Legislación del Día: Acciones de cooperación en materia tributaria entre la República Argentina y otros países.

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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en los textos ordenados de las normas sobre “Cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito cooperativas”, “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo, cuenta gratuita universal y especiales”, “Depósitos e inversiones a plazo” y “Reglamentación de la cuenta corriente bancaria”, a los fines de su actualización en función de lo dispuesto por la resolución dada a conocer a través de la Comunicación “A” 5581.

Asimismo, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “normativa” (“textos ordenados”), se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

DARIO C. STEFANELLI, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas. — MATIAS A. GUTIERREZ GIRAULT, Gerente de Emisión de Normas.

ANEXO

B.C.R.A. – CUENTAS A LA VISTA ABIERTAS EN LAS

CAJAS DE CREDITO COOPERATIVAS

Sección 7. “Central de letras de cambio rechazadas”, “Central de libradores de letras de cambio inhabilitados” y “Central de letras de cambio denunciadas como extraviadas, sustraídas o adulteradas”.

7.1. Administración.

7.2. Motivos de inclusión.

7.3. Cancelaciones de letras de cambio rechazadas.

7.4. Pautas para la inclusión.

7.5. Información al Banco Central de la República Argentina.

7.6. Exclusión de personas comprendidas.

7.7. Falta de información. Sanciones.

7.8. Apertura de cuentas con documentación apócrifa.

7.9. Controles y documentación.

Sección 8. Cierre de cuentas y suspensión del servicio de pago de letras de cambio como medida previa al cierre de la cuenta.

8.1. Causales.

8.2. Procedimiento.

8.3. Suspensión del servicio de pago de letras de cambio previo al cierre de la cuenta.

8.4. Controles y documentación.

Sección 9. Avisos.

9.1. Aspectos generales.

9.2. Contenido mínimo.

Sección 10. Disposiciones generales.

10.1. Recomendaciones para el uso de cajeros automáticos.

10.2. Garantía de los depósitos.

10.3. Libramiento de letras de cambio y devolución de depósitos.

10.4. Devolución de letras de cambio a los libradores.

10.5. Actos discriminatorios.

10.6. Forma de computar los plazos.

10.7. Servicio de transferencias en pesos. Cargos y/o comisiones.

10.8. Procedimientos especiales de identificación de clientes en materia de cooperación tributaria internacional.

Tabla de correlaciones.

Versión: 4a.- COMUNICACION “A” 5588 – Vigencia: 13/05/2014 – Página 2

B.C.R.A. – CUENTAS A LA VISTA ABIERTAS EN LAS CAJAS DE CREDITO COOPERATIVAS

Sección 10. Disposiciones generales.

10.7.2. Transferencias con destino a cuentas a la vista para uso judicial.

Las transferencias de fondos con destino a estas cuentas deberán ser sin cargos ni comisiones para el originante.

A tal efecto, la caja de crédito cooperativa receptora de la transferencia deberá verificar que la cuenta destinataria de los fondos corresponda a una cuenta a la vista para uso judicial. De no verificarse tal correspondencia, deberá proceder a la devolución de la transacción, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa aplicable en esa materia.

10.7.3. Publicidad.

Las cajas de crédito cooperativas —que posean medios electrónicos tales como cajeros automáticos y/o banca por “Internet” (“home banking”)— deberán exhibir en la sede de todas sus casas, en los lugares de acceso a los locales y donde se efectúen trámites de apertura de cuentas, carteles informativos —que no deberán ser inferiores a 29,8 cm de base por 42 cm de altura— de los costos a aplicar sobre las transferencias entre cuentas en pesos, cuyo modelo se encuentra en el punto 6.12.2. de la Sección 6. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo, cuenta gratuita universal y especiales”.

A efectos de contar con los carteles en las dimensiones establecidas deberán ingresar al sitio exclusivo https://www3.bcra.gob.ar.

10.8. Procedimientos especiales de identificación de clientes en materia de cooperación tributaria internacional.

En función del Estándar de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para el Intercambio Automático de Información en Asuntos Fiscales y de las disposiciones de la Ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras (“Foreign Account Tax Compliance Act” FATCA) de los Estados Unidos de América, las entidades financieras deberán arbitrar las medidas necesarias para identificar a los titulares de cuentas alcanzados por dicho estándar y disposiciones.

