RTR2N3Y7_72dpi2ª Instancia.— Buenos Aires, abril 7 de 2014.

El doctor Riggi dijo:

Primero: 1. Llega la causa a conocimiento de esta Alzada a raíz del recurso de casación interpuesto por el defensor oficial, doctor Javier Aldo Marino a fs. 1013/34, en favor de los imputados M. A. B. y M. A. C., contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal nº 12 de esta Ciudad obrante fs. 993/1008 y vta. que resolvió, en lo que aquí interesa:

“I. Rechazar el planteo de nulidad interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, Dr. Javier Aldo Marino, respecto de la acusación particular (art. 166 y ss. a contrario sensu del C.P.P.N.).

II. No hacer lugar al pedido de prescripción de la acción penal planteada por el Sr. Defensor Oficial. III. Condenar —por mayoría— a M. A. B., de las condiciones personales antes mencionadas, a la pena de cuatro meses de prisión en suspenso y al pago de las costas, por resultar autor material y penalmente responsable del delito de estafa procesal cometido en grado de tentativa con relación al hecho A por el cual medió acusación particular (arts. 26, 29 inciso 3º, 42, 45 y 172 del Cód. Penal y 530, 531 y 533 del Cód. Procesal Penal de la Nación).

Asimismo, se le impone por dos años la regla de conducta prevista en el inciso 1º del art. 27 bis del Cód. sustantivo: Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato. (…)

V. Condenar —por mayoría— a M. A. C., de las condiciones personales antes mencionadas, a la pena de cuatro meses de prisión en suspenso y al pago de las costas, por resultar cómplice primario penalmente responsable del delito de estafa procesal cometido en grado de tentativa (arts. 26, 29 inciso 3º, 42, 45 y 172 del Cód. Penal y 530, 531 y 533 del Cód. Procesal Penal de la Nación).

Asimismo, se le impone por dos años la regla de conducta prevista en el inciso 1º del art. 27 bis del Cód. sustantivo: Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.

VI. Intimar M. A. B. y M. A. C. para que dentro del quinto día de notificados satisfagan la suma de $69,67 (sesenta y nueve pesos con sesenta y siete centavos), en concepto de Tasa de Justicia, bajo apercibimiento de aplicar una multa equivalente al cincuenta por ciento de la citada suma.

VII. Extraer testimonios del acta de debate celebrada el día lunes 11 de marzo de 2013 y remitirlos con oficio de estilo a la Sala de Sorteos de la Excma. Cámara del Fuero, a los efectos que se desinsacule un Juzgado de Instrucción para que se investigue la posible comisión de un hecho ilícito que se desprendería del testimonio prestado por R. R.”.

2. El Tribunal de mérito concedió el remedio impetrado con los alcances ordenados a fs. 1051/2 y vta., el que fue mantenido en esta instancia a fs. 1056.

3. En su presentación recursiva, la defensa encausa sus agravios en las causales previstas en los incisos 1º y 2º del artículo 456 del Cód. Procesal Penal de la Nación.

a. En primer lugar, plantea la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y de los alegatos formulados por la parte querellante, sosteniendo una violación al principio de congruencia en dichas piezas. En tal sentido, refiere que en el requerimiento de elevación a juicio no se mencionó al imputado C. y que sólo se describió la interposición de una demanda laboral y distintas declaraciones testimoniales, conductas que resultan “atípicas”, pues no indican “ningún ardid, engaño, error ni perjuicio ni en que habría consistido las supuestas falsedades”. Por ende, sostiene que “cuando en el alegato acusatorio se señala en que habría consistido el supuesto ardid y en qué habrían consistido las supuestas falsedades, ello no guarda correlación con el respectivo requerimiento, vulnerándose de tal modo el principio de congruencia” y con ello, la defensa en juicio y el debido proceso.

Se agravia además porque “la querella introdujo en su alegato una cuestión novedosa y sorpresiva para los justiciables, cual es que B. había logrado cobrar un plazo fijo perteneciente a dicha parte a los efectos de acreditar un hipotético perjuicio patrimonial, extremo que no había sido plasmado ni en la intimación del hecho en la indagatoria ni en el auto de procesamiento”.

Se queja porque el tribunal pretendió integrar la valoración probatoria con la deficiente descripción fáctica, razón por la cual considera que “ha comprometido su imparcialidad pues no puede vía interpretación intentar subsanar falencias de la parte”.

Considera entonces que “el perjuicio por tanto resulta evidente, por cuanto la querella no se encontraba habilitada para formular acusación y ante el pedido absolutorio del Sr. Fiscal General necesariamente debe arribarse a un temperamento liberatorio”. Vinculado con este planteo, señala que “…en la sentencia se han tenido por ciertos sucesos que difieren de los que surgen de la descripción fáctica plasmada en el requerimiento de elevación a juicio, extremo que [también] resulta violatorio del principio de congruencia”.

Se queja al decir que “la mayoría del Tribunal Oral no sólo se ha apartado de la descripción fáctica plasmada del requerimiento de elevación a juicio de la querella que describe acciones atípicas, sino que arbitrariamente sostiene lo contrario a lo que surge de la sentencia laboral”.

En este mismo punto de la desprolija pieza recursiva, el defensor alega que la sentencia es contradictoria y ha violado el principio de igualdad, porque con relación al hecho “B” el tribunal acogió el pedido de absolución de los imputados, cuando se trataba de una imputación similar al hecho “A” por el que fueran condenados. Y agrega, que “en el caso de C. destáquese además que había sido procesado por presunto delito de falso testimonio y terminó condenado como supuesto partícipe necesario de estafa procesal en grado de tentativa”, lo que excede el principio “iura novit curia” y merece, según su criterio la anulación de la condena.

b. En otro orden de ideas, plantea la prescripción de la acción penal, indicando que para el delito de estafa procesal que se atribuye a sus pupilos “…el último acto para considerar el curso de inicio de la prescripción ha sido la presentación de la demanda acontecida el 25 de febrero de 2004, siendo el llamado a prestar declaración indagatoria de los justiciables el 30 de mayo de 2008, es decir [cuando] había transcurrido un plazo superior al máximo de pena previsto tanto para el delito estafa procesal en tentativa como para el delito de falso testimonio”.

Agrega que “…la supuesta estafa procesal en tentativa que tendría que ver con el inicio de la demanda y no con una declaración en particular que no había sido motivo de reproche” impide que se utilice “esa declaración para contabilizar el curso de la prescripción desde un hito (la recepción de la declaración testimonial de C.), que haría que no hubiere transcurrido el plazo de la ley” (sic).

c. Como tercer eje de agravio, plantea la arbitrariedad de la sentencia, por violación a las reglas de la sana crítica racional, por la ausencia de contestación de argumentos dirimentes, y por contener una fundamentación aparente y contradictoria. En primer lugar, se queja porque la sentencia hizo mérito de las declaraciones de S. L., a pesar de las contradicciones en que incurriera, sobre todo en lo atingente a la temática vinculada a quien ostentaba la llaves del garage donde se guardaban los camiones, extremo que a juicio del recurrente también resultó contradictorio con los dichos de los hermanos R.

Señala que en el fallo “se ha intentado atribuir estas serias y ciertas contradicciones [entre los testigos] al paso del tiempo, cuando dicha circunstancia no fue tenida en cuenta a la hora de analizar la responsabilidad de C. en el hecho por el cual fuera condenado”, lo que descalifica al fallo por arbitrario y vulnera “el derecho a la igualdad ante la ley”. Expresa que el tribunal “ha soslayado la contestación del argumento central de la defensa relevante para la resolución del caso atinente a que A. R. refirió que el dueño del galpón se hacía presente para abrir y cerrar el mismo”, lo cual resulta, a criterio del recurrente, contrario “a las reglas de la experiencia”.

Dice que el nombrado R. “expuso que en infinidad de ocasiones no retiraba el camión en primer término no lo devolvía último, con lo cual concluyó que él no se lo llevaba a la casa pero terminó por reconocer que no sabía que hacían los demás choferes”, siendo que además “en el expediente laboral pareció admitir que los choferes llevaban a los camiones al domicilio”. Por ello, entiende que era factible que las unidades sean llevadas a su domicilio por los conductores —tal como lo exponen sus asistidos— y explica los motivos por los cuales ese proceder resulta lógico y no supone más gastos como lo afirmara el tribunal de grado. Dice que tales argumentaciones no fueron contestadas y por ello se afectó el derecho de ser oído y de defensa en juicio.

En otro orden, se agravia porque “la falta de registración laboral de B. por parte de la denunciante impide contar con prueba documental (…) a partir de la cual debería poder extraerse fecha de ingreso y egreso, horas de trabajo (…)”, pero tal falencia “no debe ni puede redundar en perjuicio alguno para [los] justiciables” pues “la duda generada por la propia denunciante debe beneficiarl[os]”.

Por otra parte, y en cuanto al color naranja del camión que C. dijo haber visto en el domicilio de B., expone que tal color en la unidad “pudo deberse al transcurso del tiempo o a interpretar al camión beige que podría parecerse a un naranja desteñido”.

Asimismo, alega que “…los hermanos R. fueron dependientes durante muchos años de L., y lo eran al momento de declarar en sede laboral, con lo cual sus testimonios deben ser considerados alcanzados por las generales de la ley, además de resultar imprecisos en muchos aspectos”.

Critica el pasaje de la sentencia donde se hace mérito de los otros trabajos que registraba B. y dice que “debe hacerse especial hincapié en que no se ha probado en el debate la imposibilidad de que B. haya trabajado por períodos en dos lugares a la misma vez”; añade en tal sentido que en la firma “Baubin y Baubin SA”, el justiciable trabajó sólo dos meses, motivo por el cual “[nada] le hubiera impedido durante esos dos meses trabajar menos horas para la empresa de L.”, quien no registró la relación laboral y por ello impidió que se contara con documentación y “se pudiera realizar un peritaje contable y determinar si entonces era compatible un trabajo con otro”, extremos que no pueden perjudicar al acusado.

