Legislación del Día: Creación del Programa “Red Federal de Comercios de Proximidad de Argentina”.

Expediente: "T", Nº 02 Córdoba, marzo 8 de 2012. 1ª.? ¿Es procedente el recurso de apelación? 2ª.? ¿Qué pronunciamiento corresponde? 1ª cuestión.? El Dr. Sesin dijo: 1. A fs. 528 la parte actora interpone recurso de apelación en contra del Auto Número Trescientos Sesenta y cuatro (fs. 522/526), dictado por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación el siete de octubre de dos mil ocho que resolvió: "1) Hacer lugar a la excepción de incompetencia del Tribunal opuesta por la parte demandada, Provincia de Córdoba, con costas...". Concedido el recurso por Auto Número Treinta y seis de fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve (fs. 529), se elevan los autos a este Tribunal a fs. 534. 2. A fs. 535 se corre traslado a la apelante a fin de que exprese agravios, evacuándolo a fs. 536/544 vta. en los siguientes términos: 2.1. Sostiene que la notificación del acto fue realizada por cédula, por lo que debió cumplir con todos y cada uno de los requisitos previstos para dicho medio de notificación atento la normativa y la jurisprudencia vigente. Afirma que corresponde a la incidentista el onus probandi de la fecha de notificación fehaciente, puesto que sobre él pesa la obligación de notificar el acto por cédula o cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado y además, es quien debe probar los hechos en que sustenta la excepción planteada. Relata que en autos está acreditado que: a) la cédula fue entregada en el domicilio de su parte el veintidós de marzo de dos mil siete, b) el Acuse de Entrega que habría sido emitido por un dependiente de la empresa OCA S.A. corresponde a la oblea identificada con el Número AN 5137605 (3) que obra a fs. 1151 de autos y no guarda relación con la cédula en cuestión, c) dicho acuse pudo haber correspondido a algún envío postal cuyo contenido no ha logrado ser identificado y d) no ha quedado demostrada la autenticidad de dicho acuse. Cita jurisprudencia. Señala que, si no se tiene en cuenta el "acuse de recibo", en autos no se ha podido acreditar fehacientemente cuándo se produjo la notificación de la resolución impugnada, ni cuál fue el contenido del envío en cuestión. Postula que de la prueba informativa surge que no existe documentación respaldatoria alguna respecto del envío postal alegado por la demandada, ni tampoco se puede precisar la fecha de la notificación de la pieza correspondiente al acuse de entrega sobre la que se indagó. Explica que según las constancias del sistema informático de seguimiento de envíos (tracking) de la entidad oficiada, el envío al que alude el "acuse de entrega" acompañado por la demandada fue entregado el veintidós de marzo de dos mil siete, lo que desacredita la entidad del infundado informe producido por la Empresa OCA, dando cuenta de lo razonable y prudente de lo actuado por su parte al momento de computar el plazo con que contaba para interponer la demanda. Señala que el pronunciamiento del a quo se limita a reproducir el Dictamen del Fiscal de Cámara priorizando que, según el listado de "eventos del envío AN51376053", la pieza fue "despachada a calle" el veintiuno de marzo de dos mil siete, lo que coincidiría con el día de la entrega al destinatario, pero dejando de lado que ese mismo listado consigna expresamente a renglón seguido que el servicio fue entregado el veintidós de marzo de dos mil siete. Agrega que se ha omitido considerar que la Empresa de correo no puede dar fe del contenido del acuse de entrega, por cuanto se trata de un servicio no apto para acreditar notificación alguna, desde que no puede dar fe del contenido del envío pertinente. Aduce que la pretensión de que las consecuencias del irregular diligenciamiento de la cédula recaigan sobre el administrado, lo coloca en una grave situación de indefensión al verse impedido de acceder a la justicia en defensa de sus derechos. Asegura que deviene insustancial sostener que el medio de comunicación empleado para la notificación del acto administrativo resulta idóneo por ser idéntico al utilizado en el curso del procedimiento administrativo de que se trata, atento que la reiteración del error no lo convalida sino que al contrario lo agrava. Añade que especto del envío postal cuya notificación no está probada, no se ha podido demostrar la supuesta vinculación entre la cédula de notificación sin fecha de recepción, agregada en autos y el envío aludido. Advierte que no se ha dejado constancia del contenido del acto ni se ha podido identificar la Resolución que se notificaba mediante el envío correspondiente al "acuse", lo que incumple el requisito del art. 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Refiere que el Dictamen del Fiscal, aun cuando reconoce que la leyenda "...ed-Resol. 17 fs..." inserta por el empleado de OCA es incompleta, postula sin dar mayor fundamento, que es razonable interpretar que dicha lectura coincide con el contenido de la comunicación entregada. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esgrime que no se notificó la resolución impugnada por carta certificada con aviso de retorno ?art. 54 inc. b, ley 6006?, sino que eligió notificar por cédula prevista en el inc. c) del mismo precepto, por lo que no se puede vincular la notificación con el acuse de entrega de fs. 1151. Añade que ese "acuse" es un instrumento privado sin firma certificada por escribano o funcionario público por lo que no puede asignársele el carácter que se pretende. Interpreta que no es aceptable la vinculación que se pretende, puesto que se trata de dos medios de notificación diferentes previstos en incisos distintos del art. 54 del Código Tributario Provincial y, en el caso, se utilizó sólo uno de ellos, la cédula prevista en el inc. c) del art. 54, que recibió en su domicilio el veintidós de marzo de dos mil siete. 2.2. Como segundo agravio arguye que el pronunciamiento recurrido desconoce que la entrega de la pieza postal identificada AN51376053 no fue realizada el veintiuno de marzo de dos mil siete, sino el veintidós de marzo de dos mil siete, tal como surge del sistema informático de seguimiento de envíos de OCA, por lo que aun cuando se pretende argumentar la autenticidad de la constancia de fs. 1151 y su eventual vinculación con la resolución impugnada, no puede concluirse que la demanda es extemporánea. Cita jurisprudencia. Explica que para que una notificación sea idónea y fehaciente, debe ser realizada por un medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado ?art. 54, CTP?, lo que sólo ocurre con la cédula de notificación, el acta notarial o los envíos en los cuales el correo confronta y da fe de su contenido. Sostiene que la constancia de fs. 1151 de ningún modo acredita que la notificación del acto impugnado ocurrió el veintiuno de marzo de dos mil siete, puesto que aun cuando se admita su autenticidad, sólo acredita la fecha de entrega de la pieza postal, pero su contenido no ha logrado individualizarse. Alega que no puede sostenerse que la notificación de la resolución impugnada ocurrió la fecha que en el documento se consigna, ya que no se reproduce el contenido del que se notifica ni su parte resolutiva. Sostiene que del texto del último párrafo del art. 54 del Código Tributario Provincial surge que la intención del Legislador fue considerar notificado un acto una vez que el mismo ha sido eficaz e integralmente puesto en conocimiento del administrado por un medio que acredite fehacientemente que ello ha sucedido. Postula que ninguno de los requisitos exigidos por los arts. 54 y 55 del Código Tributario han sido cumplidos en el documento de fs. 1151 para configurarlo como una notificación válida. Cita jurisprudencia de las Cámaras Nacionales de Apelación en lo Contencioso Administrativo Federal y doctrina relacionada. 