Doctrina Actual: Reciente fallo de la CSJN respecto de posibles cuestionamientos a la legalidad de derechos de exportación. AUTOR (Laudato, Corina P. )

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En un reciente fallo (reseñado más abajo), la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) reafirmó el principio de que los derechos de exportación (comúnmente conocidos como retenciones) sólo pueden ser válidamente aplicados cuando fueron creados por ley, o bien cuando medió una delegación legislativa que estableció los elementos esenciales del tributo y fijó un máximo legal para su alícuota.

Si bien la decisión de la CSJN parece abrir la puerta a posibles cuestionamientos respecto de ciertas retenciones, el análisis debe, en realidad, hacerse caso por caso. Será necesario examinar (i) si las normas administrativas que fijaron o aumentaron los derechos de exportación a cuestionar fueron o no objeto de posterior aprobación legislativa, y (ii) si lo fueron, a partir de qué fecha tal aprobación les confirió validez.

Por ello, la doctrina de la CSJN, si bien transcendente, no tiene el alcance que algunos le pretenden dar. En efecto, no se deriva del fallo la caducidad de todos los derechos de exportación creados por el Poder Ejecutivo, sino solo de aquellos que fueron establecidos por normas administrativas que no fueron objeto de aprobación legislativa. Si las retenciones fueron posteriormente aprobadas por el Congreso, solo podrían ser impugnadas por los periodos anteriores a la aprobación.

La posición que sostiene la nulidad absoluta e insanable de los derechos de exportación creados por el Poder Ejecutivo, con prescindencia de su posterioridad aprobación legislativa, quedó en minoría y no fue recogida en el voto mayoritario.

A partir de este pronunciamiento, pocos serán los derechos de exportación pasibles de cuestionamientos exitosos. Por ejemplo, cabe recordar que el Decreto 509/07, que contempla la mayor parte de las retenciones vigentes, fue aprobado por ambas cámaras del Congreso poco tiempo después de su dictado.

Finalmente, y contrariamente a lo expresado por algunos comentaristas, no se infiere del fallo de la CSJN la posibilidad de que los productores (que, a diferencia de los exportadores, no son contribuyentes directos) puedan reclamar la devolución de las retenciones abonadas por los exportadores, ni tampoco que tales planteos puedan ser promovidos por las asociaciones que nuclean a productores o exportadores.

Resumen del fallo “Camaronera Patagónica”

En el fallo dictado el pasado 15 de abril de 2014 in re “Camaronera Patagónica”, la CSJN declaró la invalidez y la inaplicabilidad parcial de la Resolución 11/2002 del Ministerio de Economía e Infraestructura que, con fundamento en el Código Aduanero y en la Ley 25.561 de emergencia económica y reforma del régimen cambiario, había fijado en forma transitoria derechos de exportación para consumo, creando un derecho de exportación de 5% para todas las mercaderías comprendidas en la nomenclatura y elevando al 10% el derecho de exportación para determinadas mercaderías listadas en planillas anexas.

Si bien el voto de la mayoría (conformado por los Dres. Fayt, Lorenzetti, Maqueda y, según sus fundamentos, Zaffaroni) tiene un efecto limitado, ya que aceptó la subsistencia de la resolución impugnada luego de su aprobación por ley, la doctrina que emana del fallo de la mayoría es importante, pues convalida la aplicación del principio de reserva de ley en materia de derechos de exportación creados con fundamento en el Código Aduanero (Ley 22.415). En el caso, la CSJN:

(i) reafirma el principio de reserva de ley en materia de tributación, tratando específicamente a los derechos de exportación como tributos, independientemente de los fines extra fiscales buscados con la creación de dichos derechos;

(ii) ratifica el principio de legalidad o de reserva de ley como una garantía sustancial de la tributación de raigambre constitucional, que abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones (Fallos: 329:1554);

(iii) aclara que el principio de reserva tampoco cede en el caso de que se use el mecanismo de delegación legislativa previsto en el art. 76 de la Constitución Nacional, (en el caso comentado, ni el Código Aduanero ni la ley de emergencia económica establecen, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo en cuestión, y la Ley 25.561 sólo contiene una previsión de creación de un derecho a la exportación de hidrocarburos);

