Legislación de Dia: Se reconoce la ampliación del ámbito de actuación con alcance de Personería Gremial al Sindicato de Obreros Curtidores.

Legislación de Dia: Se reconoce la ampliación del ámbito de actuación con alcance de Personería Gremial al Sindicato de Obreros Curtidores.VISTO el expediente N° 1.563.760/13 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 23.551 y sus modificatorias por Leyes N° 25.674 y N° 26.390; Decretos Reglamentarios N° 467/88 y N° 514/03, y
CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO DE OBREROS CURTIDORES, con domicilio en Giribone N° 789, Avellaneda, Provincia de BUENOS AIRES, solicita la ampliación del ámbito de actuación territorial con carácter de Inscripción Gremial.
Que la mencionada entidad obtuvo Personería Gremial otorgada por Resolución N° 77 de fecha 23 de mayo de 1946 de la entonces SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION, se halla registrada bajo el N° 10.
Que por Resolución N° 58 de fecha 18 de enero de 2012 la entidad tiene aprobado en forma estatutaria como zona de actuación todo el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA.
Que la entidad dio cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 21 inciso “b” de la Ley N° 23.551 y el artículo 19 del Decreto Reglamentario N° 467 de fecha 14 de abril de 1988.
Que el reconocimiento de la vocación de representar de la entidad cuya inscripción se solicita, no implica adelantar juicio sobre la capacidad de representación la cual, de solicitarse la personería gremial, será evaluada de acuerdo a los artículos 25 y 28 de la Ley N° 23.551, sin que pueda alegarse contradicción de la administración en el ejercicio de las facultades que le confieren las normas jurídicas mencionadas.
Que consecuentemente corresponde aprobar la ampliación del ámbito de actuación con carácter de Inscripción Gremial acreditado por la peticionante.
Que la presente se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 23, inciso 7°, de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y en atención a lo dispuesto por Decreto N° 355/02.
Por ello,
EL MINISTRO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Reconócese al SINDICATO DE OBREROS CURTIDORES, con domicilio en Gribone N° 789, Avellaneda, Provincia de BUENOS AIRES, la ampliación del ámbito de actuación con carácter de Inscripción Gremial para agrupar a los trabajadores en relación de dependencia con curtiembres, dedicados a la curtiduría, procesamiento, subsecado por medios mecánicos habituales y terminación de cueros; con zona de actuación en la localidad de Las Rosas de la Provincia de SANTA FE. Ello sin perjuicio de los recaudos que pueda exigirse a la entidad al momento de solicitar la personería gremial, cuestión ésta que deberá sustanciarse de conformidad con lo regulado por los artículos 25 y 28 de la Ley N° 23.551, sin que pueda alegarse contradicción de la administración en el ejercicio de las facultades que le confieren las normas jurídicas mencionadas.
ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dr. CARLOS A. TOMADA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Fallo del Día: Omisión de declarar depósitos bancarios.Multa en el Impuesto sobre los Bienes Personales.Falta de acreditación del dolo.Reencuadramiento de la sanción.Carencia de la fecha de emisión del acto.Rechazo de la nulidad.

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Buenos Aires, febrero 28 de 2014.

El doctor Urresti dijo:

I. Que a fs. 16/19 vta. se interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 29 de noviembre de 2011, suscripta por la Jefa de la División Jurídica Dirección Regional Mar del Plata de la AFIP-DGI, mediante la cual se aplica una multa en el Impuesto a los Bienes Personales por los períodos fiscales 2007, 2008, 2009 y 2010 equivalente a dos tantos del gravamen supuestamente omitido de ingresar al fisco, con sustento en lo dispuesto por el artículo 46 y 47 inc. b) con la reducción prevista por el artículo 49 de la ley 11.683 (t.o. vigente).

Sostiene que el acto administrativo apelado adolece de nulidad ya que carece de fecha, incumpliendo lo dispuesto por el artículo 8° de la ley 19.549, que preceptúa que los actos administrativos se manifestarán por escrito, indicando el lugar y fecha en que se los dicta.

Prosigue que surgiendo claramente la violación a las formas esenciales para el dictado del acto administrativo se impone su nulidad (art. 14 de la ley 19.549) debiendo el Tribunal así declararlo.

