Legislación del Día: Se fija entre los días 14 al 25 de julio de 2014, la feria judicial de invierno para la A.F.I.P.

Businessmen cast shadows they stop to watch final day of fifth Ashes test between England and Australia ...ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución General 3648
Procedimiento. Cómputo de plazos. Resolución General N° 1.983, sus modificatorias y complementarias. Norma complementaria.

Bs. As., 11/7/2014
VISTO la Resolución General N° 1.983, sus modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada resolución general se estableció que durante determinados períodos del año no se computen los plazos previstos en los distintos procedimientos vigentes, ante esta Administración Federal, vinculados con la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos a su cargo.
Que conforme a lo previsto en el inciso b) del Artículo 1° de la mencionada norma, corresponde fijar el lapso durante el cual se suspenderán dichos plazos teniendo en consideración, al efecto, la próxima feria judicial de invierno.
Que a los fines de compatibilizar la medida en trato con una adecuada administración de los procedimientos y sistemas vigentes, corresponde disponer un período uniforme de suspensión de plazos, aplicable en todas las dependencias del país.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Recaudación, de Sistemas y Telecomunicaciones y de Servicios al Contribuyente, y la Dirección General Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 6° y 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1° — Fíjase entre los días 14 al 25 de julio de 2014, ambas fechas inclusive, el período a que se hace referencia en el inciso b) del Artículo 1° de la Resolución General N° 1.983, sus modificatorias y complementarias.
Art. 2° — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ricardo Echegaray.

Fallo del Día: Conformado por dos concubinos – División en partes iguales. AUTOR (Cruz Sonia Maria Edith)

Doctrina del día: Tratamiento impositivo en la compra de vehiculos - López, Marianela

2ª Instancia.— Buenos Aires, junio 19 de 2014.

La doctora Verón dijo:

1. Contra la sentencia definitiva dictada en la anterior instancia y que obra a fs. 540/547 expresan agravios las partes, el demandado lo hace a fs. 596/604 vta. y la actora a fs. 606/612 vta., mientras que las contestaciones lucen agregadas a fs. 617/619 y fs. 621/626.

El demandado aduce que no fueron meritadas las pruebas que produjo y que el a quo resolvió únicamente a la luz del testimonio de escritura de compraventa y de la hipoteca. Sostiene que no se tuvo en cuenta que sólo él fue quien pagó el inmueble, extremo que estima probado a través de prueba informativa así como de un correo electrónico que enviara a la inmobiliaria interviniente y de su declaración jurada ante AFIP, por lo que reclama que no se divida el condominio por partes iguales.

Señala que entre las partes existía una relación amorosa, y que la compraventa a nombre de ambos resultó una simulación lícita, desechando que la relación concubinaria pueda beneficiar a la actora. Respecto a la hipoteca, observa que sólo a él le fue otorgada, y en cuanto a la reconvención argumenta las razones por las cuales no la practicó. Más adelante, respecto al canon locativo que se le reclama, aduce que nada adeuda pues sostiene que hasta tanto se resuelva la cancelación del crédito hipotecario él debe ser quien ocupe el inmueble.

A todo evento, pone de resalto que de cualquier manera el juez de grado se equivocó al fijar el 100% de lo que fuera establecido pericialmente ya que no respeta su parte indivisa. También reclama que se deduzca lo abonado por él en concepto de expensas, Aysa y ABL.

Asimismo impugna la procedencia de lo reclamado por daño moral. Señala que el intercambio epistolar únicamente da cuenta del rompimiento de una relación sentimental y contractual, y pone de relieve que la actora no negó haberse llevado mobiliario, extremo que también estima demostrado por vía testimonial.

Por último, respecto de las costas, reclama que se tenga en cuenta su allanamiento y que se contemple el interés de cada uno en el pleito. La actora, por su parte, aduce que el juez de grado omitió pronunciarse acerca del “daño emergente” reclamado consistente en los gastos que debió afrontar por la ocupación exclusiva del inmueble por su contraparte como ser el alquiler de otra vivienda más las respectivas expensas, servicios y otros gastos, renglón que considera autónomo del canon locativo por uso exclusivo de aquél. Luego reclama que el canon locativo se devengue hasta el efectivo desalojo del inmueble objeto de división. Respecto al valor estimado, aduce que resulta exiguo y que no refleja el verdadero del mercado, razón por la que solicita que le sea encomendado nuevo informe al perito tasador.

