Legislación del Día: No afectación de contratos de afiliación de Empresas de Servicios Eventuales celebrados con anterioridad al dec. 762/2014.

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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución Nº 759/2014

Bs. As., 30/7/2014

VISTO el Expediente N° 16.190/09 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, entidad autárquica en el ámbito de la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 22.520, 24.557 y 26.773, los Decretos Nros. 1.694 del 22 de noviembre de 2006 y 762 del 22 de mayo de 2014, la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO N° 463 del 11 de mayo de 2009 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 762 de fecha 22 de mayo de 2014 se reglamentaron aspectos vinculados a las Empresas de Servicios Eventuales y las Empresas Usuarias y su relación con el Sistema de Riesgos del Trabajo.

Que el citado decreto estableció que quedan sujetas a sus normas, las Empresas de Servicios Eventuales y las Empresas Usuarias de dichos servicios, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 1.694 de fecha 22 de noviembre de 2006.

Que el inciso 1° del artículo 27 de la Ley N° 24.557 establece que los empleadores no incluidos en el régimen de autoseguro deberán afiliarse obligatoriamente a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo que libremente elijan, y declarar las altas y bajas que se produzcan en su plantel de trabajadores.

Que además, el inciso 3° de la norma citada en el considerando precedente, reza que la afiliación se celebrará en un contrato cuya forma, contenido y plazo de vigencia determinará la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.

Que en este sentido, la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO N° 463 de fecha 11 de mayo de 2009 estableció, en su artículo 7°, que el contrato de afiliación tendrá una vigencia mínima de UN (1) año, contada a partir de las CERO (0) horas de la fecha de inicio de vigencia que expresamente se estipule en la solicitud de afiliación.

Que asimismo, la norma citada en el considerando precedente, establece que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo tomarán conocimiento de las altas y bajas de los trabajadores declarados por el empleador ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, a través de la consulta de datos proporcionada por dicho Organismo.

Que a los fines de evitar dudas o controversias interpretativas, resulta pertinente aclarar que, sin perjuicio de la entrada en vigencia del Decreto N° 762 del 22 de mayo de 2014, las obligaciones derivadas de dicha reglamentación serán de efectiva aplicación para aquellos contratos de afiliación de las Empresas de Servicios Eventuales cuya celebración o renovación sea posterior a su entrada en vigencia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto N° 762 de fecha 22 de mayo de 2014 y la Ley N° 22.520.

Por ello,

EL MINISTRO

DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1° — Lo dispuesto en el Decreto N° 762 de fecha 22 de mayo de 2014 respecto de los trabajadores eventuales asignados a las Empresas Usuarias, no afectará a los contratos de afiliación de las Empresas de Servicios Eventuales celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia del citado decreto, hasta la fecha de renovación.

En tal caso, las Empresas de Servicios Eventuales deberán notificar a las Empresas Usuarias que se encuentran comprendidas en el supuesto previsto en el párrafo anterior, y el plazo de vigencia del contrato de afiliación.

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y archívese. — Dr. CARLOS A. TOMADA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Comentario Bibliográfico: Comentario de Osvaldo A. Gozaíni a la obra: “Tratado jurisprudencial y doctrinario. Derecho Procesal Civil” Director: Angela E. Ledesma

TRATADO JURISPRUDENCIAL Y DOCTRINARIO - DERECHO PROCESAL CIVIL

Tratado Jurisprudencial y Doctrinario DERECHO PROCESAL CIVIL

Angela Ester Ledesma (Directora)
José María Salgado (coordinador)
Paula M. Imbrogno (coordinadora)
Leandro Fabián Barusso – Germán Augusto Degano – Laura Graciela Iglesias – Laura Natalia Pannunzio – Miguel Angel Salim – Mirta Beatriz Valdez – Gustavo Javier Vega (investigadores académicos)

Editorial La Ley – Cuatro volúmenes en dos tomos (A y B)

Año de edición 2013

La obra que llega a nuestra lectura es un Tratado que, como tal, significa que todas las instituciones del proceso civil se han de presentar con un régimen sistematizado de estudio. La doctrina que se reúne como la jurisprudencia que lo sistematiza predica con suficiencia los contenidos mínimos del derecho procesal civil.

