Legislación del Día: Se publica la presente norma con Fe de Erratas sobre el Sistema Fiscal de Trazabilidad Animal.

Man walks through Canary Wharf business district in London

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General Nº 3649
—FE DE ERRATAS—
En la edición del Boletín Oficial N° 32.924 del 14 de Julio de 2014, en la que se publicó la citada norma, se deslizó el siguiente error de imprenta.
DONDE DICE:
TITULO II
REGISTRO FISCAL DE OPERADORES DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD ANIMAL
Art. 5°.- Créase el “Registro Fiscal de Operadores del Sistema de Trazabilidad Animal”, en adelante el “Registro”, que formará parte de los “Registros Especiales” que integran el “Sistema Registrar” aprobado por la Resolución General N° 2.570, sus modificatorias y complementarias.
DEBE DECIR:
TITULO II
REGISTRO FISCAL DE OPERADORES DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD ANIMAL
Art. 5°.- Créase el “Registro Fiscal de Operadores del Sistema de Trazabilidad Animal”, en adelante el “Registro”, que formará parte de los “Registros Especiales” que integran el “Sistema Registral” aprobado por la Resolución General N° 2.570, sus modificatorias y complementarias.

Seminario: “DIGESTO JURIDICO ARGENTINO” El nuevo escenario legislativo

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Director: Ramón Brenna

Expositores: Amanda Caubet, Carlos Gerscovich, Jorge Kielmanovich, Jorge Rojas

Lugar: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal  – Av. Corrientes 1441 (CABA), Salón Auditorio

Fecha: martes 5 de Agosto

Horario: 14 a 20 hs.

 

Temario (el orden de exposición podría llegar a tener modificaciones):

14 hs.: Lineamientos generales del Digesto Jurídico Argentino (Ramón Brenna)

15 hs.: Derecho Laboral (Amanda Caubet)

16 hs.: Derecho Procesal Civil (Jorge Kielmanovich)

17 hs.: Coffee break

17.30 hs.: Derecho Comercial (Carlos Gerscovich)

18.30 hs.: Derecho Civil (Jorge Rojas)

19.30 hs.: Cierre de la Jornada a cargo de Ramón Brenna

 

Objetivo:

Responder a los principales interrogantes: ¿Qué es el Digesto Jurídico Argentino?, ¿Qué normas quedan vigentes y qué sucedió con las restantes?, ¿Cómo se ordenan las normas nacionales que quedaron vigentes? ¿Qué cambios provoca en la normativa?

Asimismo, se analizarán los aspectos fundamentales de los cambios introducidos por el Digesto Jurídico Argentino en materia de Derecho Laboral, Derecho Procesal Civil, Derecho Comercial y Derecho Civil, explicado por especialistas.

Precios:

Cliente: $1200 + IVA Reservá tu lugar Aquí

No cliente: $1400 + IVA Reservá tu lugar Aquí  

 

 

 

Consultor Online: Aguinaldo en contratos a tiempo determinado. AUTOR (Diego, Julián A.)

Legislación del día: Digitalización de los Manifiestos Originales de Carga de Importación, del Rancho y de la Pacotilla.

Marco Legal Aplicable:

Se consideran contratos a tiempo determinado el contrato a plazo fijo –art. 93 LCT-, y son contratos de tiempo indeterminado el de temporada –art. 96 LCTy la contratación de trabajadores por medio de una empresa de servicios eventuales para ser brindados a empresas usuarias para cubrir necesidades eventuales. En estos casos, el contrato es de tiempo indeterminado pero de prestación discontínua. El contrato de trabajo eventual –art. 99 LCT. es de prestación ocasional, porque está limitado a las eventualidades planteadas por la legislación. Sin embargo en el último caso, el plazo de finalización del contrato es incierto pero determinable en función de la eventualidad.

A estas modalidades contractuales le son aplicables en materia de aguinaldo las normas del art. 121, 122 y 123 LCT.-

Fecha de pago: Si la duración de los contratos a tiempo determinado lo permiten el SAC será abonado en las dos cuotas: la primera el 30 de Junio y la segunda el 31 de Diciembre de cada año; si el contrato se extinguiera antes de dichos plazos el SAC será abonado en forma proporcional a la fecha de la extinción de cada contrato.- Sin embargo, en los contratos precitados, el SAC debe adecuarse a las características y modalidades de la prestación. El trabajador de temporada cobra el SAC al finalizar cada temporada, el eventual al concluir el evento, y así en cada caso. En el contrato de plazo fijo se paga en las fechas indicadas por la LCT, o al finalizar el mismo sea que la ruptura fuera “ante tempos”, o cuando concluye el contrato y la fecha de pago del SAC aún no se dio. Se paga en estos casos, en proporción al tiempo trabajado. Las fechas solo se aplican en rigor, a los contratos de tiempo indeterminado de prestación continua. En los demás casos debemos recurrir a la razonabilidad en la aplicación del sistema. 

La Justicia Dice:

Ruptura anticipada del contrato: “El sueldo anual complementario ha de ser considerado para fijar la reparación por ruptura anticipada del contrato de trabajo por tiempo determinado en los términos de los arts. 95 y 121 de la ley de contrato de trabajo.

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala II, 12/9/91. Lorenzo, Juan C. c. Club Atlético Boca Juniors, con nota de Juan Angel Confalonieri.

