Legislación del Día: Aprobación del Digesto Jurídico Argentino declarando la vigencia y no vigencia de determinadas leyes nacionales de carácter general.

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DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO

Ley 26.939

Aprobación.

Sancionada: Mayo 21 de 2014
Promulgada: Mayo 29 de 2014

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina
reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de
Ley:

CAPITULO I

Aprobación

ARTICULO 1° — Apruébase el Digesto Jurídico Argentino, consolidado al 31 de marzo de 2013.

ARTICULO 2° — Declárense vigentes las normas incorporadas al anexo I1, “Leyes nacionales de carácter general vigentes”, que integra la presente ley.

ARTICULO 3º — Declárense no vigentes las normas identificadas en el anexo II2, “Leyes nacionales de carácter general no vigentes”, que integra la presente ley.

ARTICULO 4º — Apruébase la referencia a las normas aprobadas por organismos supraestatales o intergubernamentales de integración de los que la Nación es parte, que se adjunta como anexo III3.

1 Los anexos se publican en el DVD adjunto.
2 Los anexos se publican en el DVD adjunto.
3 Los anexos se publican en el DVD adjunto.

CAPITULO II

Principios y contenido

ARTICULO 5º — La presente ley regula el ordenamiento de las leyes nacionales de carácter general vigentes por medio del procedimiento de consolidación normativa denominado Digesto Jurídico Argentino.

ARTICULO 6º — El Digesto Jurídico Argentino contiene:

a) Las leyes nacionales de carácter general vigentes, ordenadas por categorías;

b) Un anexo con las leyes nacionales de carácter general no vigentes, ordenado por categorías;

c) La referencia a las normas aprobadas por organismos supraestatales o intergubernamentales de integración de los que la Nación sea parte.

ARTICULO 7° — Las leyes que integren el Digesto Jurídico Argentino se identificarán por categorías con la letra correspondiente de acuerdo a la siguiente enumeración: ADM) Administrativo; ACU) Cultura, Ciencia y Tecnología; AED) Educación; ASA) Salud Pública; ASE) Seguridad; ASO) Acción y Desarrollo Social; B) Aduanero; C) Aeronáutico-Espacial; D) Bancario, Monetario y Financiero; E) Civil; F) Comercial; G) Comunitario; H) Constitucional; I) De la Comunicación; J) Diplomático y Consular; K) Económico; L) Impositivo; M) Industrial; N) Internacional Privado; O) Internacional Público; P) Laboral; Q) Medio Ambiente; R) Militar; S) Penal; T) Político; U) Procesal Civil y Comercial; V) Procesal Penal; W) Público Provincial y Municipal; X) Recursos Naturales; Y) Seguridad Social; Z) Transporte y Seguros.

CAPITULO III

Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino

ARTICULO 8° — Créase en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino que será continuadora de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Coordinación para la Confección del Digesto Jurídico Argentino.

Estará integrada por cuatro (4) senadores y cuatro (4) diputados, designados por cada una de las Cámaras, que formen parte de al menos una de las siguientes comisiones: de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.

La comisión bicameral dictará para sí su propio reglamento de funcionamiento.

ARTICULO 9° — La Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino tendrá las siguientes atribuciones:

a) Analizar las actualizaciones del Digesto Jurídico Argentino propuestas por el organismo de asistencia técnica y, en su caso, emitir el dictamen correspondiente para su aprobación por el Honorable Congreso de la Nación, conforme lo establecido en el capítulo IV;

b) Coordinar y supervisar la edición electrónica del Digesto Jurídico Argentino;

c) Resolver las consultas y las observaciones recibidas, previa recomendación de la Dirección de Información Parlamentaria, conforme lo establecido en el capítulo V;

d) Organizar actividades de difusión y publicidad del Digesto Jurídico Argentino. Especialmente, promover la difusión gratuita de la edición electrónica del Digesto Jurídico Argentino.

ARTICULO 10. — En el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino contará con la asistencia técnica de la Dirección de Información Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

CAPITULO IV

Procedimiento de actualización

ARTICULO 11. — Transcurridos cinco (5) días desde la publicación de una ley en el Boletín Oficial, la Dirección de Información Parlamentaria la incorporará al sitio web del Digesto Jurídico Argentino, encuadrándola en la categoría correspondiente de acuerdo con las establecidas en el artículo 7°.

ARTICULO 12. — La Dirección de Información Parlamentaria propondrá a la comisión bicameral la actualización del Digesto Jurídico Argentino conforme al procedimiento establecido en el presente capítulo.

ARTICULO 13. — Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11, y a los fines de la actualización del Digesto Jurídico Argentino, la Dirección de Información Parlamentaria planteará:

a) La consolidación de las normas en los casos que pudiere corresponder;

b) La identificación de las normas que han perdido vigencia durante el período de actualización.

ARTICULO 14. — En el procedimiento de actualización del Digesto Jurídico Argentino se observarán las siguientes pautas técnicas:

a) Consolidación: importa la refundición en un solo texto legal de normas análogas sobre una misma materia;

b) Ordenación: importa la aprobación de textos ordenados de materias varias veces reguladas o modificadas parcialmente;

c) Cantidades: las cifras o cantidades se expresarán en letras y números. En caso de posible divergencia se tendrá por válido lo expresado en letras.

ARTICULO 15. — No podrán introducirse modificaciones que alteren el espíritu de las leyes.

ARTICULO 16. — Las leyes se identificarán por la letra de la categoría correspondiente y un número arábigo, cardinal y corrido, respetando la fecha de sanción.

ARTICULO 17. — Corresponde al Poder Ejecutivo nacional la determinación de la autoridad de aplicación específica de las leyes.

ARTICULO 18. — Al menos una vez por período parlamentario, la Dirección de Información Parlamentaria elevará a consideración de la comisión bicameral el detalle de las actualizaciones que propone introducir al Digesto Jurídico Argentino.

La comisión bicameral aprobará las actualizaciones por el voto de la mayoría simple de sus integrantes y emitirá el dictamen correspondiente para su aprobación por el Honorable Congreso de la Nación, alternando cada año la Cámara de inicio.