El Tratado se presenta en cuatro volúmenes congregados en dos tomos bien diferenciados. En cada uno luce un método de abordaje que representa mucho más que una síntesis tomada de juristas con opinión y de fallos que solucionan problemas puntuales del litigio. El tomo I fraccionado en dos volúmenes contiene ocho capítulos iniciales y otros ocho complementarios que, en conjunto, planifican un verdadero Manual de Derecho Procesal Civil.

Quiero destacar esta organización porque la obra no es un copy and page, todo lo contrario, y esto es lo que la distingue.

La directora se ha ocupado de introducir cada una de las instituciones del proceso ofreciendo una perspectiva propia que se apoya en la doctrina más calificada, pero que robustece con opinión personal, altamente calificada y bienvenida para conocer un enfoque menos tradicional.

Los fallos rectores que alinean presupuestos, principios y reglas se compendian sin reproducir más que lo necesario, haciendo remisión al texto completo cuando corresponde. De allí que el primer tomo del Tratado sea un ensayo calificado de doctrina y jurisprudencia, y el segundo tomo una selección eficiente de las sentencias más importantes para el estudio del derecho procesal.

Este es un libro de cátedra, desde que la mayoría de los integrantes del grupo investigador forman parte del equipo que conduce en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la profesora Angela E. Ledesma. El trabajo de colección, selección y sistematización de jurisprudencia no es tarea sencilla, y vaya si lo sé por experiencia. Quizás por ello, el libro sea también una muestra de cuánto se puede lograr con el agrupamiento de voluntades en torno a un objetivo.

Para el profesional que trabaja en el litigio encontrará una obra de claridad conceptual con opciones en perspectiva. Dicho esto en el sentido que cuando se opina, se reflejan las asimetrías de la doctrina y las posibilidades de aplicación en uno u otro (o más) territorio donde se cobija la controversia.

Lo mismo tendrá con la compilación de jurisprudencia, que demuestra una tarea de preferencias muy bien lograda y calificada, por el mérito del buen tino para mostrar el leading case y no el fallo repetidor de conceptos o criterios.

Vaya mi consejo para todo abogado y estudiante para que se procure esta obra, que lucirá –seguramente- en los estantes bajos de la biblioteca. Allí donde se tienen los libros de mayor utilidad.

Doctrina Actual: La Corte Suprema ratifica que las indemnizaciones por despido no están alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias. AUTOR (De Diego, Julián A. )

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I. Introducción

El art. 20 inciso “i” de la Ley de Impuesto a las Ganancias había declarado exento de dicho impuesto a la indemnización por antigüedad prevista en la normativa laboral. Esta exención importaba que el trabajador tenía derecho a la indemnización por despido o antigüedad del artículo 245 (LCT) sin que dicha suma fuera afectada por ningún descuento ni retención impositiva (1).

A su vez, por imperio de la Ley 24.241, y dado que la suma referida es una indemnización y no es una suma remunerativa, tampoco está alcanzada por los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social.

Con a aparición del caso “Vizzoti”, la AFIP estableció que la exención podía superar el cálculo legal del artículo 245 (LCT) y ampliarse hasta el monto resultante de dicho fallo, en base al 67% de la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada, multiplicada luego por los años de antigüedad del beneficiario o fracción mayor de tres meses (2).

Sin embargo, distintos autores cuestionaron la aplicación del impuesto sobre lo que excediera el monto legal o el calculado en base a la doctrina “Vizzoti”, dado que las sumas cobradas por parte del trabajador no eran “ganancia” imponible en los términos y con los alcances que la misma Ley de Impuesto a las Ganancias definía (3).

Una postura semejante adoptó la AFIP-DGI al aceptar únicamente las indemnizaciones calculadas con el régimen legal del art. 245 (LCT) y cuando resulte aplicable, con la fórmula de cálculo de “Vizzoti”.

El artículo 2 de la ley 20628 establece: “A los efectos de esta ley son ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no se indiquen en ellas: 1) los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación”.

II. Los Antecedentes Jurisprudenciales

La jurisprudencia cuestionó las limitaciones impuestas por la exención y fue evolucionando hasta determinar que las indemnizaciones por cese o por extinción del vínculo en ningún caso están gravadas por el impuesto, porque no configuran ganancia imponible.