2. La cuestión de fondo. 2.1. No promedia discusión en torno a que la división del condominio resulta procedente. La queja de fondo del demandado reside en que la misma no debe realizarse por partes iguales ya que la actora no contribuyó al pago de la mitad del valor del departamento, que “… aún bajo la forma registral de un condominio en partes iguales, no lo fue” (sic, fs. 54).

2.2. Por lo que comienzo a desarrollar, propiciaré rechazar esta queja pues no está demostrada la simulación que se invoca, equivocándose además el encuadre al citar el art. 1659 CC en materia de “sociedad” o el art. 2690 que contempla el caso de insolvencia de alguno de los condóminos. En efecto, en principio y tal como hiciera el a quo se impone aquí acudir al análisis de la escritura continente del contrato de compraventa por el cual las partes ahora litigantes adquirieron el inmueble en cuestión. De tal instrumento surge que compraron el departamento sito en la calle Uriburu 1023/1025, U.F. 18, piso 8° de esta ciudad, por partes iguales, es decir, en la proporción que la actora reclama en estos autos (ver escritura en sobre N° 4359, Anexo XIII) y es oportuno recordar que según el art. 980, 2° párrafo, del Cód. de Vélez, “Los instrumentos públicos extendidos de acuerdo a lo que establece este Cód. gozan de entera fe y producen idénticos efectos en todo el territorio…”.

El apelante sostiene que al haber concluido la unión de hecho entre las partes, deben determinarse los aportes respectivos (fs. 54 y vta.), pero las pruebas aportadas no son concluyentes como pretende.

Así lo juzgo a la luz de los correos electrónicos remitidos por la inmobiliaria interviniente que darían cuenta de su exclusiva intervención en la operatoria de compraventa, y de su declaración jurada de “bienes personales” presentada ante AFIP (todo lo cual encuentro agregados en el citado sobre), por ninguna de tales probanzas se impugna válidamente el acto jurídico que da cuenta dicho instrumento en los términos del art. 993 CC.

El quejoso se limita a alegar la existencia de una simulación lícita y no acompaña un contra-instrumento, sea público, sea privado, en el que conste la verdadera situación en los términos del art. 996 del CC. Pero de cualquier manera, es decir, aún cuando en tren de hipótesis se convalidara la vía por la que el demandado impugna el acto que reputa simulado, lo cierto es que la prueba producida no resulta asertiva, plena ni convincente. Según doctrina de la Suprema Corte de Buenos Aires así debe ponderarse la prueba, fundamentalmente debido a que los contratos son normalmente efectivos y reales y los aparentes constituyen una excepción a la regla, lo que implica que en caso de duda debe estarse por la sinceridad del acto impugnado por simulación (Sup. Corte Bs. As., Ac. 33.064, C.Apel.Civ.yCom. de San Martín, Sala II, “Malich, Armando G. c. Molini, Angelica y otra”, del 19/02/2004, LL on line 70022092).

2.3. En lo medular, en el aspecto central de esta controversia, la discusión en este punto gira no en relación al capital aportado por el Banco Nación sino en torno a la suma de dinero inicial que permitió la adquisición del departamento, sobre cuyo origen disienten las partes (cfr. fs. 22 y fs. 48 vta.). Efectivamente, sobre este punto Parada sostuvo en un primer momento que ese dinero le pertenecía por completo, y así rechazó lo sostenido por Cruz en cuanto a que lo recibieron en préstamo de un amigo común (ver carta documento del 16/7/2.008, Anexo 8 N° 16/24). Luego, inexplicablemente, el demandado se desdice y sostiene que “… le pedimos a un conocido común, el Sr. Julio Daniel Tenembaun, que me facilitara el dinero faltante… y tras la venta del inmueble de la calle Larrea (17/1/2006) devolví el dinero dado en préstamo por el Sr. Tenembaum” (fs. 48 vta./49).

