Doctrina del día: Tratamiento impositivo en la compra de vehiculos - López, Marianela

2ª Instancia.- Buenos Aires, 27 de febrero 2014.

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El doctor Márquez dijo:

I. A fs. 3/13 el Sr. Fabián Ramón Beitía promovió demanda contra el Estado Nacional, por daños y perjuicios, por la suma de $ 603.800,00 (pesos seiscientos tres mil ochocientos), o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse. Ello, con más sus intereses hasta su efectivo pago, y las costas del proceso.

 Relató que fue imputado en calidad de autor material por el delito de transporte de estupefacientes, calificado por pertenecer a una organización destinada al tráfico de drogas, conformada por más de tres personas, en relación al secuestro de 1.695 kilogramos de marihuana, en el interior del domicilio de la calle Ferré 2641/71 de Capital Federal. Señaló que el Sr. Juez de Instrucción dispuso su procesamiento con prisión preventiva. La sospecha recaía sobre su persona, por haber conducido un camión cisterna, de color plateado, de similares características al individualizado por testigos, como ingresado al lugar en que se produjo el allanamiento. Indicó que agotó las vías recursivas, siendo rechazado el recurso ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, permaneciendo detenido 1 (un) año y 4 (cuatro meses). Precisó que con fecha 01/03/05, el Tribunal Oral en lo Criminal n° 6 -en el marco de la causa n° 976 caratulada “Maidana Careaga José Omar y otros s/ Infracción ley 23.737 art. 5 inc. 5”-, resolvió su absolución, por no haberse acreditado la acusación fiscal a su respecto, en los términos de los arts. 402 y 530 del CPPN. Los testigos dijeron haber visto el camión aludido entrando o estacionado un día domingo o lunes, ratificando en el debate que fue el día domingo 18/08/02. Sin embargo, según los informes de la Aduana de Clorinda y los remitos de YPF, el Sr. Beitía había cruzado la frontera el 18/08/02, lo que implica que los testigos no podían haber visto su camión en la calle Ferré en esa fecha. Ninguno de los testigos pudo ver al chofer del enigmático camión cisterna.

 En base a tales exposiciones, atribuyó responsabilidad al Poder Judicial por el procedimiento irregular y la privación de la libertad a la que fue sometido. Calificó a la resolución por la que se dispuso su procesamiento y prisión preventiva, como injustificada, infundada, ‘disparatada’, y alejada del sentido común y de la ley. Reafirma la carencia de pruebas que avalaran tan grave medida, habiendo obrado la instrucción con ligereza, en tanto aquella se sustentó en el impreciso y vago testimonio de dos personas y de uno de los coimputados que pretendió involucrarlo en los hechos, efectuando una errónea valoración de las constancias probatorias.

 Adujo que la administración de justicia eficaz requiere que en algunas causas penales las personas sean privadas transitoriamente de su libertad. Sin embargo, por tratarse de una limitación fortísima a la libertad ambulatoria y a la presunción de inocencia, se exige suficiente razonabilidad para imponer al imputado tal sacrificio, lo que no se verifica en la especie. Sostiene que el deber jurídico de soportar la prisión preventiva no puede llegar al extremo de aniquilar el derecho a reparación posterior.

 Fundó la responsabilidad estatal en la actividad ilícita, en los términos de los arts. 1112 y 1113 -primer párrafo-, del Código Civil. Invocó, asimismo, los arts. 10 del Pacto de San José de Costa Rica y 9.5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

 Como corolario de sus planteos, reclamó: a) lucro cesante ($ 28.800,00); b) incapacidad sobreviniente – pérdida de chance ($ 150.000,00); c) daño moral ($ 300.000,00); d) daño psicológico ($ 100.000,00); y e) gastos ($ 25.000,00).

 A fs. 37/51 contestó demanda el Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, solicitando su rechazo, con costas, y efectuando una negativa, genérica y pormenorizada, de los hechos expuestos en la demanda y planteó la excepción de incompetencia.

 II. La jueza de primera instancia, mediante la sentencia de fs. 168/174 vta. rechazó la demanda. Las costas fueron distribuidas en el orden causado, en virtud de que por las especiales circunstancias del caso, el actor pudo considerar que le asistía derecho a demandar (cfr. art. 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.N.).

 Para así decidir y en lo sustancial, tuvo en cuenta que: a) La responsabilidad del Estado por el ejercicio anormal de su actividad judicial es aquella que surge como consecuencia del obrar de los magistrados que emiten una decisión provisoria o definitiva que no se ajusta a los presupuestos fácticos y/o jurídicos ciertos, o bien decisiones provisorias o definitivas emitidas por aquellos con dolo o culpa, así como también de las actuaciones irregulares de los funcionarios, empleados o auxiliares en el ejercicio o goce de los derechos de los ciudadanos. Se trata, entonces, de una evidente y grosera equivocación, ya sea en la aplicación del derecho o en la consideración de los hechos, y su análisis debe efectuarse con suma precisión pues esta responsabilidad por irregular funcionamiento del servicio de justicia es excepcional, procediendo únicamente ante el error o vicio evidente y manifiesto. b) En el ámbito de la justicia penal es donde más se ha analizado la responsabilidad estatal por su actividad jurisdiccional, fundamentalmente en los casos de personas que fueron privadas de su libertad durante un determinado lapso, siendo posteriormente sobreseídas o absueltas.

 En tal sentido, la Corte Suprema ha sostenido que la adopción de la prisión preventiva forma parte, en principio, de las actividades que lícitamente despliega el juez en el ejercicio de la función que se le ha encomendado, configurándose el error judicial indemnizable solamente cuando se acredita que la decisión que la dispone resulta objetivamente contradictoria con los hechos que surgen de autos, o respecto de las normas que condicionan la aplicación de la medida, pues en tales casos media un apartamiento, objetivamente comprobable, de la tarea de hacer justicia a través de la aplicación del derecho (Fallos: 325:1855; 321:1712).