Ruptura anticipada del contrato: Si la demandada produjo una ruptura ante tempus de los contratos de trabajo a plazo fijo, los trabajadores tienen derecho a percibir la indemnización del art. 245 de la ley de contrato de trabajo (DT, t.o. 1976-238) y, como indemnización de daños y perjuicios, las remuneraciones que hubieran percibido hasta el vencimiento del contrato, incluyendo el sueldo anual complementario en tanto obligación salarial de fuente legal para el empleador (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala V, 18/05/2005, Martino, Leandro y otro c. LS Argentina S.A.)

Los Autores Dicen:

Época de pago: El sueldo anual complementario le corresponde a todo trabajador que se desempeñe en relación de dependencia, aunque cumpla tareas eventuales, a plazo fijo o de tiempo indeterminado a temporada.- Pero en estos supuestos, la época del pago suele adaptarse a la modalidad de la tarea. Cuando ésta lo permita, la liquidación se hará en las fechas legalmente previstas y en caso contrario al término de la labor prometida.- Práctica Laboral, pág. 594 Juan Carlos Fernández Madrid-Santiago Fernández Madrid.-

Fallo del Día: Caducidad de un proyecto promocional agropecuario. Similitud con la caducidad de un régimen de facilidades de pago. Incompetencia del TFN.

Doctrina del día: Tratamiento impositivo en la compra de vehiculos - López, Marianela

Buenos Aires, febrero 19 de 2014.

El doctor Magallón dijo:

I. Que a fs. 9/23 se interpone, recurso de apelación contra la resolución N° 376/2012 (DI RTUC), a través de la cual se consideró, a los fines exclusivamente tributarios, como caducos los beneficios impositivos que habían sido acordados -por medio del decreto de la provincia de Catamarca P. y D. 1259 del 28/10/2003- a Emprendimientos del Noroeste S.A.

Señala que a través de dicha resolución se le impuso una sanción, la cual no sólo recae sobre el sujeto promovido, sino que también lo hace respecto de los inversionistas del mismo.

Destaca que el análisis de, la cuestión se debe centrar en la distinción que el artículo 143 de la ley 11.683 (texto vigente) establece entre empresa promovida y empresas inversionistas.

Al respecto, explica que para los supuestos como el presente, en el cual la AFIP resuelve la caducidad o el decaimiento: de un proyecto promocional-agropecuario, el dispositivo mencionado prevé, respecto de la empresa promovida, la sustanciación y prosecución del procedimiento determinativo de oficio reglado en los artículos 16 y 17 de la ley 11.683. En cambio, en relación a las empresas inversoras -agrega- la norma contempla la aplicación del artículo 14 del mismo cuerpo legal, contando éstas con la acción de repetición de impuestos consagrada en el artículo 81.

Reitera que, de acuerdo con lo que el legislador plasmó en el artículo 143 de la ley citada, la acción de repetición prevista en el artículo 81 sólo resulta de aplicación respecto de las empresas inversionistas.

Manifiesta que las resoluciones dictadas por el Fisco Nacional a través de las cuales se resuelve el decaimiento -a los efectos tributarios- de un proyecto promocional y, consecuentemente, determinan y aplican sanciones, deben necesariamente seguir el procedimiento de determinación de oficio (art. 17 de la ley de rito) el cual, por consiguiente, permite abrir la competencia de este Tribunal Fiscal de la Nación para entender en la materia.

Asevera que en el presente caso la AFIP se abstuvo de determinar de oficio la materia imponible, empero -razona-, ello no empece a que se considere que el acto administrativo apelado revista el carácter de sanción al declarar la caducidad de los beneficios impositivos otorgados en virtud del proyecto promocional en cuestión.

Afirma que el Organismo Recaudador, en clara inobservancia de lo preceptuado en el artículo 143 de la ley 11.683, utiliza la vía de la ejecución fiscal en relación a la empresa promovida.

Insiste en que el acto administrativo que considera el decaimiento de un proyecto de promoción y, consecuentemente, determina la materia imponible del tributo de que se trate, goza de naturaleza sancionatoria. Bajo tal premisa, y a la luz de lo previsto en el artículo 159 inc. b) de la ley 11.683, declara que este Tribunal es competente para avocarse al conocimiento de la presente cuestión.

Expone que la ley 22.021, juntamente con los decretos y reglamentos administrativos concordantes, contienen un régimen sancionatorio que se activa a partir de la inobservancia de las obligaciones establecidas por el sistema de promoción.

Menciona que en otros casos que guardan analogía con el presente -vgr. el decaimiento de los beneficios de regularización impositiva y la pérdida de un porcentaje del ahorro obligatorio no constituido en término- han sido consideradas como susceptibles de abrir la competencia de este Tribunal Fiscal de la Nación.

Plantea que no resulta aplicable al particular el fallo plenario “Sicorsky, Jaime” del año 2001, en tanto el mismo atiende exclusivamente a los casos en los que se apelan resoluciones que declaran la caducidad o decaimiento de diferimientos; lo cual reviste -a su entender- una materia ajena a la aquí presentada.

En otro orden de consideraciones, afirma que el acto administrativo atacado adolece de vicios que lo tornan nulo, en razón de hallarse vulnerados los derechos y garantías constitucionales de defensa en juicio; propiedad; debido proceso adjetivo; principio non bis in ídem y la Cláusula del progreso.

Argumenta que este Tribunal Fiscal debe intervenir en resguardo del principio fundamental del debido proceso, garantizando el derecho a ser oído; a ofrecer y producir prueba y a obtener una resolución fundada.