(iv) declara inaplicable la delegación legislativa, por no haber el Código Aduanero determinado de manera cierta e indudable la forma de cuantificar la prestación (en el caso, el Congreso Nacional no había previsto cuál era la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de un limite máximo y mínimo); y

(v) sostiene que, en el ámbito de los derechos aduaneros, sólo es admisible la delegación al Poder Ejecutivo de facultades circunscriptas, exclusivamente, al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria; en otras palabras, autoriza a elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre que, para el ejercicio de tal atribución, se fijen pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa. Por lo tanto, si bien la determinación de la alícuota aplicable a un derecho de exportación legalmente creado es en alguna medida delegable, el máximo y el mínimo debe estar fijado legislativamente y conforme a pautas precisas.

En el caso en cuestión, la CSJN concluyó que la resolución impugnada no se ajustaba a los parámetros y límites precisos indicados, ya que el aspecto cuantitativo del derecho de exportación quedaba librado al arbitrio del Poder Ejecutivo.

En cuanto al alcance de la declaración de invalidez de la Resolución, la CSJN tuvo en cuenta la aplicación del art. 76 de la CN, y las normas que ratificaron la totalidad de la delegación legislativa por los plazos y condiciones allí establecidos, admitiendo que, si bien la aprobación de las leyes de prórroga era genérica, la circunstancia de no haber identificado en forma particular a cada una de las normas aprobadas no invalidaba la decisión legislativa. En la visión de la CSJN, una interpretación contraria llevaría a sostener que la totalidad de la legislación delegante preexistente a la reforma de la Constitución Nacional de 1994 ha perdido vigencia, vaciándose de contenido a las sucesivas leyes de prórroga (1).

Según el voto mayoritario, la Ley 25.645, que disponía la prórroga de la resolución impugnada, carecía de eficacia para convalidar retroactivamente una norma que adolece de nulidad nula e insanable. Sin embargo, sí podía convalidar hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia. Por lo tanto, la invalidez de la mencionada resolución se limita al período comprendido entre el 5 de marzo de 2002 y 24 de agosto de 2002 (fecha en la que se otorga rango legal a su contenido). Se consagra, en consecuencia, la doctrina de que la aprobación legislativa de un tributo indebidamente creado por decisión administrativa sólo puede tener efectos hacia el futuro.

Cabe mencionar que la minoría de la CSJN (esto es, los Dres. Petracchi y Argibay) tomó una posición aun más restrictiva, pues no aceptó que las sucesivas aprobaciones legislativas genéricas tuvieran efecto ratificatorio alguno (al menos en materia tributaria, sometida al principio de legalidad y excluida de las “materias determinadas de administración y emergencia pública” para las que el art. 76 CN habilita la delegación legislativa).

NOTAS AL PIE:

 La Corte aclara que tal interpretación resulta inadmisible, pues no sólo implica presumir que el legislador sanciona cláusulas inútiles, pensadas para no tener efecto, sino que además contraría la clara intención del Congreso Nacional de privilegiar la seguridad jurídica, evitar vacíos legislativos y sanear, hacia el futuro, cualquier nulidad de normas dictadas por el Poder Ejecutivo.

Guía práctica “EL AGUINALDO” Autora: Mirta Noemí Userpater

GuiaPractica1- ANTECEDENTES

La primera norma sobre la materia data del año 1945 y proviene del decreto-ley 3302/1945 publicado en el Boletín Oficial el 31/12/45, que, lo concibió de pago anual obligatorio correspondiendo una sola cuota que se determinaba como la doceava parte del total de sueldos o salarios percibidos por cada obrero o empleado en el respectivo año calendario.
El Decreto Ley 17620/68 dispuso la periodicidad semestral para el pago, en dos cuotas, la primera en el mes de junio y la segunda en diciembre. El 27/9/1974 se publica en el Boletín Oficial la Ley 20744 en cuyo Art. 121, se había dispuesto que la base de cálculo fuese el promedio de las remuneraciones del semestre o del año. Luego en el año 1984 se divulga la ley 23.041 (BO 4/1/84) cuyo Art.1, con el fin de atenuar el impacto inflacionario de la época, ordenó que su cálculo se realizara como el 50% de la mayor remuneración mensual devengada en todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, debiendo efectuarse sobre el total de las retribuciones que correspondiese computar de acuerdo al Dto. 1084 (BO 12/4/84) reglamentario de la Ley 23041.
Esta última modifico el criterio adoptado en su momento en el artículo 121 de la LCT.

