RTR2O8YM_72dpiCumplido un año desde que comentáramos las primeras resoluciones judiciales que suscitara la trascendental reforma operada por la ley N° 10.017 a la N° 9024 en materia de perención de instancia (1), recientes decisorios motivan una nueva revisión al asunto.

Recordemos que la ley N° 10.017 excluyó la aplicación que hasta entonces se efectuaba en estos procesos del CPCC, alterando aspectos fundamentales del instituto de la perención de instancia (art. 339 cc. y ss., CPCC), que —vale aclarar— sólo tendrá aplicación para los procesos que se enmarcan en lo dispuesto por la ley N° 9024.

A juzgar por los debates devenidos en litigios, claramente la aludida reforma legislativa ha comprendidos dos asuntos cuya constitucionalidad ha sido cuestionada, ambos comprendidos en el actual artículo 5° quinquies del referido ordenamiento.

El primer asunto atañe al plazo mismo en que se produce tal caducidad. En este sentido, la ley N° 10.017 duplicó los términos dispuestos por el C.P.C.C. de 1 (un) año en primera o única instancia, y de seis (6) meses en procedimientos incidentales y en segunda o ulterior instancia.

El segundo tópico de controversia se origina por la disposición que impide solicitar la caducidad de instancia en forma previa a la notificación de la demanda, así como de invocar el lapso transcurrido entre aquélla y su interposición a favor de la perención.

En un inicio, la suerte de uno y otro asunto parecía dividida, existiendo una especie de empate judicial entre quienes pregonaban la inconstitucionalidad de esta norma (de neto corte fiscalista) y aquellos que la defendían.

En relación al primero de los puntos referidos, el Juzgado de Ejecuciones Fiscales N° 1, apartándose de lo dictaminado por la Sra. Fiscal Civil, Comercial y Laboral de 2° Nominación, se pronunció por la constitucionalidad de la prolongación del plazo genérico de perención establecido en el Código Procesal Civil y Comercial.

Tal resolución, recaída en “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c. Banco Roela S.A. – Presentación Múltiple Fiscal” del 03/09/2013, debió sortear el principal argumento de la defensa que invocaba lo dispuesto por el art. 178 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, que reza que el Estado puede ser demandado ante los tribunales “sin que en juicio deba gozar de privilegio alguno” (art. 178). No obstante, el magistrado allí sentenciante entendió que tal privilegio no ocurre cuando la excepción al régimen general responde a una causa razonable, que encuentra asidero en el especial interés público que protege la acción de cobro de tributos.

En lo que resulta ahora trascendente comentar, este criterio fue ratificado por la Cámara Civil y Comercial de Apelaciones de Córdoba de 4° Nominación en resolución de fecha 14/05/2014. A fin de fundar tal temperamento, el Tribunal recordó que en el ordenamiento adjetivo provincial existen disposiciones que acuerdan a la Provincia facultades de las que no gozan los ciudadanos, y que —sin embargo— no violentan en modo el plexo constitucional, ya que se trata de proteger los intereses públicos. Tal es el caso, ejemplifica la Cámara, de la prerrogativa que ostenta el estado provincial para solicitar en juicio medidas cautelares sin que le sea requerida contracautela (art. 460, CPCC). Dicho ello, concluye en que la duplicación de plazos de perención, restringida al ámbito de la ley N° 9024, resulta razonable en atención al fin que la misma pretende resguardar. A partir de ello, el Tribunal ha entendido que la distinción que la ley efectúa en relación al término de la perención es más de carácter objetivo dado la finalidad propia de la ley N° 9024, que subjetivo, ya que el mentado privilegio no aplicará cuando el estado provincial sea parte en un juicio por cualquier concepto fuera de los comprendidos en la referida ley. Por tal razón, concluyó en la inexistencia de violación al art. 16 de la Constitución Nacional, al no existir entre los ciudadanos y el fisco un estado de igualdad entre los iguales.

No obstante, poco tiempo antes de esta resolución, la Cámara Civil y Comercial de Apelaciones de 7° Nominación, había resuelto justamente lo contrario, al declarar la inconstitucionalidad del 1° párrafo del art. 5° quinquies de la ley N° 9024 en “Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba c. Appia Motor Argentina S.A. – Ejecutivo Fiscal” del 11/02/2014, por entenderlo violatorio del art. 16 de la Constitución Nacional, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

En lo que cabe destacar, el Tribunal refuerza su criterio al advertir, razonablemente, que la disposición incorporada por la ley N° 10.017 “contraviene las razones que han justificado la creación de un fuero especializado con una normativa específica —ley 9024— entre las cuales se encontraba la celeridad y la prontitud para el recupero de los créditos fiscales”.

