Legislación del Día: Reglamentación de la ley 26.913 sobre Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos de la República Argentina.

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REGIMEN REPARATORIO
Decreto 1058/2014
Ley N° 26.913. Reglamentación.

Bs. As., 10/7/2014
VISTO el Expediente N° S04:0019879/14 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la Ley N° 24.241, sus complementarias y modificatorias, las Leyes N° 24.043, N° 24.321, N° 24.411, N° 25.192, N° 25.914 y N° 26.564, sus complementarias y modificatorias, la Ley N° 26.913, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 24.241 se instituyó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Que para la reparación de los daños producidos por el terrorismo de Estado, se ha conformado un sistema integrado por las Leyes N° 24.043, N° 24.321, N° 24.411, N° 25.192, N° 25.914 y N° 26.564, sus complementarias y modificatorias, que han reconocido derechos a víctimas y familiares de víctimas por los hechos acontecidos.
Que la Ley N° 26.913, que otorga una pensión graciable para aquellas personas que acrediten haber estado detenidas por causas políticas, gremiales y/o estudiantiles, entre otros, hasta el 10 de diciembre de 1983, viene a insertarse en dicho sistema.
Que a los efectos previstos en el artículo 1° de la ley citada, para establecer si la detención sufrida por el peticionario o su derechohabiente es de las que se encuentran comprendidas en la mencionada ley, deben tomarse en cuenta los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los instrumentos nacionales o internacionales sobre Derechos Humanos.
Que el segundo párrafo del artículo 2° de la Ley N° 26.913 establece la incompatibilidad entre la percepción de la pensión graciable reconocida por el artículo 1° de la mencionada norma legal y cualquier otra prestación de carácter nacional, provincial o municipal de la misma naturaleza y emanada por las mismas situaciones detalladas en el texto legal aludido; quedando, no obstante ello, a criterio del interesado, el derecho a optar por ésta u otra pensión reconocida.
Que, a los efectos de verificar y constatar la incompatibilidad prescripta, deviene necesario establecer la obligatoriedad, además de los otros requisitos exigidos, de que el solicitante de la pensión graciable presente y suscriba, al momento de la iniciación de la solicitud de la prestación, una declaración jurada en la cual conste que no se encuentra percibiendo ningún beneficio de carácter nacional, provincial o municipal derivado de las mismas situaciones por las que se solicita el otorgamiento de la pensión graciable en los términos de la Ley N° 26.913, sin perjuicio de las facultades de fiscalización de los órganos estatales competentes de las informaciones provistas por los peticionarios en sus declaraciones juradas.
Que, a los fines de evitar dudas o controversias interpretativas y con fundamento en el carácter esencialmente graciable y no contributivo de la prestación reconocida por el artículo 1° de la Ley N° 26.913, resulta imprescindible aclarar que el cobro de la pensión de que se trata en la presente Reglamentación es compatible con la percepción de cualquier otro ingreso monetario, excepto el de las otras prestaciones consignadas en el segundo párrafo del artículo 2° de la norma legal precitada o el correspondiente a otros beneficios o subsidios no contributivos de carácter nacional, provincial o municipal de cualquier tipo o naturaleza.
Que, por su parte, el artículo 3° de la Ley N° 26.913 establece la nómina de los derechohabientes de la pensión graciable en el supuesto de fallecimiento del beneficiario titular y remite a las normas del Derecho Previsional vigente a fin de acreditar los vínculos definidos para acceder a la prestación prevista.
Que la remisión a las normas previsionales actualmente vigentes, formulada en términos genéricos por el artículo mencionado en el Considerando precedente, debe considerarse en el sentido que resultan aplicables a los casos no previstos las normas legales y reglamentarias correspondientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), instituido por la Ley N° 24.241, sus complementarias y modificatorias, y los criterios de interpretación normativa dictados en la materia por la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), Organismo Descentralizado en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que el artículo 5° de la Ley N° 26.913 determina que el haber de la pensión graciable instituida debe ser equivalente a la remuneración mensual asignada al personal de planta permanente que revista en la categoría de Nivel D, Grado 0, Sin Tramo, del Agrupamiento General del Escalafón del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), en los términos que establezca la Autoridad de Aplicación.