A tal efecto procederán a:

10.8.1. Incluir, en los legajos de los clientes que resulten alcanzados y sean personas físicas (abarcando también aquellas que controlen entidades no financieras del país comprendidas), además de los datos sobre nacionalidad y lugar y fecha de nacimiento, la información sobre el país de residencia fiscal y el domicilio y número de identificación fiscal con la pertinente documentación respaldatoria.

De tratarse de personas jurídicas y otros clientes alcanzados, la información respectiva comprenderá el país de residencia fiscal y el domicilio y número de identificación fiscal en ese país.

10.8.2. Cumplir con los resguardos de secreto a que se refieren el art. 39 de la Ley de Entidades Financieras y el art. 5°, ap. 2, inc. e) de la Ley de Protección de Datos Personales.

Versión: 3a. – COMUNICACION “A” 5588 – Vigencia: 13/05/2014 – Página 5

La información sobre los clientes alcanzados deberá ser presentada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, de acuerdo con el régimen que esa Administración establezca. Los alcances y las definiciones referidas a sujetos alcanzados, cuentas y datos a suministrar, así como los procedimientos de debida diligencia deberán entenderse conforme a los términos del documento “Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information Common Reporting Standard” aprobado por la OCDE.

Versión: 1a. – COMUNICACION “A” 5588 – Vigencia: 13/05/2014 – Página 6

B.C.R.A. – TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE “DEPOSITOS DE AHORRO,

CUENTA SUELDO, CUENTA GRATUITA UNIVERSAL Y ESPECIALES”

Indice

6.14. Denominación de cuentas de depósito a la vista.

6.15. Caja de ahorros Comunicación “A” 5526.

6.16. Procedimientos especiales de identificación de clientes en materia de cooperación tributaria internacional.

Sección 7. Disposiciones transitorias.

Tabla de correlaciones.

Versión: 2a. – COMUNICACION “A” 5588 – Vigencia: 13/05/2014 – Página 5

B.C.R.A. – DEPOSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO, CUENTA GRATUITA UNIVERSAL Y ESPECIALES

Sección 6. Disposiciones Generales.

6.13. Operaciones por ventanilla.

Los usuarios de servicios financieros que sean titulares de las cuentas previstas en estas normas tendrán derecho a realizar operaciones por ventanilla, sin restricciones de tipo de operación —sujeto a las que por razones operativas pudieran existir— ni de monto mínimo.

No podrán aplicarse comisiones a las operaciones efectuadas por ventanilla por los usuarios de servicios financieros que sean personas físicas, con el alcance previsto en el tercer párrafo del punto 2.3.2.2. de las normas sobre “Protección de los usuarios de servicios financieros”.

6.14. Denominación de cuentas de depósito a la vista.

La denominación de los productos o servicios en las solicitudes, contratos, sistema de banca por Internet (home banking) y resúmenes de cuenta deberá ajustarse a la prevista en las normas del Banco Central (“caja de ahorros en pesos”, “caja de ahorros en dólares”, “cuenta corriente bancaria”, “cuenta sueldo/de la seguridad social”, etc.), sin perjuicio de que se pueda aludir adicionalmente al paquete comercial que eventualmente conformen.

6.15. Caja de ahorros Comunicación “A” 5526.

Las “compras para tenencia de billetes extranjeros en el país” podrán ser acreditadas en estas cuentas, que serán habilitadas por las entidades financieras de manera exclusiva a ese único fin, en la moneda extranjera de que se trate y de titularidad del adquirente, ya sea exclusiva o como cotitular.

Estas cajas de ahorros no podrán ser objeto del cobro de comisión alguna (apertura, mantenimiento, movimientos de fondos, consulta de saldos, etc.) y deberán estar abiertas en la entidad financiera vendedora de la moneda extranjera.

A los fines de la verificación del cumplimiento del plazo mínimo de depósito, previsto por la Resolución Nº 3.583/14 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las entidades financieras deberán identificar cada uno de los depósitos vinculados con “compras para tenencia de billetes extranjeros en el país” (fechas e importes) y los débitos que se realicen se imputarán a reducir los saldos vinculados con las compras más antiguas.

