115 del 5 de septiembre de 2008 de la ex-Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria del mentado Servicio Nacional; 30 del 7 de junio de 2012 de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del citado Servicio Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que por las Resoluciones mencionadas en el Visto, se establecieron las condiciones higiénico-sanitarias y los niveles de garantía establecidos en el Marco Regulatorio para los establecimientos y firmas elaboradoras, fraccionadoras, distribuidoras, importadoras o exportadoras de productos destinados a la alimentación animal, como asimismo de los productos que elaboren y/o comercialicen.

Que la experiencia en la ejecución de las acciones de registro, habilitación, verificación y control de la elaboración, fraccionamiento, depósito, distribución, importación y exportación de productos destinados a la alimentación animal, ha permitido el desarrollo de un mayor conocimiento respecto del funcionamiento de las mencionadas actividades, generando la necesidad de introducir cambios y evoluciones en el diseño de los sistemas y programas a los efectos de lograr una mayor eficacia en su aplicación.

Que contemplando los conceptos de cadena alimentaria, es necesario considerar los criterios establecidos en el “Código Alimentario Argentino”.

Que a la luz de los avances en materia de los procesos de elaboración, los sistemas de gestión, los procedimientos de certificación y del dinamismo en la oferta y demanda de productos destinados a la alimentación animal que han generado un incremento en la variedad de ingredientes y materias primas utilizadas para la elaboración de dichos productos, es necesario adecuar los requisitos y exigencias de registro y habilitación para asegurar los controles en las plantas elaboradoras y fraccionadoras de alimentos para animales y en los productos elaborados, fraccionados y distribuidos con destino a la alimentación de animales a fin de asegurar y mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos obtenidos.

Que, asimismo, los elaboradores, fraccionadores, almacenadores, distribuidores, importadores y exportadores de alimentos destinados a la alimentación animal son los principales responsables de garantizar que los insumos que producen no representan un riesgo para la sanidad animal e inocuidad de los alimentos destinados a los animales y por lo tanto deben efectuar las acciones necesarias tendientes a minimizar el riesgo de posible contaminación de los productos que comercializan, por cuanto corresponde establecer claramente tales responsabilidades primarias que en materia de inocuidad corresponden asignarse a cada agente de la cadena agroalimentaria en función de la actividad que desarrolla.

Que los cambios en los sistemas de producción de las diferentes cadenas agroalimentarias han generado una participación creciente de productores pecuarios que elaboran los alimentos con destino a sus propios animales, por lo que corresponde establecer responsabilidades y presupuestos mínimos de cumplimiento sobre la base de buenas prácticas de elaboración, aún sin disponer la obligatoriedad de registro de dichos alimentos.

Que razones de orden sanitario hacen necesario propender a la optimización de los controles sobre las materias primas que integran los alimentos destinados a la alimentación animal en general y en especial los que se administran a los bovinos, caprinos y otras especies rumiantes.

Que se deben establecer condiciones mínimas a ser cumplidas por los establecimientos donde se elaboran, fraccionan, almacenan o depositan productos destinados a la alimentación animal, como así también sobre aquellos que los transportan.

Que atendiendo las prácticas de elaboración de alimentos para animales en forma excepcional, por razones nutricionales específicas y estacionales, en volúmenes limitados y en forma no permanente a pedido de productores que lo destinan a sus animales, corresponde determinar las obligaciones mínimas a ser cumplidas por las partes intervinientes y asignar responsabilidades a cada una.

Que la REPÚBLICA ARGENTINA es un país exportador de agroalimentos, siendo muchos de ellos destinados a la alimentación animal, como así también, es importadora de ingredientes, materias primas o alimentos para animales, se deben establecer las condiciones y los procedimientos de certificación para dichas actividades.

Que a los efectos de asegurar los controles en las plantas elaboradoras y fraccionadoras de alimentos para animales y de los productos elaborados, fraccionados y distribuidos con destino a la alimentación de animales, la Norma Técnica que por este acto se aprueba, contempla el registro de firmas que elaboran, fraccionen, depositen, exporten o importen productos para la alimentación animal; el registro y la habilitación de los establecimientos que desarrollen las actividades de elaboración, fraccionamiento o depósito de tales productos y el registro y autorización de uso y comercialización de productos destinados a la alimentación animal, por lo tanto, se deben fijar las condiciones, requisitos y procedimientos para la obtención de los registros, habilitaciones y autorizaciones por parte de las firmas que lo soliciten.