Observo que el testimonio de dicha persona no fue siquiera ofrecido por el demandado (fs. 60 vta./61) pero sí por la actora (fs. 33), y de manera convincente el testigo declaró que fue Cruz quien le pidió el préstamo por un corto plazo para la compra de un departamento, y que al poco tiempo le fue devuelto por ambas partes (N° 2, fs. 437). Tal declaración, cabe destacar, no mereció repregunta ni cuestionamiento alguno por parte del accionado.

2.4. En su mérito, a tenor de las circunstancias de hecho relatadas y razones de derecho desarrolladas, propicio confirmar el fallo en crisis en este aspecto, por lo que el condominio se dividirá por partes iguales.

3. Los restantes reclamos patrimoniales. 3.1. En efecto, comienzo por destacar que el único que permaneció en el inmueble fue el demandado, y la discusión ahora radica en la procedencia y alcance de las pretensiones formuladas por la actora en concepto de “canon locativo” y otras erogaciones (“daño emergente”) que son objeto de cuestionamiento por el demandado pues sostiene haber incurrido en gastos que deben compensarse.

En primer lugar, al analizar el tenor de la queja del accionado, advierto que no debate la pertinencia o procedencia en sí misma del canon locativo, la actora cuenta efectivamente con un crédito exigible. No obstante, el demandado opone la señalada compensación, tópico sobre el que guarda silencio el juez de grado. En efecto, recuerdo que compensar proviene del latín cumpensare y significa “poner en la balanza simultáneamente dos obligaciones y extinguirlas en la medida que una se integre con otra”.

Según el art. 818 del código de Vélez, “la compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda. Ella extingue con fuerza de pago, las dos deudas, hasta donde alcance la menor, desde el tiempo en que ambas comenzaron a coexistir”.

Es un medio de liberarse de la deuda que se produce por una mutua neutralización de dos obligaciones cuando quien tiene que cumplir es, al mismo tiempo, acreedor de quien tiene que recibir satisfacción (Díez Picazo, cit. por Pizarro y Vallespinos, ob. cit., p. 528). Los romanos para caracterizarla decían: est credit et debiti inter se contributio (Digesto, 16.2.1) (COMPAGNUCCI DE CASO, Horacio, Cód. Civil y Normas Complementarias, Hammurabi, t. 2 B, p. 239; CAZEAUX – TRIGO REPRESAS, Derecho de las obligaciones, 1975, t. III, p. 363, PIZARRO, Ramón, VALLESPINOS, Gustavo, Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones, Ed. Hammurabi, vol. 3, p. 527 y ss.; ALTERINI, Atilio, AMEAL, Oscar, LÓPEZ CABANA, Roberto, Derecho de obligaciones civiles y comerciales, Lexis Nexis, p. 599 y ss.).

3.2. Observo, que ambas partes recibieron el préstamo del Banco Nación para concretar la operación de compra, expresándose en la escritura que “… Las personas intervinientes bajo la denominación común de “parte deudora” asumen responsabilidad solidaria y directa frente a todos los efectos de este contrato…” (copia del instrumento se encuentra agregado en sobre N° 4359, Anexo XIII). Sin perjuicio de ello, más allá que ante el banco ambos compradores resultan deudores, lo cierto es que el único “tomador del préstamo” ha sido el demandado, no la actora, especificándose de manera minuciosa los términos del acuerdo en la respectiva escritura, entre ellas —por ejemplo— el débito directo de la cuota en la cuenta bancaria del demandado (cfr. acáp. V).

Tal extremo ha sido reconocido por la actora, aunque intentó explicar que obedeció a que “no estaban casados” (fs. 20 vta.), como si tal estado civil fuera requisito para tomar un crédito hipotecario, lo que por otro lado no ha demostrado (art. 377 CPCCN). Seguiré más adelante su tratamiento. Respecto al pago de la cuota del crédito y los demás “gastos”, la actora sostiene que eran afrontados por ambos mientras duró la convivencia (fs. 22 vta.: “a veces pagabas vos, a veces pagaba yo”), pero no luego.