 La privación de la libertad durante el proceso penal es -en principio- legítima, porque conduce a posibilitar la indagación de la verdad en orden al presunto delito y a su autoría. Ergo, el Estado sólo podrá ser responsabilizado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto (Fallos: 311: 1007).

 También se ha admitido la procedencia de la acción resarcitoria en los casos en que la prisión preventiva se prolongó más allá del plazo que prevé el art. 1º de la ley 24.390. c) En base a tales exposiciones, consideró que en el caso no merece reproche alguno la extensión temporal del encierro, en tanto no se ha excedido el plazo legal, ni la pauta de razonabilidad que establece el Pacto de San José de Costa Rica.

 En efecto, entre la detención (25/11/03), y la sentencia absolutoria y consecuente libertad (1º/03/05), no había transcurrido el plazo de dos años previsto en el art. 1º de la ley 24.390. Circunstancia que, amén de surgir de las constancias de la causa, no sólo no fue controvertida por el actor sino que muy por el contrario, fue expresamente admitida (fs. 4 vta.).

 d) De otro lado, consideró que en el caso y en los términos requeridos por la Corte Suprema, no se encuentra configurado error judicial. En tal sentido, indicó que la prisión preventiva se fundó en la existencia de un serio estado de sospecha, basado en el derecho aplicable, los elementos de juicio existentes hasta ese momento, y un exhaustivo análisis de las probanzas colectadas.

 Destacó asimismo que dicha resolución fue confirmada por la Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, por sentencia del 26/02/04 (fs. 1784/1786).

 e) Por otra parte, recordó que la mera absolución no convierte automáticamente en ilegítima la prisión preventiva dispuesta en el curso del proceso, ni implica el reconocimiento de la arbitrariedad del auto que la dispuso. Ello es así, en tanto la medida cautelar en cuestión puede ser aplicada a quien después se demuestra que no fue autor del delito, pues para su dictado no se requiere certeza sobre la culpabilidad del imputado, sino sólo su verosimilitud.

 En el caso, la absolución no tuvo como basamento la evidente y palmaria inocencia del acusado, y por ende, no importó la descalificación del auto de prisión preventiva, ni el reconocimiento de que haya sido dictado de manera ilegítima o arbitraria.

 El 1º/03/05 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 6 dictó sentencia definitiva, mientras que el 08/03/05 emitió los fundamentos de dicho decisorio (fs. 2310/2311 y 2331/2356, respectivamente, de la causa penal), resolviendo -por mayoría- absolver libremente y sin costas al Sr. Beitía, por no haberse acreditado la acusación fiscal a su respecto, ordenando su inmediata libertad (puntos V y VI de la parte dispositiva, fs. 2355 vta.).

 Para así decidir, la mayoría del tribunal ponderó que no existía prueba directa o contundente que corroborara los dichos de Mendoza, resolviendo absolver a Beitía por ausencia probatoria, en tanto la falta de diligencia en la recolección de pruebas no puede serle achacada.

 En cambio, el voto en disidencia (punto C, fs. 2353/2354 vta.), consideró que la prueba recogida en el debate alcanzaba para tener por probada la participación de Beitía en la organización. Asimismo, puso de resalto que el Ministerio Público Fiscal no había propiciado la absolución de Beitía, tanto en la requisitoria de elevación a juicio como en los alegatos.

 f) Sobre la base de estos antecedentes, el hecho de que la absolución no haya encontrado su razón de ser en la absoluta y ostensible inocencia del acusado, sumado a que el decisorio por el que se dispuso la prisión preventiva no aparece como arbitrario o infundado, determina la improcedencia de la pretensión resarcitoria.

 g) No resultan óbice a lo decidido, las previsiones contenidas en pactos internacionales con jerarquía constitucional, en punto al derecho a indemnización. En tales condiciones, concluyó que el encierro sufrido por el actor no puede ser calificado como arbitrario o ilegal, ni tampoco existió error judicial, lo que determina la inaplicabilidad de las disposiciones bajo examen.

 h) Por último, señaló que la forma en que se decide torna insustancial el tratamiento de la procedencia y cuantificación de los daños reclamados.

 III. La sentencia fue apelada por el Estado Nacional y la parte actora (fs. 176 y 179), quienes expresaron sus respectivos agravios (fs. 188/189 vta. y 191/194); los que sólo fueron replicados por el Estado Nacional (fs. 199/203 vta.).

Agravios del actor

IV. En primer lugar, la actora se agravia en cuanto la sentenciante de grado consideró que el auto que dispuso su prisión preventiva no se revela como infundado o arbitrario. Afirma que la falta de diligencia en la recolección de la prueba no puede serle achacada, habida cuenta que incumbe al Juzgado de Instrucción y al Ministerio Público encontrar los medios probatorios idóneos para conmover el estado de presunción de inocencia que gozaba (art. 18 de la Constitución Nacional).

Sin embargo, y a pesar de esa falta de diligencia, se ha tomado la decisión de privarlo de libertad en base a presunciones, sin prueba directa alguna que lo incrimine y mediante el dictado de un auto de prisión preventiva. Manifiesta que la prisión preventiva trasunta una medida cautelar que se encuentra en permanente tensión con el principio constitucional de inocencia, por lo que siempre su aplicación debe apreciarse con carácter restrictivo.