Asimismo, deberán llevar el control de permanencia de los saldos desde las fechas y por los montos originalmente depositados al momento de realizar cada “compra para tenencia de billetes extranjeros en el país”, sin interrumpir el cómputo de los plazos en los casos de constitución de plazos fijos con fondos acreditados en esta “Caja de ahorros Comunicación “A” 5526”, renovaciones de estos plazos fijos a su vencimiento o depósitos en esta cuenta provenientes del cobro de los citados plazos fijos efectuados de acuerdo con el régimen de la resolución de la AFIP antes mencionada.

6.16. Procedimientos especiales de identificación de clientes en materia de cooperación tributaria internacional.En función del Estándar de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para el Intercambio Automático de Información en Asuntos Fiscales y de las disposiciones de la Ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras (“Foreign Account Tax Compliance Act” FATCA) de los Estados Unidos de América, las entidades financieras deberánarbitrar las medidas necesarias para identificar a los titulares de cuentas alcanzados por dicho estándar y disposiciones.

Versión: 3a. – COMUNICACION “A” 5588 – Vigencia: 13/05/2014 – Página 13

A tal efecto procederán a:

6.16.1. Incluir, en los legajos de los clientes que resulten alcanzados y sean personas físicas (abarcando también aquellas que controlen entidades no financieras del país comprendidas), además de los datos sobre nacionalidad y lugar y fecha de nacimiento, la información sobre el país de residencia fiscal y el domicilio y número de identificación fiscal con la pertinente documentación respaldatoria.

De tratarse de personas jurídicas y otros clientes alcanzados, la información respectiva comprenderá el país de residencia fiscal y el domicilio y número de identificación fiscal en ese país.

6.16.2. Cumplir con los resguardos de secreto a que se refieren el art. 39 de la Ley de Entidades Financieras y el art. 5°, ap. 2, inc. e) de la Ley de Protección de Datos Personales.

La información sobre los clientes alcanzados deberá ser presentada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, de acuerdo con el régimen que esa Administración establezca.

Los alcances y las definiciones referidas a sujetos alcanzados, cuentas y datos a suministrar, así como los procedimientos de debida diligencia deberán entenderse conforme a los términos del documento “Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information Common Reporting Standard” aprobado por la OCDE.

Versión: 1a. – COMUNICACION “A” 5588 – Vigencia: 13/05/2014 – Página 14

B.C.R.A. – TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE “DEPOSITOS E INVERSIONES A PLAZO”

Indice

2.3. Con opción de cancelación anticipada.

2.4. Con opción de renovación por plazo determinado.

2.5. A plazo con retribución variable.

Sección 3. Disposiciones generales.

3.1. Identificación.

3.2. Situación fiscal.

3.3. Inversores calificados.

3.4. Recomendaciones para el uso de cajeros automáticos.

3.5. Garantía de los depósitos.

3.6. Tasas de interés.

3.7. Devolución de depósitos.

3.8. Saldos inmovilizados.

3.9. Actos discriminatorios.

3.10. Procedimientos especiales de identificación de clientes en materia de cooperación tributaria internacional.

Sección 4. Especiales vinculados al ingreso de fondos del exterior Decreto 616/05.

4.1. Entidades intervinientes.

4.2. Titulares.

4.3. Moneda.

4.4. Plazo.

4.5. Importe.

4.6. Retribución.

4.7. Emisión de certificados de imposiciones.

4.8. Restricciones.

4.9. Otras disposiciones.

Sección 5. Disposiciones transitorias.

Tabla de correlaciones.

Versión: 4a. – COMUNICACION “A” 5588 – Vigencia: 13/05/2014 – Página 2

B.C.R.A. – DEPOSITOS E INVERSIONES A PLAZO

Sección 3. Disposiciones generales.

en el Código Civil. De ocurrir el fallecimiento del titular de la cuenta, los fondos depositados quedarán a disposición de quienes resulten ser sus causahabientes.

3.8. Saldos inmovilizados.

3.8.1. Transferencia.

Con carácter general, los fondos radicados en cuentas de depósitos y de inversión se transferirán a “Saldos Inmovilizados” al vencimiento de las imposiciones.

