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Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha de Sentencia: 2014-08-06

Partes: D., C. B. E. c. G., E. M. s/ escrituración

Se instituyó una renta vitalicia por contrato privado, en contraprestación a una renuncia de usufructo. Tras la muerte de uno de sus beneficiarios, y ante el cumplimiento parcial de los pagos, la beneficiaria reclamó judicialmente. En primera instancia fue rechazada la pretensión. La Cámara, revocó la sentencia y condenó al demandado a otorgar la escritura correspondiente. Interpuesto recurso de inaplicabilidad de ley, la Suprema Corte de Buenos Aires rechazó el remedio procesal.

La sentencia que interpretó que la renuncia a un usufructo podía interpretarse como la entrega de una cosa en los términos del art. 2070 del Cód. Civil para configurar una renta vitalicia onerosa debe ser confirmada, pues la crítica del recurrente se planteó como una postura distinta a la adoptada por el juzgador cuando debió ser una refutación idónea que deje ver un yerro en la decisión.

La renuncia al usufructo estipulando a cambio una renta periódica vitalicia a favor del renunciante y luego de su fallecimiento, a favor de su cónyuge, no se encuentra alcanzada por la prohibición contenida en los arts. 1218 y 1219 del Cód. Civil, porque no existe mejora patrimonial de uno con respecto al otro y tampoco infringe los principios sobre los que se asienta el régimen patrimonial matrimonial, exhibiendo lo pactado una finalidad tuitiva y asistencial conteste con la solidaridad que en vida se deben los esposos (del voto de la Dra. Kogan al que adhieren los Dres. Pettigiani y de Lázzari).

Dictamen de la Procuración General:

La Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca, resolvió en fs. 221/226, revocar la sentencia de primera instancia y en consecuencia, hizo lugar a la demanda entablada por la actora, C. B. E. D., representada en estos autos por su hijo, F. O., en su carácter de curador definitivo (ver fs. 183 y vta.), contra el Sr. E. M. G.

La alzada condenó en consecuencia al demandado a que en el plazo de quince días de haber quedado firme el resolutorio, otorgue la escritura correspondiente de constitución de renta vitalicia convenida por instrumento privado glosado a fs. 13/14, bajo apercibimiento de suscribirla el juez a su costa.

Para así decidir, la Cámara tuvo por acreditada la renuncia del Sr. B. (cónyuge de la actora) al usufructo vitalicio que había convenido éste con el Sr. G., como contraprestación por la cesión de algunas acciones de la Sociedad en Comandita por acciones “Don Vicente”. Entendió la alzada que dicha renuncia surgía de manera inequívoca de la instrumentación por escritura pública de la transferencia -realizada con su entera conformidad-del capital comanditado y comanditario a favor de los Sres. D. y V. I.

Que además, dicho instrumento público, debía ser interpretado conjuntamente con el convenio privado, celebrado el mismo día entre B. y G. (obrante a fs. 13/14), del cual surgía la renuncia del usufructo que el primero se había reservado oportunamente para posibilitar la transferencia del capital comanditario que titularizaba, nominalmente, el segundo. Que dicha renuncia debía ser interpretada como la contraprestación onerosa de la renta vitalicia que tuviera como beneficiario originario al mismo B. y luego de producido su fallecimiento, a su cónyuge supérstite, C.D., actora en este proceso.

Además, advirtió que tal circunstancia no resultaba controvertida por el demandado, quien no sólo no había negado tal renuncia sino que además, había reconocido que el pago de la renta vitalicia acordada tuvo por causa dicha renuncia (conforme surge de fs. 38). Señaló, en cambio, que el desacuerdo de la parte residiría en los efectos y la calificación jurídica que merecería el convenio privado celebrado. En tal sentido, subrayó la Cámara que el juez a quo había recogido una de las defensas del demandado al decidir que dicha renuncia al usufructo vitalicio no importa la entrega de dinero o de una cosa mueble o inmueble apreciable en dinero, que permitiera considerar al convenio de renta vitalicia con carácter de contrato oneroso.