La aprobación de las actualizaciones por ambas Cámaras importará su incorporación de pleno derecho al Digesto Jurídico Argentino.

ARTICULO 19. — Otras funciones de la Dirección de Información Parlamentaria serán:

a) Recopilar los textos de las normas identificadas en el anexo II “Leyes nacionales de carácter general no vigentes”;

b) Estudiar las consultas y observaciones recibidas y elevar a la comisión bicameral las recomendaciones pertinentes para su resolución, de conformidad con lo establecido en el capítulo V;

c) Mantener y actualizar el contenido del sitio web del Digesto Jurídico Argentino.

CAPITULO V

Período de observación y publicidad

ARTICULO 20. — Durante un período de ciento ochenta (180) días corridos desde la publicación de la presente ley, la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino dará a publicidad el contenido del Digesto Jurídico Argentino.

En dicho plazo, la comisión bicameral recibirá las consultas y observaciones fundadas que pudieran efectuarse en relación con el encuadramiento en una categoría, la consolidación del texto o la vigencia de una ley incluida en el Digesto Jurídico Argentino.

ARTICULO 21. — De las consultas y observaciones recibidas, la comisión bicameral dará vista a la Dirección de Información Parlamentaria para que, en un plazo de diez (10) días hábiles, efectúe una recomendación. Vencido el plazo, la comisión bicameral adoptará una resolución respecto de la consulta u observación planteada.

ARTICULO 22. — La resolución que ratifique o rectifique el encuadramiento, consolidación o vigencia observados, deberá ser aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino sin necesidad de otro procedimiento ratificatorio posterior y se dará cuenta de la misma a los miembros de ambas Cámaras.

ARTICULO 23. — Transcurrido el período de ciento ochenta (180) días corridos, y resueltas las observaciones, se dispondrá la publicación en el Boletín Oficial de la versión definitiva del Digesto Jurídico Argentino.

CAPITULO VI

Edición electrónica

ARTICULO 24. — La edición electrónica del Digesto Jurídico Argentino tendrá el mismo valor jurídico que su publicación en la versión impresa del Boletín Oficial. Deberá garantizar la integridad, autenticidad e inalterabilidad de su contenido, así como su más amplia disponibilidad.

ARTICULO 25. — La edición electrónica del Digesto Jurídico Argentino y las actualizaciones previstas en el capítulo IV estarán disponibles a través de un sitio web específico habilitado al efecto.

ARTICULO 26. — La edición electrónica del Digesto Jurídico Argentino deberá aplicar los estándares abiertos para publicaciones digitales y adecuarse a los principios de accesibilidad y usabilidad, garantizando la libre disponibilidad de su contenido para todos los habitantes. La comisión bicameral deberá considerar su permanente adaptación al progreso tecnológico y su conformidad con la normativa vigente en la materia.

CAPITULO VII

Disposiciones finales

ARTICULO 27. — Deróganse las leyes 20.004 y 24.967.

ARTICULO 28. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.939 —

JULIAN A. DOMINGUEZ. — AMADO BOUDOU. — Lucas Chedrese. — Juan H. Estrada.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Ley se publican en la edición web del BORA —www.boletinoficial.gov.ar— y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

EL DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO. Primer paso en el camino de  la democratización de la información jurídica.


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Por Ramón Gerónimo Brenna

El árbol de las leyes ha de podarse continuamente.

Anatole France.

Introducción.-

Por fin !!!! Sí, por fin,  tenemos el Digesto Jurídico Argentino. El Congreso de la Nación ha sancionado la Ley que así lo consagra.

Luego de 15 años de esforzados trabajos y estudios; de la conjunción de la constancia, la decisión, el conocimiento, el esfuerzo, la metodología adecuada, los aportes de la ciencia y de la academia, de los estamentos del Estado y de la sociedad argentina, hemos logrado, juntos, dar vida a esta magna, significativa y útil obra, para la salud social e individual de los argentinos.

Las sociedades modernas necesitan, y algunas veces reclaman, con mayor o menor énfasis, según las circunstancias de su contexto y evolución, un cierto orden legislativo o al menos, un desorden aceptable, para poder cumplir sus fines sociales de bienestar, desarrollo en paz y justicia.

La Argentina se planteó dicha necesidad y la resolvió, dando vida a un Proyecto común de la sociedad toda, que hoy culmina con aquella sanción.

Interrogantes.-

En Noviembre de 2011, hace casi tres años, publiqué en la revista La Ley, un artículo que denominé : El Digesto Jurídico. Un camino hacia la democratización de la información jurídica.[1]

Lo hice con la intención de dar respuesta a un sinnúmero de preguntas que se repiten, toda vez que se plantea la idea del ordenamiento legislativo y del  Digesto, y es muy probable que hoy esos interrogantes se encuentren instalados en las mentes de nuestros colegas y busquen esas respuestas.

¿Es necesario hacerlo? ¿Se justifica?  ¿Es una tarea útil? ¿Para quienes? ¿Vale la pena realizar una tarea tan difícil, un proyecto que siempre implica años de duro trabajo? ¿El fin justificará el costo? ¿El estado de los sistemas normativos aconseja hacerlo? ¿Quién debe hacerlo?

Mi intención en aquél momento, desde mi lugar de  Director responsable de la tarea,  fue poder expresar, con toda la claridad a mi alcance, – para que pudiese ser entendida por mis colegas, pero también por cualquier ciudadano argentino, primer y último destinatario de ese esfuerzo-, la trascendencia de esta obra, para aquella salud social e individual de nosotros los argentinos y de nuestras instituciones.

Aquellas líneas, como estas, y como todas las que nos acompañan en este Suplemento que me honro en dirigir, están sustentadas en la certeza  de que es absolutamente necesario el hacerlo, el brindar una información lo más precisa posible acerca de sus alcances, el dar cuenta de las implicancias y efectos que se verificarán en la vida cotidiana de los habitantes de nuestra sociedad, a partir de esta puesta al día de las reglas básicas que nos rigen y el dar las razones éticas que justifican su elaboración y que lo transforman en una obligación- central e ineludible-  para los Estados democráticos.