Agrega que los choferes “están particularmente habituados a hacer prolongadas jornadas” y que ello no fue analizado por el sentenciante.

Por otra parte, se agravia porque el tribunal no tuvo en cuenta que la denunciante L. fue contradictoria al sostener por un lado que los contratos de sus empleados “eran por tiempo determinado con alta temprana” y, por otro, al decir que no sabía “como estaba documentada la relación laboral”, versión desmentida según el recurrente por el peritaje contable del expediente laboral. También cuestiona la versión introducida por L. en cuanto sostuvo que “cuando surgía un trabajo salía a buscar choferes para los dos camiones”, pues “los choferes que manejan hidrogrúas son personal ampliamente calificado”, por lo que resulta lógico que “una empresaria (…) [obtenga] un contrato por varios meses”; cuestiones que tampoco fueron ponderadas por el tribunal.

Se queja también porque en su alegato final “…esta defensa hizo notar que del expediente laboral, de la absolución de posiciones de la Sra. L. surgía que admitía el comienzo de la relación laboral en 2 de marzo de 1998, con lo cual a estar a su posición de haber trabajado sólo cinco días, carecía de explicación que hacía B. con uno de sus camiones más de dos meses después de haber fenecido la relación laboral”, argumento que no fue contestado por el tribunal de mérito.

Hace referencia al testimonio de R. R. y dice que el nombrado “precisó no conocer a mi defendido, para luego del careo admitir que conocía a B.”, motivo por el cual considera que su valor probatorio resulta “endeble, impreciso y lleno de contradicciones”; y se queja porque el tribunal “nada ha contestado a los ciertos embates realizados por esta defensa en cuanto a su valor convictivo”. Marca las contradicciones que advierte en el testimonio del mentado R. y expresa los motivos por los cuales considera inverosímil su relato.

Asimismo, se agravia porque el tribunal “no ha dado respuesta alguna a ninguno de los planteos formulados, lo que me lleva a afirmar que ninguna de estas cuestiones fue valorada, circunstancia que resultaba insoslayable analizar habida cuenta de la escasez probatoria recabada durante el debate, los dichos de L. y de los testigos R., que los une una relación de dependencia, a que sus expresiones se encuentran plagadas de contradicciones ínsitas en sus respectivos testimonios y entre sí, y además contradicen la prueba documental y los fallos de la Justicia Laboral, lo que descalifica a la sentencia como acto jurisdiccional válido por falta absoluta de fundamentación”.

Expresa que el tribunal no contestó los siguientes planteos: “1)…que mi defendido había sufrido una multa a dos meses de haber iniciado su trabajo, lo que prueba que B. no trabajó sólo 5 días para L. 2) …que la relación laboral que une y unía a los testigos R. con la Sra. L., restaban credibilidad y convicción para arribar a un temperamento condenatorio. 3) …que la justicia penal no es una tercera instancia o revisoria de la actuación de otro fuero. 4)…que se habría llegado a un temperamento adverso en sede laboral por la incompetencia profesional del letrado que asistía a la accionada (…) [pues las declaraciones de testigos] no fueron impugnadas como falsas [hasta] (…) después del fallo laboral adverso en ambas instancias”.

Agrega que la relación laboral se probó definitivamente en el fuero correspondiente y explica que los dichos sus asistidos vertidos en sus descargos no han sido falaces. Considera por ende lesionados los principios de inocencia y “favor rei” y por ende solicita la absolución de sus asistidos.

d. Como un supuesto de errónea aplicación de la ley penal sustantiva, indica que “…al no haberse acreditado con el grado de certeza exigible para aplicar un temperamento condenatorio, habida cuenta que no pudo acreditarse mentira alguna en los testimonios prestados en sede laboral por parte de mis defendidos, la conducta en cuestión deviene atípica”.

Sostiene que “…habida cuenta que en la sentencia del magistrado laboral, se condenó a la Sra. L. en virtud de la prueba confesional y por la interpretación de la ley laboral, en la prueba contable, en la prueba documental, surge sin hesitación alguna que dicho decisorio no se encontró motivado en las testimoniales allí recibidas”. Además, aduce que “[n]o se ha valorado que en segunda instancia se puso en conocimiento del Tribunal de Alzada la existencia de otros trabajos y se pidió nuevas medidas de prueba y ello fue rechazado, no pudiendo ser planteado nuevamente en sede penal”. Y señala que “[n]inguna de las sentencias dictadas en sede laboral se valieron de los testigos aquí juzgados y condenados, razón por la que la conducta por las que aquí se los condenó deviene atípica por ausencia de uno de los elementos típicos del delito en estudio, el fraude o ardid”.

e. Finalmente, se agravia por la extracción de testimonios de la declaración del testigo R. para la investigación de un delito que habría sufrido de parte de B., indicando que el nombrado “…cambió varias veces su versión, pasó de desconocer a B., a preguntar si era la persona de uno de los imputados, a decir que fue increpado meses antes, para luego señalar que le explicó los problemas que tenía, para luego sostener que le había dicho que se lo iba a cruzar y le iba a romper la cabeza”.

Asimismo, sostiene que “…el Ministerio Público Fiscal no solicitó la extracción de testimonios, temperamento al que con acierto debe estarse, al ser el titular del ejercicio de la acción penal”.

f. Hace reserva del caso federal.

4. Puestos los autos en término de oficina en los términos de los artículos 465 y 466 del Cód. Procesal Penal de la Nación, se presentó la querella a fs. 1059/60 y vta. solicitando —por los argumentos allí consignados—, el rechazo del recurso de casación deducido por la asistencia técnica de los acusados.

5. En la misma oportunidad, el señor defensor oficial ante esta instancia amplió fundamentos —fs. 1062/65— y, además de mantener los agravios expuestos por su par de la instancia anterior, dedujo tres planteos, uno absolutamente novedoso y dos vinculados con los vertidos por su antecesor.

Así: a) en primer lugar, consideró vulnerado del derecho de los justiciables a ser juzgados en un plazo razonable; b) en segundo término, alegó que la sentencia vulneró los principio de in dubio pro reo e inocencia, como asimismo el de “racionalidad de los actos de gobierno”; c) finalmente, expuso que se conculcaron los principios de lesividad y legalidad, al ser la conducta atribuida “inidónea” para engañar “a los juzgadores”. 6. A fs. 1076/7 la querella presentó breves notas, y superada la etapa procesal prescripta por el artículo 468 del ritual —fs. 1078—, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

Segundo: 1.La primera cuestión que habremos de abordar es el pedido de nulidad del requerimiento de elevación a juicio de la querella que pregona la defensa de los acusados.

Notamos que el defensor, plantea la nulidad de la pieza aludida, porque respecto de B. sólo se habrían referenciado conductas atípicas; porque al acusado “C.” “ni se lo mencionó”; y porque en definitiva se violó el principio de congruencia al haberse incorporado hechos —tanto en los alegatos como en la sentencia— que no contenía dicha requisitoria. Sobre el particular, resulta oportuno recordar que el artículo 347 del Cód. Procesal Penal de la Nación, que establece la forma en la que habrá de deducirse tal acusación, exige “una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda”. Ello, puesto que “El juicio penal tiene su base y su límite en el requerimiento (…) de elevación a juicio y la hipótesis del hecho contenida en la acusación circunscribe la actividad de todos los sujetos del proceso…” (D´ALBORA, Francisco, “Cód. Procesal Penal de la Nación, Anotado, Comentado y Concordado”, octava edición, 2009, p. 619).

Al votar en la causa nº 9625 caratulada “Arias, Gonzalo Alejandro y otros s/ recurso de casación e inconstitucionalidad”, de fecha 12 de diciembre de 2008, hemos afirmado que “…la solicitud fiscal [y en su caso, de la querella], de elevación a juicio debe contener una relación precisa y circunstanciada de los hechos y su calificación legal; de este modo queda constituida sólida y claramente la imputación en cabeza del encausado.

El núcleo de esa imputación está conformado por hechos”. En esa misma ocasión sostuvimos que “El cumplimiento de tales requisitos, se vincula con la garantía de defensa en juicio, cuestión sobre la que llevamos dicho que `…lo único realmente valioso para la actividad defensista es que la sentencia condenatoria recaiga sobre el mismo hecho que fue objeto de acusación, y que tanto el imputado como su defensor pudieron tener presente, ya que si no ocurriese de este modo se vulneraría la garantía de la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional), privándosele al procesado del derecho de probar, contradecir y alegar sobre el hecho que se le atribuye…´ (…) `…tiene dicho el Superior Tribunal de Córdoba que `el proceso penal tiende al esclarecimiento de una actividad delictuosa concreta, es decir, de una acción humana a la cual la pretensión punitiva exteriorizada en la requisitoria de elevación a juicio considera como una típica actividad punible.

El contenido de la acusación dice de la competencia del tribunal y constituye la hipótesis fáctica que suministra las bases del juicio, en cuyo ámbito tiene que desenvolverse la actividad de los sujetos procesales, de suerte que el debate debe circunscribirse a los hechos en ella incriminados, sobre los cuales, únicamente, es lícito fundamentar la sentencia´ (B.J.C., T. II, p. 371, abril 29-957, cit. por BARBERÁ de Riso, M. C., `Proceso Oral´, T. I, ed. Lerner, Córdoba, 1193, p. 305/7)…” (conf. causa nº 2532 “Peralta, Hilario Marcelo s/ rec. de casación”, reg. nº 398/2000 rta. el 13/7/2000; y causas nº 3114 “Bracco, Sergio y Herrera, José A. s/ rec. de casación”, reg. nº 784/01 rta. el 20/12/2001; nº 3835 “Cabrera, Ramón s/ rec. de casación”, reg. 471/02 rta. el 4/9/2002; y nº 4326 “Ferrari, Hugo s/ rec. de casación”, reg. nº 463/03 del 19/8/2003; todos de esta Sala III).