2- CONCEPTO
El aguinaldo o el salario número trece es una retribución diferida lo que significa que se devenga día a día y se abona semestralmente, en dos cuotas, una a mitad y otra al final del año (es una provisión)
2.1 – ¿Cómo se calcula?
El sueldo anual complementario consiste en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de Junio y Diciembre de cada año; siendo proporcional al Tiempo Trabajado por los empleados en cada uno de los semestres.
La ley no requiere que la mayor remuneración sea la normal y habitual, por lo que una retribución extraordinaria por razones estacionales o circunstanciales es computable al efecto, pero debe tratarse de una remuneración mensual.
La proporcionalidad del aguinaldo es con relación a períodos retribuidos, con independencia de que haya habido efectiva prestación laboral; de modo que el sueldo anual complementario sólo será adquirido cuando lo sea la retribución principal.

A TENER EN CUENTA:
Desde el punto de vista laboral, el articulo 103 LCT entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital. y móvil. El empleador debe al trabajador la remuneración aunque éste no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquél.
Desde el aspecto previsional conforme lo determina el articulo 6º de la Ley Nº 24241, se considera como remuneración a los fines del SIPA, todo ingreso que percibe el afiliado (empleado) en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación o con motivo de su actividad personal.
En consecuencia el sueldo anual complementario tiene carácter remunerativo a todo efecto, tanto sea laboral como computable para las obligaciones de la seguridad social, e impositivo (es renta gravada para el impuesto a las Ganancias)

 

2.2-¿Qué rubros deben computarse para su cálculo?
A los efectos del cálculo del aguinaldo deben computarse tanto las remuneraciones principales, como las complementarias, sean en dinero o en especie, las que deben ser valorizadas a este fin. Ejemplos:
• Salario básico
• Adicionales convencionales
• Feriados no trabajados
• Comisiones
• Viáticos sin comprobantes
• Remuneraciones en especie – casa/habitación/comida/uso del automóvil con carácter salarial- otorgados en forma mensual
• Bonificaciones adicionales
• Propinas habituales y no prohibidas
• Premios/Gratificaciones
• Salarios por enfermedad, accidente profesional
• Horas extraordinarias
2.3 ¿Qué rubros no se incluyen en el cálculo?
Todos aquellos rubros que no tengan carácter remunerativo no integran la base de cálculo. Ejemplos:
• Asignaciones familiares
• Periodo de excedencia
• Periodos de reserva de puesto por enfermedad inculpable
• Periodo de reserva de puesto para cargos gremiales
• Licencias sin goce de haberes
• Días por suspensión por fuerza mayor o causas económicas no imputables al empleador
• Días correspondientes a sanciones disciplinarias
• Beneficios sociales otorgados por el empleador conforme al artículo 103 bis Ley de Contrato de Trabajo
• Prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo
A TENER EN CUENTA:
En los últimos años asociaciones de trabajadores han firmado acuerdos de recomposición salarial fijando el pago de asignaciones no remunerativas. En los mismos se estableció que sobre dichas sumas no remunerativas se calcule el 50% correspondiente al SAC en los meses de junio y diciembre.
En este sentido la jurisprudencia ha sido clara en el fallo Gimenez, Patricia c/ Blockbuster Argentina SA s/ despido. CNtrab. Sala X 26/06/2009. Los jueces consideraron que la pretensión del acuerdo cuestionado, de privar de naturaleza salarial a un incremento de la remuneración de los empleados de la actividad de comercio, se contradice con el concepto amplio de salario establecido en la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio 95 de la OIT, que comprende toda contraprestación abonada al trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Asimismo, el Tribunal señaló entre los argumentos de la resolución, que la calificación de no remunerativo al aumento acordado del 23% que se otorgo en forma escalonado con carácter no remunerativo, afectaba el derecho del trabajador a una remuneración “justa” (Art. 14 bis Constitución Nacional) y al derecho de propiedad (Art. 17 de la mencionada).
En el “Acuerdo mayo 2012” se tomo esta jurisprudencia al considerar las sumas otorgadas, para la liquidación de la totalidad de los rubros salariales de convenio o legales, con la única excepción del adicional por antigüedad previsto en convenio.