Explica que dado que la contribuyente es de nacionalidad extranjera, desconocía la normativa tributaria del país y no se inscribió como responsable en el impuesto a los Bienes Personales ni presentó las declaraciones juradas correspondientes.

Manifiesta que no se vislumbra un ocultamiento por parte del contribuyente cuando los bienes a declarar eran depósitos bancarios, los que fueron transferidos de un banco del exterior a la sucursal en Argentina.

Expresa que es evidente la falta de intención defraudatoria y que no puede fundamentarse en la presunción de ocultamiento malicioso sin el mínimo sustento fáctico, cierto e indubitable que exige el artículo 47 para sostener esa conjetura.

Cita doctrina y jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva del caso federal, solicita que se revoque el acto administrativo y se reencuadre su conducta en el art. 45 de la ley 11.683, manteniéndose la aplicación de su art. 49, con costas.

A fs. 30/40 contesta el representante fiscal el traslado del recurso conferido a fs. 24.

Niega todos y cada uno de los hechos invocados por la actora que no sean materia de explícito reconocimiento en el escrito de responde o no surjan en forma indubitada de los antecedentes administrativos que se acompañan.

Considera que la nulidad opuesta carece de asidero ya que el recurrente no fue privado de su derecho de defensa ni explicó en qué medida se le causó un gravamen insuceptible de ser reparado en la presente instancia.

Señala que en la resolución apelada, la que sé encuentra agregada a fs. 34/44 de los antecedentes administrativos, se puede observar la fecha de su dictado la que data del 29 de noviembre de 2011.

Sostiene que el acto apelado se sustenta en los hechos y antecedentes que le sirven de causa así como en el derecho vigente, se encuentra motivado y el texto legal es procedente.

Expresa que en el caso la transgresión quedó configurada dado que el recurrente incumplió en forma dolosa con la presentación de las declaraciones juradas omitiendo el ingreso del impuesto correspondiente.

Considera que la presentación de declaraciones juradas rectificativas una vez comenzada la inspección demuestra la falta de espontaneidad por parte del recurrente quien de ninguna forma puede ser eximido de sanción.

Afirma que el recurrente aceptó el ajuste procediendo a rectificar lo declarado, consintiendo por tanto, que en la oportunidad prevista por la ley ingresó una cantidad menor de impuesto de la que correspondía.

Manifiesta que la doctrina y la jurisprudencia son claras cuando expresan que probada la existencia del elemento material es dable inferir la presencia del elemento subjetivo, razón por la cual, se le exige al imputado la prueba de su inocencia.

Considera que en las presentes actuaciones el ardid estuvo configurado por las ocultaciones maliciosas, que fueran verificadas por el juez administrativo, dado que el contribuyente omitió declarar su realidad tributaria en forma voluntaria.

Sostiene que el apelante no ha aportado ni ofrecido elementos probatorios idóneos que permitan enervar el procedimiento llevado a cabo por la Administración Fiscal.

Cita doctrina y jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución administrativa, con costas.

Que en el punto 2°) de la resolución de fs. 41 se resolvió tratar la nulidad articulada por la apelante con la cuestión de fondo y a fs. 44 se elevan los autos a consideración de la Sala C y a fs. 47 se ponen a sentencia.

II. Que previo a todo corresponde tratar el planteo de nulidad incoado por la recurrente quien sostiene que la resolución de la Administración Fiscal adolece de nulidad por carecer el acto administrativo de fecha de emisión.

Que para plantear ello expresa que: “La resolución dictada es nula. Ello por cuanto, se ha omitido uno de los requisitos esenciales del acto administrativo. La resolución carece de la fecha en que fue dictada. Siendo ello así, se ha violado lo dispuesto por el artículo 8° de la ley 19.549 que dispone la forma que debe reunir el acto: “El acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito; indicará el lugar y fecha en que se lo dicta…”

Por lo que surgiendo claramente de la ley aplicable que la violación de las formas esenciales del acto impone la nulidad (art. 14) y siendo el mismo criterio el expuesto por la doctrina calificada, corresponde se declare la nulidad de la resolución atacada por carecer de uno de los elementos esenciales que debe reunir todo acto administrativo”.

