Doctrina del día: Nuevo Código Civil y Comercial unificado: ¿Prescripción tributaria sin límites para los fiscos provinciales? Por: María F. Fernández Sabella y Fernanda Laiun

Nuevo Código Civil y Comercial unificado: ¿Prescripción tributaria sin límites para los fiscos provinciales?

Publicado en: La Ley Online

El primero de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación que ocasionó diversos impactos en lo que hace a la materia tributaria.

Como ya hemos desarrollado en un anterior trabajo, una de las cuestiones que se ven modificadas por este nuevo texto es la vinculada al instituto de la prescripción en lo referido a los impuestos provinciales. Este artículo toma como base las consideraciones efectuadas en aquél trabajo y amplia las cuestiones que impactan en la práctica cotidiana de los profesionales dedicados al asesoramiento impositivo.

Adelantamos nuestra conclusión en el sentido de que para estos años de transición, y a efectos de determinar si una obligación tributaria provincial se ha convertido en una obligación natural, es preciso identificar el momento en el que empieza a correr el período de la prescripción de modo tal de concluir cual es la legislación aplicable.

Introducción y aplicación de las normas de prescripción del viejo Código Civil al ámbito tributario provincial

En nuestro país la potestad tributaria se encuentra repartida entre el estado nacional, las provincias y los municipios. Las provincias han delegado parte de su potestad tributaria al estado nacional y se han reservado para sí mismas las facultades para establecer tributos y determinar hechos imponibles (objeto, sujeto, base imponible, exenciones y alícuotas).

En el tema que nos interesa -el instituto de la prescripción-, existen situaciones en las que las legislaciones provinciales presentan varias particularidades respecto de plazos, formas de cómputo y otras características de la prescripción.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido en distintas causas que las provincias no tienen reservado el derecho a legislar sobre cuestiones de fondo toda vez que esta potestad fue delegada a los legisladores nacionales a través del artículo 75 inciso 12) de la Constitución Nacional.

La prescripción es un instituto general del derecho, por lo que las provincias no pueden legislar más allá de lo establecido en el Código Civil. En este sentido se expidió la Corte en la causa Filcrosa SA c/Municipalidad de Avellaneda donde el Máximo Tribunal declaró que: “las legislaciones provinciales que reglamentaban la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil eran invalidas, pues las provincias carecen de facultades para establecer normas que importen apartarse de la aludida legislación de fondo”.

El texto “del antiguo” Código Civil reza en su artículo 4027 que la obligación de pagar los atrasos de todo lo que deba pagarse por años o períodos más cortos prescribe a los cinco años. En este sentido la Corte (1) ha considerado inválida una legislación provincial que establecía un plazo de prescripción mayor para impuestos locales que la de 5 años prevista en el Código Civil.

En el caso del impuesto sobre los ingresos brutos, existe otro precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2) en donde se estableció que la legislación provincial que establecía el modo de contar la prescripción resultaba inválida toda vez que se alejaba de lo dispuesto en el artículo 3956 del Código Civil que dispone que el plazo de prescripción de las acciones personales comienza a correr desde la fecha del título de la obligación.

No cabe dudas entonces de la posición de la Corte respecto del tema que nos compete respecto de que la legislación provincial en materia de prescripción no puede ir más allá de lo previsto en las normas de fondo si seguimos la redacción del viejo Código Civil.

Modificaciones del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de prescripción

El instituto de la prescripción se encuentra contenido en el título I del libro sexto del Código Civil y Comercial de la Nación. En relación a su ámbito de aplicación su artículo 2532 dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 2532.- Ámbito de aplicación. En ausencia de disposiciones específicas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos.

Este artículo cambia radicalmente la situación respecto del instituto de la prescripción para las legislaciones locales, pues permite que las provincias regulen la misma en relación “al plazo de tributos”. Si bien la redacción del artículo no resulta del todo clara, en nuestra opinión el legislador nacional quiso darle potestad a los fiscos locales para legislar sobre el plazo de la prescripción de tributos, y así lo reafirmó en el artículo 2560:

ARTÍCULO 2560.- Plazo genérico. El plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local.

Por su parte el artículo 2562 reemplaza el viejo artículo 4027 en lo que se refiere al plazo de prescripción para el reclamo de obligaciones que se devengan por años o plazos periódicos más cortos reduciendo el plazo de 5 a 2 años:

ARTÍCULO 2562.- Plazo de prescripción de dos años. Prescriben a los dos años:

  1. c) el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se trate del reintegro de un capital en cuotas;

Entendemos que a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ya no será de aplicación la doctrina de la Corte — ni tampoco lo será el artículo 2562 y su nuevo plazo de prescripción de 2 años – referida a los plazos de prescripción en relación a tributos locales, toda vez que el legislador nacional le dio potestad a las provincias para que establezcan sus propios plazos de prescripción.