Sentado ello, y a poco que se repara en el contenido del requerimiento de elevación a juicio de la querella, se evidenciará que no solamente es falsa la afirmación de la defensa en torno a que allí se describieron conducta atípicas, sino que tampoco se aprecia la supuesta “omisión” de mencionar al acusado C., quien fue debidamente identificado (fs. 473 y vta.) y a cuyo respecto se describió la conducta atribuida.

En efecto, se desprende del requerimiento de elevación a juicio de la querella (fs. 473/77), en lo que aquí interesa, que se atribuyó el siguiente hecho: “Durante el mes de febrero de 2004 el Sr. B. inició una demanda laboral ante el Juzgado nro. 59 contra mi poderdante la Sra. S. L. en su calidad de titular de la firma Miguel Angel Ferrari de S. L.-Alquiler de Hidrogrúas, alegando haber ingresado a trabajar el 2 de mayo de 1998, laborando en relación de dependencia hasta el mes de mayo de 2003 con el cargo de chofer especializado en el manejo de hidrogrúa.

Primero en un Ford … y posteriormente en un camión Ford 14000 dominio …, modelo 1998, prestando servicios en distintos lugares. Adujo que el trabajo realizado durante todos esos años se denomina empleo en negro, o sea que nunca fue inscripto reglamentariamente.

Estos extremos fueron confirmados por los Sres. …, …, C. y … al declarar en el testimonial en el expediente laboral”. Parece ser que el señor defensor, no leyó que más adelante, en dicha pieza, se precisó: “Si bien inicialmente B. obtuvo en sede laboral sentencias favorables tanto en primera como en segunda instancia, una prolija investigación dejó a la luz la maniobra orquestada por los imputados. A saber la falsedad de los testimonios prestados por los ahora encartados con el fin de lograr el engaño de la magistratura de manera tal de obtener un pronunciamiento a fin a sus intereses.

Es dable destacar así que con sustento en la prueba mendaz, el juicio laboral resultó favorable al actor. La mentira consistió en aseverar que el imputado laboró para mi poderdante por un plazo mayor —5 años— al que realmente trabajó —5 o 6 días—”. Y tras describir las probanzas que a su juicio, demostraban que B. había trabajado para otras empresas durante los años que dijo laborar para L., la querella precisó que “Cotejando las planillas en las que figuran las empresas en las que trabajó B. y los períodos allí informados surge clara la maniobra orquestada por el nombrado. O sea que trabajó para L. no más de 5 o 6 días y no cinco años como se aseguró, cobrando plena credibilidad los dichos de los empleados R. (hermanos), (fs. 205 y 240), personas éstas que trabajan en la empresa desde el año 1997 aproximadamente que aseguraron no haber conocido a B., aclarando que estaba prohibido llevarse los camiones a los hogares, por lo que los testigos del nombrado —…, C. … y C.— no pudieron haber visto los camiones de dicha empresa y menos en la fecha de reclamo de la demanda, ya que aquél como se probó trabajaba para otras empresas”.

Las conductas fueron calificadas por la querella como estafa procesal en carácter de autor para B. y como partícipe necesario de ese delito para C., a quien también se le endilgó el delito de falso testimonio en calidad de autor.

Pues bien, tal como se desprende de la transcripción de los hechos atribuidos a los acusados B. y C., el requerimiento de elevación a juicio de la querella cumple acabadamente la normativa vigente, al contener una clara descripción de la acusación formulada en contra de los nombrados, razón por la cual el planteo de la defensa no puede prosperar.

En ese sentido, apreciamos que la querella, describió, de conformidad con las probanzas que existían al momento de formular esa acusación, el relato del hecho que damnificara a la Sra. L., y además detalló la intervención que en aquel les cupo a cada uno de los acusados.

Cierto es que pudieron existir algunos detalles que no fueron volcados, pero ello no obedece a una falencia u omisión del dictamen de la querella, sino precisamente a la modalidad del hecho imputado, que se trata de una maniobra desplegada en el marco de un proceso laboral, donde comulgaron varios intervinientes y donde naturalmente la real intervención se iba a dilucidar en el marco del debate público a realizar con posterioridad a la requisitoria.

En este contexto, lo importante sobre la información del hecho atribuido, es que pueda ser comprendido cabalmente por el imputado y éste tenga tiempo de oponer en tiempo oportuno las defensas que estime convenientes, circunstancia que claramente ha quedado satisfecha en el presente. Desde esta perspectiva, no se alcanza a comprender cuál es el perjuicio concreto o lesión al derecho de defensa que alega la asistencia técnica de los acusados, máxime que ese mismo suceso fue aquel sobre el que finalmente alegó la querella y el que se tuvo por probado en la sentencia condenatoria y por el cual pudieron defenderse, producir y alegar prueba a su respecto. No podemos dejar de ponderar —y esto lo veremos al analizar la calificación legal—, que incluso en el fallo condenatorio, el hecho fue calificado como tentado, es decir, de manera más leve que la pretendida por la acusación particular, motivo por el cual no se alcanza a comprender la supuesta alteración fáctica que denuncia el defensor, ni el perjuicio que le habría ocasionado la circunstancia de que la querella al momento de alegar haya pretendido incorporar el cobro de una suma de dinero a modo de lesión patrimonial pues este extremo no se vio reflejado en la sentencia impugnada.

Desde esta perspectiva, la violación al principio de congruencia alegada, resulta insólita, en la medida en que el hecho objeto del proceso se mantuvo inalterado durante toda su sustanciación.

El hecho histórico por el cual fueron condenados los acusados en la sentencia, es exactamente el mismo por el que fueran acusados, y por el cual tuvieron la ocasión durante todo el proceso de defenderse, producir prueba y alegar sobre la misma.

En consecuencia, no se aprecian las violaciones al derecho de defensa, debido proceso y principio de congruencia que postula la defensa. Por otra parte, notamos que de la lectura del resto de las partes del requerimiento que no hemos transcripto, también se ha dado cumplimiento al resto de los requisitos sindicados por el art. 347 del CPPN, en tanto allí, además de los hechos objeto de acusación, se consignaron los datos personales de los imputados, las pruebas reunidas y la calificación jurídica de las conductas.

Por lo demás, apreciamos que el planteo nulificatorio, no es más que una reedición de aquel formulado durante el debate y que mereció una debida respuesta por el tribunal de grado, sin que la parte haya cumplido con la carga de refutar cada uno de los argumentos brindados por el a quo para rechazar la pretensión. Finalmente, no debemos olvidar que el instituto de las nulidades procesales tiene por objeto resguardar el debido proceso y la defensa en juicio. Por ello, sólo cuando la actividad procesal perjudique la función de tutela de los intereses comprometidos en el proceso, por haberse configurado una irregularidad que afecte el ejercicio de la defensa, un presupuesto procesal o el equilibrio entre las partes resultante del principio de igualdad y del contradictorio, debe ser invalidada, privándosela de eficacia (Conf. causa n° 7210 “Reina, Carlos Roberto; Duarte, María Cristina s/ recurso de casación”, rta. el 14/02/07).

Es por ello que en reiteradas ocasiones dijimos que “Las nulidades procesales son de interpretación restrictiva, siendo condición esencial (…) que quien la pida tenga interés jurídico en la nulidad (…)” (Cfr. Doctrina jurisprudencial, C.N.C.P., Sala III, causa n° 8107, “Serafini, Ricardo Augusto s/ recurso de casación”, reg. 1289/07, rta. el 2/8/07; y en el mismo sentido ver las causas n° 2242 “Themba, Cecil Oupa s/ rec. de casación”, reg. 209/2000, rta. el 26/4/00; n° 2471 “Antolín, Miguel Angel s/ rec. de casación” reg. 765/00, rta. el 30/11/00; n° 3561 “Alincastro, Jorge R. s/ rec. de casación” reg. 137/02, rta. el 9/4/02; n° 3743 “Encinas Encinas, Edwin s/ rec. de casación”, reg. 314/04, rta. el 11/6/02; n° 4586 “Muñoz, Jorge L. s/ rec. de casación”, reg. 762/03 rta. el 15/12/03; n° 9320 “Burgos, Miguel Oscar y otros s/ rec. de casación”, reg. 1120/08 rta. el 3/9/08).

Asimismo, aseveramos que “Para declarar la nulidad de un acto procesal es necesario cumplir con ciertas exigencias, entre las que hay que subrayar la demostración — por parte de quien la alega— del perjuicio real y concreto que le produce el acto viciado (limitación de un derecho vinculado al buen orden del proceso)…” (Conf. las causas n° 3861, “Alto Palermo Shopping s/ recurso de casación”, reg. n° 408/02, rta. el 12/08/02, n° 4638, “Espinoza Ocampo, Simeón s/ recurso de casación”, reg. n° 589/03, rta. el 07/10/03, n° 5015, “Palacios, Oscar Enrique s/ rec. de casación”, reg. n° 322, rta. el 22/06/04 de esta Sala; y en análogo sentido, causa n° 261, “Barbieri, Claudio H. s/ recurso de queja”, reg. n° 344 rta. el 10/11/94 de la Sala I; causa n° 1785, “Trovato, Francisco M. A. s/ recurso de casación”, reg. n° 2614, rta. el 31/5/2000, y causa n° 2244, “Cubilla, Hugo Eduardo s/ recurso de casación”, reg. n° 3134, rta. el 19/2/2001, ambas de la Sala IV; entre muchas otras).

Tal como lo afirmamos en numerosos precedentes de la Sala, también el Alto Tribunal ha señalado que “…la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el solo interés formal de cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia” (in re “Castro Roberts, Oscar Alberto s/ robo de automotor en concurso real con tentativa de robo” —causa n° 8786—, rta. el 15/11/88, C.S.J.N Fallos 295:961; 298:312).

