Legislación del Día Otorgamiento de suplementos en las asignaciones familiares a aquellas personas que resultaron gravemente afectadas por inundaciones.

#TrabajoNoRegistrado Conozca a través de #LaLeyOnline  las implicancias y consecuencias de esta modalidad de empleoASIGNACIONES
Decreto 1048/2014
Zonas afectadas por inundaciones. Establécense suplementos para determinadas.

Bs. As., 7/7/2014
VISTO las Leyes Nros. 24.013, 24.241, 24.714 y sus respectivas modificaciones, 26.417 y 26.425, el Decreto N° 278 del 25 de marzo de 1999, el Decreto N° 1.103 del 24 de noviembre de 2000, el Decreto N° 197 del 12 de junio de 2003, el Decreto N° 1.602 del 29 de octubre de 2009, el Decreto N° 446 del 18 de abril de 2011, el Decreto N° 1.110 del 27 de julio de 2011, el Decreto N° 390 de fecha 9 de abril de 2013, el Decreto N° 1.369 de fecha 12 de setiembre de 2013, el Decreto N° 84 de fecha 23 de enero de 2014, los Decretos Nros. 352 y 353 de fecha 21 de marzo de 2014, y la Resolución DE ANSES N° 27 del 4 de febrero de 2014 y
CONSIDERANDO:
Que las inundaciones que afectan a las PROVINCIAS de FORMOSA, CHACO, MISIONES y CORRIENTES, han generando daños considerados de gravedad y el fallecimiento de varias personas.
Que la situación descripta está produciendo impactos negativos en el tejido social y en la estructura económica productiva de la zona, pudiéndose agravar dicha situación por las consecuencias de la inundación y las condiciones meteorológicas que imperen en la región.
Que el ESTADO NACIONAL, tal como lo ha realizado en diversas oportunidades, ha decidido implementar acciones con el fin de atemperar las graves consecuencias perjudiciales provocadas por el fenómeno mencionado.
Que, en tal sentido, resulta necesario cooperar con los esfuerzos que la población afectada está realizando, adoptando medidas inmediatas tendientes a brindar la protección social necesaria que impacte en forma directa en los titulares de derecho de la Seguridad Social que, como grupos socialmente más vulnerables, pueden verse especialmente perjudicados por el fenómeno en cuestión.
Que dentro de las prestaciones que actualmente otorga la Seguridad Social se encuentra el Régimen de Asignaciones Familiares, instituido con alcance nacional y obligatorio a través de la Ley N° 24.714 y sus modificatorias.
Que dicha norma abarca a los trabajadores que prestan servicios remunerados en relación de dependencia, cualquiera sea la modalidad de contratación laboral, y a los titulares de derecho tanto del Sistema Integrado Previsional Argentino como de regímenes de pensiones no contributivas por invalidez y de la prestación por desempleo.
Que, en el régimen establecido por la ley citada se encuentran previstas, entre otras, la Asignación por Hijo, por Hijo con Discapacidad y Prenatal.
Que, asimismo, mediante el Decreto N° 1.602 del 29 de octubre de 2009 se creó la Asignación Universal por Hijo para Protección Social que incluye a los grupos familiares que se encuentren desocupados o que se desempeñen en la economía informal, la cual reviste una indudable relevancia en cuanto a su significado para los sectores más postergados, brindando apoyo y asistencia para las familias.
Que, por otra parte, y mediante el Decreto N° 446 del 18 de abril de 2011, se estableció una asignación que dio cobertura a la contingencia del estado de embarazo de aquellas mujeres que se encuentran en similares condiciones que las personas que acceden a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social.
Que, asimismo, por el Decreto N° 84 del 23 de enero de 2014 se estableció el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR) con el fin de generar nuevas oportunidades de inclusión social y laboral a los jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de acciones integradas que permitan su capacitación e inserción laboral, creándose en ese marco la prestación PROGRESAR.
Que en atención a la grave situación por la que atraviesan las poblaciones más vulnerables de las zonas afectadas como consecuencia del fenómeno natural citado, se entiende necesario duplicar, por un lapso de NOVENTA (90) días, los montos de las prestaciones de la Seguridad Social descriptas en los considerandos precedentes.
Que por el artículo 19 de la Ley N° 24.714 y sus modificaciones, se faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a establecer la cuantía de las Asignaciones Familiares previstas en dicha norma y a determinar los montos diferenciales que pudieren corresponder de acuerdo al desarrollo de la actividad económica y situación económica social de las distintas zonas.
Que la presente decisión reconoce como antecedentes los Decretos Nros. 278/99, 1.103/00, 197/03, 1.110/11, 390/13, 1.369/13, 352/14 y 353/14 que dispusieron aumentos transitorios de las asignaciones familiares, en virtud de las situaciones de emergencia que afectaron a las zonas allí establecidas los distintos fenómenos ocurridos.
Que, por otra parte, la Ley N° 24.013 y sus modificaciones regula, entre otros extremos, el régimen de prestaciones para los trabajadores que resulten desempleados.
Que la situación descripta también afecta a este grupo vulnerable, por lo que resulta necesario duplicar por el lapso de NOVENTA (90) días la prestación que vienen percibiendo.
Que, por otra parte, la Ley N° 26.417 consagra un sistema de movilidad permanente para los jubilados y pensionados del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA).
Que, no obstante ello, y considerando la situación de emergencia y excepcionalidad ocurrida en virtud de las inundaciones, es intención del GOBIERNO NACIONAL conceder un suplemento excepcional por única vez en DOS (2) cuotas mensuales, como una contribución para los jubilados y pensionados afectados gravemente por las inundaciones.
Que dicho suplemento extraordinario será para los titulares de derecho cuyo monto del haber mensual no supere el haber mínimo establecido para marzo de 2014 por la Resolución DE-ANSES N° 27/14 y para los titulares de las Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur y Pensiones No Contributivas, siendo el monto del suplemento especial de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 5.514,26) pagadero en DOS (2) cuotas mensuales y consecutivas.
Que para el acceso a los suplementos excepcionales previstos en el presente los titulares de derecho deberán solicitarlo ante la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la que deberá comprobar en cada caso que, respecto a su domicilio de residencia, se cumpla con la condición de gravemente afectado por las inundaciones.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
Que el presente decreto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, y el artículo 19 de la Ley N° 24.714 y sus modificaciones.

Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:

