Legislación del Día: Plazo especial para presentación y pago, de obligaciones impositivas y las correspondientes al Régimen de Trabajadores Autónomos y al R.S.

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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 3641
Procedimiento. Areas afectadas por las inundaciones acaecidas en las Provincias de Misiones, Corrientes y Formosa. Obligaciones de presentación y pago. Plazo especial.

Bs. As., 2/7/2014
VISTO los daños producidos por las inundaciones acaecidas en determinadas localidades de las Provincias de Misiones, Corrientes y Formosa, y
CONSIDERANDO:
Que tales hechos y sus consecuencias configuran una situación de carácter extraordinario, que podrían imposibilitar a los responsables afectados cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones de presentación y pago de los gravámenes a cargo de este Organismo.
Que resulta procedente contemplar la situación descripta, disponiendo las fechas hasta la cuales las referidas obligaciones se considerarán cumplidas en término, así como la suspensión de las ejecuciones fiscales.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Recaudación y de Operaciones Impositivas del Interior, y las Direcciones Generales Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 20 y 24 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1° — Establécese un plazo especial para la presentación y en su caso pago, de las obligaciones impositivas y las correspondientes al Régimen de Trabajadores Autónomos y al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), a cargo de los sujetos con domicilio fiscal registrado y/o actividad desarrollada en las localidades afectadas por las inundaciones de las Provincias de Misiones, Corrientes y Formosa, que se indican en el Anexo que se aprueba y forma parte de esta resolución general.
Art. 2° — La presentación y en su caso pago, de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior con vencimientos fijados para los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2014, se considerarán cumplidos en término siempre que se efectivicen hasta las fechas de vencimientos establecidos por esta Administración Federal —de acuerdo con la terminación de la Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del responsable— para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014 y enero de 2015, respectivamente.
Art. 3° — Los contribuyentes que optaron por pago mediante Débito Directo en Cuenta Bancaria o Débito Automático en Tarjetas de Crédito podrán solicitar la suspensión del débito ante las respectivas instituciones de pago (Entidad Bancaria o Administradora de Tarjeta de Crédito).
Art. 4° — Las obligaciones alcanzadas podrán cancelarse hasta las nuevas fechas de vencimiento con cualquiera de los medios de pago habilitados por este Organismo, sin que ello implique la pérdida del incentivo a que se refiere el Artículo 89 del Decreto N° 806 del 23 de junio de 2004 o el Artículo 31 del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010.
Art. 5° — Suspéndese por el término de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial, la emisión y gestión de intimaciones por falta de presentación y/o pago, así como la iniciación de juicios de ejecución fiscal y el cobro de las deudas reclamadas en los mismos, correspondientes a los sujetos alcanzados por la presente.
Art. 6° — A los fines del otorgamiento de plazo especial dispuesto por esta resolución general, los responsables deberán realizar la correspondiente solicitud mediante la presentación de una nota —con carácter de declaración jurada— en los términos de la Resolución General N° 1.128, ante la dependencia de este Organismo en la que se encuentren inscriptos.
Art. 7° — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ricardo Echegaray.

Doctrina Actual: La AFIP dictó un nuevo procedimiento para excluir a monotributistas. AUTOR (Vidal Quera, Gastón )

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La AFIP dictó el pasado 25 de junio la Resolución General 3640 por medio de la cual estableció un nuevo procedimiento para excluir a los contribuyentes incluidos en el denominado monotributo. Se reemplaza el anterior sistema de exclusión y se dispuso la vigencia desde el 26 de junio que es cuando se publicó la norma en el Boletín Oficial que se comentará.

En líneas generales se “informatiza” la baja- ya que todo pasará a realizar mediante la página web de la AFIP-, contemplándose graves sanciones como la baja automática de la CUIT aspectos que pueden dificultar el derecho de defensa de los contribuyentes en casos concretos por cuanto tendrán aplicada la exclusión del monotributo para luego recién poder intentar defenderse o revertir tal situación. Existe una clara intención del Fisco en darle rapidez a situaciones que considera deben ser excluidas del régimen del monotributo.