2.3. Como tercer agravio postula que ha obrado con probidad y buena fe, en tanto no ha desconocido que recibió la cédula con una copia íntegra de la res. PDF 30/2007, sino que, recibida el veintidós de marzo de dos mil siete, actuó convencida de que había calculado razonablemente el plazo legal para interponer la demanda de acuerdo con los elementos que tenía en su poder. Cita jurisprudencia. Afirma que constituye un rigorismo formal excesivo, contrario al derecho de defensa y a los principios de pro actione y de razonabilidad, denegar el acceso a la justicia de su parte en las condiciones que surgen de la causa, máxime si se advierte que si la hubiera presentado diez minutos antes sería considerada interpuesta en legal tiempo y forma. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Destaca que en el resolutorio se ha omitido tener presente que su parte carece de domicilio en la Provincia de Córdoba y no se le ha otorgado ninguna ampliación del plazo en razón de la distancia, situación que la coloca en desigualdad con relación a la contraparte y al resto de los justiciables, dado que se le ha exigido el cumplimiento de un plazo en condiciones más gravosas que el resto. Solicita la aplicación del citado principio in dubio pro actione interpretando en todo caso que la demanda fue interpuesta en término, atento las particularidades del caso. Cita jurisprudencia de este Tribunal. Señala que el examen de las condiciones de admisibilidad de la demanda contencioso administrativa no se compadece con el excesivo rigor formal de razonamientos puramente lógicos y dogmáticos, pues lo esencial es dar a la normas procesales un alcance acorde con el contexto general y los fines que las informan a fin de posibilitar al demandante la tutela judicial efectiva de sus derechos. Refiere que en el caso "Fornari de Torresan, Catalina del C. v. Ompre, Almada - Medidas preparatorias - Recurso Directo (sala Civil, A.I. N° 80/05)" citado por el a quo, la recurrente había omitido la presentación de ciertas copias requeridas para la interposición de su recurso, por lo que no guarda relación con el caso de autos. Alega que los fundamentos expuestos para justificar la extemporaneidad de la demanda, configuran una interpretación excesivamente formalista y vacía de contenido al omitir valorar adecuadamente las circunstancias particulares de autos. Hace reserva del caso federal (art. 14, ley 48). 3. A fs. 545 se corre traslado del recurso a la parte demandada, quien lo evacua a fs. 547/556 vta., solicitando por las razones que allí expresa, se rechace el recurso de apelación interpuesto, con costas. 4. A fs. 557 se da intervención al Señor Fiscal General de la Provincia, expidiéndose el Señor Fiscal Adjunto por la improcedencia formal del remedio articulado (Dictamen C.A. 679, de fecha 09/9/2009, fs. 558/560). 5. A fs. 565 se dicta el decreto de autos, el que firme (fs. 566/566 vta. y 569), deja la causa en estado de ser resuelta. 6. El recurso bajo análisis ha sido oportunamente interpuesto, contra un Auto que hizo lugar a la excepción de incompetencia del Tribunal y por parte legitimada, razón por la cual corresponde su tratamiento (arts. 43 y ss., CPCA, y 366 y ss., CPCC, aplicables por remisión del art. 13 del citado en primer término). 7. El Auto recurrido contiene una adecuada relación de causa (art. 329, CPCC), la cual debe tenerse por reproducida en el presente al efecto de evitar su innecesaria reiteración. 8. El Tribunal a quo, mediante el decisorio que se impugna (fs. 522/526), hizo lugar a la excepción de incompetencia del Tribunal opuesta por la demandada, declarando que la presente causa no integra la competencia del Tribunal (conf. fs. 525 vta.) en razón de que la demanda judicial planteada el nueve de mayo de dos mil siete devino extemporánea por caducidad (arts. 1, 7 y 8, ley 7182, y 120, CTP) en tanto fue interpuesta cuando ya se encontraba vencido el plazo previsto a tal efecto, habiendo devenido firme y consentido el acto administrativo impugnado. Para así resolver, la Juzgadora ?siguiendo la opinión expresada por el fiscal de Cámara (Dictamen 214 de fecha 11/6/2008, conf. fs. 518/519)? desarrolló las siguientes premisas: a) El medio de comunicación empleado para notificar la res. PFD 30/2007 a la administrada, es idéntico al que fue utilizado en todo el procedimiento administrativo, esto es comunicación con "acuse de entrega" y el actor no ha expuesto, en la primera oportunidad procesal, ninguna razón que descalifique ese medio de comunicación por la demandada o la constancia de la fecha de recepción o la identidad del acto notificado (conf. fs. 523 vta.); b) No hay dudas sobre la idoneidad del medio empleado para efectuar la comunicación, a la vez que satisface las exigencias de "cualquier otro medio" de comunicación impuesto por el art. 55, ley 6658; c) Ni la negativa de la actora o el error en que ha incurrido al justificar la temporalidad de la demanda, ni la constancia informática llamada tracking desvirtúan el aserto del "aviso de entrega", pues la pieza fue "despachada a la calle" el día que consta la entrega del destinatario (conf. fs. 524); d) El informe de la Empresa OCA, confirma los datos que surgen a simple vista del aviso de recepción obrante en el expediente administrativo, el que además, es un "instrumento público" en razón de la calidad de concesionario del servicio postal de la Administración demandada y, por ende, no cabe dudas que el agente emisor que suscribe dicho acuse de entrega, según las formas prescriptas para su actuación, hace plena fe de la existencia material del hecho de la entrega en sí misma y de las referencias a la identidad del expediente administrativo y de la leyenda incompleta que debe razonablemente leerse como abreviatura de "Cédula - Resolución 17 fojas" (conf. fs. 524); e) La comunicación del acto administrativo fue el veintiuno de marzo de dos mil siete (fs. 1151) y la demanda fue interpuesta el nueve de mayo de dos mil siete a las diez horas y diez minutos (10:10 hs.), por lo que es extemporánea por caducidad (conf. fs. 525 vta.). 9. Contra dicho pronunciamiento, alza su embate recursivo la actora en los términos que se han reseñado en los puntos precedentes, sosteniendo, en esencia que la demanda fue interpuesta en término, atento que la notificación del acto administrativo fue hecha por cédula recibida en su domicilio el veintidós de marzo de dos mil siete, de conformidad al medio autorizado en el art. 54, inc. c, ley 6006, t.o. 2004, por lo que la excepción de incompetencia debe ser rechazada (conf. fs. 541). Sostiene que la constancia de fs. 1151 ?acuse de entrega? no prueba que el acto administrativo fue notificado el veintiuno de marzo de dos mil siete, puesto que no siendo un medio auténtico, ha sido desconocido por su parte, no se corresponde con la resolución impugnada y, por lo tanto, no reúne los requisitos exigidos para ser considerada una notificación válida (conf. fs. 542 vta./543). Señala que es aplicable el principio pro actione y el de razonabilidad, ya que de lo contrario se incurría en un supuesto de excesivo rigor formal (conf. fs. 543/544). 10. En ese contexto argumental y, a fin de lograr una mayor claridad en la resolución del agravio descripto, es menester efectuar un suscinto repaso del procedimiento administrativo seguido en el sub lite, que da cuenta que: a) Mediante la res. PFD 165 de fecha treinta y uno de octubre de dos mil seis la demandada aprobó la determinación impositiva tributaria practicada a la Firma "Toyota Argentina S.A." con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la actividad de Fabricación de Vehículos, Distribución y Venta de vehículos automotores por el período diciembre de dos mil dos a junio de dos mil cinco, ambos inclusive y, por un total de $ 5.313.841,84 incluidos recargos, intereses y multas (conf. fol. 1084/1104, expte. adm. n. 0562-053247/2006); b) Con fecha once de diciembre de dos mil seis la actora interpuso Recurso de Reconsideración (fol. 1107/1130, expte. adm. cit.), que fue declarado procedente mediante la res. PFD 199 de fecha veinte de diciembre de dos mil seis y ordenó la sustanciación del trámite correspondiente al recurso interpuesto (conf. fol. 1131); c) El Señor Director de la Policía Fiscal a través de la Resolución Número PFD 030 de fecha ocho de marzo de dos mil siete rechazó el recurso interpuesto y aprobó la liquidación practicada por un total de $ 5.313.841,84 incluidos los rubros: diferencias de impuesto, recargos resarcitorios, multa por omisión e intereses por mora, con más Sellado de Actuación (conf. fol. 1134/1147, expte. adm. cit.); d) Al folio 1150 del citado expediente administrativo consta cédula de notificación de ese acto administrativo de fecha quince de marzo de dos mil siete sin consignar fecha de recepción, dirigida al domicilio constituido y apoderado de la Firma contribuyente "Toyota Argentina S.A.". Se deja constancia de que se acompaña copia autenticada de la Resolución que se notifica y se cita la norma referida al trámite recursivo tributario pertinente; e) Al folio 1151 está la constancia de "Acuse de Entrega" emitido por la Empresa de correo postal OCA identificado con la Oblea Número AN51370605-3 de fecha veintiuno de marzo de dos mil siete dirigido al mismo domicilio constituido y apoderado de la Firma actora, consignando en su parte inferior izquierda la leyenda "ed - Resol. 