Información sobre la obra editada por La Ley sobre el Digesto Jurídico Argentino

Digesto Juridico 2014

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  • Tomo 1:Presentación – Constitución Nacional – Nuevos Códigos: Aduanero – Código Aeronáutico – Código Civil – Código de Comercio – Código Penal – Código Procesal Penal – Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
  • Tomos 2 a 6: Contienen las 3353 normas clasificadas según la nueva nomenclatura del Digesto Jurídico Argentino.
  • Tomo 6: Normas más importantes a texto completo – Índice Acumulativo de toda la obra; Índice Normativo; Índice por las 31 ramas del derecho dispuestas por el Digesto Jurídico; Índice temático.


Digesto Juridico 2014_2Versión ebook  $5040
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Al contenido de la obra impresa suma:

– Todas las normas se incorporan a texto completo

– Anexo con las 72 normas posteriores a la digestación (marzo 2013, junio 2014)

– Anexos de listados de normas derogadas y normas fusionadas

 

¿Qué es el Digesto Jurídico Argentino?
El Digesto Jurídico Argentino es la colección de leyes nacionales vigentes, sistematizadas y ordenadas, analizado por la comisión bicameral del Digesto Jurídico y aprobado por el Congreso.

El trabajo requirió un estudio minucioso de las normas ya que muchas de ellas han sido modificadas por nuevas leyes, en tanto otras se superponen entre sí, mientras que varias devinieron en abstracto por el paso del tiempo, aunque nunca fueron derogadas.

El diseño de un digesto jurídico fue incorporado en la reforma constituyente de 1994 y se derivó en el Congreso esa tarea, pero no pudo ser enviado antes al Parlamento debido a la magnitud del trabajo a depurar y ordenar de las leyes y decretos vigentes. Esa tarea fue realizada desde 2005 y hasta 2011 por dos centenares de juristas que se abocaron a ese ordenamiento.

La realización de esta colección significó la consolidación de tres tipos de normas:

-Leyes

-Decretos-leyes

-Decretos de Necesidad y Urgencia.

No se incluyen normas nacionales de jerarquía inferior, ni normas provinciales. Tampoco las normas posteriores a marzo de 2013.

La consolidación abarca desde 1853 hasta marzo de 2013.

¿Qué normas quedan vigentes?

El digesto deja vigente solo 3353 normas de las 31.400 que existían al momento de realizar la consolidación.

Estas 3353 normas están conformadas por:

-1656 Tratados Internacionales

-1697 leyes, decretos-leyes, y decretos de Necesidad y Urgencia

Esto implica una gran modificación en el cuerpo normativo vigente.

La derogación de las normas, implicó el reordenamiento interno de aquellas que quedaron vigentes, además de modificarse su nomenclatura.

En el caso de los Códigos se incorporaron artículos e institutos que se encontraban en leyes complementarias.

¿Qué sucedió con las 28.047 normas restantes?

Fueron derogadas por diferentes motivos:

– Normas caducas por objeto cumplido

– Normas caducas aprobatorias de Tratados vigentes

– Normas derogadas expresamente

– Normas derogadas implícitamente

– Unificación por fusión de normas

– Reordenamiento de articulado de Código

¿Cómo se ordenan las normas nacionales que quedaron vigentes?

El Digesto crea un sistema de denominación alfanumérico y una categorización de 31 materias.

ADM) Administrativo

ACU) Cultura, Ciencia y Tecnología

AED) Educación

ASA) Salud Pública

ASE) Seguridad

ASO) Acción y Desarrollo Social

B) Aduanero

C) Aeronáutico-Espacial

D) Bancario, Monetario y Financiero

E) Civil

F) Comercial

G) Comunitario

H) Constitucional

I) de la Comunicación

J) Diplomático y Consular

K) Económico

L) Impositivo

M) Industrial

N) Internacional Privado

0) Internacional Público

P) Laboral

Q) Medio Ambiente

R) Militar

S) Penal

T) Político

U) Procesal Civil y Comercial

V) Procesal Penal

W) Público Provincial y municipal

X) Recursos Naturales

Y) Seguridad Social

Z) Transporte y Seguros

Legislación del Día: Información a usuarios sobre características esenciales del servicio de telefonía celular.