Este Suplemento es un tributo a nuestros colegas y a través de ellos, a todos nuestros conciudadanos, brindado por los actores que han construido con sus aportes, este Digesto Jurídico Argentino. A estos, mi agradecimiento por acompañarnos y brindarnos testimonio de su experiencia.

El Ordenamiento de las leyes y el Digesto Jurídico.

El tema del ordenamiento legislativo y el de la preparación del Digesto Jurídico como su expresión unificada, volvió  al centro de la escena a partir de la sanción en 1998, de la ley Nacional N° 24.967 (Adla, LVIII-C, 2844), del Digesto Jurídico Argentino, que ordenaba su confección y de  la variedad de proyectos de consolidación legislativa provinciales encarados posteriormente, como consecuencia directa de esta nueva mirada y toma de conciencia, acerca de la necesidad del conocimiento cierto y del acceso real, a aquellas reglas de juego sociales, para la consecución de aquellos fines.[2]

Uno de los principales problemas que afectan a los sistemas jurídicos en la actualidad, es la proliferación de la legislación y la pérdida de certeza, originada por la inseguridad acerca de cuál es el derecho en vigor.

La Argentina no ha sido, ni es, una excepción en este tema.

La legislación se ha ido tornando más compleja; las normas se han  multiplicado y su sucesión temporal convierte en más difícil su conocimiento, para aquellos que deben cumplirlas y para aquellos que deben hacerlas cumplir y, consecuentemente,  es muy grande la dificultad para determinar aquellas que rigen en un lugar y tiempo determinados.

Lo que nos ocurre hoy, es que afrontamos y soportamos una marea incesante e inexorable de nuevas normas. Juristas, jueces, sociólogos, políticos, todos concuerdan en reconocer como principales factores de esta “hipertrofia legislativa” – en la terminología de Carnelutti – al crecimiento cada vez mayor de los cometidos del Estado, especialmente situado en la segunda posguerra y que no cesa aún.

En todos los países se verifica el crecimiento sin pausa del número de textos normativos, y se desarrolla el proceso descrito. Hace ya treinta años que el gran jurista francés Rene Savatier, se quejaba del “desorden de la legislación de nuestro tiempo”.

En la Argentina, la situación legislativa es cuantitativamente menor que las de otros países, pero igualmente significativa. Hace medio siglo largo atrás, en 1955, la Comisión de Legislación General y Asuntos Técnicos, de la Cámara de Senadores de la Nación, finalizó un trabajo que abarcó desde el año 1853 al año 1953, que arrojó la significativa cantidad de novecientas setenta y nueve leyes nacionales vigentes, sobre una legislación que alcanzaba, en ese entonces, la cantidad de quince mil; y estamos hablando sólo de leyes.

En Noviembre de 2011, cuando escribía el artículo mencionado supra, existían 26.700 Leyes y hoy, dos años y medio más tarde, la ley aprobatoria del digesto jurídico nacional lleva el número 26.939. Esto da una idea sólo aproximada, de la inflación y contaminación legislativa que afrontaba el sistema jurídico vigente argentino y que hace del digesto una necesidad.

Se acopla aquí otro fenómeno no menos importante, que es la modificación en la concepción y la función de la ley en nuestras sociedades.

La ley, no es hoy ya esa regla que acompaña nuestras vidas y que podía ser comparada con los árboles, que estaban allí antes que nosotros y seguirán estando allí después de que nosotros dejemos de existir.

La ley, por el contrario, se ha convertido en otro bien de consumo, y por tanto en usable y desechable con rapidez. Leyes sancionadas por “l’espace d’un matin”, como con garbo se las ha denominado.

La sucesión de normas de corta duración, que son rápidamente remplazadas por otras, que enhebran gestiones de coyuntura, están a la orden del día, en nuestro sistema normativo y en la mayoría de los sistemas normativos actuales.

Saltan a la vista, para mis colegas, tanto como para cualquier ciudadano, las dificultades que entraña, para el jurista que desempeña su labor en el marco del Estado social de Derecho, caracterizado por la inflación y contaminación legislativa, corolario de la intervención de los poderes públicos en la casi totalidad de las esferas de la vida social y económica, el conocimiento real de la legislación.

Esta situación de dificultad en el acceso y en la comprensión de las leyes, se ha manifestado en un menoscabo de la vigencia del ordenamiento jurídico, muchas de cuyas normas permanecen inoperantes por falta de información, de conocimiento cierto y acabado por la población,  y amenaza con resquebrajar el principio de la certeza del Derecho y las bases de la vida en comunidad.

Digesto jurídico y contaminación.

Uno de los modos de combatir esta realidad de inflación y contaminación legislativa[3] que aqueja a los sistemas normativos modernos, y de  actuar sobre los sistemas jurídicos  vigentes ya contaminados, es a través de la revisión permanente  y del consecuente ordenamiento de la legislación, a efectos de determinar cuál es la normativa efectivamente vigente y cual es aquella que ha perdido vigencia, para su posterior eliminación del sistema jurídico a través de un acto de abrogación expresa.

 La solución se presenta así como un trabajo de revisión, recopilación, ordenamiento y análisis, que permita:

1)       agrupar y ordenar lo vigente, removiendo los desechos;

2)       detallar las colisiones, y señalar la validez y complejidades del corpus;

3)       realizar el confronte de lo vigente con los conceptos elaborados por la buena doctrina;

4)        hacer lo propio con la costumbre,

5)       la tradición jurídica y

6)       los criterios construidos por la Jurisprudencia.

La consolidación. ¿Qué es? -[4]

La metodología más adecuada para afrontar la intervención y el ordenamiento de los textos legislativos es, sin dudas, la consolidación. Esta es la técnica utilizada para realizar el Digesto jurídico Argentino.

 La consolidación consiste en integrar en el acto de base todos los actos modificadores, debiendo previamente haber realizado un análisis crítico del texto, tanto desde el punto de vista de la coherencia interna del acto, como desde el punto de vista inter lingüístico.

Requiere efectuar previamente un análisis científico de cada texto legal, desde el punto de vista de la coherencia interna del texto, como desde el punto de vista inter lingüístico, logrando así un texto al que se accede de modo práctico, fácil y comprensible; implica necesariamente una presentación sistemática de las normas imperantes, con la eliminación de las que han sido abrogadas, aquellas que han sido derogadas y la inserción de las modificaciones sufridas en sus textos.

