Legislación del día: Digitalización de los Manifiestos Originales de Carga de Importación, del Rancho y de la Pacotilla.

Jurisprudencia del Tribunal Fiscal de Apelación.

Competencia del Tribunal Fiscal de Apelación en razón del monto.

Fallo analizado: “Acuerdo plenario Nº 33” T.F.A.B.A. 14 de septiembre de 2014.

Hechos: Mediante Resolución de Presidencia N° 294 del 12/08/14 y su aclaratoria N° 295 del 18/08/14, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 13 bis del Decreto-Ley 7603/70 y el artículo 12 del Reglamento Interno del Organismo, se convocó a los Sres. Vocales a Acuerdo Plenario con miras a definir las pautas en el análisis de la competencia en razón del monto que habilita la intervención del Tribunal, por resultar necesario dilucidar si deben considerarse en forma individual los montos establecidos en cada resolución o debe procederse a la sumatoria de ellos aún cuando correspondan a distintos conceptos (gravámenes, multas, etc.).

La Dra. CPN Hardoy, quien vota en primer término, comienza su intervención recordando que el artículo 115 del Código Fiscal (T.O. 2011) establece la competencia en razón del monto para poder recurrir por ante el Tribunal Fiscal, y de su análisis, es posible concluir que la única limitación regulada es aquella que prohíbe computar los recargos e intereses.

No existe -en lo restante- limitación alguna vinculada a la posibilidad de computar más de una resolución, o proceder a sumar distintas obligaciones fiscales y/o conceptos (v.gr. multa), a los efectos de arribar al monto allí aludido.

Lo expuesto, además, surge de un consolidado criterio interpretativo del Máximo Tribunal Nacional, al decir que “en los casos no contemplados debe preferirse la interpretación que favorece, y no la que dificulta los fines perseguidos por la norma” (en autos “Nación Argentina v. Empresa Líneas Marítimas Argentinas -ELMA”, de fecha 28/06/77, Fallos 298:180, entre muchos otros), siendo que, según su criterio, la finalidad perseguida por el artículo 115 del Código Fiscal es que en aquellas actuaciones que determinen gravámenes, impongan multas, liquiden intereses o rechacen repeticiones de impuestos, cuyos montos superen la cifra allí prevista se pueda acceder al Tribunal, debiendo computar -para ello- la totalidad de los conceptos y montos involucrados en el expediente (y sus acumulados), se encuentren en una o más resoluciones, con exclusión de aquellos que la norma expresamente prohíbe.

Por dicha razón, conforme lo expuso en el Acuerdo Plenario Nº 18 (de fecha 07/05/2009) las normas específicas que rigen la cuestión deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial (C.S.J.N., en Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; también en “Mary Quant Cosmetics Limited c/Roberto L. Salvarezza”, del 31 de julio de 1980, Fallos: 302:813).

Asimismo, al interpretar las leyes, los jueces deben evitar que los particulares queden fuera de la protección jurisdiccional o en situación de indefensión (C.S.J.N., doctrina de Fallos: 293:362; 296:691; 302:1611), a lo cual agrega lo sostenido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Informe Nº 105/99, caso Nº 10.194, “Palacios, Narciso-Argentina”, de fecha 29/09/99, publicado en LA LEY 2000-F, 595, al decir que “Es precisamente este tipo de irregularidades las que trata de prevenir el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el art. 25 de la Convención, el cual impide que el acceso a la justicia se convierta en un desagradable juego de confusiones en detrimento de los particulares. Las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio ‘pro actione’, hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción”.

Por su parte, la Dra. Navarro, concuerda con esta posición, señalando que en el supuesto que su hubiera dispuesto la acumulación de actuaciones en los términos del artículo 3 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal (Acuerdo Extraordinario 203), corresponde sumar la totalidad de los conceptos incluidos en las resoluciones dictadas a los fines de tener por habilitada la competencia del Tribunal en razón del monto.