El criterio contrario, atentaría contra el principio de trascendencia de los actos e implicaría el dictado de la nulidad por la nulidad misma, lo cual resulta inaceptable en el ámbito del derecho procesal (C.S.J.N. Fallos 320:1611). En el caso concreto, entonces, a todas las circunstancias ya enunciadas para rechazar el planteo, debemos agregar que la parte no ha logrado demostrar cuál es el perjuicio o lesión a un derecho constitucional que la formulación de la pieza atacada le ha ocasionado, por lo que el planteo luce claramente insuficiente para decretar la nulidad del acto cuestionado.

2. En cuanto al agravio vinculado a la particular situación de M. A. C. y la modificación de la calificación legal de su conducta durante el proceso, invariablemente hemos sostenido que las exigencias que impone el principio de congruencia versan sobre la correlación fáctica de los hechos y que el tribunal se encuentra facultado para otorgar una calificación legal distinta —incluso más gravosa—, a la vertida en la acusación (así, por ejemplo, conf. causa N° 2532 “Peralta, Hilario Marcelo s/ rec. de casación”, registro n° 398/2000, del 13/7/2000; y nuestro voto en las causas n° 3414 “Bracco, Sergio y Herrera, José A. s/ rec. de casación”, registro n° 784/01 del 20/12/2001; n° 3835 “Cabrera, Ramón s/ rec. de casación”, registro n° 471/02, del 4/9/2002; y n° 4326 “Ferrari, Hugo s/ rec. de casación”, registro n° 463/03 del, 19/8/2003; todos de esta Sala III, entre muchos otros). Específicamente en lo que hace al principio de congruencia, en aquellos fallos hemos dicho que “… la violación a esta regla se manifiesta ante la falta de identidad fáctica entre el hecho por el que resultara condenado el encausado y el enunciado en la acusación intimada —ne est iudec ultra petita partium— … En efecto, de la correlación que debe verificarse entre los términos en que quedó sustanciada la acusación y el contenido de la sentencia, surge la formulación del principio de congruencia.

Queda excluido de dicha exigencia el aspecto jurídico, toda vez que la congruencia no alcanza al título o calificación legal del hecho imputado, pues el tribunal de mérito tiene plena libertad para elegir la norma que considera aplicable al caso, y ello así en virtud del principio iura novit curia …

En esta inteligencia, el Cód. Procesal Penal de la Nación, en su art. 401, dispone que: …en la sentencia el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la contenida en el auto de remisión a juicio o en el requerimiento fiscal, aunque deba aplicar penas más graves o medidas de seguridad… … En definitiva, lo único realmente valioso para la actividad defensista es que la sentencia condenatoria recaiga sobre el mismo hecho que fue objeto de acusación, y que tanto el imputado como su defensor pudieron tener presente, ya que si no ocurriese de este modo se vulneraría la garantía de la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional), privándosele al procesado del derecho de probar, contradecir y alegar sobre el hecho que se le atribuye ….”.

En este contexto, tampoco puede prosperar el agravio que desliza el defensor, en torno a que C. había sido procesado por el delito de falso testimonio y ahora fue condenado como partícipe necesario de estafa procesal en tentativa, en la medida que la correlación fáctica entre los actos procesales se mantuvo inalterada.

Tercero: Respecto del planteo de extinción de la acción penal realizado por la defensa, conviene tener presente cuanto llevamos dicho en torno a que “la prescripción de la acción penal del delito de estafa procesal mediante la utilización de documentos públicos adulterados [y en el caso de prueba testimonial falsa] comienza a correr desde la fecha del último acto positivo realizado por el imputado en el juicio de que se trate” (cfr. esta Sala III en causa n 7260 caratulada “Barneix, S. María s/ recurso de casación”, reg. 179, del 6/3/07, causa n 7264 caratulada “Percowicz, Juan s/ recurso de casación”, reg. 180, del 6/3/07, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, Sala VII, causa n 21.856 caratulada “Carelli, A.L.”, del 24/11/98, con cita del Fallo Plenario “Nos Ronchera”, rto. el 24/5/46; asimismo Ricardo Núñez “Derecho Penal Argentino”, T. V, p. 312/313; Sebastián Soler “Derecho Penal Argentino”, T. IV, p.376/377; ELOSÚ LARUMBE, Alfredo “Prescripción de la acción en el Cód. Penal Argentino”, p. 104/105).

Por lo tanto, aplicando mutatis mutandi el criterio seguido por esta Sala para el delito analizado, el comienzo del cómputo de la prescripción, de acuerdo a las particularidades del presente caso, debe ubicarse como mínimo allí donde se produjo la prueba falsa en apoyo a la demanda presentada por B. para pergeñar la maniobra orquestada, y que no es otro que aquel identificado por el tribunal de grado, esto es, el día en que el coimputado C. se presentó en sede laboral y depuso falsamente a los fines de abonar la acción entablada por su consorte.

Esa declaración se produjo con fecha 7 de diciembre de 2004, por lo que al momento de disponerse la convocatoria a prestar declaración indagatoria a los nombrados el 30 de mayo de 2008, no había transcurrido el lapso de 4 años de pena máxima para el delito tentado atribuido y por ende la acción no se había extinguido. Lo expuesto, sella la suerte del agravio reeditado en esta instancia por la empeñosa defensa.

Cuarto: 1.Corresponde ahora abordar los agravios vertidos por la defensa de los imputados en torno a la determinación de los hechos y las pruebas. En tal sentido, es del caso recordar la reiterada doctrina jurisprudencial de este Tribunal en cuanto a que la legislación procesal ha impuesto a los magistrados del poder judicial la obligación ineludible de motivar sus decisiones.

Así es, llevamos dicho al respecto que “…los jueces tienen el deber de motivar las sentencias y ello se realiza cuando se expresan las cuestiones de hecho y de derecho que los llevan a concluir en un caso concreto de un determinado modo. Se cumple así con un principio que hace al sistema republicano, que se trasunta en la posibilidad que los justiciables, al ser absueltos o condenados puedan comprender claramente porque lo han sido” (conf. causas N° 25 “Zelikson, Silvia E. s/ recurso de casación”, Reg. N° 67 del 15 de diciembre de 1993 y sus citas; y causa N° 65 “Tellos, Eduardo Antonio s/ recurso de casación”, Reg. N° 64/94 del 24 de marzo de 1994, ambas de esta Sala).

En ese criterio, vemos que el artículo 123 del Cód. Procesal Penal de la Nación establece que las sentencias deberán ser motivadas bajo pena de nulidad y más aún, el artículo 404 inciso 2° del mismo texto legal dispone que la sentencia será nula si faltare o fuere contradictoria la fundamentación. Esta exigencia comporta una garantía en beneficio de los eventuales imputados y acusados, como también para el Estado en cuanto asegura la recta administración de justicia. Motivar o fundamentar las resoluciones judiciales implica asentar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ellas contienen. En otras palabras, importa la obligación de consignar las causas que determinan el decisorio o exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la resolución, esto es, las razones que poseen aptitud para legitimar el dispositivo (conf. nuestros votos en las causas N° 80 “Paulillo, Carlos Dante s/ rec. de casación”, Reg. N° 111 del 12/4/94; N° 181 “Sassoon Attie, R. Nissim s/ recurso de casación” Reg. N° 177/94 del 17/11/94; N° 502 “Arrúa, Froilán s/ rec. de casación”, Reg. N° 185/95 del 18/9/95; N°1357 “Canda, Alejandro s/ rec. de casación”, Reg. N° 70/98 del 10/3/98; N°2124 “Anzo, Rubén Florencio s/ rec. de casación”, Reg. N° 632/99 del 22/11/99; N° 1802 “Grano, Marcelo s/ rec. de casación”, Reg. N° 186/2002 del 22/4/2002; y asimismo las causas N° 18 “Vitale, Rubén D. s/ rec. de casación” Reg. N° 41 del 18/10/93; N° 25 “Zelikson, Silvia E. s/ rec. de casación” ya citada; N° 65 “Tellos, Eduardo s/ rec. de casación” ya citada; N° 135 “Risso de Osnajansky, Nelly s/ rec. de casación” Reg. N° 142/94 del 18/10/94; N° 190 “Ruisanchez Laures, Angel s/ rec. de casación” Reg. N° 152/94 del 21/10/94; todas de esta Sala III, entre muchas otras).

2. Sentado ello, apreciamos que el tribunal —por mayoría— tuvo por acreditado que: “…a los fines de obtener una sentencia indemnizatoria favorable, M. A. B. generó un concierto de maniobras en el marco del juicio laboral caratulado “B. M. c. L. S. G. s/ despido” —que tramitó por ante el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 59—.

En ese contexto promovió una demanda por despido contra la querellante S. L. valiéndose de datos falsos y declaraciones mentirosas prestadas por presuntos testigos de esa relación laboral.

En efecto, el día 25 de febrero de 2004, B. —a través de su apoderado J. R. L.— con el patrocinio letrado de la Dra. A. M. C., promovió la demanda contra la titular de la firma Miguel Angel Ferrari dedicada al rubro de alquiler de hidrogrúas, a la sazón S. G. L. (Expte. Laboral Nº 2365/04 del Juzgado del Trabajo Nº 59).

En dicha pretensión, el nombrado alegó haber prestado servicios —en relación de dependencia— para esa empresa en su calidad de chofer especializado en el manejo de hidrogrúas, detallando haber conducido en un comienzo un camión marca Ford … y luego otro camión marca Ford 14000 dominio … modelo 1998, ello durante el período que abarca desde el día 2 de marzo de 1998 hasta el día 16 de mayo del 2003, ininterrumpidamente, de lunes a sábados en un promedio de 12 horas diarias y percibiendo una remuneración mensual que ascendía a mil pesos.

