Doctrina del día: la nueva ley de pasivos ambientales de la provincia de Buenos AiresTribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala F

Consumidores Financieros Asociación Civil p/su defensa c. El Comercio Compañía de Seguros a Prima Fija SA s/ ordinario

Fecha de Sentencia: 2013-06-25

Una asociación de consumidores demandó a una compañía de seguros cuestionando la cláusula de los contratos de seguro contra terceros que neutralizan, modifican y/o limitan el riesgo asegurado de robo y hurto, a través de las cuales no se abonan los daños sufridos por el vehículo cuando es hallado luego de haber sido objeto del ilícito. Asimismo, reclamó el pago de una suma de dinero a los afectados y una indemnización por daño punitivo. La accionada opuso excepción de falta de legitimación activa, cuya admisión motivó la apelación de la actora. La Cámara, por mayoría, difiere la consideración de la excepción para el momento de dictar sentencia definitiva.

2ª Instancia.— Buenos Aires, junio 25 de 2013.

Y vistos:

1. Apelaron ambas partes (fs. 294 y fs. 297) la decisión de fs. 279/85 que: i) admitió parcialmente la excepción de falta de legitimación activa en lo relativo la pretensión de reintegro de las sumas erogadas por los asegurados en función de la cláusula cuya nulidad se deduce, ii) desestimó —por abstractos— tanto los planteos de caducidad y prescripción basados en los arts. 47 y 58 de la Ley 17.418 como la inconstitucionalidad del art. 52 bis de la Ley 24.240, iii) no hizo lugar al pedido de citación de la Superintendencia de Seguros de la Nación (art. 94 Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación) y, iv) impuso las costas en un 80% a la actora y 20% a la demandada, al entender configurados vencimientos parciales y mutuos.

Los recursos se mantuvieron con las expresiones de agravios de la demandada en fs. 299/313 —respondido en fs. 327/38— y de la actora de fs. 316/323 —contestado en fs. 341/48—.

La fiscal actuante ante esta Cámara dictaminó en fs. 354/58, propiciando la reversión del temperamento adoptado en la instancia de grado.

2.a. Al promoverse la presente acción, “Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa” denunció que mediante un simple artilugio semántico —que no aparece contenido en el certificado de cobertura sino en la póliza que el asegurado recibe por correo entre diez y veinte días luego de la contratación— el riesgo de “robo y hurto” en los seguros “contra terceros completo” queda neutralizado, modificándose por el de “no aparición del vehículo” según la explicación que desarrolló.

Precisó que cuando el automóvil es encontrado en el plazo previsto contractualmente, solo se indemnizan los daños comprobables (v.gr. reposición de radio, ruedas, etc.) en la medida que así se halle expresamente convenido. Contrariamente, a falta de estipulación, no alcanza a aquellos deterioros (abolladuras, averías mecánicas) que hubiere sufrido el rodado aún cuando éstos se hubieren producido como consecuencia del robo o hurto sufrido.

Enfatizó que la obligación de la aseguradora —y la que tiene en miras razonablemente el asegurado— es indemnizar el valor del vehículo asegurado que fue objeto del ilícito, lo que impone el arreglo o el reemplazo de los componentes necesarios, de manera que no existe merma patrimonial alguna.

Sobre tales bases, se persigue: i) la anulación de las cláusulas de las pólizas por seguro contra terceros que neutralizan, modifican y/o limitan el riesgo asegurado de robo y hurto a través de las cuales no se abonan los daños sufridos por el vehículo cuando es hallado luego de haber sido objeto del referido ilícito; ii) el reintegro a los clientes incluidos en la hipótesis mencionada precedentemente durante los últimos diez años, de las sumas erogadas para la íntegra reparación del bien asegurado, iii) la condena para el cese de tal proceder, iv) indemnización por daño punitivo (no inferior a diez veces el monto de cada reintegro que corresponda afrontar: art. 52 bis Ley 24.240) que alcanzará a todos los clientes de la demandada y v) la publicación de la parte dispositiva del fallo, para el supuesto de mediar condena, en medios de divulgación masiva (audiovisual y gráfica).

Todo ello, más los intereses pertinentes y las costas causídicas.

b. Impreso el trámite de juicio ordinario (ver fs. 38) y notificado el traslado de la acción (fs. 51) la demandada opuso excepciones de falta de legitimación activa (apart. IV fs. 184/199vta.) y prescripción (apart. V.I. de fs. 200/203).