Legislación del día: Digitalización de los Manifiestos Originales de Carga de Importación, del Rancho y de la Pacotilla.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE COMERCIO

y

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA
Y SERVICIOS

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Resolución Conjunta Nº 29/2014 y Nº 81/2014

Bs. As., 6/6/2014

VISTO el Expediente N° S01:0090157/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, el Artículo 42 de la CONSTITUCION NACIONAL, la Ley N° 24.240, las Resoluciones Nros. 12 de fecha 6 de septiembre de 2013 y 26 de fecha 16 de diciembre de 2013, ambas de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, la Resolución N° 493 de fecha 18 de febrero de 2014 de la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 42 de la CONSTITUCION NACIONAL establece, entre otros derechos de los consumidores, el de la protección de sus intereses económicos, el del acceso a una información adecuada y veraz y el de libertad de elección, con el objeto de que éstos puedan decidir en forma razonada y conveniente la adquisición de bienes y servicios en el mercado.

Que el mencionado artículo también dispone que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos y a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados.

Que los usuarios de los servicios de comunicaciones móviles han realizado diversas presentaciones relacionadas con la deficiencia informativa respecto al servicio y con la atención de las empresas prestadoras.

Que así, los servicios de comunicaciones móviles plantean a los usuarios, cada vez más, nuevos y crecientes desafíos que ameritan una adecuación regulatoria en materia informativa y de atención al usuario.

Que, en efecto, se ha reparado en problemas que se le presentan a los usuarios del mencionado servicio, a partir de consultas y denuncias por ellos mismos realizados, particularmente en cuanto a deficiencias informativas que no permiten optimizar la utilización del servicio.

Que el Artículo 4° de la Ley N° 24.240 fija como deber de los proveedores el de suministrar a los consumidores información cierta, clara, detallada y suficiente acerca de las características de las cosas o servicios que comercializan, y el Artículo 43 de dicha ley establece que la Autoridad de Aplicación tiene, entre otras facultades y atribuciones, la de elaborar políticas tendientes a la defensa de los usuarios y consumidores.

Que por su parte, mediante la Resolución N° 26 de fecha 16 de diciembre de 2013 de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, se estableció que la unidad de medida de tasación de las llamadas originadas por usuarios de servicios de comunicaciones móviles será el segundo, medido a partir de los primeros TREINTA (30) segundos de establecida la comunicación, conforme lo dispone la Resolución N° 45 de fecha 31 de mayo de 2012 de la mencionada Secretaría.

Que a su vez, la resolución citada en primer término en el considerando precedente dispuso que los precios establecidos por los operadores dentro de cada una de las diferentes modalidades de contratación y las condiciones comerciales de todos los planes, deben ser razonables y no discriminatorios, y deberán ser comunicados a la Autoridad de Aplicación en forma previa a su entrada en vigencia, con una antelación no menor a SESENTA (60) días corridos.

Que por su lado, la Resolución N° 493 de fecha 18 de febrero de 2014 de la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, establece la obligación de proveer a la citada autoridad de control toda información vinculada con los planes, precios, condiciones comerciales y promociones de los servicios que prestan.

Que en base a lo expuesto, se considera pertinente actualizar y ampliar la provisión de información sobre las características esenciales del servicio, de modo tal que sea suministrada en forma directa a los usuarios del servicio de comunicaciones móviles.

Que siendo ello así, las Autoridades de Aplicación de las legislaciones de Defensa del Consumidor y de Comunicaciones coinciden en la necesidad de normalizar los aspectos informativos que, sobre la utilización de los servicios referidos contraten los consumidores, con la finalidad de optimizar la elección del consumidor y mejorar el consumo de los mismos.

Que la Dirección de Legales del Area de Comercio Interior, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS han tomado la intervención que les compete.

Que la presente resolución se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 43, inciso a) y concordantes de la Ley N° 24.240 y por los Decretos Nros. 764 de fecha 3 de septiembre de 2000 y 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE COMERCIO
Y
EL SECRETARIO
DE COMUNICACIONES
RESUELVEN:

ARTICULO 1° — Las prestadoras de servicio de comunicaciones móviles, cualquiera sea la naturaleza jurídica o denominación adoptada para efectuar la prestación, deberán informar a los consumidores, en forma regular y gratuita, como mínimo, lo siguiente:

a) El precio del abono correspondiente al plan contratado;

b) Llamada local:

I) El precio vigente de los primeros TREINTA (30) segundos de establecida la comunicación, conforme al Artículo 1° de la Resolución N° 26 de fecha 16 de diciembre de 2013 de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, de acuerdo con la siguiente fórmula: el Precio de los primeros TREINTA (30) segundos será igual o menor al precio del segundo multiplicado por TREINTA (30);