En apoyo a tales aseveraciones, prestaron declaración en el proceso laboral varios testigos propuestos por el actor, entre los que se hallaban M. A. C.

Este último sostuvo bajo juramento que conocía a B. por ser vecinos, ya que tenía un comercio a pocas cuadras de la vivienda de la madre del nombrado, razón por la cual lo veía dos o tres veces por semana, cuando aquél lo iba a visitar. Afirmó que en esas ocasiones, desde aproximadamente el año 1997 o 1998, observó que B. se trasladaba en un camión hasta la casa de su progenitora, marca Ford con hidrogrúa, el cual llevaba inscripta la leyenda Grúa Ferrari y era de color naranja, desteñido.

Que luego, en el año 2000, cambió por otro de la misma marca pero un modelo más nuevo y también con hidrogrúa, pero desconocía para que empresa aquél prestaba servicios.

Añadió que en una oportunidad había visto al nombrado cargando ramas y árboles en el camión. Finalmente sostuvo que ignoraba qué remuneración percibía B., así como también cuándo comenzó a trabajar el nombrado. Por su parte, la demandada negó la existencia de la relación laboral y arguyó que el actor estuvo a prueba durante cinco días, tras los cuales aquél hizo abandono de tareas para pasar a desempeñarse en una panadería próxima a su domicilio.

Asimismo sostuvo que, pasado un tiempo y, ante la insistencia del propio accionante a que le proporcionara empleo, volvió a ponerlo a prueba en una máquina de su propiedad, pero a los dos días de iniciado el trabajo B. embistió con el camión un puente carretero y nuevamente abandonó sus tareas.

Ahora bien, los elementos de prueba arrimados al proceso laboral por B. llevaron a que, con fecha 9 de diciembre de 2005 se dicte una sentencia que le resultó favorable, ya que se hizo lugar a la demanda interpuesta por pesos treinta mil novecientos veintinueve con treinta y dos centavos con más los intereses calculados. A su vez, el 17 de julio de 2006 dicho pronunciamiento fue confirmado (ver fs. 257/261 del expediente laboral) por la cámara del fuero. Con motivo del resultado obtenido en sede laboral, S. L. inició una exhaustiva investigación a los efectos de poder demostrar la inexistencia de la relación laboral en los términos mencionados por B. —esto es, que en lugar de cinco años aquél laboró cinco o seis días— y con ello las demás falsedades a las que hicieron referencia los testigos ofrecidos por esa parte en el juicio laboral. De la pesquisa emprendida por L. se logró establecer, a través de informes remitidos por la AFIP (fs. 45/61, 496, 498/527) que el nombrado había trabajado para otras empresas durante el período que alegó haberlo hecho para la firma querellante.

De este modo se pudo determinar que durante el período que abarca los meses de enero a julio de 1999 prestó servicios para la firma Compañía de Servicios a la Construcción SA Servicon (que actualmente opera bajo el nombre de Lomax) la cual no guardaba vinculación alguna con la empresa querellante. También se comprobó que durante los meses de septiembre a noviembre del año 2000, el nombrado B. hizo lo propio para Baubin y Baubin S.A. (compañía de redes e infraestructuras). Finalmente, también quedó comprobado que no estaba permitido al personal llevarse los camiones a sus domicilios y que los rodados no tenían inscripción alguna que permitiera relacionarlos con la empresa querellante, ni eran de color naranja desteñido.

En definitiva, B. sostuvo que ingresó a trabajar en relación de dependencia desde el 2 de mayo de 1998 hasta el 16 de mayo del 2003, ininterrumpidamente, siendo su función de chofer especializado en el manejo de hidrogrúa; y aseguró haber trabajado de lunes a sábados doce horas diarias, extremos que corroboró a través de diferentes testimonios, entre ellos, el —falso— de C.

Sin embargo, otros datos dieron por tierra su postura, pues a través de AFIP y de las empresas mencionadas en los informes remitidos por este organismo, se pudo establecer que en el período comprendido entre el 1 de enero al 15 de julio de 1999, B. trabajó para Lomax S.A., firma que realizó aportes previsionales; desde el 29 de septiembre al 9 de noviembre de 2000 lo hizo para la firma Baubin y Baubin S.A.; por lo que, como quedó dicho, era imposible que prestara funciones para la querellante en paralelo.

A ello se suman los dichos de los hermanos R. que en todo momento negaron conocer a B. y afirmaron, al mismo tiempo, la prohibición de llevarse los camiones; razón por la cual era imposible que C. haya visto a aquél con camiones de la empresa y menos aún con la inscripción de un nombre, que no llevaban y con un color que no tenían”.

Para tener por acreditado el hecho descripto como así también la responsabilidad que le cupo a los imputados, el tribunal comenzó valorando la declaración testimonial de la querellante S. L., quien afirmó “…haber conocido a B. en el año 1998, en ocasión de darle trabajo para la firma Teyma Abengoa, en Hurlingam y que luego de trabajar cuatro o cinco días, aquél abandonó las tareas”.

Se apuntó que la nombrada L., detalló que, sin embargo, en el año 2003, B., “se contactó nuevamente para requerirle empleo y, en esta nueva oportunidad, le ofreció un trabajo de poda de árboles que la declarante tenía a su cargo en el municipio de Buenos Aires”.

Y agregó que el nombrado “comenzó a trabajar y al día siguiente (…) pasó con el equipo por debajo de un puente del cual no calculó sus dimensiones y me destrozó la grúa, se fue y no lo vi más”.

Asimismo, L. dio cuenta de que, luego de notificarse de la sentencia que hiciera lugar a la demanda de B. en sede laboral —donde afirmara que había trabajado para su empresa en el período 1998-2003 en relación de dependencia— y en razón de que su abogado laboralista no había hecho a su criterio las presentaciones correspondientes, “le solicitó a su letrado penalista de confianza las pruebas necesarias para acreditar que durante el lapso que B. dijo trabajar para su firma, en realidad lo había hecho para otras entidades”.

Tales extremos se conocieron a través de los informes de la AFIP que a tal efecto se consiguieron y que demostraron los trabajos que durante ese lapso efectuó el acusado. Además, y siempre valorando los dichos de L., el tribunal precisó que la nombrada: “aseguró que en la empresa hubo siempre dos empleados fijos, a pesar de contar con cuatro camiones.

Aquellos eran los hermanos R., uno de los cuales trabajó desde el año 1992 al 2005 y el otro de 1997 a 2005. Aclaró que, en caso de que surgieran trabajos que requieran la utilización de los otros dos camiones, contrataba especialmente para esa tarea a empleados por tiempo determinado, con un contrato fijo (…) de alta temprana, del que se ocupaba su contador…”.

Asimismo, se ponderó que L. “sostuvo que ningún chofer estaba autorizado a llevarse los camiones a sus domicilios (…) [pues] debían ser reintegrados al finalizar la jornada laboral, sin excepción (…) toda vez que la mayoría de [los empleados] vivía muy lejos y el traslado del camión le generaría un gran gasto de combustible, además de exponerlos a ciertos riesgos innecesarios”.

Se tuvo en cuenta además, que L. destacó que los empleados comenzaban a trabajar con las hidrogrúas a partir de las 07:30 u 8:00 horas de la mañana; que retiraban las unidades de un galpón —el primer depósito lo tuvo en la calle Ezpeleta, cerca de la autopista del Sol, en M.ez; el segundo en la calle Paraná en Munro—; que tenían llaves de los depósitos y que ellos mismos realizaban las reparaciones menores de las hidrogrúas, realizándose los cambios de aceite en una estación de servicio cercana y los arreglos grandes en un “hidrocentro”.

De la misma, manera, se valoró que L. aclaró que “sus camiones no llevaban ningún logotipo ya que, como se alquilaban para otras empresas, eran éstas últimas las que les pegaban el propio y luego se lo quitaban” y que respecto de una multa que le habrían efectuado a B. cuando manejaba un camión de su firma, destacó que eso ocurrió “durante esos cuatro o cinco días en los que trabajó —por primera vez— para su empresa”. Continuando con la valoración probatoria, los sentenciantes, expresaron que las afirmaciones de L. “…encuentran aval en lo declarado por quienes fueron empleados suyos de la empresa —A. M. R. y su hermano R. R., desvinculados de la firma desde hace ya varios años— quienes en forma conteste aseguraron haber trabajado desde 1992 y 1995, respectivamente, hasta el año 2005 para la querellante, lapso durante el cual no conocieron a B.”.

En este punto, y respecto de A. M. R., los magistrados valoraron que el nombrado afirmó haber trabajado para L. desde el año 1992 hasta 2005, “…período en el cual los únicos empleados fijos eran él y su hermano” —sin perjuicio de las contrataciones temporales de otras personas cuando se necesitaba—; que dijo que “no había camión alguno de color naranja”; que ninguna de las unidades “llevaba cartel o logo identificatorio de la empresa para la cual prestaba servicio ya que se la colocaba el de la firma que lo alquilaba por la temporada”; que “los camiones se retiraban y luego regresaban a un galpón” y que “los choferes no estaban autorizados a llevarse los camiones a su casa y no le consta que ningún empleado lo hubiera hecho”.

Por su parte, se tuvieron en cuenta los dichos concordantes de R. R. quien, en la audiencia, sostuvo que se desempeñaba junto con su hermano como chofer fijo de la firma querellante —desde 1997 hasta el 2005—, a pesar de que había cuatro camiones, los cuales eran utilizados en su totalidad cuando la demanda de trabajo aumentaba, para lo cual se contrataba choferes.

También se ponderó que el nombrado precisó de manera conteste que en la empresa “no había camiones de color naranja”; que “ninguno de ellos llevaba el logo ya que se colocaba el de la firma que rentaba los vehículos”; y que “[n]ingún chofer estaba autorizado a llevarse el vehículo a su domicilio y desconoce si algún empleado temporario lo hizo”.