Independientemente de esta aclaración, observar el punto 5.6- de Particularidades
3-EPOCAS DE PAGO
De acuerdo al Art. 122 LCT será abonado en dos cuotas: la primera de ellas el treinta de junio y la segunda el treinta y uno de diciembre de cada año.
¿Es absolutamente obligatorio abonarlo en dichas fechas?

En verdad se interpreta que rige el mismo plazo que para cualquier otro concepto, es decir al cuarto (4) día hábil. Se entiende que el espíritu de la LCT apunta a que el aguinaldo se abone con las remuneraciones de junio y de diciembre, y no en épocas distintas. Resulta complicado exigir el pago el mismo día 30 de junio o el 31 de diciembre cuando, por ejemplo, existen remuneraciones variables y es necesario esperar la terminación del mes para saber cuál será la mejor remuneración del semestre; o simplemente, en el caso de sueldos fijos o jornales por día o por hora, en los que también puede ser necesario determinar si las remuneraciones de junio o diciembre pueden llegar a ser superiores a las del resto del semestre. Por tales razones creemos que es posible abonar cada cuota del aguinaldo dentro del plazo del artículo 128 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir hasta cuatro días hábiles posteriores al 30 de junio o el 31 de diciembre.

¿Cual es la posición que ha adoptado la Cámara Nacional del Trabajo?

Sobre el particular la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se expidió diciendo: “que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128, LCT, el plazo para el pago del sueldo anual complementario correspondiente al primer semestre de 1981 venció el 6 de julio por lo que la mora se produjo el día 7” (CNTC, Sala III, “Gonzáles, Rico A c/WDW SA”, Sentencia 50.028 del 28 de junio de 1985).
La Cámara del Trabajo de la Capital, a través de la Sala X, mantuvo la posición anterior diciendo que “El juego armónico de las disposiciones de los artículos. 122 y 128 de la ley de contrato de trabajo determina que no resulta extemporáneo el pago del “aguinaldo” dentro de los cuatro días hábiles posteriores al vencimiento de cada uno de los semestres del año.” CNTrab., Sala X, 1999/09/30. — (Ministerio de Trabajo c. Nuevos Rumbos SA s/sumario.)

A TENER EN CUENTA:
Proyecto de Ley. Modificación de la fecha de pago del Sueldo Anual Complementario
Artículo 1: Modificase el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744, el que queda redactado de la siguiente forma:
Art 122: El sueldo anual complementario es abonado en dos cuotas: la primera de ellas con vencimiento el treinta (30) de junio y la segunda con vencimiento el dieciocho (18) de diciembre de cada año.
El importe a abonar en cada semestre es igual a la doceava parte de las retribuciones devengadas en dichos lapsos, determinados en conformidad al artículo 121 de la presente ley.
A fin de determinar la segunda cuota del sueldo anual complementario el empleador debe estimar el salario correspondiente al mes de diciembre. Si dicha estimación no coincidiera con el salario efectivamente devengado, se procederá a recalcular la segunda cuota del sueldo anual complementario.
La diferencia que resultare entre la cuota reclamada y la abonada el dieciocho (18) de diciembre se integrara al salario del mes de diciembre.

3-EPOCAS DE PAGO

De acuerdo al Art. 122 LCT será abonado en dos cuotas: la primera de ellas el treinta de junio y la segunda el treinta y uno de diciembre de cada año.

¿Es absolutamente obligatorio abonarlo en dichas fechas?