En este sentido, y haciendo especial mención al hecho de haber recién tomado conocimiento de la presente situación a partir de la notificación del acto administrativo en crisis, solicita se declara la nulidad del mismo.

Menciona que el proyecto de promoción ha sido objeto de fiscalizaciones por parte de la autoridad de aplicación, en numerosas oportunidades; razón por la cual esta última es la que contaría con la verdad real acerca de la ausencia de incumplimientos por parte de Emprendimientos Noroeste S.A.

En relación a la autoridad de aplicación, explica que el legislador delegó en los órganos ejecutivos todo lo concerniente a la correcta aplicación de los beneficios, incluyendo la imposición de sanciones. En tal inteligencia, declara que el Fisco Nacional no posee facultades para aplicar sanciones respecto del régimen en tratamiento. Sostener lo contrario -afirma- significaría un ilegítimo avance del gobierno federal sobre las potestades originalmente conferidas a las provincias, que han sido investidas como autoridad de aplicación.

Asevera que el Fisco Nacional ha llevado a cabo tareas que son propias de la autoridad de aplicación del régimen promocional. Cita jurisprudencia.

Plantea que el segundo párrafo del artículo 143 de la ley de rito es inconstitucional, citando doctrina que avala dicha postura. Al respecto, cuestiona que se permita promover un proceso judicial de ¡ejecución fiscal contra las empresas inversoras, sin siquiera dar espacio para la mínima defensa de éstas.

En este aspecto, y luego de efectuar un análisis del texto de la norma recientemente referenciada, manifiesta que la autoridad de aplicación debe recibir, considerar y resolver las denuncias efectuadas por la AFIP en un plazo no mayor a 90 días, debiendo respetar esta última lo decidido por aquella. Como corolario de ello, el Organismo fiscal podrá dar curso al juicio de ejecución fiscal -aplicando el discutible segundo párrafo (sic)- una vez que haya sido cumplido lo descripto recientemente.

Afirma que en el presente caso el Gobierno de la Provincia de Catamarca ha recibido, considerado y resuelto -mediante nota del 03/09/2012- la falta de infracción, tanto de Emprendimientos Noroeste S.A. como de las empresas inversoras.

Argumenta que las supuestas irregularidades coincidirían con: i) destino de fondos captados con motivo del régimen a la realización de operaciones y/o compras no relacionadas con la actividad promovida; ii) incumplimiento de la cantidad de hectáreas cultivadas comprometidas; iii) inexistencia de construcciones y edificaciones; iv) falta de contestación de la autoridad de aplicación acerca de los bienes incorporados por la empresa promovida; v) comprobación de que, respecto de los bienes de uso de mayor valor relativo -vgr. perforaciones, bomba de agua, etc.-, reflejados en la contabilidad de la firma, y cuya adquisición había sido justificada a través de documentación correspondiente, sólo se hallaba presente un equipo de riego: vi) compra de ochenta colchones, no vinculados con el objeto social de la empresa promovida; vii) presencia de comprobantes de compras e importación de bienes cuya existencia no se pudo constatar o que, constatada, no guardan relación con la actividad de Emprendimientos Noroeste S.A. Respecto de cada uno de estos conceptos, la recurrente esgrime los argumentos tendientes a justificarlos o rebatirlos.

Cita jurisprudencia y doctrina, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se declare la nulidad de la resolución apelada -como asimismo de todo el procedimiento iniciado por la AFIP-, y se disponga el restablecimiento de la vigencia de todos los beneficios oportunamente otorgados, con costas.

II. Que a fs. 30 se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala B.

III. Que en autos la recurrente apela el acto administrativo suscripto por la Directora (int.) de la Dirección Regional Tucumán de la AFIP-DGI, a través del cual se consideró -a los fines exclusivamente tributarios- como caducos los beneficios impositivos acordados para la instalación de un establecimiento agrícola en la Provincia de Catamarca.

Que de acuerdo con lo que surge del propio acto administrativo y de las manifestaciones de la apelante, está habría sido beneficiada con un régimen de promoción en los términos de las leyes 11.683 (t.o.), artículo 143 y 22.021, y normas concordantes.

A través del primero de los dispositivos legales mencionados se instituye un régimen de promoción industrial, regional y sectorial mediante el cual se otorgan diferentes tipos de beneficios impositivos, tanto a la “empresa promovida” -que es la que lleva a cabo el emprendimiento- como a las “empresas inversoras”, que son las que financian a aquélla, facilitándose de este modo la puesta en marcha del proyecto.

Cabe aseverar que la distinción que formula el artículo 143 en comentario no se limita a los tipos de empresas que participan en el proyecto; por el contrario, incluye también un diferente tratamiento procedimental que habrá de seguir la AFIP, en caso de que se detecten incumplimientos, a los términos acordados por parte de la empresa promovida. Así pues, de corroborarse dicha hipótesis, el Organismo formulará denuncia ante la autoridad de aplicación correspondiente -que dependerá de cada régimen promocional- y posteriormente podrá considerar -a los fines exclusivamente tributarios-como caducos total o parcialmente los beneficios acordados. En este supuesto, iniciará el procedimiento de determinación de oficio respecto de la empresa promovida por los tributos no ingresados a causa de la promoción, por un lado, e intimará a las empresas inversoras -sin necesidad de promover el procedimiento, de determinación de oficio- el ingreso de los impuestos diferidos, quedando habilitado para iniciar el proceso judicial de ejecución fiscal, por el otro.