Que el artículo 6° de la Ley N° 26.913 establece que la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS es el órgano de aplicación del régimen reparatorio instituido por la aludida norma legal y tiene a su cargo la articulación con las otras áreas del Gobierno Nacional involucradas en su implementación; siendo, asimismo, responsable de la coordinación, difusión, asesoramiento a los beneficiarios y del diseño y ejecución de un plan sistemático y riguroso de monitoreo de su aplicación.
Que el artículo referido en el Considerando precedente faculta a la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el régimen establecido por la Ley N° 26.913 y a resolver sobre la procedencia del beneficio en forma sumarísima.
Que, sin perjuicio de las responsabilidades atribuidas por el artículo 6° de la Ley N° 26.913 a la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, resulta necesario y conveniente asignar a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), Organismo Descentralizado en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, las funciones correspondientes a los procesos de liquidación y pago de las prestaciones, como, asimismo, la administración de los beneficios que se otorguen a favor de sus legítimos beneficiarios, en virtud de su carácter de organismo del ESTADO NACIONAL administrador del Sistema Unico de la Seguridad Social (SUSS) y la organización de una vasta y eficiente red de unidades de atención al público distribuidas en todo el territorio nacional.
Que han tomado su debida intervención los servicios jurídicos del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y de la ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Apruébase la Reglamentación del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos de la República Argentina, establecido por la Ley N° 26.913, que como ANEXO I, forma parte integrante del presente Decreto.
Art. 2° — Facúltase a la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), Organismo Descentralizado en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, dicten las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la aplicación del presente Decreto.
Art. 3° — Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de transferir a la ENTIDAD 850 – ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), los créditos presupuestarios pertinentes asignados a la Jurisdicción 85 – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL para sufragar las erogaciones originadas en la aplicación de la Ley N° 26.913.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Julio C. Alak.
ANEXO I
REGLAMENTACION DE LA LEY N° 26.913
REGIMEN REPARATORIO PARA EX PRESOS POLITICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
ARTICULO 1°.- El beneficio previsto por la Ley N° 26.913 será otorgado a las personas que cumplan con los requisitos por ella dispuestos, que hayan sido privadas de su libertad hasta el 10 de diciembre de 1983.
Las causas políticas, gremiales o estudiantiles de la privación de la libertad de los beneficiarios se determinarán conforme a los criterios establecidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y/o los instrumentos nacionales o internacionales sobre Derechos Humanos.
Por “grupo”, debe entenderse al grupo parapolicial, paraestatal o paramilitar perteneciente o vinculado al aparato represivo estatal y/o que haya actuado bajo la aquiescencia estatal.
A fin de comprobar los extremos requeridos deberá acompañarse, según los casos, copia debidamente certificada de los documentos públicos que se enuncian a continuación:
a) Documentación emanada del MINISTERIO DE DEFENSA o de los Consejos de Guerra que acredite, que conforme a lo establecido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los instrumentos nacionales o internacionales sobre Derechos Humanos la detención pueda ser considerada como originada en causas políticas, gremiales o estudiantiles; Decreto de puesta a disposición del PODER EJECUTIVO NACIONAL por similares motivos o Resolución Ministerial que haya otorgado alguno de los beneficios previstos en las Leyes N° 24.043 y 25.914, sus complementarias y/o modificatorias.
b) Documentación emanada de unidades o tribunales militares o consejos de guerra, o certificación expedida por el MINISTERIO DE DEFENSA.
c) Certificación que acredite la privación de la libertad por disposición de Tribunales Civiles que resultara violatoria de los Derechos Humanos amparados constitucionalmente, conforme a lo establecido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y/o los instrumentos nacionales o internacionales sobre Derechos Humanos.