Es importante mencionar que continúa siendo aplicable el Código Civil y Comercial de la Nación como norma de fondo en materia de prescripción local en lo que respecta otras cuestiones como por ejemplo el modo de contar los plazos o los actos interruptivos o suspensivos del plazo. Arribamos a esta conclusión ya que el nuevo código sólo hace referencia a la legislación local en relación a plazos, pero no delega la potestad respecto de los otros elementos que hacen al instituto de la prescripción.

Modo de computar los plazos de prescripción

El texto del nuevo Código Civil y Comercial, en lo que respecta al modo de determinar a partir de qué momento se debe comenzar a contar el plazo de prescripción indica lo siguiente:

ARTÍCULO 2554.- Regla general. El transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible.

ARTÍCULO 2556.- Prestaciones periódicas. El transcurso del plazo de prescripción para reclamar la contraprestación por servicios o suministros periódicos comienza a partir de que cada retribución se torna exigible.

En este aspecto particular, entendemos continua siendo de aplicación el antecedente de la Corte en Alicia Ullate respecto de los modos de computar los plazos de prescripción ya que — como ya hemos mencionado — en nuestra opinión el nuevo Código Civil y Comercial le da potestad a la provincia de legislar únicamente en materia de “plazo”.

Supuestos de interrupción y suspensión del plazo de prescripción

El Código Civil y Comercial de la nación prevé como supuestos de suspensión — en lo que puede afectar la materia tributaria – los siguientes:

ARTICULO 2541.- Suspensión por interpelación fehaciente. El curso de la prescripción se suspende, por una sola vez, por la interpelación fehaciente hecha por el titular del derecho contra el deudor o el poseedor. Esta suspensión sólo tiene efecto durante seis meses o el plazo menor que corresponda a la prescripción de la acción.

Remarcamos la inclusión de este artículo en el nuevo ordenamiento así como también la mención a los términos “por una sola vez” así como también a “interpelación fehaciente”. Por otro lado, es importante aclarar que el lapso de la suspensión se limita a seis meses o el plazo menor que corresponda a la prescripción de la acción.

ARTICULO 2542.- Suspensión por pedido de mediación. El curso de la prescripción se suspende desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o desde su celebración, lo que ocurra primero. El plazo de prescripción se reanuda a partir de los veinte días contados desde el momento en que el acta de cierre del procedimiento de mediación se encuentre a disposición de las partes.

Otro caso importante para mencionar es el del artículo 2550 del nuevo Código que viene a reemplazar el viejo artículo 3980 del Código Civil. La aplicación al ámbito tributario de este artículo ha sido validada por el Tribunal Fiscal de la Nación y luego por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en el antecedente “La Lluvia S.A.”.

ARTÍCULO 2550.- Requisitos. El juez puede dispensar de la prescripción ya cumplida al titular de la acción, si dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizan temporalmente el ejercicio de la acción, y el titular hace valer sus derechos dentro de los seis meses siguientes a la cesación de los obstáculos.

En el caso de personas incapaces sin representantes el plazo de seis meses se computa desde la cesación de la incapacidad o la aceptación del cargo por el representante.

Esta disposición es aplicable a las sucesiones que permanecen vacantes sin curador, si el que es designado hace valer los derechos dentro de los seis meses de haber aceptado el cargo.

Una de las principales modificaciones en relación a este artículo radica en que se extiende de 3 meses a 6 meses el plazo que posee el titular del derecho para hacerlos valer.

ARTICULO 2545.- Interrupción por reconocimiento. El curso de la prescripción se interrumpe por el reconocimiento que el deudor o poseedor efectúa del derecho de aquel contra quien prescribe.

ARTICULO 2546.- Interrupción por petición judicial. El curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial que traduce la intención de no abandonarlo, contra el poseedor, su representante en la posesión, o el deudor, aunque sea defectuosa, realizada por persona incapaz, ante tribunal incompetente, o en el plazo de gracia previsto en el ordenamiento procesal aplicable.

Si bien el artículo 2545 que reemplazó el artículo 3989 del Código Civil no contiene la aclaración respecto de cómo debe ser el reconocimiento, entendemos se debe interpretar en el sentido de que el mismo puede ser expreso o tácito por parte del deudor.

Vigencia de las nuevas modificaciones en prescripciones en curso

Conforme lo antes descripto, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación resultan aplicables las disposiciones provinciales en cuanto a los plazos de prescripción aún en el caso de que estas difieran de lo establecido en el Código.

La cuestión a resolver radica en determinar qué sucede con aquellas obligaciones cuya prescripción ya se encuentra en curso. Este tema fue contemplado por la reforma en el siguiente artículo:

ARTÍCULO 2537.- Modificación de los plazos por ley posterior. Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior.

Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior.