En la Ley de Impuesto a las Ganancias se destaca el artículo 20 inciso “i” que es la norma que en forma específica considera exenta a la indemnización por despido (4). Se trata pues de una retención que solo debería realizarse a la suma que por tal concepto se abona al trabajador por parte del empleador en exceso del cálculo legal o del que resulte de “Vizzoti”. A su vez el principal opera como agente de retención y debe finalmente depositarla a la orden de la AFIP (5).

En distintos casos, las indemnizaciones por despido fueron excluidas del impuesto a las ganancias, por considerar que la misma no es ganancia en los términos y con los alcances de la ley especial (6). No se trata entonces de una exención sino de una exclusión, ya que la suma aplicable a la indemnización por despido, aún en exceso del marco laboral y con la reserva de que no debe ser en fraude de dicha normativa, no se encuentra contemplado dentro del concepto de ganancia imponible a los fines fiscales.

La justicia laboral se expidió en igual sentido al establecer que en una indemnización por cese no corresponde realizar ninguna retención por tratarse de una prestación que no constituye ganancia en los términos descriptos como imponibles en la ley pertinente (7).

La Corte Suprema en el fallo “Torres” consideró arbitraria la condena impuesta al empleador obligándolo a retener el impuesto a las ganancias sobre una suma acordada en juicio en concepto de indemnización por despido (8). Se trata de un caso en el cual la suma es “acordada” en forma transaccional, y sin que la misma responda en forma aritmética a la indemnización por despido sin justa causa, sino a un monto mayor por medio del cual se concluye el caso, pero imputada a dicho rubro.

En el fallo “de Lorenzo” la Corte Suprema considera excluido del concepto de ganancia gravada de la Ley de Impuesto a las Ganancias a la indemnización agravada por maternidad dispuesta en el artículo 178/182 (LCT) consistente en trece salarios (un año de remuneraciones) (9). Con este argumento, se consolida el concepto según el cual no se trata de una excepción ni de una exención sino, que se trata de una exclusión (10).

El artículo 2 de la ley 20628 establece: “A los efectos de esta ley son ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no se indiquen en ellas: 1) los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación”. En el caso “De Lorenzo” se sostiene: “el resarcimiento en trato carece de la periodicidad y de la permanencia de la fuente necesarias para quedar sujeto al gravamen, en los términos del art. 2° de la ley del impuesto a las ganancias, ya que es directa consecuencia del cese de la relación laboral” (11). En el caso “Cuevas” la Corte se vuelve a expedir reafirmando que la indemnización por despido agravada —en el caso la aplicada a la violación de la tutela sindical— no cabe dentro del concepto de ganancia de la ley especial, y por ende, no debe gravarse dicha indemnización con indemnización ni carga alguna (12).

En el fallo “Ediciones B Argentina S.A.”, la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala IV resolvió que la totalidad de la indemnización por despido, aún en exceso de lo previsto por los topes legales está exento del pago del Impuesto a las Ganancias (13).

La Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario interpuesto por la AFIP, con lo cual quedó confirmado lo resuelto por la cámara (14).

En la causa “Ediciones B. Argentina S.A. s/ Recurso de Apelación”, los jueces que componen la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal establecieron que lo que se discute en el presente caso es si la suma abonada por la actora en concepto de indemnización por despido a favor de un ex dependiente estaba exenta del impuesto a las ganancias de conformidad con lo establecido en el artículo 20 inciso i) de la ley especial, y si dicha exención es pertinente cuando el monto ha sido superado. Los camaristas recordaron que en la citada norma se dispone que estarán exentos del gravamen establecido en esa ley “las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despido y las que se reciban en forma de capital o renta por causa de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen en virtud de lo que determinan las leyes civiles y especiales de previsión social o como consecuencia de un contrato de seguro. No están exentas las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, ni las remuneraciones que se continúen percibiendo durante las licencias o ausencias por enfermedad y las indemnizaciones por falta de preaviso en el despido”. Tras destacar que correspondía interpretar el artículo 20 inc. i) de la ley de impuesto a las ganancias de modo que no altere su espíritu y que no se ponga en colisión con las otras normas de nuestro ordenamiento jurídico, los camaristas concluyeron que “el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo al aludir al supuesto de indemnización por antigüedad o despido, no deja duda alguna, de que la exención tributaria se refiere a la indemnización por despido calculada en función de la antigüedad”. Al confirmar la sentencia apelada, los jueces explicaron en la resolución judicial que “la finalidad de la indemnización por despido es siempre la misma pues con ella se intenta —entre otras cosas— proveer al sustento del trabajador hasta tanto pueda obtener nuevos ingresos, aparece como razonable la inteligencia asignada por el Tribunal Fiscal en punto a que los topes respectivos constituyen solo un umbral a favor del trabajador y no como un límite que conduzca a dividir el tratamiento fiscal de dicha indemnización, solución que por lo demás; tampoco resulta de la ley del tributo”. En otros términos, la exención proviene de dos posibles pautas de la ley fiscal. La primera, que se trata de una exención lo cual debe responder a una consecuencia basada en un fundamento jurídico. La segunda es que la exención se debe a que la indemnización por despido, cuando su monto resulte indubitable como reparación del acto extintivo ad nutum y sin causa, simple agravada o aumentada, sencillamente no está comprendida en el concepto de “ganancia gravada” conforme a los términos y alcances de dicho concepto dentro de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