17 fs."; f) El nueve de mayo de dos mil siete a las diez horas y diez minutos (10:10 hs) la actora presentó la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción contra los actos administrativos impugnados, manifestando que fue notificado de la resolución confirmatoria de la determinación tributaria el veintidós de marzo de dos mil siete (conf. fs. 371/400) g) La Cámara a quo, previo Dictamen del fiscal de Cámara (conf. fs. 406/407), mediante proveído de fecha siete de junio de dos mil siete habilitó la instancia contencioso administrativa (fs. 411); h) Por último, con fecha veinte de septiembre de dos mil siete la demandada interpuso la excepción de previo y especial pronunciamiento de incompetencia del Tribunal (arts. 24, 25 y 26, ley 7182) en razón de la extemporaneidad de la demanda, pues la res. PFD 30/07 se le notificó a la actora el veintiuno de marzo de dos mil siete tal como surge de la constancia del "Acuse de Entrega" de la Empresa OCA y, por lo tanto, el plazo legal de caducidad (arts. 8, ley 7182, y 102, CTP) venció el ocho de mayo de dos mil siete y con cargo de hora, el nueve de mayo de dos mil siete a las diez horas (10:00 hs) ?conf. fs. 426/430 vta.?. 11. A los fines de verificar si, en el caso, se ajusta a derecho lo resuelto por el Tribunal a quo con relación a la extemporaneidad de la demanda, al considerar que fue planteada por la actora encontrándose vencido el plazo del art. 8, ley 7182, y ha devenido firme el acto administrativo cuestionado (conf. fs. 523/525), resulta adecuado efectuar las siguientes consideraciones. 12. Como se ha sostenido de manera constante en la jurisprudencia de los Tribunales del Fuero, reiterada por esta sala (conf. sents. 22 del 31/7/1997 "Álvarez..." y 72 del 6/11/1997 "Aliaga, Agustín..."), la materia contencioso administrativa se configura sólo en presencia de resoluciones dictadas en ejercicio de la función administrativa por autoridades con facultad para decidir en última instancia y que resuelvan o hayan tenido oportunidad de resolver sobre el fondo de la cuestión o derecho vulnerado, según se trate de un acto denegatorio expreso o presunto (Trib. Sup. Just., A.A.I.I. 12/1982 "Sodicor...", 166/1982 "Suc. R. Tato...", entre otros) o que la denegatoria formal del recurso emanada de dicha autoridad no haya quedado consentida al impugnar fundadamente el recurrente los concretos motivos aducidos para ello por la Administración (Trib. Sup. Just., A.A.I.I. 212/1982 "Bustos de Sabena...", 210/1984 "Empr. Grau y Cerrito...", 145/1985 "Banco Hipotec. Nacional...", 350/1986 "Coop. Agropec. ...", entre otros), así como que la demanda haya sido incoada en tiempo propio. Es necesario pues, que la resolución impugnada y objeto del proceso "cause estado", esto es que presente la "...posibilidad de ser recurrida por la vía contencioso-administrativa; si desaparece la posibilidad de la interposición del recurso contra la resolución administrativa, sea por consentimiento o vencimiento del término, ésta se transforma en decisión administrativa firme..." (Fiorini, B. A., "¿Qué es el Contencioso?", Capital Federal, 1965, ps. 216/217). En esa línea conceptual, sabido es que para el ejercicio de la acción contencioso administrativa, sea de plena jurisdicción, de ilegitimidad o lesividad, existe un plazo legal. Con relación a ello, ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "...las normas provinciales que establecen términos para la iniciación de demandas contencioso-administrativas son constitucionalmente válidas, en cuanto se limitan a la reglamentación del ejercicio de las acciones acordadas en el orden local, si de esa manera no se restringen derechos acordados por leyes de la Nación..." (conf. "S.A Cía. de Electricidad del Sud Argentino v. Municipalidad de Mercedes", 17/12/1947). En el orden local, el Legislador ha fijado en treinta (30) días hábiles judiciales desde que el acto fue debidamente notificado, el plazo para accionar cuando la Administración se ha pronunciado expresamente (art. 8, ley 7182). Dicho plazo procesal, que es fatal, ha sido instaurado para otorgar certeza a las situaciones individuales y contribuye al resguardo del bien "seguridad jurídica" como valor de contenido social. En el caso particular de autos, la índole del acto impugnado torna aplicable el art. 120, CTP, que con idéntico espíritu establece textualmente: "...Contra las decisiones definitivas y de última instancia de la Dirección, salvo las referidas en el párrafo siguiente, el contribuyente o el responsable podrá interponer demanda contencioso administrativa dentro de los treinta días de notificada la resolución o su aclaratoria..." (dec. 270 ?texto ordenado y actualizado de la ley 6006?). 13. Ahora bien, la decisión del inferior en el sentido de que la presente causa no correspondía a esta jurisdicción por no satisfacer el requisito previsto en el art. 8, CCA,, sobre la base de considerar a la constancia de folio 1151 de las actuaciones administrativas, como única notificación válida de la res. PFD 30/2007 no aparece debidamente justificada si se analizan el resto de las circunstancias concretas del caso. 14. Con relación al medio de notificación utilizado en el procedimiento administrativo de que se trata, es dable señalar que con arreglo a su origen etimológico, notificación ?notum facere: dar a conocer algo? significa poner en conocimiento de alguien aquello que interesa que conozca (conf. Hutchinson, Tomás, "Las notificaciones en el procedimiento administrativo", Colegio de Abogados de La Plata y A.A.D.A., La Plata 1981, p. 63; Hutchinson, Tomás [director], "Digesto Práctico La Ley", 1ª ed., La Ley, Buenos Aires 2004, p. 546). Si bien el acto administrativo tiene vida jurídica independientemente de su notificación, ésta se relaciona con su eficacia. La notificación es, por lo tanto, un acto nuevo con una doble finalidad: constituye una condición jurídica para la eficacia de los actos administrativos y actúa como presupuesto para que transcurran los plazos de impugnación del acto notificado (conf. Hutchinson, Tomás, "Ley nacional de procedimientos administrativos. Ley 19549. Comentada, anotada y concordada con las normas provinciales", t. I, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1985, p. 229). Tal como ha sostenido esta sala, mediante la formalidad de las notificaciones, el sistema jurídico procedimental procura garantizar al administrado el adecuado conocimiento de las decisiones administrativas, que facilite el ejercicio de sus derechos recursivos y procesales y sancione las irregularidades de las notificaciones privándolas de su eficacia para dar inicio a los términos rituales (conf. A.I. 90/1987, "Valdez, Carolina..."; sent. 89/2009 "Gastronomía Peka..."). En el mismo sentido, el Tribunal Supremo Español ha puntualizado que la notificación consiste en una comunicación formal del acto administrativo, de la que se hace depender su eficacia, constituyendo una garantía para el administrado, en cuanto hace posible el exacto conocimiento de su contenido y permite a aquél actuar frente a la decisión administrativa que comporta a través del ejercicio de su oportuna defensa (sala de lo Contencioso, Recurso 3466/2002, sent. del 