3.8.2. Aviso a los titulares.

Se admitirá la aplicación de comisiones sobre los saldos inmovilizados, únicamente en la medida que las entidades lo comuniquen previamente a los titulares, haciendo referencia a su importe —el que no podrá superar, por mes calendario, el valor de la “carta certificada plus” (servicio básico de hasta 150 grs.) del Correo Oficial de la República Argentina S.A.— y a la fecha de vigencia que no podrá ser inferior a 60 días corridos desde la comunicación.

Las comunicaciones se cursarán por correo mediante la señalada pieza postal certificada.

3.9. Actos discriminatorios.

Las entidades deberán adoptar los recaudos necesarios a efectos de evitar que se produzcan actos discriminatorios respecto de su clientela, para lo cual deberán observar las disposiciones de las normas sobre “Protección de los usuarios de servicios financieros”.

3.10. Procedimientos especiales de identificación de clientes en materia de cooperación tributaria internacional.

En función del Estándar de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para el Intercambio Automático de Información en Asuntos Fiscales y de las disposiciones de la Ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras (“Foreign Account Tax Compliance Act” FATCA) de los Estados Unidos de América, las entidades financieras deberán arbitrar las medidas necesarias para identificar a los titulares de cuentas alcanzados por dicho estándar y disposiciones.

A tal efecto procederán a:

3.10.1. Incluir, en los legajos de los clientes que resulten alcanzados y sean personas físicas (abarcando también aquellas que controlen entidades no financieras del país comprendidas), además de los datos sobre nacionalidad y lugar y fecha de nacimiento, la información sobre el país de residencia fiscal y el domicilio y número de identificación fiscal con la pertinente documentación respaldatoria.

Versión: 5a. – COMUNICACION “A” 5588 – Vigencia: 13/05/2014 – Página 8

De tratarse de personas jurídicas y otros clientes alcanzados, la información respectiva comprenderá el país de residencia fiscal y el domicilio y número de identificación fiscal en ese país.

3.10.2. Cumplir con los resguardos de secreto a que se refieren el art. 39 de la Ley de Entidades Financieras y el art. 5°, ap. 2, inc. e) de la Ley de Protección de Datos Personales.

La información sobre los clientes alcanzados deberá ser presentada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, de acuerdo con el régimen que esa Administración establezca.

Los alcances y las definiciones referidas a sujetos alcanzados, cuentas y datos a suministrar, así como los procedimientos de debida diligencia deberán entenderse conforme a los términos del documento “Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information Common Reporting Standard” aprobado por la OCDE.

Versión: 1a. – COMUNICACION “A” 5588 – Vigencia: 13/05/2014 – Página 9

B.C.R.A. – TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE “REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA”

Indice

Sección 11. Procedimiento para la recepción de depósitos por las multas legalmente exigibles.

11.1. Apertura de cuenta.

11.2. Información de percepciones.

11.3. Transferencias de saldos.

Sección 12. Disposiciones generales.

12.1. Recomendaciones para el uso de cajeros automáticos.

12.2. Garantía de los depósitos.

12.3. Libramiento de cheques y devolución de depósitos.

12.4. Devolución de cheques a los libradores.

12.5. Actos discriminatorios.

12.6. Forma de computar los plazos.

12.7. Servicio de transferencias en pesos. Cargos y/o comisiones.

12.8. Procedimientos especiales de identificación de clientes en materia de cooperación tributaria internacional.

Tabla de correlaciones.

Versión: 9a. – COMUNICACION “A” 5588 – Vigencia: 13/05/2014 – Página 3

B.C.R.A. – REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA

Sección 12. Disposiciones generales.

12.7.3. Publicidad.

Las entidades financieras —que posean medios electrónicos tales como cajeros automáticos y/o banca por “Internet” (“home banking”)— deberán exhibir en la sede de todas sus casas, en los lugares de acceso a los locales y donde se efectúen trámites de apertura de cuentas, carteles informativos —que no deberán ser inferiores a 29,8 cm de base por 42 cm de altura— de los costos a aplicar sobre las transferencias entre cuentas en pesos, cuyo modelo se encuentra en el punto 6.12.2. de la Sección 6. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo, cuenta gratuita universal y especiales”.

A efectos de contar con los carteles en las dimensiones establecidas deberán ingresar al sitio exclusivo https://www3.bcra.gob.ar.