3.3. Las partes ahora litigantes convivieron desde la adquisición del inmueble hasta el mes de Noviembre de 2007 (inclusive), y que en dicho lapso afrontaron todos los gastos (incluso las amortizaciones del crédito hipotecario) de manera común. Considero entonces que a partir del mes de Diciembre de 2007 en que el demandado habitó el departamento con carácter exclusivo (cfr. fs. 25 vta. y fs. 49 y vta.), nace para la actora derecho a percibir el correspondiente canon locativo, aunque encuentro que lo reclamó recién a partir del mes de Abril de 2008 (cfr. carta documento del 15/4/2.008) y por tanto es a partir de dicho mes (inclusive) que habrá de computarse (así lo ha decidido esta misma Sala in re “Cohen Kichik de Wais, Emilia y otro c. Berdichevsky, Carlos y otros s/ Fijación y/o Cobro de valor locativo”, Expte. N° 44.980/2.009, del 21/6/2.012), suma que se acrecentará mientras tanto se extienda el presente status quo. No corresponde —desde luego— lo que Cruz reclama por otros conceptos como “daño emergente – gastos de vivienda” (fs. 27), renglón que no procede de manera autónoma ni tampoco integra ningún otro concepto pues, a tenor de su mediatez respecto al hecho generador, no resulta reparable en términos de “extensión del resarcimiento” (art. 520 CC).

Pondero en los términos de los arts. 386 y 477 del rito sendos informes periciales que obran a fs. 429/430 y fs. 460/462. En ellos el idóneo explicó las razones por las que informó el valor de mercado del inmueble en cuestión, respondió de manera sólida el cuestionamiento de la actora de fs. 449/450 y echó por tierra toda posibilidad de requerir otro informe como solicita en el escrito en despacho.

Considero que una experticia de las características de la presentada en autos, resulta el fruto de un examen objetivo de las circunstancias de hecho, de la aplicación de los principios científicos inherentes a su especialidad y de los razonamientos que siguen para dar respuesta a los temas sometidos a dictamen del entendido.

Por tanto, la mera opinión de los litigantes no puede prevalecer sobre las conclusiones de los idóneos, en especial si se advierte que no hay argumentos valederos para demostrar que éstas resultan irrazonables. Recuerdo que el sentenciante no sólo no puede ignorar el dictamen pericial sino que debe valorarlo y aquí nos encontramos frente a un supuesto de excepción al principio general recibido en el art. 386, párr. 2° del CPCCN en el que se dispensa al juzgador de valorar ciertas pruebas por no ser esenciales y decisivas al fallo de la causa.

El juez es soberano al sentenciar en la apreciación de los hechos, dentro de los cuales se encuentra el dictamen, así lo interpreta unánimemente la doctrina judicial; pero, en consonancia con las reglas de juzgamiento enunciadas por el art. 477 del CPCCN, se le ha señalado una valla, pues deberá aducir razones muy fundadas para desvirtuarlo, pues —como dijera— el conocimiento del perito es ajeno en principio al hombre de derecho (Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado…, Ed. Astrea, t. 2, ps. 713/4). En suma, en razón de todo lo expuesto, el crédito de la actora por canon locativo debe responder a las acertadas pautas indicadas en la instancia de grado y practicándose el correspondiente cálculo en la etapa de ejecución de sentencia.

Tal como solicita el accionado en el escrito en despacho y la propia demandante requirió en su líbelo de inicio a fs. 28, que a los fines del cómputo del canon locativo debe contemplarse sólo la respectiva parte indivisa.

3.4. En cuanto, a la compensación —por los términos articulados por las partes— debió plantearse por vía reconvencional.

Ahora bien, si se pretendiera la existencia de una reconvención implícita, que es aquella que contiene una contrapretensión procesal y que carece de una pretensión expresa en tal sentido, en cuyo caso, se hubiera podido disponer que se corra traslado de la misma forma y por el término de ley sin que ello ocasione ningún agravio, desde que el derecho de defensa en juicio del actor y la garantía de la igualdad frente a la ley se hallarían suficientemente resguardados.