I. El procedimiento de exclusión del monotributo

Como en el anterior sistema de exclusión, cuando la AFIP constate a partir de la información de sus registros y los controles informáticos la existencia de alguna de las causales previstas en la ley 24.977 (art. 20 del Anexo) (1) pondrá en conocimiento del contribuyente la exclusión de pleno derecho del régimen del monotributo. Con el nuevo proceso se deja de notificar tal decisión al contribuyente por medio de alguna clase de acto de contenido individual para reemplazarlo con la publicación de la nómina de los sujetos excluidos en la página web de la AFIP, a la que se debe ingresar con la clave fiscal. Asimismo la exclusión será publicada en el Boletín Oficial con la denominación y la CUIT del contribuyente. Cabe recordar que la ley 24.977 en el artículo 21 contempla que acaecida una causal de exclusión la AFIP “comunicará la exclusión de pleno derecho”. Lo esperable es que se le envíe una nota o se dicte algún acto y no que como primera posibilidad se lo excluya y notifique en el Boletín Oficial. En ese sentido, el artículo 100 de la ley 11.683 le otorga a la AFIP varias posibilidades de notificar a los contribuyentes (cartas certificadas, notas, cédulas, etc) disponiendo que “Si las citaciones, notificaciones, etc., no pudieron practicarse en la forma antedicha por no conocerse el domicilio del contribuyente, se efectuarán por medio de edictos publicados durante CINCO (5) días en el Boletín Oficial, sin perjuicio de que también se practique la diligencia en el lugar donde se presuma que pueda residir el contribuyente”, todo lo cual confirma que la utilización del Boletín Oficial como forma de notificación es un procedimiento residual y de excepción. Un pequeño contribuyente es difícil que se entere por ese medio, máxime si no cuenta con asesoramiento legal y contable en el tema.

Pero también la exclusión se reflejará en la Constancia de Inscripción (CUIT) con una leyenda que dirá “Excluido por causal Art. 21 Ley 24.977”. Es por ello que seguramente el contribuyente excluido se enterará cuando saque una constancia de inscripción o algún cliente suyo lo haga y le informe la leyenda que sale en el mismo. Como se adelantó la exclusión es aplicada automáticamente y luego comenzará la posibilidad para el contribuyente de intentar revertir esa situación y ofrecer las pruebas que considere necesarias para permanecer en el régimen.

Como en el anterior sistema el contribuyente excluido de pleno derecho puede consultar los motivos de la misma ingresando a la página web con su clave fiscal.

II. Disconformidad con la exclusión – Vías recursivas

Si el contribuyente no comparte la decisión de exclusión aplicada por la AFIP tiene el derecho constitucional de presentar sus defensas, así como también de ofrecer y producir pruebas que se encuentran presentes en todo procedimiento administrativo.

Ahora bien, en el anterior régimen se podía presentar una disconformidad vía web, luego la AFIP dictaba una resolución y contra la misma podía interponerse un recurso de apelación por escrito ante el funcionario de la AFIP que dictó la misma (art. 74 del Decreto 1397/79). Además la exclusión quedaba firme si eran consentidas por el contribuyente o se rechazaba el recurso presentado, agotándose la instancia administrativa. El nuevo sistema presenta algunas cuestiones controvertidas que afectan el derecho de defensa, por cuanto se modificaron las vías recursivas frente a una exclusión ya consumada.

En efecto, frente a la exclusión el contribuyente puede presentar directamente el recurso de apelación (art. 74 del Decreto 1397/79) dentro de los quince días de la publicación de la exclusión en el Boletín Oficial, contemplando el art. 3º que “… la interposición del recurso en cuestión se considerará efectuada en tiempo y forma si se realiza con anterioridad a la mencionada publicación”. Como no se le enviará una comunicación formal al contribuyente de la exclusión será de vital importancia esa publicación en el Boletín Oficial ya que si pasa el plazo la decisión quedará firme. Esta situación es contraria a los derechos de los contribuyentes y generará controversias y litigios.