ARTICULO 2°.- Establécese que al momento de la iniciación de la petición de la pensión graciable, el peticionario deberá presentar y suscribir, conjuntamente con el Formulario de Solicitud, una declaración jurada en la cual conste que no se encuentra percibiendo ninguna prestación de carácter nacional, provincial o municipal derivada de las mismas situaciones y fundamentos por las que se solicita el otorgamiento de la pensión graciable prevista por el artículo 1° de la Ley N° 26.913, ni de otros beneficios o subsidios no contributivos de carácter nacional, provincial o municipal de cualquier tipo o naturaleza. Lo antedicho es sin perjuicio de las facultades de fiscalización de las informaciones provistas por los peticionarios en sus declaraciones juradas, por parte de los órganos estatales competentes.
En el caso de ejercer la opción prevista en el segundo párrafo del artículo 2° de la Ley N° 26.913, el solicitante deberá denunciar el organismo otorgante y el tipo de prestación de la cual sea beneficiario y, asimismo, acreditar la renuncia al derecho a dicho beneficio documentada mediante el original o copia debidamente autenticada del acto administrativo y/o de la constancia correspondiente emanada de la autoridad competente que otorgó la prestación o el beneficio nacional, provincial o municipal del que gozaba.
La percepción de la pensión graciable reconocida por el artículo 1° de la Ley N° 26.913 es incompatible con cualquier otra prestación o beneficio de carácter nacional, provincial o municipal de la misma naturaleza y originada en virtud de las mismas situaciones y fundamentos contemplados por la norma legal citada o de otros beneficios o subsidios no contributivos de carácter nacional, provincial o municipal de cualquier tipo o naturaleza, sin perjuicio del derecho del interesado de optar por aquélla o por alguna de estas pensiones reconocidas.
El cobro de la pensión graciable es compatible con la percepción de cualquier otro ingreso monetario, excepto con el de las otras prestaciones consignadas en el segundo párrafo del artículo 2° de la Ley N° 26.913 o el correspondiente a otros beneficios o subsidios no contributivos de carácter nacional, provincial o municipal de cualquier tipo o naturaleza.
ARTICULO 3°.- A los efectos de determinar el carácter y el orden de los derechohabientes de la pensión graciable establecida por el artículo 1° de la Ley N° 26.913 en el supuesto de fallecimiento del beneficiario, se deberán aplicar las normas legales y reglamentarias correspondientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), instituido por la Ley N° 24.241, sus complementarias y modificatorias, y los criterios de interpretación normativa dictados en la materia por la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), Organismo Descentralizado en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
ARTICULO 4°.- SIN REGLAMENTAR.
ARTICULO 5°.- Instrúyese a la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO dependiente de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a informar con la periodicidad requerida y certificar ante el organismo responsable de la liquidación y pago de las pensiones graciables acordadas el monto total de la remuneración mensual referida en el artículo 5° de la Ley N° 26.913, como, así también, a actualizar la información brindada en caso de producirse variaciones o ajustes en los montos remuneratorios.
Establécese que las pensiones graciables reconocidas por la Ley N° 26.913 se deberán abonar:
a) En el caso del artículo 1° de la Ley N° 26.913, a partir de la fecha del dictado de la Resolución Administrativa por la cual se reconoce y otorga el derecho a la pensión graciable; y,
b) En los supuestos del artículo 3° de la Ley citada en el inciso precedente, desde el día siguiente al de la muerte del beneficiario titular, a quien ya se le hubiese otorgado la pensión graciable.
Tratándose de incapaces que carezcan de representación, se abonarán desde las fechas indicadas en el párrafo anterior, conforme a lo establecido por los artículos 3966 y 3980 del Código Civil de la República Argentina.
Los representantes legales y apoderados con facultad para percibir deberán cada SEIS (6) meses acreditar la supervivencia del representado o poderdante, mediante la presentación del certificado pertinente expedido por la autoridad policial del domicilio correspondiente a estos últimos.
ARTICULO 6°.- La SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS es el órgano competente para tramitar y resolver sobre la procedencia de las solicitudes de reconocimiento y otorgamiento de las pensiones graciables establecidas por la Ley N° 26.913, como así también, para disponer sobre su denegación en caso de que no se acrediten los requisitos exigidos legalmente.
La ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), Organismo Descentralizado en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, tendrá a su cargo la liquidación y pago de las pensiones graciables otorgadas a favor de los peticionarios y de sus derechohabientes.
ARTICULO 7°.- SIN REGLAMENTAR.