Que en primer lugar debe señalarse que a fs. 33/44 de los antecedentes administrativos (cpo. sumario), que corren por cuerda agregados, obra el acto administrativo recurrido respecto del cual se puede observar posee fecha de emisión 29/11/2011, la que también se encuentra consignada en la cédula de notificación a la recurrente obrante a fs. 45 de dicho cuerpo.

Que de la lectura de la resolución apelada no se observa que la misma adolezca de vicio alguno, por el contrario, contiene los elementos jurídicos formales para declarar su validez, invoca la normativa legalmente tenida en cuenta para arribar a sus conclusiones, así como los conceptos y montos determinados, también menciona las circunstancias de hecho que la motivan, sin que ello implique prejuzgar sobre la pertinencia o no de los mismos, y se han cumplimentado los procedimientos establecidos, habiéndose posibilitado al contribuyente conocer la pretensión fiscal y elaborar su defensa.

Que corresponde señalar que esta Sala tiene dicho: “En tal sentido cabe destacar que tal excepción debe ser fundada en un interés jurídico, atento a que las nulidades procesales no pueden invocarse por el hecho de la nulidad misma, por lo que resulta necesario que el vicio respectivo haya colocado al recurrente en un verdadero estado de indefensión, ocasionándole un agravio no subsanable”.

“Que corresponde hacer notar que el objeto de las nulidades procesales está constituido por el resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio debiendo acreditarse el perjuicio concreto ocasionado a ese derecho. Procede advertir que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer el interés teórico sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio demostrado y concreto para el derecho de quien las pide, circunstancia que no ha sido acreditada en autos. Lo contrario sería declarar la nulidad por la nulidad misma. (“Sur, Cía. Argentina de Seguros S.A. s/ recurso de apelación” Exp. 9.986-I del 07/10/1999, “BGH s/ recurso de apelación”, Exp. N° 8.103-I del 2/10/2000, entre otros)”.

Siendo que no se violó el derecho de defensa y que los agravios expresados no logran la entidad suficiente para controvertir la validez del acto administrativo apelado, corresponde rechazar la nulidad invocada.

III. Que resulta menester que este Tribunal resuelva si se encuentra ajustada a derecho la multa aplicada con sustento en los art. 46 y 47 inc. b) de la ley 11.683, reseñando la normativa aplicable y los principios que la rigen.

Que según surge del informe final de inspección, obrante a fs. 130/134 de los antecedentes administrativos (cuerpo instr. C 401), la contribuyente es una persona física que se dedica a prestar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial, realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas.

Que de las consultas efectuadas por los funcionarios actuantes en las bases de datos de la AFIP-DGI se observó que la contribuyente realizó operaciones de compra, venta y repatriación de dólares estadounidenses con el banco Citibank.

Que asimismo se constató la venta de un inmueble por la suma de $244.000 mediante la escritura N° 637 de fecha 18/08/2008 con la intervención del Escribano Galmarini Alejandro Atilio.

Que con fecha 29/08/2011 se hizo presente en la División Fiscalización N° 1 el nuevo asesor de la contribuyente quien aportó un papel de trabajo y manifestó la voluntad de presentar las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales de los años 2007 a 2010 inclusive.

Que habiendo presentado el recurrente las declaraciones juradas rectificativas el 31/08/20111. es decir con anterioridad a que se le corriera vista de las actuaciones administrativas el 11/10/2011 resultan aplicables los artículos 13 in fine y 49 de la Ley de Procedimiento Tributario (ver informe final de inspección y resolución por la que se decide instruir sumario obrante a fs. 27/28 del cuerpo sumario)

Que sobre el particular, tiene dicho esta Sala que “la sola rectificación de las declaraciones juradas no implica de por sí la aplicación directa de la sanción, por considerar tal conducta como demostrativa de una voluntad previa de defraudar ni, por el contrario, puede ser entendida como eximente de toda pena” (“Sofca S.A. s/ recurso de apelación”, del 18/02/1999).