Artículo 1° — Las disposiciones del presente decreto serán de aplicación a todas aquellas personas que resultaron gravemente afectadas por las inundaciones acaecidas en el mes de junio de 2014 en las Provincias de FORMOSA, CHACO, MISIONES y CORRIENTES y que residan en las zonas afectadas, que se detallan en el ANEXO del presente Decreto.
Art. 2° — Establécese, excepcionalmente y por el término de NOVENTA (90) días, un suplemento equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) de la cuantía actual de las asignaciones familiares por Hijo, Hijo con discapacidad y Prenatal que corresponda abonar a los trabajadores en relación de dependencia y a los titulares de derecho de la Ley de Riesgos del Trabajo, del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) y de la Prestación por Desempleo, conforme el alcance definido en el artículo 1° del presente.
Art. 3° — Establécese, excepcionalmente y por el término de NOVENTA (90) días, un suplemento equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) de la cuantía actual de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social y de la Asignación por Embarazo para Protección Social, conforme el alcance definido en el artículo 1° del presente.
Art. 4° — Establécese, excepcionalmente y por el término de NOVENTA (90) días, un suplemento equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) de la cuantía de la Prestación por Desempleo, conforme el alcance definido en el artículo 1° del presente.
Art. 5° — Establécese, excepcionalmente y por el término de NOVENTA (90) días, un suplemento equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) de la cuantía de la Prestación PROGRESAR, conforme el alcance definido en el artículo 1° del presente.
Art. 6° — El presente Decreto será de aplicación para las asignaciones familiares, asignaciones universales, asignación por embarazo, prestaciones por desempleo y prestación PROGRESAR que se hayan percibido a partir del mes de junio de 2014.
Art. 7° — Otórgase un suplemento excepcional por única vez a los titulares de las prestaciones previsionales del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) a que se refiere la Ley N° 26.425, y a los titulares de las Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur y Pensiones No Contributivas, equivalente a PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 5.514,26), conforme el alcance definido en el artículo 1° del presente.
Art. 8° — Los suplementos excepcionales serán abonados siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Solicitud formal del suplemento extraordinario a través del procedimiento que para tal fin fije la ANSES.
b) Comprobación fehaciente de la condición de afectado gravemente a través de la verificación por parte de la ANSES.
c) Para los jubilados y pensionados se deberá verificar que el monto del haber mensual no supere el haber mínimo establecido por la Resolución DE ANSES N° 27/14, para junio de 2014.
Art. 9° — Establécese que el suplemento excepcional previsto en el artículo 7° del presente será abonado por única vez, en DOS (2) cuotas mensuales y consecutivas a partir del mes de julio de 2014 y no será susceptible de descuento alguno.
Art. 10. — Delégase en la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL el dictado de las normas complementarias y aclaratorias, y la incorporación de otras zonas que pudieran estar alcanzadas por los efectos del mismo siniestro climático, como así también la ampliación de las áreas afectadas en las Provincias mencionadas en el ANEXO del presente Decreto, de acuerdo con la información que a tal efecto proporcionen los organismos nacionales competentes.
Art. 11. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Carlos A. Tomada.
ANEXO
PROVINCIA DE FORMOSA
• Formosa Capital – Barrios Sra. Rosa, Villa Hermosa, Medalla Milagrosa, Laguna Siam, San Juan Bautista, Facchini, San Juan, La Floresta y Villa Belgrano.
• Clorinda – Barrios El Porteño Sur y Norte, Pto. Pilcomayo, Complejo San Ignacio de Loyola, Barrio ACA, Isla 25 de Mayo, Isla Apando, Isla Buey Muerto, Banco La Emilia, Herradura, Riacho Pilagá y Banco Payagua.
• Puerto Pilcomayo.
• Zona de Islas.
• Bouvier.
PROVINCIA DEL CHACO
• Isla del Cerrito
• Barranqueras
• Colonia Benítez
• Puerto Vilelas
PROVINCIA DE MISIONES
• Alba Posse
• El Soberbio
• Colonia Aurora – Barrio Paraje Alicia
• Andresito
• San Javier
• Mojón Grande
• Itacuararé
• Panambi
• 25 de Mayo – Barrio Paraje los Toros
PROVINCIA DE CORRIENTES
• Paso de la Patria
• Itati – Barrio Ibiray
• Goya – Barrio San Isidro y Zona Puerto Boca
• Capital – Barrios Caridi y Santa Marta
• Apipé Grande y Chico
• Garruchos
• Santo Tomé – Barrios Itacuá y Cerro
• Garabí

Doctrina Actual: El contador responsable solidario de la evasión impositiva del contribuyente. AUTOR (Navarrine, Susana Camila)

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La jurisprudencia judicial que interpreta a la ley 11.683 en el art. 8° inciso e) en cuanto a los “terceros” solidarios, por su responsabilidad en la evasión del tributo del contribuyente, ha tenido la decisión de la Corte suprema Nacional en el fallo “LAVEZZARI José Luis” del 8 de abril de 2014 (La Ley online) que tuvo un antecedente en “MENDEZ Ernesto Juan” el 26/3/2014 (La Ley online) que carece de los elementos que sirvan para la solución de la cuestión porque se decidió sobre la aplicación del art. 8 inc. c) frente al erróneo encuadre de la cuestión en el art. 7° de la ley 11.683 lo que violaría el principio de congruencia atento que no fue invocado en la apelación ante la Cámara.

De allí la importancia del fallo “LAVEZZARI”, que pasamos a comentar, porque ls decisiones sobre solidaridad, en general, estuvieron vinculadas con los distintos incisos del art. 8° de la ley 11.683 pero el tratamiento del inciso e) del art. 8 tiene en este fallo de la Corte una orientación de criterio novedoso y primero. El art. 8 inciso e) dispone que “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas…” inciso e) los terceros que, aún cuando no tuvieran deberes a su cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo”.

1. Los hechos

El contador público José Luis LAVEZZARI actuó como profesional del Sr. Guillermo Fernando Posadas, que era contribuyente del impuesto al valor agregado, a quien la AFIP le determinó la deuda y denunció penalmente en los términos de la ley 24.769 causa en la que no se estableció ninguna condena para los mencionados sujetos.

La evaluación de la conducta estuvo suspendida por parte de la AFIP en función del art. 20 de la ley 24.769 que por “prejudicialidad” impide a la autoridad administrativa aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal. Por ello, en la resolución de determinación de oficio no se aplican sanciones (art. 76 ley 11.683) las que procederán, si corresponden, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial por la autoridad administrativa.

2. Alcance de la solidaridad

El núcleo de la decisión está en que para juzgar si existe responsabilidad del “tercero”, en el caso del contador público, en los términos del art. 8 inciso e) debe haberse determinado el impuesto del deudor principal y demostrado por el Fisco la evasión del tributo y que el tercero la facilitó con su culpa o dolo.

La ley de procedimiento tributario en el inciso e) del art. 8 da solo la tipificación de la solidaridad de “terceros” sin detallar las condiciones para su procedencia las que fueron elaboradas por la jurisprudencia (1) en los casos del art. 8 juzgados. Se dan como condiciones: 1) determinación del tributo; 2) la evasión como conducta contraria a derecho tendiente a eliminar o disminuir la carga tributaria que le hubiera correspondido asumir al responsable (2); 3) Resolución que haya juzgado la conducta del responsable por deuda propia y 4) El tercero que por su obrar con culpa o dolo haya facilitado la evasión de la infracción prevista en el art. 46 de la ley 11.683.

En la solidaridad tributaria procesal, a grandes rasgos, hay una distinción esencial entre quienes participaron del hecho imponible, que son responsables directos, cuya solidaridad permite reclamarles indistintamente la totalidad de la obligación debida y quienes son responsables por la deuda ajena por su incumplimiento de los deberes tributarios cuando no abonaron el tributo del deudor siempre que éste no hubiera cumplido con la intimación de su pago o le hubiere imposibilitado el cumplir con los deberes fiscales. Quedan fuera de tales obligaciones los “terceros” que no tienen deberes tributarios a su c argo y que por su propia conducta facilitaron la evasión del tributo. En este caso hemos sostenido que ésta figura de los “terceros” debería estar legislada en el capítulo II de la ley 11.683 sobre ilícitos y sanciones y no en la parte general (3). La explicación de esta posición está en que el alcance de la “solidaridad tributaria” siempre está fijada en función del tributo no ingresado y no en función de la sanción que se aplique según la conducta del contribuyente o responsable. No hay solidaridad con la sanción porque la pena es personal y según fuera el papel cumplido por los responsables será la sanción que se les aplicará. El art. 8 de la ley 11.683 hace especial referencia a la solidaridad por el tributo solamente.

3. Doctrina de la Corte

En el fallo “LAVEZZARI José Luis” sentó la doctrina (4) que no pudo generarse en el fallo “MENDEZ Ernesto Juan” del 26/3/2014 (La Ley online) por el erróneo encuadre de la cuestión juzgada.