En sostén de la defensa prevista por el art. 347:3 Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación, esgrimió lo siguiente: i) las previsiones estatutarias de la asociación limitan su campo de actuación a la defensa de las personas físicas que sean sus asociados; ii) la liquidación de un siniestro y la normativa que la rige, solo puede ser impugnada por el titular de la relación jurídica, además que los contratos de seguros no están alcanzados por la Ley de Defensa del Consumidor, iii) la inexistencia de derechos de incidencia colectiva o derechos individuales homogéneos para validar la representatividad anómala que se ha conferido a las asociaciones de consumidores a partir del dictado de precedente “Halabi”; iv) la contratación a través de intermediarios idóneos en la materia y cuya práctica se encuentra regulada por la Ley 22.400, descarta la presencia de derechos postergados o desprotegidos en el contexto descripto en el consid. 13° del fallo “Halabi”; v) falta de configuración del “caso” o “controversia” en los términos del art. 116 CN y art. 2 de la Ley 27. Sobre el punto, se afirmó que lo que está en debate es la validez de las normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación en cuanto establecen la exclusión de la cobertura por daños parciales en ocasión de robo en las condiciones generales, las cuales brindan sustento normativo a las pólizas que se emiten.

Vinculado con lo anterior, peticionó subsidiariamente la exclusión del proceso a las personas jurídicas comerciales y a toda otra persona que no sea consumidor —sea porque denunciaron una condición fiscal distinta o que la cosa asegurada tenía un destino comercial, industrial, profesional o similar (ver apart. B en fs. 186vta./88vta.)— argumentando que la demanda contenía una inadecuada definición del grupo representado.

Planteó asimismo la prescripción del art. 58 de la Ley 17.418 y para el caso que se descartase su aplicación, invocó en subsidio la trianual del art. 50 de la Ley de Defensa del Consumidor.

Adicionalmente, adujo que cualquier reclamo de los asegurados —y que la accionante pretende representar— se extinguió por vía de aceptación expresa de cada uno de ellos (v.gr. caducidad de la acción prevista en el art. 12 de la Ley 17.418).

Por último, luego de formular una negativa particularizada de los presupuestos fácticos y jurídicos sobre los que se asentó la demanda, postuló la inaplicabilidad del daño punitivo al caso (ver apart. XI fs. 214) por referir a situaciones hipotéticamente acaecidas con anterioridad a la entrada en vigencia del instituto y citó al efecto un precedente de este tribunal. También dejó planteada su inconstitucionalidad (ver apart. XI.II en fs. 215vta./7), la improcedencia de la publicación pretendida (ap. XII en fs. 217/7vta.) y requirió la citación de la Superintendencia de Seguros de la Nación en los términos del art. 94 Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación.

c. La a quo estimó en la resolución en crisis (fs. 279/85) que el argumento relativo a la inexistencia de “caso contencioso” como aquel atinente a la limitación estatutaria consistían aspectos de la controversia que debían ser abordados al tiempo del pronunciamiento final, difiriéndolos para aquella oportunidad. Sí desarrolló los aspectos defensivos que, en su criterio, constituían una defensa de falta de personería (v.gr. ausencia de decisión del órgano de administración para iniciar la acción y representación legal para actuar con respecto a consumidores no asociados) desestimando el razonamiento de la accionada.

Sobre la pregonada ausencia de “homogeneidad”, juzgó que la pretensión encaminada a obtener la nulidad de la claúsula contractual resultaba derivada de un hecho común que cumplía con los requerimientos señalados por la jurisprudencia dictada con posterioridad al precedente “Halabi” del Alto Tribunal; no dándose tal característica en el pedido de restitución de las sumas erogadas, capítulo éste de la demanda sobre el cual falló la ausencia de legitimación para accionar de la asociación.

Asimismo, declaró abstracto el tratamiento de la inconstitucionalidad del art. 52bis LDC y de los planteos de caducidad y prescripción, al emparentarlos exclusivamente con la pretensión desestimada.

Finalmente, desechó la citación de la Superintendencia de Seguros de la Nación en los términos del art. 94 Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación y distribuyó las costas según el criterio de vencimientos parciales y mutuos (art. 71 Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación).

3.a. Los cuestionamientos vinculados con la legitimatio ad causam consisten, en general, en la ausencia de identidad entre la persona del demandado y aquella contra la cual se concede la acción (CARLI, Carlo, “La demanda civil”, p. 227, B, Retua, La Plata, 1991). Procede cuando el actor no es la persona idónea o habilitada para discutir en punto al objeto litigioso o bien cuando la demandada no es quien puede oponerse a la pretensión del actor o es inviable emitir a su respecto una sentencia de mérito o de fondo (C. Nac. Com, sala C, 07/05/1993, “Sotomayor, Jorge c. Banco Supervielle Societe Generale”).