12.8. Procedimientos especiales de identificación de clientes en materia de cooperación tributaria internacional.

En función del Estándar de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para el Intercambio Automático de Información en Asuntos Fiscales y de las disposiciones de la Ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras (“Foreign Account Tax Compliance Act” FATCA) de los Estados Unidos de América, las entidades financieras deberán arbitrar las medidas necesarias para identificar a los titulares de cuentas alcanzados por dicho estándar y disposiciones.

A tal efecto procederán a:

12.8.1. Incluir, en los legajos de los clientes que resulten alcanzados y sean personas físicas (abarcando también aquellas que controlen entidades no financieras del país comprendidas), además de los datos sobre nacionalidad y lugar y fecha de nacimiento, la información sobre el país de residencia fiscal y el domicilio y número de identificación fiscal con la pertinente documentación respaldatoria.

De tratarse de personas jurídicas y otros clientes alcanzados, la información respectiva comprenderá el país de residencia fiscal y el domicilio y número de identificación fiscal en ese país.

12.8.2. Cumplir con los resguardos de secreto a que se refieren el art. 39 de la Ley de Entidades Financieras y el art. 5°, ap. 2, inc. e) de la Ley de Protección de Datos Personales.

La información sobre los clientes alcanzados deberá ser presentada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, de acuerdo con el régimen que esa Administración establezca.

Los alcances y las definiciones referidas a sujetos alcanzados, cuentas y datos a suministrar, así como los procedimientos de debida diligencia deberán entenderse conforme a los términos del documento “Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information Common Reporting Standard” aprobado por la OCDE.

Versión: 2a. – COMUNICACION “A” 5588 – Vigencia: 13/05/2014 – Página 5

Columna de Opinión: Acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia: el fundamento suficiente es requisito de procedencia. AUTOR (Coronello, Silvina É.)

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I. Acción declarativa de inconstitucionalidad: aspectos generales

La acción declarativa de inconstitucionalidad, prevista en el art. 113, inc. 2º, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (1), tiene como fin la impugnación de normas de carácter general, contrarias a la Constitución nacional o a la citada Constitución de la Ciudad (2). Esa acción puede tener el efecto de la pérdida de vigencia de la norma que fuere declarada inconstitucional (3).

La competencia para conocer respecto de esta acción es exclusiva y originaria del Tribunal Superior de Justicia. Por ello, su procedimiento se halla regulado en el capítulo II de la ley 402, sobre disposiciones procesales ante dicho Tribunal Superior, y en el art. 19 delimita su contenido.

A tal fin establece los requisitos que debe reunir la demanda, y agrega, a los generales para cualquier demanda judicial, “la mención precisa de la norma que el accionante estima contraria a la Constitución nacional o a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y los fundamentos que motivan la pretensión, indicando los principios, derechos o garantías constitucionales presuntamente afectados.”

Son muy claras, pues, las siguientes exigencias: (i) mención precisa de la norma que se impugna; (ii) mención precisa de los fundamentos que motivan la pretensión; y (iii) indicación de los principios, derechos y garantías presuntamente afectados.

La norma procesal requiere reseñar con precisión los fundamentos que motivan la pretensión, e indicar los principios, derechos y garantías constitucionales que se consideran vulnerados: todo ello constituye la fundamentación suficiente de la acción declarativa de inconstitucionalidad.

La norma legal no pretende se haga un desarrollo exhaustivo de los fundamentos, sino que éstos sean indicados con precisión: ello equivaldría a realizar el desarrollo necesario, indispensable, claro, conciso y rigurosamente exacto, conforme a las diferentes acepciones del término en el Diccionario de la Lengua Española. (4)

De manera tal que la precisión en los fundamentos apunta hacia la idea de que ellos sean sucintamente desarrollados, de modo conciso y exacto, y no en forma vaga o indeterminada. Y a ello se agrega la necesidad de indicar –no en calidad de desarrollo exhaustivo–, los principios, derechos y garantías constitucionales afectados.

II. El caso

El 15 de abril de 2014 el Tribunal Superior de Justicia rechazó la admisibilidad de la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por el doctor Daniel Raúl Fernández para que se declare la inconstitucionalidad del art. 179 bis del Código Fiscal (t.o. en 2012) y su similar –art. 183 del Código Fiscal (t.o. en 2013)–, como así también de los arts. 11, 12 y 13 del anexo I de la resolución 52-AGIP-2013 (5).