La alzada se apartó en este sentido del sentenciante de grado, pues argumentó que dicha conclusión sólo podía apoyarse en una lectura “estrictamente literal” del artículo 2070 del Cód. Civil. Entendió en cambio, junto con doctrina de autor que cita, que el sentido jurídico que cabe dar a la expresión “cosa apreciable en dinero” debe ser amplio y comprender por tanto, al derecho de usufructo, como derecho real sobre las acciones al que se renunció. Con ello, tuvo por cumplida la contraprestación económica suficiente para calificar a la convenida renta vitalicia como un contrato oneroso, en los términos del citado artículo del Cód. Civil.

Por su parte, la previsión de la Sra. D. como beneficiaria subsidiaria de la renta, fue calificada por la Cámara como una estipulación a favor de terceros, en los términos del artículo 504 del C.C., en donde las partes siguen siendo el constituyente de la renta y su deudor. Por ello, entendió que en nada modificaba el carácter oneroso del contrato, la referida circunstancia de contemplarse una liberalidad a favor de la cónyuge supérstite, prescindiendo de la aplicación de las formalidades de los títulos gratuitos, conforme lo prescripto en el artículo 2072 del C.C. que la alzada cita.

Por último, añadió que la actora – además de gozar de legitimación como heredera del Sr. B. (art. 3410 del C.C.)- gozaba de dicha condición por derecho propio. Esto así, por cuanto la liberalidad contenida a favor de la demandada, en cuanto operaba luego del fallecimiento de su marido, no violaba la prohibición receptada en el artículo 1807 inc. 1° del CC. En cambio, arguyó que al amparo de las previsiones contenidas en los artículos 1232 a 1235 de dicho cuerpo normativo, considerando además la analogía de la estipulación en análisis con la figura del seguro de vida (en donde nada impide que se estipule el beneficio a favor del cónyuge supérstite), cabía sostener que -sin violar el régimen patrimonial del matrimonio-dicha cláusula tiende a satisfacer inestimables finalidades de solidaridad y asistencia mutua que son inherentes a la institución matrimonial. Por todo ello, correspondía reafirmar la legitimación de la actora para incoar estas actuaciones.

Contra dicha resolución se alza el demandado, con patrocinio letrado, e interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 229/240). Funda su recurso en la violación y errónea aplicación de los artículos 15, 16, 1160, 1218, 1219, 1230, 1235, 1807, 1820, 2070, 2071, 2073, 2079, 3607, 3622, 3639, 3654, 3666 y cctes. del Cód. Civil.

Expone sus agravios en torno de dos ejes. En primer término, objeta la onerosidad del contrato privado celebrado con B., lo que a su entender, violaría los artículos 15, 16, 2070 y 2071 del C.C. Luego, sostiene la falta de legitimación de la actora para solicitar la elevación a escritura pública del convenio privado objeto de autos, sosteniendo su incapacidad para ser beneficiaria del mismo. Entiende que en este punto, el resolutorio viola los artículos 1160, 1218, 1219, 1230, 1235, 1790 y 1807 del C.C.

Centra su primer agravio en la crítica de la interpretación que realiza la alzada de la norma contenida en el artículo 2070 del C.C. Puntualmente, destaca el carácter real del contrato y reivindica para ello una interpretación meramente literal de la norma. Objeta en consecuencia, la interpretación más compleja que realiza el órgano colegiado al despegarse del sentido literal para captar el sentido más acorde con las previsiones del derecho como una integralidad sistemática.

Contrasta luego, las citas doctrinales en que se apoya la Cámara con algunas otras que privilegian el sentido literal de la interpretación que él propugna. Por último, agrega que aún aceptando una interpretación flexible de la norma en análisis, que permitiera extender la noción de “cosa” a cualquier entrega de capital, incluso a derechos reales desmembrados como el usufructo de autos, entiende que en autos no hubo tal entrega. Insiste en la tesis de que la renuncia del usufructo que el Sr. B. detentaba sobre las acciones que el propio G. titularizaba, si bien lo benefició (dato que admite) no puede configurar la “entrega” a su parte sino una renuncia con efectos positivos sobre su patrimonio.