Recuerda que a esta solución se llegó en el antecedente “Marlenheim S.A.” del 13 de marzo de 2008 de la Sala III que integra, en el cual se rechazó la “cuestión previa” opuesta por la Representación Fiscal, quien había argumentado que el Tribunal resultaba incompetente para entender en los actuados habida cuenta que una de las resoluciones no satisfacía la exigencia del monto establecida por el Código Fiscal.

Ello es así, por cuanto el derecho de defensa de los administrados se encuentra al resguardo con esta decisión, dado que el tratamiento así propuesto de las cuestiones minimiza el conflicto ante el eventual escándalo jurídico que podría generarse a partir de soluciones tomadas a la luz de criterios diversos en el análisis de la materia sometida a juzgamiento, como así también de dispares análisis en la valoración de las pruebas en cada una de las actuaciones.

Ello se robustece en aquellos casos que versan sobre actos administrativos que aplican sanciones, habida cuenta la naturaleza penal de las cuestiones involucradas, en donde la acumulación de procesos que se propone para que sean decididos en la misma sentencia, asegura el resguardo de la mencionada garantía, al mismo tiempo que recepta los principios de celeridad y economía procesal.

Finalmente, en lo que conforma la posición mayoritaria, la Dra. Carné -con la adhesión del Dr. Lapine- estima necesario precisar que el tema planteado involucra dos normas: una, el artículo 115 del Código Fiscal (T.O. 2011); la otra, el artículo 3 del Reglamento de Procedimiento de este Tribunal, aprobado por Acuerdo Extraordinario N° 203 de conformidad con la atribución conferida por el inciso c) del artículo 20 bis de su Ley Orgánica.

La primera, al establecer la opción recursiva optativa y excluyente, fija al efecto, en forma clara, una pauta cuantitativa para acceder al Tribunal, lo que no debería presentar mayores inconvenientes para su interpretación y aplicación.

Sin embargo, la simpleza de la situación señalada no siempre se concreta frente a la realidad procesal que se deriva de los actos definitivos emitidos por la Autoridad de Aplicación.

Ello así, en la medida que en casos concretos que arriban al Tribunal se impone explicar el motivo por el cual se requiere su intervención en causas que individualmente consideradas, no habilitarían la instancia.

A pesar de ello, es el propio Organismo recaudador el que pone en conocimiento del contribuyente o responsable la posibilidad de interponer recursos de apelación y, cuando ello ocurre, eleva las actuaciones, entendiendo que el control de admisibilidad formal le resulta una atribución ajena desde la reforma al sistema recursivo del Código Fiscal dispuesta por la ley 11.796.

Frente a ese escenario, por aplicación del artículo 3 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal resulta posible disponer la acumulación de las actuaciones si tuvieran premisa de hechos comunes, salvo que hubiese identidad de partes, en cuyo caso será fundamento suficiente razones de economía procesal.

Por dicha razón, una vez radicadas las actuaciones, resulta una atribución innegable proceder a la acumulación de expedientes para su tratamiento en un único procedimiento.

En ese entendimiento considera que, si bien la Agencia de Recaudación podría dictar un solo acto administrativo que culmine el procedimiento en el ámbito de sus atribuciones, la existencia de varios actos dictados en otras tantas actuaciones, no constituye impedimento alguno para proceder a su acumulación y, consecuentemente, sumar los montos determinados, independientemente de que se trate de disposiciones diferentes, a los efectos de habilitar (o no) la intervención de este Tribunal.

Y dicha conclusión se impone ni bien se observa que, razonar lo contrario, implicaría supeditar la apertura de la competencia de este Organismo a la decisión que adopte un funcionario en el sentido de caratular un expediente o varios, o dictar uno o varios actos administrativos recurribles, en el marco de las normas y principios citados, extremo que sin dudas traduce -al menos- un actuar discrecional que, en definitiva, vacía de contenido la finalidad tenida en miras por el legislador al establecer la opción recursiva otorgada al contribuyente.