Cabe recordar que los arts. 179 bis y 183 del Código Fiscal (textos ordenados en 2012 y en 2013, respectivamente) disponen que cuando un contribuyente tuviera la titularidad dominial y/o usufructo (total o parcial) de cuatro o más inmuebles, se presume, a partir del cuarto inmueble —inclusive—, un valor locativo computable respecto del cual se debe tributar el impuesto sobre los ingresos brutos, independientemente de la situación de ocupación o uso de tales inmuebles.

La disposición objetada por el accionante agrega que se tomarán como propios los inmuebles de la sociedad conyugal, y se debe tributar el integrante con mayor cantidad de inmuebles, y los cedidos gratuitamente a hijos menores y padres. La base imponible del impuesto será el valor locativo de mercado, el que nunca podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) de la valuación fiscal homogénea establecida para los impuestos inmobiliarios, y se debe tributar por los de mayor valuación fiscal homogénea.

El anexo I de la resolución 52-AGIP-2013 —norma interpretativa de las modificaciones dispuestas al Código Fiscal (t.o. en 2012) por la ley 4469—, en sus arts. 11, 12 y 13, se refiere al modo de calcular la base imponible del impuesto para el supuesto mencionado y a otras cuestiones relativas a su correcta determinación.

El accionante fundó la inconstitucionalidad en la lesión a los principios de reserva de ley, certeza y supremacía constitucional, como así también al régimen de coparticipación, en tanto se vulnera la prohibición a los estados locales de aplicar tributos análogos a los nacionales coparticipables, y al art. 14 bis de la Constitución nacional, en cuanto promueve la “protección integral de la familia”.

El dictamen del fiscal se pronunció por la inadmisibilidad de la demanda, basado sobre una cuestión formal (relacionada con el domicilio del accionante), y por considerar que no existe planteo constitucional debidamente fundado.

En igual sentido, el Tribunal Superior de Justicia, en voto mayoritario, y con remisión a la causa “Spisso”(6), consideró que la acción declarativa de inconstitucionalidad resulta inadmisible por carecer de “fundamentación suficiente”. Ello así porque el accionante no cumplió adecuadamente con lo prescripto por el art. 19, inc. 2, de la ley 402 que exige –además de la mención precisa de las normas que se estiman contrarias a la Constitución nacional o a la Constitución local–, el desarrollo de los fundamentos que motivan la pretensión.

Por su parte, en su disidencia, el magistrado, doctor José Osvaldo Casás, consideró admisible la acción, por cuanto si bien entiende que no se vulnera el principio de seguridad jurídica, el resto de los planteos “aunque sucintos, son aptos para tener por insinuada una cuestión constitucional apta para ser abordada en la acción declarativa que contempla el art. 113, inc. 2º, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…más allá de que, sustanciado el proceso y realizada la respectiva audiencia, al momento del dictado de la sentencia definitiva, pueda pronunciarme mediante un voto estimatorio o desestimatorio de los planteos de inconstitucionalidad que sobre las normas en debate articula la actora en esta causa”.

Desde su perspectiva, el citado magistrado considera hábiles “los cuestionamientos relativos a la pretendida expansión del presupuesto de hecho del impuesto sobre los ingresos brutos, alcanzando retribuciones meramente teóricas o hipotéticas a partir de la cantidad de bienes inmuebles de que sea titular o usufructuario el contribuyente, circunstancia que no se correspondería con la caracterización conceptual que del tributo se hace en la ley 23.548 —ley de coparticipación provincial en impuestos nacionales— cuando en su art. 9°, inc. b, apartado I, sustrae de la pugna por analogía con el régimen de distribución de recursos fiscales, el gravamen que, bajo tal denominación, recaiga sobre los ingresos provenientes del ejercicio de actividades empresarias (incluso unipersonales), civiles o comerciales, con fines de lucro, de profesiones, oficios, intermediaciones y de toda otra actividad habitual, excluidas las actividades realizadas en relación de dependencia y el desempeño de cargos públicos. Ello en el entendimiento de que la ley de coordinación financiera sólo habilitaría a los fiscos locales a instituir un impuesto con la apuntada denominación siempre que alcanzara a los ingresos reales y no a los teóricos o hipotéticos —que no lo son, ni siquiera presuntos, por caso, en el supuesto de los inmuebles desocupados”.