Debe, entonces, demostrarse la calidad de titular del derecho del demandante y la calidad de obligado del demandado, pues la legitimación es la idoneidad de la persona para realizar un acto jurídico eficaz inferida en su posición respecto del acto, diferenciándose de la capacidad en que ésta expresa una aptitud intrínseca del sujeto mientras que aquella se refiere directamente a la relación jurídica y, sólo a través de ella, a los sujetos (MORELLO-SOSA-BERIZONCE, “Código Proc. en lo Civ. y Com. de la Prov. de Bs. As y la Nación…”, T. IV-B, Librería Editora Platense-Abeledo Perrot, 1990, p. 218; íd. C. Nac. Com., sala C, 31/03/1995, “Sanatorio Güemes S. A. c. Bamballi, Elías”).

Se advierte claramente que en este caso en particular, el planteo defensivo opuesto al progreso de la pretensión material postula la exclusión de la titularidad de la relación jurídica invocada en la demanda en su faz activa, relación jurídica sustancial que constituye uno de los presupuestos para la existencia de proceso válido (C. Nac. Com, sala B, 04/09/1995, “Goldser SA c. Granero Aníbal s/ordinario”). De ello se seguiría, en concordancia con la posición de la accionada, que la actora no se encontraría dotada de suficiente legitimación para pretender contra su adversaria en esta causa. Y así aparece perfilada la consecuencia, en los términos en que ello fue planteado, relativa a que la falta de acción proyecta efectos respecto de las dos partes enfrentadas en la litis: basta la ausencia de aquella cualidad en una de ellas para que la relación jurídico-procesal se encuentre afectada.

b. En el sub lite, se reitera, la argumentación defensiva refiere, por un lado, a la inexistencia de aptitud para obrar de la actora en defensa de intereses que no son propios sino de una pluralidad de individuos afectados por la actividad de la demandada; y, de otro, a la falta de causa o controversia.

Conceptos tales como intereses difusos o derechos de incidencia colectiva, entrañan dificultades aún no superadas “[…] en la búsqueda por precisar su significado, situarlos en la estructura de las normas que se refieren a ellos y, en lo posible, definir con nitidez los perfiles de una nueva categoría que los comprenda y adecue sus efectos a la eficaz tutela de los trascendentes valores que ellos involucran” (ver MONTI, José Luis, “Los intereses difusos y su protección jurisdiccional”, Ad Hoc, Buenos Aires, 2005, ps. 21/22).

La defensa de los derechos de consumidores y usuarios tiene en nuestro derecho, como en los regímenes jurídicos más modernos, reconocimiento constitucional expreso en el art. 42 CN. Dicha norma prescribe que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho —en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos— a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

Pero también reconoce base en el texto constitucional la legitimación conferida a las asociaciones de consumidores y la vía habilitada para asegurar la efectiva vigencia de esos derechos y garantías. Es así que, con arreglo a lo dispuesto por el art. 43 segundo párrafo de la Constitución Nacional, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones de consumidores registradas conforme a la ley podrán interponer acción de amparo contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general.

Se ha explicado que este último precepto posibilita a las asociaciones de consumidores a comparecer a los estrados judiciales cuando se adviertan conculcados los derechos de incidencia colectiva que, por su peculiar naturaleza, se caracterizan por la indeterminación respecto a la pluralidad de los sujetos involucrados (BIDART CAMPOS, G. y SAGÜÉS, N. P., obra colectiva, “El Amparo Constitucional. Perspectivas y Modalidades”, p. 25, Depalma, Buenos Aires, 1999).

Súmase a ello que, en el caso, del estatuto de la asociación actora surge que la misma tiene por objeto: “A) Promover en pro del bien común medidas concretas de protección de intereses de las personas que deban recibir dinero por cualquier concepto sustentado en una actitud comercial del beneficiado, o que en su rol de consumidores gasten o inviertan sumas de dinero en virtud de contratos onerosos (…) En especial esta asociación civil propenderá a la protección de los intereses de (…) asegurados y/o beneficiarios del pólizas de seguros (…) G) Velar por el fiel cumplimiento de las leyes, decretos y resoluciones de carácter nacional provinicial o municipal que hayan sido dictadas para proteger al consumidor financiero(…) J) Defender y representar los intereses económicos de los ciudadanos y consumidores en general y de los asociados en particular ante la justicia (…) M) Realizar cualquier otra actividad tendiente a la defensa o protección de los intereses económicos de los ciudadanos en general”(ver art. 2° de la copia del estatuto glosado en fs. 1/4).