Este argumento, central en su intento revisor, no puede prosperar. Cabe recordar que si bien es cierto que la interpretación debe comenzar por desentrañar el sentido de las palabras de la ley, nunca puede agotarse con ello, debiendo el intérprete realizar una tarea compleja que consiste en “ir y venir” de las palabras hacia los hechos, para poder captar la “mejor interpretación posible” para dicha norma, leída siempre en el contexto normativo y fáctico en el que habrá de aplicarse.

El formalismo apegado a la pura literalidad de los textos es justamente objetable por esta razón, pues puede arrojar conclusiones falaces, que si bien aparentemente se muestren verdaderas, no bien uno repara profundamente en ellas, advierte el error que encierran. En este caso, la falacia estaría en ceñir la interpretación al sentido literal de la expresión “entrega de una cosa”, requerida como contraprestación de la constitución de una renta vitalicia con carácter oneroso, a la tradición material de algún bien mueble o inmueble. Desprendiendo de ello, entonces, que la renuncia a uno de los atributos del derecho de dominio sobre las acciones sociales (en el caso: el usufructo que detentaba el Sr. B. sobre algunas de las acciones que luego serían transmitidas -en dominio pleno- a los Sres. I.) sin la cual, a su vez, no hubiera podido perfeccionarse la transmisión de titularidad, no ingresaría en dicha categoría conceptual (léase: transmisión de cosa).

Cabe insistir, en el mismo sentido en que lo interpretara la alzada, que el texto del artículo habla de la entrega de una suma de dinero o de una cosa apreciable en dinero. Precisión esta última que coincide con la definición de “cosa” dada por el mismo Código, en el artículo 2311, como todo objeto material susceptible de tener un valor. A lo que el codificador agregó, en la nota a dicho artículo: “La palabra ‘cosas’, en la flexibilidad indefinida de sus acepciones, comprende en verdad todo lo que existe, no sólo los objetos que pueden ser la propiedad del hombre, sino todo lo que en la naturaleza escapa a esta apropiación exclusiva: el mar, el aire, el sol, etc. Más como objeto de los derechos privados, debemos limitar la extensión de esta palabra a lo que puede tener un valor entre los bienes de los particulares. Así, todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes, La ‘cosa’ es el género, el ‘bien’ es una especie.”

A lo que cabe añadir, la nota al artículo 2070, que el propio recurrente cita, de la que surge que la entrega comprende también en un sentido amplio, el dar cualquier capital, y es claro que en esta categoría entran las acciones sociales aún cuando sobre ellas se tuviera un dominio desmembrado.

Por lo demás, resulta objetable el intento del recurrente de escudarse en un formalismo que le resulta funcional, cuando él mismo reconoce la renuncia de B., y también haberse beneficiado con ella, sólo negando las consecuencias jurídicas a las que se obligó como respuesta a dicha prestación del causante. Rozando las intenciones de convalidar un enriquecimiento sin causa, los argumentos del quejoso resultan insostenibles ante esta instancia.

Luego, en el mismo intento por desconocer la obligación libremente contraída, el quejoso cuestiona -con carácter eventual-la legitimación reconocida a la actora por la alzada. Insiste en calificar dicha estipulación a favor de la Sra. D. como una donación entre cónyuges, objetando su validez y también la incapacidad de ésta para actuar en nombre propio.

Cuestiona las razones en las que la alzada fundó su postura, pero se apoya en errores de juicio al sostener que la capacidad de la actora para ser designada beneficiaria debe evaluarse al momento de la celebración del contrato y no en un momento posterior. Sin embargo, como lo hubo destacado la Cámara, la estipulación estaba sujeta a la condición de que la Sra. D. superviviera a su esposo, el Sr. B.. Es por esto que la obligación se perfecciona en este momento y es ésta la instancia en que se debe evaluar la aptitud de la actora para ser beneficiaria de dicha estipulación.

