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I. Los hechos

El caso de autos que nos disponemos a analizar es el de un amparo iniciado por un ex empleado de Aerolíneas Argentinas, trasladado al extranjero por razones laborales, quien fijó su residencia en Miami, en los Estados Unidos de América. Tiempo después, al desvincularse de la empresa, accionó judicialmente por despido indirecto; con ese motivo, obtuvo el reconocimiento de una indemnización cuyos alcances fueron fijados en un acuerdo conciliatorio.

El conflicto surgió cuando el beneficiario de tal indemnización pretendió el cobro de su acreencia en dólares estadounidenses, por tratarse de la moneda de curso legal en el país donde vivía. Tal cobro le resultó imposible, o bien, dificultoso. En realidad, tanto el fallo de primera instancia, como el voto de mayoría, en la segunda instancia, afirmaron que la imposibilidad de cobro no quedó acreditada durante la acción sumarísima.

El presente comentario se refiere a los criterios vertidos en el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo Federal, por cierto opuestos.

II. El contenido de las decisiones judiciales dictadas

En el amparo contra el Estado nacional —la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA)—, la discusión se centró en la aplicabilidad de las restricciones para la compra de divisas en el mercado oficial de cambios.

De la lectura del fallo de la Cámara surge que la acción de amparo se fundó en la alegada imposibilidad de hacer efectiva la indemnización laboral en dólares estadounidenses, que habría surgido —según la versión del amparista— por la concurrencia de dos circunstancias: de un lado, la negativa del Banco de la Nación Argentina (BNA) a transferir la totalidad de los fondos depositados en una caja de ahorro en pesos, abierta en dicho Banco por orden del Tribunal laboral, a una determinada cuenta en dólares, existente en la ciudad donde el demandante residía. De otro lado, por la imposibilidad del accionante de comprar dólares estadounidenses en una casa de cambio de la Ciudad de Buenos Aires, fundada en que, según su interpretación, la normativa cambiaria aplicable sólo habría permitido la compra de esa moneda a quienes hubieran obtenido la correspondiente autorización de la AFIP.

Todos los juzgadores estuvieron de acuerdo en que se aplicaba al caso la comunicación BCRA “A” 4662, modificada por la comunicación “A” 4692, según la cual no era requisito obtener la conformidad del BCRA para la compra de divisas a ser transferidas al exterior (1), en supuestos de “…indemnizaciones decididas por tribunales locales a favor de no residentes” (2), y no la normativa cuya inconstitucionalidad requiriera el actor.

Sin embargo, no parece haber existido consenso sobre la relevancia asignada a otra de las cuestiones planteadas en la demanda. Efectivamente: la mayoría de la sala, en la Cámara, confirmó el criterio del juzgado de primera instancia, en cuanto valoró la falta de prueba de haberse intentado la compra de moneda extranjera en una casa de cambio en la Ciudad de Buenos Aires, para decidir el rechazo del amparo. Este aspecto no fue considerado en el voto de la minoría, que concluyó que la negativa del Banco de la Nación Argentina para transferir las sumas depositadas por orden del juzgado laboral local, a la cuenta en dólares en el extranjero (3), resultó lesiva del derecho de propiedad del amparista, y significó privarlo del uso de sumas que legítimamente le correspondían, con el efecto de comprometer su subsistencia y la de su familia, por lo cual se pronunció en el sentido de acoger el amparo solicitado.

III. El principio de congruencia

El principio de congruencia exige a los juzgadores ceñirse a las cuestiones planteadas por los litigantes, a fin de alcanzar la adecuada fundamentación exigible a los fallos judiciales y no lesionar el derecho de defensa en juicio (4). Requiere que el hecho que se juzga sea exactamente el que fue objeto de debate en el proceso, es decir, aquel sustrato fáctico sobre el cual los actores procesales desplegaron su necesaria actividad acusatoria o defensiva (5).