Mas la habilitación normativa de las asociaciones de consumidores no viene dada tan sólo por el art. 43 de la Constitución Nacional sino además por la Ley 24.240, modificada por la Ley 26.361, que contempla expresamente en el art. 52 la posibilidad de accionar en defensa de los intereses individuales y colectivos.

En relación a la protección de un interés individual, la ley confiere legitimación al consumidor o usuario, a las entidades de defensa de consumidores, a la autoridad de aplicación, al defensor del Pueblo y al Ministerio Público. Es decir, que frente a la afectación de un interés de este tipo existen otros legitimados además del titular directo (consumidor) ya que mientras el titular actúa por derecho propio, los otros lo hacen por representación legal.

Por otra parte, la norma comentada comienza a incorporar la perspectiva colectiva del derecho de los consumidores al establecer que: “En las causas judiciales que tramiten en defensa de intereses de incidencia colectiva, las asociaciones de consumidores y usuarios que lo requieran estarán habilitadas como litisconsortes de cualquiera de los demás legitimados por el presente artículo, previa evaluación del juez competente sobre la legitimación de éstas” para lo cual resolverá “teniendo en cuenta si existe su respectiva acreditación para tal fin de acuerdo a la normativa vigente”.

Resulta también de relevancia la integración hermeneútica que ha realizado la Corte Sup.en orden a las instituciones en juego.

Desde el año 1994 el Alto Tribunal ha resuelto diversas causas en las cuales la cuestión a decidir giraba en torno a los derechos de incidencia colectiva.

En los primeros siete fallos —dictados entre 1994 y 2000— el tribunal rechazó cinco de las demandas, la mayoría de las veces por cuestiones procesales o por argumentos sustantivos relativos a la legalidad de los actos impugnados y por lo tanto no tuvo necesidad de presentar precisiones muy densas sobre estos derechos.

Luego, en junio del año 2000, dictó sentencia en “Asociación Benghalensis y otros c. Estado Nacional” (Fallos: 323:1339) en el que por primera vez trató directamente la cuestión de la configuración de los derechos de incidencia colectiva y se expidió en sentido favorable a los demandantes. Con posterioridad, se sucedieron diversos decisorios en los que la Corte no proporcionó mayores elementos de interpretación.

En el precedente “Mujeres por la Vida – Asociación Civil sin fines de lucro- Filial Córdoba c. Estado Nacional”, de fecha 31/10/2006, la disidencia del doctor Lorenzetti destacó la existencia de derechos individuales, derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos y derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos (ver consid. 9°).

En cuanto a estos últimos, sostuvo que no hay un bien colectivo desde que se ven afectados derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho (único o continuado) que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. Ese dato tiene significativa relevancia jurídica porque, en tales casos, la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre (ver consid. 12º).

Y, luego de destacar que en nuestro ordenamiento no existe una regulación para el ejercicio de las acciones de clase, consideró que el art. 43 de la Constitución Nacional es claramente operativo y que es obligación de los jueces darle eficacia, pero sólo cuando se verifique una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que, en ausencia de un ejercicio colectivo, habría una afectación grave del acceso a la justicia (ver consid. 13º).

Explicó, entonces el Presidente de la Corte, que el primer elemento es la existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. El segundo, consiste en que la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada individuo pueda peticionar. La existencia de causa o controversia se relaciona con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho. Y el tercer elemento, está dado por la afectación del acceso a la justicia: un interés individual que, considerado aisladamente, no justifica la promoción de una demanda. Se trata de un grupo de personas para las cuales la defensa aislada de sus derechos no es eficaz, debido a que la medida de la lesión, individualmente considerada, es menos relevante que el costo de litigar por sí mismo.

En la causa “Defensor del Pueblo de la Nación v. EN-PEN- decs. 1570/2001 y 1606/2001 s/amparo Ley 16.986”, de fecha 26/06/2007, la mayoría de los miembros de la Corte sostuvo que “derechos de incidencia colectiva” son “aquellos que, teniendo por titulares a una pluralidad indeterminada de personas, presentan como objeto de tutela una pretensión general de uso o goce de un bien jurídico insusceptible de fragmentación en cabeza de cada reclamante desde que tienen, ante todo, un carácter impersonal” (consid. 10°).