Que los productos destinados a la alimentación animal pueden contener sustancias indeseables capaces de perjudicar a la salud animal o, por su presencia en los productos de origen animal, a la salud humana, es necesario tomar en consideración los avances que realizados en ámbito de “Codex Alimentarius” y de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION (FAO), así como los datos que se obtengan a nivel nacional para fijar los límites máximos permitidos de contaminantes en productos alimenticios de consumo animal, que permitan asegurar la salud animal y la inocuidad de los alimentos obtenidos a partir de ellos.

Que, además, corresponden establecer las restricciones pertinentes para salvaguardar la salud animal y humana mediante la prohibición del uso de sustancias, de prácticas o de ingredientes o materias primas consideradas de riesgo para la alimentación animal o para su posterior consumo humano.

Que los avances en el conocimiento de la problemática de la resistencia antimicrobiana hace necesario adoptar medidas de prevención tendientes a evitar prácticas que puedan derivar en la selección de cepas bacterianas resistentes a los antimicrobianos y, tomando en cuenta que los productos veterinarios registrados están aprobados para su administración al momento de ser utilizado, siendo el alimento para animales sólo un vehículo para dicha administración, corresponde determinar requerimientos específicos para los alimentos para animales con medicamentos.

Que con el objeto de establecer el conjunto de obligaciones, regulaciones, procesos, procedimientos, registros, condiciones de higiene e inocuidad y niveles de garantía que deben cumplirse e implementarse en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA para todas las firmas y establecimientos que elaboren, fraccionen, depositen, distribuyan, comercialicen, transporten, importen o exporten productos destinados o que puedan destinarse a la alimentación animal y para todos los productos destinados o que puedan destinarse a alimentación animal, a través de una base normativa única y obligatoria para que las firmas y establecimientos desarrollen su actividad cumpliendo en forma uniforme y homogénea las condiciones explicitadas en los considerandos previos, es necesario aprobar una norma técnica que contenga las obligaciones a ser cumplidas y configure el ordenamiento normativo vigente en la materia.

Que la alimentación animal es una parte fundamental en varias cadenas agroalimentarias de origen tanto vegetal como animal, por lo que resulta trasversal a todos los ejes estratégicos y áreas temáticas del SENASA, sanitarias y alimentarias, por lo que resulta procedente crear el Comité Asesor conformado por representantes de todos las cadena con responsabilidades e incumbencias en la materia.

Que la complejidad que ha adquirido la alimentación animal a nivel nacional, regional e internacional, como consecuencia, entre otras razones, de la diversidad de peligros identificados y los potencialmente emergentes, hace necesario una evaluación de riesgo en el ámbito de la Dirección de Higiene e Inocuidad en Productos Vegetal y Piensos dependiente de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del SENASA, a fin de cumplir con la primera etapa del proceso de análisis de riesgo a través de un órgano técnico especializado.

Que como consecuencia de la preexistencia de normas y procedimientos que han establecido las condiciones higiénico-sanitarias y los requisitos a ser cumplidos por los establecimientos y firmas elaboradoras, fraccionadoras, distribuidoras, importadoras o exportadoras de productos destinados a la alimentación animal, como también por los productos que elaboren y/o comercialicen, corresponde fijar plazos de transición para las firmas y establecimientos que se encuentren en actividad a la fecha de la presente norma a fin de adecuarse a las nuevas exigencias que se disponen.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, no encontrando reparos de orden legal que formular.

Que la presente medida se dicta, de conformidad con las facultades conferidas por el Artículo 8°, inciso f) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 de junio de 2010.