En ese orden de ideas, ponderando que las críticas esgrimidas por el quejoso no logran, en suma, conmover las sólidas bases en que se sustenta la decisión puesta en crisis, deviniendo por ende insuficiente, es que aconsejo a V.E. el rechazo del recurso en vista, con la correspondiente imposición de costas (art. 289 del Cód. Proc. Civ. y Comercial). Tal es mi dictamen. La Plata, 6 de noviembre de 2012. — Carlos A. Altuve.

La Plata, agosto 6 de 2014.

Antecedentes

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Bahía Blanca revocó la sentencia dictada en primera instancia y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda promovida condenando al accionado a que, en el término de quince días de quedar firme el decisorio, otorgue la correspondiente escritura de constitución de renta vitalicia convenida en el instrumento glosado a fs. 13/14 de los actuados, bajo apercibimiento de otorgarla el juez a su costa. Impuso las costas al vencido (v. fs. 221/226).

Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 229/240 vta.).

Oída la Procuración General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente cuestión

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

A la cuestión planteada, la doctora Kogan dijo:

1. Liminarmente encuentro conveniente efectuar una breve reseña de la situación fáctica planteada en la especie.

En diciembre de 1973 el señor S. M. B. constituyó una sociedad en comandita por acciones -“Don Vicente S.C.A.”- con su cónyuge N. M. Con posterioridad al deceso de la mencionada, su hijo E. G. -aquí accionado- recibió las acciones que le correspondieran en calidad de heredero y luego, el señor B. le vendió y cedió gratuitamente una parte de sus acciones, reservándose el usufructo vitalicio de las mismas.

En 1990 el señor B. transfirió a E. G. el 25% del capital comanditado; en 1993 se produjo un aumento de capital social, quedando en manos de ambos socios el capital comanditado y el comanditario, íntegramente en propiedad de G. El señor B. contrajo nupcias con la señora C. B. D., aquí reclamante.

Tras haber decidido transferir la sociedad a los señores D. y V. I., los socios B. y G. arribaron a un acuerdo privado mediante el cual el primero renunció al usufructo que se había reservado sobre las acciones transferidas, constituyendo a cambio de ello una renta vitalicia a su favor y a su fallecimiento, a favor de su esposa, C. B. D. La falta de instrumentación de dicho convenio -que luce a fs. 13/14- motivó la presente demanda (v. fs. 4/7 vta.).

La incoante denunció que el señor B. falleció el 21 de abril de 2000, que el señor G. comenzó a cumplir con la renta pactada mas de manera incompleta y que por resultar infructuosos los intentos de cobro, recurrió a la vía judicial a fin de lograr la escrituración del contrato de renta vitalicia y luego su ejecución.

Al evacuar el traslado que le fuera corrido, el incoado reconoció el documento base de la acción, mas negó que se tratara de un contrato de renta vitalicia en la medida en que -aseguró- carecía del requisito esencial de entrega de un capital, bien mueble o inmueble apreciable en dinero. Reconoció haberse comprometido a abonar al señor B. la suma de tres mil pesos mensuales como contraprestación por la renuncia del usufructo sobre las acciones transferidas a los señores I., mas afirmó que tras su fallecimiento se extinguió dicha prestación, comenzando la de abonar el importe de dos mil pesos -no aclaró el demandado la periodicidad de su efectivización-. Sostuvo que el convenio en realidad instrumentaba una donación de prestaciones periódicas y vitalicias que debió instrumentarse en escritura pública, deviniendo nulo por defecto de forma (v. fs. 37/43).

2. Tras sustanciarse la causa, el magistrado de primera instancia resolvió rechazar la pretensión deducida (v. fs. 191/192 vta.).

3. Apelado el decisorio por la actora, la Cámara lo revocó. Consecuentemente hizo lugar a la demanda promovida, condenando al accionado a otorgar escritura de constitución de renta vitalicia, bajo apercibimiento de efectuarla el juez a su costa (v. fs. 221/226).