De este modo, se obtiene un documento que se lee más fácilmente. La integración se refiere únicamente a la parte dispositiva y a los anexos a aquella integrados. Constituye una tarea de reformulación integral de la legislación.

La técnica de la consolidación requiere el auxilio de diversas disciplinas: la Ciencia Jurídica, Ciencia de la Legislación, Lingüística, Epistemología, Lógica, Informática, Tecnología de la Información, entre otras. Todas ellas  han contribuido y estado presentes en la tarea  y hemos utilizado sus  instrumentos de investigación, en la confección del digesto Jurídico Argentino.

La finalidad perseguida por la aplicación de este método es la de lograr eliminar una cantidad de textos de leyes o de otras normas que poseen fuerza de ley, sobreabundantes y mal coordinadas entre sí, o en clara contradicción en sus contenidos, o superpuestas en el tiempo, sustituyéndolas por un único texto, sin introducir modificaciones sustanciales a la legislación.

El método de consolidación jurídica cuenta con dos grados, según se profundice la depuración del sistema jurídico sobre el cual se interviene.

La Consolidación de Primer Grado que implica la determinación del derecho objetivamente vigente, excluyendo del sistema jurídico únicamente las normas que cuentan con un acto legislativo expreso de abrogación y por lo tanto ya se encuentran excluidas del sistema jurídico.

La Consolidación de Segundo Grado que incluye la de primer grado,  a la que se agrega, luego de un análisis epistemológico, por un lado, la abrogación expresa de normas implícitamente abrogadas por contradicciones normativas, redundancias, principio de lex posterior, por otro lado los textos legales unificados y refundidos, en los casos que se padece una dispersión temática.

La actividad del autor de la consolidación de segundo grado debe identificar y dirimir las antinomias surgidas entre los textos normativos, a partir de modificaciones no textuales o de abrogaciones no expresas.

El digesto Jurídico Argentino es, técnicamente hablando, una Consolidación de Segundo Grado.

Las operaciones.- Categorías.-

Podemos individualizar tres categorías  de operaciones de consolidación de textos: la sistemática, el lenguaje (aspectos morfológicos, sintácticos y semánticos) y las relaciones entre las normas.

                               1.- En lo que hace a la “sistematicidad”, la actividad de consolidación puede consistir en:

· Introducir eventuales nuevas particiones de nivel superior al artículo (sección, capítulo, títulos, partes) según sea la multiplicidad de textos a coordinar y la complejidad y amplitud de la materia tratada.

· Dar, si ello fuere necesario, nueva localización y numeración a los artículos o incisos.

· Reformar los eventuales reenvíos con relación a la sistemática del texto unificado.

· Excluir del texto ordenado las normas intrusas eventualmente presentes en las leyes objeto de la consolidación y ubicarlas en los textos a los que modifican en forma textual o no textual.

· Refundir disposiciones repetitivas o redundantes por tener igual valor normativo.

2.- En cuanto al “lenguaje” la actividad puede consistir en:

· Corregir errores materiales de impresión e incorporar fe de erratas

· Normalizar la grafía

· Explicitar, donde corresponda, el significado de las siglas empleadas en las leyes.

· Normalizar la forma de redactar las citas.

· Puesta al día de las denominaciones de los órganos e instituciones que han mutado en el tiempo.

· Eliminar las ambigüedades provenientes de un uso no apropiado de conjunciones o disyunciones.

· Asegurar la homogeneidad terminológica del texto.

3.- En cuanto hace a las “relaciones entre las normas” puede consistir en:

· Puesta al día del texto de las disposiciones de conformidad con las abrogaciones expresas o modificaciones textuales sobrevinientes

· La eliminación, a partir de las interpretaciones jurisprudenciales, de disposiciones anteriores incompatibles o que han agotado su objeto.

· Eliminación de los textos de los artículos, incisos, o frases, palabras declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación o Tribunal que haga sus veces.

· Reformulación de enunciados normativos para adecuarlos a las sentencias llamadas interpretativas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

· Reformación de los enunciados normativos para adecuarlos a las disposiciones de las llamadas leyes aclaratorias o interpretativas posteriores.

· Formulación de los enunciados por la mera exigencia del ordenamiento o por la explicitación de modificaciones realizadas en forma no textual.

El Digesto Jurídico Argentino.-

Como consecuencia de la sanción de la ley N ° 24967, del Digesto Jurídico Argentino, que ordenaba su confección, se ha desarrollado en la Argentina como dijimos, el llamado Proyecto Digesto Jurídico Argentino, desde Agosto de 1999 a Septiembre de 2005.

 La Ley N° 24.967 determinaba comosu objetivo,  el de  fijar  los  principios  y  el  procedimiento para  contar  con  un  régimen  de  consolidación de las  leyes  nacionales  generales  vigentes  y  su  reglamentación, a través de la elaboración y aprobación del Digesto Jurídico Argentino.  Esto significa que ha elegido esta metodología, la de la consolidación, para alcanzar tal fin.

 Esta definición de la Ley, más allá de ciertas imprecisiones en que incurría en su artículo 6°,  al enumerar las técnicas  a aplicar para la realización de la tarea, hace que todo lo hasta aquí expuesto sobre la Consolidación, le sea aplicable.

El Proyecto ha estado a cargo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quien ganara una licitación internacional llamada con ese objeto, con el apoyo de las editoriales jurídicas más importantes, La Ley, Jurisprudencia Argentina y El Derecho.[5]

Un hecho absolutamente auspicioso y que es necesario destacar,  es la participación de la Universidad Nacional pública en un proyecto tan relevante para la ciudadanía y para la Nación. La Universidad nacional ha saldado una deuda con la sociedad argentina y ha estado a la altura de las circunstancias. Todos los que hemos participado del Proyecto desde ella, como profesores de nuestra querida Facultad, sentimos el legítimo orgullo de haber aportado a esta labor mancomunada.