En verdad se interpreta que rige el mismo plazo que para cualquier otro concepto, es decir al cuarto (4) día hábil. Se entiende que el espíritu de la LCT apunta a que el aguinaldo se abone con las remuneraciones de junio y de diciembre, y no en épocas distintas.  Resulta complicado exigir el pago el mismo día 30 de junio o el 31 de diciembre cuando, por ejemplo, existenremuneraciones variablesy es necesario esperar la terminación del mes para saber cuál será la mejor remuneración del semestre; o simplemente, en el caso de sueldos fijos o jornales por día o por hora, en los que también puede ser necesario determinar si las remuneraciones de junio o diciembre pueden llegar a ser superiores a las del resto del semestre. Por tales razones creemos que es posible abonar cada cuota del aguinaldo dentro del plazo del artículo 128 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir hasta cuatro días hábiles posteriores al 30 de junio o el 31 de diciembre.

 

¿Cual es la posición que ha adoptado la Cámara  Nacional del Trabajo?

Sobre el particular la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se expidió diciendo: “que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128, LCT, el plazo para el pago del sueldo anual complementario correspondiente al primer semestre de 1981 venció el 6 de julio por lo que la mora se produjo el día 7” (CNTC, Sala III, “Gonzáles, Rico A c/WDW SA”, Sentencia 50.028 del 28 de junio de 1985).
La Cámara del Trabajo de la Capital, a través de la Sala X, mantuvo la posición anterior diciendo que “El juego armónico de las disposiciones de los artículos. 122 y 128 de la ley de contrato de trabajo determina que no resulta extemporáneo el pago del “aguinaldo” dentro de los cuatro días hábiles posteriores al vencimiento de cada uno de los semestres del año.” CNTrab., Sala X, 1999/09/30. — (Ministerio de Trabajo c. Nuevos Rumbos SA s/sumario.)

 

A TENER EN CUENTA:

Proyecto de Ley. Modificación de la fecha de pago del Sueldo Anual Complementario

Artículo 1: Modificase el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744, el que queda redactado de la siguiente forma:

Art 122: El sueldo anual complementario es abonado en dos cuotas: la primera de ellas con vencimiento el treinta (30) de junio y la segunda con vencimiento el dieciocho (18) de diciembre de cada año.

El importe a abonar en cada semestre es igual a la doceava parte de las retribuciones devengadas en dichos lapsos, determinados en conformidad al artículo 121 de la presente ley.

A fin de determinar la segunda cuota del sueldo anual complementario el empleador debe estimar el salario correspondiente al mes de diciembre. Si dicha estimación no coincidiera con el salario efectivamente devengado, se procederá a recalcular la segunda cuota del sueldo anual complementario.

La diferencia que resultare entre la cuota reclamada y la abonada el dieciocho (18) de diciembre se integrara al salario del mes de diciembre.

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Legislación del Día: Producción y circulación en la vía pública de automotores fabricados artesanalmente o en bajas series para uso particular.

Doctrina del día: Tratamiento impositivo en la compra de vehiculos - López, Marianela

TRANSITO
Ley 26.938
Producción y circulación en la vía pública de automotores fabricados artesanalmente o en bajas series para uso particular.
Sancionada: Mayo 21 de 2014
Promulgada de Hecho: Junio 18 de 2014