En esta línea, aduce que la aludida falta de diligencia ha tenido lugar precisamente en la etapa instructoria, y si bien los distintos estadios procesales ameritan diferentes grados de certeza, menor en la prisión preventiva, y apodíctica en la sentencia, la orfandad, la falta de prueba directa, no puede sostener tanto la una como la otra. Sostiene que si bien el sentenciante se apoya en las manifestaciones efectuadas por el Fiscal en su alegato Dr. Amirante, omite hacer referencia a lo expresado en la misma instancia por el defensor oficial Dr. García (fs. 2341). Bajo esta perspectiva, cuestiona que pueda entenderse como fundado un auto de prisión preventiva, aun cuando haya sido convalidado por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, si no existen y no existían ni tan siquiera indicios respecto a su intervención.

En tal sentido, manifiesta que ninguno de los testimonios a excepción de Mendoza, quien era vecino, lo nombra o reconoce de algún modo. Añade que tampoco se ha investigado en la etapa instructoria si el transporte en un camión como aquel en que circulaba era posible, ni cuáles eran los controles aduaneros, ingreso y egreso. En síntesis, no se ha investigado si la acusación hubiera sido sostenible en la etapa de juicio, que es evidente que no lo ha sido, y es por su debilidad y absurdo que resulta injusta la privación de libertad de la que fue víctima, y por la que debe ser resarcido. De otro lado, resalta que la sentencia del Tribunal Oral Federal nº 6, ni siquiera trató en sus considerandos su supuesta actuación, salvo en el acápite VII en el que se analiza su situación. Allí, el voto de la mayoría señaló que a su respecto “…solo se cuenta con lo declarado por José Luis Mendoza en sus sucesivas declaraciones indagatorias, en cuanto a que la droga era ingresada desde Paraguay, en el camión que manejaba Beitía…”.

 Recalca que todos los demás indicios no encuentran sustento probatorio alguno que, con algún grado de certeza, permitan incriminarlo. En base a tales exposiciones, considera que en autos se verifica un grosero error de la Justicia, ya que la instrucción carecía de elementos para fundar su prisión preventiva, y por ello no tenía la obligación jurídica de soportar tamaña restricción a sus derechos, nada más ni nada menos que su libertad ambulatoria.

 Sostiene que la circunstancia de que al momento de disponerse y cumplirse la prisión preventiva, haya habido suficiente razonabilidad para imponer al imputado tal sacrificio (en el caso no la ha habido), no obsta para el reconocimiento posterior de que, una vez beneficiado al término del proceso con la absolución, concurre mérito suficiente para hacerle efectivo su derecho a la reparación, con sustento en el perjuicio irrogado a su libertad, consistente en haber estado temporariamente privado de ella. Enfatiza al respecto que el deber jurídico de soportar la prisión preventiva no puede llegar al extremo de aniquilar el derecho a una reparación posterior.

Explica que en una primera etapa procesal, es necesario coadyuvar a la “persecución penal”, y someterse a los mecanismos previstos y determinados para la resolución de los conflictos de carácter penal, entre los que se encuentra la prisión preventiva como modo de “asegurar” los fines del proceso. Pero cuando en la etapa final del proceso penal sobreviene como verdad material u objetiva del sobreseimiento o la absolución de quien sufrió prisión preventiva de libertad, habiendo cooperado con la administración de justicia, una vez cumplido el deber de aceptar esa limitación a la libertad, resulta menester acoplar el derecho a la reparación por el perjuicio que ha significado el sobrellevar aquella limitación.

En línea con estos conceptos, señala que la posibilidad de reclamar indemnización por daños causados por la actividad jurisdiccional del Estado, encuentra sustento en destacada doctrina. Indica que ante la detención y posterior sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el liberado tiene todo el derecho a recibir una indemnización por los daños ocasionados. Negar que ha sufrido un perjuicio es desconocer la realidad de nuestras cárceles y las penurias que tiene que sobrepasar un procesado, no solo en los años en que su libertad fue coartada sino también por los años que tendrá que sobrevivir con el estigma que la sociedad coloca sobre alguien que fue habitante de una prisión. Critica que la a quo haya considerado razonable la resolución dictada por el Juzgado de Instrucción, que prácticamente sin pruebas, decretó la prisión preventiva.

En tal sentido, aduce que como regla el dictado de la prisión preventiva configura una facultad judicial sometida a pautas abiertas, y, consecuentemente, si en abstracto la decisión judicial encuadra en las previsiones legales, la ulterior declaración de inocencia, per se, es insuficiente para disponer la reparación de los daños causados. Pero esa indemnización es viable no solamente en los supuestos legal o constitucionalmente previstos en forma expresa, sino también en otros fundados en principios generales de rango constitucional. Por último, recalca que cuando una persona luego de estar privada de su libertad, ha sido sobreseída por su manifiesta inocencia, corresponde reconocerle a esa irreversibilidad de devolverle el tiempo de libertad que le fue quitado, el derecho a una reparación económica.

 Agravios del Estado Nacional

V. La demandada se agravia en relación al modo en que fueron distribuidas las costas.

Sostiene que a pesar de que en el sub lite la jueza de grado rechazó íntegramente la demanda promovida por la actora, llamativamente impuso las costas por su orden “…en atención a que las circunstancias del caso pudieron conducir al actor a la legítima convicción de que le asistía derecho a demandar”. Considera que tal conclusión es arbitraria, dado que no tiene fundamento que la respalde, o sólo lo tiene en apariencia. Entiende asimismo que lo resuelto por la a quo contradice el principio general sentado por el art. 68 del Código Procesal, que impone a la parte vencida en juicio pagar los gastos de la contraria. Dicho principio encuentra excepción en el segundo párrafo de la noma citada, al otorgarle al juez la facultad de eximir total o parcialmente al litigante vencido, pero esto siempre y cuando se den fundamentos suficientes, bajo pena de nulidad. Bajo esta perspectiva, entiende que la expresión arriba transcripta, en la medida que no especifica ninguna de las particularidades que justifiquen el apartamiento del principio general, es insuficiente para eximir de costas al vencido en todos sus reclamos. Añade que el tema debatido y sometido a consideración del juez se limitó a determinar si existió “error judicial” en el proceso penal que oportunamente se le siguió y, de existir, si éste le causó daños y perjuicios de los que deba ser resarcido. Como corolario de sus planteos, considera que en autos no se verifican aquellas “particularidades” y/o “características” del reclamo que autorizarían a la a quo a apartarse del principio rector que rige en la materia (art. 68, primera parte, C.P.C.C.N.).