10/01/2008). Así, la función que cumple la notificación en la estructura del acto administrativo no es la de ser una condición para su validez, sino que se trata de un requisito para su eficacia. Sólo desde que se lleve a cabo correctamente y con la seguridad de que ha llegado al conocimiento del destinatario del acto puede desplegar sus efectos (Tribunal Supremo Español, sala de lo Contencioso, Recurso 76/2005, sent. del 29/1/2008). El Código Tributario Provincial (ley 6006, t.o. dec. 270/2004) aplicable a la especie, respecto de los distintos medios de notificación admitidos en el procedimiento tributario establece lo siguiente: "...Notificaciones, citaciones e intimaciones: formas de practicarlas. Resoluciones: notificación. Art. 54. En las actuaciones administrativas originadas por la aplicación de este Código o de leyes tributarias especiales, las notificaciones, citaciones o intimaciones podrán efectuarse: a) Personalmente, por intermedio de dos agentes de la Dirección quienes entregarán copia del acto notificado y dejarán constancia en acta, de la diligencia realizada y del lugar, día y hora en que se efectuó, exigiendo la firma del interesado. Si éste no supiere o no pudiere firmar, podrá hacerlo, a su ruego, un tercero. Si el destinatario no se encontrase, se negare a firmar o a recibirla, los agentes procederán a dejar copia del acto a notificar, en el lugar donde se llevan a cabo las actuaciones dejando constancia de tales circunstancias en acta. b) Por carta certificada con aviso especial de retorno o carta certificada sin cubierta con acuse de recibo. El aviso de retorno o acuse de recibo servirá de suficiente prueba de la notificación, siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio tributario del contribuyente o responsable o en el especial constituido conforme al art. 35, aunque sea suscripto por un tercero. c) Por cédula o cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario del contribuyente o responsable o al especial constituido conforme al art. 35. Si no pudieran practicarse en la forma mencionada, se efectuarán por edictos publicados por cinco días en el Boletín Oficial, sin perjuicio de las diligencias que la Dirección pueda disponer para hacer llegar a conocimiento del interesado la notificación, citación o intimación de pago. Las resoluciones dictadas por la Dirección, se notificarán con la transcripción íntegra de sus considerandos". Tal como se aprecia, el texto legal admite distintos medios de notificación, a saber: a) Personalmente, por intermedio de dos agentes de la Dirección; b) Por carta certificada con aviso especial de retorno o carta certificada sin cubierta con acuse de recibo y c) Por cédula de notificación y admite en general "cualquier otro medio", siempre y cuando permita tener constancia cierta de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado. 15. En este contexto normativo, es dable considerar que existen singulares circunstancias fácticas que caracterizan la presente causa, consistentes en que aun cuando el medio utilizado para notificar la resolución que denegó el recurso de reconsideración coincide con el empleado para comunicar otros actos durante el trámite del procedimiento administrativo, sin que la actora hubiere cuestionado su legitimidad (conf. fols. 1066/1071; 1076/1077; 1105/1106 y 1132/1133 del expte. adm. cit.), lo real y cierto es que de las constancias administrativas no surge con grado de certeza que la actora se haya notificado de la res. PFD 30/2007 de manera fehaciente el veintiuno de marzo de dos mil siete, tal como sostiene la incidentista (conf. fs. 428 vta.). 16. La Cámara a quo, aceptó como legítimo instrumento de notificación en los términos del art. 55, ley 6658, la comunicación con "acuse de entrega" expedido por la Empresa privada OCA, correspondiente a la Oblea n. AN51376053 (conf. fol. 1151 del expte. adm. cit.) al sostener que el actor no ha expuesto "...razón alguna que descalifique el medio de comunicación empleado en ésta oportunidad o la 'constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado' (art. 55, LPA)..." (conf. fs. 523 vta.). De allí que la Juzgadora, siguiendo la opinión del Señor Fiscal de Cámara, admitió como válido al medio de notificación empleado por la accionada, a partir del carácter enunciativo propuesto por el art. 55 de la norma local citada y juzgó que el informe rendido por la empresa OCA"...se limita a confirmar los datos que surgen de la simple lectura del aviso de recepción de fs. 1151..." (conf. fs. 524 vta.), dándole a dicho informe el valor de "instrumento público" en razón de la calidad de concesionario del servicio postal del emisor. Sin embargo, en su análisis ha omitido tener presente otras circunstancias que, si bien no nulifican el medio de notificación utilizado, sin embargo, condicionan el modo de computar los plazos legales a los fines de considerar extemporánea o no la demanda judicial interpuesta. En efecto, aun cuando la empresa de correo privado con motivo de la producción de la prueba ofrecida por la parte actora (conf. fs. 482/483 vta.) afirma que la pieza "ha sido entregada en destino con fecha 21/3/2007" (conf. Informe de fecha 11/4/2008, fs. 496), del sistema informático de seguimientos correspondiente al Envío AN51376053 suministrado el veinticuatro de octubre de dos mil siete por la página web de la Empresa de correo (www.oca.com.ar/tracking/FRMTRACKING2.ASP.) surge que la pieza postal fue "Despachada a la calle" el día veintiuno de marzo de dos mil siete sin consignar horario determinado y a renglón seguido consigna, específicamente, como "Servicio entregado" el veintidós de marzo de dos mil siete (conf. fs. 438). Es decir que, el "aviso de entrega" expedido por la empresa OCA en el domicilio fijado por la actora no acredita de manera suficiente que tuvo conocimiento cabal del acto comunicado el día veintiuno de marzo de dos mil siete, como afirma la demandada. Luego, las constancias existentes en la causa relativas a la fecha en que el servicio fue entregado a la actora (conf. Informe de fs. 438 y acuse de entrega de fs. 1151) impiden asegurar que ella tuvo conocimiento en tiempo oportuno de lo que se le notificaba. De allí que, esa circunstancia bien pudo generar en el justiciable una duda razonable en cuanto a la fecha de notificación, que habilita para resolver del modo más favorable a la garantía del derecho a la tutela administrativa y judicial efectiva, ya que "...ello es así, pues, al margen de que una conclusión diferente importaría dejar de lado los evidentes motivos de justicia y equidad que median en autos y que hacen que deba darse prioridad al derecho de defensa, se frustraría, por un excesivo rigor formal en la interpretación de las normas en juego, una vía eventualmente apta para obtener el reconocimiento del derecho invocado con mengua de la verdad jurídica objetiva..." (Corte Sup., 3/3/2005 "Cantera Timoteo S.A v. Mybis Sierra Chica S.A y otros", LL 2005-D-3, con nota de Colerio, Juan Pedro, LL 2005-C-433, TySS 2005-498) Si es la Administración quien debe acreditar el hecho positivo de que sí notificó y que notificó bien, no basta la mera constancia de emisión o "entrega" de la pieza postal para tener como acreditada la notificación de manera fehaciente. En este sentido, la doctrina especializada ha sostenido que "...No se puede postular un principio supuestamente categórico de que la notificación está probada por el sólo envío de la pieza postal o telegráfica (conf. Gordillo, Agustín, "Tratado de Derecho Administrativo", t. 4, cap. 5, p. 10; www.gordillo.com/tomos_pdf/4/capitulo5.pdf). Las notificaciones cursadas por correo no hacen fe por sí mismas de haber llegado a conocimiento del destinatario. Por ello, es que el mismo art. 54, inc. c, CTP, debe entenderse que armoniza con el art. 41, ley 6658, cuando faculta a notificar por "cualquiera de los medios previstos" siempre y cuando sean fehacientes, en el sentido de que "dé certeza de la fecha de recepción del instrumento en que se recibió la notificación". Si no resulta de las actuaciones administrativas constancia cierta de la fecha de recepción del acto, aparece justificado que deba estarse a la fecha de notificación indicada por la accionante o, lo que es lo mismo, deba interpretarse que la acción contencioso administrativa se presentó en término. Tan es así, por cuanto el régimen de notificaciones en el ámbito administrativo, apunta a que el administrado adquiera un conocimiento cabal cuanto real y efectivo del acto y se informe debidamente de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses, para evitar que se dificulte su ejercicio (conf. Plenario C. Nac. Cont. Adm. Fed., in re "Y.P.F S.A. [T.F. 7799-A] v. ANA", 13/9/2000). 