Sostuvo la alzada que la renuncia al usufructo efectuado por el señor B. resulta acreditada -aún cuando en la escritura de cesión de acciones a los señores I. no se hubiera consignado expresamente- por el propio hecho de haber transferido el capital social lisa y llanamente, sin invocar desmembramiento alguno.

El referido instrumento -aclaró el tribunal- debió ponderarse conjuntamente con el convenio base de la acción (v. fs. 13/14), el cual fue suscripto por los señores B. y G. el mismo día de la cesión, surgiendo del mismo que la renta fue fijada como contraprestación por la renuncia al usufructo que sobre cierto porcentaje de acciones ejercía el señor B.

Consignó el tribunal que la doctrina dominante se inclina por interpretar ampliamente el art. 2070 del Cód. Civil, en el sentido de que comprenda no sólo las cosas sino además los bienes, en particular el dominio desmembrado, que precisamente es el caso de autos.

Postuló que aún cuando se considerara que el contrato bajo examen no resulta constitutivo de una renta vitalicia, debe admitirse al mismo como innominado (conf. arts. 16 y 1197, C.C.), y destacó que ateniéndose a la renuncia que instrumenta, no cabe sino concluir que se trató de un negocio oneroso en el cual el demandado se comprometió a abonar una suma periódica vitalicia a favor, primero del señor B. y luego, de la señora D. -actora-.

Aclaró asimismo el sentenciante que el beneficio acordado a la reclamante implicó una estipulación a favor de tercero (art. 504, C.C.), y que aún cuando se tratare de una liberalidad entre el estipulante -señor B.- y la beneficiaria -señora D.-, el contrato base del litigio no dejaba de resultar oneroso entre el constituyente de la renta y el deudor aquí demandado. Por ello -puntualizó- el mismo no se encuentra sujeto a las formalidades de las donaciones, aunque esté sometido a las acciones de reducción y colación (art. 2072, C.C.).

Luego consignó que siendo onerosa la renta pactada, la formalidad estipulada en el art. 1184 inc. 5 del Cód. Civil, debe entenderse meramente ad probationem.

Habiendo analizado la Cámara la liberalidad estipulada a favor de la actora a la luz de la prohibición que surge del art. 1807 inc. 1, y de las previsiones contenidas en el art. 2079 del Cód. Civil, postuló que el accionado no puede rehusar pagar la renta convenida, debiendo -en todo caso-efectivizarla a los herederos del constituyente, pues lo contrario implicaría un enriquecimiento incausado.

Concluyó que la actora aún cuando pudiera ser considerada incapaz -de derecho-para percibir la renta en calidad de beneficiaria, puede reclamarla en su carácter indiscutido de heredera (art. 3410, C.C.).

Por lo demás, la alzada le reconoció legitimación a la accionante por entender factible que los cónyuges se efectúen donaciones luego del fallecimiento de uno de ellos fuera de las convenciones prenupciales, quedando las mismas sujetas a una eventual declaración de inoficiosidad (arts. 1830 a 1832, 1232, C.C.). Afirmó que atendiendo a la sustancial analogía de la renta vitalicia con la figura del seguro de vida -donde nada impide estipular como beneficiario al cónyuge supérstite- lo pactado en la especie no violenta el régimen patrimonial del matrimonio sino que -por el contrario- atiende a satisfacer finalidades de solidaridad mutua y asistencia, no cabiendo negarle legitimación a la incoante.

Finalmente consideró que no correspondía pronunciarse respecto del pedimento del demandado en cuanto a la periodicidad de la renta y al modo de convertir la suma convenida en moneda extranjera.

5. Contra dicho pronunciamiento se alza el accionado mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 229/240, en el que denuncia la violación de los arts. 2070, 2071 y cc., 2079 del Cód. Civil.