Fundó la solidaridad en función de la sanción al contribuyente principal. En su apartado 8° la sentencia dejó que la responsabilidad del contador en el IVA no procede cuando el contribuyente no ha sido juzgado en su conducta infraccional por estar pendiente la causa penal no se verificó el presupuesto exigible para que pueda atribuírsele válidamente la responsabilidad en los términos del art. 8° inciso e) de la ley 11.683, esto es la existencia de una resolución sancionatoria de la conducta del responsable por deuda propia y que haya tenido configurada la evasión del tributo.

La evasión tributaria en la valoración de la Corte Suprema Nacional del artículo 8 de la ley 11.683, especialmente en su inciso a) en el fallo “BRUTTI Stella Maris” (5) fijó la doctrina para el nacimiento de la responsabilidad solidaria de los tributos diciendo que no requiere el carácter de firme el acto de determinación del tributo del deudor principal sino que tan solo se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de 15 días previsto por el segundo párrafo del art. 17 sin que dicha intimación se haya cumplido.

La etapa administrativa que se cumple con la resolución que determina el impuesto también da origen a la calificación de evasión de la conducta del contribuyente. Esa es la condición esencial de la figura de la solidaridad tributaria, no la sanción que puede aplicarse como consecuencia de ese proceso administrativo. La posterior denuncia penal contra el deudor principal en los términos de la ley 24.769 definirá si el delito, según el monto evadido, será sancionado con pena privativa de libertad.

Y en esa etapa administrativa anterior que fija la deuda tributaria la autoridad fiscal evaluará la conducta del tercero en la generación de la evasión por su conducta fiscal. La personalidad de la pena que supone la sanción al contribuyente principal impide utilizarlo como supuesto para valorar la conducta del “tercero”. De allí es que se exige un propio proceso al “tercero” que descubra si se facilitó o no la evasión del tributo, más aún debe cumplirse su propio proceso en la determinación de oficio según el quinto párrafo del art. 17 de la ley 11.683 (6) donde se probarán tales condiciones.

4. Conclusión

El fallo “LAVEZZARI” al supeditar la existencia de la responsabilidad solidaria al proceso penal del contribuyente principal deudor trata a la responsabilidad del contador como si fuera partícipe del hecho imponible y consecuentemente de la sanción posponiendo la solución del caso a la existencia de condena penal del contribuyente principal.

El fallo de la Corte en la causa “BRUTTI” es el que se ajusta a la ley de procedimiento tributario en el desarrollo del proceso de determinación de oficio que debe cumplirse según el art. 17, 5° párrafo de la ley 11.683 para los “terceros”. “El procedimiento del presente artículo deberá ser cumplido también respecto de aquellos en quienes se quiera efectivizar la responsabilidad solidaria del art. 8°”. Esa etapa administrativa además de determinarse la deuda tributaria se evalúa la conducta fiscal para descubrir si se “facilitó” por culpa o dolo la evasión impositiva. Por ello no procede la interdependencia con el juzgamiento de la conducta del contribuyente principal porque el “tercero” no tiene deberes tributarios a su cargo, opera fuera de la relación tributaria de los responsables directos o por cuenta ajena.

Entonces lo viable sería la doctrina del fallo “BRUTTI” por el procedimiento para el origen de la solidaridad de todos los responsables aún de los “terceros”. En el relato de la causa, en el fallo “LAVEZZARI”, el fisco describe el nacimiento de la solidaridad en la etapa administrativa donde se puntualizó la conducta inapropiada del contador “LAVEZZARI”, lo que significó seguir los lineamientos de ese fallo “BRUTTI”.

Sintetizando la responsabilidad solidaria de los “terceros” es por el tributo evadido que pudo haber “facilitado” su conducta culpable o dolosa y no por la sanción de las conductas que servirán para atribuir la autonomía de la evasión provocada por el responsable por deuda propia o el responsable por deuda ajena.

NOTAS AL PIE:

(1) En doctrina completa y reciente TORASSA, Marcos Ricardo, “La responsabilidad solidaria de los terceros”, Periódico Económico Tributario – La Ley – 29 de mayo de 2014.

(2) AFIP Dictamen (D.ALI y RSS) 10/2007 citado por TORASSA.

(3) Giuliani Fonrouge Carlos y Navarrine Susana Camila, “Procedimiento tributario y de la seguridad social”, Abeledo Perrot – 2009, p. 106.

(4) Sumariada en Periódico Económico Tributario del 29/5/2014.

(5) Fallo 327:769 cuya doctrina funda el reciente fallo “Bozzano Raúl José c. DGI” con comentario de Viviana Pontiggia en Impuestos, N° 4 – abril 2014, p. 199. La Ley.

(6) Giuliani Fonrouge Carlos y Navarrine Susana Camila, ob. cit., p. 142

Prólogo de Obras Importantes: El Recurso extraordinario en el Sistema Federal Argentino. AUTOR (Pablo Luis Manili)

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CAPÍTULO INTRODUCTORIO

EL RECURSO EXTRAORDINARIO EN EL SISTEMA FEDERAL ARGENTINO

Pablo Luis Manili[1]  

“La justicia provincial es independiente y soberana en las materias de su competencia y no debe cuenta de sus actos a la justicia federal, sino en los casos expresados en el artículo 14 (de la ley 48)”

“Fonteynes de Mezieres, Adhel c/ Martinez, Ramón. El Sindico del Concurso Rabassa y Pol c/ San Miguel, Jaime” (1863), Fallos 1:29.

 

I. Introducción:

El recurso para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante “la Corte”) se encuentra regulado principalmente en la Ley 48 del año 1863 (inspirada en la Judiciary Act norteamericana de 1789[2]), en los arts. 6 a 8 de la ley 4055, de creación de las cámaras federales de apelación y en los arts. 256 a 258, a quita limitada y pocas cuotas para pagar la deuda 280 y 281 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ni en la Constitución Nacional (en adelante CN), ni en las referidas leyes se le da el nombre de “recurso extraordinario” o “recurso extraordinario federal” (en adelante REF) con que habitualmente se lo conoce. Esa es una denominación adoptada por la doctrina y la jurisprudencia[3].

Se trata de un recurso complejo, a veces oscuro y misterioso, que parecería sólo accesible para ciertos iniciados, plagado de reglas jurisprudenciales que han enmascarado notoriamente las normas constitucionales y los parcos términos del viejo art. 14 de la Ley 48[4] y demás normas complementarias. Tanto es así, que su estudio no puede encararse desde un aspecto estrictamente procesal, analizando solamente: contra qué decisiones procede, cuál es el plazo para su interposición, dónde se presenta, cuál es la forma de elaborar el escrito, etc. Si bien es muy necesario conocer y explicar esos extremos, y su estudio es muy interesante, se le estaría privando al REF de la riqueza que presenta desde el punto de vista institucional, en el marco de un Estado federal como el argentino.

Por ello es necesario incluir este capítulo introductorio en esta colección de análisis jurisprudencial, dado que generalmente se soslaya este enfoque, a fin de analizar la inserción del REF en la organización federal y en el sistema jurídico creados por la constitución nacional. Si se pierde de vista cuál es esa inserción, seguramente se errará en la interpretación de este instituto; si se lo vacía del rol institucional que cumple, se transformará en un recurso que nada tendrá de extraordinario y se parecerá más a uno ordinario o a uno de casación (que es el que se utiliza para unificar la aplicación del derecho). En ese sentido, Imaz y Rey distinguen claramente uno de otro de la siguiente forma: los recursos ordinarios se caracterizan por: “la generalidad de su procedencia, que no requiere agravios determinados; la amplitud de facultades de los jueces de alzada; y el efecto suspensivo de su interposición”. Mientras que los extraordinarios “solo se conceden en los supuestos que la ley determina exhaustivamente; no confieren a los jueces de alzada más facultades que las necesarias para el cumplimiento de los fines a que responde su admisión; y por lo general no tienen efecto suspensivo”[5].