A esta altura también considera necesario explicar que la adopción del criterio expuesto no debe entenderse que es el resultado de invertir la secuencia lógica que indicaría que “para acumular previamente debe aceptarse la competencia”, pues se impone hacer notar que la mentada acumulación podrá ser ejercida frente a actuaciones radicadas en el Tribunal bajo las circunstancias excepcionales antes descriptas, sin que ello implique, por sí, arrogarse competencia alguna, ya que la definición de la medida de la jurisdicción (competencia) siempre será el primer acto procesal que devendrá luego de realizar la sumatoria de los montos comprendidos en cada acto recaído, no siendo ocioso señalar que, aún así, pueda darse el supuesto que, sumados todos ellos, no se supere la suma indicada en el ordenamiento fiscal.

Por otra parte, recuerda que el Tribunal Fiscal de Apelación constituye un órgano jurisdiccional que, si bien enmarcado en la órbita del Poder Ejecutivo, actúa en forma independiente de la administración activa, teniendo como objetivo dirimir las diferencias que se susciten entre el Fisco y los contribuyentes.

De allí, fácil resulta advertir que la diferencia fundamental con la administración tributaria en la resolución de un conflicto radica en que esta última, frente al contribuyente, tiene carácter de parte.

Y si bien la situación descripta justifica, por cierto, que el legislador haya decidido otorgar preeminencia al recurso de apelación por encima de la reconsideración ante la misma autoridad que dictó el acto, conforme la redacción del último párrafo del artículo 115 del Código Fiscal, no debe perderse de vista que, el fundamento de la restricción en razón del monto, reside en que el legislador consideró necesario poner un límite a la competencia del Tribunal Fiscal a los efectos de evitar que por un exceso de “pequeñas reclamaciones” se afectara la labor del organismo, siendo la importancia de la determinación lo que posibilita el acceso a esta instancia jurisdiccional (confr. Giuliani Fonrouge y Navarrine, Procedimiento Tributario, Ed. Depalma).

Por ello, la doctrina legal a fijarse debe estar orientada hacia el otorgamiento de la mayor garantía de los destinatarios de los actos en cuestión y, por ende, de la interpretación más favorable al ejercicio del derecho de defensa de los mismos.

Caso contrario, se generaría una limitación no deseada de la competencia del Cuerpo en función del monto involucrado, provocando una clara discriminación que obstaculiza el ejercicio de la opción recursiva prevista en la ley, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente o responsable, es inducido por el mismo Fisco informando la existencia de esta opción recursiva.

En un modo contrario se expresan la Dra. CPN Blasco y Ceniceros, conformando la posición minoritaria del Acuerdo, adoptando fundamentos análogos entre sí, no obstante la formulación de sus votos en forma separada.

Ambas vocales interpretan que el análisis acerca de la competencia del Cuerpo resulta conceptualmente previo a la resolución acerca de la acumulación de actuaciones.

En torno a este tema, se expresa que el Tribunal Fiscal de la Nación ha sostenido que el análisis de la competencia procede lógica y cronológicamente al de acumulación de las causas y su inversión en el tratamiento importaría un desorden en la normal sustanciación de las mismas (TFN -en Pleno-“Sava S.A s/apelación” Expte Nº 10.008 y otros” del 29/5/1989).

Por su parte, se menciona que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal entiende que si bien la acumulación objetiva de acciones se encuentra autorizada por el artículo 87 del CPCCN y 19 “in fine” de la Acordada 840/93 reglamentaria del procedimiento del Tribunal Fiscal de la Nación, la cuestión de los montos — a fin de abrir la competencia del Tribunal Fiscal — deben considerarse en forma independiente aún cuando se trate de la misma obligación, idéntico sujeto, y las resoluciones sean de la misma fecha; ello así por cuanto las penalidades responden en general a sumarios que tramitan en forma independiente, y aunque se pueda demostrar la afinidad de las cuestiones planteadas, ello no implica que se llegue a la acumulación de montos que se pretende. (C.N.A.C.A.F- Sala III “Laboratorio Charly Color S.A” del 1/9/1992. En el mismo sentido la Sala II de la misma Alzada in re “Gaviglio Alberto y Gaviglio Enrique Incidente c/ DGI del 7/3/2000).