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina
reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de
Ley:
PRODUCCION Y CIRCULACION EN LA VIA PUBLICA DE AUTOMOTORES FABRICADOS ARTESANALMENTE O EN BAJAS SERIES PARA USO PARTICULAR
ARTICULO 1° — Objeto. Esta ley regula la producción y circulación en la vía pública de automotores fabricados artesanalmente o en bajas series para uso particular, definidos en el artículo 5°, inciso x) de la ley 24.449.
ARTICULO 2° — Categorías. A los efectos de esta ley se establecen dos (2) categorías de automotores:
a) Los que sean fabricados artesanalmente y/o en series reducidas, y, que para circular deben ser registrados en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Estos automotores serán de los tres (3) tipos siguientes:
a.1 Automotor Reproducción (AR1) que copia fielmente un determinado modelo original cuya producción haya cesado al menos treinta (30) años antes del momento de iniciarse la fabricación de su reproducción.
a.2 Automotor Réplica (AR2) que replica no fielmente un determinado modelo original cuya producción haya cesado al menos treinta (30) años antes del momento de iniciarse la fabricación de su réplica.
a.3 Automotor Inédito (AI) compuesto por una estructura y carrocería de diseño original e inédito.
b) Los que resulten de la restauración o reforma de automotores existentes, que se encuentren ya registrados como tales en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Estos automotores serán de dos (2) tipos siguientes:
b.1 Automotor Reformado (AR3) que ha sido modificado estructuralmente y/o repotenciado.
b.2 Automotor Restaurado (AR4) que ha sido íntegramente vuelto a su estado original, y cuya antigüedad sea de al menos treinta (30) años.
ARTICULO 3° — Uso particular. Esta ley alcanza solamente a los automotores para uso particular.
ARTICULO 4° — Definiciones. A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) “Reformado estructuralmente” a la transformación parcial o total, mediante la reforma, de la estructura portante, de su chasis o estructura, o monocasco o autoportante;
b) “Motorización” a la fuente de potencia del automotor;
c) “Repotenciado” al aumento o disminución de las prestaciones de la motorización respecto del original;
d) “Mecánica” son los sistemas para:
d.1 La transmisión de la potencia motriz, o
d. 2 El gobierno direccional, o
d. 3 El gobierno frenante, o
d.4 Para la amortiguación y atenuación de las imperfecciones del camino.
e) “Restauración” de un automotor (AR4) es la recuperación de la estética, la estructura, la mecánica y la motorización, del deterioro que hubiera sufrido, aun por el mero paso del tiempo.
ARTICULO 5º — Registro de Fabricantes. La Secretaría de Industria mantendrá un registro de fabricantes de automotores producidos artesanalmente o en bajas series para uso particular. La inscripción en este registro será condición necesaria para que estos fabricantes sean autorizados a suscribir los certificados de fabricación correspondientes.
La inscripción en este registro deberá estar acompañada por la nominación de un representante técnico del fabricante que deberá tener título de ingeniero mecánico o industrial, con incumbencia certificada por el Consejo Profesional y antecedentes en la industria automotriz o autopartista, y en el aseguramiento de la calidad en la producción automotriz.
ARTICULO 6° — Certificado de fabricación. El fabricante de automotores comprendidos en esta ley suscribirá, por cada unidad que fabrique un Certificado de Fabricación que deberá estar suscripto por el representante técnico, donde constará como mínimo la marca y modelo, tanto de la estructura, como de la carrocería y del motor y la correspondiente categoría y tipo del automotor.
Para cada modelo deberá acompañarse una memoria descriptiva con planos, y/o croquis, y/o fotografía de la estructura, la mecánica y motorización, y la carrocería suscripta por el representante técnico.
Los componentes usados que se utilicen como partes constitutivas de estos automotores deberán cumplir con lo prescripto por la ley 25.761 “Ley de Desarme” y sus modificatorias.
ARTICULO 7° — Producción máxima. La producción máxima admitida de automotores por cada tipo de cada categoría prevista en el artículo 2°, y para cada fabricante, no podrá superar en el lapso de doce (12) meses las siguientes cantidades:
a) Para las categorías AR1, AR2 y Al: cada fabricante podrá producir hasta un máximo de cien (100) automotores;
b) Para las categorías AR3 y AR4: cada productor podrá estar habilitado para procesar hasta un máximo de cincuenta (50) automotores por año.
ARTICULO 8° — Automotores patentados con anterioridad. Cuando se trate de automotores que hayan sido patentados con anterioridad (tipo AR3 o AR4), el representante técnico emitirá un Certificado de Fabricación aclarando que se trata de una reforma o restauración, que será registrada en el Título de Propiedad del Automotor, en su Legajo y en su Cédula.
ARTICULO 9° — Conservación de la documentación. El representante técnico del fabricante y/o restaurador y/o reformador, debe mantener archivada y disponible para su consulta por la autoridad competente, toda la documentación relativa a los automotores fabricados, restaurados o reconstruidos, por el término de, al menos, diez (10) años contados a partir de la finalización de la producción, restauración o reconstrucción de cada automotor.
ARTICULO 10. — Patentamiento. El Registro Nacional de la Propiedad Automotor deberá establecer un régimen específico para el patentamiento y otorgamiento del correspondiente título de propiedad de los automotores definidos en el artículo 2° de la presente ley que deberá incorporar los requisitos de la presente.
ARTICULO 11. — Aptitud para circular. Todo automotor clasificado en la presente ley, tendrá la aptitud para circular que determina la Ley de Tránsito 24.449 y sus modificatorias.
ARTICULO 12. — Revisión técnica obligatoria especial. Todos los automotores tipificados en esta ley, están sujetos a una Revisión Técnica Obligatoria Especial anual, que debe ser realizada exclusivamente por un ingeniero mecánico o industrial, con incumbencia certificada por el Consejo Profesional competente.
Disposiciones finales
ARTICULO 13. — La presente ley es complementaria de la Ley de Tránsito 24.449.
ARTICULO 14. — La Agencia Nacional de Seguridad Vial creada por la ley 26.363 reglamentará la presente ley en aquellos aspectos vinculados con sus atribuciones y funciones.
ARTICULO 15. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
— REGISTRADA BAJO EL N° 26.938 —
JULIAN A. DOMINGUEZ. — AMADO BOUDOU. — Juan H. Estrada. — Lucas Chedrese.