II) El precio vigente del segundo;

Los precios indicados deberán informarse para el segundo incluido en el plan contratado y el segundo excedente, dentro y fuera de su red.

c) Llamadas de larga distancia nacional:

I) El precio vigente de los primeros TREINTA (30) segundos de establecida la comunicación, conforme al Artículo 1º de la Resolución N° 26/13 de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES, de acuerdo con la siguiente fórmula: el Precio de los primeros TREINTA (30) segundos será igual o menor al precio del segundo multiplicado por TREINTA (30);

II) El precio vigente del segundo;

Los precios indicados deberán informarse para el segundo incluido en el plan contratado y el segundo excedente, dentro y fuera de su red y según el destino;

d) Llamadas de larga distancia internacional:

I) El precio vigente de los primeros TREINTA (30) segundos de establecida la comunicación, conforme al Artículo 1° de la Resolución N° 26/13 de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES, de acuerdo con la siguiente fórmula: el Precio de los primeros TREINTA (30) segundos será igual o menor al precio del segundo multiplicado por TREINTA (30);

II) El precio vigente del segundo;

Los precios indicados deberán informarse para el segundo incluido en el plan contratado y el segundo excedente, según el destino;

e) El precio de envío de mensajes de texto (SMS) dentro del plan contratado y excedente, dentro y fuera de su red, según el destino;

f) El precio de envío de mensajes multimedia (MMS) dentro del plan contratado y excedente, dentro y fuera de su red, según el destino;

g) El precio de acceso a Internet por hora, día, semana, mes, kilobyte o megabyte, según corresponda, dentro del plan contratado y excedentes.

h) En caso de existir bonificaciones totales o parciales de abonos, servicios o cargos, deberán consignarse el valor nominal, el importe bonificado y las respectivas condiciones;

i) Las promociones que se apliquen al plan contratado para el período correspondiente, identificando los conceptos sobre los que recaen, cómo operan, el lapso de su vigencia y el precio del servicio una vez operado el vencimiento de la promoción;

j) La información relacionada con las promociones provista por las prestadoras del servicio de comunicaciones móviles deberá ser clara, veraz, sin ocultamiento ni inexactitudes que puedan inducir a error o confusión respecto de la disponibilidad y características del servicio ofrecido.

k) Todo otro gasto administrativo o cargo adicional para la utilización del servicio.

ARTICULO 2° — Las prestadoras del servicio de comunicaciones móviles deberán poner a disposición de los consumidores, en forma gratuita, la información que a continuación se detalla, para que pueda ser consultada cuando el consumidor lo demande:

a) El detalle de llamadas efectuadas, con indicación del destino, la cantidad de segundos de voz utilizados y si se efectúo dentro o fuera de su red;

b) El detalle de los mensajes de texto (SMS) y los mensajes multimedia (MMS) enviados y si se efectúo dentro o fuera de su red;

c) La cantidad de datos consumidos o accesos al servicio de internet, según corresponda;

d) Otros consumos realizados en el marco de los servicios contratados.

Se deberá indicar para todos los casos el número de destino, la fecha y la hora de su realización, la duración, así como el cargo unitario que han irrogado.

ARTICULO 3° — Los precios y los cargos correspondientes a consumidor final deberán incluir los impuestos, tasas y contribuciones que correspondan.

ARTICULO 4° — La totalidad de la información prevista en el Artículo 1° de la presente resolución deberá estar disponible para los usuarios a través de los siguientes canales:

a) USUARIOS CON SERVICIO DE MODALIDAD PREPAGA

I) En el sitio web de cada prestadora del servicio de comunicaciones móviles, visible en UNA (1) única página.

II) Un correo electrónico a disposición del usuario que establezca cada prestadora del servicio de comunicaciones móviles;

III) Las líneas telefónicas gratuitas.

b) USUARIOS CON SERVICIO DE MODALIDAD POSPAGA O MIXTA

I) En las facturas, tanto en soporte papel como en formato electrónico;

II) En el sitio web de cada prestadora del servicio de comunicaciones móviles, visible en una única página;

III) Un correo electrónico a disposición del usuario que establezca cada prestadora del servicio de comunicaciones móviles;

IV) Las líneas telefónicas gratuitas.