La Dra. Ceniceros agrega que si bien es dable concluir que el análisis de la competencia precede lógica y cronológicamente al de la acumulación de las causas, razón por la cual no procede abrir la misma cuando el valor de los actos, individualmente considerados no alcance o supere la suma establecida por el artículo 115 del Código Fiscal (T.O. 2011), en aquellos casos en los cuales es la propia Autoridad de Aplicación quien ha acumulado las causas por entender que existe conexidad, y se ha presentado un único recurso, el Tribunal deberá abrir su competencia en virtud del monto resultante de la suma de los actos individualmente considerados.

Doctrina Legal: “Resulta procedente decidir acerca de la competencia positiva de este Tribunal respecto de los expedientes radicados ante este Organismo, verificando al efecto que la sumatoria de los montos de los actos apelados, que involucren al mismo sujeto pasivo, supere la cantidad de pesos cincuenta mil ($50.000) conforme lo señala el art. 115 inc. b) Código Fiscal TO 2011”.

Jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín.

Responsabilidad solidaria.- Inconstitucionalidad del código fiscal.- Inexistencia de doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia sobre la Materia.- Excepción de prescripción.- Oportunidad del planteo.- Constitucionalidad del Código Fiscal respecto del inicio del cómputo y las causales de suspensión de la prescripción.

Fallo analizado: “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Stagno, Vicente Felix y otro/A S/ Apremio Provincial” (Causa 4176) CCASM, 14 de agosto de 2014.

Hechos: Contra la sentencia dictada por el juez de primera instancia en el juicio de apremio promovido el organismo fiscal se interpuso recurso de apelación. En lo que se vincula con este comentario -y sin perjuicio de otras cuestiones planteadas, tales como la procedencia de la citación como tercero del contribuyente o la incidencia del fuero de atracción del proceso concursal de éste- corresponde referir que los agravios se encontraban vinculados con el tratamiento dispensado a la excepción de prescripción articulada y la de inhabilidad del título derivada de la calidad de responsables solidarios de los demandados. La primera de ellas fue rechazada, entre otros argumentos, por la circunstancia de no haberse cuestionado judicialmente por las vías que prevé el artículo 12 y ss. del CPCA, la decisión emanada del Tribunal Fiscal de Apelación, de modo tal que se ha consentido tanto la legalidad de la actuación administrativa como la inoperatividad del cómputo de la prescripción para la parte demandada. Por su parte, la excepción de inhabilidad del título fue desestimada en la medida que las alegaciones formuladas se basaron en negar el origen de la deuda y no la forma extrínseca del título, por lo que no resultaba posible su introducción en el estrecho marco del proceso de apremio.

Con el voto en primer lugar del señor Juez Dr. Echarri., al que prestaron su adhesión los Dres. Bezzi y Saulquin, la Cámara aborda el tratamiento del recurso de apelación articulado.

En tal sentido, respecto de la excepción de inhabilidad de titulo, la Alzada entiende que lo que en realidad se pretende ventilar resulta ser la causa de la deuda ejecutada, cuestión que la propia naturaleza de todo juicio ejecutivo veda so tenor de desnaturalizar la celeridad que se persigue en este tipo de proceso.

Frente a ello, se recuerda que el artículo 9º de la Ley 13.406 dispone que la excepción de inhabilidad del título ejecutivo, debe fundarse únicamente sobre las formas extrínsecas, encontrándose vedado que los jueces admitan controversias sobre el origen del crédito ejecutado o legitimidad de la causa.

