Businessman CountingI. Hechos del caso.- II. Dictamen de la Procuración General de la Nación.- III. Los argumentos de la Corte.- IV. Algunas consideraciones.

El acceso a los cargos docentes universitarios por concurso es uno de los grandes logros que puede ostentar la Universidad pública. No obstante, dicho sistema revela, en muchos casos, una gran arbitrariedad, que va desde el trato disímil a uno u otro concursante, pasando por la manipulación de los antecedentes y de la prueba oral, hasta llegar al modo de integración del Jurado.

Por otra parte, la jurisprudencia ha afirmado que las decisiones de las universidades en la designación de sus profesores no pueden ser revisadas judicialmente, salvo manifiesta arbitrariedad. Esta posición se funda en la necesidad de resguardar la autonomía universitaria, la cual resultaría afectada si se aceptara que el órgano judicial puede revisar plenamente las decisiones de la Universidad. Detrás de esta coartada se esconde el desinterés del órgano judicial por controlar a este ente autárquico. La consecuencia de esta omisión es la lesión al principio de la tutela judicial efectiva, la afectación al principio de igualdad, por cuanto los antecedentes de uno u otro concursante no son valorados con equilibrio.

En otro orden de ideas, la autonomía universitaria ha servido para instituir a la Universidad en una suerte de “Vaticano” (1) donde sus decisiones no pueden ser revisadas por órgano alguno, afectando de ese modo las aspiraciones de miles de concursantes que ven cómo personas sin antecedentes logran acceder a los cargos docentes. Siempre he pensado que los concursos constituyen el único medio digno para aquellos que se esfuerzan y no gozan de padrinazgos políticos para poder acceder a los distintos cargos públicos. En suma, los concursos deben mantener la pureza que los convierte en máquinas de sueños, donde se involucran miles de esperanzas. (2)

En el fallo que seguidamente comentaré, la Corte parece iniciar otro camino, dando cabida a un control más amplio, y simultáneamente, pone límites a ciertas prácticas irregulares.

I. Hechos del caso

La Sra. María Eugenia Bielsa se presentó a un concurso para proveer a un cargo de Profesor adjunto con dedicación semi-exclusiva en el Área de Teoría y Técnica Urbanística de varias asignaturas de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario.

Luego de la prueba de oposición y las entrevistas personales, la Comisión Asesora emitió un dictamen sobre los criterios para valorar y evaluar antecedentes. Así, se fijó que se otorgarían 45 puntos para la exposición y 25 para la entrevista.

Seguidamente, los miembros de dicha Comisión tuvieron disidencias. Por un lado, las arquitectas Isabel Martínez de San Vicente y Elida Cabrini consideraron que debía otorgarse a Bielsa 78 puntos y a María C. Tamburrini 76 puntos. Por otro lado, los arquitectos David Kullock y Alfredo Máximo Garay y la Srta. María José Beneite, estimaron que debía asignarse a Tamburrini 78 puntos y a Bielsa 76 puntos.

Luego de ello, la actora impugnó ese dictamen, con tres argumentos:

a) alteración de las reglas de juego, —con invocación de los arts. 11 y 13 de la resolución 54/89 del Consejo Directivo—,

b) omisión en la consideración integral de los antecedentes;

c) arbitrariedad en la evaluación.

Posteriormente, intervino el asesor legal de la Facultad, quien señaló que el establecimiento de las condiciones del concurso al momento de producirse el dictamen final por la comisión asesora “viola principios constitucionales irrenunciables, pues nadie puede ser juzgado por una ley posterior al hecho del proceso, lo cual quita transparencia al procedimiento y afecta el principio de legalidad de los actos de la Administración. Por otra parte, y teniendo en cuenta la Resolución 54/89, lo que debe desarrollar el concursante es un tema, correspondiente a la unidad objeto del concurso y no una clase” (expediente administrativo 9131/2A, fs. 65 y vta.).

Luego de ello, mediante resolución 132/99, el Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura hizo lugar a la impugnación formulada por la actora en tanto el dictamen de la Comisión Asesora estaba viciado en su forma y procedimiento, y propuso al Consejo Superior de la universidad dejar sin efecto el llamado a concurso. En sus considerandos, la resolución tuvo en cuenta expresamente los dictámenes que se había producido.

Dicha resolución fue impugnada por Tamburrini. Por su parte, la Asesoría Jurídica del Consejo Superior de la Universidad, a cargo del Dr. Oscar Borgonovo, opinó que debía hacerse lugar al recurso deducido por Tamburrini, rechazar la impugnación de la actora, y aprobar el orden de mérito propuesto por la Comisión Asesora.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario —previa opinión de la Comisión de Interpretación y Reglamentos—, mediante resolución 368/99, dejó sin efecto la resolución 132/99 del Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, rechazó la impugnación de Bielsa, aprobó el orden de mérito propuesto por la comisión asesora, y remitió las actuaciones a la Facultad de Arquitectura para que propusiera la designación del profesor que correspondiera según el orden de mérito.