ARTICULO 5° — La totalidad de la información prevista en el Artículo 2° de la presente resolución deberá estar disponible para los usuarios a través de los siguientes canales:

a) En el sitio web de cada prestadora del servicio de comunicaciones móviles, visible en UNA (1) única página;

b) Un correo electrónico a disposición del usuario que establezca cada prestadora del servicio de comunicaciones móviles;

c) Las líneas telefónicas gratuitas.

La referida información deberá estar disponible para el mes en curso y para los SEIS (6) meses inmediatos anteriores a la consulta realizada.

ARTICULO 6° — Las prestadoras de servicio de comunicaciones móviles deberán suministrar a los consumidores en un mensaje de texto (SMS) al momento de cada recarga de crédito o al inicio de cada ciclo de facturación mensual y recarga o acreditación automática de crédito para consumo de cualquier tipo, según corresponda de acuerdo a la modalidad de contratación del servicio, la siguiente información:

a) El precio del abono correspondiente al plan contratado;

b) El precio vigente de los primeros TREINTA (30) segundos de establecida la comunicación dentro del plan contratado, en los términos dispuestos en el apartado I) del inciso b) del Artículo 1° de la presente resolución, de la llamada local y fuera de la red;

c) El precio del segundo vigente dentro del plan contratado de la llamada local, fuera de la red;

d) El precio de envío de mensajes de texto (SMS) local dentro del plan contratado, fuera de la red;

e) El precio de acceso a Internet dentro del plan contratado por hora, día, semana, mes, kilobyte o megabyte, según corresponda.

Se deberá informar que si el usuario desea información adicional sobre los precios del servicio contratado se le enviará, respondiendo el mismo mensaje o por medio de mecanismo similar, la información completa del Artículo 1° de la presente resolución.

ARTICULO 7° — La presente resolución comenzará a regir a los TREINTA (30) días, contados a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 8° — Cualquier incumplimiento a las disposiciones de la presente norma será sancionado conforme las previsiones de la Ley N° 24.240, de las respectivas licencias y del Artículo 38 del Decreto N° 1185 de fecha 22 de junio de 1990.

ARTICULO 9° — Las respectivas Autoridades de Aplicación de la presente resolución podrán dictar las normas complementarias y/o interpretativas que, en su caso, resulten pertinentes para una adecuada implementación de la presente norma.

ARTICULO 10. — Incorpórase el glosario de voces y definiciones, que como Anexo con DOS (2) hojas forma parte integrante de la presente medida, a los fines de determinar los términos y alcances de los vocablos utilizados en la presente resolución.

ARTICULO 11. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Lic. AUGUSTO COSTA, Secretario de Comercio, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. — NORBERTO BERNER, Secretario de Comunicaciones, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

ANEXO

GLOSARIO DE VOCES Y DEFINICIONES

Abono: Monto predeterminado que debe pagar el usuario en forma periódica en concepto de disponibilidad del servicio en condiciones de uso, independientemente de su utilización efectiva, que incluye una determinada cantidad de segundos, mensajes y tráfico de datos.

Crédito: Monto en pesos que permite la utilización de segundos de voz, mensajes y tráfico de datos, entre otros servicios.

Modalidad pospaga: es la modalidad de servicio de comunicaciones móviles y de Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (SRCE) provista en virtud de un contrato de prestación de servicio cuyo cobro se realiza de forma periódica, mediante la respectiva factura de cobro. Consiste en el pago por adelantado de un abono mensual y en caso que se agote crédito disponible, los consumos posteriores son facturados en el mes posterior al consumo de las comunicaciones realizadas.

Modalidad mixta: es la modalidad de servicio de comunicaciones móviles y de Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (SRCE) provista en virtud de un contrato de prestación de servicio cuyo cobro se realiza de forma periódica, mediante la respectiva factura de cobro. Consiste en el pago por adelantado de un abono mensual y en caso que se agote crédito disponible, los consumos posteriores deberán ser prepagados, mediante la carga de crédito a través de tarjetas de recarga u otras modalidades de recarga habilitadas por las prestadoras del servicio de comunicaciones móviles.

Modalidad prepaga: es la modalidad de servicio de comunicaciones móviles y de Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (SRCE) provista en virtud de un contrato de prestación de servicio, que no tiene asociado cobros periódicos. Los consumos deberán ser prepagados, mediante la carga de crédito a través de tarjetas de recarga u otras modalidades de recarga habilitadas por las prestadoras del servicio de comunicaciones móviles.

Prestadora del servicio de comunicaciones móviles: persona física o jurídica que cuenta con autorización oficial para prestar el servicio de comunicaciones móviles y el Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (SRCE) con numeración asignada.