Pero es preciso tener presente que se ha señalado acertadamente que si en la contestación de demanda no se dice que se reconviene ni en su encabezamiento ni en su cuerpo, ni en su petitorio, y después de las negativas de práctica se culmina impetrando la repulsa de la demanda, no cabe inferir que existe reconvención, porque ella no puede ser implícita, al estar sujeta a todos los requisitos sustanciales y formales de una demanda, máxime si el supuesto reconviniente consintió la providencia que tuvo por contestada la demanda y decretó la apertura a prueba. Es decir, si se quiere ejercer una pretensión cuyo reconocimiento se persigue, se debe expresamente reconvenir, pues esa postulación deviene necesaria a los efectos de que se enjuicie la causa petendi y se determine en su consecuencia, con la finalidad de salvaguardar el derecho de la debida defensa en juicio y porque es un instituto diferente a la mera defensa que puede esgrimir el demandado en el responde (conf. arts. 357 y 330 del rito, art. 18 de la Constitución Nacional; KIELMANOVICH, Jorge L. “Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación-Comentado y Anotado” T.I, p. 794, Ed. Abeledo Perrot, HIGHTON, Elena I. AREÁN, Beatriz A. “Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación” T.7, p. 36, ed. Hammurabi, FALCÓN, Enrique M. “Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado-Concordado-Comentado” T. III, p. 89, Ed. Abeledo Perrot).

En este caso, el Sr. Parada al contestar la demanda (fs. 45/61) si bien soslaya la posibilidad de compensación, ello, no fue expresamente reclamado, ni introducido en el petitorio. Mientras la defensa, pretende una declaración de certeza negativa de la demanda, la reconvención no está relacionada en este sentido con la demanda, sino que desea una declaración de certeza positiva respecto de su propia pretensión (conf. Falcón, Enrique M. ob. cit. TIII, p. 90).

Esta situación se presenta cuando el demandado es a su vez acreedor del actor de deuda líquida o liquidable y deduce contra éste reconvención. No puede el juez hacer lugar a la compensación si no se ha deducido reconvención so pena de vulnerarse la defensa en juicio, por cuanto es necesario que la parte frente a quien ella se invoca pueda ejercitar su defensa. Además, la compensación judicial requiere que los créditos hayan sido materia de acciones respectivas, debidamente sustanciadas y de reconocimiento en la sentencia (HIGHTON, Elena I. AREÁN, Beatriz A.”Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación” T.7, p. Ed. Hammurabi; CNCiv. Sala “B”, JA.1995-IV-393).

Es decir, la reconvención es ineludible cuando a una demanda que persigue una sentencia de condena se pretende oponer en compensación un crédito, que a su vez, requiere reconocimiento judicial (COLOMBO, Carlos J. “Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación” T. primero, p. 594).

Por ello, al no haberse intentado esta vía, o bien un planteo autónomo, corresponde en este proceso la desestimación de la compensación pretendida.

4. Daño moral. 4.1. En la instancia precedente se acogió esta pretensión que es objeto de cuestionamiento por el demandado. Por lo que se deduce de lo hasta aquí desarrollado y lo que paso a explicar, propiciaré revocar lo decidido.

4.2. En efecto, comienzo por recordar que esta sala participo del criterio que aprehende con amplitud el daño moral, al considerar que se trata de un perjuicio que no queda reducido al clásico pretium doloris (sufrimiento, dolor, desesperanza, aflicción, etc.) sino que, además, apunta a toda lesión e intereses (jurídicos) del espíritu cuyo trasunto sean unas alteraciones desfavorables en las capacidades del individuo de sentir lato sensu, de querer y de entender (BUERES, Alberto J., “El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la psique, a la vida de relación y a la persona en general”, en” Revista de Derecho Privado y Comunitario”, Rubinzal Culzoni, Nº 1, ps. 237/259).

El daño moral importa una minoración en la subjetividad de la persona de existencia visible, derivada de la lesión a un interés no patrimonial, o con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, lo que se traduce en un modo de estar diferente de aquél en el que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste, y anímicamente perjudicial (PIZARRO, Ramón D., VALLESPINOS, Carlos, Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones, Hammurabi, t. 2, p. 641; ver mis votos in re “Luciani, Nelly c. Herszague, León y otros c. Ds. y Ps.”, Expte. N° 21.920/2006, del 13/8/2010; “Peralta, Daniel Oscar c. Transportes Metropolitanos General San Martín y otro s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 33.299/2005, del 10/5/2010; “Burcez, Elizabeth Graciela c. Aguas Argentinas S.A s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 115.335/2005, del 22/4/2010, entre muchos otros).