En igual sentido, también considera “aptas para ser propuestas las tachas de inconstitucionalidad que se desarrollan a partir de denunciar que se infringen principios y derechos constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuando para hacer jugar el supuesto de ingresos teóricos o hipotéticos y para tener por superado el umbral que se fija a tal efecto —de más de tres inmuebles—, para configurar como centro de imputación en el obligado tributario los bienes correspondientes a otros sujetos —tal el caso del cónyuge; o de los padres o hijos cuando estos hayan sido transmitidos a título gratuito—, se argumenta para dar base al cuestionamiento la infracción a la expresa manda constitucional contenida en el art. 14 bis de la Ley Suprema cuando consagra la protección integral de la familia.”

No obstante, reiteramos, el Tribunal Superior de Justicia, por mayoría, rechaza la admisibilidad de la acción, por ausencia de “fundamentación suficiente”.

III. La “fundamentación suficiente” en la doctrina del Tribunal Superior de Justicia

El concepto de “fundamentación suficiente” ha sido desarrollado por el Tribunal Superior de Justicia al interpretar el art. 19 de la ley 402, a fin de decidir la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad.

Al respecto ha entendido que para configurar la “fundamentación suficiente” es necesario que el accionante “precise con claridad cuáles son las normas de carácter general sobre las que solicita el control de constitucionalidad, y cuáles los preceptos y principios constitucionales, con los que las primeras entran en colisión. También es ineludible que explique de manera clara y pormenorizada las razones en las que sustenta la tacha de inconstitucionalidad(7).

En igual sentido se ha expresado: “la exigencia de exponer fundamentos en sostén de la acción declarativa de inconstitucionalidad debe ser observada por quien la insta con mayor intensidad que en aquellas presentaciones que involucran la competencia asignada a este Tribunal por el art. 113.3 CCBA, pues la actora, al escoger la primera de las vías de impugnación constitucional mencionadas, obra en interés de la ley, (cf. art. 17 de la ley 402), lo que implica que el vigor con que esta acción es esgrimida resulta vital para que un debate, organizado con formato judicial, rinda sus mejores frutos o, mejor aún, no arroje resultados no queridos, exigencia que no queda satisfecha si los argumentos sobre los que pretende apoyar la impugnación no se hacen cargo, al menos, de las objeciones que previsiblemente puedan aducirse para respaldar la compatibilidad o coherencia de las normas cuestionadas con los preceptos de la Constitución local que se aducen vulnerados(8).

Asimismo, el voto de la doctora Conde, en la causa “Spisso”, a la que remite el fallo comentado sostiene: “Si bien el actor señala en forma concreta las normas impugnadas… e identifica apenas difusamente aquellas reglas constitucionales con las cuales entiende que colisiona…, no ha conseguido formular un claro, completo y serio desarrollo argumental que demuestre con suficiente entidad cuál es la vulneración constitucional que surgiría de la confrontación de la normativa analizada con dichas reglas”, concluyendo que “el planteo constitucional relacionado con lo prescripto en la norma atacada, carece de una argumentación seria y completa con aptitud suficiente para superar la etapa de admisibilidad. Por el contrario, el planteo de la actora se apoya en meras aserciones y opiniones fragmentadas “constituyendo una argumentación constitucional sólo aparente (cf. mi voto en “Unión de Consumidores de Argentina c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, expte. nº 8002, resolución del 10 de agosto de 2011). Por lo demás, la declaración de inconstitucionalidad de una ley constituye una medida de extrema gravedad institucional, por lo que corresponde exigir a quien pretenda obtenerla un sustento argumental sólido a partir del cual sea posible canalizar un debate serio acerca de una cuestión de notable trascendencia para la comunidad.”(9).

En consecuencia, en tales precedentes se ha declarado inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad por carecer de “fundamentación suficiente”, esto es, “al no cumplir con el recaudo de venir fundada según lo exigible en esta clase de procesos”. (10)

IV. Comentario final

En nuestra opinión el concepto de “fundamentación suficiente” no resulta “suficientemente claro”, en cuanto al desarrollo que el justiciable debe realizar del planteo de inconstitucionalidad, y en ese sentido funciona más que como un límite, como un impedimento al ejercicio de este tipo de acciones, por parte de los ciudadanos cuyos derechos resultan afectados por normas inconstitucionales.