Servicio de comunicaciones móviles y Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (SRCE): servicio que utiliza sistemas de radiocomunicaciones con técnica celular, interconectado a redes públicas de telecomunicaciones, al que se accede por medio de equipos terminales de uso individual. Comprende a los Servicios de Telefonía Móvil (STM), de Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC), de Comunicaciones Personales (PCS), Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (SRCE) con numeración asignada, y todo otro servicio que reúna las características definidas.

Usuario o consumidor: Persona física o jurídica que utiliza el servicio de comunicaciones móviles y el Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (SRCE).

¿Qué es el Digesto Jurídico Argentino?

El Digesto Jurídico Argentino es la colección de leyes nacionales vigentes, sistematizadas y ordenadas, analizado por la comisión bicameral del Digesto Jurídico y aprobado por el Congreso.

El trabajo requirió un estudio minucioso de las normas ya que muchas de ellas han sido modificadas por nuevas leyes, en tanto otras se superponen entre sí, mientras que varias devinieron en abstracto por el paso del tiempo, aunque nunca fueron derogadas.

El diseño de un digesto jurídico fue incorporado en la reforma constituyente de 1994 y se derivó en el Congreso esa tarea, pero no pudo ser enviado antes al Parlamento debido a la magnitud del trabajo a depurar y ordenar de las leyes y decretos vigentes. Esa tarea fue realizada desde 2005 y hasta 2011 por dos centenares de juristas que se abocaron a ese ordenamiento.

La realización de esta colección significó la consolidación de tres tipos de normas:

-Leyes

-Decretos-leyes

-Decretos de Necesidad y Urgencia.

No se incluyen normas nacionales de jerarquía inferior, ni normas provinciales. Tampoco las normas posteriores a marzo de 2013.

La consolidación abarca desde 1853 hasta marzo de 2013.

¿Qué normas quedan vigentes?

El digesto deja vigente solo 3353 normas de las 31.400 que existían al momento de realizar la consolidación.

Estas 3353 normas están conformadas por:

-1656 Tratados Internacionales

-1697 leyes, decretos-leyes, y decretos de Necesidad y Urgencia

Esto implica una gran modificación en el cuerpo normativo vigente.

La derogación de las normas, implicó el reordenamiento interno de aquellas que quedaron vigentes, además de modificarse su nomenclatura.

En el caso de los Códigos se incorporaron artículos e institutos que se encontraban en leyes complementarias.

¿Qué sucedió con las 28.047 normas restantes?

Fueron derogadas por diferentes motivos:

– Normas caducas por objeto cumplido

– Normas caducas aprobatorias de Tratados vigentes

– Normas derogadas expresamente

– Normas derogadas implícitamente

– Unificación por fusión de normas

– Reordenamiento de articulado de Código

¿Cómo se ordenan las normas nacionales que quedaron vigentes?

El Digesto crea un sistema de denominación alfanumérico y una categorización de 31 materias.

ADM) Administrativo

ACU) Cultura, Ciencia y Tecnología

AED) Educación

ASA) Salud Pública

ASE) Seguridad

ASO) Acción y Desarrollo Social

B) Aduanero

C) Aeronáutico-Espacial

D) Bancario, Monetario y Financiero

E) Civil

F) Comercial

G) Comunitario

H) Constitucional

I) de la Comunicación

J) Diplomático y Consular

K) Económico

L) Impositivo

M) Industrial

N) Internacional Privado

0) Internacional Público

P) Laboral

Q) Medio Ambiente

R) Militar

S) Penal

T) Político

U) Procesal Civil y Comercial

V) Procesal Penal

W) Público Provincial y municipal

X) Recursos Naturales

Y) Seguridad Social

Z) Transporte y Seguros

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  • Tomos 2 a 6: Contienen las 3353 normas clasificadas según la nueva nomenclatura del Digesto Jurídico Argentino.
  • Tomo 6: Normas más importantes a texto completo – Índice Acumulativo de toda la obra; Índice Normativo; Índice por las 31 ramas del derecho dispuestas por el Digesto Jurídico; Índice temático.

 


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–          Todas las normas se incorporan a texto completo

–          Anexo con las 72 normas posteriores a la digestación (marzo 2013, junio 2014)

–          Anexos de listados de normas derogadas y normas fusionadas

 

 

Fallo del Día: Sociedad civil integrada por profesionales que ejercen la abogacía. Inclusión en la cuarta categoría. Inexistencia de explotación comercial. AUTOR (Corti Calvo)

Businessman reading paperwork in conference room

2ª Instancia.-  Buenos Aires, mayo 20 de 2014.