Por ello,

LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Norma Técnica de Alimentos para Animales de la REPÚBLICA ARGENTINA. Aprobación. Se aprueba la Norma Técnica de Alimentos para Animales de la REPÚBLICA ARGENTINA, como marco normativo consolidado e integral para toda la temática de alimentos destinados a la alimentación animal, que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2° — Solicitud de Inscripción de Alimentos para Animales. Aprobación: Se aprueba la “Solicitud de Inscripción de Alimentos para Animales” que como Subanexo I, del Anexo I forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 3° — Solicitud de Inscripción de Aditivos, Suplementos Vitamínicos, Minerales, Núcleos Vitamínicos Minerales y Premezclas de Aditivos. Aprobación: Se aprueba la “Solicitud de Inscripción de Aditivos, Suplementos Vitamínicos, Minerales, Núcleos Vitamínicos Minerales y Premezclas de Aditivos” que como Subanexo II, del Anexo I forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 4° — Solicitud de Inscripción de Subproductos de Origen Vegetal Destinados a la Alimentación Animal. Aprobación: Se aprueba la “Solicitud de Inscripción de Productos de Origen Vegetal Destinados a la Alimentación Animal” que como Subanexo III, del Anexo I forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 5° — Directores Técnicos. Aprobación: Se aprueba las “Características de/los Director/es Técnico/s de Alimentación Animal”, que regula la actividad de los Directores Técnicos de Alimentación Animal, que como Anexo II forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 6° — Evaluación de Riesgo. La evaluación de riesgo en materia de alimentos para animales se efectuará en el ámbito de la Dirección de Higiene e Inocuidad en Productos Vegetal y Piensos dependiente de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del SENASA, a fin de:

Inciso a) Identificar los peligros existentes y los emergentes, asociados a las materias primas y productos destinados a la alimentación animal.

Inciso b) Desarrollar los perfiles de riesgo de materias primas y productos destinados a la alimentación animal solicitados por la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del SENASA.

Inciso c) Recomendar medidas de mitigación de riesgos en materias primas y productos destinados a la alimentación animal, en función de los peligros identificados y los riesgos caracterizados.

Inciso d) Elaborar la lista de ingredientes exceptuados del registro de alimentos para animales por considerarse generalmente reconocidos como seguros (GRAS) o por estar aprobados por el organismo oficial competente para uso humano, siempre y cuando no presenten restricciones específicas para su uso y no se comercialicen como tales.

ARTÍCULO 7° — Comité Técnico Asesor ad-honorem. Se crea el Comité Técnico Asesor de Alimentos para Animales, el que funcionará en el ámbito de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del SENASA. Dicho Comité se integrará con representantes de las áreas del SENASA con incumbencias propias relacionadas en la temática de la alimentación animal, representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones científicas, representantes de los agentes públicos y privados que integran las cadenas agroalimentarias relacionadas con los alimentos para animales. Sus decisiones, conclusiones y consejos no tienen carácter vinculante y se brindan al solo efecto del asesoramiento. Todas sus actividades son ad-honorem.

ARTÍCULO 8° — Evaluación.- La Dirección de Higiene e Inocuidad en Productos Vegetal y Piensos realizará en forma periódica una evaluación de todas las actuaciones y actividades relacionadas con la aplicación de la Norma Técnica aprobada en el Artículo 1°, para establecer criterios generales y homogéneos de implementación de la norma. Los criterios que se establezcan serán informados periódicamente a las Direcciones de Centros Regionales para su implementación.

ARTÍCULO 9° — Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Plazos para su implementación. Las Buenas Prácticas de Manufactura, basadas en identificación de peligros y análisis del riesgo, deben implementarse obligatoriamente en los siguientes plazos contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, verificando el SENASA su implementación gradual y progresiva:

Inciso a) Los establecimientos que se habiliten después de entrada en vigencia de la presente resolución, deben demostrar la implementación y cumplimiento del manual de BPM, con registros auditables, en el plazo máximo de DOCE (12) meses posteriores a su habilitación.

Inciso b) Los establecimientos elaboradores o fraccionadores de alimentos para rumiantes y no rumiantes que utilicen proteínas de origen animal prohibidas y que se encuentren habilitados a la fecha de vigencia de la presente resolución, están obligados a la implementación y cumplimiento del manual de BPM en el plazo máximo de DOCE (12) meses posteriores a la entrada en vigencia de la presente resolución.