Pero la novedad es que el recurso se presenta ante la AFIP mediante transferencia electrónica de datos, no por escrito como otros recursos, y se emitirá un “acuse de recibo” como constancia de admisión formal del recurso. Esta forma de presentación puede perjudicar el aporte de pruebas y cercenar el derecho de defensa. Cabe recordar que este recurso, por principio general, no tiene efectos suspensivos hasta su resolución, por cuanto mientras el mismo esté siendo analizando por la AFIP la exclusión continuará vigente. La decisión del recurso agota la vía administrativa y el contribuyente podrá acceder a la judicial.

III. Consecuencias de la exclusión – La baja de la CUIT

Cabe recordar que la ley 24.977 dispone en el artículo 21 que “Los contribuyentes excluidos … serán dados de alta de oficio o a su pedido en los tributos —impositivos y de los recursos de la seguridad social— del régimen general de los que resulten responsables de acuerdo con su actividad, no pudiendo reingresar al régimen hasta después de transcurridos tres años calendario posteriores al de la exclusión”. La nueva reglamentación dispone expresamente para los contribuyentes excluidos del monotributo el alta de oficio en los tributos –impositivos y de la seguridad social- de los que resulten responsables de acuerdo con su actividad. Se contempla también el alta en el Régimen Nacional de Trabajadores Autónomos. El alta en los tributos tendrá efectos desde el mes inmediato anterior a la fecha de publicación de la exclusión en el Boletín Oficial.

Pero es absolutamente novedosa la posibilidad que reglamenta la AFIP en estas situaciones de dar de baja la CUIT. En ese punto, se dispone que si el contribuyente no cumple con sus deberes formales –básicamente presentar declaraciones juradas- dentro de los ciento veinte (120) días contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial o de la notificación del rechazo del recurso, se dispondrá la inactivación transitoria de la CUIT y en forma simultánea se bloqueará la clave fiscal, impidiéndole operar en el sistema fiscal. Esta sanción como es la baja de la CUIT, está siendo utilizada activamente por la AFIP para diversas situaciones como en el caso de las denominadas “sociedades fantasmas”, pero carece de respaldo legal para su aplicación como está siendo realizada.

La inactivación de la CUIT quedará sin efecto cuando: a) la AFIP realice una fiscalización y de ella derive un ajuste de tributos; b) se dicte una resolución administrativa o judicial determinando tributos adeudados, aunque la misma sea impugnada; c) cuando el sujeto regularice su situación respecto de las obligaciones del régimen general de las que resulte responsable.

IV. Comentarios finales

El nuevo procedimiento de exclusión del monotributo va en línea con el criterio actual de la AFIP de informatizar y realizar en forma rápida la aplicación de esta clase de “sanciones” buscando rapidez en su efectivización.

La baja de la CUIT es un ejemplo de ello, y se contempla también expresamente ahora su aplicación para los monotributistas excluidos. Existen casos en los que el derecho de defensa se verá perjudicado, sea por la poca posibilidad de aportar pruebas en el recurso que se presente vía web, o con la exclusión ya efectivizada en todos los sistemas informáticos. Estas situaciones llevarán a una mayor litigiosidad entre Fiscos y contribuyentes, siendo el Poder Judicial que deberá dar las respuestas frente a los casos concretos que se les planteen sea por la vía de acciones declarativas o amparos.

NOTAS AL PIE:

(1) Como ser que los ingresos brutos en los últimos 12 meses anteriores superen los de la categoría; tener precios de venta de cosas muebles superiores a los permitidos ($2.500) o adquirir bienes o realizar gastos de índole personal incompatibles con los ingresos declarados y los mismos no sean debidamente justificados, entre otros parámetros contemplados.

Seminario “NUEVAS TENDENCIAS EN EL DERECHO AMBIENTAL”

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Daño ambiental – Proceso colectivo ambiental – Competencia judicial ambiental – Instrumentos de política y gestión ambiental  – Actualidad jurisprudencial

Director: Néstor Cafferatta
Expositores: Pablo Lorenzetti, Gustavo Rinaldi, Federico Zonis, Guillermo Marchesi
Fecha: jueves 7 de agosto
Lugar: Hotel Novotel 1334 (CABA)
Horario: 9.00 – 18.00 hs.