Posteriormente, la actora impugnó la resolución 368/99 del Consejo Superior, por las siguientes razones:

1) La incompatibilidad del consejero Borgonovo, quien era Asesor Jurídico y a su vez miembro del Consejo Superior;

2) La modificación de las reglas de juego por parte de la Comisión Asesora de la Facultad, al establecer con posterioridad a la prueba de oposición los criterios de valoración y no respetar el tipo de exposición previsto reglamentariamente (arts. 11 y 13 de la resolución 54/89);

3) Omisión de la referida Comisión en la consideración integral de los antecedentes y arbitrariedad en la evaluación.

II. Dictamen de la Procuración General de la Nación

La Procuración General aplica la doctrina tradicional de la Corte y señala que las resoluciones de las universidades en el orden interno, disciplinario, administrativo y docente no son revisables judicialmente, salvo manifiesta arbitrariedad.

Por último, se expresó que no se detectaba arbitrariedad manifiesta, pues los planteos de la actora eran una reiteración de lo planteado en las instancias anteriores.

III. Los argumentos de la Corte

Nuestro Máximo Tribunal entendió que hubo arbitrariedad por los siguientes argumentos:

1) La Universidad Nacional de Rosario expuso criterios disímiles y cambiantes;

2) Las objeciones formuladas por la actora no fueron examinadas suficientemente;

3) La mayoría de los jueces de la Cámara Federal de Rosario no analizaron un agravio exhibido explícitamente por la actora en sede administrativa y en su recurso directo: el que atañe al contenido de la exposición que debía ser desarrollada en la prueba de oposición, esto es, que debía desarrollarse un tema y no una clase

IV. Algunas consideraciones

La conformación del jurado

En este caso, se advierte que al Jurado se lo denomina “Comisión Asesora”. Dicho órgano colegiado está conformado por una persona que no es profesional. Así, lo estimo, por cuanto de la lectura del fallo se hace referencia a ésta sin título profesional alguno.

En un caso de similares características (3) la Corte ha señalado que:

1) La idoneidad indiscutible que se exige a los miembros de los Jurados no se advierte en los miembros estudiantes y egresados. Ello de ninguna manera son habilitantes para juzgar la aptitud docente, la formación académica y la experiencia profesional del aspirante al cargo, por lo que existe una incongruente discriminación al exigir tan calificadas condiciones para aspirar a la docencia universitaria y ser miembro docente del jurado y, correlativamente se establezcan condiciones mínimas para los estudiantes y egresados.

2) Si bien los estudiantes deben participar en el procedimiento de selección de profesores, esta participación sólo se limita a ser informantes de las calidades pedagógicas del profesor, pero no corresponde otorgar carácter decisorio a la intervención de estudiantes y egresados no especializados, colocándolos en un pie de igualdad con docentes, a quienes se les exige, además, un destacado nivel académico para actuar como jurados.

3) La participación de los alumnos y egresados en las decisiones de la universidad no autoriza a trasladar sin limitaciones el principio de cogobierno universitario al ámbito académico otorgándole a su intervención en los concursos docentes carácter decisorio.

Teniendo en cuenta las argumentaciones de este precedente judicial, cabe preguntarse ¿Cómo es posible que una persona sin título profesional haya podido actuar como miembro de Jurado? ¿Esto no constituye una arbitrariedad?

La arbitrariedad

Este fallo resulta importante, pues la Corte avanza en su construcción de arbitrariedad para los sistemas concursales y tácitamente admite que hay arbitrariedad cuando las reglas de juego han sido modificadas, y existen por parte de la autoridad universitaria criterios cambiantes y disímiles.

Asimismo, se entiende por arbitrariedad que los órganos, tanto administrativos como judiciales, no hayan tenido en consideración las argumentaciones de la actora.

Por lo demás, este fallo da respuesta y pone límites a las múltiples irregularidades que se pueden suscitar en un concurso. Algunas de esas irregularidades pueden enumerarse, así:

1) Búsqueda de un candidato predeterminado, en la etapa de convocatoria; en cuanto al armado del perfil del candidato buscado, en la elección de determinados requisitos, en la ponderación de ciertos antecedentes en desmedro de otros, lo que en definitiva enmascara un carácter subjetivo.

2) Conformación del jurado que valorará los antecedentes y examinará a los concursantes en las pruebas de oposición.

3) Supresión del puesto de trabajo o separación de una persona de su cargo.

En fin, las irregularidades de los concursos son infinitas, aunque el camino que ha iniciado la Corte, desde aquella doctrina tradicional que nos enseña que las decisiones de las universidades sólo pueden ser revisadas en el caso de manifiesta arbitrariedad, en este fallo, encuentra un avance fundamental, pues se entiende por arbitrariedad el cambio de las reglas de juego y el no considerar las alegaciones de la actora. En este sentido, el ideal de concursos transparentes y sometidos al orden jurídico positivo, si bien está lejano, nos deja una luz de esperanza por el camino emprendido por el Máximo Tribunal.