También se ponderó respecto a este testigo, que si bien en un principio dijo no conocer a B., al serle sindicado si reconocía a la persona que estaba en la Sala, expresó que lo había visto no hacía mucho tiempo atrás, en diciembre del año anterior, en circunstancias de hallarse trabajando sobre la ruta 4, cuando ese individuo lo increpó y le dijo que él lo conocía, que era B.

Esto motivó que se realizara un careo entre R. y el acusado B., ocasión en que el primero de los nombrados, dijo textualmente: “En diciembre se subió al estribo y me dijo que vos sos R., yo te conozco, puede ser le dije yo, sí, yo me llamo R., ahí me empezó a hablar de los problemas que tenía, me dijo ya nos vamos a cruzar en la calle te voy a romper la cabeza”; hecho por el cual, finalmente el tribunal, ordenó la extracción de testimonios.

De lo expuesto hasta aquí, se colige que de acuerdo a los testimonios de L. corroborados en sustancia por los hermanos R., el nombrado B. nunca se desempeñó como empleado fijo de la empresa de la querellante, sino que simplemente trabajó unos pocos días.

También se pudo establecer, que no había ningún camión de color naranja, que los choferes no podían llevarse las unidades a sus casas y que las hidrogrúas no presentaban inscripciones con el logo de la empresa de la nombrada L.

Asimismo, la multa que registrara el acusado, fue reconocida por la querellante pero ubicada como posible dentro de los pocos días en que trabajó para ella. Las testimoniales referidas, cuya credibilidad fue sostenida por el tribunal de conformidad con lo apreciado en la audiencia producto de la inmediación, dejaron en claro las falsedades que el acusado B. plasmó en su demanda laboral, esto es, que durante el período que va desde el mes de marzo del año 1998 al mes de mayo del año 2003 laboró en relación de dependencia como chofer de hidrogrúas prestando servicios de lunes a sábados durante doce horas diarias; como así también la falsedad de los dichos que el coimputado C. vertió en su declaración testimonial en sede laboral al referir —en abono de la acción entablada por B.—, que veía al nombrado en un camión de color naranja cerca del domicilio de su madre, unidad que tenía el logotipo de la firma de la Sra. L.

Pero tales aseveraciones no sólo fueron desmentidas por las testimoniales analizadas, sino que además resultaron claramente controvertidas por la documentación que demostró sin lugar a dudas que durante algunos tramos de los períodos plasmados en su demanda laboral, B. en realidad prestó servicios para otras firmas en horarios que resultan incompatibles con las labores casi full time que dijo haber realizado para la querellante L.

En efecto, el tribunal tuvo en cuenta en esa dirección “…la indubitable prueba documental obrante en autos, consistente, en primer lugar, en el informe remitido por la AFIP (fs. 45/61) referente a los distintos empleos en los que prestó servicios B. durante el mismo lapso en que éste alegó trabajar para L. y que fue materia de reclamo indemnizatorio en el juicio laboral”. Se apuntó en el fallo que “…de esa documental se constató que entre los meses de enero y julio de 1999 B. trabajó para la firma SERVICOM —esto es, durante siete meses—; que de septiembre a noviembre del 2000 lo hizo para Baubin y Baubin S.A.” El tribunal agregó además que esta información “…pudo ser corroborada, a través de las comunicaciones realizadas por las empresas precitadas que confirmaron la labor realizada por B. en aquellos períodos”. En este orden de ideas, se ponderó que “…a fs. 220, 385/393 y 411/419 se agregaron las constancias enviadas por la Compañía de Servicios a la Construcción S.A. (Servicon)”, de las cuales surge que “desde el 1/1/1999 al 15/7/1999 B. se desempeñó como empleado para dicha firma, hasta que fue despedido”.

En la misma línea, se tuvo en cuenta que “a fs. 274 y 410 Baubin y Baubin SA informñ sobre las prestaciones de servicios que B. realizó para dicha firma desde el 29 de septiembre de 2000 al 9 de noviembre del 2000, cumpliendo horario de trabajo de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 12 horas”.

Asimismo, el tribunal, valoró que la multa fechada el 11 de mayo de 1998 a B., en ocasión de manejar un camión de la empresa, por no pagar un peaje, no descarta que el vínculo laboral fuera del modo en que lo manifestó la querellante L.; esto es, que haya trabajado algunos días o temporariamente para su firma, pero no como trabajador fijo durante el período 1998-2003 como falsamente denunció en sede laboral.

Las probanzas apuntadas, permitieron entonces al tribunal concluir que “…más allá de la falta de registración de las presentaciones temporarias de trabajo por parte de la empresa cuya titular era S. L., B. afirmó falazmente en el juicio laboral que prestó servicios en su condición de chofer calificado para la empresa Ferrari durante un período ininterrumpido de cinco años —desde el 2 de marzo de 1998 hasta el 13 de mayo de 2003” y también que “durante el tiempo que duró su relación laboral con la querellante, se llevó los camiones a su domicilio”. Asimismo, los magistrados se dedicaron a analizar la falsedad de la declaración testimonial prestada en sede laboral por el coimputado M. A. C., quien con sus manifestaciones falaces abonó la pretensión del demandante B. en perjuicio de la aquí querellante. A tal efecto, se ponderó que a contrario de lo sostenido por C. en su testimonial —afirmó haber visto a B. con el camión dos o tres veces en la casa de su madre, identificó a la unidad como de color naranja y con el logotipo de la firma L.—, los hermanos R. aseveraron, en primer lugar, que “…ningún chofer estaba autorizado a llevarse camiones a su hogar”; prohibición que, a juicio del tribunal, “…tiene su lógica porque, permitir que el chofer se traslade hacia su domicilio luego de extensas jornadas de trabajo a las que eran sometidas las unidades, implicaría: exponer los camiones a un riesgo innecesario, incrementar su desgaste natural y aumentar los costos de combustible”.

Se tuvo en cuenta además que los testigos aludidos, confirmaron la versión de L., en cuanto a que “no había camiones naranjas y que los existentes no llevaban inscripción alguna”.

Es decir, que las testimoniales aludidas dejaban en evidencia la falsedad de la declaración testimonial prestada por C. en sede laboral, cuando pretendió avalar con sus dichos la demanda de B.

También notamos en que en el fallo, el sentenciante despejó la duda sobre las supuestas contradicciones denunciadas por la defensa entre los hermanos R. y la Sra. L. en torno a quien guardaba las llaves de los galpones —dato totalmente irrelevante, por cierto—, como asimismo las alternativas vinculadas al careo entre B. y R. R.

3. Pues bien, queda por demás claro entonces que el tribunal de mérito dejó plasmados los motivos que lo condujeron a establecer tanto la existencia del suceso objeto del proceso, como así también la responsabilidad que le cupo a los acusados B. y C.; a todo ello arribó expresando cuáles eran los fundamentos de hecho y las pruebas en las que cimentó su decisión.

Es que de la lectura de la sentencia impugnada es posible tomar conocimiento de los hechos y razones que llevaron al tribunal a resolver del modo en que lo hizo, de forma tal que la crítica que formula la defensa no pasa de ser un mero disenso con la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de grado y que no demuestran el yerro de la decisión.

En efecto, en su extenso y confuso recurso de casación la defensa pretende atacar la fundamentación de la sentencia y que se aplique la regla del “favor rei”, haciendo referencias a supuestas contradicciones entre los dichos de la Sra. L. y los testigos R., como asimismo cuestionando la versión introducida por la querella en torno a la forma de trabajo y la relación que tenía con el imputado B., haciendo gala de lo decidido sobre el particular en sede laboral.

Sin embargo, ninguno de los extensos análisis efectuados por el defensor, logran conmover el razonamiento del tribunal, ya que no se hace cargo de desbaratar la prueba objetiva que demuestra inequívocamente que los términos de la demanda laboral entablada por B. —acompañada de testimonios falaces— no se correspondía con la realidad.

En efecto, surge del expediente laboral, que al momento de interponer la demanda, B. afirmó que se había desempeñado para la Sra. L. como chofer especializado en hidrogrúa durante el período ininterrumpido que va desde el 2 de marzo de 1998 hasta el mes de mayo de 2003 cumpliendo tareas de lunes a sábado por un lapso de doce horas diarias y percibiendo un salario de mil pesos.

Sin embargo, tal como lo expuso el tribunal de grado, y más allá de los dichos en sentido contrario de L. y los hermanos R., se pudieron acreditar las falsedades de las afirmaciones vertidas en sede laboral, mediante pruebas objetivas e irrefutables, que demostraron que B., prestó servicios para otras firmas como empleado registrado, durante períodos de tiempo que se superponen con los que denunciara en su demanda laboral.

En efecto, de las constancias obrantes a fs. 45/61, 496 y 498/527 de la AFIP, surge que B. trabajó para otras empresas durante parte del tiempo que alegó haberlo hecho para la Sra. L.. Así, durante el lapso que comprende los meses de enero a julio del año 1999 B. trabajó para la firma “Compañía de Servicios a la Construcción SA Servicon” (ver fs. 220, 385/393 y 411/419).

Asimismo, se determinó que durante los meses de septiembre a noviembre del año 2000, el acusado laboró para la empresa “Baubin y Baubin SA” (ver fs. 270/410). Interesa remarcar que esta última empresa informó que B. prestaba servicios de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y los sábados de 8:00 a 12:00hs, es decir, tenía una dedicación que hace imposible pensar que a la par pudiera prestar funciones también para la querellante. Por su parte, si bien la empresa Servicom —actual Lomax—, informó que carecía de registro de los horarios, destacó que en la actualidad los trabajos se realizan “full time” (fs. 419), lo que permite suponer que así lo era cuando B. trabajaba para ellos. Lo expuesto no deja margen de dudas de la falsedad plasmada en la demanda laboral, puesto que la prueba objetiva demuestra sin fisuras que existieron períodos de tiempo en los que B. trabajó en forma registrada para otras empresas y en horarios que hacen imposible que haya prestado servicios en forma paralela para la firma querellante en los términos alegados en el fuero laboral. Pero hay más, en su declaración indagatoria de fs.350/2 y vta. —incorporada por lectura al debate—, el acusado lisa y llanamente reconoció que por lo menos en parte existió una falsedad en su demanda laboral, cuando dijo lo siguiente:

“Que el dicente reconoce haber trabajado para Lomax SA y para Baubin Baubin SA en forma temporaria no siendo efectivo ni nada. Que si bien en la demanda se puso que trabajaba de lunes a sábados doce horas lo cierto es que ha trabajado hasta domingo y hasta más horas y hasta menos días y menos horas.