Precio:
Cliente: $1200 + IVA

No cliente: $1500 + IVA

Temario:
1. Perspectivas y tendencias de la responsabilidad civil por daño ambiental
Daño ambiental. Concepto y Características. Daño individual. Daños colectivos. Presupuestos de la responsabilidad civil por daño ambiental. Antijuridicidad, relación de causalidad, factores de atribución. Jurisprudencia.

2. Proceso colectivo ambiental. Actualidad de la competencia judicial ambiental
Proceso colectivo ambiental. Competencia Judicial Ambiental. El rol del juez. Teoría de la sentencia ambiental.

3. Nuevos instrumentos de política y gestión ambiental
Instrumentos e incentivos económicos y financieros para la protección del ambiente. Pago por servicios ambientales. Fondos de Restauración y Compensación. Seguro ambiental. Tributos y ambiente. Ecoetiquetado. Áreas Privadas de Conservación. Evaluación Ambiental Estratégica.

 4.Actualidad jurisprudencial

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Prólogo de obras importantes: Código Fiscal de la Provincia de Mendoza

PRÓLOGO

Codigo Fiscal Mendoza - Abalos      i)   Encuentro que la publicación de esta obra es un dato positivo.

            Pienso que este Código Fiscal de la Provincia de Mendoza Anotado y Comentado, que presenta este conjunto importante de juristas mendocinos con el respaldo de una editorial de tan arraigado prestigio como es La Ley, con un inteligente planteo temático y una seguramente ardua y difícil tarea de coordinación, ha de concurrir, en su medida, como un aporte hacia la racionalidad de la tributación en el sistema federal argentino.

 ii) Toda organización estatal requiere normas conocidas por todos y medianamente estables, esto precisamente como una de las condiciones de lo anterior. El conocimiento general de las normas no se satisface realmente con el mero recaudo de la publicación, y menos aún si ellas están sometidas a constante cambio.

            Si la organización estatal adopta el régimen federal requiere además, entre otras cosas y como uno de sus recaudos fundamentales, homogeneidad en la normativa de las unidades políticas que lo integran. Sobre todo en sus rasgos más esenciales, uno de los cuales -es reconocido por todos- es el régimen tributario; en lo sustantivo y en lo procesal.

            Homogeneidad que obviamente no importa mengua de la autonomía de tales unidades, sino que por el contrario importa ejercicio pleno de ella, pero con las dosis indispensables de razonabilidad, de criterio, de sentido común. De Gaulle decía, con ese toque de humor para aludir a los grandes temas que sólo es permitido a los grandes estadistas, de lo difícil que resulta gobernar un país con doscientas cincuenta variedades de quesos.

                        iii) Puede verse en estos tiempos la coexistencia de dos tendencias opuestas que claman por su abordaje inteligente. De un lado, ya se muestran inviables en el mundo los sistemas centralizados de gobierno, sobre todo en países de gran extensión –como el nuestro, en el cual además el federalismo, tanto como la unidad nacional, vienen determinados por la historia y por la conciencia colectiva. De otro lado, es ya irrefrenable la tendencia hacia el carácter interjurisdiccional de las actividades económicas, que cada vez se desenvuelven abarcando espacios más amplios, como expresión del avance hacia la concentración del capital y la centralización de la dirección que se iniciara allá lejos con el auge de las formas societarias, hoy afianzado por el ciber comercio y demás proyecciones de las nuevas tecnologías, que acortan las distancias y unifican los espacios. Ante estas dos constataciones, -que no provienen de la ideología sino de la mera observación-, cabría afirmar que no sería viable un país en el que las particularidades y las diversidades extremas de los sistemas tributarios de sus estados componentes dificultaran en grado extremo el desenvolvimiento de esas tendencias.

            Si así lo hicieran, por lo demás, estarían en pugna con las directivas centrales de nuestra Constitución Nacional (preámbulo, arts.1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 75 incs.1º, 2º, 12º, 13º, 18º, 19º, 30º, 126 y ccs) que, en la expresión señera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, busca afianzar una sola nación para un solo pueblo, una unión indestructible de estados indestructibles (CSJN 14.6.1937 “Bressani Carlos y otros c/ Provincia de Mendoza”, Fallos 178:9 entre otros).