Columna de Opinión Las viandas en la cuota alimentaria en fallos de la Cámara Civil de Neuquén – Por Juan Manuel Menestrina

RTR2N3Y7_72dpiI. Las viandas en la cuota alimentaria

El objetivo del presente trabajo es analizar las posturas jurisprudenciales de las salas que integran la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Neuquén, con respecto a si debe o no incluirse, el rubro viandas en la remuneración como ingreso del alimentante para la determinación del quantum de la cuota alimentaria. Se trata de una problemática común en casos en que el alimentante es trabajador del sector petrolero, percibiendo sumas de dinero en la remuneración bajo la modalidad de viandas.

En términos generales, podemos señalar que el quantum de la prestación alimentaria para el caso de los hijos menores, se rige por el artículo 267 del Código Civil (1). Determinar el monto requiere la búsqueda de un equilibrio entre las necesidades de los alimentados y la posibilidad del obligado a satisfacer la prestación. Su satisfacción, implica comprometer los ingresos del alimentante, como así también su “aptitud potencial para lograrlos” y su situación patrimonial, debiendo protegerse adecuadamente a los beneficiarios de la prestación, parte más débil de la relación, sin descuidar la consideración de la particular situación del alimentante, quien debe cubrir sus propias necesidades también (2).

Ahora bien, se ha presentado un punto de discusión en la jurisprudencia respecto a las sumas que perciben los alimentantes en su remuneración, encuadrados como “viandas”. Estas consisten en sumas de dinero que el trabajador percibe conjuntamente con su haber mensual, sin necesidad de rendir su utilización al empleador.

Existen dos posiciones claramente visibles, dependiendo si se incluyen o no dichas sumas como ingreso a los fines de determinación de la cuota alimentaria.

El criterio que avala la inclusión de las viandas parte de la premisa de que, en materia de alimentos, el salario es considerado como una manifestación de la capacidad económica del alimentante. Y en este sentido, debe considerarse que la cuota alimentaria determinada como un porcentaje de los haberes del trabajador, debe contemplarse efectuando el cálculo sobre el total de las sumas que perciba, independientemente del carácter remuneratorio o no remuneratorio. Esta posición sostiene que los ingresos que percibe el alimentante como bonificaciones por viandas deben ser incluidos toda vez que los mismos poseen una cuantificación monetaria.

Sin embargo, esta posición no es absoluta: si existiera obligación de rendir las sumas gastadas al empleador, podría considerarse que éstas no han ingresado al patrimonio del alimentante en forma definitiva.

La restante postura predica que las viandas deben excluirse de la base de cálculo, toda vez que se trata de sumas de dinero que el empleador provee al trabajador para que se alimente mientras se encuentra prestando tareas laborales. Es decir, se trataría de sumas destinadas a afrontar erogaciones específicas que no integrarían la remuneración.

Ahora bien, lo que pareciera diferenciar a las dos posturas es el hecho de determinar si las viandas ingresan con carácter definitivo al patrimonio del alimentante o bien, son sumas que entrega el empleador con el único fin de que el empleado pueda alimentarse por encontrarse afectado a una situación de trabajo especial, como podría ser, el hecho de que deba prestar tareas alejado de su hogar y la sede de la empresa.

II. Las viandas en la determinación de la cuota alimentaria según la jurisprudencia de la Cámara Civil de Neuquén (Análisis)(3)

Como se señaló, existe en la jurisprudencia de la Cámara Civil de Neuquén dos posturas diferenciadas en cuanto a la inclusión o no de las viandas para la determinación de la cuota alimentaria.

La sala III de la Cámara sostiene la posición de la inclusión de las viandas para el cálculo de la cuota alimentaria (4). El fundamento reside en que el ítem “viandas”, no se encuentra previsto en el art. 103 bis de la Ley de Contratos de Trabajo, no existe obligación de rendición y son de libre disponibilidad, resultando plenamente remunerativos. Asimismo, se indica que el salario es una manifestación de la capacidad económica del alimentante y por ende, el cálculo del porcentaje debe efectuarse sobre la totalidad de las sumas que perciba, sean o no remuneratorias.

La restante posición, sostenida por las salas I y II (5), apunta a que las viandas no integran el ingreso regular del alimentante, ya que fueron percibidas para atender gastos específicos de alimentación —salvo que se demuestre lo contrario—, citando jurisprudencia que las considera “un reintegro por gastos de servicio”.