El equipo técnico contó, en la primera etapa, con  60 especialistas en legislación, documentación  jurídica e informática.

 Este equipo revisó todas las leyes, los decretos leyes, los decretos de necesidad y urgencia y los decretos reglamentarios, sancionados y emitidos desde la institucionalización nacional en el año 1853,[6] hasta el presente. Para dar una idea del volumen, diré que se revisaron y leyeron más de 100.000 normas.

Se recorrió esa legislación, leyéndola de sus fuentes oficiales, el Registro Nacional y el Boletín Oficial, y se la analizó legislativa y documentalmente, con el objeto de establecer la historia legislativa de nuestro país, y de dar cuenta de todas las modificaciones, derogaciones o abrogaciones  expresas sufridas por ella, determinando todas las relaciones y vinculaciones existentes, y se la clasificó, según las materias principales, fijadas oportunamente por la ley del Digesto Jurídico.

Las categorías dispuestas originalmente por la ley son : A) Administrativo; B) Aduanero; C) Aeronáutico Espacial; D) Bancario, Monetario y Financiero; E) Civil; F) Comercial; G) Comunitario; H) Constitucional; I) de la Comunicación; J) Diplomático y Consular; K) Económico; L) Impositivo; M) Industrial; N) Internacional Privado; O) Internacional Público; P) Laboral; Q) Medio Ambiente; R) Militar; S) Penal; T) Procesal Civil y Comercial; V) Procesal Penal; W) Público Provincial y Municipal; X) Recursos Naturales; Y) Seguridad Social; Z)Transporte y Seguros.

Más tarde, la Comisión Bicameral dispuso la subdivisión de Administrativo en las siguientes sub-categorías: ADM) Administrativo; ACU) Cultura; ASA) Salud; AED) Educación ; ASO) Asuntos Sociales y ASE) Seguridad.

La ley 26939 ha ratificado en su art. 7°   estas categorías, por lo que los colegas accederán a las leyes a partir de ellas.

Aquella fue una tarea de gran responsabilidad y cuidado, realizada con éxito, por este grupo de profesionales calificados.[7]

Toda esa información, resultante de estos estudios, se volcó en un sistema informático especialmente elaborado para recibirla.

Los equipos de profesores[8], más de 100 titulares distribuidos en los 26 grandes temas del Derecho, trabajaron el material resultante y, a partir de aquella rica información, realizaron un nuevo estudio epistemológico, estableciendo incoherencias, contradicciones, superposiciones y otros defectos, individualizando, además, aquellas que perdieron su efectividad por haber cumplido o agotado su objeto o aquellas que deben ser eliminadas en forma expresa del sistema jurídico vigente, por hallarse reemplazadas implícitamente por otras, sancionadas con posterioridad.

Así resultó que se pudo determinar el grupo de leyes en vigencia, el que constituiría el cuerpo del Digesto Argentino, identificar el grupo de aquellas que habían sido abrogadas expresamente, otro grupo con  aquellas que habían caducado por haber cumplido el objeto para el cual habían sido sancionadas, y finalmente el de aquellas reemplazadas tácitamente y que deben ser eliminadas en forma expresa, para sacarlas definitivamente del sistema jurídico y pasarlas a integrar el orden jurídico histórico.

De las primeras, es decir de las vigentes, se redactó su texto actualizado, cuando ello ha sido necesario, y del resto, se ha dado la justificación jurídica para adoptar cada temperamento y se las preparó y listópara que integren los distintos capítulos de la ya mencionada ley de Consolidación, que da punto final a estos esfuerzos. Ninguna carece de su fundamentación basada en los conocimientos reconocidos a los profesores responsables de cada materia.

La  limpieza de leyes demandó seis años de trabajo a nuestro equipo de la Facultad de Derecho. En aquél momento, se pudo comprobar que, apenas el 15 por ciento de las leyes objetivamente en vigor, rige efectivamente en la Argentina.  En otras palabras: de un universo de 26.000 leyes sancionadas,(hoy casi 27.000) sólo unas cuatro mil  de carácter general resultaron  efectivamente vigentes. (hoy poco más de tres mil).[9]

La Facultad de Derecho entregó, en el año 2005, al Estado Nacional,  el resultado de los estudios  de vigencia y consistencia, para su revisión por la Comisión de Juristas, designados por el Ministerio de Justicia de la Nación para esa tarea. Este, debía enviar su dictamen al Congreso de la Nación, para la intervención de la Comisión Bicameral, la  que lo recibiría y prepararía la Ley de Consolidación. Eso es lo que ha ocurrido.

A partir de la fecha de entrega por parte de la Facultad, el Ministerio de Justicia de la Nación,  procedió a su complementación, actualización y digitalización.

En el mes de Diciembre de 2010, el Ministerio convocó a un nuevo grupo de especialistas en diferentes áreas del derecho, cuya labor ha sido reconocida por el Decreto Nª 1050/11. A este grupo, de catorce especialistas, se le entregaron partes del contenido normativo a revisar,[10] encomendándoles la determinación del universo de normas nacionales generales vigentes, con sus textos, para proponerlos al Congreso de la Nación.

El fruto final de esa Comisión fue dado a luz con el mensaje de la Señora Presidente de la Nación al Honorable Congreso de la Nación, elevando el proyecto de ley por el que se aprueba el Digesto  Jurídico Argentino.[11]

Finalmente, una vez en el Congreso Nacional el Proyecto de ley, la Dirección de Información Parlamentaria realizó la revisión final del universo normativo enviado por el Poder Ejecutivo, y analizó todas las normas vigentes y no vigentes clasificadas éstas por la causal de falta de vigencia sugerida: derogación expresa, derogación implícita, cumplimiento de objeto, vencimiento de plazo y fusión.

El Digesto en números.-

Según las constancias del trabajo final de revisión efectuado por el Ministerio de Justicia con la Comisión de Juristas mencionada, resultaron vigentes 3.134 normas generales, es decir un resultado ajustado al entregado oportunamente por la Facultad, y que significa que sólo el 10% de las normas sancionadas con este carácter, se encontraba en esta situación.