De modo tal que deviene necesario que el Tribunal Superior de Justicia fije parámetros ciertos para cumplir con la “fundamentación suficiente”, sin perder de vista el principio constitucional de razonabilidad.

Sin perjuicio de ello, y en cuanto al tema de fondo del caso analizado, entendemos que el propio Tribunal Superior de Justicia deberá declarar la inconstitucionalidad de la normativa local, respecto de principios constitucionales, cuestiones de federalismo fiscal, y distribución de potestades tributarias.

Ello así por cuanto la normativa impugnada resulta contraria tanto al régimen de coparticipación, previsto por el art. 75, inc. 2, de la Constitución nacional, como también a la protección de la familia por el art. 14 bis de la Carta Magna, y al tratamiento de la sociedad conyugal en el Código Civil, del cual la Ciudad no puede apartarse válidamente, en función de lo dispuesto por el art. 75, inc. 12, de la Constitución nacional.

NOTAS AL PIE:

(1) Art. 113 – “Es competencia del Tribunal Superior de Justicia conocer:…Originaria y exclusivamente en las acciones declarativas contra la validez de leyes, decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad, contrarias a la Constitución Nacional o a esta Constitución. La declaración de inconstitucionalidad hace perder vigencia a la norma salvo que se trate de una ley y la Legislatura la ratifique dentro de los tres meses de la sentencia declarativa por mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. La ratificación de la Legislatura no altera sus efectos en el caso concreto ni impide el posterior control difuso de constitucionalidad ejercido por todos los jueces y por el Tribunal Superior.”

(2) Art. 17, ley 402 – “La acción declarativa de inconstitucionalidad tiene por exclusivo objeto el análisis de la validez de leyes, decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad, anteriores o posteriores a la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para determinar si son contrarias a esa constitución o a la Constitución Nacional.”

(3) Art. 24, ley 402 -: “La norma cuestionada pierde su vigencia con la publicación de la sentencia que declare su inconstitucionalidad en el Boletín Oficial, siempre que no se trate de una ley. Si se trata de una ley, el Tribunal Superior notifica la sentencia a la Legislatura a los efectos previstos por el artículo 113, inc. 2, de la Constitución de la Ciudad. Si dentro de los tres meses de notificada a la Legislatura la sentencia declarativa, la ley no es ratificada por mayoría de los dos tercios de los miembros presentes, pierde su vigencia desde el momento de la publicación en el Boletín Oficial de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad.”

(4) Preciso: 1. adj. Necesario, indispensable, que es menester para un fin. 2. adj. Puntual, fijo, exacto, cierto, determinado. Llegar al tiempo preciso 3. adj. Distinto, claro y formal. 4. adj. Dicho del lenguaje, del estilo, etc.: Concisos y rigurosamente exactos. 5. adj. Fil. Abstraído o separado por el entendimiento. 6. adj. El Salv. Que tiene prisa.7. adj. desus. Separado, apartado o cortado.8. f. Nic. prisa (¿ necesidad de ejecutar algo con urgencia).

(5) Tribunal Superior de Justicia, “Fernández, Daniel Raúl c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” , expediente 10397/13, fallo del 15 de abril de 2014.

(6) TSJ “Spisso, Rodolfo R. c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 22 de noviembre de 2013.

(7) Tribunal Superior de Justicia, “Massalin Particulares S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/acción declarativa de inconstitucionalidad”, expediente 31/99, resolución del 5/5/99; “Villegas Héctor c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, expediente 1254/01, 15 de noviembre de 2001, entre otros.

(8) Tribunal Superior de Justicia, “Fedecámaras c/ GCBA s/acción declarativa de inconstitucionalidad’, expediente 3725/2004, fallo del 16 de marzo de 2005,

(9) Tribunal Superior de Justicia, “Spisso, Rodolfo R. c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, expediente.9764/13, resolución del 22/11/2013; voto de la doctora. Conde.

(10) Tribunal Superior de Justicia, causas citadas en nota 9 y en nota 5.