No es ajeno a estos juzgadores el encendido debate que ha originado en la doctrina nacional este especial mecanismo de ingreso de impuestos e intereses (ver Navarrine, Susana C., “El régimen de promoción de las actividades y las vías procesales de las impugnaciones del Fisco” en P.E.T. N° 185, año 1999, entre otros).

Por su parte, la ley 22.012 (modificada por las leyes 22.702, 22.793 y 23.084) creó un régimen especial de franquicias tributarias con el objeto de estimular el desarrollo económico en las provincias de La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan, previéndose distintos beneficios fiscales según se trate de explotaciones agrícolas-ganaderas, industriales o turísticas.

Ahora bien, en el caso particular de Emprendimientos del Noroeste S.A., se trata de una empresa, que habría sido beneficiada con la aprobación de un régimen de promoción en el año 2003, a efectos de que ejecute un emprendimiento en la Provincia de Catamarca. Ante el presunto incumplimiento de una serie de obligaciones propias del régimen, la AFIP dictó el acto administrativo por el cual -a los fines exclusivamente tributarios- consideró como caduco al mismo.

A raíz de ello, la empresa interpuso recurso de apelación en los términos de artículo 76 inciso b) de la ley 11.683, justificando la competencia de este Tribunal Fiscal de la Nación y requiriendo se declare la nulidad del acto.

IV. Que atento lo expuesto por la propia apelante, y en miras a practicar un adecuado y ordenado análisis de la materia en debate, se torna oportuno indagar, preliminarmente, si el acto administrativo atacado es idóneo para abrir la competencia de este Tribunal Fiscal; ello así por cuanto, del resultado de dicho examen dependerá la pertinencia de analizar el resto de las cuestiones introducidas por la apelante.

Como fuera adelantado, el objeto del acto administrativo en crisis se identifica con la caducidad de los beneficios impositivos acordados a Emprendimientos del Noroeste, S.A. Entonces surge la pregunta de rigor ¿es apelable ante este Tribunal?

Pretender conocer la respuesta obliga, como primer medida, recurrir al texto legal que regula la materia. En este esquema, el artículo 159 de la ley 11.683 es claro en cuanto a que el Tribunal Fiscal de la Nación será competente -en lo que aquí interesa-para conocer en las apelaciones que se interpongan contra las resoluciones de la AFIP que determinen tributos y sus accesorios, en forma cierta o presuntiva, o que ajusten quebrantos (inc. a); o bien en relación a la imposición de multas o sanciones de otro tipo, salvo la de arresto (inc. b).

Claramente la resolución atacada no reúne los caracteres que prescribe el primero de los incisos citados; la diferencia entre un acto administrativo que declara, la caducidad de un derecho y el que determina la materia imponible de un tributo es evidente.

V. Resta considerar si el acto administrativo en crisis goza de naturaleza sancionatoria, tal como lo sostiene la apelante. Desde ya se adelanta, tal tesitura no habrá de tener favorable acogida.

Si se atiende a los antecedentes qué motivaron el dictado de la resolución como a su objeto, se advierte que la misma dista de reunir los elementos propios de un acto por el cual se aplica una pena. Esto último acaecería en el supuesto en el cual, rigiendo una ley que tipifique una conducta socialmente indeseada, se comprobara su violación, se merituara el móvil del autor, se le endilgara la responsabilidad y se le impusiere la sanción prevista en la propia norma. En otras palabras, se debería respetar a rajatabla uno de los principios rectores que rigen en el terreno infraccional -“Principio de legalidad” (art. 18 de la Constitución Nacional), según el cual no hay delito ni pena sin ley previa (Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege)-, so pena de tornarse nulos el procedimiento y la resolución dictada en pos del mismo.

No se desconoce que la propia ley 22.021 (texto citado) contiene un sistema sancionatorio en sus artículos 16 y 17; sin embargo -y en consonancia con lo señalado en el párrafo precedente- se trata de “multas” que podrán ser aplicadas en caso de verificarse el incumplimiento a las obligaciones allí enumeradas, graduadas y fijadas, únicamente por la autoridad de aplicación.

En relación a esto último, no se aprecia -tal como lo afirma la apelante- que la AFIP haya intervenido en asuntos ajenos a su competencia. Como fuera señalado, el artículo 143 de la ley 11.683 habilita al Organismo a proceder de tal modo.

Sobre el particular, no es acertada la invocación del precedente “Sefag S.A.I.C.” de este Tribunal Fiscal, por no guardar el sustrato fáctico allí tratado con el planteo de autos. Se trató de una resolución de la entonces DGI a través de la cual se había determinado de oficio la materia imponible en el impuesto a las ganancias de una “empresa inversora”, en razón de considerarse “errónea la aplicación de las desgravaciones previstas… en el contrato de promoción celebrado entre el Estado Nacional y Caldería Entre Ríos S.A.” -ésta era la empresa promovida-. La Sala C, haciendo lugar al planteo introducido por la apelante, declaró la nulidad de la resolución, en el entendimiento de que lo allí examinado -y resuelto- era competencia de la Secretaría de Desarrollo Industrial en su carácter de autoridad de aplicación del régimen.

VI. Que en esencia, el régimen especial de franquicias tributarias regulado por la ley 22.021 guarda similitud con los regímenes de facilidades de pago previstos en el artículo 32 de la ley de rito y normas concordantes, por cuanto en ambos el sujeto interesado de manera voluntaria acepta sus términos y condiciones y se acoge al mismo. Luego, frente al incumplimiento de sus cláusulas, uno de los efectos -el de mayor gravedad- consiste en la caducidad de aquél y en la extinción de los derechos subjetivos nacidos a su amparo.

