Legislación del Día: Ampliación de cupo fijado en el Procedimiento para la Presentación, Evaluación, Asignación y Rendición de Proyectos de Educación Trabajo

Doctrina del día: Tratamiento impositivo en la compra de vehiculos - López, Marianela

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Resolución Nº 264/2014
Bs. As., 13/6/2014
VISTO el expediente N° 1.538/14, la Ley N° 22.317 relativa al Régimen de Crédito Fiscal, sus modificatorias Leyes N° 23.653, N° 24.624, N° 25.300, la Ley N° 26.895 y la Resolución INET N° 124 del 18 de marzo de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución INET 124/14 se estableció el Procedimiento para la administración del Régimen de Crédito Fiscal de la Ley N° 22.317, conforme el cupo anual establecido por la Ley N° 26.895 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2014.
Que en el punto 2.6 del procedimiento, se determinó un tope por proyecto de $ 350.000.- (PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL), asignando a bienes de capital e instalaciones hasta $ 300.000.- (PESOS TRESCIENTOS MIL) y acciones formativas hasta $ 50.000.- (PESOS CINCUENTA MIL).
Que debido a los costos actuales, el tope asignado y que será ejecutado durante el año 2015, no resulta suficiente para llevar a cabo la compra de algunos equipamientos solicitados.
Que por lo expuesto, es necesario elevar el importe correspondiente a equipamiento e instalaciones, llevando el mismo a la suma de $ 400.000.- (PESOS CUATROCIENTOS MIL).
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que el Decreto N° 1895/02, dispone expresamente que la Dirección Ejecutiva del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA tiene la atribución de administrar el Régimen de la Ley N° 22.317 del Crédito Fiscal, y fijar en consecuencia el procedimiento a tal fin.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Aprobar la ampliación del cupo establecido en el Procedimiento para la Presentación, Evaluación, Asignación y Rendición de Proyectos de Educación Trabajo, en el marco del Régimen de Crédito Fiscal de la Ley N° 22.317, del ejercicio 2014.
ARTICULO 2° — Modificar el punto 2.6 del Procedimiento, elevando a $ 450.000.- (PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL), el tope máximo de financiamiento de cada proyecto, asignando a bienes de capital e instalaciones hasta la suma de $ 400.000.- (PESOS CUATROCIENTOS MIL) y acciones formativas hasta $ 50.000.- (PESOS CINCUENTA MIL).
ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Prof. EDUARDO ARAGUNDI, Director Ejecutivo, Instituto Nacional de Educación Tecnológica, Ministerio de Educación.

Comentario Bibliográfico: Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Administración. AUTOR (Soler, Osvaldo H.)

RTR2N3Y7_72dpi

El doctor Osvaldo H. Soler nos ofrece con esta obra, “Código fiscal de la Ciudad de Buenos Aires”, una nueva muestra de su incesante devoción por la materia tributaria, a la que lleva dedicadas, desde varias décadas ya, numerosas páginas para exponer las múltiples facetas de su creatividad científica.

Esta vez lo hace al dirigir la publicación referida, y participar en ella como autor de los capítulos integrantes del tomo I, concernientes a la Parte general de la obra, sin perjuicio de abordar el tratamiento de temas comprendidos en el tomo II.El contenido de “Código fiscal de la Ciudad de Buenos Aires” está encarado con sentido exegético, mediante el análisis exhaustivo —desde los más diversos ángulos en que cabe concebirlo— de cada uno de los artículos que forman parte de esa normativa.

La bibliografía especializada, en cuanto atañe al estudio de la legislación tributaria argentina reunida en códigos (1), no conoce trabajos de esta envergadura. En este caso, el esfuerzo desarrollado por el doctor Soler tiene un alcance abarcador de gran magnitud.

Mas creemos particularmente acertado que la obra contenga, como Parte I —a la cual cabe atribuir grande valor propedéutico—, el capítulo titulado “El derecho constitucional como fuente inspiradora e imperativa del código fiscal”, que lleva como subtítulo “La Constitución y los derechos fundamentales frente a la actividad de vigilancia y control de la administración tributaria”.