Ello así en la medida que en numerosas oportunidades la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha indicado que se encuentra en principio vedada cualquier controversia sobre el origen del crédito ejecutado, restricción que se funda en la presunción de legitimidad que, por virtud de su origen y naturaleza, acompaña a los respectivos títulos ejecutivos y obedece a la imperiosa necesidad de que el Fisco perciba sin mayores dilaciones las sumas que se le adeudan, destinadas a fines de utilidad pública (SCBA doct. 34.218, sentencia del 17 de diciembre de 1.985, Ac. 49.561, sentencia del 31 de mayo de 1994, Ac. 72.785, sentencia del 13 de marzo de 2002, entre otras). Ello, sin dejar de reparar que en relación a las decisiones recaídas en juicios de apremio cabe la posibilidad del juicio ordinario posterior. (doctrina SCBA, Ac. 79302, I 1-11-2000, “Subsecretaría del Trabajo P.B.A. c/ Supermercado Las Dunas s/ Apremio. Recurso de queja”; entre otras, y esta Cámara in re: causa N° 1.648/09, caratulada “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Petersen, Luis Arturo s/ Apremio”, sentencia del 20 de octubre de 2.009).

Si bien es cierto que tanto la Corte Suprema de la Nación como la Suprema Corte de la Provincia han flexibilizado el rigor de los principios en determinadas ocasiones cuando, por ejemplo, se trasunta en forma manifiesta la inexistencia de la deuda, dicha circunstancia no se evidencia en autos.

A pesar de ello se destaca que los accionados resultan solidariamente responsables con el contribuyente -el que no ha sido demandado en las actuaciones- en virtud de lo previsto por los artículos 17, 18 y 21 del Código Fiscal, Ley Nº 10.397 (T.O. 2.004), siendo que dicha responsabilidad ha sido establecida en el marco de un procedimiento administrativo en el cual han sido debidamente notificados, conforme el particularizado relato que se realiza.

Por dicha razón el juez a-quo resolvió la cuestión planteada en base al marco normativo – sustantivo y adjetivo – de derecho tributario local que rige la cuestión objeto de litis, que en principio limita toda la cuestión en materia de excepción de inhabilidad de título a los aspectos formales que la propia ley enumera, toda vez que los accionados tomaron conocimiento de su calidad de responsables solidarios e ilimitados durante el procedimiento administrativo previo, trámite en el que tuvieron la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y de alegar las cuestiones que ahora intentan ventilar en el marco del proceso de apremio.

Todo ello, a pesar de hacerse mérito que el fallo de la SCBA C. 110.369, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Raso, Francisco. Sucesión y otros. Apremio”, del 2 de julio de 2014, no puede ser interpretado como doctrina legal (art. 279 del CPCC), en tanto el más alto Tribunal Provincial no se expidió respecto de la cuestión de fondo, por haber confirmado la sentencia de la Cámara recurrida por cuestiones formales.

Frente a ello, se hace necesario que —por nuestra parte- dejemos sentado que no compartimos esta posición, dado que aunque pareciera que la desestimación del recurso extraordinario articulado por el representante del Fisco Provincial en la causa “Raso” se deriva de la insuficiencia de sus agravios, no puede perderse de vista que ellos se vinculaban con el argumento central que tradicionalmente ha expuesto el organismo recaudador sobre la materia; tal es, que la Provincia habría conservado para sí todo el poder no delegado a la Nación, entre ellos, el de dictarse su Código Fiscal, de modo que si tiene la potestad tributaria para crear obligaciones y también establecer o excluir responsabilidades, correspondiendo la aplicación de los principios del derecho privado o de otras ramas del derecho sólo cuando no resulten incongruentes con la finalidad de la ley fiscal.

En lo relativo a la excepción de prescripción nos parece importante señalar que la intervención de la Alzada, dados los fundamentos expuestos, no permite considerar que se convalide el criterio del juez de 1º instancia en el sentido que resultaba improcedente oponer esta excepción cuando no se había impugnado la decisión del Tribunal Fiscal que rechazó este planteo en esa instancia administrativa.