Así, por mantenerse actualmente criterios judiciales contrapuestos, restará en este primer asunto aguardar la palabra de nuestro Tribunal Superior de Justicia, en su función de máximo intérprete provincial de las normas.

Más definida hacia la inconstitucionalidad pareciera encontrarse el segundo tópico modificado por la ley N° 10.017, esto es, el relativo a discernir si resulta legítima la previsión que impide invocar para el tiempo de la perención el tiempo transcurrido entre la presentación de la demanda y su notificación, y que impide invocar la perención previo a tal momento procesal.

Uno de los primeros decisorios sobre el punto fue el emitido por el Juzgado de Ejecuciones Fiscales N° 2 en autos “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c. Beltrán Claudia Beatriz – Presentación Múltiple Fiscal” del 03/07/2013, y que tuviéramos oportunidad de comentar tiempo atrás (2).

Recientemente este temperamento ha sido ratificado por la Cámara Civil y Comercial de Apelaciones de 6° Nominación cuando el pasado 04/04/2014 se expidió por la inconstitucionalidad de tal previsión en autos “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c. Establecimiento Five A Agropecuaria y Forestal – Presentación Múltiple Fiscal”(3).

En esta causa, el Juzgado de Ejecuciones Fiscales N° 2 se había expedido de oficio por la inconstitucionalidad del 2° párrafo del referido dispositivo, en lo que fuera impugnado por la Dirección de Rentas por apelación.

Son contundentes, a más de plausibles, las consideraciones expuestas en este decisorio a fin de propiciar la ratificación de la inconstitucionalidad decidida en la instancia anterior: “El tener que esperar que el estado actor notifique la demanda para recién comenzar a computar el plazo de la perención, sin duda refleja una ventaja notoria a favor del fisco otorgándole un plazo de gracia para impulsar el procedimiento, del que no gozan los particulares”, entendiendo por ende que la previsión legal, a la que califica como “irritante” se encuentra en pugna con lo dispuesto por los arts. 178 de la Constitución Provincial y 16 de la Constitución Nacional, “al alongar el tiempo de espera del demandado para plantear la perención de instancia, ya que diferente es la situación si el fisco es demandado por un particular, dado que a este le habrá de perimir inexorablemente la acción en el término de un año de su interposición”.

A modo de cierre, no podemos más que insistir en aquello que dijéramos al sancionarse esta reforma y al emitirse los primeros decisorios que la analizaron en casos concretos. Es claro que la ley N° 10.017 pretendió dar un corte (fiscalista) al debate originado en las innumerables demandas fiscales presentadas y no notificadas a los ciudadanos, que traían como consecuencia caducidades procesales resguardadas en loables precedentes judiciales como el dictado por el Tribunal Superior de Justicia en “Losteau Bidaut” del 16/08/2007.

Si bien es cierto que se trata de los recursos del estado, es decir, de los que son de todos los cordobeses, no menos cierto es que nuestra Corte Suprema ha advertido en numerosas ocasiones que las dificultades e inconvenientes de orden administrativo, financiero o de gestión, por más concretas que sean, no pueden encontrar solución en el quebrantamiento de las garantías constitucionales o de principios liminares de nuestro estado de derecho como el de la seguridad jurídica (CSJN, Fallos, 333:935, “AFIP c. Intercorp” del 15.06.2010).

Entendemos que son tales valores constitucionales los que la nueva jurisprudencia que aquí se comenta, en su mayoría, vienen a resguardar al poner coto a previsiones legislativas que no se avienen no sólo con tales previsiones fundamentales, sino tampoco con la finalidad de celeridad propia del proceso especial de apremio fiscal ni, vale destacarlo, con el sano ejercicio y desarrollo de los litigios.

NOTAS AL PIE:
(1) VILLEGAS, María José y Cagnolo, Vanesa: “La reforma a la perención de instancia en los juicios de ejecución fiscal en Córdoba: Primeros precedentes judiciales sobre su inconstitucionalidad”, Impuestos, 11-2013.

(2) VILLEGAS-CAGNOLO, cit. Impuestos 11,2013.

(3) Ver “Municipalidad de Córdoba c/ Becerra, Amanda Rosa – Presentación múltiple fiscal – Recurso de apelación” – Cámara 4ª Civil y Comercial de Córdoba – 21/08/2014.