Legislación del Día: Se modifica la Ley de impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural.

Se declara el día 10 de abril de 2014 como inhábil a los efectos procesales en el ámbito del Fallo del Día: Tribunal Fiscal de la Nación

IMPUESTO SOBRE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y EL GAS NATURAL
Ley 26.942
Ley N° 23.966. Modificación.
Sancionada: Mayo 28 de 2014.
Promulgada: Junio 17 de 2014

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina
reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de
Ley:

ARTICULO 1° — Sustitúyese el artículo 4° del capítulo I, título III de la ley 23.966, de impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 4°: Los productos gravados a que se refiere el artículo 1° y las alícuotas del impuesto son los siguientes:

La base imponible a tomar en cuenta a los fines de la liquidación del impuesto aplicable a la nafta virgen y a la gasolina natural, será la correspondiente a la nafta sin plomo de más de noventa y dos (92) RON.

El monto resultante de la liquidación del impuesto a cargo de los responsables de la obligación tributaria no podrá ser inferior al que resulte de la aplicación de los montos del impuesto por unidad de medida que se establecen a continuación:

También estarán gravados con la alícuota aplicada a las naftas de más de noventa y dos (92) RON, los productos compuestos por una mezcla de hidrocarburos, en la medida en que califiquen como naftas de acuerdo con las especificaciones técnicas del decreto reglamentario, aun cuando sean utilizados en una etapa intermedia de elaboración, tengan un destino no combustible o se incorporen a productos no gravados, excepto cuando sea de aplicación el inciso c) del artículo 7°.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para la implementación de las alícuotas diferenciadas para los combustibles comprendidos en los incisos a), b), c), d) e i), cuando los productos gravados sean destinados al consumo en zonas de frontera, para corregir asimetrías originadas en variaciones de tipo de cambio. Tales alícuotas diferenciadas se aplicarán sobre los volúmenes que a tal efecto disponga para la respectiva zona de frontera el Poder Ejecutivo nacional.
El Poder Ejecutivo nacional determinará, a los fines de la presente ley, las características técnicas de los productos gravados no pudiendo dar efecto retroactivo a dicha caracterización.
El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para incorporar al gravamen productos que sean susceptibles de utilizarse como combustibles líquidos fijando una alícuota similar a la del producto gravado que puede ser sustituido. En las alconaftas el impuesto estará totalmente satisfecho con el pago del gravamen sobre el componente nafta.
En el biodiésel combustible el impuesto estará totalmente satisfecho con el pago del gravamen sobre el componente gasoil u otro componente gravado, no pudiendo modificarse este tratamiento hasta el 31 de diciembre de 2015. El biodiésel puro no podrá ser gravado hasta dicha fecha.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a prorrogar el plazo consignado en el párrafo precedente.
ARTICULO 2° — Sustitúyese el artículo 1° de la ley 26.028, por el que a continuación se indica:
Artículo 1°: Establécese en todo el territorio de la Nación, con afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura vial y/o a la eliminación o reducción de los peajes existentes, a hacer efectivas las compensaciones tarifarias a las empresas de servicios públicos de transportes de pasajeros por automotor, a la asignación de fondos destinados a la mejora y profesionalización de servicios de transporte de carga por automotor y a los subsidios e inversiones para el sistema ferroviario de pasajeros o de carga, de manera que incida en una sola de las etapas de su circulación, un impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o importación, de gasoil o cualquier otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2024.
El biodiesel que fuera empleado como combustible líquido en la generación de energía eléctrica se encontrará exceptuado del presente impuesto hasta el 31 de diciembre de 2015. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a prorrogar el plazo referido.
El impuesto mencionado en el primer párrafo será también aplicable al combustible gravado consumido por el responsable, excepto el que se utilizare en la elaboración de otros productos sujetos al mismo, así como sobre cualquier diferencia de inventario que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, siempre que no pueda justificarse la diferencia por causas distintas a los supuestos de imposición.
A los fines del presente gravamen se entenderá por gasoil al combustible definido como tal en el artículo 4° del anexo del decreto n° 74 de fecha 22 de enero de 1998 y sus modificatorios, reglamentario del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural.
Teniendo en consideración que la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ha emitido las normas técnicas que posibilitan la utilización del gas licuado para uso automotor, la transferencia de dicho combustible, en el caso de estaciones de carga para flotas cautivas, resultará alcanzada por el presente impuesto.
ARTICULO 3° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.942 —
JULIAN A. DOMINGUEZ. — AMADO BOUDOU. — Lucas Chedrese. — Juan H. Estrada.