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El doctor Morán, dijo:

I. Que por sentencia de fs. 319/323 vta., la señora juez de la instancia anterior hizo lugar, con costas, a la demanda revocando la resolución 257/07 de la Dirección Regional Palermo, por la que se desestimaba el recurso administrativo de apelación contra el acto del 13/02/2007 que ordenaba la inscripción de la sociedad civil actora como contribuyente del impuesto a las ganancias y presentación de las declaraciones juradas por lo períodos no prescriptos.

Para así resolver tuvo en cuenta la normativa aplicable al caso y las conclusiones de la perito contadora, sobre esa base consideró que en la causa se encontraba acreditado que la actora es una sociedad civil integrada por profesionales que ejercen la abogacía, cuya actividad consiste en prestar servicios jurídicos y no está contemplada como explotación comercial. Por lo que se trata de un ente que no resulta sujeto del Impuesto a las Ganancias, no es contribuyente, y por lo tanto, las rentas que obtienen se atribuyen a los socios que son contribuyentes a título personal, debiendo incluir la utilidad impositiva en su propia declaración jurada. Finalmente cito jurisprudencia de esta Cámara.

Por último reguló los honorarios -en conjunto- de los Dres. A. H. M. C. y R. A. C., en la suma de $… y de la perito contadora publica en la suma de $…

II. Que, contra dicha sentencia interpusieron recurso de apelación contra la regulación de honorarios los abogados de la parte actora (fs. 324) y la perito contadora (fs. 332/333), los que fueron concedidos a fs. 325 y 334 respectivamente.

Por su parte, a fs. 327/329, interpuso recurso de apelación la demandada, el que fue libremente concedido a fs. 330. Puestos los autos en la Oficina, expresó agravios a fs. 348/359, los que fueron contestados por la parte actora a fs. 361/364.

Sostiene la recurrente que no se está frente a la labor profesional realizada personalmente por los doctores H. C. y A. C., sino que la sociedad civil “…” responde a una organización empresarial que también contrata la labor de otros profesionales -contadores y abogados- que proveen sus servicios a la sociedad para resolver las cuestiones legales de sus clientes.

Asimismo considera que la sociedad, al desarrollar actividades susceptibles de generar rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos que la ley de tributo grava y al encontrarse comprendida entre los responsables enumerados en el inciso b) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, debe inscribirse en el impuesto. Ello toda vez que no caben dudas que es una organización profesional para ejercer una actividad económica consistente en la administración de un estudio jurídico donde hay una inversión de capital y un riesgo económico teniendo en cuenta la inversión realizada.

Entiende que las rentas obtenidas provienen de una sociedad civil comprendida en el inciso b) del artículo 49 y, por ello, están alcanzadas por la tercera categoría.

III. Que, la cuestión a dilucidar en la presente causa se centra en determinar si por la labor desarrollada por “…” como estudio jurídico, es correcto que sus rentas sean atribuidas a la cuarta categoría del impuesto a las ganancias (trabajo personal), como sostiene el actor, y no a la tercera categoría (ingresos obtenidos por las empresas) como considera el Fisco. Cabe agregar al respecto que cuestiones similares fueron resueltas por esta Sala in re: “Pistrelli Díaz y Asociados c. EN – AFIP DGI- Resol. 208/2006 s/ Dirección General Impositiva”, expediente 9716/2007 del 25/08/2010; “Paracha Jorge Daniel (TF 29255-I) c. DGI”, expediente 24759/2011 del 29/11/2011, entre otros

Al respecto, el art. 49 -en lo que aquí interesa- establece que: “Constituyen ganancias de la tercera categoría:… Cuando la actividad profesional u oficio que se refiere el artículo 79 se complemente con una explotación comercial o viceversa (sanatorios, etcétera), el resultado total que se obtenga del conjunto de esas actividades se considerará como ganancia de tercera categoría”. Por su parte el artículo 79 inciso f) dispone que: “Constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes: f) Del ejercicio de profesiones liberales u oficios y de funciones de albacea, síndico, mandatario, gestor de negocios, director de sociedades anónimas y fideicomiso…”.