III. El Fallo “Negri c/ AFIP DGI” de la Corte Suprema

En el fallo “Negri, Fernando Horacio c/ EN AFIP DGI” del 15 de julio de 2014, la Corte Suprema considera que una “gratificación por cese” establecida en el marco de una extinción de común acuerdo prevista en el artículo 241 (LCT) se encuentra excluida de la retención del Impuesto a las Ganancias, por no constituir dicho monto ganancia imponible con los alcances del artículo 2 de la Ley 20.628. Este importante fallo se encuentra alineado con los antecedentes que ya hemos citado de los casos “De Lorenzo Amalia Beatriz” y “Cuevas Luis Miguel” resueltos con idénticos fundamentos.

Nuestro más Alto Tribunal establece que la gratificación por cese carece de la periodicidad y de la permanencia de la fuente, condiciones que son necesarias para que las sumas abonadas estén sujetas al impuesto.

El caso nos impone el deber de aclarar que la AFIP no admite oficialmente la corriente jurisprudencial que hemos reseñado, y que ahora se consolida en el caso “Negri”, de modo tal, que el empleador no cuenta con un respaldo legal que lo exima de las sanciones, multas intereses y recargos, con los cuales el ente recaudador puede reprimirlo. Es más, solo existen normas específicas respecto de la indemnización calculada con el art. 245 (LCT) para la desvinculación de común acuerdo, y para la aplicación de la doctrina del caso “Vizzoti”.

En rigor, debería emitirse la norma de la AFIP convalidando la jurisprudencia citada, para evitar las penurias que pasan hoy el agente de retención (el empleador) y el contribuyente (el trabajador) para poder recuperar el dinero de una retención que a la postre resulta indebida.

Obsérvese en el caso “Negri” que el reclamo se inició en el año 2004 y recién promediando el 2014 se atendió su reclamo, diez años después.

IV. Conclusión

Las conclusiones del caso “Negri” y sus precedentes son las siguientes:

a. Las sumas que se abonan como indemnizaciones por la extinción del vínculo laboral que excedan el marco de las previstas en la legislación vigente (art. 245 LCT) o la fórmula de cálculo del caso “Vizzoti” no están alcanzadas por el impuesto porque no constituyen “ganancia imponible” en los términos y con los alcances del artículo 2do. de la Ley 20.628;

b. El empleador debe retener lo que exceda el cálculo legal o el cálculo de la doctrina “Vizzoti” para evitar sanciones multas y recargos de la AFIP hasta que el ente no dicte normas específicas sobre la materia;

c. El trabajador damnificado deberá repetir contra la AFIP por cuanto la retención practicada se formalizó sobre una suma que no resulta imponible;

d. Solo es viable que el empleador no retenga si cuenta con una resolución judicial que lo respalde, como ha ocurrido en sede laboral en el marco de un despido que genere el derecho a las indemnizaciones legales y en el cual se haya pactado y pagado una suma superior;

e. Resulta esperable que la AFIP dicte las normas pertinentes para evitar el dispendio de tiempo y de recursos a los que se ven obligados los damnificados para reclamar una retención que resulta a todas luces ilegal e injustificada, que en gran medida constituye prácticamente un acto de retardo injustificado de justicia.