Inciso c) Los establecimientos elaboradores o fraccionadores de alimentos para animales con uso de productos fármaco-veterinarios que cuentan con habilitación al momento de la entrada en vigencia de la presente resolución, están obligados a la implementación y cumplimiento del manual de BPM en el plazo máximo de DOCE (12) meses posteriores a la entrada en vigencia de la presente resolución.

Inciso d) Los establecimientos elaboradores o fraccionadores de alimentos para rumiantes que no utilizan proteínas de origen animal y que cuentan con habilitación al momento de la entrada en vigencia de la presente resolución, están obligados a la implementación y cumplimiento del manual de BPM en el plazo máximo de DIECIOCHO (18) meses posteriores a la entrada en vigencia de la presente resolución.

Inciso e) Los demás establecimientos elaboradores o fraccionadores, están obligados a la implementación y cumplimiento del manual de BPM en el plazo máximo de VEINTICUATRO (24) meses posteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución.

Inciso f) Los depósitos de alimentos para animales están obligados a la implementación y cumplimiento del manual de BPM en el plazo máximo de VEINTICUATRO (24) meses posteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución.

ARTÍCULO 10. — Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC). El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) debe implementarse en los establecimientos mencionados en el Artículo 5°, en los plazos que sean establecidos por la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en función del riesgo de producción, desde el punto de vista de inocuidad.

ARTÍCULO 11. — Vencimiento de las Inscripciones. Las firmas y establecimientos que a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución cuenten con más de DIEZ (10) años de antigüedad respecto de su inscripción y habilitación en el Registro Nacional de Firmas y Establecimientos de Alimentación Animal, deben renovar dichas inscripciones y habilitaciones en el plazo máximo de UN (1) año a contar desde la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución.

ARTÍCULO 12. — Alimento para animales con medicamento. Plazos de vigencia. Se establecen los plazos de cumplimiento de requerimientos y vigencia de registros:

Inciso a) Registros vigentes de alimentos para animales. Las firmas titulares de registros vigentes de alimentos para animales que contengan antibióticos, antiparasitarios o coccidiostáticos deben presentar debidamente cumplimentado la “Solicitud de Inscripción de Alimentos para Animales” que como Subanexo I del Anexo I forma parte integrante de la presente resolución, en un plazo máximo de UN (1) año a partir de la vigencia de la presente resolución.

Inciso b) Nuevas solicitudes de inscripción de productos. Los productos que soliciten registrarse dentro del año de entrada en vigencia de la presente resolución, deben presentar debidamente cumplimentado el punto 20.5; 20.6 y 20.7 de la “Solicitud de Inscripción de Alimentos para Animales” que como Subanexo I del Anexo I forma parte integrante de la presente resolución, en un plazo máximo de UN (1) año a partir de la vigencia de la presente resolución.

Inciso c) El Registro Nacional de Productos para la Alimentación Animal del SENASA no aceptará solicitudes de registro de alimentos para animales con antibióticos, antiparasitarios o coccidiostáticos a partir del 1 de julio de 2017.

Inciso d) A partir del 2 de enero de 2019 quedan automáticamente dados de baja los registros y certificados de uso y comercialización de alimentos para animales con antibióticos, antiparasitarios o coccidiostáticos, sin perjuicio del cumplimiento de otros plazos que se establezcan por normas que regulen la materia, debiéndose cumplir con el plazo menor.

Inciso e) Las firmas titulares de registro de alimentos para animales con antibióticos, antiparasitarios o coccidiostáticos tendrán un plazo de TREINTA (30) días a partir del día siguiente de la baja del certificado de autorización de comercialización y uso para declarar, mediante nota con carácter de declaración jurada, ante el Registro Nacional de Productos para la Alimentación Animal del SENASA el remanente de productos y envases, indicando los lugares en los cuales se hallen depositados bajo su responsabilidad.

Inciso f) El Registro Nacional de Productos para la Alimentación Animal del SENASA informará a la firma el destino final que debe darse de los remanentes declarados según el Inciso d) del presente artículo en un plazo de TREINTA (30) días de recibida la declaración.