Tampoco podemos dejar de señalar los diferentes enfoques teóricos con que se puede abordar el REF:

a) Hay autores como Spota que sostienen que se trata de un recurso cuyo “objetivo básico, esencial y no debatible era mantener la unión nacional. Fue un instrumento que se le dio al poder judicial federal para mantener la unión nacional”[6]; para los autores enrolados en esta postura, el rol de la Corte es de carácter político. A nuestro entender ese objetivo sería solo descriptivo del inciso 2 del art. 14 de la ley 48, es decir, el REF por colisión de normas locales con normas nacionales, pero estarían quedando fuera del análisis los otros dos incisos (referidos a colisión entre normas federales de distinta jerarquía y a interpretación de normas federales).

b) Otros autores, como Bielsa[7], Imaz y Rey[8] y Bidart Campos[9] entienden que la función que se le confiere a la Corte a través de ese recurso es la de aplicar la Constitución nacional y mantener su primacía sobre todo el resto de las normas para hacer efectivos los derechos y garantías establecidos en aquélla. El primero de esos autores agrega que “Los que hablan del carácter político del alto tribunal no pueden explicar jurídicamente en qué consiste ese carácter, y cómo se revela o manifiesta él en las decisiones de la Corte Suprema; y menos podrán explicar de qué principio constitucional surge tan extraña competencia”.

Paradójicamente, aun cuando —como sostuvimos al principio— el recurso no está siquiera mencionado en la Constitución, su estudio debe comenzar por ella.

 II. Normas constitucionales aplicables:

Consideramos que el REF se encuentra vinculado con las siguientes:

“Art. 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”.

 

“Art. 75.- Corresponde al Congreso:… 12 Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones…”

 

“Art. 116.- Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75; y por los tratados con las naciones extranjeras: de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros: de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero”.

 

“Art. 117.- En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente”.

 

“Art. 121.- Las provincias ejercen todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal, y el que especialmente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación” (todos los destacados nos pertenecen).

La interpretación conjunta de todas esas normas aporta el siguiente resultado: El art. 5 establece que la administración de justicia es una competencia provincial, que no ha sido delegada en el Estado federal (art. 121), lo cual se ve ratificado por el art. 75 inciso 12, cuando reza que los códigos sustantivos serán sancionados por el Congreso Nacional pero sin alterar las jurisdicciones locales. Y el art. 116 establece la excepción a ese principio, enumerando taxativamente cuáles serán las únicas causas que caerán en la órbita de los jueces federales, el cual es complementado por el 117, que agrega que en todos esos casos la Corte Suprema intervendrá por apelación, según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso, pero que en un grupo limitado de ellos intervendrá en instancia originaria.A continuación analizaremos cada una de esas normas.

III. La administración de justicia provincial y federal:

En el art. 5 CN la administración de justicia de las provincias (a las que debe agregarse la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde su autonomía, adquirida en 1994) aparece, a nuestro criterio, ejerciendo tres roles: como un derecho de la provincia, como una garantía para los individuos que habitan la provincia y como una obligación de la provincia frente al gobierno federal.

a) Es evidente que, en el marco de la federación que las provincias concurrieron  a conformar en 1853/60, se reservaron ciertos derechos (arts. 121 a 125 CN), delegaron otros (arts. 126 y 127 CN) y mantuvieron algunos como concurrentes con el estado federal (art. 41 en materia ambiental, entre otros). La administración de justicia, la división en municipios y la organización de la educación primaria aparecen, en primer lugar, como un derecho que se reservaron las provincias frente a la federación.

b) En el segundo aspecto, la administración de justicia también es una garantía para los habitantes de las provincias, junto con: los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional[10], el régimen municipal y la educación primaria. Se trata por lo tanto de cuatro grupos de derechos subjetivos que la carta magna coloca en cabeza de cada uno de los habitantes de la provincia: (i) gozar de todos los derechos y garantías que se consagran en la constitución federal, (ii) el derecho de acceso a la justicia provincial, (iii) el derecho a que un ente intermedio entre la provincia y el individuo –esto es, el municipio- administre la cosa pública y preste los servicios necesarios para la vida en sociedad y (iv) el derecho de acceso a la educación primaria. En este sentido, la previsión de la constitución federal apunta a lograr la inmediación entre el individuo y los entes que prestan los servicios de justicia, educación y los servicios municipales (alumbrado, barrido, limpieza, defensa civil, justicia de faltas, regulación del tránsito, etc.).

c) Pero al mismo tiempo, el tenor de la norma no deja lugar a dudas de que su contenido también acarrea obligaciones para las provincias, que exceden las de respetar y garantizar los derechos subjetivos mencionados en el párrafo anterior y que constituyen obligaciones institucionales que las provincias asumen frente al estado federal. Nótese que la norma comienza estableciendo que “Cada provincia dictará” (imperativo)y no “podrá dictar” (facultativo) y concluye sentenciando: “Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”, lo cual significa que si no se cumplen esas condiciones, el gobierno federal podrá hacer uso de la facultad excepcional que se regula en el artículo siguiente, que es la intervención federal, para “garantir la forma republicana de gobierno” la cual se vería desvirtuada si la provincia incumpliera alguna de las obligaciones que venimos analizando.

Debemos concluir entonces que la administración de justicia (y los demás aspectos contemplados por el art. 5 CN) es, al mismo tiempo, un derecho de la provincia y un deber bifronte de éstas: es decir un deber frente a sus habitantes y frente al estado federal. Esta es la regla, que –como todas- tiene sus excepciones, que están volcadas en el art. 116 CN, por el cual las provincias, cuando concurrieron a la formación del Estado Federal Argentino, aceptaron que, junto a sus tribunales, coexistan otros de carácter federal, que serán competentes solamente para la aplicación de normas federales, es decir, para conocer en causas regidas principalmente por derecho federal. Decimos “principalmente” porque es imposible que en una causa en la cual lo determinante es la aplicación del derecho federal, no haya también una aplicación secundaria de normas de derecho común (por ejemplo: las normas del Código Civil aplicables a la capacidad de las partes en el juicio o al carácter de los documentos –públicos o privados- que se presentan en él).

Todo ello significa que en Argentina existen veinticinco poderes judiciales, uno de cada provincia, uno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno federal. Los poderes judiciales locales solo tienen competencia dentro del territorio de la provincia de que se trata, sus autoridades son designadas y removidas de acuerdo a los procedimientos que establecen las constituciones locales, las normas rituales son sancionadas por las legislaturas locales, los emolumentos de sus integrantes son solventados por el tesoro local y su competencia se extiende a:

a)                                   Todas las causas regidas principalmente por el derecho común (es decir, leyes nacionales no federales, verbigracia: los códigos de fondo). Decimos “principalmente” porque es posible que en una causa regida por derecho común también haya una aplicación secundaria de normas federales; esas causas, por el principio de excepcionalidad de la jurisdicción federal, serán de competencia de la justicia local. La Corte ha sostenido: “No procede el recurso extraordinario para ante la Corte Suprema si el punto controvertido se relaciona exclusivamente con la interpretación de las reglas de derecho común referentes a la responsabilidad en que se incurre por delitos o cuasi delitos”[11].

b)                                                  Todas las causas regidas por el derecho local, es decir, la constitución local, las leyes locales, los decretos del gobernador o jefe de gobierno, las ordenanzas municipales y las decisiones de los intendentes municipales. Así, la Corte, ya desde antiguo sostiene que “Por la naturaleza del recurso extraordinario, la Corte Suprema no puede rever ni la aplicación de las leyes de procedimientos ni la prueba de los hechos que los tribunales inferiores hubieren tenido por acreditados” (en el caso, la ley provincial que fija la competencia de su justicia de paz letrada, y la cuantía de la causa)[12].