Ahora bien, en relación a la caducidad de los regímenes de facilidades de pago, se ha interpretado que no procede concebirla como una sanción, en razón de que -justamente-, al adherir al mismo, el responsable aceptó que su incumplimiento operaría como condición resolutoria, siguiéndose de tal circunstancia su caducidad y la intimación a abonar las sumas adeudadas. En otros términos, dichas consecuencias no han sido establecidas para penalizar, prevenir o evitar la violación de disposiciones legales, sino que condicionan un tratamiento fiscal que resulta más favorable al contribuyente al estricto cumplimiento de los requisitos que éste se ha comprometido a observar. El decaimiento no es sino la consecuencia natural de su incumplimiento del régimen al que adhirió voluntariamente (TFN, Sala A: “Crédito Automotor” del 22/11/1999; Sala B: “C.S.C.”, 30/06/1999; Sala C: “SM S.R.L”, 27/03/2007 y Sala D: “Foxman Fueguina S.A.”, 10/03/2010. Por su parte vienen compartiendo el mismo criterio las distintas Salas de la Alzada, al sentenciar entre otras, la Sala I: “El Virable S.C.A.”, 07/10/1997; la Sala II: “Casa Manrique S.A.”, 20/09/2005; Sala III: “Sutton Dabbah, Salomón”, 16/05/2008; Sala IV -con la disidencia del Dr. Galli- en los autos “Constructores Asociados S.A.”, 29/06/1999, con la excepción de la Sala V que en su nueva composición ha votado por la competencia en los autos “Cine Press S.R.L. (Hoy S.A.)”, sentencia del 28/11/2006 más recientemente “Marilao S.A.”, del 02/10/2008.

A mayor abundamiento, el Máximo Tribunal tiene dicho que “El voluntario sometimiento, sin reservas expresas, a un régimen jurídico, comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional, por medio del recurso extraordinario” (Fallos: 312:245).

Que teniendo en cuenta la semejanza señalada, no cabe sino interpretar que la caducidad del régimen promocional aquí en debate no reviste la naturaleza jurídica de una sanción.

Ello a su vez se ve corroborado por la jurisprudencia de la Alzada, en cuanto tiene dicho que la declaración de caducidad de un plan de facilidades de pago y de los diferimientos impositivos no constituye una sanción en los términos de la ley 11.683 (CNACAF, Sala II: “Servin S.A.”, 12/06/2001; “Wolfsohn, Nelson” (expte N° 6036/00), 25/04/2000 y “Tecmaq S.R.L.”, 07/03/2000).

VII. Que en suma, corresponde concluir que este Tribunal Fiscal de la Nación resulta incompetente para entender en el planteo de autos, atento no encuadrar el acto administrativo apelado en ninguno de los supuestos expresamente previstos en el artículo 159 de la ley 11.683 (t.v.). Al respecto, y como fuera dicho por esta Sala “que no implica de por sí que en aquellos casos en que no sea posible acudir a esta instancia reine la arbitrariedad, pues en virtud de lo normado en el artículo 74 del decreto reglamentario de la ley… se establece un recurso especifico para aquellos casos, al disponer que cuando en la ley o en el presente reglamento no se encuentre previsto un procedimiento recursivo especial los contribuyentes o responsables podrán interponer contra el acto administrativo recurso de apelación ante el Director General….” (TFN, Sala B. “Cresol S.A.”, 01/03/1993).

En este esquema, no resulta ocioso recordar que, en materia de anulación y/o caducidad de diferimientos impositivos, la jurisprudencia del fuero ha negado la competencia de este Tribunal Fiscal de la Nación para abocarse al conocimiento de las mismas (CNACAF, Sala II: “Wolfsohn, Nelson”, 26/04/2001; Sala IV: “Constructores Asociados S.A.”, 29/06/1999, y Sala III: “SL Szmelc y Cía. S.A.C.I.F.E.I.”, 10/03/1998 y “Vaymetal S.A.”, 28/08/2006).

VIII. Por último, cabe poner de relieve que, si bien en autos se decide de modo semejante a lo resuelto en el plenario Sicorsky (22/08/2001), las razones que a ello conducen son dispares. En efecto, en aquella oportunidad la mayoría de los Vocales que integraban la competencia impositiva del Tribunal concluyeron que “El Tribunal Fiscal de la Nación es incompetente para entender en las intimaciones de pago derivadas de decaimientos de diferimientos impositivos”.

IX. Que en atención a la forma en que se resuelve la presente causa, se torna innecesario expedirse respecto del resto de las cuestiones planteadas por la apelante.

El doctor Pérez dijo:

Que adhiere al voto del doctor Magallón.

Que en virtud de la votación que antecede se resuelve, se resuelve: 1°) Declarar de oficio la incompetencia de este Tribunal para entender en la presente causa, con costas, las que quedan limitadas al pago de la tasa de actuación atento no haberse trabado la litis. 2°) Intimar al apelante a que dentro del quinto día de notificada la presente ingrese la suma de pesos veinticuatro mil seiscientos cinco con noventa centavos ($24.605,90.-) en concepto de tasa de actuación, con la reducción prevista en el artículo 5° de la ley 25.964, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda. 3°) Disponer que una vez firme el presente pronunciamiento, por Secretaría General de Asuntos Impositivos se remitan las presentes actuaciones a la AFIP-DGI, a fin de que le imprima el trámite previsto en el artículo 74 del decreto 1397/1979.