Que toda vez que en el sub lite se debate la procedencia de la sanción establecida por el Fisco Nacional, esto es, la multa prevista en el art. 46 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modificatorias), se debe reparar en los requisitos legales exigidos por dicho dispositivo legal y cotejarlos con la situación fáctica planteada.

Que dicho artículo exige para configurar la sanción tipificada la concurrencia de dos componentes: por un lado la omisión de pago del impuesto -elemento objetivo- y, por el otro, la conducta del sujeto en lo referido a su intención comisiva, que es el elemento subjetivo.

Que la actividad fiscalizadora derivó en un ajuste en el Impuesto a los Bienes personales determinándose el saldo a ingresar en $43.811,37. De ello se colige que en la especie hubo una omisión en el pago del impuesto, habida cuenta de que el contribuyente no presentó las declaraciones juradas originales en tiempo y forma omitiendo el ingreso del gravamen a las arcas del Estado.

Que el Fisco Nacional se basó en la presunción del art. 47 inc. b) de la Ley 11.683 para determinar la conducta dolosa del contribuyente y aplicar la sanción de multa apelada en autos, no obstante, omite una descripción pormenorizada de hechos que permitan materializar lo establecido en el inciso b) del artículo 47 de la ley 11.683 (t.o. vigente), como así tampoco ofrece y/o produce prueba a tal fin, sosteniendo genéricamente: “(…) Que en el caso, queda configurado (sic) la existencia de un actuar doloso, es decir con conocimiento de todos los elementos que integran el tipo objetivo y con voluntad de realizar los mismos”.

Que respecto a la omisión del pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas la Alzada ha señalado que “…no se discute que la inexactitud material entre la declaración presentada por el contribuyente y las constancias que surgen de sus libros contables existió y que dicha discrepancia pudo ser advertida por la inspección llevada a cabo con el solo cotejo de la declaración presentada y la contabilidad y demás comprobantes existentes en la empresa (…)”.

Entendiendo así que “…la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros, elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que “no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación (conf. H.D. Díaz Sieiro -R.D. Veljamovich – L. Bergoth, “Procedimiento Tributario”, 1993, comentario al art. 46 de la ley 11.683) (“Braun, Armando R.” C.N.A.C.A.F, Sala V del 23/05/2006 -voto mayoritario-, en igual sentido “Carlos Romero e Hijos y Cía. c. DGI” C.N.A.C.A.F. 02/05/2005).

Que debe señalarse que del informe final de inspección no se desprende que el contribuyente haya actuado con dolo y que a su vez el Fisco no acreditó que el contribuyente hubiese incurrido en ocultaciones maliciosas, de conformidad con la jurisprudencia ut supra mencionada.

Que el principio legal en esta materia es que la responsabilidad de los contribuyentes tiene origen en el hecho de presentar declaraciones juradas incorrectas y que aquélla no se extingue por el hecho de rectificarla con posterioridad, sin embargo, si esto último acaece antes de que se le corra la vista del sumario, el contribuyente se verá beneficiado con una reducción en el monto de la multa establecida.

La viabilidad de la recalificación legal ha’ sido reconocida en reiterados pronunciamientos de este Tribunal Fiscal (“Dicca ICSA”, pronunciamiento confirmado por la alzada el 23/12/1998 y “Ricciuto, Nicolás”, del 28/07/1994, entre otros).

Por todo lo expuesto, corresponde recalificar la conducta de la apelante encuadrándola en las previsiones del art. 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modificatorias) y graduar la sanción en el mínimo legal, esto es el 50% con la reducción prevista en el art. 49 del mismo cuerpo normativo, fijándola en $7.301,90 (pesos siete mil trescientos uno con 90 ctvos.). Las costas se imponen por su orden de conformidad con lo dispuesto por el art. 184 de dicho ordenamiento legal.

El doctor Buitrago dijo:

Que adhiere al voto del doctor Urresti.

El doctor Vicchi dijo:

Que adhiere a los considerandos I y II del voto del Vocal preopinante.

Que no habiendo probado él fisco nacional de manera fehaciente el dolo en el proceder de la aquí apelante, tal como relata el Dr. Urresti en el considerando III de su voto, se pronuncia en favor de la revocación de la sanción impuesta, con costas al fisco nacional.