Sobre ese particular entendemos que nunca es bastante —y es ésta una convicción que sabemos muy bien es compartida por el doctor Soler— el énfasis necesario en el sentido de que constituye piedra angular, para todo cuanto sea atañedero a la tributación, su estricto e insoslayable sometimiento al orden constitucional, por encima y al margen de cualesquiera conductas —sea que provengan de los contribuyentes, sea que emanen de la administración— tendientes al uso de los tributos en menesteres ajenos a los que le son específicos: recaudarlos de conformidad con los preceptos constitucionales, y una vez atendidos los derechos y garantías que ellos consagran, explícita o implícitamente.

También nos parece cierto, en ese orden de ideas —lo puntualizamos con el mayor fervor— que probablemente las normas de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires hayan constituido valioso estímulo para que el doctor Soler se expida con la fuerza que lo hace, en ese capítulo de la Parte I. Nos referimos, de modo concreto, a los términos del artículo 51 de dicha Constitución, donde los rasgos válidamente requeridos para el sistema tributario de la Ciudad, además del sustento científico que los caracteriza, tienen enorme amplitud conceptual. Sería muy deseable que tales rasgos se vieran cotidianamente plasmados en la realidad, tanto por parte de los legisladores cuanto por los administradores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En lo atinente a la Parte Especial del “Código fiscal de la Ciudad de Buenos Aires” entendemos procedente destacar que resulta sumamente encomiable el pormenorizado estudio de cada una de las normas, llevado a cabo por diferentes colaboradores, que de ese modo transmiten, con el examen que emprenden, una visión totalizadora sobre los alcances susceptibles de asignar a tales normas.

En suma, el doctor Osvaldo H. Soler y quienes con él han contribuido a la realización de esta plausible obra son merecedores del reconocimiento de la comunidad tributaria, por cuanto de ese modo le han brindado una pieza bibliográfica de la más alta categoría, que los enaltece. Mucho nos complace señalarlo y agradecerles por su importantísimo aporte al conocimiento circunstanciado de la legislación tributaria vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723)

(1) Es muy digno de mención, sobre esta temática, el profundo y completo estudio —encarado con muy rica perspectiva histórica—, “Codificación del derecho tributario”, elaborado por el doctor Eduardo Baistrocchi, e incluido en el “Tratado de tributación”, tomo I, “Derecho tributario”, volumen 1, publicado con la dirección de Horacio A. García Belsunce y los auspicios de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (ed. Astrea, Buenos Aires, 2003, págs. 177/217)

Fallo del Día: Asociaciones de consumidores. Legitimación activa. Reintegro de los intereses cobrados sobre las cuotas de la prima que no se encuentran vencidas al momento del siniestro. Contrato de seguro.

Businessmen cast shadows they stop to watch final day of fifth Ashes test between England and Australia ...

S.C. C. 519, L. XLVIII

Suprema Corte:

La cuestión debatida en las presentes actuaciones guarda en lo sustancial analogía con la examinada por esta Procuración General en el dictamen del día de la fecha en los autos S.C. C. 434, L. XLVII, “Consumidores Financieros Asoc. Civil para su Defensa c. Citibank NA s/ ordinario”, a cuyas conclusiones cabe remitir, en todo lo pertinente, por razones de brevedad.

En razón de lo allí expuesto, opino que corresponde declarar admisible el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada. — Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013. — Irma A. Garcia Netto.

C. 519. XLVIII.

Buenos Aires, junio 24 de 2014.

Considerando:

1°) Que “Consumidores Financieros Asociación Civil para su defensa” inició demanda contra La Meridional Compañía de Seguros S.A. con el objeto de que se le ordenara a esta última cesar en la práctica de cobrar a sus clientes, en los contratos de seguro con cobertura patrimonial, intereses sobre las cuotas de la prima que no se encontraban vencidas al momento en que se producía el siniestro y que eran descontadas de la indemnización cuando ésta se abonaba. Además, requirió que se condenara a la demandada a devolver a esos clientes, en tanto fueran personas físicas, la carga financiera o intereses que no hubiera deducido, en los últimos diez años, del monto de las cuotas de la prima canceladas antes de la fecha de pago pactada. También demandó la fijación de una indemnización por daño punitivo en los términos del artículo 52 bis de la ley 24.240.