Se deja constancia de que la resolución es suscripta por los doctores Magallón (Vocal titular de la Vocalía de la 4ta. Nominación) y Pérez (Vocal titular de la Vocalía de la 5ta. Nominación) atento encontrarse vacante la Vocalía de la 6ta. Nominación (conf. art. 184, cuarto párrafo, de la ley 11.683 y art. 59 del RPTFN). — Armando Magallón. — José L. Pérez.

Doctrina Actual: La Responsabilidad Solidaria en la Ley 20.744. AUTOR (Sánchez de Bustamante, Estefanía)

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I. Concepto

La figura del contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, existe cuando una persona física se obliga a realizar actos (ejecutar obras o prestar servicios) bajo la dependencia de otro durante un período de tiempo por el pago de una remuneración. (1)

El contrato de trabajo se caracteriza por la subordinación jurídica, es decir, cuando un trabajador se somete a las órdenes e instrucciones de su empleador. Esta es la característica principal que soslaya al contrato de trabajo. Un empleado somete su propia voluntad a la del empleador y como contraprestación por esto recibe un rédito económico. Habrá, obviamente, que distinguir entre distintos grados de subordinación y entre trabajo dependiente o autónomo, siendo que este último está fuera de la esfera de aplicación de la ley laboral. Sin embargo, los profesionales liberales pueden desempeñarse en el mercado laboral en forma autónoma y/o independiente o bien como empleados en relación de dependencia.

Lo que aquí nos ocupa, pues, es el trabajo en relación de dependencia puesto que el mismo es tutelado por las leyes laborales propiamente dichas. Empero, el vínculo laboral de un profesional liberal que se desarrolle dentro de un establecimiento empresario, con sujeción a un horario y por un rédito económico mensual fijo se presume que es una relación laboral dependiente y no ya autónoma.

Ahora bien, sentada la característica principal que hace al contrato de trabajo el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo (en adelante “LCT”) establece la figura de la interposición y solidaridad. (2)

El artículo 29 de la LCT busca contrarrestar situaciones de fraude en donde la relación de trabajo es disfrazada con la mediación de personas (físicas o jurídicas) insolventes que, ante el trabajador dependiente, aparecen como empleadores cuando en realidad son terceros defensores de un interés empresario ajeno. En la jerga jurídica se los llama “hombres de paja”. (3)

Por ende, aquel empleador que recibe el fruto de trabajo de su empleado es quien debe ser considerado el real empleador y el obligado a cumplir con sus obligaciones como tal. Sin embargo, la LCT considera que tanto el tercero como la empresa usuaria final de la capacidad de trabajo del dependiente son solidariamente responsables de cumplir con el débito salarial y el pago de las indemnizaciones legales llegado el caso.

El corolario de este instituto es atacar estas situaciones y máxime en los casos donde existe fraude societario por intermediación de personas y uso abusivo de la personalidad jurídica.

II. Fraude societario/laboral y las Obligaciones del contrato

Las personas físicas son los sujetos naturales de derechos y las personas jurídicas son meras asociaciones con un objetivo común. (4) Se debe tener presente que antes que las personas jurídicas siempre están las físicas por lo cual, las personas jurídicas, son un recurso técnico para que las personas físicas vean facilitado el logro de un fin social.

Las figuras societarias tienen como característica que su patrimonio se encuentra diferenciado del que corresponde personalmente a cada uno de sus socios y/o integrantes. Por ende, lo que resulta prohibido o no es lícito en derecho para las personas físicas lo es necesariamente también para las personas jurídicas. Considerarlo de otro modo implicaría desnaturalizar aquello que la ley tutela y crearía la ficción societaria como un medio para violar la ley. (5)

La personalidad jurídica se reconoce para facilitar el cumplimiento de ciertos fines prácticos. Es lógico que cuando la utilización de ella se desvía de dichos fines, sea lícito atravesar o levantar el velo de la personería jurídica, para llegar a la esencia de la institución, es decir, la realidad que se oculta tras el ropaje jurídico. (6)

La Ley de Sociedades Comerciales (en adelante la “LSC”) establece expresamente la responsabilidad de directores, accionistas y terceros, por daños que se deriven del mal desempeño de su cargo, la violación de la ley, estatuto o reglamento. (7) Es decir, que cuando la utilización de dicha figura asociativa desvirtúa lo que la ley tutela o ampara se comienza a fundar la responsabilidad de terceros, sean integrantes o formadores de dicha voluntad social, a veces socios, directores, administradores, síndicos o terceros.

Sin embargo, vale realizar una digresión. En la LSC hay dos tipos de responsabilidad solidaria. Una, es aquella que establece el artículo 59 en donde se descorre el velo jurídico que tutela el patrimonio de socios y/o integrantes de la voluntad social de quienes, utilizando la figura asociativa, realizaron actividades ilícitas o cohonestaron conductas fraudulentas. La otra, es la responsabilidad que establece el art. 274 y 157 de la LSC. (8)

En ambos casos, esta solidaridad se manifiesta en la responsabilidad personal e individual de los sujetos que integran la ficción social. En el primer caso, se imputa dicha responsabilidad en forma general a la comisión de un fraude o un ilícito societario. En el segundo caso, la responsabilidad que se imputa es a los directores en bloque, y no ya general, basada en los principios que establece el art. 59 de LSC, como integrantes del órgano de administración de la sociedad que ha ocasionado un perjuicio y que, entonces, dicha solidaridad cumple una función de garantía de los derechos de los acreedores para facilitarles la reparación del perjuicio sufrido por una actuación que se presume conjunta. (9)

Ahora bien, cuando hablamos de fraude laboral o acción dañosa u omisión dañosa nos referimos, por ejemplo, al desenvolvimiento de una relación o vínculo de índole laboral en la clandestinidad y con una marcada violación de normas laborales imperativas, por ser las mismas de orden público laboral, generando un perjuicio al trabajador en ese orden y en el previsional.