Esencialmente afirma el impugnante que -por definición legal- el contrato oneroso de renta vitalicia requiere la entrega al deudor de una suma de dinero o cosa mueble o inmueble (art. 2070, C.C.), supuesto que -asevera- no fue ponderado debidamente por la alzada y, con ello, infringió lo previsto en el Cód. Civil.

Asimismo consigna que aún cuando se admitiera una interpretación amplia del citado artículo, tampoco quedaría incluido el caso de autos (sic) pues -asevera- el señor B. no entregó absolutamente nada al accionado, ni asumió a su favor una prestación de contenido patrimonial, no pudiendo equipararse a ella la renuncia al usufructo que sobre las acciones se había reservado el mencionado.

Seguidamente expresa el recurrente “…el hecho que yo me haya beneficiado indirectamente por la renuncia de B. al usufructo sobre las acciones, podrá dar lugar a otro tipo de contrato, pero nunca a un contrato oneroso de renta vitalicia, por no constituir dicha ‘renuncia’ la transmisión de derecho alguno a mi favor” (v. fs. 237).

Frente a la ausencia de la datio -asevera el quejoso-no es factible recurrir ni supletoriamente a las normas que rigen el contrato oneroso de renta vitalicia, careciendo por ende la actora de legitimación para reclamar la escrituración del convenio privado que luce a fs. 13/14.

Luego sostiene que la señora D., a la luz de la prohibición contenida en el art. 1807 inc. 1 del Código fondal, no pudo ser instituida beneficiaria de la renta, por constituir ello una donación encubierta entre esposos. En dicho marco cuestiona la aplicación efectuada por la alzada del art. 2079 del citado cuerpo legal y destaca que dicha restricción alcanza también a las donaciones después de la muerte, en tanto el ordenamiento no distingue entre unas y otras y advierte que, en este caso la donación podría haber valido como testamento de haberse seguido alguna de las formalidades previstas para dichas disposiciones, mas ello no aconteció en los obrados.

Finalmente también cuestiona la capacidad reconocida a la actora en su condición de heredera, por entender que la misma debió ser analizada por el tribunal al momento de celebración del contrato y no a una fecha posterior -fallecimiento del señor B.-.

6. El recurso no ha de prosperar.

En primer término encuentro que la Cámara sustentó su desarrollo argumental en la probada onerosidad del convenio privado base de la acción (v. fs. 13/14) por entender que la renuncia al usufructo que se reservó el señor B. reportó al señor G. un beneficio patrimonial indiscutible, ello a partir de integrar el contenido de dicho contrato con el de la escritura de cesión de paquete accionario efectuado por el demandado -en el mismo día-a favor de los señores I. (v. fs. 223/224).

Dicho aspecto del resolutorio no fue objeto de crítica eficaz por parte del recurrente, quien se limita a exponer su personal visión de la situación fáctica descripta en el decisorio.

Es más: el propio G. al introducir su pretensión revisora, reconoció haberse beneficiado indirectamente en virtud de la citada renuncia (v. fs. 237), no siendo ahora factible desconocer que ello implicó una prestación de contenido patrimonial -máxime cuando fue la declinación del usufructo que titularizaba el señor B. lo que le permitió disponer del paquete accionario sin fragmentación o desmembramiento alguno-.

Ello es así en cuanto nadie puede ponerse en contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (conf. doc. C. 100.371, sent. del 10/06/2009), siendo la aplicación de la doctrina de los propios actos una derivación necesaria e inmediata del principio general de buena fe (conf. doc. Ac. 83.114, sent. del 13/04/2005).

Luego, luce inatendible la crítica que expone el mencionado en orden a la falta de conformación del capital que impone el art. 2071 del Cód. Civil, en tanto la aplicación estricta del mencionado precepto en los términos en que pretende, resultaría en la infracción de otras normas y principios que rigen la cuestión debatida en la especie (arts. 953, 1195, 1197, 1198, C.C.) y esta Corte se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que en la interpretación de la ley -aún cuando deba partirse de la propia norma-debe adoptarse como pauta hermenéutica la sistemática, confrontando el precepto a interpretar con el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico. No debe olvidarse la presunción de coherencia que reina en el sistema de normas. La interpretación debe efectuarse de tal manera que las normas armonicen entre sí y no de modo que se produzcan choques, exclusiones o pugnas entre ellas (conf. doc. C. 100.180, sent. del 02/03/2011, entre muchos).