17. De tal modo que, frente a la circunstancia generada por el propio obrar administrativo, que en autos ha determinado que concurran dos modos de anoticiamiento ?cédula de notificación y correo privado con "acuse de entrega"?, aun cuando no haya mediado la invalidación de alguno de ellos, no es dable oponer al propio administrado la omisión formal de solicitar tal circunstancia si la consideraba irregular. En ese contexto, la actora podía razonablemente considerar que, al interponer la demanda contencioso administrativa el nueve de mayo de dos mil siete, actuaba conforme a derecho, desde que teniendo en cuenta la fecha de notificación recibida en su domicilio (fol. 1150 de las actuaciones administrativas) y el cargo puesto al escrito introductorio (fs. 400), era incoada dentro del plazo que establece el art. 8 de la Ley de la Materia. 18. En el sub lite, el balancing o ponderación de los valores jurídicos superiores en juego, en el acto de promoción de la revisión judicial de la legalidad de la actividad administrativa, proyecta desde su vértice una solución para esta causa, en la que sin quebrantar la configuración legal de las formas esenciales del procedimiento administrativo y del proceso contencioso administrativo, concilia las exigencias formales previstas como esenciales y el principio pro actione, frente a una duda razonable, que ha podido suscitar en el administrado la confusión en orden al medio de notificación elegido por la demandada en el procedimiento y, por ende, en cuanto a la fecha para computar el plazo legal para la interposición de la demanda. Como dice Julio R. Comadira, no es a la forma sino al rigorismo formal al cual se debe combatir ("La licitación pública", LexisNexis, Ed. Depalma, Buenos Aires, 2006, p. 34). 19. En suma, la censura expuesta debe ser admitida a riesgo de vulnerar la exigencia del adecuado servicio de justicia que es presupuesto de la garantía contenida en el art. 18, CN, frente a la cual cabe descalificar la decisión jurisdiccional que acuerde preeminencia al aspecto formal de la cuestión en debate. Frustrar la posibilidad de acceder al control judicial, por una pura razón de forma, superable por una interpretación funcional de la norma aplicable al caso, significa anteponer la letra al espíritu, lo ritual y formal a lo material. En efecto, en la observancia de los referidos principios se juega la efectividad de la tutela judicial efectiva que supone la posibilidad de ocurrir ante los Tribunales de Justicia y obtener de ellos sentencia o decisión útil relativa a los derechos de los particulares o litigantes (Fallos 310:276 y 937; 311:208) y que requiere, por sobre todas las cosas, que no se prive a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los derechos que pudieren eventualmente asistirle sino por medio de un proceso conducido en legal forma y que concluya con el dictado de una sentencia ?o decisión? fundada (Fallos 310:1819 y fallo de la Corte Sup., del 14/10/2004, en autos "A 937 XXXVI, Astorga Bracht, Sergio y otro v. COMFER C. dec. 310/1998 s/amparo ley 16986" y comentario de Canosa, Armando N., "Alcances de la denominada tutela administrativa efectiva" en R.A.P., p. 75, n. 323). La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Cantos v. República Argentina..." del veintiocho de noviembre de dos mil dos, al referirse a las garantías judiciales de los arts. 8.1 y 25, PSJCR, ha dicho que "...Esta disposición de la Convención consagra el derecho de acceso a la justicia. De ella se desprende que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado art. 8.1 de la Convención...". 20. En conjunción con el principio pro actione, que consiste en brindar la mayor garantía y promover la interpretación más favorable al ejercicio del derecho de acción y, por lo tanto, asegurar, en lo posible, más allá de las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del procedimiento, en el sub lite, no cabe propiciar otra solución que no sea sino la de habilitar la instancia del control judicial. 21. En definitiva, corresponde hacer lugar a la apelación planteada por la actora y, en su mérito, revocar el decisorio recurrido. En consecuencia y por los mismos fundamentos, procede rechazar la excepción de incompetencia y, en su lugar, declarar que la presente causa corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa. 22. Por último, atento la peculiaridad y complejidad de la cuestión analizada y las circunstancias particulares del caso, estimo justo y equitativo que las costas sean impuestas por su orden en ambas instancias (art. 130, CPCC, a contrario sensu, aplicable al sub examine por remisión del art. 13, ley 7182). Así voto. La Dra. Tarditti dijo: Adhiero al voto del vocal preopinante, que a mi juicio ha expresado los fundamentos necesarios para resolver en forma correcta la presente cuestión. Por ello, me expido en igual sentido. El Dr. Andruet (h) dijo: Comparto en un todo lo expresado por el vocal Dr. Sesin, votando en consecuencia, de igual forma. 2ª cuestión.? El Dr. Sesin dijo: Corresponde: I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 528 y, en consecuencia, dejar sin efecto el Auto Número Trescientos sesenta y cuatro dictado el siete de octubre de dos mil ocho, por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación (fs. 522/526). II) No hacer lugar a la excepción de incompetencia y declarar que la presente causa corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa. III) Imponer las costas por su orden en ambas instancias (art. 130, CPCC, a contrario sensu, aplicable al sub examine por remisión del art. 13, ley 7182). IV) Disponer que los honorarios profesionales del Doctor Facundo Cortés Olmedo ?parte actora? por la labor desarrollada en ésta instancia, sean regulados por la Cámara a quo, si correspondiere (arts. 1 y 26, ley 9459), previo emplazamiento en los términos del art. 27 ib., en el 31%, del mínimo de la escala del art. 36, LA (arts. 40 y 41 ibíd.), teniendo en cuenta asimismo, las pautas del art. 31 ibíd. Así voto. La Dra. Tarditti dijo: Adhiero a los fundamentos y conclusiones a que arriba el vocal preopinante. Por ello, compartiéndolos voto en igual sentido. El Dr. Andruet (h) dijo: Estimo acertada la respuesta proporcionada por el Dr. Sesin, ya que la misma expresa la solución adecuada a la presente cuestión. Por ello, voto en igual forma. Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su sala Contencioso Administrativa, resuelve: I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 528 y, en consecuencia, dejar sin efecto el Auto Número Trescientos sesenta y cuatro dictado el siete de octubre de dos mil ocho, por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación (fs. 522/526). II) No hacer lugar a la excepción de incompetencia y declarar que la presente causa corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa. III) Imponer las costas por su orden en ambas instancias (art. 130, CPCC, a contrario sensu, aplicable al sub examine por remisión del art. 13, ley 7182). IV) Disponer que los honorarios profesionales del Dr. Cortés Olmedo ?parte actora? por la labor desarrollada en ésta instancia, sean regulados por la Cámara a quo, si correspondiere (arts. 1 y 26, ley 9459), previo emplazamiento en los términos del art. 27 ibíd., en el 31%, del mínimo de la escala del art. 36, LA (arts. 40 y 41 ibíd.), teniendo en cuenta asimismo, las pautas del art. 31 ibíd. Protocolizar, dar copia y bajar.? Domingo J. Sesin.? Aída L. T. Tarditti.? Armando S. Andruet (h).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Resolución Nº 168/2014