En virtud de la votación que antecede, por mayoría, se resuelve: Recalificar la conducta de la apelante encuadrándola en las previsiones del art. 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modificatorias) y graduar la sanción en el mínimo legal, esto es el 50% con la reducción prevista en el art. 49 del mismo cuerpo normativo, fijándola en $7.301,90 (pesos siete mil trescientos uno con 90 ctvos.). Las costas se imponen por su orden de conformidad con lo dispuesto por el art. 184 de dicho ordenamiento legal. Juan C. Vicchi. — Esteban J. Urresti. — Ignacio J. Buitrago.

Fallo del Día: Inmunidad de jurisdicción de los estados extranjeros. Actos iure imperii. Compraventa de mercaderías internacional. AUTOR (Louge, A. Beltrán)

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S.C., L.185, L.XLVIII.

Suprema Corte:

— I —

A fs. 2202/2206, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala I, confirmó la sentencia de primera instancia, que hizo lugar al pedido de inmunidad de jurisdicción efectuado por el Gobierno de su Majestad Británica, al entender que la indemnización por daños y perjuicios reclamada por los actores tiene su origen en un acto iure imperii y no se encuentra encuadrada en el supuesto de excepción del art. 2°, inc. c, de la ley 24.488 de Inmunidad Jurisdiccional de los Estados Extranjeros ante los Tribunales Argentinos.

Así los magistrados clasificaron la emisión del certificado fitosanitario expedido por el Gobierno de su Majestad Británica, en el marco de la compraventa de mercaderías internacional, que los actores contrataron con las firmas Fieldfare Fool Ltd y The Forfar Potato Co. Ltd., para la importación a la Argentina -aproximadamente- de 10.500 bolsas de semillas de papas de 50 kg cada una, de la variedad Pentland Crow, cuyo embarque arribó al puerto de Mar del Plata el 30 de noviembre de 1980, ocasión en la que la autoridad sanitaria local decidió que las semillas remitidas no eran aptas para su comercialización o cultivo por la presencia de enfermedades que por su naturaleza no podían ingresar al país.

Para así decidir, tras relatar los antecedentes de la causa, fundaron su postura en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que surge a partir del caso “Manauta” (Fallos: 317:1880), que reconoce exenciones a la inmunidad jurisdiccional de los Estados, la cual luego fue recogida por la ley 24.488.

Asimismo, determinaron el alcance del término “actividad comercial o industrial” en el ámbito del art. 2°, inc. c, de la ley 24.488, con apoyo en la Convención Europea sobre Inmunidad de Jurisdicción de los Estados, en la Convención de Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, aprobada por la Asamblea General del 2 de diciembre de 2004 y abierta a la firma el 17 de enero de 2005 -que aún no se encuentra en vigencia-, y en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del caso “Cereales Asunción” (Fallos: 321:2594).

Con apoyo en esa doctrina e instrumentos internacionales, concluyeron que uno de los criterios de distinción es si esa actividad, por su naturaleza, puede ser llevada a cabo por un particular, o si sólo puede ser ejercida por un Estado, y sostuvieron que, si bien en el caso se trata de una actividad ejercida en ocasión de relaciones o transacciones comerciales, la emisión de dicho certificado constituye un acto de autoridad, en cuanto consiste en la manifestación del poder de policía que tiene por objeto la protección de la seguridad y la salubridad públicas, la cual se erige en una de las funciones esenciales del Estado.

Aclararon que ello significa que, los actos que se le imputan al Gobierno de Gran Bretaña en la causa, aun cuando favorezcan el desarrollo de la industria y del comercio y configuren requisitos necesarios para concretar operaciones de exportación e importación o cualquier otra actividad lícita, consisten en actividades que por su naturaleza deben considerarse actos de gobierno, ejercidos por la autoridad de un Estado soberano en el ámbito de sus competencias de policía sanitaria, por lo que deben ser juzgados por los tribunales del país emisor de ellos.