ARTÍCULO 13. — Obligatoriedad de la Dirección Técnica. Las firmas que inscriban productos en el Registro Nacional de Productos para la Alimentación Animal del SENASA, deben contar al menos con UN (1) Director Técnico del Producto. Los establecimientos que desarrollen actividades previstas en la presente resolución, deben contar al menos con UN (1) Director Técnico de Establecimiento.

ARTÍCULO 14. — Facultades. Se faculta a la Dirección de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA a modificar los plazos indicados en la presente resolución, así como a establecer otros plazos no contemplados en la misma.

ARTÍCULO 15. — Guía de Buenas Prácticas por Cadena. Se faculta a la Dirección de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA a establecer Guías de Buenas Prácticas especificas por cadena agroalimentaria para elaboradores integradores y elaboradores de autoconsumo de alimentos para animales.

ARTÍCULO 16. — Sanciones: El incumplimiento a la presente resolución es pasible de las sanciones dispuestas por el Artículo 18 del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sin perjuicio de las medidas preventivas previstas en la Resolución N° 38 del 3 de febrero de 2012 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

ARTÍCULO 17. — Incorporación: La presente resolución se incorpora al Libro III, Parte Primera, Título III, Capítulo II del Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por Resolución N° 800 del 9 de noviembre de 2010 y su complementaria 445 del 2 de octubre de 2014.

ARTÍCULO 18. — Abrogación de normas. Se abrogan las Resoluciones Nros. 354 del 31 de agosto de 1999 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA PESCA Y ALIMENTACIÓN; 1.389 del 29 diciembre de 2004 de la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA PESCA Y ALIMENTOS; 117 del 17 de septiembre de 1995 del ex-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL; 525 del 26 de noviembre de 2001, 341 del 24 de julio de 2003, 656 del 22 de septiembre de 2006 y 440 del 5 de junio de 2009, todas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA; las Disposiciones Nros. 1 del 5 de enero de 2007 y 115 del 5 de septiembre de 2008 de la ex-Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria del mentado Servicio Nacional.

ARTÍCULO 19. — Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 20. — De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ing. Agr. DIANA MARIA GUILLEN, Presidenta, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

NOTA: Esta resolución se publica sin ANEXO, los mismos podrán ser consultados en la página del SENASA.

Consulta Frecuente: ¿En qué casos quedará sin efecto la inactivación de la CUIT?

Fuente: http://www.afip.gob.ar/

ID 18501673
¿En qué casos quedará sin efecto la inactivación transitoria de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.)?

26/06/2014 12:00:00 a.m.

La inactivación transitoria de la Clave Unicade Identificación Tributaria (C.U.I.T.) quedará sin efecto:

  1. a) En caso que esta Administración Federal realice al sujeto una fiscalización y de ella se derive un ajuste de los tributos a su cargo;
  2. b) en el supuesto en que se haya dictado una resolución administrativa, contencioso-administrativa o judicial determinando tributos adeudados, aunque la misma sea objeto de impugnación o de recurso en sede administrativa, contencioso-administrativa o judicial; o
  3. c) cuando el sujeto regularice su situación respecto de las obligaciones del régimen general de las que resulte responsable.

Fuente: Art. 10 RG 3640/14

 

Aprobaron el Presupuesto Porteño 2016 y desde enero el ABL sube 26%

Fuente: http://www.iprofesional.com/

04-12-2015 La votación fue ajustada y el PRO necesitó tres positivos de los radicales para sumar 32; 21 fueron en contra y 7, abstenciones. El ABL subirá hasta 38% en pocos casos y Patentes un 27%. Ingresos Brutos, sin cambios

Impuestos, Viernes 04 de Diciembre de 2015 07:25:00

En una ajustada votación, ayer el Ejecutivo porteño logró la aprobación del Presupuesto 2016 para la Ciudad, en la última sesión del año de la Legislatura.

El proyecto fue convertido en ley con 32 votos a favor, 21 en contra y 7 abstenciones. También fueron aprobados el Código Fiscal y la Ley Tarifaria. Para el año próximo se prevé una inflación del 26%, un dólar a 12 pesos y se anticipa una suba promedio del ABL del 26% y de Patentes del 27 por ciento.