Este artículo llevado a la práctica genera que las obligaciones cuya prescripción haya comenzado a correr en forma previa a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial se rigen por las disposiciones locales respecto de prescripción con las limitaciones del “viejo” Código Civil y por lo tanto resultan plenamente aplicables respecto de ella los antecedentes antes mencionados de la Corte.

Respecto de las obligaciones cuyos plazos de prescripción comenzaron correr a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, las mismas se rigen conforme las legislaciones provinciales, sin limitaciones respecto a los plazos de prescripción, atendiendo lo dispuesto en el nuevo código en lo referido a las otras cuestiones que hacen al instituto de la prescripción y con aplicación limitada a estos casos de los antecedentes de la Corte.

Es de mucha utilidad la aclaración prevista en el nuevo Código unificado respecto de las prescripciones en curso, pues esto da seguridad jurídica a los contribuyentes quienes a partir del año 2016 deben comenzar a lidiar con a veces excesivos plazos locales de prescripción.

(1) Casa Cassma — CSJN 24/03/2009. “El instituto de la prescripción liberatoria en el Código Civil se ubica en el marco jurídico obligacional. Por tratarse entonces la cuestión bajo examen de un aspecto sustancial de la relación entre acreedores y deudores, compete al legislador nacional su regulación con exclusión de otra norma provincial que se oponga a su contenido (arts. 31 y 75 inc. 12 CN). Por ello, es correcta la aplicación del artículo 4027, inciso 3) del Código Civil en tanto prevé una prescripción abreviada para todo lo que debe pagarse por años o por plazos periódicos más breves; tal el caso del impuesto a los ingresos brutos que el deudor debe afrontar con sus recursos ordinarios. La abreviación tiene de evitar que la inactividad del acreedor ocasione trastornos económicos al deudor como consecuencia de la acumulación de un nuero crecido de cuotas, fundamento perfectamente aplicable al caso de autos”.

(2) Fisco de la Provincia de Córdoba c/Ullate, Alicia — CSJN 1/11/2011

¿Qué establece el Código Civil y Comercial sobre el derecho de arrepentimiento del pasajero en la venta de turismo por internet?

¿Qué establece el CCC sobre el derecho de arrepentimiento del pasajero en la venta de turismo por internet?

El motivo del presente trabajo es señalar la omisión referida a los servicios turísticos, en el art. 1116 del nuevo Código Civil y Comercial, norma que trata las excepciones al derecho de revocar, y sus implicancias.

En mérito a la verdad, no puede decirse que la cuestión sea realmente novedosa, toda vez que la norma referida reconoce como antecedente el art. 34 de la ley 24.240.

La falta de novedad sin embargo, no garantiza la ausencia de consecuencias negativas en el futuro, en la venta de paquetes turísticos o servicios turísticos aislados en la web que efectúan agencias de viajes y aerolíneas especialmente.

I. El derecho de revocación de la aceptación de la oferta

Nuestro país carece de una normativa específica de comercio electrónico que regule los derechos y obligaciones de las partes, no obstante lo cual el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, bajo el Título III Capítulo 3, se ha ocupado de brindar normas protectorias a los consumidores en el marco de contratos celebrados a distancia, entre los que se encuentran aquellos realizados en el marco del comercio electrónico.

Especialmente uno de tales derechos, el de revocar la aceptación de la oferta, denominado también como derecho de arrepentimiento (1), es el que nos ocupa, dada su implicancia en la contratación turística.

Tanto la norma del art. 34 LDC como la del art. 1110 CCyCom, establecen a favor del consumidor o usuario el derecho de revocar la aceptación de la oferta dentro del plazo de 10 días de efectuada aquella, en todos los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y a distancia. Dicho derecho desde ya, posee el carácter de irrenunciable.

El nuevo Código dispone además, ciertas precisiones respecto al modo en que se debe contar el plazo previsto, de manera se encarga de señalar que si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo deberá comenzar a correr desde la fecha en que ocurrió lo último, y si el pazo venciese en un día inhábil queda prorrogado hasta el siguiente día hábil.

En el ínterin, los riesgos quedan a cargo exclusivo del proveedor, a excepción de aquellos supuestos en los que el consumidor hubiese actuado con culpa (uso indebido, negligencia, etc.). (2)

Del mismo modo, se advierte la total gratuidad para el consumidor, del derecho de arrepentimiento, en virtud de la cual pesan sobre el proveedor la devolución de todos los gastos que demande la devolución de la cosa, así como también los gastos “necesarios y útiles” que el consumidor haya realizado en aquella (conf. art. 1115 CCyCom).