                        iv) En esa línea, un paso positivo ha sido sin duda la codificación de los ordenamientos tributarios locales. Y en este orden, en una secuencia sin escalas que podría considerarse iniciada a fines de la cuarta década del siglo XX en la Provincia de Buenos Aires, por iniciativa y obra de Dino Jarach, tras la intensa prédica de Giuliani Fonrouge, puede verse con satisfacción que casi todas las provincias, y hasta numerosas municipalidades, cuentan hoy con su Código Fiscal.

            Lo que es un paso positivo en dos sentidos:

            Uno, que seguramente fue el determinante porque todavía no se había desatado la fiebre legislativa que me lleva a destacar al otro, es el indudable beneficio que se deriva de la concentración de las normas en un solo cuerpo, con una “parte general” en la que se regulan institutos básicos de la tributación como el ámbito de aplicación de las normas, reglas de interpretación, organismos de aplicación, sujetos pasivos, consultas, domicilio, deberes formales, infracciones, medidas cautelares, pago, procedimiento determinativo, prescripción, etc, y una “parte especial” en la que se regula cada uno de los tributos en particular haciendo referencia al contribuyente, hecho y base imponibles, exenciones, liquidación y pago, etc.

            El otro rasgo positivo es que la existencia de ese cuerpo concentrador de las normas, la mera posibilidad de visualizarlo en su unidad, hace más evidente la necesidad de su ensamble, su coordinación, su armonía, e impone –o al menos debería imponer- cierto respeto en el legislador, inhibiendo esa tendencia que pareciera existir hacia la reforma espasmódica, hacia la modificación permanente, que tanto dificulta y tanto confunde. Pareciera como si cada uno que dispone de una pizca de poder, quisiera pasar a la historia agregando o suprimiendo un inciso, o cambiando de lugar una coma, ignorante las más de las veces de los trastornos que causa, tendencia que seguramente a todos nos afecta y contra la que todos debiéramos actuar.

            Vivimos tiempos en los que el derecho impreso ya es viejo, o al menos despierta inevitable desconfianza o incertidumbre sobre su vigencia, aún siendo de fecha reciente, imponiendo la consulta on line sobre la cual, por la misma causa, recaen las mismas e inevitables sospechas.

                        v)  Posiblemente en ningún otro campo del derecho como en el derecho tributario es tan importante la permanencia de las normas, de modo que permita el conocimiento y el acostumbramiento a ellas, la previsibilidad del tratamiento impositivo.

            El peor tributo, el más oneroso, el más absurdo e injusto, es menos malo, menos dañino para los sujetos económicos que el tributo imprevisto, el impredecible, el sorpresivo. Contra el primero, ese sujeto puede ajustar sus costos, o sus precios, puede modificar su operatoria, o su organización, o su calidad, puede resignar utilidades, o diferirlas, o aún salirse del mercado, o cesar su actividad, o no iniciarla. Contra el segundo en cambio no puede hacer nada, salvo pagarlo, evadirlo, o litigar, quedando en todo caso sujeto a las consecuencias.

                        vi) Y en la dirección indicada, hacia la concentración de la normativa tributaria en un Código Fiscal, y hacia su permanencia –no desde luego a su eternización, porque toda norma siempre es mejorable, pero sí contra sus cambios espasmódicos-, la existencia de obras como ésta, que contengan la referencia jurisprudencial y el comentario doctrinario, orgánico y sistemático del Código Fiscal, por el respeto que despierte, puede resultar un freno importante, en una dirección en que todo esfuerzo ha de ser positivo.

            Porque la primera tendencia, a la codificación, al reconocimiento de las ventajas que se obtienen de la concentración de las normas afines en Códigos Fiscales, pareciera estar universalmente consolidada. Ya prácticamente no se discute, aunque todavía pueda avanzarse en su implementación.

            No así en cambio la otra tendencia, en sus dos expresiones, a la permanencia de las normas del campo tributario –sustantivas y procesales-, y a su homogeneidad entre las distintas jurisdicciones, campos en los que todo esfuerzo que se haga, todo paso que se de, ha de ser bienvenido. En contra del mantenimiento de las normas, de su permanencia, -pensando siempre desde luego en el obrar de buena fe-, puede a veces jugar la impericia del legislador, o su deseo ingenuo, bienintencionado, de dejar una huella; en contra de la homogeneidad, o al menos de su búsqueda, puede jugar a veces la mal entendida autonomía.