Paralelamente a esos veinticuatro poderes judiciales locales existe un poder judicial federal, con competencia sobre todo el territorio de la Argentina, organizado en juzgados de primera instancia, cámaras de apelaciones, cámara de casación penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La competencia territorial de los juzgados de primera instancia y de las cámaras de apelaciones no siempre coincide con la división política de nuestro país[13]: hay juzgados federales con competencia sobre toda una provincia, otros con competencia sobre una porción de una provincia (sobre todo en la de Buenos Aires, donde cada dos o tres municipios del conurbano se necesita un juzgado federal en atención a la cantidad de población) y hay cámaras de apelaciones que son la alzada común a los juzgados federales que tienen sede en más de una provincia (por ejemplo, la de General Roca es la alzada de los juzgados federales de Neuquén y Río Negro, la de Tucumán lo es respecto de los juzgados de esa provincia, de Salta y de Jujuy, etc.). Los funcionarios del poder judicial federal son designados y removidos de acuerdo al procedimiento que establece la Constitución Nacional, las normas rituales son creadas por el Congreso de la Nación, los emolumentos de sus integrantes son solventados por el tesoro nacional y su competencia se extiende a las causas enumeradas en el art. 116 CN, que se analiza más abajo.

De todo ello se infiere claramente que la Corte no es una alzada de los poderes judiciales locales, ni está “por encima” de ellos. Si tuviéramos que definirlo gráficamente diríamos que está “al costado” de ellos, es decir: cada uno es competente para ciertas causas, según que las personas o cosas caigan bajo sus respectivas jurisdicciones (como reza el art. 75 inciso 12 CN, que se analiza en el título siguiente). En otras palabras, el poder judicial federal (incluida la Corte) será competente solo cuando la causa revista carácter federal (ratione materiae, ratione personae o ratione loci, en los términos del art. 116 CN, que se analizará más abajo) y los poderes judiciales locales serán competentes en todas las causas que no sean federales.

Conviene aclarar que el hecho de que el poder judicial federal no esté “por encima” de los locales, no implica la negación del hecho de que todo el derecho nacional está por encima del derecho local. Ello es por mandato expreso del art. 31 CN[14]: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales”.

Renglón aparte merece el análisis del hecho de que, hasta el presente (fines de 2012), no se ha dado cumplimiento a la manda del art. 129 CN, dado que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aún no tiene su poder judicial. Ello genera un contrasentido, que es la existencia de jueces nacionales, que no son federales pero tampoco son locales y que, a pesar de ser nacionales (es decir designados y removidos por órganos federales, solventados con el presupuesto federal, etc), aplican principalmente derecho común (fueros civil, comercial, laboral, criminal y correccional) como si fueran jueces locales, pero sin serlo. El análisis de este problema excede los límites de este trabajo, sin perjuicio de lo cual esperamos que en el futuro cercano se sanee esta inconstitucionalidad y se transfieran a la Ciudad todos los fueros que aplican derecho común, sumándose así a los fueros contravencional y contencioso administrativo y tributario, ya existentes.

IV. La sanción de los códigos y del derecho sustantivo:

El inciso 12 del art. 75 contiene una norma que implica un apartamiento de los modelos federales seguidos por el constituyente de 1853, principalmente Estados Unidos de Norteamérica y Suiza. En efecto, en el modelo norteamericano, el derecho de fondo (sea codificado o common law) es propio de cada uno de los entes federados, mientras que el constituyente argentino eligió intensificar esa influencia que el gobierno federal ejerce sobre las provincias, asignándole al Congreso la atribución de dictar el derecho de fondo con alcance para todo el país.

Ese alcance nacional de la legislación de fondo implica un rasgo híbrido dentro del federalismo argentino, una característica propia de sistemas unitarios o centralizados, a lo cual se suma el hecho de que las provincias solo están representadas en pie de igualdad en una sola de las cámaras que lo componen (el Senado), mientras que en la otra cámara priman las provincias más pobladas sobre las menos populosas. A todo ello se agrega, para aumentar las asimetrías, que el Código Civil, que es quizás el más influyente en el sistema jurídico, contiene notas al pie explicativas e interpretativas, elaboradas por el codificador y evidentemente tendientes a que los jueces (federales o provinciales) no se apartaran de la voluntad del codificador, es decir, del Congreso Nacional. Sería más propio de un sistema verdaderamente federal que esos códigos sean sancionados por cada uno de los entes federados y aplicados por sus jueces. Ténganse en cuenta, a tal efecto, dos extremos:

a) El art. 15 de la ley 48, al regular el REF, establece: “que la interpretación o aplicaciones que los tribunales de provincia hicieren de los códigos Civil, Penal, Comercial y de Minería, no dará ocasión a este recurso por el hecho de ser leyes del Congreso, en virtud de lo dispuesto en el inciso 11, artículo 67 de la Constitución”.

b) La jurisprudencia de la Corte uniformemente ha sostenido el principio según el cual ese tribunal no interpreta el derecho común involucrado en las causas que llegan a sus estrados, sino que lo aplica tal como lo interpretó el superior tribunal de la causa. Ello implica una importante auto-restricción de la Corte: mantenerse en la órbita del derecho federal y respetar la interpretación del derecho común que hicieron los tribunales locales a fin de no avasallar las autonomías provinciales. Este criterio jurisprudencial demuestra la utilidad que hubiera prestado al federalismo argentino, la sanción del derecho común por las legislaturas locales.

Para concluir el análisis de esta norma, conviene destacar, asimismo, que el párrafo: “sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones” fue agregado en la reforma constitucional de 1860, a pedido de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer el federalismo.

 

V. La competencia federal:

Si bien la competencia federal fue objeto de análisis en un capítulo dedicado íntegramente a ella, analizaremos aquí brevemente las previsiones constitucionales aplicables al REF.

La primera enseñanza del art. 116 es que las provincias solo han delegado en el poder judicial federal el conocimiento de las causas regidas por normas federales, que en este artículo aparecen mencionadas así: (i) “la Constitución”, (ii) “las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75” y (iii) “los tratados con las naciones extranjeras”. Es decir, en vez de una denominación genérica como la que nosotros utilizamos (“normas federales”), el constituyente optó por la enumeración, lo cual lo obligó a exceptuar las leyes referidas en el inciso 12 del art. 75, es decir las leyes que son nacionales por haber sido sancionadas por el Congreso de la Nación y por tener alcance sobre todo el territorio del país, pero que no son federales por la materia que regulan, sino que son de derecho común (leyes nacionales de derecho común). Conforme reiterada jurisprudencia de todos los tribunales del país y de la propia Corte, en caso de duda, hay que estar por la competencia de la justicia local.

Según la primera parte del artículo, todas las causas regidas por normas federales son de competencia de la justicia federal. Téngase en cuenta que esas causas serán de materia federal, es decir que esa asignación de competencia se basa en el principio de rationae materiae. Pero luego de ella, la constitución agrega un listado de otras causas que también serán de competencia de los tribunales federales. Allí se entremezclan las causas en las cuales la jurisdicción federal surge de la materia, con aquéllas en las cuales surge de los sujetos que intervienen:

a) Por la materia (rationae materiae):

(i)     “causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros”:

(ii)       “causas de almirantazgo y jurisdicción marítima”;

Si bien en el primer grupo de causas pareciera que la competencia está dada por las personas que intervienen en ellas, eso no es así, puesto que no basta con que en la causa intervenga un diplomático o cónsul extranjero, sino que además se requiere que lo haga en relación con sus funciones oficiales, ya que la justicia federal no sería competente si el embajador interviene en la causa por un hecho o acto ocurrido en su vida civil o en ejercicio de una actividad comercial, extrañas a sus funciones oficiales. Es, pues, la materia, la que motiva que las causas en que intervienen esas personas sean de competencia federal y no la mera participación de esas personas. Así surge del art. 1 de la ley 48: “La Suprema Corte de Justicia Nacional conocerá en primera instancia: (…) 3° De las causas concernientes a Embajadores u otros Ministros diplomáticos extranjeros, a las personas que compongan la Legación, a los individuos de su familia, o sirvientes domésticos, del modo que una Corte de Justicia puede proceder con arreglo al derecho de gentes. 4° De las causas en que se versen los privilegios y exenciones de los Cónsules y Vicecónsules extranjeros en su carácter público(los destacados nos pertenecen).