En autos, el demandante sostuvo que le fue imposible obtener moneda extranjera, como para poder hacer uso efectivo de la indemnización recibida. Afirmó que fueron distintas las vías que le resultaron vedadas para el acceso a dicha moneda, aunque su argumentación se mostró inexacta en el juicio, pues en la acción sumarísima se acreditó que, en su caso, la compra de dólares estadounidenses en la plaza de Buenos Aires habría resultado lícita y posible, mas no una opción que efectivamente se hubiera intentado o, al menos, probado. Fue por ello que la mayoría de los juzgadores decidió rechazar el amparo, en forma congruente con las alegaciones formuladas en el escrito inicial. También por ello sorprende el voto de la minoría, que este comentario considera contrario al principio de congruencia.

Además, al haber sido omitido el juzgamiento de ciertas cuestiones sustanciales, esgrimidas por la parte actora en su demanda, se obstó el necesario análisis sobre la existencia de una relación de causalidad adecuada entre el grave daño alegado y las circunstancias jurídicas y fácticas que pudieron justificar la responsabilidad de los demandados. A su vez, tal desconsideración sobre si hubo, o no, un intento de compra frustrada de divisas en la plaza de Buenos Aires, fue lo que propició el reconocimiento por la minoría del Tribunal, de un perjuicio cuyo origen bien pudo encontrarse en una conducta negligente o impericia del propio reclamante.

Cabe destacar que el actor no alegó una imposibilidad de viajar a Buenos Aires, para materializar la operación de cambio, ni un daño derivado de la única circunstancia de no haber recibido la indemnización en dólares estadounidenses mediante un giro bancario. Otro pudo ser el análisis si ese hubiese sido el caso.

Asimismo, corresponde señalar que este caso no se muestra como propicio para recoger las valiosas opiniones de los especialistas, que propusieran una flexibilización funcional del principio procesal considerado, pensando en la preservación de garantías, como la bilateralidad e igualdad en el trato (6). Por el contrario, parece estarse ante un supuesto en el cual la solución pudo ser alcanzada por el pretensor sin necesidad de acudir a la justicia, y consecuentemente sin el dispendio innecesario de recursos públicos que, por su inevitable escasez, corresponde preservar, justamente en pos de la igualdad de trato hacia todos los justiciables.

IV. Acción de amparo: entre el acceso y el exceso

Un comentario del estilo del presente siempre supone un recorte de la realidad, una mirada sobre hechos ya sometidos a una sucesión de interpretaciones, que hacen que las ideas propuestas se apoyen más en la lectura de los sucesos por el intérprete previo, que de éstos en sí mismos. Aun con esos límites, la impresión que se obtiene sobre lo sucedido en este caso es que resultó más fácil iniciar un amparo, para que la justicia reconociera un derecho, que investigar concienzudamente si tal derecho se hallaba desconocido.

Desde la manifestación del amparo en los conocidos precedentes de la Corte Suprema de Justicia, como Siri (7) y Kot (8), pasando por su posterior reconocimiento en la ley 16.986 para su ejercicio “…contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución nacional…” (art. 1°), pero con límites vinculados a la existencia de otros remedios judiciales o administrativos, el compromiso de servicios públicos o actividades esenciales del Estado y la necesidad de una mayor amplitud de debate o prueba (art. 2), hasta su más amplia consagración en el art. 43 de la Constitución nacional (9), mucho nos ha brindado este recurso, en materia de protección contra acciones discriminatorias, defensa del ambiente, de los usuarios y consumidores, protección de los datos personales y de los derechos de incidencia colectiva en general (10).

Pero existen también algunos fenómenos derivados de la puesta en práctica de la acción de amparo, que exigen la revalorización de sus alcances y límites.