En lo que respecta a la queja que eleva el demandado en orden a la incapacidad -de derecho- que afecta a la señora D. para exigir el cumplimiento de la escrituración, es pertinente señalar que la renuncia de usufructo efectuada por el señor B. debe ser objeto de interpretación restrictiva (art. 874, C.C.) y en caso de generarse dudas respecto del alcance de la declinación, debe interpretarse a favor del renunciante y, en este caso, de su cónyuge, beneficiaria post mortem de la renta vitalicia pactada (conf. art. 2072, C.C.).

Así lo entendió el tribunal de grado en tanto reconoció a la incoante capacidad para reclamar la instrumentación del beneficio pactado (v. fs. 224 vta./225), no habiendo logrado el recurrente en esta parcela de la impugnación, rebatir los argumentos del sentenciante, incumpliendo de este modo la carga técnica de evidenciar el error en la aplicación de la ley o en las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento, cuyas conclusiones definitorias y argumentos deben ser objeto de una crítica concreta, directa y eficaz (doct. art. 279, Cód. Proc. Civ. y Comercial).

En efecto, la Cámara postuló -conteste con calificada doctrina-que por no haberse establecido una derogación expresa del art. 1217, inc. 3° del Cód. Civil, ni advertirse en dicho dispositivo una incompatibilidad sistemática con la desaparición del inc. 4° del mencionado precepto, no se aprecia en la estipulación pactada a favor de la señora D. una violación al régimen patrimonial del matrimonio, ni tampoco al hereditario, al estar preservada con la previsión contenida en los arts. 1830 a 1832 del citado cuerpo legal, la legítima de los eventuales herederos (v. fs. 225).

En relación al punto, el impugnante propone una personal interpretación de la cuestión, sin lograr demostrar la infracción normativa que denuncia.

Me permito consignar en torno a lo debatido que la prohibición contenida en los arts. 1218 y 1219 del Cód. Civil encuentra fundamento en la idea general -no explicitada en norma alguna-de que después de la celebración del matrimonio los cónyuges no pueden celebrar contratos que impliquen un enriquecimiento del uno a expensas del otro, y de ello se desprende inequívocamente que en la especie, la renuncia al usufructo que se reservara el señor B. -el cual, conforme se apuntó precedentemente, benefició al señor G.- estipulando a cambio una renta periódica vitalicia a favor del renunciante y luego de su fallecimiento, a favor de su cónyuge aquí demandante, no se encuentra alcanzada por la citada prohibición -y así lo consignó la alzada- porque no existe mejora patrimonial de uno de los citados cónyuges con respecto al otro y tampoco infringe los principios sobre los que se asienta el régimen patrimonial matrimonial, exhibiendo lo pactado una finalidad tuitiva y asistencial -así lo entendió el sentenciante- conteste con la solidaridad que en vida se deben los esposos.

Por todo lo expuesto, al no haberse demostrado las infracciones legales alegadas, considero que corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas al vencido (arts. 68 y 289, Cód. Proc. Civ. y Comercial).

Voto por la negativa.

A la cuestión planteada, el doctor Soria dijo:

I. He de propiciar una idéntica solución a la adoptada por la doctora Kogan en cuanto a la manifiesta insuficiencia del recurso (conf. art. 279, Cód. Proc. Civ. y Comercial), mas lo haré por distintos fundamentos. Veamos.

II. El recurrente en su expresión de agravios alega un yerro del a quo en calificar al contrato celebrado entre él y B. como oneroso y real.