VI. Sentado lo anterior, debe recordarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, ni a valorar la totalidad de la prueba aportada, sino considerar tan sólo aquéllas invocaciones y probanzas que sean conducentes y relevantes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:308, 262:222, 265:301, 272:225; 278:271; 291:390; 297:140: 301:970; entre muchos otros).

Así pues, en cada caso que llega a un estrado judicial, el magistrado interviniente debe realizar una verdadera reconstrucción histórica con el objeto de determinar si los hechos propuestos por las partes son ciertos o no. Para ello, ha de examinar detenidamente las postulaciones y argumentos de las partes así como las pruebas rendidas, apreciarlas con criterio lógico jurídico y finalmente, asignarles su valor de acuerdo con las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, constituyendo tales circunstancias un límite especial a la fundamentación de sus argumentaciones (cfr. esta Sala -con otra integración- in re: “Gordillo, Jorge”, de fecha 08/06/95).

 VII. En primer lugar, debe señalarse que resulta teóricamente admisible sostener que los actos cometidos por los funcionarios públicos (entendido ello como comprensivo de los integrantes de los tres poderes del Estado) comprometen la responsabilidad estatal, tanto en función del derecho público (por lo que el título de atribución es directo), como por aplicación del derecho común en su carácter de principal del agente (arts. 43 y 1113 del Código Civil), bien que en éste último supuesto, en precisas y determinadas circunstancias (CSJN, Fallos: 259:261; 278:224; 290:71; 300:567; esta Sala, in re: “Albornoz, Claudio Marino c/ EN-M° Justicia s/ daños y perjuicios”, Causa nº 159.199/02, del 23/10/07; “Cabana, Diego Gaspar y otro c/ E.N.- P.J.N. s/ daños y perjuicios”, Causa nº 10.361/08, del 07/08/12; y más recientemente, “Sosa Torres Alejandro c/ EN-Ley 23.737-Mº Justicia DD.HH s/daños y perjuicios”, Causa nº 16.472/06, del 19/09/2013).

 La idea de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del art. 1112 del Código Civil que establece un régimen de responsabilidad por los hechos y las omisiones de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que le están impuestas (CSJN, Fallos: 306:2030) de tal modo que es presupuesto para la existencia de la responsabilidad del Estado -tanto por “comisión” como por “omisión”-, la conducta ilegítima o irregular de un órgano o ente estatal o de un funcionario público al que le sea jurídicamente imputable, presupuesto que se postula particularmente para las personas jurídicas de derecho público estatales (cfr. esta Sala, in re: “Cabana, Diego Gaspar y otro c/E.N.- P.J.N. s/ daños y perjuicios” y “Sosa Torres Alejandro c/E.N.- ley 23.737-Mº Justicia DD.HH s/daños y perjuicios” ya cit.).

 Asimismo, considero relevante, agregar, conforme reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema (criterio que se impone seguir), que la admisión de la doctrina de la responsabilidad estatal por los daños derivados de su actividad lícita, no ha de ser entendida como dirigida a instituir en este ámbito un régimen de responsabilidad de naturaleza objetiva, de conformidad con el cual bastaría la mera acreditación de la existencia de nexo causal suficiente entre la actividad legítima de los órganos estatales y los perjuicios –de cualquier orden- que experimentasen los particulares, para suscitar la obligación de indemnizarlos (CSJN, Fallos: 317:1233, y, asimismo, la Sala III de este Fuero, in re: “Abeiro, Claudio Alejandro c/EN – M° Justicia s/daños y perjuicios”, del 08/03/12, y los fallos de esta Sala, in re: “Cabana, Diego Gaspar y otro c/ E.N.- P.J.N. s/ daños y perjuicios”, y más recientemente, Causa nº 34.080/00, “Solíz Miguel Angel c/ EN – Mº Justicia y DD.HH y otros s/daños y perjuicios”, del 17/12/2013).

 VIII. En esta inteligencia y con particular referencia a los dispositivos emanados del Poder Judicial, ha de puntualizarse que las sentencias y actos judiciales no pueden generar -como principio- responsabilidad del Estado por sus actos lícitos, ya que no se trata de decisiones de naturaleza política para el cumplimiento de fines comunitarios, sino de actos que resuelven una situación en particular; de donde los daños que pueden resultar del procedimiento empleado para resolver una contienda, si no son producto del ejercicio irregular del servicio, deben ser soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia (CSJN, Fallos: 317:1233; 318:1990 y 321:1712).