En ambos tipos de causas se encuentra en juego el manejo de las relaciones exteriores y la responsabilidad internacional del Estado, por lo cual resulta lógico que sean de competencia de la justicia federal.

b) Por los sujetos (rationae personae):

(iii)      “asuntos en que la Nación sea parte”

(iv)     “causas que se susciten entre dos o más provincias”

(v)       Causas civiles[15] “entre una provincia y los vecinos de otra”;

(vi)     Causas “entre los vecinos de diferentes provincias” y

(vii)Causas civiles[16] “entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero”.

En estas causas participan como parte o como tercero interesado: a) el Estado federal o cualquiera de sus reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas, o b) los estados federados (las provincias), es decir, los que concurrieron al pacto fundacional (la constitución) para crear una federación (la República Argentina). Esos sujetos concurren en pie de igualdad[17], por lo cual es lógico que solo se sometan a la jurisdicción federal cuando las causas se suscitan: entre ellos y un par (item “iv”); entre ellos y el habitante de un par (item “v”); entre sus habitantes (item “vi”) o entre ellos y un sujeto extranjero (sea Estado o persona, item “vii”). En todos esos casos, la ratio está dada en la necesidad de tribunales imparciales e independientes de las partes en litigio, evidentemente el constituyente consideró que el sometimiento de esas causas a los jueces de alguna de las partes en conflicto, generaría desconfianza acerca de su actuación y, basado en esa presunción, asignó su conocimiento a la justicia federal. Cabe destacar que en el último de los supuestos (item “vii”) se superpone el factor personal con el material, dado que también están en juego las relaciones exteriores.

A ello se agregan ciertas causas donde la competencia federal está dada en parte ratione materiae y en parte ratione loci. Se trata de las que se suscitan en los lugares sujetos a jurisdicción federal, denominados establecimientos de utilidad nacional[18] y regulados por el art. 75 inciso 30 CN[19]. En esos lugares la competencia será federal en todo aquello que se relacione con las causas por las cuales se instalaron esos establecimientos, no así con las causas suscitadas por hechos o actos que no tienen relación con la finalidad federal que se persigue con la instalación de ese establecimiento[20]. Por eso es que afirmamos que la competencia federal está dada en parte ratione materiae y en parte ratione loci, porque el hecho o acto que suscita la causa debe cumplir ambos requisitos: ocurrir en ese lugar y relacionarse con la finalidad del establecimiento.

 

VI. Conclusiones:

Los conceptos que surgen del análisis que antecede y que consideramos imprescindibles para poder abordar, en los capítulos siguientes, el estudio del REF, son los siguientes:

  1. El constituyente fue muy cuidadoso al momento de describir la competencia de los tribunales federales, eludiendo en todos los casos la simple designación genérica y optando, en cambio, por la enumeración detallada de causas, en las cuales se entremezclan las cuestiones materiales con las personales.
  1. Ello, y el contenido del art. 121 CN, transcripto más arriba, conduce a afirmar que la competencia federal es de excepción y que solo las causas que encuadran en alguno de los supuestos referidos en el  art. 116 CN caerán bajo la órbita de esos tribunales. Ante la duda, la competencia será de los tribunales locales y no de los federales. Dentro de ese marco de excepcionalidad, se encuentra otra excepción, que es la de las causas que pueden ser conocidas por la Corte en el marco del REF. Se trata, por lo tanto, de dos escalones que es necesario ascender: (i) obtener la declaración de competencia de la justicia federal y (ii) obtener la declaración de admisibilidad (extrínseca) de ese recurso.
  1. Puede ocurrir que una causa que ab initio era federal por la materia o por la persona, no sea susceptible de ser conocida por la Corte en el estrecho marco del REF. Ello puede ocurrir por la no verificación de alguno de los requisitos que establece, no ya la Constitución, sino la Ley 48: a) Por inexistencia de cuestión federal o por intrascendencia de la cuestión federal, por ejemplo: una causa que estaba regida principalmente por normas federales y secundariamente por normas de derecho común, fue resuelta de modo tal que su sentencia definitiva emanada del superior tribunal de la causa[21] no fue recurrida por ninguna de las partes con base en la interpretación o aplicación de las normas federales, sino que el agravio se presenta solo respecto de los hechos o respecto de la aplicación o interpretación de las normas de derecho común, en cuyo caso, el REF no será admisible; b) Por no cumplirse el requisito de resolución contraria, por ejemplo: una causa que tramitó ante tribunales federales pero que su sentencia definitiva emanada del superior tribunal de la causa resuelve la aplicación de normas federales de modo tal que no se cumple este requisito, existente en los tres incisos del art. 14 de la Ley 48 (en el inciso 1 —colisión entre normas federales de distinta jerarquía—, si la decisión fue a favor de la validez de la norma federal de inferior jerarquía; en el inciso 2 —colisión entre normas locales y normas federales—, si la decisión fue en contra de la validez de la norma local y en el inciso 3 —interpretación de normas federales— si la decisión fue a favor del derecho que se esgrimía con fundamento en esas normas).
  1. A la inversa, se puede acceder a la Corte por la vía del REF en causas que ab initio no son de competencia de los tribunales federales. En éstas, el marco de admisibilidad del REF es aún más estrecho, en virtud de lo que señalamos más arriba: el poder judicial federal (incluida la Corte) no está “por encima” de los tribunales provinciales sino “al costado” de ellos y cada uno es competente para ciertas causas. Es por eso que el primer párrafo del art. 14 de la Ley 48 comienza esbozando un principio general: “Una vez radicado un juicio ante los Tribunales de Provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial” (el destacado nos pertenece). Esa es la regla. Y a continuación se legisla la excepción: “sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia (…)” (cuando exista una cuestión federal).

Por ello, en aquellas causas que ab initio no son de competencia de la justicia federal y que por lo tanto tramitan ante la justicia provincial, la admisibilidad del REF es aún más estricta que en aquéllas que sí lo son. Eso es porque en ellas, la intervención del poder judicial federal a través de su cabeza (la Corte) puede implicar una de intromisión del gobierno federal en las autonomías provinciales, dado que la constitución federal consagra para las provincias el derecho-deber de organizar su administración de justicia y establece que, cumplido ese derecho-deber por parte de éstas, el gobierno federal solo podrá inmiscuirse en las cuestiones locales cuando en una causa esté en juego alguna norma de la Constitución Nacional, sea de la parte dogmática (derechos y garantías) o de la orgánica (funciones o competencias de los órganos federales de gobierno); en otras palabras, cuando exista una cuestión federal. Si bien la constitución no define qué es una cuestión federal, sí lo hace la Ley 48 en los tres incisos del art. 14, que serán analizados en el capítulo siguiente[22]. Solo en esos casos excepcionales la Corte será competente para conocer, por la vía del REF, en causas que tramitaron ante la justicia provincial. En esas causas se pone en juego el delicado equilibrio que debe existir entre la Nación y las provincias: una interpretación amplia de la admisibilidad del REF podría ocasionar una lesión a la autonomía provincial, mientras que una interpretación demasiado estrecha podría dar lugar a que una norma federal quede conculcada en una causa judicial, sin que el máximo tribunal federal repare esa violación.