Asimismo, el proveedor está obligado a informar debidamente a los consumidores respecto al derecho de revocación que les asiste “mediante su inclusión en caracteres destacados en todo el documento que presenta al consumidor en la etapa de negociaciones o en el documento que instrumenta el contrato concluido, ubicada como disposición inmediatamente anterior a la firma del consumidor o usuario.”(3) La falta de información debida tiene como efecto la continuación de la vigencia del derecho de revocación, es decir, si el consumidor no hubiese sido informado de la facultad de revocar, como consecuencia directa de dicha falta, el derecho a volver atrás su decisión de aceptar la oferta no se extingue, pudiendo ser éste ejercido en cualquier momento (conf. art. 1111 CCyCom).

En los contratos de venta domiciliaria, el derecho de arrepentimiento tiene como fin principal el de brindar a los consumidores una garantía de protección ante las llamadas ventas agresivas fuera del establecimiento del proveedor, en situaciones en las que la aceptación de la oferta pudo haber sido brindada en condiciones que fueron aprovechadas exclusivamente en beneficio del proveedor.

En cambio, en los contratos a distancia, celebrados por medios telefónicos, epistolares, electrónicos o similares, la facultad revocatoria protege la libertad de contratación del consumidor y responde asimismo a razones de mercado y eficiencia económica, simplificando el mecanismo de restitución de bienes si no son del agrado del adquirente. (4)

No obstante, el nuevo Código refiere tanto a las ventas domiciliarias como a cualquier contrato celebrado a distancia, legislándolos de igual manera. Se ha señalado al respecto la incorrecta tendencia a uniformar el tratamiento de los contratos a domicilio y los celebrados a distancia. En efecto, existe una diferencia fundamental entre los mismos, toda vez que el “factor sorpresa” que tanto incide en los primeros tiene un efecto muy relativo en los segundos, pues en estos últimos el consumidor no es sorprendido por la tratativa sino que por el contrario es él quien toma la iniciativa negocial. (5)

II. Las particularidades de la venta de servicios turísticos

Resulta indiscutible que la contratación electrónica de servicios turísticos ha tenido un incremento notable en los últimos años, las plataformas on line de las agencias de viajes, aerolíneas y hoteles, se perfilan claramente como el principal canal de venta al público en un futuro próximo.

 

Ahora bien, una vez que el usuario contrata un paquete turístico, o un pasaje en avión, lo hace para una fecha determinada y queda sujeto a las penalidades de cancelación que cada prestador disponga. Dichas penalidades no suelen ser arbitrarias, sino que en la mayor parte de los casos obedecen a las condiciones de las tarifas de pasajes aéreos, y a la oportunidad perdida de venta que conlleva la falta de disponibilidad provocada por la concertación de la venta en cuestión. De esta forma se advierte la imposibilidad en estos casos de aceptar la revocación por parte del usuario, al menos “sin gastos” o deducciones.

 

Así las cosas, la “gratuidad” del derecho de arrepentimiento adquiere una relevancia insoslayable en el análisis de la cuestión alrededor de los servicios de turismo. Es claro que tratándose de transporte de pasajeros, alojamiento, excursiones, etc., siempre que los mismos sean adquiridos para fechas concretas (dejamos a salvo aquellas compra de fecha abierta), la decisión de volver atrás en la decisión de compra, conlleva para el usuario el tener que abonar penalidades por cancelación. Sin embargo, éstas últimas en principio no encuentran amparo en la legislación vigente, a tenor de las disposiciones analizadas.

 

En el afán de hallar argumentos que permitan justificar que el proveedor pueda retener un porcentaje de la devolución en caso de revocación sin infringir la norma del art. 1115, resulta relevante la distinción entre gastos por un lado y penalidades por otro. De tal manera podría efectuarse una interpretación literal de la ley en cuanto ésta sólo se refiere a “gastos” y sin embargo nada dice sobre las penalidades, las cuales no estarían prohibidas. Es decir, el proveedor en ese caso deberá asumir los gastos (administrativos, etc.) y el consumidor las “penalidades”. No obstante, entiendo que dicha conclusión es reñida con el principio protectorio que da origen a la norma En efecto, también se ha sostenido que el art. 34 LDC en cambio sí prohíbe las penalidades a cargo del consumidor, al establecer que el derecho de arrepentimiento para el consumidor es “sin responsabilidad alguna” para éste. (6).

 

Volviendo a la cuestión práctica, cuando una agencia vende un paquete para determinada fecha, resulta inviable económicamente la devolución de lo pagado por el usuario sin penalidades. Así por ejemplo, quien contrate a través de la web un paquete turístico o un pasaje de avión 10 días antes de la partida según el art. 1115 podría arrepentirse de la contratación el mismo día del inicio del viaje sin costo alguno, situación que normalmente tiene una altísima penalidad por cancelación respecto del vuelo (en algunos casos del 100%) y cómo mínimo el valor de 1 o 2 noches de estadía en un hotel (7). Dichos costos a tenor de la garantía de gratuidad que brinda la norma ¿deberían ser soportados entonces por la agencia?. A la luz de una interpretación favorable hacia el consumidor, la respuesta debiera ser afirmativa, sin embargo ese riesgo con el que debería cargar la empresa resulta excesivo y tornaría inviable la actividad de venta a través de los canales de comercio electrónico.