 Sobre esta base, el Alto Tribunal ha señalado que el Estado sólo puede ser responsabilizado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta una decisión firme o ejecutoriada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error, pues lo contrario importaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurídica, ya que la acción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra el pronunciamiento firme no previsto ni admitido por la ley (CSJN, Fallos: 311:1107; 318:1990 y 321:1712). En línea con la interpretación elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabe tener especialmente en cuenta que la absolución o el sobreseimiento posterior del procesado no convierte en ilegítima la prisión preventiva dispuesta en el curso de un proceso, pues sólo debe significarse como error judicial aquélla sentencia que resulta contradictoria con los hechos probados en la causa y las disposiciones legales congruentes al caso (CSJN, Fallos: 330:2112 en autos P.890.XLII. “Pouler, E. R. c/ Estado Nacional-M° de Justicia s/ daños y perjuicios” del 08/05/2007), principio que resulta de aplicación claro está, también a la prolongación de la detención hasta el final de la etapa del juicio oral, oportunidad en la cual quedaran esclarecidos los hechos y respectivas responsabilidades de los procesados.

 De tal modo, la indemnización por la privación de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida automáticamente a consecuencia de la absolución (CSJN, Fallos: 314:1668), sino sólo cuando el auto de prisión preventiva -y en su caso, la prolongación de la detención- se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario, mas no cuando elementos objetivos hayan llevado a los juzgadores al convencimiento -relativo, naturalmente, dada la etapa del proceso en que aquél se dicta- de que medió un delito y de que existe probabilidad cierta de que el imputado sea su autor, o tenga algún grado de participación (CSJN, fallo del 29/07/05 “Muñoz Fernández, Mauricio A. c/ Buenos Aires Pcia. de s/ daños y perjuicios”; ídem, fallo del 29/11/05 “Gerbaudo, José Luis c/ Buenos Aires Pcia. de y otro s/ años y perjuicios”).

IX. Desde la perspectiva suministrada por los principios y pautas valorativas expuestas, y en razón del fundamento y los elementos tenidos en cuenta por el juez penal a efectos de disponer la detención del actor, bien se puede advertir -al solo y único efecto de la valoración que cabe efectuar en esta instancia respecto de lo actuado por otro órgano judicial- que a la altura del proceso en que la prisión preventiva del accionante fue dispuesta, resultaba razonable que se concluyera que existían aparentes y suficientes elementos de prueba susceptibles de generar una fundada sospecha respecto de su participación criminal y consiguiente participación por los hechos investigados (v. fs. 1688/1700 vta. de la causa nº 976, del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 6, caratulada “Maidana Careaga José Omar y otros s/ Infracción ley 23.737 (art. 5, inc. c)” (en adelante, “la causa penal”).

 En efecto, de la resolución del 15/12/03 (v. fs. 1688/1700 vta. de la causa penal), que dispuso el procesamiento con prisión preventiva del Sr. Beitía por existir elementos de convicción suficientes para considerarlo autor penalmente responsable del delito de transporte de estupefacientes, agravado por su pertenencia a una organización dedicada al tráfico de esa sustancia, en los términos de los arts. 5, inc. c, y 11, inc. c, de la ley 23.737, y 306 y 312, del CPPN, surge que: a) Se ponderó exhaustivamente los elementos de prueba producidos en la instrucción -declaraciones testimoniales varias, acta de detención y lectura de derechos, acta de procedimiento, croquis, material estupefaciente secuestrado, vistas fotográficas, estudios periciales, informes, etc.- (v. esp. el detalle realizado en el punto 2 “Elementos de prueba” a fs. 1689/1691 y asimismo el punto 4 “Análisis de los elementos de prueba y del descargo de Fabián Beitia” a fs. 1692/1697 de dicha resolución).

 b) Se consideró que los dichos del co-imputado Mendoza, quien había involucrado a Beitía, y además había explicado minuciosa y detalladamente el procedimiento por el cual se traía la droga del Paraguay, adquirían verosimilitud al haber sido constatados con otros elementos de prueba colectados durante la instrucción.

 c) Se destacó además que los dichos de Mendoza revestían una particular importancia probatoria, toda vez que reflejan los datos aportados por un partícipe de la organización delictiva, cuya existencia se observaban claramente en ese estadio de la instrucción, y habían permitido dar con el material estupefaciente incautado en la finca de la calle Ferré 2461/2471 de la Capital Federal. d) En este marco, el juzgador concluyó que existían elementos de cargo suficientes para acreditar la comisión de la conducta endilgada, aunque aclaró que el procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la responsabilidad que como partícipe le corresponde al imputado, sin necesidad de que exista una certeza positiva.

 A mayor abundamiento, es menester poner de resalto que la aludida resolución fue confirmada por la Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, por sentencia de fecha 26/02/04 (v. fs. 1784/1786). Para así decidir, se arguyó que “…los dichos de un coprocesado, en este caso José Luis Mendoza, poseen valor incriminante siempre que no sean merituados aisladamente, cuestión que no ocurre en la especie, ya que las manifestaciones brindadas por el nombrado fueron corroboradas por otros elementos fácticos incorporados en la instrucción, y han sido apreciados en el marco de la causa”. Se destacó que las declaraciones testimoniales de Desantis, Marta Dib y Omar Carrín Dib, así como las de Mendoza, fueron relacionadas por el juez de instrucción de manera clara y razonada con el resto de las probanzas de autos. Se entendió asimismo que el decisor había efectuado un minucioso relato del hecho imputado, con claridad, precisión y prolijo detalle, siendo adecuada la evaluación de las pruebas que acreditaban el hecho, con la certeza requerida en ese estadio del proceso, demostrándose la participación que le cabía al encausado y su vinculación con la droga incautada en el galpón. También se coincidió con la calificación asignada por el juez de grado.

 En este marco, el tribunal concluyó que “Las constancias que obran en la causa, analizadas a la luz de la sana crítica, conforman un cuadro suficiente para el dictado de la medida que se dispuso, convergiendo coherentemente en sentido incriminatorio, al menos con el grado de probabilidad que se requiere para el caso que nos ocupa” (v. fs. 1785 vta. 3er. párr.).