Las partes de un vínculo contractual de trabajo están obligadas a observar comportamientos recíprocos de buena fe y buenas costumbres como establecen los principios generales del derecho civil. Es decir, que más allá del cumplimiento de obligaciones específicas derivadas de un contrato de trabajo que impone al trabajador el prestar servicios y ser remunerado por ello en tiempo y forma, existen conductas impuestas por la naturaleza propia del negocio jurídico.

El empleador tiene que cumplir con sus obligaciones preservando la relación jurídica y evitando un accionar abusivo. Así, el empleador debe cumplir con las obligaciones que resulten de la LCT, los estatutos profesionales, convenciones colectivas de trabajo y sistemas de la seguridad social, a modo de posibilitar el goce íntegro y oportuno de los beneficios que las disposiciones acuerdan. (10)

Se debe dar cumplimiento a las normas de estricto orden laboral como las convenciones colectivas de trabajo y los estatutos y cumplimentar las disposiciones que corresponden a la seguridad social, a saber, las normas previsionales, sistema de desempleo, régimen de obras sociales y sistema de asignaciones familiares, entre otros.

Dentro de una teoría general del daño y de las responsabilidades que como empleador le cabe a quien contrata a un dependiente pueden surgir responsabilidades, como una garantía más para la reparación del perjuicio, tales como el descorrimiento del velo societario de una sociedad empleadora cuando la misma comete una acción de fraude.

Cuando un trabajador es contratado por personas físicas quiénes son sus empleadores para luego ser proporcionado a la misma actividad empresarial continuada por una persona jurídica de la cual las personas físicas empleadoras son parte, ante la comisión de un hecho dañoso la responsabilidad es solidaria en los términos de lo que establece el art. 29 de la LCT.

III. La Extensión de Responsabilidad

Las sociedades comerciales son sujetos de derecho, con incapacidad absoluta de hecho, si no es por medio de sus representantes legales. Asimismo, son capaces relativas de derecho, ya que sólo tienen capacidad de derecho en la medida de su contrato constitutivo o estatuto en el marco del objeto social. Pueden contratar legalmente en referencia a lo que su contrato constitutivo y estatutario establezca a tales efectos.

Ninguna sociedad se encuentra autorizada a funcionar si dentro de su capacidad jurídica estatutaria, se encontraran facultades para cometer delitos o ilícitos civiles. (11) Tal, es el caso de la contratación de un trabajador no registrado, deficientemente registrado o mediando fraude o cualquier forma de actuar contraria a la buena fe que establece el artículo 63 de la LCT. Si la existencia de una comisión u omisión dañosa se verifica estamos en presencia de un obrar contrario a la ley de un tercero que incumple con la capacidad social del ente societario y que no pueden ser otros que sus representantes legales, actuando en abuso de derecho.

Si la representación legal es colectiva, la misma se forma con el obrar en la comisión u omisión del ilícito civil. (12) También son responsables aquellos que integrando el órgano de dirección de la persona jurídica no formulan oposición a la realización del ilícito omitiendo el deber de lo que establece el artículo 274 de la LSC como mencioné y el correspondiente artículo 157 de la LSC en el caso de sociedades de responsabilidad limitada.

La responsabilidad solidaria e ilimitada, en la circunstancia de la contratación de un trabajador sin registración desempeñándose para la usuaria final de la capacidad de trabajo del trabajador, es decir, la sociedad, deviene manifiesta ya que el acto delictivo imputable debió ser necesariamente precedido por una decisión orgánicamente adoptada, derivada del hacer o no hacer de sus integrantes. Por ende, la responsabilidad de los administradores proviene de su participación activa en la formación de la voluntad social o su conducta omisiva que ratifica dicha forma de actuar abusivamente. (13)

La responsabilidad, entonces, corresponde a la sociedad y a los formadores de la voluntad social quienes son los reales empleadores del trabajador deficientemente registrado. Esto es así, en virtud, de que como ya mencionáramos la persona jurídica no tiene capacidad de actuar si no es por medio de sus representantes legales. Si esta representación toma decisiones o convalida un accionar fraudulento dentro del marco societario abusa de las facultades estatutarias concedidas al ente jurídico. El artículo 43 del Código Civil responsabiliza a las sociedades por el actuar dañoso, de directivos y administradores, lo que incluye la responsabilidad civil extracontractual por el daño que generan los ilícitos civiles cometidos. Por ende, la sociedad es transitivamente responsable.

Cuando se excede la capacidad de derecho societaria y tanto el órgano de administración como la representación legal son partícipes necesarios y voluntarios en la intermediación de la contratación de un trabajador en condiciones de clandestinidad, de aquellos ilícitos civiles que se consuman en el actuar societario se hacen responsables en forma personal y solidaria a todos conforme lo indica nuestra legislación civil en su artículo 1109. (14)

IV. Conclusión

La LCT en su artículo 29 establece la solidaridad por la interposición y mediación de personas. Dicho artículo busca atacar situaciones de fraude o abuso de derecho en las cuales las relaciones de trabajo sean enmascaradas por la interposición de personas insolventes que, ante el dependiente, aparecen como empleadores cuando en realidad son simplemente una pantalla de quien es el real usuario de la capacidad de trabajo de un empleado.