El resto, que integra el derecho histórico, quedó conformado por 1566 normas derogadas expresamente, 1381, derogadas implícitamente, 7317 caducadas por objeto cumplido, 827, caducadas por vencimiento de su plazo, y 99 caducas por fusión de su contenido en otra.[12]

Posteriormente, con su ingreso al Congreso y la actualización y revisión efectuada por la Dirección de Información Parlamentaria, dependiente de aquél, de un total de más de 33000 normas, al 31 de marzo de 2013 quedaron vigentes 3353, de las cuales 1656 son tratados internacionales. Recordemos la jerarquía que les otorga nuestra Constitución reformada.

Este último es un  aspecto a tener en cuenta: el 50% de las normas generales que integran el Digesto Jurídico Argentino son tratados internacionales  y su contenido hoy será puesto a disposición de todos.

A lo largo del suplemento, cada actor nos referirá la situación cuantitativa y cualitativa que hubo de enfrentar y los resultados significativos que se alcanzaron y comentarán los casos paradigmáticos.  A ellos me remito.

La ley 26939, en sus Anexos, da cuenta pormenorizada, norma por norma, del resultado obtenido y del destino final de cada una.

Esto da la idea clara de la importancia de la tarea encarada, no sólo por el volumen de la información tratada y los resultados obtenidos, sino por el efecto positivo para una sociedad democrática como la argentina de hoy, en la que todos podremos conocer  y acceder efectivamente a las reglas de juego sociales que nos rigen.

Esta monumental tarea de reformación general de la legislación, que presupone la técnica de la consolidación normativa, que consiste  en reunir en un cuerpo legal, la legislación de carácter general y permanente vigente, sobre todas las materias del derecho, sistematizada y ordenada,  es el punto de partida necesario pero no suficiente, en el camino del perfeccionamiento sistemático, orgánico y sustancial del derecho legislativo y del acceso a su conocimiento cierto.

 El Digesto Jurídico como producto de aquella,  se constituye así en punto final de esta magna tarea de intervención sobre el sistema jurídico argentino contaminado, pero al mismo tiempo  también, en punto de partida y base fundamental, para el permanente perfeccionamiento futuro del sistema jurídico argentino  así tratado.

El Digesto Jurídico Argentino es hoy parte de nuestra realidad. Se ha dotado a la Nación de una herramienta estratégica para su desarrollo armónico, en paz y justicia. Lo hemos hecho en comunidad. Hemos dado el primer paso hacia una real democratización de la información jurídica. Podemos sentirnos legítimamente satisfechos por la tarea realizada.

[1] Sup. Act. 22/11/2011, 22/11/2011, 1

[2] Para ampliar acerca de los Digestos Jurídicos provinciales, ver artículo citado.

[3] En el sentido que acuñó para  él,  Antonio Martino.

[4] Para ampliar sobre la Consolidación, y sus diferencias con otras metodologías,  ver  Ramón G. Brenna, “El ordenamiento de las leyes”, en Revista La Ley, Año LXV, N ° 36. Buenos Aires, República Argentina.

[5] El proyecto se inició bajo el decanato del Dr. Andrés DÀlessio, y tuvo la Dirección General del distinguido profesor Dr. Atilio A. Alterini, la Dirección Académica del Dr. Omar Alvarez,, la Coordinación ejecutiva del Dr. Daniel R. Altmark  y la Dirección de los Equipos Técnicos a cargo del autor de estas líneas, todos designados por sus antecedentes,  y por  decisión del Consejo Directivo de la Facultad. Hoy culmina bajo el decanato de la Dra. Mónica Pinto, en un claro ejemplo de continuidad de una política de estado ejecutada desde la Universidad pública.

[6] Se revisaron también las llamadas Leyes de Paraná,  doscientas noventa y dos leyes sancionadas por el Congreso de Paraná, que sesionó desde 1854 hasta 1862, en que el Congreso nacional comienza a sesionar en Buenos Aires.

[7] Los profesionales fueron cuidadosamente seleccionados pos sus antecedentes en el tratamiento de documentación jurídica, entre los mejores del país, luego de un concurso. Vaya el reconocimiento a su profesionalidad y a su esfuerzo, puesto de manifiesto en este gran emprendimiento.

[8] También designados por decisión del Consejo Directivo de la facultad.

[9] De un total de más de 33000 normas tratadas por la segunda Comisión de Juristas, quedaron vigentes 3353 al 31 de Marzo del año pasado, de las cuales 1656 son tratados internacionales.

[10] Comisión de Juristas, presidida por el reconocido jurista Dr. Arístides H.M. Corti.

[11] Mensaje Nº 1049, del 12 de Julio del 2011.

[12]  Datos de la publicación Digesto Jurídico Argentino, Legislación del Bicentenario. Ministerio de Justicia de la Nación. 2011

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Fallo del Día: El exceso ritual manifiesto y el acceso a la jurisdicción. AUTOR (Sydiaha, Alejandro)

Doctrina del día: Tratamiento impositivo en la compra de vehiculos - López, Marianela

I. Plataforma fáctica.— II. Núcleo del agravio.— III. Soluciones ex lege.— IV. Recapitulación

I. Plataforma fáctica

Presentamos en comentario un conciso e interesante pronunciamiento de la máxima instancia santafesina, en donde el tema central a decidir recayó en torno al exceso ritual manifiesto.

Para una adecuada comprensión el lector deberá abordar con detenimiento los hechos puesto que resulta necesario desbrozar adecuadamente aquellos que han sido objeto del decisorio. A diferencia de los magistrados, los lectores carecemos de la posibilidad de acceder al expediente y de allí que esa falta deba suplirse con una muy cuidadosa lectura.

Resulta necesario indicar que para nuestra finalidad todo lo relativo a la primera instancia no debe ser considerado. El punto sustancial lo establece el decisorio de la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto, ante la cual el impugnante acude en recurso directo por la apelación que le deniega la instancia inicial.

Esa Cámara es el tribunal a quo, cuya resolución agravia al recurrente.

II. Núcleo del agravio

Para dimensionar adecuadamente el planteo de inconstitucionalidad debe tenerse presente el art. 356 del CPC santafesino, que indica:

Art. 356.- Si el juez denegare la apelación, el apelante podrá recurrir directamente ante el superior pidiendo la concesión del recurso.