NOTAS AL PIE:

(1) Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala V – 15/07/2011 – Cassella, Norma Susana c. IBM Argentina S.A. s/diferencias de salarios – La Ley Online – AR/JUR/44263/2011: Las sumas abonadas al trabajador por el empleador al finalizar la relación laboral, que responden a una indemnización por antigüedad —art. 245, LCT—, se encuentran exentas del pago del impuesto a las ganancias, ello de conformidad con lo establecido por el art. 20, inc. I de la Ley 20.628.

(2) Corte Suprema de Justicia de la Nación, 14/09/2004, “Vizzoti, Carlos Alberto c. AMSA S.A.”, Sup.Especial La Ley 2004 (septiembre), 25, con nota de Juan José Etala; Héctor P. Recalde; Mariano Recalde; Daniel Funes de Rioja; Rodolfo Capón Filas; Horacio Schick; Julián A. de Diego; DJ 2004-3, 266 – DJ 2004-3, 322, con nota de Sergio J. Alejandro; DT 2004 (septiembre), 1211 – LA LEY 04/10/2004, 5, con nota de Mario Ackerman; IMP 2004-B, 2581 – TySS 2004, 766. Cita Fallos Corte: 327:3677. Cita Online: AR/JUR/1979/2004.

(3) Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala II – 11/04/2014 – Pérez, Efraín c. AFIP (DGI) s/ repetición de impuesto – AR/JUR/11650/2014: La desvinculación por mutuo acuerdo no altera el carácter esencial del despido de personal que la empresa precisa realizar y por ello los montos abonados en concepto de extinción del contrato de trabajo en los términos del art. 241 de la LCT, no constituyen ganancias sujetas a gravamen, debido a que resultan asimilables a los fines recaudatorios a las indemnizaciones por despido.

(4) Ley de Impuesto a las Ganancias. Exenciones. Art. 20.- Están exentos del gravamen: i) Los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa como accesorios de créditos laborales. Las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despidos y las que se reciban en forma de capital o renta por causas de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen en virtud de lo que determinan las leyes civiles y especiales de previsión social o como consecuencia de un contrato de seguro. No están exentas las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, ni las remuneraciones que se continúen percibiendo durante las licencias o ausencias por enfermedad, las indemnizaciones por falta de preaviso en el despido y los beneficios o rescates, netos de aportes no deducibles, derivados de planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros, excepto los originados en la muerte o incapacidad del asegurado. Texto Ordenado por Decreto N° 649/97 (B.O. 06/08/97).

(5) Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala X, 07/08/2009, “Rojo, Julio Cesar c. Siembra A.F.J.P. S.A.”, DT 2010 (abril), 891, con nota de Juan José Etala (h.); Cita Online: AR/JUR/38897/2009. Hechos: La Cámara confirmó parcialmente la sentencia dictada por el a quo en el marco de un procedimiento laboral por despido, en cuanto se intimó al empleador a reintegrar el saldo de capital de condena retenido en concepto de impuesto a las ganancias, modificándolo en lo ateniente a la imposición de costas. Sumarios: 1 – Debe confirmarse el decisorio que, en el marco de un proceso laboral, intimó al demando a reintegrar el saldo de capital de condena retenido en concepto de impuesto a las ganancias que fue depositado ante la AFIP, pues, el art. 20 inc. I de la ley 20.628 excluye la aplicación del impuesto a las indemnizaciones en los casos de despido, tratándose de una retención prohibida toda vez que, no se trata de una obligación fiscal a cargo del trabajador en los términos del art. 132 inc. b de la L.C.T. En Igual Sentido: CNTrab., sala III “Cardos, Claudio Roberto c. Metropolitan Life Seguros de Retiro S.A.” 2007/26/10, La Ley Online ; Ver También: CNTrab., sala V “Gentile, Héctor Angel c. Telecom Personal S.A.” 2008/07/23, IMP 2008-21 (Noviembre), 1811 – DT 2008 (noviembre), 1039; CNTrab., sala III “Pombo, Graciela I. c. Agroservicios Pampeanos S.A.” 2006/03/02, DT 2006 (mayo), 730 – IMP 2006-15, 1870.