Que para dichas empresas habrá trabajado aproximadamente 9 hs. y después cuando salía iba a hacer las changas para L. a la Autopista del Sol en el horario nocturno de 21 a 00:00 hs. o 1:00hs. de la mañana”.

Se advierte que, de acuerdo a los propios dichos del acusado, durante los períodos superpuestos, nunca pudo haber trabajado 12 horas de lunes a sábado para la firma de L., lo que denota cuanto menos, la falsedad parcial de su presentación en el fuero del trabajo. Poco queda por agregar entonces para demostrar lo malicioso de la demanda laboral, sin que se aprecien en el recurso de la defensa elementos de convicción que permitan desvirtuar el panorama analizado. Además, y como ya hemos apuntada más arriba, en abono a su postura B. presentó un testigo que declaró falsamente: el coimputado M. A. C.

La mendacidad de su exposición, quedo evidenciada cuando los hermanos R. —verdaderos empleados fijos de la Sra. L.—, afirmaron que la firma no tenía camiones de color naranja, que las unidades no llevaban el logotipo de la empresa y que los choferes no estaban autorizados a llevarse los camiones a su domicilio —contrariamente, y para avalar la demanda de B., C. había afirmado en sede laboral que veía al nombrado con el camión naranja de la empresa L. cuando iba a visitar a su madre—.

No existen razones para dudar del testimonio de los hermanos R., máxime que los nombrados ya desde el año 2005 no trabajan más en relación de dependencia para la querellante, razón por la cual, a diferencia de lo sostenido por la defensa, resultan parte desinteresa en el proceso. En suma, todos estos elementos reseñados, valorados de manera conjunta, de conformidad con las pautas de la sana crítica racional, nos llevan a afirmar con certeza, tal como lo apuntara el tribunal a quo, la responsabilidad en el presente hecho, de B. y C.

Por todo ello, la certeza que existe respecto a la intervención de los acusados, impide que puedan considerarse vulnerados los principios de inocencia y favor rei, como lo sugiere la defensa en su extenso recurso de casación.

En definitiva, entendemos que el tribunal de mérito no ha considerado en forma fragmentaria y aislada los elementos de juicio disponibles, no ha incurrido en omisiones y falencias respecto de la verificación del hecho conducente para la solución del litigio, ni ha prescindido de una visión en conjunto del plexo probatorio. La sentencia recurrida se encuentra fundada, y por ende ajena a cualquier tacha de arbitrariedad, toda vez que como dejáramos plasmado más arriba, ha quedado evidenciado que la decisión a la que se llegó, encuentra sustento principalmente en lo sostenido por la querellante, avalado por la prueba testimonial y documental producida en el juicio.

Claro resulta a la luz de todo lo reseñado, que las observaciones de la defensa carecen de entidad para conmover las conclusiones a las que arribara el a quo, pues parten del método de criticar aislando el material probatorio arrimado a la causa, desatendiendo que la totalidad del mismo constituye una unidad que debe ser valorada en su conjunto.

Al respecto, resulta de aplicación lo señalado por la Sala I de esta Cámara Federal de Casación Penal en oportunidad de expedirse en el marco de la causa N 1721 “Unaegbu, Andrew I. y otra s/ recurso de casación”, reg. 2211, del 29 de mayo de 1998 en cuanto allí se sostuvo que “El resultado de aplicar el método consistente en criticar los indicios y presunciones individualmente, de modo de ir invalidándolos uno a uno y evitando su valoración articulada y contextual dentro del plexo probatorio, conduce, obviamente, a resultados absurdos desde el punto de vista de la verdad material, real e histórica, cuya reconstrucción es objeto y fin del proceso penal.

Y ello, desde que tan imperfecta metodología se encarga de desbaratar uno por uno cada cual de esos elementos que, solitariamente, nada prueban con certeza, pero que evaluados en un acto único y con ajuste a las reglas de la sana crítica racional —lógica, experiencia, sentido común, psicología, etc. —pueden llevar de la mano a una probatura acabada, plena, exenta de toda hesitación razonable.”. Como se aprecia de todo lo dicho, no se advierten defectos de logicidad en el decisorio ni transgresiones al correcto razonamiento que pudieran dar sustento a la tacha de arbitrariedad que se pretende. La vinculación de los acusados ha sido sustentada razonablemente y los agravios del recurrente sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (C.S.J.N. Fallos 302:284; 304:415; entre otros); y dicho resolutorio cuenta, además, con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888, entre muchísimos otros). Ello así, toda vez que el pronunciamiento impugnado se apoya en una selección y valoración de la prueba ajustada a las reglas de la sana crítica racional.

En este contexto no se aprecian las violaciones al principio de “in dubio pro reo” y de “racionalidad de los actos de gobierno”, genéricamente mencionados en términos de oficina por la defensa. Tampoco puede tener asidero el agravio vertido por la defensa en torno a la supuesta falta de tratamiento de sus argumentaciones por parte del tribunal de grado.

En este último sentido, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las constancias de la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos 311: 571) y para la correcta solución del litigio (311: 836); y tampoco están obligados a tratar todas las cuestiones propuestas por las partes ni analizar los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (301: 970 y 311: 1191).

En las presentes actuaciones, y conforme lo venimos exponiendo, se han valorado todas y cada una de las cuestiones determinantes para la solución del caso, por lo que la pretensión de la defensa debe ser rechazada. Por otra parte, corresponde rechazar el pedido de la defensa de que se deje sin efecto la extracción de testimonios ordenada por el tribunal de grado ante lo manifestado por el testigo R., toda vez que los jueces se encontraban obligados a proceder de esa manera, atento a la denuncia de un hecho que pueda resultar indicativo de la comisión de un delito.

Quinto: Como un supuesto de errónea aplicación de la ley penal sustantiva, la defensa plantea la atipicidad de la conducta, indicando que en el fuero laboral la sentencia patrimonial perjudicial no se dictó a consecuencia de las prueba falsa —testimonial—, sino en base a otros elementos probatorios, por lo que considera que no hubo “ardid o fraude”. En términos de oficina, se alegaron violaciones al principio de legalidad y lesividad.

Entendemos que la defensa no ha logrado conmover el razonamiento que sobre el particular realizara el tribunal de grado al momento de calificar los hechos como constitutivos del delito de estafa procesal en grado de tentativa. Al respecto, apreciamos que el tribunal comenzó diciendo que “si bien las pretensiones de contenido patrimonial aventuradas, temerarias o incluso injustas no siempre son delictivas, cuando las partes se valen —como en el caso— de una demanda con suficientes vicios de legalidad, que contiene afirmaciones conscientemente falsas, que a pesar de haber sido negadas por la contraparte luego fueron avaladas al producirse la prueba sugerida, los hechos exceden la controversia propia de esta clase de procesos y configuran un engaño que puede ser subsumido en el delito en examen”. Se apuntó asimismo —en respuesta a los planteos ahora reeditados por la defensa— que “no obsta a la configuración del delito que el juez no haya efectuado valoraciones expresas de los testimonios en la sentencia, pues hay tentativa desde que el engaño idóneo para inducir a error al juez quedó desarrollado, pues ello representó, sin lugar a dudas, un acto de ejecución relevante para el tipo penal en examen”.

Se añadió que “cuando el magistrado, como en el caso, por defectos procesales no necesita de su valoración, esta circunstancia influye en el grado de realización del delito pero no en la subsunción o relevancia normativa”. Se dijo asimismo, en torno a la tipicidad del engaño desplegado que “es sabido que para apreciar la idoneidad fraudulenta de una conducta engañosa no es determinante que el sujeto al que se pretende engañar —el juez del trabajo— lo evite con un riguroso examen —de la prueba— o por otras alternativas —procesales—; debe repararse en la propia calidad engañosa del comportamiento desde una perspectiva ex ante y nos parece que una demanda con suficientes visos de legalidad, que contiene afirmaciones conscientemente falsas, que luego son ratificadas al producirse el —falso— testimonio ofrecido, ostenta la idoneidad necesaria para —potencialmente— engañar”. Tal como hemos visto al desarrollar la determinación de los hechos, quedó objetivamente comprobado que B. promovió una demanda laboral —con visos de legalidad—, que contenía afirmaciones que a la postre se determinaron falsas, esto es, que durante el período 1998-2003 había laborado de lunes a sábado por 12 horas diarias en relación de dependencia para la firma de la Sra. L.

También se acreditó, que esa demanda falsa, fue acompañada con prueba testimonial falsa direccionada a los fines de abonar el reclamo patrimonial deducido contra la querellante. Esta prueba testimonial falsa, incluso, no se habría agotado en los dichos falaces de M. A. C., sino que además comprendió las declaraciones ofrecidas y producidas de R. M. … e I. B. … —beneficiados por el tribunal de grado con la suspensión del juicio a prueba, conforme se desprende al auto de fs. 942/3—. Así, desde el momento en que la demanda falsa, fue acompañada con testimonios falsos en abono de una pretensión patrimonial, queda configurado el engaño típico, en el sentido del delito de estafa procesal, ya que ex ante luce como una conducta idónea para inducir a error al magistrado del trabajo, aún cuando éste finalmente haya fallado en el mismo sentido propuesto haciendo mérito de otras pruebas y de los principios del derecho laboral para decidir sobre el fondo del asunto. Y si existe un engaño penalmente relevante, nos encontramos ante el comienzo de ejecución propio de la tentativa.