El Frente para la Victoria, el Frente de Izquierda, el MST Nueva Izquierda y Bien Común votaron en contra del proyecto. Y la Coalición Cívica, el Socialismo Auténtico y Confianza Pública se abstuvieron. El macrismo, que necesitaba 31 votos para aprobar la ley, lo logró gracias al apoyo de tres diputados de Suma +. En cambio, para el Código Fiscal y la Ley Tarifaria consiguió 37 votos a favor.

El paquete de leyes económicas aprobado calcula que los gastos en 2016 ascenderán a $112.425 millones y prevé que el Estado porteño recaudará unos $103.406,4 millones, un 26,2% más que en 2015. Esto se explica porque estima un crecimiento del 2% en la economía porteña y porque se calcula una inflación anual del 26%.

Con el ABL, la expectativa es obtener los unos $8.000 millones, que representarán un 7,7% del total de recursos tributarios del fisco porteño. Como desde hace cuatro años, la tasa llegará con un aumento, para ir acercando las valuaciones fiscales al valor real de mercado de las propiedades. Pero el aumento tendrá un tope, para reducir el impacto al bolsillo.

Habrá cinco escalas, con un incremento mayor para las propiedades más caras o para las que tienen un valor fiscal más retrasado. Del total de 1.880.000 partidas, 160.000 seguirán estando exentas del ABL. Y casi el 80% registrará subas del 20 al 30 por ciento.

Con las Patentes, el Ejecutivo espera recaudar $5.900 millones, un 5,7% del total. También habrá aumentos, porque el costo de este impuesto está atado al valor de mercado del vehículo. El fisco percibe un 3,2% de ese valor, dividido en seis cuotas bimestrales. En promedio, entonces, el aumento será del 27 por ciento.

El impuesto con mayor peso en la Ciudad es Ingresos Brutos, que representa el 68,3% del total de la recaudación. En 2016 no sufrirá variaciones. Como es una carga que se impone sobre la facturación de empresas y comercios, sube al ritmo de la inflación. Tampoco habrá cambios en el impuesto de Sellos, que se cobra, por ejemplo, en operaciones inmobiliarias. Calculan que en ese concepto recaudarán $7.490 millones, 7,24% del total.

Se resuelve morigerar la tasa de interés pactada en un mutuo en dólares

Fallo del día: Se resuelve morigerar la tasa de interés pactada en un mutuo en dólares

En una acción por cobro de pesos derivada de un mutuo en dólares, la sentencia redujo la tasa de interés convenida en el contrato. Apelado el decisorio, la Cámara, luego de declarar la inaplicabilidad del Código Civil y Comercial, modificó la tasa fijada por el a quo.

Sumarios

La sentencia que disminuyó la tasa de interés pactada por las partes en un mutuo en dólares, a saber, redujo a un 4% anual los intereses moratorios y compensatorios que habían sido pactados en un 12 y 50% respectivamente, debe modificarse y, en su lugar, fijar esa tasa en un 8%, pues la reducción dispuesta resulta atentatoria del sinalagma contractual, altera el equilibrio que existía en la faz genética y que debe mantenerse durante todo el iter contractual hasta su extinción, sumado a que dispone una cancelación violatoria de los principios que rigen el objeto de pago (arts. 742 y ss, Código Civil; arts. 867 y ss, Código Civil y Comercial).

El hecho de que las partes hayan previsto la eventualidad del incumplimiento de manera expresa fijando una tasa de interés determinada —en el caso, en un mutuo en dólares— no empece a practicar el debido control judicial en torno a si ello  resulta atentatorio de la disposición contenida en el art. 953 del Código Civil, cuyo espíritu recepta el Código Civil y Comercial en los arts. 279, 958 y 960, pues los jueces se encuentran autorizados a morigerar los intereses pactados conforme lo autoriza aquella norma junto con los arts. 21, 656, 1071, 1198 y cc. del Código de Vélez.

Tratándose de una relación o situación jurídica que quedó constituida conforme la ley anterior al Código Civil y Comercial —en el caso, un mutuo en dólares—, este resulta inaplicable, pues, por aplicación de su art. 7, al haber nacido al amparo de aquella legislación, es en definitiva la que se aplica.

 

2ª Instancia.— Buenos Aires, octubre 21 de 2015.