Bs. As., 9/5/2014

VISTO el Expediente N° S01:0091291/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, el Artículo 42 de la CONSTITUCION NACIONAL, la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, el Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 42 de la CONSTITUCION NACIONAL establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Que dicha norma, a su vez, dispone que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 20 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS efectúa la propuesta, ejecución y control de la política comercial interna en todo lo relacionado con la defensa del consumidor y la defensa de la competencia.

Que, en este marco general, la SECRETARIA DE COMERCIO tiene la misión de articular las relaciones que desde el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS se establezcan con otras jurisdicciones del Gobierno Nacional, a los fines de asegurar la coherencia y el fortalecimiento de los lineamientos estratégicos de la política comercial.

Que, bajo esta premisa, resulta esencial asegurar la consistencia de la política económica con las condiciones de abastecimiento, precio y calidad de los bienes y servicios comercializados en el mercado interno, afianzando el desarrollo de acciones que permitan la defensa de los derechos de los consumidores y la defensa de la competencia.

Que, con dicha finalidad, se ha gestado el programa denominado “Precios Cuidados”, sobre la base de un acuerdo estructural con las grandes cadenas de supermercados nacionales y regionales y sus principales proveedores, a partir del cual se estableció una canasta de productos de consumo masivo.

Que este acuerdo contempla la provisión regular e ininterrumpida de los productos de la canasta a precios ciertos, uniformes y constantes en las distintas regiones del país, bajo el control y seguimiento de la SECRETARIA DE COMERCIO.