Para dar sustento al carácter oneroso de dicho acuerdo, el tribunal ha aunado dos contratos, tomándolos como parte del mismo negocio jurídico. De un lado el convenio celebrado entre los socios B. y G. (obrante a fs. 13/14), en virtud del cual el primero efectúa una renuncia al usufructo a favor del segundo; y del otro, el acuerdo a través del cual se formaliza la venta de capital accionario a favor del señor I. (obrante a fs. 101). Tal cuestión llega firme a esta instancia pues si bien ha sido planteada por el recurrente, no fue debidamente rebatida.

Por otra parte, insiste el demandante en sostener que la renuncia efectuada por B. a su favor no puede interpretarse como la entrega de una cosa en los términos en que lo exige el art. 2070 del Cód. Civil. Agrega que nada le fue entregado y que la falta de este requisito esencial impide configurar el negocio jurídico llevado a cabo como una renta vitalicia onerosa.

La exposición del impugnante no resulta suficiente para abrir este medio de excepción. La Cámara ha desarrollado su argumento en esta parcela sobre la base de citas doctrinarias entendiendo que la entrega a la que hace alusión el citado art. 2070 no sólo comprende a las cosas “sino también los bienes que no lo son, y en particular el derecho real de dominio desmembrado, que es precisamente el caso de autos” (fs. 223). En el escrito impugnatorio, el recurrente se limita a expresar un criterio distinto al sostenido por la Cámara sin desentrañar si tal argumento adolece de un vicio o yerro que permita su invalidación. Cabe recordar aquí que por más respetable que pueda ser la opinión del recurrente, ello no autoriza -por sí solo- para que esta Corte sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (Ac. 87.821, sent. de 07/03/2005; C. 94.859, sent. de 09/12/2010, entre otras).

Así, la equiparación de la renuncia al usufructo efectuada por B. a favor de G. al carácter de “cosa”, es planteada en esta etapa como una postura distinta a la adoptada por el tribunal de grado, cuando en rigor técnico debió serlo como una refutación idónea que permita evidenciar un yerro en la decisión. De otro modo, como acontece en la especie, la insuficiencia recursiva trae aparejada la firmeza de la sentencia en crisis.

Esta Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que una de las notas características de esta instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (conf. Ac. 88.916, sent. de 14/09/2005; Ac. 86.835, sent. de 09/08/2006 y C. 107.385, sent. de 29/08/2012).

III. Del otro lado, el argumento traído por el recurrente respecto de la falta de legitimación de la actora resulta novedoso, no correspondiendo su tratamiento en esta instancia. En este aspecto, y si bien su consideración consta en lo argumentado en la sentencia de Cámara, lo cierto es que la defensa ahora esbozada por el impugnante estuvo disponible para ser válidamente articulada por él en la contestación de demanda. En este aspecto, esta Corte tiene dicho que no es posible examinar en casación argumentos o temas que se exponen por primera vez en la instancia extraordinaria o que han sido planteados antes con un enfoque y dimensión distintos, o con variantes en la defensa (C. 83.862, sent. de 01/04/2004; C. 106.506, sent. de 22/12/2010).

IV. Por los fundamentos expuestos, voto por la negativa, con costas al demandado en su carácter de vencido (arts. 68 y 289, Cód. Proc. Civ. y Comercial).

El doctor Genoud, por los mismos fundamentos del doctor Soria, votó también por la negativa.

El doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos de la doctora Kogan, votó también por la negativa.

El doctor Hitters, por los mismos fundamentos del doctor Soria, votó también por la negativa.

El doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos de la doctora Kogan, votó también por la negativa.

El doctor Negri, por los mismos fundamentos del doctor Soria, votó también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente sentencia

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con el dictamen emitido por el representante de la Procuración General, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto, con costas (art. 289, Cód. Proc. Civ. y Comercial). El depósito previo de $15.500, efectuado a fs. 246, queda perdido (art. 294, Cód. Proc. Civ. y Comercial). El tribunal a quo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto resol. 870/2002). — Daniel F. Soria. — Juan C. Hitters. — Héctor Negri. — Luis E. Genoud. — Hilda Kogan. — Eduardo J. Pettigiani. — Eduardo N. De Lázzari