 

Es claro que a diferencia de un producto tradicional que podrá ser vendido nuevamente sin mayores consecuencias, no ocurre lo mismo en el caso de servicios turísticos tales como un pasaje aéreo o un paquete turístico. El tiempo que transcurre hasta el momento en que se inicia un viaje no es un factor indiferente para la venta del mismo, si bien no es un producto y como tal no podemos calificarlo como “perecedero”, lo cierto es que al ser estipulado para concretarse en fecha y lugar particulares, por un período determinado de tiempo, se reducen sus posibilidades de venta al tiempo previo a su concreción.

 

En suma, las penalidades por cancelación son imprescindibles a los fines de mantener la viabilidad económica de las empresas de turismo, resulta impensable aceptar por citar un ejemplo, que una aerolínea pueda asumir el riesgo de operar vuelos casi vacíos por garantizar el derecho gratuito a revocar la aceptación de la oferta. Las alternativas en ese caso sólo podrán ser: a) la inviabilidad de ventas a distancia o b) eventualmente una pérdida económica impredecible; y las consecuencias siempre serán negativas para ambas partes -consumidor y empresa-.

 

Ciertamente, la venta a través de internet trae aparejados beneficios para ambas partes (comodidad, celeridad, etc.), imaginar un retroceso del comercio electrónico a esta altura resulta casi absurdo. Por otra parte, sopesar el riesgo de hacer frente a las consecuencias económicas de las cancelaciones gratuitas de los usuarios, implicará al fin y al cabo trasladar el costo al producto o servicio, de manera que se produciría un encarecimiento excesivo, que desde ya afecta a todos por igual.

 

III. Las excepciones del derecho a revocar del nuevo Código no contemplan a los servicios turísticos

 

Conforme lo expuesto anteriormente, entiendo que la particularidad de los servicios turísticos debió haber sido considerada a los efectos de incluir expresamente a aquellos dentro de las excepciones previstas en el art. 1116 del CCyCom.

 

Adelanto que en mi opinión, ninguna de las excepciones previstas en la nueva norma citada permiten encuadrar a los servicios turísticos.

 

En efecto, dispone el art. 1116:

 

“Excepciones al derecho de revocar. Excepto pacto en contrario, el derecho de revocar no es aplicable a los siguientes contratos:

a) los referidos a productos confeccionados conforme a las especificaciones suministradas por el consumidor o claramente personalizados o que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse con rapidez.

b) los de suministro de grabaciones sonoras o de video, de discos y de programas informáticos que han sido decodificados, suministrados por vía electrónica, susceptibles de ser descargados y reproducidos con carácter inmediato para su uso permanente;

c) los de suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas.”

 

Deviene harto evidente que los servicios turísticos no conforman contratos de suministro de grabaciones o ediciones impresas previstos en los incisos b) y c). Tampoco resultan un producto confeccionado a medida o personalizado (lo que impide al proveedor colocarlo nuevamente en el mercado).

 

En cambio podría suscitarse la duda respecto a si los contratos de turismo pertenecen a la categoría de aquellos referidos a productos que por su naturaleza no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse con rapidez. (8)

 

Considero que la respuesta a ello es negativa, en tanto en primer lugar no se trata de “productos” sino servicios, y aun haciendo la salvedad semántica (contraria en este caso al principio de interpretación más favorable al consumidor), concluyo que los servicios turísticos tampoco son por naturaleza imposibles de ser devueltos. Vale aclarar en este punto que nos referimos exclusivamente a los supuestos en los que el arrepentimiento se produce con anterioridad a la ejecución de los servicios, puesto que si aquel pretendiese ejercerse con posterioridad (una vez arribado a destino, luego de utilizar los servicios del hotel, etc.) sí estaríamos entonces frente a una clara imposibilidad de devolución, en tanto no existe manera de que un usuario puede devolverle a la empresa un servicio ya utilizado.

 

Efectuada la aclaración, resta señalar que en el período comprendido desde la aceptación de la oferta hasta el mismo instante anterior al inicio programado de los servicios, éstos pueden ser cancelados por el usuario, es decir, pueden ser devueltos, en cuyo caso deviene una penalidad inexorable por cancelación que tiene como fin contrarrestar la pérdida económica que ello causa a la empresa por tratarse de servicios que están previstos para una fecha puntual.