Ello es así, en la medida que la Cámara procede a analizar en forma integral la excepción articulada y las razones que derivan en su desestimación se vinculan estrictamente con la circunstancia que la misma no considera que el Código Fiscal resulte inconstitucional por el modo en que establece el inicio del cómputo del plazo de prescripción, señalando que:

a) Se reclaman períodos correspondientes a los años 2000 y 2001;

b) El plazo de prescripción del período reclamado más antiguo – año 2000 – comenzó a computarse el 1° de enero de 2002 (por tratarse de una obligación cuya determinación se produce sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual);

c) Durante el año 2006 se suspendió por un año el curso de la prescripción, de conformidad con lo previsto por el artículo 135 del Código Fiscal, T.O. 2.004 y lo que surge de las actuaciones administrativas;

d) Dicho plazo de suspensión, al mediar un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelación, se prolongó hasta noventa (90) días después de notificada la sentencia dictada el 3 de febrero de 2011; y

e) La demanda se interpuso con fecha 27 de septiembre del mismo año; es decir, cuando todavía no había transcurrido el término de cinco (5) años previsto por el artículo 131 del Código Fiscal, (hoy artículo 157)

Por su parte, en respuesta a los planteos constitucionales, el magistrado preopinante reitera su criterio contrario a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia emanada del caso “Filcrosa” (CSJN Fallos 326:3899), sin que ello implique desconocer la alta autoridad jurídica y jurisdiccional de los Señores Jueces que intervinieron en el caso mencionado y que razones de economía procesal determinan la necesidad de su acatamiento.

Sin embargo, en lo relativo al inicio del cómputo del plazo de la prescripción para el impuesto sobre los ingresos brutos se menciona que se trata de un tributo de ejercicio anual (cfr. art. 209 C.F), por ser un impuesto genéricamente de ejercicio, sin que ello obste el hecho de que las legislaciones dispongan períodos de pago menores (cfr. Bulit Goñi, Enrique G. “Impuesto sobre los Ingresos Brutos”, Ed. Depalma, 2° Ed., 1997, pág. 51 y esa Cámara en causa “Fisco de la Pcia. de Buenos Aires c/ Kelly Santiago s/apremio”, causa N° 2927/11, del 02 de febrero de 2012), siendo criterio de esa Alzada que no vislumbra irrazonable el punto de partida determinado para el comienzo del plazo prescriptivo, fijado en el día inmediato posterior al año que devengó el tributo, con cita en los fallos dictados para las causas Nº 1338/08, caratulada “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Chieffa, Hermelinda María s/ apremio”, sentencia del 25 de julio de 2008; “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Blaksley, Enrique Jorge s/ Apremio”, sentencia del 3 de noviembre de 2010, así como la Nº 2.197/10, caratulada “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ David y Leonardo Abbasse S.H. s/ Apremio provincial”, sentencia del 11 de noviembre de 2010; Nº 2.786/10, caratulada “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Dacar S.A. y otro, s. apremio”, sentencia del 18 de noviembre de 2011 y N° 2.927/11, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Kelly Santiago s/ apremio”, sentencia del 02 de febrero de 2012, anteriormente citada.)

Particularmente en “Fisco c. Dacar S.A.” se avaló la interpretación efectuada, con anterioridad, por el Tribunal Fiscal respecto del dies a quo del plazo de prescripción respecto de los sujetos pasivos de Impuesto sobre los Ingresos Brutos que determinó que una posición del año 1995 iniciaba el plazo quinquenal a partir del 1º de enero de 1997.