— II —

Disconforme con dicho pronunciamiento, los actores interpusieron el recurso extraordinario de fs. 2208/2221, que fue concedido por la cámara (fs. 2231/2232), únicamente en relación con el agravio relativo a la cuestión federal propuesta, al encontrarse controvertida la inteligencia del art. 2° de la ley 24.488, al tiempo que fue denegado por la causal de arbitrariedad. Sentado ello, y toda vez que no se interpuso la pertinente queja, la competencia del tribunal quedó limitada en la medida que la otorgó la alzada (Fallos: 322:2559 y 324:1721).

Se agravian, en lo sustancial, porque la interpretación que efectuó la cámara de la ley 24.488 de Inmunidad Jurisdiccional de los Estados Extranjeros ante los Tribunales Argentinos -a su entender- es errónea y conculca los arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional y 8.1, 21.1, 21.2 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Afirman que la emisión de los certificados fitosanitarios del Gobierno del Reino Unido debe clasificarse como un acto iure gestionis y no como un acto iure imperii, puesto que tuvo la misión de garantizar una operación de compraventa internacional de papas semilla, constituyendo la respectiva certificación fitosanitaria la actividad final de la operación comercial realizada, formadora de la voluntad negocial, que no tuvo por objeto una manifestación de soberanía o de poder público, ni de poder de policía sanitario (cita en apoyo de su postura la prueba obrante a fs. 3/18 y 392/407).

En consecuencia, sostiene que esa actividad, en razón de haber sido el aval de la operación comercial efectuada, configura el supuesto de excepción del art. 2°, inc. c, de la ley nacional 24.488, y no se encuentra protegida por la inmunidad de jurisdicción pretendida por la demandada.

Asimismo, manifiesta que la sentencia no configura un acto jurisdiccional válido, en cuanto aplica para la resolución del caso la Convención de las Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus bienes, que no se encuentra vigente en la actualidad.

— III —

A mi modo de ver, la cuestión debatida en autos resulta sustancialmente análoga a la que fue objeto de tratamiento por este Ministerio Público en su dictamen del 14 de diciembre de 2006, in re D.370, L.XLII., “Davidoff Constantino c. Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte s/ daños y perjuicios”, Recurso Extraordinario, al que V.E. se remitió en su sentencia del 18 de diciembre de 2007 (Fallos: 330:5237).

En virtud de lo expuesto en dicha oportunidad, a cuyos términos y consideraciones corresponde remitir, en todo lo pertinente, en razón de brevedad, entiendo que, en el caso de autos, la emisión de los certificados fitosanitarios expedidos por las autoridades de Gran Bretaña, en el marco de una compraventa internacional, no puede calificarse como acto iure gestionis, según la doctrina del tribunal de Fallos: 321:2594 (cons. 13, del voto de la mayoría).

En efecto, a mi entender, se trata de una actividad que trasunta el ejercicio de imperium por parte del Estado y, por lo tanto, está comprendida en el art. 1° de la ley 24.488 de Inmunidad Jurisdiccional de los Estados Extranjeros ante los Tribunales Argentinos, de tal forma que verificar el examen de los actos de un estado soberano por los tribunales de otro y acaso declarar su invalidez mediante una sentencia contra la voluntad del primero llevaría sin duda a poner en peligro las relaciones entre los gobiernos y turbaría la paz de las naciones (Fallos: 178:173; 323:3386, entre otros, y dictamen de esta Procuración General publicado en Fallos: 330:5237).

— IV —

Por lo expuesto, soy de opinión de que debe confirmarse la sentencia en todo cuanto fue materia de recurso extraordinario. — Buenos Aires, 29 de julio de 2013. — Laura M. Monti.

L.185, XLVIII.

Buenos Aires, junio 10 de 2014.

Considerando:

Que las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, cuyos fundamentos son compartidos por el Tribunal, y a los que corresponde remitirse en razón de brevedad.

Por ello, corresponde desestimar las peticiones formuladas a fs. 2236/2238, 2243/2245 y 2247 y, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, declarar procedente el recurso extraordinario interpuesto y confirmar el pronunciamiento apelado. Con costas. — Ricardo L. Lorenzetti. — Elena I. Highton de Nolasco. — Carlos S. Fayt. — Juan C. Maqueda.