El recurrente interpondrá la queja dentro de tres días si el superior recibiese en el lugar del juicio o dentro de diez días en caso contrario, acompañando copia de las resoluciones apeladas y su notificación del escrito de apelación y su cargo del auto en que se le hubiere negado el recurso y su notificación.

La norma que transcribimos regula las condiciones de procedencia del recurso de queja. Pueden en ella advertirse dos núcleos de relevancia:

a) TEMPORAL Y ESPACIAL: la queja debe articularse:

— En 3 días: si el tribunal de alzada radica en el mismo lugar del juicio.

— En 10 días, en caso contrario.

b) DOCUMENTAL: Con la interposición de la queja debe adjuntarse:

I) Copia de la resolución apelada y de su notificación.

II) Copia del escrito de apelación con su correspondiente cargo.

III) Copia del auto denegatorio de la apelación intentada, y su notificación.

Aferrándose a una estricta interpretación literal la Cámara denegó la procedencia del recurso directo. Indicó que el interesado interpuso la queja en modo defectuoso dado que no acreditó la condición documental “II)” que indicamos antes.

III. Soluciones ex lege

La Corte Suprema provincial fundó su decisorio en la doctrina del exceso ritual manifiesto. La misma emerge de diversos fallos tanto provinciales como nacionales que el Tribunal se encarga de indicar (por caso “González c. Amaya” o el célebre “Colalillo” entre otros). La decisión entonces, es respetuosa de los precedentes.

Pero por otra vertiente, este fallo cuenta con otros fundamentos anclados en las normas, no solamente en las citadas disposiciones de los arts. 356 y 357 C.P.C. sino a la vez en otras no mencionadas expresamente.

Bien lo indica la Corte que el defecto bien pudo suplirse “con una mínima actividad jurisdiccional oficiosa”, concepto que de inmediato se vincula con la siempre poco simpática medida para mejor proveer del art. 20 C.P.C. (1) La referencia, con ser cierta, no es exclusiva en la alusión a esa medida oficiosa. Lo que la Corte santafesina en definitiva indica es que el tribunal a quo —y los jueces en general— deben asumir y tener siempre presentes las posibilidades que establece el art. 21 del código procesal en la consideración del juez como “director del proceso”. (2)

Con relación a la cita que el fallo hace del art. 357, consideramos que la misma debe entenderse desde un razonamiento analógico (3): Así como la falta del secretario en otorgar copias al recurrente no empece a la articulación del recurso de queja, tampoco la omisión de presentar esas copias por parte del interesado debiera empecerla, porque tanto en uno como en el otro caso, el defecto puede ser suplido por la actividad del magistrado.

Esa posibilidad de llevar a cabo una actividad de oficio que supla las omisiones de las partes se encuentra en el sustrato ideológico que sirve de base a otras normas como las de los cánones 131, 354 y 547.

IV. Recapitulación

Se trata pues, de un fallo correcto y discreto. De lectura recomendable en atención a sus plurales aristas de interés.

El exceso ritual manifiesto, con ser un constructo doctrinario, no carece de sustento legal sino que más propiamente comporta un desenvolvimiento de las pautas que subyacen a muchas disposiciones, que entre otras, hemos indicado en los arts. 20, 21, 131, 354, 356, 357 y 547 del Código Procesal Civil santafesino. (4) En último término, el mensaje que emite la Corte es que los pequeños defectos formales que puedan ser remediados en forma sencilla, no pueden operar como causales que obstaculicen el acceso al recurso de queja.

La pauta de mayor relevancia que el alto tribunal vuelve a otorgar consiste en no perder de vista que la obsesión por las formas no debe constituirse en un obstáculo para el acceso a la jurisdicción. Las disposiciones rituales son instrumentales y por tanto, accesorias al resguardo de las garantías primarias de acceso a la jurisdicción y búsqueda de la verdad jurídica objetiva.

NOTAS AL PIE:

(1) Art. 20.- Pueden, también, para mejor proveer, ordenar que se practique cualquier diligencia que estimen conducente y que no sea prohibida por Derecho, y prescindir de la lista de peritos cuando fueren necesarios conocimientos especiales dentro de determinada profesión.

(2) Art. 21.- El debate judicial es dirigido por el juez, quien deberá adoptar todas las medidas que estime conducentes al esclarecimiento de los hechos, a mantener la igualdad entre las partes y a obtener la mayor rapidez y economía en el proceso. A tal efecto, podrá disponer de oficio, aún compulsivamente, en cualquier estado de la causa, la comparencia de los peritos y de los terceros para interrogarlos con la amplitud que creyere necesaria; y ordenar que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o a los que las mismas se hayan referido. Todo con las formalidades prescriptas en este Código. Puede también de oficio revocar sus propios decretos y resoluciones interlocutorias que no se hubieren notificado a ninguna de las partes y disponer cualquier diligencia que fuere necesaria para evitar la nulidad del procedimiento.

(3) Art. 357.- El actuario dará al recurrente las copias el mismo día que le notifique la denegación, pudiendo expedirlas en papel común, con cargo de reposición oportuna. En caso de no darse las copias, el apelante cumplirá con presentarse ante el superior dentro del término debido, interponiendo la queja y dando cuenta de la falta del actuario.

(4) Art. 131.- Los jueces no darán curso a las demandas que no se deduzcan de acuerdo con las prescripciones establecidas, indicando el defecto que contengan. Podrán, también, ordenar que el actor aclare cualquier punto para hacer posible su admisión. Art. 354.- Cuando el apelante no entregase al actuario antes del momento en que deben remitirse los autos, el importe de los gastos de envío, se intimará la entrega dentro de veinticuatro horas, bajo apercibimiento de tenerse el recurso por concedido sólo en efecto devolutivo si lo hubiese sido en el suspensivo. Art. 547.- El actor deberá subsanar los errores, defectos u omisiones que contenga la demanda, dentro del plazo que el tribunal le fije y que no podrá exceder de diez días. En caso contrario, se tendrá por no presentada.

Consultor Online: Alícuota. Locación de inmuebles. Impuesto de Sellos impagos. Incremento de alícuota.