5. También hace al objeto de este capítulo la correlación entre las normas del art. 14 de la Ley 48 con las normas constitucionales pertinentes:

a) El inciso 3, referido a la interpretación de normas federales (cuestión federal simple) es, a nuestro criterio, la competencia federal lato sensu, es decir: la interpretación de las normas federales.

b) El inciso 1, referido a la colisión entre normas federales de distinta jerarquía (cuestión federal compleja) resulta ser la garantía de varias normas constitucionales: el arts. 27, en cuanto se refiere a posibles colisiones entre tratados internacionales y la Constitución; el art. 28, en cuanto se refiere a posibles colisiones entre las leyes (federales o de derecho común) y la Constitución; el art. 75 inciso 22 en cuanto regula la jerarquía de los tratados respecto de las leyes; el art. 99 inciso 2, en cuanto se refiere a la relación entre leyes y decretos reglamentarios; etc.

c) El inciso 2, referido a la colisión entre normas nacionales y normas locales (cuestión federal compleja), tiende a resguardar el orden jerárquico creado por el art. 31 CN, que distingue por un lado todas las normas nacionales (Constitución, tratados y leyes, sean éstas federales o de derecho común) y por el otro las locales (constituciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, leyes locales, decretos de gobernadores o del jefe de gobierno porteño, ordenanzas municipales, etc.).

Lo expresado implica que a nuestro entender, el art. 14 de la Ley 48 viene a ser la norma reglamentaria de los arts. 27, 28, 31, 75 incisos 22 y 99 inciso 2[23].

6. Para terminar digamos, citando a la Corte, que el REF “es un remedio excepcional, cuya aplicación debe hacerse restrictivamente (…) para no desnaturalizar su función y convertirlo en una nueva instancia ordinaria de todos los pleitos que se tramitan ante todos los tribunales del país”[24]. Su objeto es el mantenimiento de la supremacía constitucional, y no la sumisión a la Corte de cualquier causa en la que pueda existir agravio o injusticia[25].

[1] Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional en grado, posgrado y doctorado de la UBA. Profesor invitado de numerosas universidades nacionales y extranjeras. Una versión previa de este trabajo fue publicada en Manili, Pablo Luis (Director) Tratado de Derecho Procesal Constitucional, Buenos Aires, La Ley, Tomo III, pág. 361.

[2] Tanto es así, que algunas de sus partes son malas traducciones de esa ley, por ejemplo, cuando expresa “inteligencia” (de intelligence) en vez de “interpretación” de normas, o cuando denomina “comisiones” (de commissions) a las decisiones administrativas.

[3] Las primeras obras dedicadas al REF son: García Merou (h), Enrique, El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Comentario de los artículos 14 de la ley 48 y 6º de la ley 4055 con la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional hasta el tomo 121 de sus Fallos, Buenos Aires, Coni, 1915 y Espil, Felipe A., La Suprema Corte Federal y su Jurisdicción Extraordinaria, Buenos Aires, Coni, 1915.

[4] Genaro Carrió afirmaba que la constitución y la ley 48 “han quedado recubiertas, por decirlo así, de sucesivas capas de interpretaciones de la Corte, la que ha ido restringiendo o ampliando los concisos textos originarios. De tal suerte, ya no son éstos los que en realidad se aplican al decidir esos litigios sino los que resultan de la jurisprudencia vigente de la Suprema Corte que determina con palabra final el sentido “verdadero” de aquéllos” (Cfr. Cómo Fundar un Recurso, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1989, pág. 81).

[5] Imaz, Esteban y Rey, Ricardo E., El Recurso Extraordinario, Buenos Aires, Jurisprudencia Argentina, 1943, pág. 22.

[6] Spota, Alberto A., Prólogo a la obra La Sentencia Definitiva ante el Recurso Extraordinario, de Alberto B. Bianchi, Buenos Aires, Abaco, 1998, pág. 13. Su postura tiene apoyatura en alguna jurisprudencia de la Corte (“Bacci José, v. C.H.A.D.E. s. Devolución de una suma de dinero”, Fallos: 179:5, 10) en la cual sostuvo: “El recurso extraordinario se propuso en Estados Unidos (Judiciary Act, 1789) en cuya legislación se inspiró la ley argentina, asegurar el predominio de la autoridad de la Nación sobre los estados provinciales. De modo que en la concesión del recurso extraordinario debe buscarse, como antecedente esencial, la colisión de una ley, decreto, acto, etc., de las autoridades locales y la Constitución, leyes o actos nacionales”.

[7] Bielsa, Rafael, La Protección Constitucional y el Recurso Extraordinario. Jurisdicción de la Corte Suprema, Buenos Aires, Depalma, 1958, segunda edición, pág. 45/6.

[8] Ob cit pag 23.

[9] Bidart Campos, Germán J., La Corte Suprema. El Tribunal de las Garantías Constitucionales, Buenos Aires, Ediar, 1984, capítulos II y III, passim.

[10] Los constituyentes provinciales han adoptado la costumbre de plasmar en sus textos largas enumeraciones de derechos que nada agregan a los ya consagrados a nivel federal, lo cual consideramos inocuo y redundante. Esas normas ni siquiera serían aplicables en caso de estado de sitio, puesto que, cuando las autoridades nacionales hacen uso del dispositivo del art. 23 CN, se suspenden tanto los derechos consagrados en la constitución nacional como en las provinciales. Con esas bases, no se entiende porqué los constituyentes provinciales no optan por el sencillo y económico recurso de remitirse a los derechos consagrados en el bloque de constitucionalidad federal, es decir, en la CN y en los instrumentos internacionales de derechos humanos a los que ésta reconoce jerarquía constitucional (art. 75 inciso 22 CN); y si encuentran algún derecho que allí no se está enumerado o alguno al cual desean darle una protección más extensa que la que ofrecen las referidas normas federales, pueden perfectamente agregar previsiones referidas a ellos. En la medida en que las constituciones provinciales brinden una protección más amplia a los derechos y garantías de la persona humana, sus normas primarán por encima aún de las normas federales (a menos que ello comprometa la unión nacional), por aplicación del principio pro homine según el cual no importa la jerarquía de la norma cuando ésta brinda una protección más extensa a la persona humana. Pero la reiteración, por la reiteración misma (a veces en forma textual), de derechos ya consagrados a nivel federal, nada suma.

[11] “Moreda, Antonio c/ F.C.C. Córdoba” (1931), Fallos 160:300.

[12] “Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico c/ La Sociedad E. Bertolino y Cía.” (1914),  Fallos 119:161.

[13] En la actualidad existen las siguientes cámaras federales de apelaciones: La Plata, Mar Del Plata,  Bahía Blanca, Mendoza, Rosario, General Roca, Paraná, Posadas, Resistencia, Córdoba, Gral. San Martin, Tucumán, Salta, Comodoro Rivadavia y Corrientes.

[14] Puede verse nuestro análisis de esa norma en El Bloque de Constitucionalidad. La Recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho Constitucional Argentino, Buenos Aires, La Ley, 2003, pág. 149.

[15] Se entienden “civiles” todas las causas no penales. El agregado de que se trate de causas civiles proviene del art. 1 de la ley 48.

[16] Idem nota anterior.

[17] Lo que en la doctrina norteamericana se denomina “equal footing”.

[18]Puede verse nuestro libro, que lleva ese nombre, Buenos Aires, Universidad, 2004, passim.

[19] Por ejemplo: arsenales, cuarteles, puertos, parques nacionales, yacimientos hidrocarburíferos, penitenciarías, escuelas y universidades nacionales, agencias federales de impuestos, aprovechamientos hidroeléctricos, bancos nacionales, aeropuertos y aeródromos nacionales, dependencias de la policía federal, de la gendarmería, de la prefectura, etc.

[20]Por ejemplo, la muerte de un soldado en un arsenal será de competencia de la justicia federal, pero un hurto cometido en perjuicio de una persona que transitaba por dentro del perímetro de ese arsenal, será competencia de los jueces locales porque no se relaciona con la finalidad del establecimiento.