Fallo del Dia: Marcas de Fábrica

MARCAS DE FABRICABuenos Aires, junio 10 de 2014.

Considerando: I. La Asociación del Fútbol Argentino (“AFA”), Santa Mónica de Argentina S.A. y Procter & Gamble Argentina S.R.L. (“P&G”), con fundamento en los artículos 232 del Código Procesal, 50 del ADPIC -aprobado por la ley 24.425-, 10 y concordantes del Convenio de París, 953 del Cód. Civil y la Ley de Marcas, solicitaron el dictado de una medida cautelar persiguiendo que se ordene a Unilever de Argentina S.A. el cese inmediato de la difusión en cualquiera de las versiones de su campaña publicitaria “sponsor oficial de todo lo que aprendemos cuando estamos creciendo” y/o cualquier variante, por cualquier tipo de medio de comunicación, por considerar que causa confusión en el público al asociar la marca “ALA” como patrocinador oficial de la Selección Nacional de Fútbol, cuando de hecho no lo es.

Explicaron que a raíz de la contratación que celebraron, cuya copia acompañan, es “P&G” quien está facultada a utilizar las designaciones, imágenes y marcas de la “AFA” en su carácter de proveedor oficial categoría nacional; en otras palabras, que es “P&G” quien puede asociar la imagen corporativa de su marca “ARIEL”, a la imagen de las selecciones nacionales representativas de “AFA”.

II. Dicha solicitud cautelar fue denegada por el magistrado a quo, quien ponderó que de la documentación adjuntada no se infería de manera alguna el uso por parte de la destinataria de la medida de los signos marcarios registrados por la “AFA”.

III. Esta decisión originó la apelación de las peticionarias, quienes cuestionaron la resolución por desentenderse de la real pretensión planteada, y además prescindir de los elementos incorporados a la causa. En ese sentido, hacen hincapié en que pretenden la detención de la campaña publicitaria de carácter engañoso que los perjudica, en tanto -según sostienen- la combinación de todos los elementos que utiliza “Unilever”, a pocos días del Campeonato Mundial de Brasil, manifestando ser sponsor oficial asociado a los colores celeste y blanco y con la imagen del subcapitán del seleccionado ubicado en el túnel de un estadio de fútbol, implica hacerse pasar por sponsor oficial de la selección mundial de fútbol, lo que así es percibido por el consumidor, como surge del sondeo de opinión efectuado por la empresa “TrialPanel”, aportado en autos.

IV. Así delimitada la jurisdicción revisora del Tribunal, cabe recordar que el artículo 50 del Trip’s (aprobado por la ley 24.425) permite a las autoridades judiciales adoptar medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a “evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquellas; inclusive las mercancías importadas inmediatamente después del despacho de aduana” (apartado 1.a). Tal medida puede ser dispuesta aún sin ser oída la parte contra la cual se pretende impedir la explotación, siempre que el peticionario presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre que es el titular del derecho y que su derecho es o va a ser objeto inminente de infracción (apartados 2 y 3). Esto quiere decir que se debe formar la convicción del juez acerca del derecho del peticionario (confr. apartado 3 cit. y esta Sala, causa n° 5.004/03 del 21/08/2003, entre muchas otras).

Es que el requisito de la verosimilitud en el derecho (artículo 195 del Código Procesal) no es, en principio, ajeno a las medidas específicas del derecho industrial (ver art. 35 de la ley 22.362 y art. 25 del decreto-ley 6673/1963; conf. esta Sala, causas n° 5.004/03 cit. y 5.888/07 del 04/09/2007), y en un examen dirigido a determinar su concurrencia no se puede soslayar que -como se señaló precedentemente-, la medida del artículo 50 del Trip’s permite obtener anticipadamente el cese de la explotación o el uso (conf. Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, 4ta. edición, Abeledo Perrot, pág. 298).

