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Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala I

Fecha de Sentencia: 2014-08-12

Partes: F. G., R. E. s/ suspensión del proceso a prueba

Hechos:

El Fiscal apeló la decisión por la cual el Juez hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba en favor del imputado. La Cámara confirmó la resolución recurrida.

Sumario:

La oposición del Fiscal al otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba al imputado no es razonable, pues, más allá de referencias genéricas a las características del caso y el supuesto obstáculo a la realización del juicio oral y público respecto de los consortes de causa, el funcionario no explicó de qué manera el acceso al beneficio podría debilitar la acusación oportunamente formulada respecto de aquellos.

Texto sentencia

2ª Instancia.- Buenos Aires, agosto 12 de 2014.

Considerando: I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 11/12 por el Sr. Fiscal, Dr. J. F. D. L., contra la resolución obrante a fs. 8/10 vta. por la cual el Sr. Juez de grado hizo lugar a la solicitud de suspensión del proceso a prueba a favor de F. G., R. E..

En la decisión atacada, el Magistrado entendió que en el caso concreto se encontraron cumplidos los requisitos legales exigidos y enumerados en el cuarto párrafo del art. 76 bis del Código Penal: la posibilidad de la obtención de una condena condicional; que el mínimo de la pena en expectativa no supere los tres años y que el imputado carezca de condenas penales computables que impidan la condena condicional. En razón de ello, sostuvo que el Sr. Fiscal no brindó elementos que permitan quebrantar alguna de las exigencias legales impuestas por la normativa legal.

El recurrente se agravió por cuanto consideró que la negativa plasmada a fojas 5/6 debió haber resultado vinculante, en el sentido de que al Ministerio Público Fiscal le incumbe el rol de promover y ejercer la acción pública por mandato constitucional “‘sin cuyo consentimiento’, cualquiera sea la opinión del juez, no es posible la suspensión del juicio a prueba”.

Recordó que el compromiso de F. G., R. E. con los sucesos debe considerarse relevante, no pudiendo dejar de soslayar que nos encontramos frente a un hecho guiado con el consenso de varias personas, y tal participación sólo podrá ser definitivamente aclarada en trámite de juicio y en el debate oral donde quedarán esclarecidas las posiciones de cada uno de los implicados y el momento procesal oportuno para fijar una pena en expectativa.

En el mismo sentido, se expidió en esta instancia la Sra. Fiscal General Adjunta, E. A. d. S., quien, a través de distintas citas jurisprudenciales, entendió vinculante la oposición fiscal. Por lo demás, consideró improcedente lo decidido por el a quo pues conspira contra la buena marcha del proceso (v. memorial de fojas 23/24).

Por su parte, la defensa oficial de F. G., R. E. mejoró fundamentos e insistió en la aplicación del instituto en cuestión y consideró que la posición del Sr. Agente Fiscal carece no sólo de la debida fundamentación sino que también se basa en una arbitraria aplicación de las pautas establecidas en la norma a estudio (v. fs. 18/20).

II. Sentadas las bases, el análisis de la presente resolución consiste en dilucidar si la oposición del representante del Ministerio Público Fiscal es de carácter vinculante para el Juez en la suspensión del juicio a prueba. Ello conlleva necesariamente a un testeo de la razonabilidad de su dictamen.

Corresponde traer a colación la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Acosta” que tuvo como meta principal ampliar el espectro de los delitos susceptibles de recaer bajo el instituto consagrado por el art. 76 bis del CP. De tal manera, se dejó de lado la “tesis restrictiva” sentada por el Plenario “Kosuta” y se consolidó la “tesis amplia”, según la cual dos son los tipos de delitos contenidos por la norma en cuestión: los que tienen una escala penal cuyo máximo no supera los tres años de prisión y los que admiten que la condena sea dejada en suspenso (conf. art. 26 del CP).

Bajo esta dirección, no hay dudas de que la intención de la Corte Suprema ha sido dejar de lado toda interpretación que sea restrictiva de derechos.

Así las cosas, una evaluación correcta del fallo bajo análisis nos lleva a considerar que todo delito cuya escala penal en abstracto permite la suspensión de la condena tiene posibilidades de verse alcanzado por el marco normativo previsto en el cuatro párrafo del art. 76 bis del CP.

En esta dirección, corresponde recordar que el hecho que se le atribuyó a F. G., R. E. -y por el cual fue procesado-, prevé una consecuencia sancionatoria de un mes a seis años de prisión, que debe ser reducido de un tercio a la mitad ya que quedó en grado de tentativa, por lo que encuadra en la norma a estudio tal como lo ponderó el Magistrado de la anterior instancia.

Desde esta perspectiva, más allá de referencias genéricas a las características del caso, y el supuesto obstáculo que encuentra el apelante a la realización del juicio oral y público respectos de sus consortes de causa no explica acabadamente de qué manera el acceso al beneficio solicitado por parte del imputado podría debilitar la acusación oportunamente formulada respecto de los restantes imputados.

De ahí que en consonancia con una interpretación de la norma que recoja los principios pro homine y de ultima ratio del derecho penal -conforme lo ha hecho la Corte in re: “Acosta”-, consideramos que solicitud cumple con los requisitos legales para la concesión del beneficio.

Por las razones expuestas, el Tribunal resuelve: Confirmar la resolución recurrida en cuanto dispuso Hacer lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba a favor de F. G., R. E. , de conformidad con lo establecido en los artículos 76 bis, ter y quater del Código Penal de la Nación.

Regístrese, notifíquese conforme lo dispuesto por las acordadas 31/11 y 38/13 de la C.S.J.N., hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública (Acordada 15/13 de la C.S.J.N. y 54/13 de esta Cámara), y devuélvase a la anterior instancia. Sirva la presente de muy atenta nota de envío. — Jorge L. Ballestero. — Eduardo R. Freiler. — Eduardo G. Farah.