Fallo del Día: Actuación ante el SECLO – Cuestión que debe tramitar ante la Justicia en lo Civil – Art. 43 bis del Decreto Ley 1285/58. AUTOR (Garcia, Hector Horacio)

Legislación del día: Digitalización de los Manifiestos Originales de Carga de Importación, del Rancho y de la Pacotilla.

2a Instancia.- Buenos Aires, 26 de marzo de 2014.

Considerando

Que, el recurrente se agravia contra la resolución de la Sra. Jueza “a quo” que se declara incompetente para entender en la presente acción (fs.7). Sostiene, entre otros fundamentos, que el reclamo objeto de este juicio, es de clara naturaleza civil, desde que el tema central a dilucidar en la controversia versa sobre la regulación y el cobro de los honorarios por una actuación profesional, que aunque haya sido llevada a cabo en una instancia administrativa laboral, lo ha sido en el marco de una típica locación de servicios.

Que, en atención al planteo en tratamiento se han remitido las actuaciones a la Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que se expidió según Dictamen N° 59.650 de fs. 15/vta., cuyos términos se comparten y en honor a la brevedad se dan por reproducidos en la presente.

Que, en el caso, tal como lo destaca el Sr. Fiscal General en su tesis, cabe recordar que, si bien para dilucidar las cuestiones de competencia se debe atender principalmente a la exposición de los hechos de la demanda – art. 4 del Código Procesal Civil y Comercial y art. 67 de la Ley 18.345 –, también se torna clave determinar la génesis del reclamo, así como la relación de derecho existente entre las partes.

Que, en el escrito de inicio, surge que el actor, por derecho propio, interpuso la presente acción requiriendo la regulación y cobro de sus honorarios por su actuación profesional como letrado patrocinante del representante legal de la sociedad requerida en el trámite administrativo ante el Se.C.L.O. en el que se arribó a un acuerdo conciliatorio.

Que, en ese contexto, en la presente causa se advierte que la pretensión se encuadra en lo prescripto por el art. 43 bis del Decreto Ley 1285/58 (texto según ley 23.637), norma que establece que las cuestiones referentes a la actuación profesional derivada de una prestación de servicio, es materia propia de la Justicia Nacional en lo Civil.

Que, en consecuencia, corresponde confirmar la resolución de primera instancia de fs. 7. Sin costas atento a la ausencia de controversia.

Por ello, el Tribunal resuelve:

I) Confirmar la resolución de fs. 7 y remitir la presente causa a la Justicia Nacional en lo Civil. II) Sin costas atento a la ausencia de controversia.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.586 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013. Regístrese, notifíquese y vuelvan.- Graciela L. Craig.- Luis A. Raffaghelli.