Ello implica que la cautelar solicitada tiene las particularidades de una medida innovativa, y por ende, resulta justificada una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión, debiendo observarse un criterio estricto toda vez que su dictado supone la alteración del estado de hecho o de derecho existente y un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (doctr. Fallos: 320:1633, entre otros). Por eso, este Tribunal tiene dicho que la verosimilitud en el derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa y requiere algo más que un fumus bonis iuris (conf. causas n° 5.888/07 cit., 11.829/04 del 22/10/2004 y 366/09 del 17/03/2009, entre otras).

Asimismo, se ha dicho que la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa (confr. Peyrano, J.W. “La verosimilitud del derecho invocado como presupuesto del despacho favorable de una medida cautelar innovativa”, LA LEY 1985-D, 112). En sentido concordante, el Máximo Tribunal ha señalado que todo sujeto que pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida precautoria debe acreditar prima facie la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifican resoluciones de esa naturaleza (confr. Sala II, causa n° 1.163/13 del 05/07/2013 y sus citas).

V. Dicho lo expuesto y visto el anuncio publicitario objeto de las presentes medidas (CD en Anexo K-1 -fs. 93-), el Tribunal estima que la verosimilitud en el derecho invocado encuentra adecuado sustento en el citado artículo 50 del ADPIC, lo dispuesto en el artículo 10 bis del Convenio de Paris, la titularidad de las marcas invocadas (ver fs. 132/161), y en el contrato de patrocinio obrante a fs. 28/49; de éste se derivaría el derecho de uso exclusivo de “P&G” -en su carácter de proveedor nacional- de asociar la imagen corporativa de su marca “ARIEL” a las Selecciones de Fútbol representativas de la “AFA” y sus símbolos oficiales, en la comercialización de artículos de limpieza para máquinas lavadoras automáticas, en el período 10/06/2013 – 31/12/2015.

En efecto, la publicidad de referencia se encuentra protagonizada por el futbolista Javier Mascherano, figura actual del Seleccionado Argentino de Fútbol; éste aparece representado de niño vistiendo una camiseta con los colores celeste y blanco; de adulto el futbolista luce una camiseta azul con su nombre impreso en la espalda, vislumbrándose lo que parece el número que lleva en el equipo, el “14”. Así se lo muestra en el túnel de acceso al campo de juego, con una pelota, disponiéndose a ingresar a disputar un partido de fútbol. El anuncio finaliza con una leyenda y con voz en off de un locutor que dice: “ALA SPONSOR OFICIAL DE TODO LO QUE APRENDEMOS CUANDO ESTAMOS CRECIENDO”. Similar composición presentan los anuncios en Internet (conf. fs. 54/79), donde además la imagen de Mascherano aparece junto a la frase “ALA YA ESTAMOS LISTOS PARA TRANSPIRAR LA CAMISETA…”, sobre un fondo celeste y blanco y papelitos de idéntico color cayendo sobre la frase (ver fs. 69).

En la proximidad del Mundial Brasil 2014, la imagen del jugador Mascherano tal como es presentada en la publicidad, junto a la referencia “SPONSOR OFICIAL”, puede razonablemente generar confusión en el público en el sentido de que “ALA” es sponsor oficial de la Selección Argentina de Fútbol. De hecho esa es la conclusión a la que arribaron 8 de cada 10 personas encuestadas en el marco de la medición ad hoc efectuada por “TrialPanel” a pedido de las peticionarias (ver fs. 81/86).

A esta altura, es pertinente recordar que este Tribunal tiene dicho que una determinada estrategia publicitaria es una manifestación de la libertad de expresión y goza de protección constitucional (arts. 14 de la Constitución Nacional; 13, incisos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos); no obstante ello, quien desarrolla una campaña publicitaria no queda exento de responder por las conductas que, eventualmente, infrinjan las leyes que reglamentan legítimamente el ejercicio de los derechos, por ejemplo, los contemplados en las leyes 22.362 y 22.802, el Convenio de Paris (ley 17.011) y el ADPIC (ley 24.425) (confr. Sala I, causa n° 2.117/09 del 26/03/2009 y sus citas).