2°) Que la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, revocó el pronunciamiento de primera instancia, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada y rechazó la demanda, con costas en el orden causado. Para decidir de ese modo, el a quo sostuvo que la pretensión efectuada debía examinarse desde la categoría de las acciones de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos y que no se encontraban configurados en el caso los elementos que, según lo establecido por esta Corte en el precedente “Halabi”, permitieran otorgar legitimación a una asociación como la actora para demandar en defensa de un universo de consumidores.

Señaló que el objeto de la acción involucraba contrataciones diversas, realizadas por distintas personas y con diferentes características tanto en las condiciones del seguro, el tipo de siniestro acaecido o el monto pendiente de cancelar por lo que no se presentaba la característica de homogeneidad que se requería para habilitar la vía intentada. Agregó que la pretensión no se encontraba concentrada en los efectos comunes del actuar cuestionado sino que se dirigía a aquello que cada individuo podía peticionar, por lo que la intención de la demandante no era restringir o detener un hecho que estuviera provocando una lesión a derechos individuales homogéneos.

Finalmente, destacó que tratándose de montos descontados al momento de pago de cada una de las individuales indemnizaciones acordadas no se advertía cuál era la dificultad que impedía a los asegurados reclamar en esa oportunidad, por lo que podría presumirse una renuncia individual a ese derecho.

3°) Que contra esta decisión la actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 145/158 vta., que fue concedido por el a quo a fs. 174/174 vta. por encontrarse alegada la afectación de garantías constitucionales básicas como el derecho a la igualdad, la defensa en juicio, el debido proceso y el derecho del consumidor.

4°) Que las cuestiones traídas a conocimiento de esta Corte son sustancialmente análogas a las examinadas en la causa P.361.XLIII, “PADEC c. Swiss Medical S.A. s/ nulidad de cláusulas contractuales”, fallada el 21 de agosto de 2013, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir-en razón de brevedad.

5°) Que ello es así, pues el derecho cuya protección procura la actora en el sub examine es de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos, y se encuentran cumplidos los recaudos para hacer viable una acción colectiva en los términos de la doctrina sentada por esta Corte en el precedente “Halabi” (Fallos: 332:111) y del artículo 52 de la ley 24.240. (confr. considerandos 11,y 15 de la citada causa “PA-DEC”).

En efecto, en el sub lite existe un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a los derechos de una pluralidad de sujetos: la detracción del saldo de cuotas pendientes al momento del pago de las indemnizaciones por siniestros, sin discriminar entre capital e intereses. Asimismo, se alega que tal conducta habría sido implementada, en forma sistemática, respecto de un conjunto de asegurados (personas físicas sin facturación mensual), lo que permite tener por configurada la existencia de una causa fáctica común, es decir, un comportamiento del demandado que se repite en situaciones similares.

Además, la pretensión de la actora está concentrada en los “efectos comunes” para toda la clase involucrada, en tanto se ha puesto en cuestión la procedencia de una conducta que perjudicaría por igual a todos aquellos asegurados a quienes se les abona la indemnización por un siniestro acaecido. En este punto, los fundamentos jurídicos de la pretensión son uniformes respecto de la totalidad del colectivo que se pretende representar.

Las particulares características del tipo de seguro contratado o la existencia de distintos montos pendientes de cancelación -aspectos propios de las relaciones de consumo como la aquí examinada- podrán resultar relevantes a la hora de evaluar la repercusión que el proceder cuestionado produjo en cada uno de los asegurados, mas no impiden que la materia de fondo planteada pueda decidirse, útilmente y con efecto expansivo, en el marco de un único proceso judicial. No se advierte que dichas singularidades de la relación aseguradora-asegurado tengan una entidad tal como para descartar la existencia de una homogeneidad fáctica y normativa que habilite la vía intentada.