 

Ahora bien, cuando el nuevo Código refiere a productos “que puedan deteriorarse con rapidez” – y haciendo por nuestra parte abstracción de la referencia exclusiva a productos y no servicios-, podemos concluir que cualquier servicio respecto del cual el proveedor tenga una disponibilidad acotada, y sea contratado para una fecha determinada, no se deteriora en sí, pero en cambio puede llegar a producirse una frustración definitiva de venta porque de no haber sido porque ya estaba destinado al usuario revocante, el mismo servicio podría haber sido vendido a otro comprador. Sin duda esa frustración definitiva de venta produce sobre el servicio el mismo efecto nocivo que “el rápido deterioro” para los productos, que justifica la excepción de estos últimos del derecho de arrepentimiento.

 

De tal manera, existen razones por demás lógicas que debieron haber pesado a la hora de enumerar taxativamente las excepciones al derecho de arrepentimiento en el nuevo Código, permitiendo la excepción (hoy ausente) de los contratos de turismo.

 

Al respecto en el derecho comparado, podemos destacar el caso de España, en cuyo ordenamiento de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, al regular los contratos celebrados a distancia, se deja expresamente sentado que todas las normas previstas para estos contratos, no se aplican a los viajes combinados (paquetes turísticos) y a los contratos de servicios de transporte de pasajeros. (9)

 

A la hora de tratar el derecho de desistimiento (revocación de la aceptación de la oferta), la normativa española vuelve a considerar las particularidades del turismo excluyendo dicho derecho en relación a: el suministro de servicios de alojamiento para fines distintos del de servir de vivienda, transporte de bienes, alquiler de vehículos, comida o servicios relacionados con actividades de esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o período de ejecución específicos.

 

A mayor abundamiento, y en muestras de un claro conocimiento de la realidad del mercado, la misma normativa europea estipula en los casos de viajes combinados (paquetes) la compensación por los daños que la cancelación de la reserva pudiera haber causado a la agencia. En tal sentido la norma prevé el abono por parte del consumidor de los gastos de gestión, los de anulación si los hubiere y una penalización calculada sobre el total del precio. La penalización así establecida legalmente no es sino una cláusula penal, que procede sin más por la cancelación del viaje en los plazos tan próximos a su inicio, incluso aunque no se hayan producido daños para el organizador. No tiene lugar, sin embargo cuando la cancelación es debida a “fuerza mayor”. (10)

IV. Conclusiones

 

La situación planteada nos enfrenta a consecuencias que no pueden dejar de analizarse. Por un lado las normas en cuestión encuentran su origen en la protección de los consumidores y usuarios, de modo que es el principio tuitivo aquel que debe primar a la hora de sacar conclusiones. No obstante, la falta de previsión de cuestiones atípicas, o que no encuadran en el común para el que fue previsto la norma, nos obliga a efectuar otras consideraciones.

 

La aplicación a rajatabla de la interpretación que obligadamente deberá ser más favorable al consumidor, ante el derecho de revocación de la aceptación de la oferta de servicios turísticos, implica un desmedro excesivo y desmedido hacia el proveedor, que no ha sido previsto legalmente por lo específico del caso.

 

Las excepciones dispuestas en el art. 1116 resultan a todas luces insuficientes, sin duda el legislador debió haber exceptuado del derecho de revocación de la aceptación de la oferta en los contratos a distancia, los de transporte de pasajeros y servicios turísticos en general, pues es requisito para la contratación de todos ellos determinación de una fecha concreta.

 

Ante la oportunidad perdida, resta por ver si la interpretación judicial en relación a la gratuidad del derecho de revocar, se inclinará por la preponderancia del principio tuitivo al consumidor y considerará que la misma alcanza a las penalidades por cancelación de servicios turísticos; o si por el contrario, incidirá en la balanza una interpretación tendiente a contrarrestar las nefastas consecuencias de la falta de previsión mencionada, en miras a un equilibrio justo y real de las contraprestaciones.

 

(1) Sostiene Sigal citando a De Lorenzo, que a la luz de este derecho, los contratos celebrados a distancia son tratados en el nuevo Código como contratos sujetos a condición suspensiva. Ello así en virtud de las siguientes razones: a) la distribución de riesgos trata al proveedor como un dueño y al consumidor como un tenedor, lo que permite concluir que no se han producido los efectos propios del contrato; b) resultaría injusto y contrario a la finalidad tuitiva del régimen hacer cargar al consumidor los riesgos que implica la técnica de comercialización adoptada por el proveedor; c) ante la duda sobre si debe tratarse a dichos contratos como sujetos a condición suspensiva o resolutoria, debe estarse a la solución más favorable para el consumidor; y d) esa es la solución adoptada por el art. 1160, CCyCom para las ventas “a satisfacción del comprador”. (SIGAL, Martín en RIVERA, Julio César – MEDINA Graciela -Directores-; Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, T. III pág. 760; Ed. La Ley; Buenos Aires -2014.