Que la experiencia acumulada en la ejecución del programa “Precios Cuidados” ha permitido corroborar su efectividad para, por un lado, brindar a los consumidores señales concretas en materia de expectativas de variación de precios y, por otro, dar valores de referencia ciertos, transparentes y de fácil reconocimiento, de productos de consumo habitual.

Que, en consecuencia, el sistema de administración de precios llevado adelante por el programa “Precios Cuidados” ha demostrado ser una herramienta útil y sustentable para llevar a cabo los cometidos antes mencionados y, adicionalmente, ha estimulado la participación directa de asociaciones civiles, organizaciones sociales y la población en general, en cuestiones que hacen al resguardo de sus derechos como consumidores.

Que en esta nueva etapa del programa “Precios Cuidados” se han extendido los acuerdos con proveedores y comercializadores finales para incorporar pequeños comercios y autoservicios de proximidad, a fin de dotar al sistema de administración de precios de un mayor alcance y gravitación en el mercado de abastecimiento de productos de consumo masivo.

Que dadas las características de los nuevos sujetos incorporados al programa “Precios Cuidados” resulta esencial la participación de las Provincias, los Municipios y diversas organizaciones sociales en las tareas referidas a su control y seguimiento, así como también la elaboración y ejecución de propuestas para mejorar y adaptar su funcionamiento a una escala de índole local.

Que, por consiguiente, deviene necesaria la creación en el área de la SECRETARIA DE COMERCIO, de una estructura de articulación con entidades públicas provinciales, municipales y organizaciones sociales, para realizar tareas de capacitación y asistencia técnica en relación a las labores de control, relevamiento y perfeccionamiento del programa “Precios Cuidados”, con el fin de transmitir los conocimientos técnicos específicos con los que cuenta el organismo nacional así como la experiencia acumulada en su ejecución.

Que, con este objetivo, corresponde crear en el ámbito de la SECRETARIA DE COMERCIO el Programa ‘‘Red Federal de Comercios de Proximidad de Argentina” que tendrá por objetivos principales los de brindar capacitación y asistencia a entidades provinciales, municipales, y organizaciones sociales para el monitoreo y seguimiento del Programa “Precios Cuidados”, generar y transmitir información útil al consumidor para sus decisiones de consumo, propiciar la incorporación de comercios de proximidad y pequeñas empresas al esquema de administración de precios de la SECRETARIA DE COMERCIO así como el desarrollo de ferias y canales de comercialización que acerquen al productor con el consumidor.

Que la presente medida permitirá coordinar y afianzar las distintas acciones ejecutadas por el ESTADO NACIONAL y obtener una mayor eficiencia en la asignación de los recursos públicos utilizados.

Que, para el cumplimiento de los objetivos del Programa corresponde proceder a una adecuada asignación de recursos financieros.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las competencias previstas por el Artículo 4°, inciso b), puntos 9 y 20 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones y el Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO
DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Créase en el ámbito de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, el Programa “Red Federal de Comercios de Proximidad de Argentina”, para dar cumplimiento a los objetivos detallados en el Anexo de la presente resolución.

ARTICULO 2° — Instrúyese a las dependencias del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS para que presten plena colaboración al programa que se crea por el presente acto.

ARTICULO 3° — Facúltase a la SECRETARIA DE COMERCIO a dictar las normas reglamentarias y/o complementarias para la aplicación de la presente resolución.

ARTICULO 4° — El gasto que demande la financiación del presente Programa será imputado con cargo a las partidas específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 50 – MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dr. AXEL KICILLOF, Ministro de Economía y Finanzas Públicas.

ANEXO

SECRETARIA DE COMERCIO
“RED FEDERAL DE COMERCIOS DE PROXIMIDAD DE ARGENTINA”

OBJETIVOS:

1.- Asistir en el monitoreo y seguimiento del cumplimiento del Programa “Precios Cuidados” en los distintos Municipios del país en lo que respecta al abastecimiento de productos y su precio acordado, en las sucursales de los supermercados, autoservicios y comercios minoristas adheridos al acuerdo y en las que pudieran adherirse en el futuro.

2.- Promover la participación de las diversas organizaciones de la sociedad con inserción local en el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos celebrados entre el ESTADO NACIONAL, las empresas proveedoras de bienes de consumo masivo, los supermercados, autoservicios y comercios minoristas.

3.- Brindar herramientas informativas a los consumidores de todo el país para la realización de sus decisiones de consumo.

4.- Propiciar la generación y mantenimiento de canales eficientes de comunicación entre el ESTADO NACIONAL, las Provincias y los Municipios en lo referente a los temas de su competencia específica.

5.- Asistir y asesorar a los Municipios y a los actores locales, cuando así le sea requerido, en la aplicación de políticas públicas referidas a la difusión de los derechos del consumidor, la protección del consumo popular y el desarrollo de los comercios de proximidad.

6.- Promover formas asociativas para la realización de compras que reduzcan los costos derivados de la distribución de los bienes.

7.- Asistir y asesorar en la promoción de desarrollo de ferias, mercados concentradores y esquemas de comercialización que favorezcan la distribución de los productos de pequeñas empresas y productores regionales, reduciendo los márgenes de intermediación y los costos de logística, mejorando el acceso popular a los bienes de consumo masivo.

8.- Asistir y asesorar en la difusión y mantenimiento del Programa “Precios Cuidados”, con el objeto de lograr una actualización y adaptación constante del mismo que redunde en su ampliación y mejora.

Fallo del Día: CONTRATO DE TRABAJO – Diferencias salariales por el rubro “locación de vivienda”

RF250760_72dpi

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala I

Partes: Fuentes, Marcelo Germán c. INC S.A. s/ diferencias de salarios

Fecha de Sentencia: 2014-02-12

La demanda por el cobro de diferencias salariales provenientes del rubro “locación de vivienda” resulta procedente, pues, el valor que la empleadora abonaba en dicho concepto debió permanecer inalterable sin perjuicio del cambio de destino del trabajador de una ciudad a otra, pues, dicho rubro consistía en una suma fija de dinero que aquel debía destinar al alquiler de una vivienda, independientemente si su valor locativo fuera menor o mayor al monto otorgado.

2ª Instancia.- Buenos Aires, Febrero 12 de 2014.