La doctora Verón dijo:

1. Contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 296/299 se alza el accionante y expresa los agravios que lucen a fs. 323/327 vta. que con contestados a fs. 337/340.

Las partes también se manifiestan a fs. 344/5 y fs. 346/348 vta. en virtud del requerimiento efectuado a fs. 343. El accionante cuestiona la reducción de la tasa estipulada por considerar que lo perjudica injustamente, y pone de resalto que su parte ha sido la que asumió el “riesgo del contrato” porque carece de garantía real. Señala que su morigeración –efectuada de oficio– conduce a la interpretación equivocadamente del contrato y favorece al deudor moroso.

Practica un análisis conceptual de los diferentes réditos acordados para distinguir los compensatorios de la cláusula N° 3 de los moratorios de la N° 6, y reclama que no se confundan. 2.1. Con carácter previo a todo análisis, cabe señalar por lo pronto que el Cód. Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26.994, contempla de manera expresa lo tocante a la “temporalidad” de la ley.

Es menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su art. 7° sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Por ello, sin perjuicio de lo apuntado por el apelado a fs. 346/348 vta., lo cierto es que corresponde ponderar que en el caso sub examine se trata de una relación o situación jurídica que ha quedado constituida conforme a la ley anterior, y también –por tanto– las consecuencias que emanan de ella, por lo que al haber nacido al amparo de tal legislación, es en definitiva la que se aplica. 3.1. Estrictamente lo que se discute en el sub examine es la tasa de interés aplicable. En grado de adelanto y por las razones que paso a desarrollar, propiciaré recibir las quejas formuladas con el alcance que paso a precisar.

3.2. En efecto, para arribar a tal solución me detengo en la atenta lectura del documento continente del negocio económico jurídico suscripto por las partes (fs. 28/9), del que se destacan tres de sus cláusulas. El préstamo ascendió a la suma de ciento veinte mil dólares estadounidenses (U$D 120.000) y se fijó un plazo de devolución de un año (N° 1), el que “…deberá cancelarse en dólares estadounidenses.

Para el supuesto de que por cualquier impedimento la mutuaria no pudiere cumplir la obligación contraída en dólares estadounidenses, los respectivos importes serán atendidos entregándose la suma en moneda de curso legal necesaria para adquirir el importe en dólares de aquellas, según cotización de la moneda nacional en el mercado de New York o de Montevideo, a opción del mutuante, tomándose la cotización tipo “vendedor” del día hábil anterior al que corresponda efectuar el pago…” (N° 2).

Se convino también que “El mutuo devengará un interés a favor del Mutuante del 12% anual sobre el capital del mutuo, el cual deberá ser abonado por la mutuaria en plazo vencido y conjuntamente con la cancelación del mutuo” (N° 3), y finalmente se acordó que “La mutuaria incurrirá en mora si: a) dejare de pagar en el plazo y condiciones indicadas en la cláusula primera, el capital y los intereses…. Producida la mora, que se producirá por el mero vencimiento del plazo, el Mutuante podrá a su solo arbitrio y sin necesidad de ninguna interpelación previa, declarar de pleno derecho la caducidad del plazo otorgado para la cancelación del mutuo y exigir el inmediato pago del capital e intereses adeudados, con más un interés moratorio desde la fecha de la mora hasta la del efectivo pago del 12% anual sobre saldos actualizados mensualmente mas un interés punitorio del 50% de dicho interés compensatorio (cláusula N° 6).

En la sentencia en crisis, el juez de grado resolvió respetar los términos del acuerdo (art. 1197 C. Vélez, art. 958 del CCyCom.), pero en atención a las particularidades de la deuda reclamada modificó los réditos y los fijó en el 4% anual entre compensatorios y punitorios, tópico en el que estriban las quejas en análisis. 3.3. Sentado lo expuesto, considero que asiste razón al apelante en que la reducción dispuesta resulta atentatoria del sinalagma contractual, altera el equilibrio que existía en la faz genética y que debe mantenerse durante todo el iter contractual hasta su extinción, así es que lo impone la regla sentada en el art. 1198, 1° párrafo del CC. Lo contario importaría atentar contra la intangibilidad del crédito, precisamente el criterio orientador utilizado para dirimir esta controversia en torno al capital reclamado en respeto del pacta sunt servanda, lo retacearía de manera injustificada al disponer una cancelación violatoria de los principios que rigen el objeto de pago (arts. 742 y ss. CC, arts. 867 y ss. CCyCom.).