IV. Que, ambas partes reconocen que la actora es una sociedad civil cuya actividad principal es la de prestar servicios profesionales jurídicos -cuyo instituto se encuentra plasmado en el art. 1648 del Cód. Civil-. En virtud de ello no caben dudas de que la actividad de la actora es una actividad profesional, sin embargo corresponde establecer si dicha actividad se complementa con una explotación comercial y si, como lo sostiene la AFIP, que el hecho de que sea considerado una empresa trae consigo aparejado que exista una explotación comercial.

V. Que, la circular DGI 1080, del 05/09/1979 considera que “empresario es la persona física o sucesión indivisa, titular de un capital que, a nombre propio y bajo su responsabilidad jurídica y económica, asume con intención de lucro la prestación habitual de servicios técnicos, científicos o profesionales, y organiza, dirige y solventa con ese fin, el trabajo remunerado y especializado de otras personas”. Asimismo, mediante Dictamen (DATJ) 7/80 (DGI), del 07/05/1980, el Departamento de Asesoría Técnica entendió que a los efectos fiscales el término “empresa” podría definirse como “Organización industrial, comercial, financiera, de servicios, profesional, agropecuaria o de cualquier otra índole que, generada para el ejercicio habitual de una actividad económica basada en la producción, extracción o cambio de bienes o en la prestación de servicios, utiliza como elemento fundamental para el cumplimiento de dicho fin la inversión del capital y/o aporte de mano de obra, asumiendo en la obtención del beneficio el riesgo propio de la actividad que desarrolla”

Teniendo en cuenta dichos pronunciamientos corresponde aquí hacer una distinción ya que una empresa puede desarrollar tanto una actividad comercial como civil.

El Código Comercial, en su artículo 8° define el “acto de comercio”, sin que se incluya dentro de tal definición el ejercicio de profesiones liberales, ello en virtud de que son actividades civiles, más allá de que efectivamente persigan o no un fin de lucro.

Al respecto Aurelio Cid sostiene (Conf. “Las sociedades de profesionales frente al Impuesto a las Ganancias”, Errepar, Tomo XXV, pág. 535, junio 2004) que “la inclusión en tercera o cuarta categoría no depende de que una actividad sea desarrollada o no por una “empresa”. No existe ninguna norma o reglamento que diga eso. Los últimos párrafos de los artículos 49 de la ley y 68 de su decreto reglamentario no se refieren a una “empresa” sino a una “explotación comercial”, que … no son términos sinónimos. Una “explotación comercial” será siempre una “empresa” aunque fuese unipersonal, pero una “empresa” no necesariamente es una “explotación comercial”. Asimismo considera que “…el criterio fiscal se sustenta básicamente en considerar como términos sinónimos “empresa” y “explotación comercial”, lo cual constituye un error que… queda claramente demostrado por el tercer párrafo del artículo 68 del reglamento”

VI. Que, habiendo dejado en claro que no toda empresa es una explotación comercial corresponde analizar la normativa aplicable al caso. El artículo 49 dispone en su último párrafo que “cuando la actividad profesional u oficio a que se refiere el artículo 79 se complemente con una explotación comercial o viceversa (Sanatorios, etc.), el resultado total que se obtenga del conjunto de esas actividades se considerará como ganancia de la tercera categoría”. Es decir que para que una actividad profesional tribute ganancia de la tercera categoría, dicha actividad debe complementarse con una actividad comercial, lo que exige una serie de elementos que exceden el simple reparto de honorarios como ocurre en el caso, cuyo objetivo no es conformar una verdadera explotación comercial sino prestar servicios profesionales. A ello cabe agregar que nada dice la ley respecto de la forma en que el profesional realice su actividad, ya sea en forma individual o asociada.

Asimismo, el art. 68 del decreto reglamentario, que trata las ganancias de la tercera categoría, dispone en su último párrafo que “quedan excluidos de las disposiciones de este artículo, las sociedades y empresas o explotaciones a que se refiere el párrafo precedente que desarrollen las actividades indicadas en los incisos f) y g) del artículo 79 de la ley, en tanto no la complementen con una explotación comercial. Tales sujetos deberán considerar como ganancias a los rendimientos, rentas y enriquecimientos a los que se refiere el apartado 1) del artículo 2° de la ley, con el alcance previsto por el artículo 114 de este reglamento y aplicando, en su caso, lo dispuesto por el artículo 115 del mismo” .

De esta forma el decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias excluye de la tercera categoría a las actividades profesionales siempre que las mismas no se complemente con una explotación comercial y, asimismo, reconoce que los profesionales que desarrollen sus actividades en forma de sociedades y empresas o explotaciones sin que se complementen con una explotación comercial pertenecen a la cuarta categoría.