Legislación del día: Digitalización de los Manifiestos Originales de Carga de Importación, del Rancho y de la Pacotilla.

Marco Legal Aplicable:

Los ingresos derivados de la actividad de “Locación de Bienes Inmuebles” estarán alcanzados por la alícuota prevista en los Códigos 93000 y 93001 de los artículos 17 (alícuota “normal” del 4%) y 20 (alícuota “agravada” del 4,75%) de la presente Ley, cuando:

 

Por cada inmueble dado en locación, se hubiere repuesto íntegramente el Impuesto de Sellos en las formas y plazos previstos en el Código Tributario Provincial y en la presente Ley (o por las normas que regulan el citado impuesto en la jurisdicción en que se encuentra radicado el inmueble)

Cuando:

por la figura jurídica celebrada entre las partes no corresponda la reposición del Impuesto de Sellos (el ejemplo más común sería el caso de que el contrato de locación fuere “tácito”, sin instrumentación por escrito)

o en el caso que se omitiere, total o parcialmente, el mencionado impuesto que le corresponda al respectivo instrumento,

Resultarán de aplicación las alícuotas previstas en los códigos 93100 o 93101 de los artículos 17 (alícuota del 5%) y 20 (alícuota “agravada” del 5,75%) de la presente Ley.

Artículo 23 de la Ley 10.178.

Los Autores Dicen:

“…La Ley Impositiva 2014 introduce una novedad de importancia para los contribuyentes que desarrollen la actividad de locación de inmuebles: condiciona para la aplicación de la alícuota “normal” del 4%, el hecho de haber repuesto el Impuesto de Sellos en todos los contratos de locación de los inmuebles alquilados…”. Favot, Federico “Modificaciones 2014 en el Impuesto sobre Ingresos Brutos de la Provincia de Córdoba (segunda parte)” Publicado en: Práctica Profesional 2014-206, 113

Información Útil:

Los diferentes tratamientos fiscales, según el pago del Impuesto de Sellos de los contratos de los inmuebles dados en locación, quedan establecidos a partir del periodo fiscal 2014 de la siguiente manera:

Lo Práctico:

El Sr. Marcelo Reggiardo es contribuyente de Ingresos Brutos en Córdoba por la actividad de locación de inmuebles. Su Base Imponible periodo 2013 ascendió a $100.000. Posee dos inmuebles en alquiler:

Un departamento, por el cual cobra $3.500 mensuales de alquiler, con contrato de locación formalizado por el cual se abonó el Impuesto de Sellos.

Una casa por la cual cobra $6.000 mensuales de alquiler, con contrato de locación formalizado pero sin haber repuesto el Impuesto de Sellos correspondiente

Qué alícuota debe aplicar durante el periodo 2014?

SOLUCIÓN

Aunque el Fisco Provincial no aclaró mediante una resolución la aplicación de la norma en el caso aquí planteado, de manera extraoficial se informó a los contribuyentes que debe aplicarse la siguiente solución:

Por el alquiler del departamento se debe declarar la alícuota del 2,80%, mediante el código de actividad 93000.30 “Locación de inmuebles destinados a viviendas residenciales, excepto los códigos 93100.30 y 93101.00”

Por el alquiler de la casa debe tributar la alícuota del 3,50%, mediante el código de actividad 93100.30 “Locación de inmuebles destinados a viviendas residenciales el código, excepto 93000.30”

No obstante, debe estarse atento a una posible futura resolución interpretativa del Fisco para aclarar el caso planteado.

XXV JORNADAS NACIONALES DE DERECHO CIVIL

JNDCEl lunes 9 de junio de 2014 se reunió en Bahía Blanca el Consejo Directivo de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. En dicha sesión se aprobaron reformas al reglamento de las Jornadas y se resolvió que los temas sobre los cuales trabajarán las comisiones serán:

 

 

Parte General: Nuevas reglas referidas al régimen de capacidad de la persona humana

Obligaciones: Obligaciones de dar dinero

Daños: Daños en las relaciones de familia

Contratos: Formación progresiva del contrato: tratativas y pactos preliminares

Reales: Usufructo

Familia: Identidad y filiación

Sucesiones: Exclusión de la vocación hereditaria

Consumidor: Protección del consumidor de servicios financieros y bursátiles

Internacional Privado: Lex Mercatoria

Derecho Comparado: Daños derivados de la actividad en internet

Derecho Romano: Derechos reales de superficie y enfiteusis

Interdisciplinaria: Derechos e intereses de incidencia colectiva

Enseñanza del Derecho: Utilidad del método socrático en la enseñanza en relación con las audiencias en tribunales superiores

Estudiantes: pueden presentar sobre todos los temas de las comisiones, en una comisión que estará destinada a estudiantes.

Para concluir, y luego de un intercambio de opiniones sobre cursos de acción futura tendientes a perfeccionar el funcionamiento de las Jornadas y el procedimiento de la elección de las próximas sedes, el Presidente de las XXV Jornadas Nacionales, Dr. Hugo Acciarri, procedió a informar sobre los recursos electrónicos a través de los cuales se difundirá la información relativa al acontecimiento y otras novedades de relevancia para la disciplina. Se puede acceder a los mismos –en todos los casos libremente y sin necesidad de registración- en:

Pagina Web:
http://jndcbahiablanca2015.com/

Twitter: @JNDCBBLANCA2015
https://twitter.com/JNDCBBLANCA2015

Facebook: Jornadas Nacionales Bahía Blanca 2015
https://www.facebook.com/pages/Jornadas-Nacionales-Bah%C3%ADa-Blanca-2015/141921638498563

Pinterest:
http://www.pinterest.com/jndcbb2015/

Asimismo, informó de la intención de que las XXV Jornadas sean las primeras “Jornadas Verdes”, en tanto la organización se ha comprometido a realizar acciones que tengan en mira la sustentabilidad, tales como el empleo de papel con sello de sustentabilidad y reciclado, campañas de concientización sobre la protección del ambiente, puestos de recolección de material reciclable y otras, en procura de un cambio progresivo y posible, y con la esperanza de que sea continuado por las Jornadas sucesivas.