Las partes han previsto la eventualidad del incumplimiento de manera expresa (in claris non fit interpretatio).

Acordaron de manera puntual –en apretado texto de solo ocho cláusulas– los réditos comprometidos, lo que desde luego no empece a practicar el debido control judicial en torno a si ello resulta atentatorio de la epicéntrica disposición contenida en el arts. 953del CC (cuyo espíritu recepta el nuevo CCyCom. en los arts. 279, 958, y 960), pues sabido es que los jueces se encuentran autorizados a morigerar los intereses pactados conforme lo autorizan los arts. 21, 656, 953, 1071, 1198 y cc del Cód. de Vélez.

3.4. Al seguir tales lineamientos, las partes establecieron las citadas pautas alternativas para la liquidación de la deuda aplicables en virtud de las dificultades que existen en el momento actual para la compra de divisas, en atención a las distintas variables que presenta nuestra economía, con criterio de prudencia estimo que la tasa que corresponde aplicar al sub examine asciende al 8%, entre compensatorios (lucrativos) y punitorios (o moratorios) (esta Sala in re Guerrero, Ricardo G. c. Melidore, Teresa Pompeya y otros s/ Ejec. Especial Ley 24.441”, Recurso Nº J062565, del 25/02/14, Sumario N° 23.376 Base de Datos de la Sec. Jurisp. CNCivil, entre muchos otros). La justicia de la solución se robustece cuando –tal como resalta el apelante con acierto– el dinero que fuera otorgado en préstamo no contó con un respaldo de naturaleza real sino meramente personal, cargando por tanto el mutuante con los riesgos o alea del negocio.

Considero que de tal manera se logra una adecuada ponderación del valor de las prestaciones y la situación del mercado cambiario – financiero, las tasas vigentes en la actualidad en el mercado, y también responde a los parámetros que (de mínima y de máxima) en el momento actual utilizan los distintos tribunales de este Excmo. Tribunal (cfr. CNCiv., Sala L, “Berberian, Carlos c. Darticorp S.A. s/ Ejec. Hipotecaria”, Rec. Nº L075951, del 16/07/15, Sumario N° 24.966 Base Sec. Jurisp CNCiv.; idem, Sala M, “Yustes, Fabián c. Cardozo, Javier Eduardo y otro s/ Ejecución hipotecaria”, Rec. Nº: M032675, del 16/04/15, Sum. N° 24.693; idem Sala H in re “Bejarano Rito, Pedro c. Casabe, Moises s/ Ejec. Especial Ley 24.441”, Recurso Nº H086016, del 15/09/14, Sum. N° 24.101; idem Sala A, Expte. N° 84.058 in re “Palma, Virginia Clelia y otro c. Medile, Rubén Fabián s/ ejecución hipotecaria”, del 7/10/2014; idem Sala A en autos “Kalejman, Antonio César c. Saiz, Sonia Roxana s/ Ejecución de Convenio”, Rec. Nº A060965, del 31/10/13; idem Sala I in re”Méndez de Pasarín, Elsa y otro c. Ardiles, Sabrina Soledad s/ Ejecución Hipotecaria”, Recurso Nº I075749, del 08/08/12, Sumario N° 22.991, entre muchos otros).

4. Por las consideraciones efectuadas, doy mi voto para: a) Recibir las quejas formuladas con el alcance desarrollado en el considerando 3.4; b) En atención a la manera en la que se resuelve, se imponen las costas de Alzada al demandado perdidoso (art. 68 CPCCN).

Las doctoras Wilde y Mattera adhieren al voto precedente.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal resuelve: a) Recibir las quejas formuladas con el alcance desarrollado en el considerando 3.4; b) En atención a la manera en la que se resuelve, imponer las costas de Alzada al demandado perdidoso (art. 68 CPCCN). Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.— Marta del R. Mattera.— Beatriz A. Verón.— Zulema D. Wilde.