 

(2) En concreto se prevé que el proveedor asume: a) el riesgo de que se produzca la imposibilidad de restituir la prestación objeto del contrato, salvo que sea imputable al consumidor (art. 1114); y b) la pérdida de valor de la cosa que provenga de su uso conforme a lo pactado o de su propia naturaleza por parte del consumidor (art. 1115). (RIVERA-MEDINA, ob. cit.)

 

(3) Art. 1111 CCyCom.

 

(4) CALDERÓN, Maximiliano Rafael y Márquez José Fernando, “El arrepentimiento en el derecho del consumo”, LL 2009-C, 742.

 

(5) CHAMATROPULOS, Demetrio Alejandro, “El derecho de arrepentimiento en el nuevo código y en la ley de defensa del consumidor”, RDCO Nro. 272, pág. 591, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires -2015.

 

(6) CHAMATROPULOS (ob. Cit.), pág. 608. Sostiene también este autor que la solución del código, al referirse a “ningún gasto” abarca no sólo los relacionados con la devolución sino cualquier otro no relacionado estrictamente con esa hipótesis. Así el reciente cuerpo normativo puntualmente prohíbe también que el consumidor deba reembolsar alguna suma de dinero derivada de la disminución del valor de la cosa que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado o a su propia naturaleza.

 

(7) En los hoteles la penalidad más típica es la correspondiente al “no show”, se da cuando el huésped que ha contratado los servicios del hotel no ingresa al hotel en la fecha prevista. El hotel en ese caso cobra al usuario el valor de esa noche pues ya le resulta imposible disponer de ella, mientras que en cambio devuelve al huésped el valor equivalente al resto de las noches contratadas. No obstante, ello puede variar de acuerdo a las condiciones de las tarifas pactadas.

 

(8) Conf. art. 1116 inc. a) in fine.

 

(9) art. 93.2 TRLGDCU.

 

(10) PANIZA FULANA, Antonia (Directora), Aparicio Vaquero, Juan Pablo/Batuecas Caletrío, Alfredo; “Paquetes dinámicos: Problemas y soluciones jurídicas desde una perspectiva internacional”; Ed. Dykinson S.L., Madrid-2014.

Convenio Multilateral. Vencimiento para la presentación de la declaración jurada y pago para el período fiscal 2016

Convenio Multilateral. Vencimiento para la presentación de la declaración jurada y pago para el período fiscal 2016

VISTO y CONSIDERANDO:

Que es conveniente mantener fechas de vencimiento uniformes para la presentación y pago de la declaración jurada anual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente al universo de contribuyentes que liquidan el gravamen bajo las normas del Convenio Multilateral.

Que en virtud de la decisión de utilizar el número de CUIT como identificación de los contribuyentes de Convenio Multilateral, se torna necesario que los vencimientos se determinen por el dígito verificador de dicho número de CUIT.

Que en tal sentido, es necesario establecer el calendario de vencimientos para el año 2016.

Que, asimismo, resulta necesario fijar la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración jurada anual correspondiente al período fiscal 2015.

Que en virtud de lo determinado en la Resolución General N° 3/2015, resulta necesario establecer el dígito verificador del número de inscripción que deberán tener en cuenta los contribuyentes que se inscriban con posterioridad al 1 de noviembre de 2015 y que declaren fecha de inicio anterior al año 2015, para determinar las fechas de vencimiento de los anticipos mensuales de los años anteriores a 2015.

Por ello, LA COMISION ARBITRAL (Convenio Multilateral del 18.8.77) Resuelve:

Artículo 1° — Establecer para el período fiscal 2016, las fechas de vencimiento para la presentación de la declaración jurada y pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente resolución, en base al dígito verificador del número de CUIT correspondiente.

Art. 2° — Establecer que el vencimiento para la presentación de la declaración jurada —Formulario CM05— correspondiente al período fiscal 2015 operará el 30 de abril del año 2016, aplicando a partir del cuarto anticipo, el coeficiente unificado y las bases imponibles jurisdiccionales determinadas, según lo establecido en los artículos 83 y 84 del anexo de la Resolución General N° 1/2015.

Art. 3° — Establecer que los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos comprendidos en el Convenio Multilateral, que se inscriban a partir del 1 de noviembre de 2015, deberán considerar para determinar los vencimientos de anticipos anteriores al 2015, el número 1 (uno) como dígito verificador del número de inscripción.

Art. 4° — Comunicar la presente resolución a las jurisdicciones adheridas para que dicten las normas complementarias de lo dispuesto en los artículos anteriores.

Art. 5° — Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación y archívese. — Mario A. Salinardi. — Roberto A. Gil.

ANEXO I

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Contribuyentes del Convenio Multilateral

FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN TERMINACIÓN N° CUIT

(DÍGITO VERIFICADOR)

Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar. Creación.

Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar. Creación.