Así, por ejemplo, cabe preguntarse si esta acción, que permite el restablecimiento urgente de derechos y libertades constitucionales conculcadas, mediante una tutela judicial efectiva, constituye una herramienta adecuada para armonizar las garantías individuales con las colectivas, como se afirma (11). Para alcanzar este último objetivo, debiera existir un verdadero deber judicial de evaluar el impacto social de las sentencias, deber que en sí luce dudoso, si se tiene en cuenta que las decisiones judiciales propenden esencialmente a la realización del valor justicia en los casos sometidos a consideración de los magistrados, los cuales, en su mayoría, son de carácter individual. Pero además, generalmente no existirá una real posibilidad de efectivizar tal evaluación, en función de la urgencia que caracteriza a este proceso sumarísimo.

Esta cuestión es por cierto trascendente en la materia y probablemente dé lugar al mayor número de acciones de amparo: la protección de la salud humana. Así, por ejemplo, en la extensa casuística habida en dicho campo, cabe preguntarse: ¿cuándo la justicia concede la cobertura de un tratamiento médico no reconocido en el Plan Médico Obligatorio (PMO) (12), con fundamento en el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental del reclamante (13), acaso usualmente lo hace considerando concretamente el efecto que tal decisión supone para la comunidad? ¿Se consideran factores como la existencia de recursos limitados para la atención de necesidades múltiples, el impacto social del progreso científico y la prolongación del tiempo de vida, al ordenarse la cobertura de prestaciones de salud ante los reclamos individualmente presentados? Por cierto que no resulta inocuo a los fines de este análisis, el hecho que en la Argentina el control de constitucionalidad sea difuso y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sean obligatorios para los tribunales inferiores, lo cual desde ya permite un universo de criterios diversos y coexistentes.

De hecho, se observa en la actualidad que la aplicación del recurso de amparo (y las cautelares que lo acompañan) ha llevado a una verdadera coadministración de los servicios de salud por parte del Poder Judicial, práctica que puede resultar justa en variadas causas individualmente consideradas, pero que requiere una reflexión detenida sobre su impacto colectivo.

El fallo comentado nos coloca ante la necesidad de revalorizar otro tipo de límites, de revisar otros enfoques. A la tradicional controversia acerca de si el amparo constituye una opción, ante la alternativa de recurrir a otros remedios procesales ordinarios (14), parece sumarse un nuevo fenómeno, en el que lisa y llanamente se observa el contraste entre la opción por el remedio judicial urgente y la posibilidad de solución extrajudicial del conflicto. Así las cosas, nos recuerda las palabras del maestro Morello, cuando con referencia al amparo afirmaba: “La institución sirve para algunos casos, pero no para todos…No es un comodín aplicable sin discriminaciones”, mientras llamaba a tener confianza en los abogados y jueces argentinos (15); atrae a nuestras mentes la idea de la inflación del amparo (16).

De la lectura del fallo se infiere que pudo resultar más sencillo para el actor reclamar la intervención de la justicia para la efectivización de su derecho, que confirmar efectivamente si tal derecho existía, para luego reclamarlo en forma directa y legítima, sin inmediación de los tribunales. Y ello supone, sin duda alguna, una banalización del amparo.

Con este comentario proponemos una reflexión meditada sobre la experiencia que se observa en el ejercicio de las acciones de amparo y una reconsideración de sus límites, en tiempos en los cuales la realidad nos impone cambios vertiginosos y análisis jurídicos cada vez más complejos. Tal reflexión se impone para no trivializar la figura en cuestión, ni detraerla de necesarias consideraciones que hacen al interés colectivo.

NOTAS AL PIE:

(1) Comunicación BCRA A 4662, del 11/5/07.

(2) Comunicación BCRA A 4692 del 31/7/07.

(3) En rigor de verdad, tampoco existió acuerdo entre los magistrados de Cámara sobre si tal negativa existió o no.

(4) CSJN, B. 1460. XLII; RHE, Banco Cetelem Argentina S.A. c/Director Nacional de Comercio Interior —disp. 174/05—. 26/02/2008, Fallos 331:287. En sentido similar, CSJN S. 1781. XLI; REX, Strangio, Domingo c/Cattorini Hnos. S.A., 12/05/2009, Fallos 332:1078.