VII. Que, por su parte, la Sala I del Fuero -en un caso similar al de autos- ha sostenido que “el modo en que el actor organizó su actividad profesional y hasta la forma en que la “presenta” en sociedad muestra que aparece como una empresa” y continúa “…que el capital del actor y el personal que ocupa para efectuar prestaciones profesionales, constituye un medio necesario para cumplirlas y en modo alguno puede ser calificado como una inversión que produzca renta, dado que quien lo emplea, esta ejerciendo una profesión liberal. De esta manera, se considere o no la actividad del actor como empresa, lo cierto es que por los mismos argumentos expresados por el Tribunal Fiscal, y aquí ampliados, no basta que la actividad concreta tome forma de empresa -insisto- u organización de medio personal según el a quo, para calificar en la especie al actor contribuyente de la tercera categoría.” Asimismo sostiene que “será de cuarta categoría la actividad desarrollada, aún en forma de empresa, por profesionales como el actor, que sólo lleven a cabo el cumplimiento de su incumbencia, en este caso universitaria, sin abarcar otra actividad de tipo comercial complementaria, aún cuando los beneficios que perciben pudieren rotularse como lucro” (conf. Sala I, “Ramos Jaime Francisco Alfredo (TF 18457-I) c. DGI”, sentencia del 6 de junio de 2006)

Asimismo, la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación dictó sentencia el 4 de diciembre de 2009 en la causa “Paracha, Jorge Daniel s/ apelación” entendió que cuando el Fisco interpreta calificar la actividad del actor -contador y agente de propiedad industrial- como empresa, a los efectos de que sus rentas deban tributar por la tercera categoría, esta violentando el texto de las normas que regulan el gravamen. Asimismo, considera que resulta intrascendente la consideración de hechos tales como el número de personal con título habilitante que actúen en la sociedad, la afectación de un patrimonio para llevar a cabo su cometido, las inversiones realizadas en su equipamiento, el volumen de las operaciones facturadas, la existencia de facturas y documentación a nombre de la sociedad exclusivamente o la verificación de un riesgo económico en razón de la inversión realizada. Sentencia confirmada por esta Sala el 29/11/2011 en autos “Paracha, Jorge Daniel (TF 29255-I) c. DGI”. Ver también esta Sala in re: “Otamendi, Jorge c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 11/03/2014.

VIII. Que, en virtud de todo lo expuesto, cabe concluir que las sociedades civiles cuya actividad es la de prestación de servicios profesionales, sin desarrollar en forma complementaria explotación comercial alguna, tributan ganancias de cuarta categoría. El hecho de considerar a dichas sociedades como empresas no trae consigo aparejado que necesariamente exista una explotación comercial. Por todo ello, voto por rechazar el recurso interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia apelada con costas de esta instancia a la vencida (art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

IX. Que, en atención a lo establecido en los artículos 6°, 7°, 9°, 19, 37 y 38 y concordantes de la ley 21.839 y ponderando la naturaleza jurídica del juicio, el monto, la importancia de la cuestión y entidad de las labores desarrolladas, se confirman los honorarios regulados a los doctores A. H. C. y R. A. C., en representación de la parte actora y por su actuación en la Alzada se regulan los honorarios en la suma de pesos … ($…), en conjunto.

Que, teniendo en cuenta lo expuesto en los considerandos que anteceden, y en atención a lo establecido en el artículo 3°, incisos b), e) y g) del decreto-ley 16.638/1957, y ponderando la entidad y amplitud de las cuestiones sometidas a conocimiento de la perito contadora E. B. P., atento el mérito, calidad y eficacia del trabajo desarrollado, así como la adecuada proporción que deben guardar los honorarios de los expertos respecto de los que corresponda a los restantes profesionales que intervinieron durante la sustanciación del proceso (arg. Fallos: 260:14 y 300:70, entre otros), Confírmanse -desde que sólo fueron apelados por bajos- los honorarios regulados a su favor.

Los doctores Duffy y Vincenti adhieren al voto que antecede.

En virtud del resultado que informa el Acuerdo que antecede, se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada, con costas de esta instancia a la demandada vencida (art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

2) Regular los honorarios profesionales por la actuación en esta instancia de acuerdo con lo expuesto en el considerando IX. – Rogelio W. Vincenti. – Jorge E. Morán. – Marcelo D. Duffy.