(6) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala II, 19/06/2008, “A.F.I.P. – D.G.I. c. Aparicio, María G.”, IMP 2009-1 (enero), 59. Cita Online: AR/JUR/8379/2008. Ver También: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala IV, “Dowd de Gardey, Patricia F. —TF 9229-I— c. D.G.I.”, 05/07/2001, DT 2002-A, 294.

(7) Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala II – 20/12/2012 – Bertolini, Agustín Salvador c. Telecom Argentina S.A. s/diferencias de salarios – DJ 05/06/2013 , 58 – AR/JUR/77008/2012: Debe considerarse excluida del Impuesto a las Ganancias la gratificación extraordinaria por cese abonada al trabajador, pues, carece de los atributos de permanencia y periodicidad ínsito en el concepto de “renta” o “ganancia” y aún cuando no pudiera incluirse al rubro en la exención del art. 20 inc. i) de la ley 20.628, la materia de la prestación permite considerarla excluida de la materia gravable como un supuesto de “exclusión de objeto”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala II – 04/11/2010 – Bortolussi, Guillermo Daniel c. Orígenes Seguros de Retiro S.A. – La Ley Online – AR/JUR/82906/2010: La retención del impuesto a las ganancias por parte del empleador efectuada sobre la gratificación por egreso abonada al trabajador carece de causa legal, toda vez que tal rubro no debe tributar impuesto a las ganancias en virtud del concepto de periodicidad de la renta sentado en el art. 2 de la ley 20.628

(8) Corte Suprema de Justicia de la Nación, 15/03/2011, “Torres, María Julia c. RCI Argentina Inc.”, IMP 2011-6, 221, Cita Online: AR/JUR/3732/2011. Hechos : Una trabajadora y su empleador celebraron un acuerdo extintivo de la relación laboral. Al momento de su homologación, se retuvo del total lo correspondiente al impuesto a las ganancias. La trabajadora reclamó la cifra deducida con sustento en la suma abonada deriva de una indemnización por despido incausado que se halla exceptuada del tributo. La juez de grado hizo lugar a las excepciones de cosa juzgada y pago opuesta por la demandada. El tribunal de Alzada revocó el pronunciamiento e hizo lugar al reclamo. Contra esa decisión la demandada interpuso recurso extraordinario. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia apelada. Sumarios: 1 – Es arbitraria la sentencia condenó al empleador a abonar a la trabajadora la suma retenida en concepto de impuesto a las ganancias respecto del monto acordado en la conciliación extintiva del contrato de trabajo si, dados los términos en que se habilitó su jurisdicción apelada, el a quo debió ceñirse a decidir acerca de la procedencia de las excepciones de cosa juzgada y pago opuesta por la demandada, en el marco la doctrina plenaria citada por la jueza de grado —”Lafalce, Ángel y otros” (29/09/1970; LA LEY, 140-287)— y omitió resolver sobre ese extremo, y, sin tener facultades para ello, decidió el fondo de la cuestión —sobre el cual no hubo pronunciamiento— privando a la demandada de la doble instancia prevista por la ley. Ver También: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en pleno, “Lafalce, Angel y otros”, 29/09/1970 —LA LEY 140, 287)—. 2 – Debe revocarse la sentencia que condenó al empleador a abonar a la trabajadora la suma retenida en concepto de impuesto a las ganancias respecto del monto acordado en la conciliación extintiva del contrato de trabajo si se advierte que ese pronunciamiento, fue más allá del tema a decidir, consistente en la procedencia o no de la excepción de cosa juzgada como de previo y especial pronunciamiento resuelta por el juez de grado, lo que importó la violación del derecho de defensa en juicio de la empresa demandada y la afectación de su derecho de propiedad. (Del voto de la Doctora Argibay).

(9) Corte Suprema de Justicia de la Nación, 17/06/2009, “De Lorenzo, Amelia Beatriz c. D.G.I.”, PET 2009 (setiembre-427), 11 – IMP 2009-19 (octubre), 1546 – Cita Online: AR/JUR/25597/2009. Sumarios: 1 – La indemnización por despido de la mujer trabajadora que obedece a razones de maternidad o embarazo, como lo establece el art. 178 de la Ley de Contrato de Trabajo carece de la periodicidad y la permanencia de la fuente necesaria para quedar sujeta al impuesto a las ganancias, siendo ello así pues su percepción involucra un único concepto, que es directa consecuencia del cese de la relación laboral (del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte hace suyo). 2 — A los efectos del art. 2° de la ley 20.628 de impuesto a las ganancias —similar al art. 1° de la ley 11.682—, corresponde interpretar que, si bien los réditos o rentas no presentan en sí mismos rasgos distintivos, existen signos o caracteres objetivos tales como la periodicidad, la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación que permiten reconocerlos con relativa seguridad, estando la idea de periodicidad claramente expresada, pues, el tributo recae sobre una entrada que persiste o es susceptible de persistir (del dictamen de la procuradora Fiscal que la Corte hace suyo).