(5) CSJN A. 1318. XL; RHE, Antognazza, María Alexandra s/p.s.a. abandono de persona calificado —causa N° 19.143/2003—, 11/12/2007, fallos 330:4945. Asimismo, ver Clariá, Julia M. “Incongruencia y arbitrariedad en el proceso civil (Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación)”, JA 1997-II-798, AbeledoPerrot 0003/001017; Rivas, Adolfo A. “La Convención o Pacto de San José de Costa Rica y la doble instancia. Visión crítica de un fallo”, SJA 27/2/2008; JA 2008-I-751, Abeledo-Perrot N°: 0003/013718 y BERIZONCE, Roberto O. “Congruencia, exceso de jurisdicción y poder cautelar genérico del juez”, SJA 3/5/2006 ; JA 2006-II-696, Abeledo-Perrot N°: 0003/012568; ALBRECHT, Paulina G. “El principio de congruencia y las auténticas pretensiones de las partes”, SJA 19/7/2006; JA 2006-III-133.

(6) MORELLO, Augusto M. “El principio de congruencia. Flexibilización”, LNBA 2007-6-664, Abeledo-Perrot 0003/800376; De los Santos, Mabel, “La flexibilización del principio de congruencia”, en Cuestiones procesales modernas, PEYRANO, Jorge W. (dir.), La Ley, 2005. p. 80.

(7) Fallos 239:459.

(8) Fallos F: 241:291.

(9) Puede verse un detalle de aquellos países que consagran la acción de amparo contra particulares en Latinoamérica, y aquellos que mantienen sistemas más restringidos en NAVEJA MACÍAS, José de Jesús y BREWER CARÍAS, Allan R. “La situación general de la acción de amparo contra particulares en el derecho latinoamericano y la posible reforma en el derecho mexicano”, elDial.com, DCDA7, 31/03/2008.

(10) Sólo por citar algunos ejemplos, CSJN O. 180. XXXVI; REX Organización Veraz S.A. c/E.N. – P.E.N. – M° E. y O.S.P. s/amparo ley 16.986, 06/03/2007, fallos 330: 304; Halabi, Ernesto c/P.E.N. —ley 25.873 dto. 1563/04— s/amparo-ley 16.986, H. 270. XLII; REX; 24-02-2009; fallos 332:111; CSJN V. 1015. XXXIX; RHE; 17-04-2007; T. 330 P. 1791, en autos Villivar Silvana Noemí c/Pcia. De Chubut y otros, por el que quedara firme el fallo del Tribunal Superior de Chubut.

(11) Ver por ej. LANGLEBEN, Darío, ORNSTEIN, Marta C. y POTENZA, Raúl Mario Potenza “Amparo Individual”, Citar: elDial.com – DC7EC – Publicado el 20/02/2006.

(12) Ej.: Causa 4774/2011 – “C., A. H. c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo” – Cnciv Y ComFed – SALA II – 22/12/2011 elDial.com – AA7386; Causa N° 9440/08 – “R.; V. C. Y OTROS c/ GALENO SA s/ sumarísimo” – CNCIV Y COMFED – SALA III – 02/03/2010 elDial.com – AA786D.

(13) Conf. Art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

(14) Ver por ejemplo al respecto, CSJN G. 1400. XL; RHE, GIANOLA, Raúl Alberto y otros c/Estado Nacional y otros, 15/05/2007, Fallos 330:2255 y M. 701. XLII; REX, Melano, Arriel Carlos c/AFIP (DGI) s/amparo ley N° 16.986 – RE, 10/06/2008, Fallos 331:1403.

(15) MORELLO, Augusto M. “La suerte del amparo y la acción civil pública. JA 1996-III-1041, Abeledo-Perrot N°: 0003/001295.

(16) RIVAS, Adolfo A., “Del amparo y la interpretación de la Constitución”, JA 1996-III-633; Abeledo-Perrot 0003/001294, aunque el autor manifestaba su falta de preocupación sobre el fenómeno citado, a la época de redacción del artículo.