                        vii) Y es tan importante una cosa como la otra: la estabilidad de las normas locales, como la homogeneidad entre las normas locales de las diversas jurisdicciones.

            En ambas direcciones se han realizado aportes significativos en el pasado que deben reconocerse, en particular con respecto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sin duda el más ligado a la ya destacada interjurisdiccionalidad creciente de la actividad económica, siendo obvio señalar que sin una regulación homogénea del impuesto en las jurisdicciones se ve muy dificultada o hasta impedida la recta aplicación del Convenio Multilateral, y de su complemento necesario –aunque ilegítimamente negado en los hechos- el Protocolo Adicional.

            Bien se mencionan en esta obra el llamado “texto ordenado” de 1978 emanado en tiempos de gobiernos de facto de la entonces Secretaría de Hacienda de la Nación, que vino a subsanar la enorme diversificación en las notas centrales del tributo que se había producido en el corto tiempo de funcionamiento de las legislaturas locales (1973/1976); o al agregado a la ley de coparticipación federal 23.548 como punto 1 del art.9 inc.b) en que se asientan de modo obligatorio las características básicas a que ha de ajustarse el impuesto de todas las jurisdicciones adheridas, como condición para recibir los fondos coparticipados; o posteriormente a los compromisos contenidos en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12 de agosto de 1993, o el Pacto de Hidrocarburos de 1994, compromisos todos lamentablemente retaceados en los hechos.

                        viii) Por lo que dejo dicho me parece muy promisoria la aparición de obras como ésta, en que autores locales analizan el Código Fiscal de su Provincia.

            Fue pionera la Provincia de Buenos Aires, pudiendo mencionarse por ejemplo el Derecho Fiscal de Buenos Aires (ed. Biblioteca Justicialista, 1951), cuyo Estudio Preliminar se atribuyó el Ministro de Hacienda, Economía y Previsión Dr. Miguel López Francés, si bien cualquiera que conozca su pluma descubre la autoría del maestro Dino Jarach, o el Codigo Fiscal de la Provincia de Buenos Aires de los Dres. Giuliani Fonrouge y Navarrine (1980, ed. Depalma), o su segunda edición dirigida como obra colectiva por la Dra. Susana Camila Navarrine (ed. La Ley 2012), o el Código Fiscal de Salta comentado, concordado y anotado, del Dr. Sebastián P. Espeche (ed. Ediciones Noroeste Argentino, que ya lleva entregados tres tomos, el último de los cuales he tenido el gusto de prologar).

            Los juristas locales, sin perjuicio de su versación general, conocen con mayor precisión los intersticios de las normas que comentan, los orígenes de su gestación, sus implicancias, sus efectos económicos, así como tienen una mayor familiaridad con la jurisprudencia de los tribunales provinciales, cuyo conocimiento resulta indispensable en el lugar y muy útil fuera de él.

                        ix)  Enhorabuena entonces. Felicitaciones a los autores, valió la pena el esfuerzo.

            Y para la obra que prologo, el mejor deseo que puede expresarse a una obra de este tipo: que resulte efectivamente útil; útil a los jueces y a los profesionales para el desempeño de su tarea cotidiana; útil a los docentes y a los alumnos en su desafío convergente de enseñar y aprender; útil a los funcionarios fiscales y a los contribuyentes, en su tarea también convergente de cobrar y pagar el tributo debido.

            Fue placentero transitarla, y les deseo lo mismo a los lectores; encontré lo que buscaba y más aún, se me plantearon dudas, interrogantes, sugerencias de investigación, que son sin duda el fruto más preciado de toda obra jurídica; no todas fueron coincidencias, desde luego, pero no se me ha pedido ni sería éste el lugar para exponer discrepancias.

           Me he sentido honrado por los autores y por la Editorial. Gracias.

  Enrique G. Bulit Goñi

 Buenos Aires, octubre de 2012.

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