La doctora Vázquez dijo:

I. La señora Jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda orientada al cobro de diferencias salariales provenientes de los rubros “locación de vivienda” y “bonus anual” que le fueron mal liquidados.
II. Tal decisión es apelada por ambas partes a tenor de las manifestaciones vertidas en las memorias de fs. 212/214 y fs. 219/221. Por su parte, a fs. 216, la perito contadora objeta la regulación de sus honorarios por estimarla reducida.
La parte actora se queja porque no se efectuó una actualización monetaria al momento de la sentencia de origen de los importes que resultaron procedentes y por considerar bajos la regulación de honorarios asignada a su representación letrada.
La parte demandada se queja porque se hizo lugar a las diferencias salariales por contrato de locación y por el pago del bonus anual. Asimismo, objeta la forma de distribución de las costas.
III. Adelanto que por mi intermedio los recursos interpuestos no tendrán favorable recepción.
Recuerdo que el Sr. F. ingresó a trabajar para la demandada el 01/06/1991, atravesando distintos puestos hasta que en el año 2000 fue ascendido al cargo de gerente de sector destinado primeramente a la sucursal de Río Gallegos y a partir de junio de 2009 en la de Mar del Plata. Dijo además que desde 1997 percibió en forma contínua el “bonus” o premios anuales y que en 2009, la accionada omitió su pago y que pese a sus reclamos nunca le fue abonado. Asimismo, dijo que mientras trabajó en la sede de Río Gallegos (desde el 01/12/1997 al 30/05/2009) y en la de Mar del Plata, la empleadora le reconoció la suma de $4.400 en concepto de alquiler que respondía al valor locativo de las viviendas que allí habitó y que a partir de junio de 2009 dicho pago fue reducido a la suma de $1950.-. En consecuencia intimó vía postal a la accionada a efectos de obtener el pago de los conceptos adeudados sin obtener respuesta favorable.
En lo que aquí interesa señalo que el planteo efectuado en torno a las diferencias por el rubro “locación de vivienda” es improcedente. Las prestaciones complementarias sean en dinero o sean en especie integran la remuneración del trabajador con excepción de los supuestos enumerados por el art. 105 LCT. De esta manera, si dicho rubro fue disminuido, independientemente de las razones que hubiera manifestado la accionada, lo cierto es que ello importó una reducción salarial. El argumento de que los alquileres son más caros en Río Gallegos que en Mar del Plata no es válido para revertir lo decidido en grado. Ello lo afirmo porque, si el valor que la accionada abonaba al trabajador en concepto de locación de vivienda era de $4400 mientras Fuentes residía en Río Gallegos, dicha suma debió permanecer inalterable al momento de su traslado a Mar del Plata. Es que, tratándose de una suma fija que era percibida mensualmente, aún cuando el trabajador hubiese gestionado la locación y el precio por su cuenta de un inmueble cuyo valor locativo era menor, lo cierto es que ello no justificaba la reducción de dicho concepto pues el beneficio otorgado consistía en el pago de una suma fija que el trabajador debía destinar al alquiler de una vivienda, independientemente de si su valor locativo fuera menor o mayor al monto del beneficio otorgado.
En cuanto al pago del bonus 2009, señalo que el planteo tampoco prosperará. El bonus es un incentivo que el empleador abona a fin de cada año en función del desempeño de cada trabajador. Aún cuando el apelante insista en que su pago se encontraba sujeto a un sistema de reconocimiento de premios y a la aprobación de su otorgamiento por parte del directorio, lo cierto es que tal circunstancia no fue demostrada en la causa ni tampoco ésta explicó de qué manera el mismo era calculado y cuáles eran los supuestos requisitos que cada trabajador debía cumplir para poder acceder a dicho incentivo (art. 377 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Se suma que, de acuerdo al informe contable obrante a fs. 120 y sigtes, la demandada abonó al actor tal concepto desde el año 2006 en forma anual y regular, omitiendo de manera intempestiva su pago en el año 2009 sin brindar mayores precisiones sobre tal actitud.
IV. El recurso interpuesto por la parte actora tampoco tendrá favorable recepción. Del escrito de demanda surge que el trabajador reclama el pago de las diferencias generadas por la reducción del rubro “locación de vivienda”, la que ocurrió a partir de junio de 2009 cuando el actor comenzó su labor en la sede de Mar del Plata.
De esta manera, el cálculo efectuado por la a quo quien la cuantificó por un período de 20 meses ha sido correcto (desde que comenzó su reducción hasta la fecha de interposición de la demanda en febrero de 2011). Si se considerara el período no prescripto de 24 meses como pretende el apelante, las diferencias llegarían a cubrir hasta el mes de febrero de 2009 cuando todavía el trabajador se hallaba prestando tareas en Río Gallegos y percibía dicho concepto de manera completa. Por otro lado, si la demandada, luego de la interposición de la demanda decidió no pagar más dicho rubro, tal circunstancia debería haber sido denunciado en el expediente de manera inmediata y utilizando los remedios procesales destinados al efecto, por lo que el planteo a esta alturas deviene extemporáneo.
En cuanto se refiere a la actualización de los créditos procedentes peticionada en el inicio y reiterada en el escrito bajo examen, señalo que el planteo es improcedente. Esta Sala ha tenido oportunidad de expedirse sobre este tópico en la causa “Cabrera Almirón Francisco Javier c. Plavinil Argentina S.A. s/despido” (SD 79.873 del 19/09/2002). No obstante, sobre esta materia, además, el Alto Tribunal ha determinado que la prohibición general de aplicar mecanismos de actualización automática, prevista en las leyes 23.928 y 26.561, procura evitar el alza de los precios relativos correspondientes a cada uno de los sectores de la economía, al reflejarse de manera inmediata en el índice general utilizado al mismo tiempo como referencia para reajustar los precios y salarios, todo lo cual puede contribuir de manera inercial a acelerar las alzas generalizadas de precios (cfr. CSJN, “Chiara Díaz Carlos Alberto c. Estado Provincial”, sentencia del 07/03/2006, del Registro del Alto Tribunal C.1051, XII). Además, la tasa bancaria posee un elemento compensatorio (ver Acuerdo del 07/05/2002, Acta Nro. 2357) que ha remediado los efectos nocivos del envilecimiento del signo monetario.
V. La forma de distribución de las costas debe ser mantenida. La demandada resultó vencida en lo principal del reclamo por lo que rige lo normado por el art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación.
VI. La regulación de honorarios asignada a la perito contadora y a la representación letrada del actor luce razonable en atención al mérito, calidad y extensión de los trabajos realizados y a la luz de las pautas arancelarias, por lo que propongo las mismas sean mantenidas.
VII. Por lo expuesto, propongo en este voto: 1) confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso y agravios; 2) imponer las costas de alzada a la demandada vencida en lo principal del reclamo (art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación); 3) regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% y 25% de lo que le fue regulado a cada uno por su actuación en la instancia anterior (arts. 6 y 14 Ley 21.839 y Decreto 16.638/1957).

El doctor Vilela dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso y agravios; 2) Imponer las costas de alzada a la demandada vencida en lo principal del reclamo (art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación); 3) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% y 25% de lo que le fue regulado a cada uno por su actuación en la instancia anterior (arts. 6 y 14 Ley 21.839 y Decreto 16.638/1957). — Gabriela A. Vázquez. — Julio Vilela.