Y si bien no se desconoce que los fundamentos por los cuales otros organismos jurisdiccionales y cierta doctrina han convalidado la tesitura sobre la aplicabilidad del artículo 3956 Código Civil, en detrimento de la constitucionalidad del artículo 159 Código Fiscal, se resalta que los antecedentes de la CSJN y SCBA han abordado la temática de la prescripción de los créditos tributarios, en lo que refiere a los plazos aplicables y las causales interruptivas (cfr. CSJN “Filcrosa”, SCBA “Fisco c. Coop. Almaceneros”, “Fisco c. Fadra”); sin haberse aún pronunciado sobre la cuestión vinculada al dies a quo.

Por ello se sostiene la constitucionalidad de la norma puesta en pugna, en base a que la declaración de inconstitucionalidad configura la “última ratio”, toda vez que comporta un acto de suma gravedad. (cfr. SCBA, doct. Causas: L. 45.582, sent. de 2 de abril de 1991, entre muchas otras y CSJN, doct. Fallos, 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1147; 303:1708 y 324:920, entre muchos otros), siendo esta postura la que mejor armoniza con las particularidades del crédito tributario y la línea de fundamentos expuestos en las causas análogas del Tribunal sentenciante.

Igual tesitura se adopta en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 161 del mismo Código Fiscal, respecto del que esa Cámara ya se ha expedido en la causa “Fisco de la Pcia. de Buenos Aires c. David y Leonardo Abbasse S.H. s/ apremio”, causa N° 2.197/10, sentencia del 11 de noviembre de 2010.

En dicho precedente los accionados habían interpuesto un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelación, lo que produjo que el plazo de la suspensión iniciado con la intimación de pago administrativo se extendiera más allá del año de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 135 inciso “a” (actual 161) del Código Fiscal.

Al decidir, el Tribunal tuvo en cuenta que la interposición del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal (artículo 104 – actual 115 – del Código Fiscal), implicaba la sujeción al ordenamiento jurídico aplicable, la que conlleva – en lo que aquí importa – la suspensión de la obligación de pago (artículo 106 – actual 117 – del Código Fiscal) y la prolongación de la suspensión del plazo de la prescripción (artículo 135 inciso a – actual 161 – del Código Fiscal.

En tal inteligencia, se ponderó que un planteo de inconstitucionalidad del artículo 135 inc. “a” – actual 161 – del Código Fiscal, por parte de los accionados, afectaba el principio de buena fe y la doctrina de los propios actos (con cita SCBA, Ac. 55.783, sentencia del 21 de noviembre de 1995, “Zoratti, Pedro c/ Cooperativa Provisión de carniceros s/ Cobro de honorarios”; Ac. 57.688, sentencia del 3 de septiembre de 1996, “Gabriele, Nicolás y otro c/ Fernández, Daniel Esteban s/ Daños y perjuicios”; Ac. 84.265, sentencia del 31 de marzo de 2004, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ San Prieto y Minadeo, Nancy Viviana y otro s/ Expropiación; C. 100.371, sentencia del 10 de junio de 2009, “Lipani, Carin; Carpini, Hugo y Sarden, Silvia c/ Tamames, Mario Guido s/ Ejecución hipotecaria”).

Claves: 1) La sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa C. 110.369, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Raso, Francisco. Sucesión y otros. Apremio”, del 2 de julio de 2014, no puede ser interpretada como “doctrina legal” (art. 279 del CPCC), en tanto el más alto Tribunal Provincial no se expidió respecto de la cuestión de fondo, por haber confirmado la sentencia de la Cámara recurrida por cuestiones formales.

2) La ausencia de impugnación judicial de la decisión del Tribunal Fiscal que rechazó el planteo de prescripción articulado en esa sede, no obsta para que la prescripción -incluyendo las cuestiones constitucionales vinculadas al instituto- pueda ser introducida como excepción en el juicio de apremio.

3) No cabe considerar inconstitucionales los artículos 159 y 161 del Código Fiscal, por cuanto los mismos armonizan con las particularidades del crédito tributario, sin que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación se hayan pronunciado sobre estas cuestiones.