[21]Los conceptos de “sentencia definitiva” y de “superior tribunal de la causa” serán analizados en el capítulo siguiente.

[22] Art. 14, ley 48, “1° Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un Tratado, de una ley del Congreso, o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación y la decisión haya sido contra su validez. 2° Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de Provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los Tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia. 3° Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o de un Tratado o ley del Congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho; privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia de litigio”.

[23]En sentido contrario se expide Spota, Alberto A., para quien solo es reglamentaria del art. 31 (Cfr. “El principio de supremacía de la Constitución y los medios establecidos para garantizarla en Argentina, en el ámbito del Poder Judicial federal” en La Ley 1993-C:766 y ss., esp. 787).

[24] Fallos 97:285, 151:48, 179:5.

[25] Fallos 194:220.

NOTAS AL PIE:

[1] Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional en grado, posgrado y doctorado de la UBA. Profesor invitado de numerosas universidades nacionales y extranjeras. Una versión previa de este trabajo fue publicada en Manili, Pablo Luis (Director) Tratado de Derecho Procesal Constitucional, Buenos Aires, La Ley, Tomo III, pág. 361.

[1] Tanto es así, que algunas de sus partes son malas traducciones de esa ley, por ejemplo, cuando expresa “inteligencia” (de intelligence) en vez de “interpretación” de normas, o cuando denomina “comisiones” (de commissions) a las decisiones administrativas.

[1] Las primeras obras dedicadas al REF son: García Merou (h), Enrique, El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Comentario de los artículos 14 de la ley 48 y 6º de la ley 4055 con la jurisprudencia de la Corte Suprema 

Nacional hasta el tomo 121 de sus Fallos, Buenos Aires, Coni, 1915 y Espil, Felipe A., La Suprema Corte Federal y su Jurisdicción Extraordinaria, Buenos Aires, Coni, 1915.

[1] Genaro Carrió afirmaba que la constitución y la ley 48 “han quedado recubiertas, por decirlo así, de sucesivas capas de interpretaciones de la Corte, la que ha ido restringiendo o ampliando los concisos textos originarios. De tal suerte, ya no son éstos los que en realidad se aplican al decidir esos litigios sino los que resultan de la jurisprudencia vigente de la Suprema Corte que determina con palabra final el sentido “verdadero” de aquéllos” (Cfr. Cómo Fundar un Recurso, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1989, pág. 81).

[1] Imaz, Esteban y Rey, Ricardo E., El Recurso Extraordinario, Buenos Aires, Jurisprudencia Argentina, 1943, pág. 22.

[1] Spota, Alberto A., Prólogo a la obra La Sentencia Definitiva ante el Recurso Extraordinario, de Alberto B. Bianchi, Buenos Aires, Abaco, 1998, pág. 13. Su postura tiene apoyatura en alguna jurisprudencia de la Corte (“Bacci José, v. C.H.A.D.E. s. Devolución de una suma de dinero”, Fallos: 179:5, 10) en la cual sostuvo: “El recurso extraordinario se propuso en Estados Unidos (Judiciary Act, 1789) en cuya legislación se inspiró la ley argentina, asegurar el predominio de la autoridad de la Nación sobre los estados provinciales. De modo que en la concesión del recurso extraordinario debe buscarse, como antecedente esencial, la colisión de una ley, decreto, acto, etc., de las autoridades locales y la Constitución, leyes o actos nacionales”.

[1] Bielsa, Rafael, La Protección Constitucional y el Recurso Extraordinario. Jurisdicción de la Corte Suprema, Buenos Aires, Depalma, 1958, segunda edición, pág. 45/6.

[1] Ob cit pag 23.

[1] Bidart Campos, Germán J., La Corte Suprema. El Tribunal de las Garantías Constitucionales, Buenos Aires, Ediar, 1984, capítulos II y III, passim.

[1] Los constituyentes provinciales han adoptado la costumbre de plasmar en sus textos largas enumeraciones de derechos que nada agregan a los ya consagrados a nivel federal, lo cual consideramos inocuo y redundante. Esas normas ni siquiera serían aplicables en caso de estado de sitio, puesto que, cuando las autoridades nacionales hacen uso del dispositivo del art. 23 CN, se suspenden tanto los derechos consagrados en la constitución nacional como en las provinciales. Con esas bases, no se entiende porqué los constituyentes provinciales no optan por el sencillo y económico recurso de remitirse a los derechos consagrados en el bloque de constitucionalidad federal, es decir, en la CN y en los instrumentos internacionales de derechos humanos a los que ésta reconoce jerarquía constitucional (art. 75 inciso 22 CN); y si encuentran algún derecho que allí no se está enumerado o alguno al cual desean darle una protección más extensa que la que ofrecen las referidas normas federales, pueden perfectamente agregar previsiones referidas a ellos. En la medida en que las constituciones provinciales brinden una protección más amplia a los derechos y garantías de la persona humana, sus normas primarán por encima aún de las normas federales (a menos que ello comprometa la unión nacional), por aplicación del principio pro homine según el cual no importa la jerarquía de la norma cuando ésta brinda una protección más extensa a la persona humana. Pero la reiteración, por la reiteración misma (a veces en forma textual), de derechos ya consagrados a nivel federal, nada suma.

[1] “Moreda, Antonio c/ F.C.C. Córdoba” (1931), Fallos 160:300.

[1] “Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico c/ La Sociedad E. Bertolino y Cía.” (1914),  Fallos 119:161.

[1] En la actualidad existen las siguientes cámaras federales de apelaciones: La Plata, Mar Del Plata,  Bahía Blanca, Mendoza, Rosario, General Roca, Paraná, Posadas, Resistencia, Córdoba, Gral. San Martin, Tucumán, Salta, Comodoro Rivadavia y Corrientes.

[1] Puede verse nuestro análisis de esa norma en El Bloque de Constitucionalidad. La Recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho Constitucional Argentino, Buenos Aires, La Ley, 2003, pág. 149.

[1] Se entienden “civiles” todas las causas no penales. El agregado de que se trate de causas civiles proviene del art. 1 de la ley 48.

[1] Idem nota anterior.

[1] Lo que en la doctrina norteamericana se denomina “equal footing”.

[1]Puede verse nuestro libro, que lleva ese nombre, Buenos Aires, Universidad, 2004, passim.

[1] Por ejemplo: arsenales, cuarteles, puertos, parques nacionales, yacimientos hidrocarburíferos, penitenciarías, escuelas y universidades nacionales, agencias federales de impuestos, aprovechamientos hidroeléctricos, bancos nacionales, aeropuertos y aeródromos nacionales, dependencias de la policía federal, de la gendarmería, de la prefectura, etc.

[1] Por ejemplo, la muerte de un soldado en un arsenal será de competencia de la justicia federal, pero un hurto cometido en perjuicio de una persona que transitaba por dentro del perímetro de ese arsenal, será competencia de los jueces locales porque no se relaciona con la finalidad del establecimiento.

[1]Los conceptos de “sentencia definitiva” y de “superior tribunal de la causa” serán analizados en el capítulo siguiente.

[1] Art. 14, ley 48, “1° Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un Tratado, de una ley del Congreso, o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación y la decisión haya sido contra su validez. 2° Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de Provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los Tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia. 3° Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o de un Tratado o ley del Congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho; privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia de litigio”.

[1]En sentido contrario se expide Spota, Alberto A., para quien solo es reglamentaria del art. 31 (Cfr. “El principio de supremacía de la Constitución y los medios establecidos para garantizarla en Argentina, en el ámbito del Poder Judicial federal” en La Ley 1993-C:766 y ss., esp. 787).

[1] Fallos 97:285, 151:48, 179:5.

[1] Fallos 194:220.