De otro lado, debe tenerse presente el derecho constitucional de los consumidores a una información adecuada y veraz y a la protección de la libertad de elección; y que, por su parte, las empresas que actúan en el mercado local tienen derecho a concurrir conforme a prácticas leales y lícitas y también tienen derecho a acciones positivas de las autoridades tendientes a evitar toda forma de distorsión indebida (art. 42, segundo párrafo, de la Constitución; causa 2.117/09 cit.).

Desde esta óptica, en función de los elementos hasta el momento agregados, es dable concluir que la campaña publicitaria impugnada puede verosímilmente traer a confusión al público en tanto siembra la idea de que “ALA” es sponsor oficial del Seleccionado Argentino de Fútbol, lo cual prima facie no es cierto, sin que sea prudente descartar el impacto negativo para quien verdaderamente reviste esa categoría en el mercado de los detergentes en polvo y líquido para máquinas lavadoras automáticas, que tal premisa -errónea- podría provocar en el consumidor a la hora de formular su elección entre los distintos productos que se le ofrecen.

En consecuencia, recordando que para la procedencia de una cautelar como la pretendida -aun cuando tiene carácter innovativo-, no es condición que el derecho invocado configure una realidad incontrastable, bastando que presente suficiente grado de verosimilitud, acorde con la naturaleza de la medida, y que esta situación, apreciada con el carácter provisional propio de la problemática examinada, se da en el caso a partir de la difusión de la aludida campaña publicitaria, corresponde acceder a la pretensión de las accionantes, bien que excluyendo lo peticionado en torno al packaging de los productos (conf. punto II-(ii) de fs. 115vta.). Ello así, toda vez que no se advierte en la presentación de los artículos exhibidos en las góndolas (ver fotografías y acta notarial de fs. 98/114 y elementos reservados como anexo N) la composición de elementos que favorecen la asociación directa con la Selección Nacional (v.gr. figura del jugador Mascherano o la terminología “sponsor oficial de…”).

VI. Teniendo en consideración el alcance e impacto patrimonial de la medida, y que la contracautela real no tiene solamente por finalidad garantizar el efectivo resarcimiento de los daños que se pudieren causar, sino su rápida y expeditiva percepción -propósito que no encuentra adecuada garantía en la caución juratoria que pretenden las apelantes (ver fs. 125vta.)-, el Tribunal estima apropiado fijar una caución real de pesos quinientos mil ($500.000) (confr. art. 50 cit., inc. 3), que se considera acorde con los intereses en juego, la importancia y el giro comercial de los sujetos involucrados. Su integración deberá satisfacerse con carácter previo al diligenciamiento de la medida, ante el juez de primera instancia, y podrá ser sustituida por un seguro de caución.

Por ello, y sin que lo decidido implique avanzar opinión sobre la cuestión de fondo, el Tribunal resuelve: revocar la resolución de fs. 163/165vta. y hacer lugar parcialmente a la medida requerida. En consecuencia, se ordena a Unilever de Argentina S.A. que cese en forma inmediata en la difusión y proceda a la remoción de aquellas publicidades ya exhibidas, en cualquiera de las versiones de la campaña publicitaria “sponsor oficial de todo lo que aprendemos cuando estamos creciendo” y/o cualquier variante que incluya la composición descripta en la presente resolución (conf. Considerando V), por cualquier tipo de medio de comunicación. Ello, previa integración de la caución ut supra dispuesta.

Hágase saber a los letrados que deberán registrar, validar y constituir por escrito en el expediente su domicilio electrónico, bajo apercibimiento, en su caso, de notificar por ministerio de la ley las sucesivas resoluciones y providencias del tribunal (conf. Acordada CSJN n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17/10/2013-).

La doctora Graciela Medina no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN). — Ricardo G. Recondo. — Guillermo A. Antelo.