4.3. No coincido con el juez de grado en que en el sub examine se verifican “particulares circunstancias” que confieren sustento a su resarcimiento. Efectivamente, la oportuna negativa del accionado a dividir el condominio condujo al inicio de estos actuados, pero se impone considerar que —entre otras razones— obedeció al rechazo de la actora a compensar su crédito, que si bien, por razones formales impidió su tratamiento en este proceso, por el contenido de las presentaciones —entre otras— de fs. 63/65, no puede desprenderse la sinrazón del reclamo. Por último, en cuanto a la imputación que efectuara el demandado respecto a que la actora se llevó mobiliario que no era de su exclusiva pertenencia cuando se retiró del departamento, no desconozco desde luego la naturaleza hiriente del aserto.

Se trata de un extremo de muy difícil comprobación, y razono así a pesar del tenor de lo declarado a fs. 402 por Daniel Díaz que brindaría apoyo a lo sostenido por el accionado. Lo cierto es que allí estriba y también encuentra su límite esta discusión. Se trata evidentemente de la dolorosa ruptura de una relación sentimental, y los términos en los que los litigantes se distanciaron y finalmente pusieron fin a su relación sentimental son lastimosos y se desprenden de las cartas documentos y de los mismos escritos introductorios de este proceso.

4.4. En suma, son innegables los hondos perjuicios que conlleva —para ambos— la frustración de un proyecto de vida en común, pero como anticipara y en función de los aspectos sustantivos desarrollados en los anteriores acápites, considero que el reclamo efectuado por la actora por este renglón carece de sustento o envergadura suficiente, y de allí que propicie su revocación.

5. Costas. Considero que a tenor de los argumentos desarrollados y en definitiva la manera en la que se resuelve, las costas de ambas instancias deben ser afrontadas por su orden (art. 68, 2° párrafo, CPCCN). En su mérito, doy mi voto para que: a) Se modifique el pronunciamiento apelado en cuanto se revoca la indemnización en concepto de daño moral. b) Se confirme el resto de la sentencia apelada en todo cuanto ha sido objeto de apelación y agravio. c) Se impongan las costas de ambas instancias por su orden.

Las doctoras Mattera y Wilde adhieren al voto precedente.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal resuelve: a) Modificar el pronunciamiento apelado en cuanto se revoca la indemnización en concepto de daño moral. b) Confirmar el resto de la sentencia apelada en todo cuanto ha sido objeto de apelación y agravio. c) Imponer las costas de ambas instancias por su orden. d) Oportunamente se regularán los honorarios pertinentes. Regístrese, notifíquese por cedula por Secretaría y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.— Beatriz A. Verón.— Marta del R. Mattera.— Zulema Wilde.

Consultor Online: ¿en qué consiste la figura del agente encubierto de la AFIP?

RTR2N3Y7_72dpi

Marco legal aplicable:

Agente encubierto

El juez administrativo podrá autorizar a sus funcionarios,   cuando los antecedentes de los contribuyentes (vendedores y locadores) lo justifiquen, a que actuén como compradores de bienes o locatarios de obras y servvicios, a fin de constatar el cumplimiento de los requerimientos de la AFIP en materia de facturación, sin necesidad de exigir la entrega del correspondiente comprobante.

Una vez que los funcionarios se identifiquen si no se consumiron los bienes o servicios se procederá a la anulación de la factura. Si los bienes se hubieran consumido se formalizará la correspondiente nota de crédito.

Formalidad: el procedimiento deberá formalizarse en actas. Artículo 35 inciso g) de la ley 11.683

 

 

La justicia dice:

Constitucionalidad

Se desestima el planteo de inconstitucionalidad ya que el empleo de agentes encubiertos no es por sí mismo contrario a las garantías constitucionales siempre que el comportamiento del agente se mantenga dentro de los límites del Estado de derecho.

El agente cumple una función de conformidad a la orden dada por un juez administrativo en un caso en que, de acuerdo con los antecedentes fiscales obrantes en la AFIP da lugar al procedimiento previsto en la ley 11683.

No existe instigación por parte de estos funcionarios en la medida que no inducen a la comisión de la infracción ya que sólo se limitan a efectuar la adquisición como lo haría cualquier persona sin efectuar insinuación alguna.