Ahora bien, esta última afirmación, omite un aspecto esencial para que la vianda —a modo de “viático” en los términos de la ley de contratos de trabajo— pueda ser separada de la remuneración para el cálculo de la cuota alimentaria: su falta de rendición al empleador (6).

Entendemos que para analizar la naturaleza jurídica de un ítem que percibe el alimentante por su trabajo en relación dependencia, es necesario recurrir en primer lugar, a la ley como fuente de interpretación. En este sentido, desde el punto de vista normativo si analizamos la forma en que es percibida las viandas y la justificación que pretenden darles aquellos que sostienen que son “reintegro de gastos que realiza el empleador”, es necesario recurrir a dos normas: los artículos 103 bis y 106 de la Ley 20.744 —LCT—.

La primera de dichas normas describe a los beneficios sociales como las “prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tiene por objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo”. Claramente refiere que dichos beneficios sociales no son dinerarios, ni acumulables ni sustituibles en dinero. Por ende, las mismas no integran la remuneración del trabajador.

El artículo señalado realiza una enumeración taxativa que incluye el servicio de comedor del empleador, pero no incluye al concepto de vianda. En consecuencia, es dable concluir que las viandas integran la remuneración del alimentante, dado que no son percibidas como beneficios sociales —artículo 103 bis—.

Por su parte, el artículo 106 de la LCT, señala que “Los viáticos serán considerados como remuneración, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes, salvo lo que en particular dispongan los estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo”. Es decir, de acuerdo a como son liquidadas las viandas —integrando el haber mensual y habitual del trabajador—, si se las concibe como “viáticos”, las mismas inexorablemente ingresarían al patrimonio del trabajador al ser consideradas como remuneración, dado que no requieren rendición y reintegro al empleador.

Por ello, la referencia de la posición jurisprudencial que avala la exclusión de las viandas en el sentido de que éstas fueron otorgadas para atender erogaciones específicas “salvo que se demuestre lo contrario”, invierte lo señalado por la ley de contrato de trabajo en el artículo 106, dado que las sumas son entregadas conjuntamente con los haberes sin exigir comprobante alguno del reintegro de gastos. Por ende, una correcta interpretación de acuerdo a este artículo, debería ser que las viandas integran la remuneración, “salvo que se demuestre lo contrario” a través de los comprobantes y rendiciones que acrediten que se trata de un reintegro de gastos que realiza el empleador.

Consideramos que el primero de los criterios es el más adecuado para la determinación de la cuota alimentaria, por la sencilla razón de que las viandas ingresan en el patrimonio del alimentante. Coincidimos en que el aspecto decisivo para el cálculo de la cuota alimentaria, es considerar las sumas que el alimentante posee como una manifestación de su capacidad económica —por ingresar en su patrimonio—. Asimismo, las viandas no se rinden al empleador, por ende, no se puede precisar si fueron un gasto que efectuó éste —demostrándose a través de los comprobantes respectivos— o existió una ganancia para el empleado por ingresar en su patrimonio.

III. Conclusiones

Existen dos posiciones en la jurisprudencia de la Cámara Civil de Neuquén en cuanto a incorporar o no el rubro viandas que percibe el alimentante en su remuneración, para la determinación de la cuota alimentaria.

La postura que indica que corresponde incluir las viandas, sostiene que la remuneración del alimentante constituye una manifestación de su capacidad económica.

Por otro lado, quienes sostienen que no procede incluir las viandas, señalan que éstas constituyen erogaciones específicas para alimentación, siendo un reintegro por gastos de servicio.

Desde el punto de vista normativo, las viandas no son beneficios sociales, y en caso de considerarse viáticos, los mismos integrarían la remuneración del trabajador, por no requerirse la acreditación mediante comprobantes al empleador, lo cual sí llevaría a considerar a las mismas como gastos reintegrables —lo cual autorizaría a excluir los mismos de la remuneración para el cómputo de la cuota alimentaria—.

Concluimos que la posición correcta debería ser la primera de ellas, dado que las viandas ingresan al patrimonio del alimentante, no existiendo la obligación de rendir las mismas a través de comprobantes, requisito indispensable para determinar qué consistieron en un gasto a cargo del empleador de quien debe afrontar la cuota alimentaria (7).