RTR2N3Y7_72dpi

2ª Instancia.- Buenos Aires, junio 12 de 2014.

Considerando: I. L. E. S. formuló querella criminal contra su ex esposa L. N. C. y la madre de ésta, I. B.. Explicó que entre los años 2000 y 2001 B. le habría vendido de manera informal el automóvil marca “…..”, dominio ……., pese a lo cual en el año 2009 aquélla realizó la transferencia dominial del bien en favor de E. R. F.

II. El suceso, así planteado, encontraría adecuación típica en la figura de desbaratamiento de derechos acordados (artículo 173 inciso 11° del CP), mas no en las restantes figuras que postula el recurrente, esta son, aquellas contenidas en los artículos 292 y 296 de ese mismo ordenamiento o en el art. 34 del decreto n° 1114/97 sobre Régimen Jurídico del Automotor.

Es que conforme se desprende de las constancias del “Legajo B” (cfr. fs. 38/107) B. firmó como titular registral los pertinentes formularios de transferencia para concretar el cambio de titularidad dominial del vehículo (fs. 81), circunstancia de la cual no se desprende la existencia de documento falso alguno, ni que se haya adulterado uno verdadero, así como tampoco la incorporación de declaraciones falsas en los mismos, razón por la cual las hipótesis de delito pregonadas deben ser descartadas.

Frente a ello, habremos de homologar los temperamentos desvinculatorios dictados, por estricta aplicación de la excusa absolutoria prevista en el artículo 185, inciso 1°, del Código Penal, que establece que: “quedan exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren: 1° Los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en línea recta…”.

El agravio del recurrente, en punto a que la norma citada es inaplicable dado que al momento del suceso S. se encontraba separado de hecho de C., no puede prosperar pues para ese entonces el vínculo matrimonial aún no se hallaba disuelto. Al respecto, se ha dicho que “los cónyuges deben ser tales en el sentido legal para quedar cubiertos [por la norma]. Y son cónyuges aunque no vivan juntos, siempre que no haya disolución del matrimonio por muerte, declaración de ausencia con presunción de fallecimiento o divorcio” (Donna, Edgardo Alberto, “Delitos contra la propiedad”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001, pág. 773 citado en las causas n° 3.099/13 “Carau”, rta. 11/04/2013 y n° 33.662 “Pérez”, rta. 14/04/2008; en igual sentido ver Creus, Carlos, “Derecho Penal. Parte Especial”, tomo I, pág. 632).

Por lo demás, la querella cita el artículo 1306 del Cód. Civil que establece que la sentencia de divorcio produce la disolución de la sociedad conyugal con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda, es decir al 5 de septiembre de 2007 (fs. 99 de las copias del expediente civil que corre por cuerda). Basándose en dicha norma, sostiene que a la fecha de la consumación del delito no existía parentesco entre las partes. Sin embargo dicha afirmación es incorrecta en tanto los efectos retroactivos previstos en dicho artículo, no alcanzan al vínculo sino que ellos se ciñen únicamente al aspecto patrimonial.

Cabe recordar que la sociedad conyugal es “un sistema patrimonial de relaciones entre los cónyuges” (Mazzinghi, José Adolfo, “Tratado de derecho de familia. Efectos personales y régimen de bienes del matrimonio”, La Ley, Buenos Aires, 2006, tomo II, pág. 101) y los efectos que su disolución produce son netamente de tal carácter (op. cit. Mazzinghi, tomo III, pág. 245).

Por todo ello, y dado que a la fecha de consumación del hecho las partes mantenían la relación de parentesco -cónyuge en el caso de C. y afín en línea recta respecto de B.-, la decisión adoptada en la instancia de origen luce ajustada a derecho.

III. Finalmente, y atento a la derrota de quien efectuó los planteos analizados y la inexistencia de razones que permitan apartarse del principio general en materia de costas (artículo 531 del Código Procesal Penal de la Nación), será el vencido el responsable de cargar con las de esta instancia.

Por ello, se resuelve: Confirmar el auto de fs. 128/131, en todo cuanto fuera materia de recurso, con costas de alzada. — Mariano González Palazzo. — Carlos A. González. — Alberto Seijas.