COMISIÓN BICAMERAL DE LA VERDAD, LA MEMORIA, LA JUSTICIA, LA REPARACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA

Ley 27217

Creación.

Sancionada: Noviembre 25 de 2015

Promulgada: Diciembre 02 de 2015

El Senado y Cámara de Diputados

de la Nación Argentina

reunidos en Congreso, etc.

sancionan con fuerza de

Ley:

CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE LA VERDAD, LA MEMORIA, LA JUSTICIA, LA REPARACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA

ARTÍCULO 1° — Créase en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar para la búsqueda de la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia.

ARTÍCULO 2° — La Comisión Bicameral estará compuesta por cinco (5) diputados y cinco (5) senadores nacionales, designados por el presidente de cada Cámara respetando la representación política de cada una de ellas correspondiendo en cada Cámara tres (3) miembros al bloque que ostente la mayoría o primera minoría, un (1) miembro a la segunda minoría y un (1) miembro a la tercera minoría.

La misma será presidida por un integrante del bloque de la mayoría o en su defecto de la primera minoría de la Cámara de Diputados de la Nación elegido en el seno de la propia comisión. También se elegirá un vicepresidente, respetando la representación política de la comisión.

El quórum de la comisión se conforma con la simple mayoría de la totalidad de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes.

ARTÍCULO 3° — La comisión tendrá por objetivo la elaboración de un informe con una descripción detallada de los aspectos más salientes así como de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la dictadura que gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983 y la identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron y/o se beneficiaron con esa dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza.

La comisión deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, señalar a los cómplices, y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas.

ARTÍCULO 4° — La comisión deberá publicar el informe dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir de su constitución, plazo que podrá ser prorrogado por única vez por otro igual.

ARTÍCULO 5° — A tal fin, la comisión deberá formular dentro de los veinte (20) días siguientes a su constitución un cronograma de trabajo que deberá regirse por los principios de participación, inclusión, transparencia, amplitud probatoria, publicidad y respeto irrestricto de las garantías constitucionales. Dicho cronograma deberá prever:

1. La recepción de información y denuncias.

2. La citación y audiencia a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, académicos, empresarios, empresas y cámaras empresarias, asociaciones sindicales y partidos políticos, y a todas aquellas personas que faciliten el esclarecimiento de los hechos.

3. El requerimiento de informes a empresas, organizaciones no gubernamentales públicas o privadas, a dependencias de los tres poderes del Estado nacional, provincial y municipal y estados extranjeros.

ARTÍCULO 6° — La comisión deberá instar a quienes determine como cómplices económicos y financieros de la última dictadura militar a reconocer voluntariamente su participación, formular disculpas y desagravios a los afectados por sus acciones y a ofrecer mecanismos de reparación de daños causados a intereses o derechos individuales o colectivos, lo que en ningún caso extinguirá las acciones judiciales que por derecho pudieran corresponder.

ARTÍCULO 7° — La comisión podrá requerir a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, de sus organismos dependientes, de entidades autárquicas y de las fuerzas armadas y de seguridad que le brinden informes, datos y documentos. Los funcionarios y organismos están obligados a proveer esos informes, datos y documentos pedidos.

También podrá solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

En ningún caso será oponible a la comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad en cuanto se trate de informes, documentos o antecedentes datados hasta el 10 de diciembre de 1983.

La comisión podrá recurrir a la justicia a fin de remover todo obstáculo arbitrario que se presente a la investigación.

ARTÍCULO 8° — Concluidos los objetivos previstos en el artículo 3° de esta ley, la comisión se disolverá debiendo remitir la totalidad de la información y documentación recopilada, cualquiera fuera el soporte que la contenga, al Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia que crea esta ley.

La comisión antes de su disolución deberá, en caso de que se advirtiera la eventual comisión de delitos, formular las correspondientes denuncias ante la justicia.

ARTÍCULO 9° — Créase en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación Argentina, el Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el que tendrá por finalidad la puesta a disposición gratuita del público en general de los documentos que sirvieran a la comisión creada por esta ley para la elaboración de su informe así como todo otro documento relacionado con los objetivos perseguidos por la última dictadura militar y sus complicidades económicas.

ARTÍCULO 10. — La comisión tendrá un presupuesto anual que se imputará al presupuesto de cada Cámara. En caso de resultar necesario, la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación facilitará a la comisión los medios físicos y recursos humanos necesarios para el desenvolvimiento de sus funciones.

ARTÍCULO 11. — La comisión que por la presente se crea dictará el reglamento para su funcionamiento interno. A los fines administrativos, será de aplicación supletoria lo normado en el reglamento de la Cámara de Diputados.

ARTÍCULO 12. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

— REGISTRADA BAJO EL N° 27217 —

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ. — GERARDO ZAMORA. — Juan H. Estrada. — Lucas Chedrese.