De la lectura de la sentencia laboral que hiciera lugar a la demanda de B. se advierte efectivamente que la prueba falsa no fue determinante para solución del pleito, pero ello sólo tiene incidencia sobre la consumación del hecho, más no sobre la relevancia jurídico penal de la conducta desplegada por B. —y C.— dentro del proceso laboral.

Así, lo visualizó correctamente el tribunal de grado cuando finalmente entendió que el hecho quedó en grado de tentativa, ya que aún cuando la querella alegó que en sede laboral el juez del trabajo dispusiera de su patrimonio, esta decisión “no se encuentra relacionada de manera directa e inmediata con la conducta engañosa sino con la interpretación que el juez hizo sobre la actividad procesal de la demandada, en función de ciertos principios y normas que regulan los procesos laborales y que lo llevaron a admitir la demanda por otras razones”.

Nótese en este punto, que el juez de primera instancia en lo laboral, tuvo en cuenta para hacer lugar a la demanda el resultado de la absolución de posiciones de la demandada y la “ausencia de prueba que acredite la interrupción de la prestación de servicios del trabajador”; y que en segunda instancia las pruebas denunciadas por L., en cuanto pretendía demostrar los trabajos paralelos de B., fueron rechazadas por no reunir los requisitos del “hecho nuevo” de acuerdo a las normas adjetivas aplicables al proceso laboral. Pero como lo expuso el tribunal, esto resulta pertinente para entender que el fraude no logró ser consumado, más no para restarle tipicidad al engaño idóneo intentado, cuya relevancia jurídico penal, se evidencia a través de la interposición de una demanda falaz, acompañada de testigos también falsos en el marco de un expediente laboral en procura de un reclamo patrimonial.

Se aprecia así que el tribunal contestó todas las objeciones que ahora reedita la defensa: la tipicidad de la conducta y la idoneidad del engaño. Incluso, aún cuando se hizo lugar a la demanda, se consideró al hecho tentado, precisamente porque el juez ponderó otros elementos de prueba de conformidad con las normas que rigen el proceso laboral. No se trata de revisar lo decido en dicha sede — como se agravia la defensa en incontables pasajes de su recurso—, ni de reeditar las pruebas allí rechazadas, sino de analizar la conducta desplegada por el accionante en el marco de ese proceso, a través de una demanda que contenía afirmaciones falsas y que fue avalada con prueba también falsa —la ya referida declaración testimonial del imputado M. A. C. y de los testigos beneficiados con la suspensión del proceso a prueba—.

Por ende, consideramos ajustada la calificación legal escogida y entendemos acertado que B. responda como autor del delito de estafa procesal en grado de tentativa; y C. como partícipe primario de dicha maniobra (arts. 42, 45, 172 del CP); sin que se aprecien en la subsunción legal efectuada por el a quo, las violaciones al principio de lesividad o legalidad mencionadas por la defensa en su presentación ante esta instancia.

Sexto: Durante el término de oficina, la defensa oficial introdujo un planteo absolutamente novedoso, indicando que se había violado el derecho de los justiciables a ser juzgados en un plazo razonable. Con relación a ello, corresponde dejar sentado que esta Sala tiene dicho que la normativa del Cód. de forma —art. 463— es clara y precisa en cuanto a la ocasión en que deben invocarse los motivos por los cuales se recurre en casación y que no es otra que el momento de interposición del recurso.

Esta norma a su vez se relaciona con el art. 466 ibidem que establece que en el término de oficina se podrán desarrollar o ampliar por escrito los fundamentos de los agravios preestablecidos, por lo que debe entenderse que el referido momento de la determinación de los puntos de impugnación es exclusivo y excluyente de todo otro trámite ulterior (Conf. causa n° 9 “Sokolovicz, Mario Rubén s/ recurso de casación” Reg. 13/93 del 29/7/93 “Fernández, Luis Miguel o Catrilaf, Ricardo s/ rec. de casación”, reg. 727 del 3/7/06, n° 4632 “Nogales, Víctor A. y otra s/ rec. de casación”, reg. 421 del 3/4/07 y n° 7516 “Pour Pour, Juan Domingo s/ rec. de casación”, reg. 171 del 1/3/07, entre muchos otros de esta Sala III).

Cabe destacar que esta postura, resulta en sustancia coincidente con las posiciones que han seguido otros integrantes de esta Cámara (ver, al respecto, los votos del doctor Luis M. García in re “Suárez, Carlos Alberto y otros s/ recurso de casación”, causa nº 8406, reg. 13.298, rta. el 8/10/08; “Yacobuzzio, Guillermo Eugenio s/ recurso de casaión”, causa nº 9156, reg. 17.065, rta. el 6/9/10; “Gerstenkorn, Daniel Enrique s/ recurso de casación”, causa nº 8754, reg. 12.091 rta. el 14/7/08, de la Sala II; el voto del Dr. Geminiani in re “Valdiviezo Cruz, María Isabel, causa nº 13.299, reg. 1222/12, rta. el 13/7/20; y el voto de la doctora Ana María Figueroa in re “González Beatriz Yesica Yamila s/ recurso de casación”, causa nº 13.784, reg. 19.727, rta. 12/3/12, de la Sala II; entre otros).

A mayor abundamiento, no podemos dejar de mencionar lo dicho sobre el tópico en el voto de la Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctora Carmen M. Argibay, en la causa “M. 253 XLV, “M.ez C., Osvaldo s/ recurso extraordinario”, del 9/12/09, en cuanto sostuvo, en lo que aquí interesa, que “…la Cámara Nacional de Casación Penal no se encuentra obligada (…) al tratamiento de los agravios introducidos tardíamente por las partes”.

Si bien ello resultaría suficiente para descartar este agravio, habremos de agregar que, en el caso concreto, no se aprecia una violación a la garantía invocada, para lo cual tenemos particularmente en cuenta la complejidad del expediente y la circunstancia de que ya ha recaído sentencia —aunque no firme— sobre el fondo del asunto, por lo que no se vislumbra como irrazonable el tiempo que demandará la finalización definitiva del proceso.

En este particular contexto, entendemos que no puede entenderse afectado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, conforme las precisiones que sobre el particular brindáramos al expedir nuestro voto en el marco de las causas n° 9525 caratulada “Cañete, José Roberto s/ recurso de casación” (reg. 325, del 31/3/09), n° 9405 caratulada “Peón Hoyuela, Jesús y otro s/ recurso de casación” (reg. 496, del 24/4/09), n° 10.455 caratulada “Romero Pucciarello, Juan y otros s/ recurso de casación” (reg. 808, del 18/6/09), n° 10.020 caratulada “González Barrios, Celso s/ rec. de casación” (reg. 541, del 30/4/09), n° 10.270 “Mora Sanabria, Hugo César s/ recurso de casación” (reg. 1601, del 10/11/09), y n° 15.173 “Cavasín, Jorge Rogelio s/ recurso de casación” (reg. 492/12, del 19/04/12), entre otras; doctrina jurisprudencial que tenemos aquí por reproducida —cuya lectura respetuosamente nos permitimos sugerir— y a la cual nos remitimos por razones de brevedad.

Séptimo: Por todo lo expuesto, consideramos que el pronunciamiento recurrido cuenta con los fundamentos suficientes y necesarios para descartar la tacha de arbitrariedad y se encuentra exento de vicios o defectos de logicidad y en la aplicación de la ley penal, extremos que además no han resultado demostrados por el impugnante en su recurso, y tampoco advertidos después de realizado el esfuerzo impuesto a este Tribunal por la vigente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa n° 1757.XL, “Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa”, del 20 de septiembre de 2005).

En consecuencia, propiciamos al Acuerdo: rechazar el recurso de casación deducido por la defensa oficial, con costas (arts. 470, 471 a contrario sensu y 530 y 531 del C.P.P.N.). Tal es nuestro voto.

La doctora Catucci dijo:

Desde el punto de vista del análisis probatorio y de la adecuación legal que se analizaron y destacaron exhaustivamente en el voto de mi distinguido colega no cabe ninguna duda de que los encausados pergeñaron un ardid consistente en la acreditación laboral de la relación de trabajo de B. con su empleadora S. L. Ardid en el cual el coencausado era una pieza vital en la demanda entablada para obtener una indemnización.

El hecho de que el juez laboral haya fallado a favor de B. sin basarse en ese ardid sino en una conducta procesal omisiva de la demandada L. no incide en la calidad de la maniobra estafatoria que dirigieron al juez laboral.

De ahí que en autos ha quedado plenamente probado el delito de estafa procesal en grado de tentativa.

El interés principal de B. determina su calidad de autor y la colaboración que a los fines del anterior le prestara C. configura su participación primaria.

Sin nada más que acotar al meduloso fallo que antecede me pronuncio en el mismo sentido.

El doctor Borinsky dijo:

Que por compartir en lo sustancial los fundamentos del voto del distinguido colega que lidera el presente acuerdo, doctor Eduardo Rafael Riggi —que ya cuenta con la adhesión de la doctora Liliana E. Catucci—, habré de adherir a la solución allí propuesta en cuanto a que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 —in fine— del C.P.P.N.).

En mérito al Acuerdo que antecede, el tribunal resuelve: I) Rechazar —por unanimidad— el recurso de casación deducido por la defensa oficial de M. A. B. y M. A. C. (arts. 470, 471 a contrario sensu, del Cód. Procesal Penal de la Nación); II) Con costas —por mayoría— (arts. 530 y 531 del citado cuerpo legal). Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada de la CJSN nº 15/13) y remítase al Tribunal de procedencia, sirviendo la presente de atenta nota de envío.— Eduardo R. Riggi.— Liliana E. Catucci.— Mariano H. Borinsky.