Asimismo, se establece que cuando se efectúa un fraude o abuso, como en el caso de la falta de cumplimiento por parte del empleador de los deberes y obligaciones legales a los que tiene que hacer frente conforme el orden público laboral, tanto el contratante del trabajador como el que recibe el fruto de la labor del dependiente resultarán frente a éste, solidariamente responsables, lo que refuerza la cantidad de los deudores obligados al cumplimiento del débito remuneratorio y el pago de las correspondientes indemnizaciones legales frente a una conducta abusiva.

Sin embargo, hay que ponderar que cuando un trabajador es contratado por una persona física para luego desempeñarse como empleado de una persona jurídica y el mismo presta labores en condiciones de clandestinidad no solamente los responsables lo son en forma solidaria sino que además lo son ilimitadamente. Esto implica que ante la insolvencia de la sociedad contratante los representantes legales de la misma que actúan en connivencia y conformidad respecto de un actuar delictivo en perjuicio del dependiente deben responder ya no sólo con el patrimonio del ente social sino con el propio y en forma individual y sin límite.

Esto es así, en virtud, de que tanto las leyes generales del derecho civil, como las societarias y las laborales tutelan el accionar delictivo de las personas físicas que utilizando un ropaje jurídico pretenden atenuar la responsabilidad de su accionar. Se busca sancionar a quienes han incurrido en un accionar abusivo y/o malicioso utilizando el ordenamiento jurídico para perpetrar un enriquecimiento ilícito en detrimento de quienes se ven afectados en el goce pleno de los beneficios que la ley les proporciona: los trabajadores.

Por ello, la extensión de responsabilidad deviene en un remedio necesario no sólo conforme los parámetros del artículo 29 de la LCT sino además con el descorrimiento del velo societario cuando quienes cometen ilícitos buscan amparar su responsabilidad en la existencia de un medio asociativo, en muchos casos insolvente, para cometer este tipo de abuso en detrimento de los dependientes.

De esta forma, la ley busca un remedio para contrarrestar este accionar abusivo y deprimir la utilización de dicha forma de contratación desincentivando mediante el instituto la violación a la ley bajo el amparo de un marco jurídico aparente.

Recientemente, fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina la ley 26.940 que promueve el trabajo registrado y previene el fraude laboral. Dicha ley busca generar una regularización en el marco de la existencia del trabajo informal y prevenir con mayores sanciones los abusos de derecho y fraude a la ley laboral in meius de los trabajadores.

Uno de los mayores aportes que esta ley busca promover es la creación de un registro de empleadores con sanciones laborales. De esta manera, se crearía una suerte de veraz de los incumplidores a las leyes laborales que intentaría desincentivar la clandestinidad en el ámbito del trabajo con una publicidad negativa para quienes no regularicen situaciones abusivas de trabajo.

Sin embargo, deberemos esperar aún hasta tanto la misma sea implementada para analizar la eficacia o no de lo que la ley intenta promover con objetivos claros. Mientras tanto los remedios legales que sancionan y buscan evitar el fraude laboral y cualquier forma de acción contra legem en la materia se explicitan en las leyes especiales laborales y sus correspondientes remisiones a las leyes de fondo.

NOTAS AL PIE:

(1) Art. 21 Ley 20.744: “Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas de trabajo o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres.”

(2) Art. 29 LCT: ” Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación.En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social.Los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente para desempeñarse en los términos de los artículos 99 de la presente y 77 a 80 de la Ley Nacional de Empleo, serán considerados en relación de dependencia, con carácter permanente continuo o discontinuo, con dichas empresas. ”

(3) Comentario al art. 29 de la LCT, editorial Grinberg, comentada por Carlos Pose.

(4) Art. 1 y 2 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales (“LSC”).

(5) Art. 18,19 y 20 de la LSC.

(6) “Alessey S.A. s/ Concurso Preventivo”, Cámara Civil y Comercial, Sala III, 21/06/82, editorial Zeus, J-28-202.

(7) El art. 59 de la LSC dice en su parte pertinente: “Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación de la sociedad que encubra fines extra-societarios constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. ”

(8) Art. 274 de la LSC: “Los directores responden ilimitada y solidariamente contra la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del art. 59, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. […]”

(9) Balbín, Sebastián, “Acción Social de Responsabilidad contra el Directorio”, Editorial Ad-Hoc, Primera edición, Buenos Aires, 2006.

(10) Art. 79 de la LCT.

(11) El art. 19 de la LSC establece: “Cuando la sociedad de objeto lícito, realizara actividades ilícitas, se procederá a su disolución y liquidación a pedido de parte o de oficio, aplicándose las normas dispuestas en el artículo 18. Los socios que acrediten su buena fe quedarán excluidos de lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del artículo anterior.”

(12) Véase Art. 1109 del Código Civil Argentino.

(13) Véase Balbín, Sebastián, “Acción Social de Responsabilidad contra el Directorio”, editorial Ad-Hoc, Primera edición, Buenos Aires, 2006.

(14) Art. 1109 del Código Civil: “Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil. Cuando por efecto de la solidaridad derivada del hecho uno de los coautores hubiere indemnizado una parte mayor que la que le corresponde, podrá ejercer la acción de reintegro.”