Asimismo, tanto las constancias obrantes en autos como los términos de la pretensión formulada por la asociación actora permiten sostener que de no reconocerse legitimación procesal a la demandante podría comprometerse seriamente el acceso a justicia de los integrantes del colectivo cuya representación se pretende asumir en autos.

En efecto, a los fines de valorar adecuadamente este aspecto, corresponde atender, en el caso concreto, a las dificultades de acceso consideradas globalmente.

En ese orden de ideas, dadas las características que presenta la materia objeto del pleito es dable presumir que los costos (económicos y no económicos) que se derivarían de la iniciación de una demanda individual resultarían muy superiores a los beneficios que produciría un eventual pronunciamiento favorable. En consecuencia, frente al riesgo cierto de que la promoción de acciones individuales resulte inviable o de muy difícil concreción, la acción colectiva aparece como el medio idóneo para garantizar a los consumidores involucrados el derecho a la tutela judicial efectiva.

Por otra parte, el reclamo deducido en autos se enmarca dentro del objeto estatutario de la asociación actora, en tanto ésta declara entre sus propósitos promover en pro del bien común, medidas concretas de protección de los intereses de las personas que deban recibir dinero por cualquier concepto sustentado en una actitud comercial del beneficiado, o que en su rol de consumidores gasten o inviertan sumas de dinero en virtud de contratos onerosos destinados a adquirir o retribuir servicios, productos o insumos de distinta naturaleza y/o por la compra de bienes de todo tipo, siempre que las erogaciones por tales negocios jurídicos o el no cobro de determinadas sumas se refleje en el patrimonio de dichas personas físicas… B) Proteger, representar y atender a todos los consumidores que por cualquier concepto eroguen sumas de dinero… J) Defender y representar los intereses económicos de los ciudadanos y consumidores en general y de los asociados en particular ante la justicia” (confr. artículo segundo de su estatuto, obrante a fs. 4/19).

6°) Que, a lo expresado resulta necesario agregar que, en atención a los intereses involucrados en el presente, el tribunal de origen deberá otorgar al Ministerio Público la intervención que corresponda en virtud de lo previsto en los arts. 25, inc. a, y 41 de la ley 24.946, y 52 de la ley 24.240.

7°) Que también se impone señalar que el mismo tribunal deberá encuadrar el trámite de la presente en los términos del art. 54 de la ley 24.240. A tales efectos, deberá: identificar en forma precisa el colectivo involucrado en el caso, supervisar que la idoneidad de quien asumió su representación se mantenga a lo largo del proceso, arbitrar un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar afuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte (confr. considerando 20 de la causa “Halabi”, ya citada).

8°) Que, finalmente, el Tribunal no puede dejar de advertir que la asociación actora ha iniciado contra diversas entidades aseguradoras otros procesos colectivos con idéntico objeto al de autos y que estos tramitaron ante distintos tribunales del fuero comercial de la Ciudad de Buenos Aires. Esta situación fue especialmente considerada por esta Corte en la causa “Halabi” (considerando 20), en la que señaló que la multiplicación de procesos colectivos con un mismo objeto podría traer aparejado el riesgo de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre una misma materia. Es por eso que se exhorta a los tribunales de grado a implementar adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la superposición de procesos y se hace saber a la actora que, en el futuro, deberá informar en forma clara e indubitable en su primera presentación procesal la iniciación de más de una acción colectiva con idéntico objeto.

Por todo lo expuesto, y concordemente con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento. — Ricardo L. Lorenzetti. — Elena I. Highton de Nolasco. — Carlos S. Fayt. — Enrique S. Petracchi. — Juan C. Maqueda.

Voto del doctor Petracchi

Considerando:

Que las cuestiones planteadas resultan sustancialmente análogas a las debatidas y resueltas por esta Corte en la causa P.361.XLIII “PADEC c. Swiss Medical S.A. s/ nulidad de claúsulas contractuales” (voto del juez Petracchi), fallada el 21 de agosto de 2013, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en razón de brevedad.

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara admisible el recurso extraordinario deducido por la parte actora y se deja sin efecto la sentencia impugnada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente. — Enrique S. Petracchi.