(10) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala II – 19/06/2008 – A.F.I.P. – D.G.I. c. Aparicio, María G. – IMP 2009-1 (enero) , 59 – AR/JUR/8379/2008: Resulta procedente la acción de repetición intentada por una trabajadora en relación a las sumas ingresadas por el Fisco en concepto de Impuesto a las Ganancias aplicado a la indemnización por despido por causa de embarazo, pues, al contrario de lo sostenido por el ente recaudador, el resarcimiento por antigüedad en los casos de despido exento del gravamen en cuestión y el percibido en autos no son diferentes, sino que se trata de un sólo y mismo instituto, es decir de una indemnización por despido incausado, agravada por el estado de gravidez de la empleada

(11) Agravamiento indemnizatorio. Retención del impuesto a las ganancias. Improcedencia. Fundamento. El artículo 2 de la ley 20628 establece: “A los efectos de esta ley son ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no se indiquen en ellas: 1) los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación”. Es evidente que la indemnización por despido de la mujer embarazada obedece a razones de maternidad o embarazo, como lo establece el artículo 178 de la LCT, carece de la periodicidad y la permanencia de la fuente necesaria para quedar sujeta al gravamen. Ello es así pues su percepción involucra un único concepto, que es directa consecuencia del cese de la relación laboral. Por el contrario, no puede afirmarse aquí que la propia relación laboral sea la causa jurídica del cobro de tal indemnización y que, por ende, ella también posea los caracteres de habitualidad y permanencia de la fuente. Es prístino que un orden lógico impone reconocer que primero ocurre el cese de la relación laboral y, luego, como consecuencia suya, nace el derecho al resarcimiento. DE LORENZO, AMELIA c/DGI – CSJN – 17/6/2009.

(12) Impuesto a las Ganancias. Tutela Sindical. Art. 52 de la ley 23.551. “Indemnización por estabilidad gremial” e “indemnización por asignación gremial”. Inaplicabilidad del tributo. Ausencia de periodicidad y permanencia de la fuente. Art. 2 de la ley del impuesto. Remisión al precedente “De Lorenzo, Amalia Beatriz”. Recurso extraordinario. Procedencia. Provisto por elDial. Ley 20.628. Resolución General DGI – 4.139. C. 1676. XLIV. – “Cuevas, Luis Miguel c/ AFIP – DGI s/ contencioso administrativo” – CSJN – 30/11/2010. “La aplicación al caso de autos de la doctrina establecida en el precedente D.1148.XLII “De Lorenzo, Amalia Beatriz (TF 21.504-I) c/ DGI”[Fallo en extenso: elDial.com – AA55C1] (sentencia del 17 de junio de 2009) determina la admisión de los agravios del actor, y hace inoficioso el tratamiento de los planteados por el organismo recaudador.” “Ambos recursos extraordinarios resultan formalmente procedentes, puesto que en ellos se ha cuestionado, en definitiva, la inteligencia otorgada por el superior tribunal de la causa normas federales (ley 20.628 y sus modificatorias, y la resolución general —DGI— 4.139), y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa es contraria al derecho que las aquí recurrentes han sustentado, respectivamente, en ellas (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).” (Del dictamen de la Procuradora Fiscal, compartido por la CSJN). “Debe ponerse de relieve, en primer término, que está fuera de debate en autos que la suma de cuya gravabilidad se trata —es decir— la integrada por los conceptos denominados como “indemnización por estabilidad gremial” e “indemnización por asignación gremial” en el convenio homologado la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, es aquella prevista en el art. 52 de la ley 23.551.” (Del dictamen de la Procuradora Fiscal, compartido por la CSJN).— “La situación de la presente causa es análoga a la tratada y resuelta por V.E. el 17 de junio de 2009, in re D.1.148, L.XLII, “De Lorenzo, Amalia Beatriz (TF 21.504-1) c/DGI” [Fallo en extenso: elDial.com – AA55C1]. En efecto, aquí también resulta fácil colegir que el resarcimiento en trato carece de la periodicidad y de la permanencia de la fuente necesarias para quedar sujeto al gravamen, en los términos del art. 2° de la ley del impuesto a las ganancias, ya que es directa consecuencia del cese de la relación laboral. Dicho en otros términos, desde un orden lógico de los sucesos, se impone reconocer que primero ocurre el cese de la relación de trabajo y, luego, como consecuencia suya, nace el derecho a la indemnización.” (Del dictamen de la Procuradora Fiscal, compartido por la CSJN)