 De lo reseñado hasta aquí, se desprende con claridad que el cuadro fáctico que se presentó ante el análisis del juez penal, otorgó suficiente justificación y sustento -fáctico y jurídico- para dictar el procesamiento y prisión preventiva del actor. Pues, en esa etapa inicial del proceso se hallaba suficientemente comprobada de manera objetiva y suficiente la aparente participación del aquí accionante en los hechos delictivos, en función de las pruebas reunidas en la instrucción. Es decir, existía un estado de sospecha suficiente que llevó al magistrado a adoptar las medidas antes referidas.

X. De otro lado, es menester señalar que si bien la absolución es requisito necesario, no resulta suficiente para la responsabilidad estatal: la mera absolución no convierte automáticamente en ilegítima la prisión preventiva dispuesta en el curso del proceso, ni implica el reconocimiento de la arbitrariedad del auto que la dispuso. Sólo importará error judicial aquella sentencia que resulte contradictoria con los hechos probados en la causa y con las disposiciones legales congruentes al caso -circunstancias que, por cierto, no se verifican en el sub examine, con arreglo a lo expuesto en los considerandos precedentes- (conf. CSJN, Fallos: 326:820; 329:3176; 330:2112, y, asimismo esta Sala, in re: “Solíz Miguel Angel c/ EN – Mº Justicia y DD.HH y otros s/daños y perjuicios”, ya cit.).

 En el sub discussio, la absolución no tuvo como basamento la evidente y palmaria inocencia del acusado, y por ende, no importó la descalificación del auto de prisión preventiva, ni el reconocimiento de que haya sido dictado de manera ilegítima o arbitraria. En efecto, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 6, en la sentencia del 1º/03/05, cuyos fundamentos fueron emitidos el 08/03/05 (v. fs. 2310/2311 y 2331/2356, respectivamente, de la causa penal), resolvió -por mayoría- absolver libremente y sin costas al Sr. Beitía “…por no haberse acreditado la acusación fiscal a su respecto” (punto V de la parte dispositiva, a fs. 2355 vta.). Adviértase que luego de analizar las constancias obrantes en la causa, el voto mayoritario concluyó que “…careciéndose de una prueba directa o contundente que corrobore los dichos de Mendoza, corresponde absolver a Fabián Ramón Beitía por ausencia probatoria” (v. fs. 2352 vta., último párr.). Se dejó en claro además la imputación que se le formulaba y se puso de resalto que la causa se había elevado a juicio sin más, en tanto la defensa de Beitía no había opuesto excepciones ni instado su sobreseimiento (puntos I y II de los resultandos, fs. 2331 vta.).

 Se sostuvo que de las probanzas reunidas no se había podido acreditar, con el grado de certeza que esa instancia requería, la participación de Beitía en los hechos. Si bien se encontraba ‘prácticamente’ acreditado que la droga ingresaba al país desde el Paraguay y, muy probablemente, en el interior del tanque de un camión cisterna, no se podía afirmar que dicha actividad hubiera sido desarrollada por Beitía, ni que fuese el camión que él manejaba en el que se transportó la droga. No obstante haber brindado Mendoza una cantidad de detalles que difícilmente hubiera podido conocer en virtud de la relación de vecinos que alegaba tener Beitía, lo cierto es que sólo se contaba con una serie de indicios sobre el accionar de Beitía, que resultaban insuficientes para arribar a una sentencia condenatoria al respecto (punto A, Considerando VII, a fs. 2351 vta. y ss.).

 Se consideró llamativo que el camión cisterna conducido por Beitía, hubiese egresado al Paraguay el 16/08/02 y regresado el 18/08/02, esto es, en las mismas fechas que lo había hecho el co-imputado Mendoza. Sin embargo, se entendió que esta sospecha se desvanecía de cara a las declaraciones testimoniales de Marta Carlota Dib y de Omar Carrín Dib, en tanto atestiguaron haber visto entrando o estacionado en la puerta del galpón, un camión cisterna de las mismas características que el manejado por Beitía, pero ambos afirmaron que ello ocurrió un día domingo -en referencia al domingo 18/08/02-, lo que imposibilitaba que hubiera sido el camión conducido por Beitía el que los testigos presenciaran, en tanto de acuerdo a los informes de la Aduana de Clorinda y los remitos de YPF, aquél cruzó la frontera el mismo 18/08/02. Fue el Sr. Desantis el único testigo que dijo que el día en que vio el camión en cuestión, pudo haber sido domingo o lunes. Además, ninguno de los testigos había podido ver al chofer del ‘enigmático’ camión cisterna.

 También se puso en evidencia que si bien Mendoza aportó un número de celular que, según sus dichos, utilizaba Beitía, y más allá que del listado de llamadas entrantes y salientes surgían algunas comunicaciones a números telefónicos de personas relacionadas con Beitía y a la casa y celular de Mendoza y al celular de Maidana Careaga, no había quedado comprobado que efectivamente dicho celular hubiera correspondido a Beitía. En tal sentido, el voto mayoritario destacó que la falta de diligencia en la recolección de las pruebas no podía serle achacada a Beitía. Se señaló asimismo que el Sr. Beitía seguía viviendo en el mismo domicilio y trabajando en la misma empresa y con el mismo camión con que lo hacía antes de la detención de Mendoza, sabiendo que éste conocía dónde guardaba el rodado, lo que daba una clara muestra de ajenidad con la organización dedicada al tráfico de estupefacientes.

 Se consideró como otro escollo para afirmar que era Beitía quien al regresar a la Argentina el 18/08/02 trajo la marihuana en el tanque del camión, la temperatura que mantiene aquél luego de la descarga del asfalto.

