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Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha de Sentencia: 2014-06-10

Partes: M., O. E. c. Administración Nacional de la Seguridad Social s/ reajustes varios

Una jubilada dedujo demanda para impugnar el acto administrativo que había rechazado su pedido de reajuste del haber previsional, pretensión que el juez de primera instancia rechazó in limine por considerar que, al haber omitido presentar el pedido de pronto despacho del reclamo administrativo, no había quedado configurado el silencio de la administración. El fallo fue apelado con sustento en la existencia de un acto administrativo expreso que no había sido debidamente notificado y en el error del juez al considerar que la demanda se había iniciado por silencio de la administración. La Cámara confirmó la decisión al considerar que el plazo para deducir la acción había caducado. Interpuesto recurso extraordinario que, al ser denegado, dio origen a la queja, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia impugnada.

La sentencia que rechazó la demanda por reajuste de haber previsional porque fue presentada cuando se encontraba vencido el plazo del art. 25 de la ley 19.549, es arbitraria, puesto que la alzada se expidió sobre una excepción inexistente y declaró la inhabilidad de la instancia sin examinar los planteos del la jubilada sobre la invalidez de la notificación de un acto administrativo expreso, por no existir en el expediente constancia alguna de la fecha de la notificación, aspecto que resultaba decisivo para la solución del caso, vulnerando de ese modo el derecho de defensa y la garantía del debido proceso adjetivo.

M. 1216. XLVII.

Buenos Aires, junio 10 de 2014.

Considerando:

1°) Que la actora dedujo una demanda de conocimiento pleno para impugnar el acto administrativo que había rechazado su pedido de reajuste, pretensión que el juez de primera instancia rechazó in limine por considerar qué, al haber omitido presentar el pedido de pronto despacho del reclamo administrativo, no había quedado configurado el silencio de la administración.

2°) Que, apelado el fallo con sustento en la existencia de un acto administrativo expreso que no había sido debidamente notificado y en el error del juez al considerar que la demanda se había iniciado por silencio de la administración, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social lo confirmó.

3°) Que para decidir de ese modo, el a quo consideró que lo resuelto en torno a la “excepción de caducidad de la acción interpuesta por la demandada” se ajustaba a derecho toda vez que la demanda había sido iniciada una vez vencido el plazo legal de 90 días hábiles previsto en el art. 25 de la ley 19.549.

4°) Que contra ese pronunciamiento la actora dedujo el recurso extraordinario que, denegado, dio origen a la presente queja. Aduce que la alzada ha excedido los límites de su jurisdicción y no ha ponderado que en el expediente administrativo no existe una constancia fehaciente de la notificación de la resolución administrativa, de manera tal que no podía contarse ningún plazo a su respecto.

5°) Que no obstante los agravios propuestos suscitan el examen de cuestiones de hecho y de derecho procesal, propias de los jueces de la causa y ajenas -como regla y por su naturaleza- al remedio del art. 14 de la ley 48, ello no resulta óbice para admitir la vía intentada cuando la alzada se ha expedido sobre una excepción inexistente y ha declarado la inhabilidad de la instancia sin examinar los planteos de la actora respecto de la invalidez de la notificación del acto administrativo, que resultaban decisivos para la solución del caso, vulnerando de tal modo el derecho de defensa de la actora y la garantía constitucional del debido proceso adjetivo (Fallos: 324:197).

6°) Que, en efecto, la jurisdicción de la alzada estaba limitada a la revisión del fallo que, con serio error de apreciación, había rechazado una demanda contra un acto administrativo expreso por considerar que no se había configurado el silencio de la administración.

7°) Que aunque pudiera entenderse que la cámara estaba habilitada para expedirse sobre la tempestividad de la demanda por tratarse de otro presupuesto procesal de la acción, lo cierto es que del expediente administrativo …, surge que la comunicación del contenido del acto administrativo a la interesada, fue realizada con arreglo al art. 41, inc. e, del decreto 1759/1972 (fs. 16 de las actuaciones citadas), que regula la notificación por oficio, diligenciado como certificado expreso con aviso de recepción. Toda vez que este último no se encuentra agregado a las actuaciones, no ha quedado constancia alguna en la causa del momento exacto en que la jubilada tomó conocimiento de la resolución.

8°) Que ello es así porque el sello obrante al pie del oficio respectivo, es el que estampa el agente postal habilitado antes de despachar la notificación, de manera tal que la fecha allí inserta no da cuenta del día de la recepción de esa documentación, que sólo queda plasmada en el aviso de retorno, inexistente en autos (conf. art. 41, inc. e, del decreto 1759/1972 citado).

9°) Que, en tales condiciones, la aseveración de la alzada en el sentido de que la demanda fue presentada cuando se encontraba vencido el plazo a qué alude el art. 25 de la ley 19.549, no pasa de ser una aserción dogmática sin apoyo en las circunstancias comprobadas de la causa, por lo que corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada.

Por ello, habiéndose dado vista de la causa a la señora Procuradora General de la Nación, el Tribunal resuelve: Declarar formalmente admisible la queja, procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por medio de quien corresponda, dicte otro pronunciamiento con arreglo a lo expresado. Agréguese la queja al principal, notifíquese y devuélvase. — Ricardo L. Lorenzetti. — Elena I. Highton de Nolasco. — Juan Carlos Maqueda. — Carlos S. Fayt. — Enrique S. Petracchi.