(13) “Ediciones B. Argentina S.A. s/ Recurso de Apelación”, de la CNCAF, Sala IV, en el cual se resolvió que el artículo 20, inciso i) de la ley del Impuesto a las Ganancias exime las sumas recibidas en concepto de indemnización por antigüedad sin contar con los topes del párrafo 2 y 3° del artículo 245 de la Ley 20.744.

(14) Buenos Aires, 12 de abril de 2011. Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva en la causa Ediciones B Argentina S.A. (TF 24.873-I). c/ D.G.I.”, para decidir sobre su procedencia. Considerando: Que el recurso extraordinario, en lo referente al aspecto por el que fue denegado por el a quo y dio origen a la presente queja, es inadmisible (artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima el recurso de hecho planteado. Declárase perdido el depósito de fs. 51. Notifíquese y, oportunamente, archívese. Ricardo Luis Lorenzetti – Enrique Santiago Petracchi – Juan Carlos Maqueda – Carmen M. Argibay. Recurso de hecho interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General Impositiva. Tribunal de origen: Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV. Tribunales que intervinieron con anterioridad: Tribunal Fiscal de la Nación.

Prólogos de obras importantes: Prólogo de la segunda edición. AUTOR (Rubén O. Asorey y Fátima Asorey)

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Al publicarse la primera edición de esta obra en 1984 señalábamos el estado de subdesarrollo de los fenómenos reorganizativos, y la ausencia en la literatura tributaria argentina de una obra actualizada sobre los aspectos fiscales de la reorganización empresarial.

Durante los 29 años transcurridos desde aquella edición la disciplina recibió la impronta doctrinal de asiduos estudiosos del tema y un innumerable aporte de precedentes administrativos y jurisprudenciales.

La presente edición recoge en una visión diacrónica lo ocurrido durante este extenso período, incorporando los desarrollos conceptuales y los antecedentes contemporáneos de cada uno de los aspectos tratados.

Se mantuvo el esquema original de la obra en cuanto al análisis de los aspectos jurídicos y fiscales de la reorganización empresarial y el tratamiento de cada uno de los institutos fundamentales del régimen de reorganización libre de impuestos vigente en nuestro país, es decir fusión, escisión y transferencia en conjunto económico. Para estos últimos, se efectuó una apertura de los distintos tópicos analizados acorde a la evolución sufrida por la materia y a la problemática vigente en torno a la misma.

Así, junto al análisis de la naturaleza jurídica de la transmisión patrimonial subyacente en estos procesos y su incidencia en la materia fiscal, se amplió el tratamiento de cada uno de los requisitos exigidos por la legislación impositiva y se abordaron temas de destacada actualidad como el de fusiones y escisiones en conjunto económico, la transmisión de las obligaciones fiscales en los procesos que nos ocupan, las facultades del Fisco frente a las transferencias de fondo de comercio, y la problemática procesa existente en el supuesto de rechazo por parte del organismo de recaudación del tratamiento fiscal dado a la reorganización libre de impuesto.

Se incorporan los antecedentes de la Unión Europea en la materia al igual que su incidencia en la legislación española e italiana y se analizan las características de los regímenes similares de los Estados Unidos de Norteamérica, de España, y de la legislación latinoamericana.

Se mantiene, al igual que en la edición de 1966 un análisis actualizado en inglés de los aspectos de mayor interés del régimen fiscal, juntamente con una apéndice de las disposiciones legales más importantes.

Buenos Aires, Julio 2013.

Rubén O. Asorey y Fátima Asorey