 Se concluyó entonces que no existía prueba directa o contundente que corroborara los dichos de Mendoza, resolviendo absolver a Beitía por ausencia probatoria, en tanto la falta de diligencia en la recolección de pruebas no puede serle achacada.

 X.1. En cambio, el voto en disidencia de la Dra. Roqueta (punto C, fs. 2353/2354 vta. de la causa penal) consideró que la prueba recogida en el debate alcanzaba para tener por probada la participación de Beitía en la organización y que más allá de si fue un día domingo o lunes en que los vecinos vieron ingresar un camión cisterna al galpón de la calle Ferré 2.461/71, lo cierto es que fue ese vehículo el que realizó el transporte y que quien lo conducía era Beitía. Tal temperamento se fundó en las siguientes circunstancias: a) la colaboración brindada por Mendoza, con respecto a cómo había sido introducida la droga al país, había sido corroborada en autos; b) más allá de si fue un día domingo o lunes en que los vecinos vieron ingresar un camión cisterna al galpón, lo cierto es que fue ese vehículo el que realizó el transporte y que quien lo conducía era Beitía; c) resultaba llamativo que contemporáneamente a la iniciación de la investigación Beitía hubiese cambiado de empresa; d) los dichos de Beitía en punto a los tanques en los que llevaba la carga y los distintos controles a los que se la sometía, no resultaban creíbles, en tanto este tipo de carga puede ser camuflada y sortearse los controles aduaneros sea por negligencia o por intención dolosa de funcionarios inescrupulosos, lo cual al momento de la sentencia no había podido ser corroborado; y e) el planeamiento del tráfico hace que hayan tomado las precauciones necesarias para el enfriamiento del tanque lo más rápido posible, a fin de acondicionarlo a la temperatura adecuada que permitiera que no se adulterara la mercadería ilegal a transportar.

 X.2. En sentido concordante y sólo a mayor abundamiento, es dable destacar que el Ministerio Público Fiscal no propició la absolución de Beitía, tanto en la requisitoria de elevación a juicio como en los alegatos.

 En efecto, el Sr. Fiscal Federal interviniente, tras realizar un análisis exhaustivo de la prueba producida hasta allí, con fecha 28/05/04 requirió la elevación de la causa a juicio respecto de Beitía por considerarlo autor materialmente responsable del delito de transporte de estupefacientes, calificado por pertenecer a una organización destinada al tráfico de drogas conformada por más de tres personas (v. fs. 1850/1855 vta.) Concluyó al respecto que era dable otorgar plena veracidad a las versiones de Mendoza, cuyos dichos habían sido confirmados por las pruebas reunidas, en punto a que Beitía también integraba la organización, siendo su función la del transporte de la droga.

 En la misma línea, se observa que el Sr. Fiscal General consideró que el actor era autor del delito de transporte de sustancias estupefacientes, aunque no pudo acreditarse que conociera toda la cadena de tráfico y la organización (fs. 2305/2309, en especial, fs. 2307/vta.). En consecuencia, solicitó que se lo condene a la pena de 5 años de prisión, multa de $ 1.500,00, accesorios legales y costas.

 Entendió que la prueba indiciaria, sumada a los dichos de Mendoza, apreciada conforme la sana crítica racional, permitía afirmar que Beitía, entre el 16 y el 18 de agosto de 2002, había traído la droga en cuestión en su camión.

 En este contexto, de lo descripto en los párrafos que anteceden resulta claro que la absolución no tuvo como basamento la evidente y palmaria inocencia del acusado, y por ende, no importó la descalificación del auto de prisión preventiva, ni el reconocimiento de que haya sido dictado de manera incuestionablemente ilegítima o arbitraria.

XI. En razón de lo expuesto hasta aquí, ha quedado en claro que el dictado y mantenimiento de la detención cautelar del actor se sustentó en una apreciación razonable de los elementos objetivos colectados hasta ese momento, que llevaron al juzgador al convencimiento -relativo, naturalmente, dada la etapa preliminar del proceso en que aquél se dictó- de que medió un delito y de que existe probabilidad cierta de que el imputado sea su autor, o tenga algún grado de participación. Es que para el dictado de la medida cautelar en cuestión no se requiere certeza sobre la culpabilidad del imputado, sino sólo su verosimilitud, al punto que un juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo probable (cfr. CSJN, Fallos: 325:1855).

 En definitiva, los elementos reseñados conducen inexorablemente a descartar que la detención y el auto de prisión de preventiva fuesen infundados o arbitrarios, contrarios a las probanzas de la causa o a las disposiciones legales congruentes al caso, de lo que se deriva la improcedencia de la pretensión de responsabilizar al Estado por esa actuación judicial. Al respecto, se observa que los agravios vertidos en el memorial traducen una relectura con bases subjetivas en los hechos investigados en la instrucción, que implican meras disconformidades o discrepancias, pero distan claramente de persuadir sobre un caso de irrazonabilidad o arbitrariedad en lo actuado en el marco del proceso que constituye la causa fuente del reclamo indemnizatorio.

 En tales condiciones, ha de concluirse que no concurren en el sub examine los requisitos exigidos por nuestro Alto Tribunal para responsabilizar al Estado por el perjuicio ocasionado a quien -como el aquí demandante-, se le imputa un delito, sufre prisión preventiva y luego resulta absuelto, esto es, que la absolución haya sido dictada en virtud de su inocencia evidente, palmaria y manifiesta, por un lado, y que el auto de prisión preventiva, aún confirmado en las instancias superiores o provenientes de éstas, se revele como infundado o arbitrario. En este sentido, se ha dicho que no cabe atribuir responsabilidad al Estado por error judicial ni por funcionamiento irregular del servicio de justicia cuando las constancias de la causa penal revelan que, como sucede en la especie, el auto de prisión preventiva se fundó en una apreciación razonada de los elementos objetivos existentes en el estado preliminar del proceso en el que se decretó esa medida y ella fue decidida en base a extremos fácticos suficientes para estimar provisionalmente que existía semiplena prueba de la comisión del delito y de su autoría, aunque finalmente el proceso concluya por haberse declarado la nulidad parcial de lo actuado (cfr. esta Sala, in re: “Cabana, Diego Gaspar y otro c/ E.N.- P.J.N. s/ daños y perjuicios”, ya cit.).

 En este contexto, cabe precisar que resulta un avatar propio de un proceso judicial que debe ser soportado como carga por todos los habitantes del país, quienes deben someterse al juicio efectuado por el Estado-Juez en cumplimiento del deber imperioso de actuar en defensa de la seguridad y la paz pública.

 XII. A mayor abundamiento, es dable recordar que la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que “…como lo ha señalado el Tribunal Supremo de España, para decidir si se está ante los supuestos que generan derecho a indemnización por haber sufrido prisión preventiva, se ha de atender al auténtico significado de la resolución pronunciada por la jurisdicción penal, sin que para ello resulten decisivas las expresiones, más o menos acertadas, de la sentencia absolutoria o del auto de sobreseimiento, pues es necesario deducirlo del relato de hecho probados y de la valoración de las pruebas realizada por el juez o el tribunal penal, ya que sólo de su examen conjunto es posible obtener la conclusión de si se está ante un absolución o auto de sobreseimiento por inexistencia del hecho imputado (bien por no haber acaecido o por no ser constitutivo de infracción punible) o por ausencia acreditada de participación, o por lo contrario, ante una sentencia absolutoria en virtud del principio de presunción de inocencia por falta de pruebas, pues de la concurrencia de uno u otro supuestos, ambos diferenciados en sus requisitos y en su significado jurídico, depende, respectivamente la existencia o no de responsabilidad estatal” (recurso n° 4712/1995, sentencia del 28/09/1999, que quedó firme por auto dictado por la Corte Constitucional española n° 220/2001, del 18/7/2001) (CSJN, in re: “Quiroz Franco, Miguel Ángel y otros c/ Mendoza, Provincia de s/ daños y perjuicios”, voto concurrente del Dr. Lorenzetti, citado por esta Sala, en la Causa nº 159.194/02 y más recientemente, Causa nº 34.080/00, “Solíz Miguel Angel c/ EN – Mº Justicia y DD.HH y otros s/daños y perjuicios”, ya cit.).

 Es que, si para obtener el resarcimiento de eventuales daños derivados de un pronunciamiento judicial firme, pudiesen otros jueces valorar nuevamente las circunstancias de la causa para determinar si hubo error en la anteriormente tramitada, no se verían estos últimos exentos a su vez, de la posibilidad de cometer un nuevo error (cfr. CSJN, Fallos: 321:1712 y 325:1854).

 Tal es la situación que -a mi juicio- se configura en el caso aquí analizado, puesto que el hecho objetivo (resultante de las pruebas colectadas en los actos de instrucción) de haber sido el accionante considerado prima facie autor penalmente responsable de los hechos delictivos -aun cuando con posterioridad hubiere sido absuelto- en modo alguno justifica la descalificación de su detención cautelar, ya que la privación de libertad se encontraba sustentada en la seria sospecha de su aludida participación en el delito investigado. Todo lo cual permite concluir, en suma, en la inexistencia de reproche susceptible de ser formulado a la actuación judicial bajo análisis, dado que la privación preventiva de libertad dispuesta no aparece incuestionablemente infundada o arbitraria, ni tampoco se encuentra manifiesta la inocencia del actor, razón por la cual no se verifica la existencia del supuesto de falta de servicio, susceptible de comprometer la responsabilidad del Estado Nacional, lo que conduce al rechazo de la pretensión (cfr. CSJN, in re: “López, Juan de la Cruz y otros c/Corrientes, Prov. de s/daños y perjuicios”, del 11/06/98, Fallos: 321:1712, voto de los Dres. Augusto C. Belluscio y Enrique S. Petracchi y, asimismo, la Sala III de este Fuero, in re: “Abeiro”, ya cit., y esta Sala, in re: “Cabana, Diego Gaspar y otro c/ E.N.- P.J.N. s/ daños y perjuicios”, “Sosa Torres Alejandro c/ EN-Ley 23.737-Mº Justicia DD.HH s/daños y perjuicios”, y más recientemente, “Solíz Miguel Angel c/ EN – Mº Justicia y DD.HH y otros s/daños y perjuicios”, ya cit.).

XIII. Que finalmente, y en punto a las costas del juicio, se estima prudente distribuirlas por su orden, en ambas instancias. Ello así, atento a que en función de las singulares circunstancias configuradas en la causa penal, ut supra reseñadas, el accionante de autos pudo considerarse asistido de derecho para reclamar como lo hizo (art. 68, segunda parte, C.P.C.C.N.).

Por lo expuesto, voto por: 1º) rechazar los recursos intentados y confirmar la sentencia de primera instancia en todos sus términos; 2º) imponer las costas de ambas instancias por su orden (art. 68, segunda parte, C.P.C.C.N.). Los Dres. María Claudia Caputi y José Luis López Castiñeira adhieren al voto precedente. En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:

1º) rechazar los recursos intentados y confirmar la sentencia de primera instancia en todos sus términos; 2º) las costas de ambas instancias se imponen por su orden (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. María Claudia Caputi.- José Luis López Castiñeira.- Luis María Márquez.