Posteriormente, la Corte Sup., el 24/02/2009, en el denominado caso “Halabi” —en el que declaró la inconstitucionalidad de la llamada “Ley Espía” y su Decreto Reglamentario—, sostuvo que la falta de regulación legal de las acciones colectivas no es óbice para que los jueces hagan directamente operativa la cláusula del art. 43 de la Constitución Nacional.

Además, en lo que aquí interesa, lo destacable del decisorio es que en el consid. 9° la mayoría de los integrantes del Máximo Tribunal afirmó que, en materia de legitimación procesal, corresponde delimitar con precisión las tres categorías de derechos ya mencionados, esto es: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, continuando en la corriente iniciada por el voto del doctor Lorenzetti en el precedente ya explicitado con anterioridad.

Quedó reafirmada así la doctrina de la operatividad del art. 43 de la Constitución Nacional en relación a los derechos de incidencia colectiva, referentes a intereses individuales homogéneos; en especial cuando cobran preeminencia aspectos relacionados con materias tales como el ambiente, el consumo o la salud.

c. Sin embargo y pese a los conceptos vertidos anteriormente en la especie se observa que la defendida ha sostenido —en mayor o menor medida o elípticamente— que no nos encontramos frente a intereses individuales y homogéneos ni que tampoco se encuentran presente en la litis ciertos requisitos de admisibilidad formal para que esta acción de clase sea procedente —causa fáctica común; pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho; la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado; precisa identificación del grupo o colectivo perturbado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación, la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo—.

Así las cosas, en los términos en que ha quedado trabada aquí la litis de acuerdo al contenido las defensas opuestas, fue prematuro resolver como lo hizo la a quo.

En este sentido, ante la ausencia de pautas adjetivas mínimas que regulen la materia, la Corte Sup. formuló precisiones con el objeto de que frente a la utilización de la figura de la acción colectiva se resguarde el derecho de defensa en juicio de los justiciables, de modo de evitar que alguien pueda verse afectado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha tenido la posibilidad efectiva de participar (cfr. dictamen del procurador general ante la Corte del 30/03/2009 en autos “Padec c. Swiss Medical S. A. s/nulidad de cláusulas contractuales”). De allí que el Alto Tribunal haya entendido que la admisión formal de toda acción colectiva requiera la verificación de ciertos recaudos elementales que conciernen a su viabilidad, como la precisa identificación del grupo de afectados, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo (cfr. Dictamen de la Procuración General del 10/02/2011, en autos “Cavalieri, Jorge y otro c. Swiss Medical S. A. s/amparo”).

Siguiendo estos lineamientos, el Máximo Tribunal en “Cavalieri” (26/06/2012) ratificó que frente a determinados supuestos, resulta imperioso identificar y acreditar el hecho —único o complejo— que cause una lesión a una pluralidad relevante de sujetos que la asociación pueda válidamente defender para la procedencia de la acción colectiva (conf. consid. 7°).

Así reitérese que, desde una visión estrictamente procesal y meritando las particularidades y defensas opuestas en el caso, corresponde diferir su tratamiento a las resultas de la producción de la prueba que permita desentrañar los aspectos de la controversia no expeditos en esta oportunidad (arg. art. 346 del CPr.).

En definitiva, si bien, como se dijo, no es cuestionable la legitimación activa genérica de las asociaciones de defensa de los consumidores para accionar en defensa de intereses colectivos, aunque referente a intereses individuales y homogéneos, procede en el caso examinar recién en oportunidad de ser sentenciada la causa si el supuesto puntual aquí sometido a decisión cumple —o no— los requisitos fijados en “Halabi” para conceder —o no— la legitimación activa de acuerdo a los vastos términos y contenidos en los que la excepción fue planteada.

Será, en efecto, sólo en ese momento en que podrá analizarse exhaustivamente la cuestión.

4. Respecto del agravio concerniente a la excepción de prescripción y en los términos en los que ha quedado enmarcada la litis, no puede decidírsela en esta etapa procesal por no tratarse de cuestión de puro derecho (desde que no reviste el carácter manifiesto exigido por el art. 347 Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación).

Ciertamente, en tanto se advierte el desacuerdo de las partes en cuanto al encuadramiento que corresponde a la pretensión que da origen al reclamo y, por ende los distintos plazos legales de prescripción previstos según fuere el caso, tal aspecto debe ser abordado al momento de decidir en definitiva (cfr. esta sala, 12/07/2011, “Sierra, Jorge A. c. Sierra Carlos s/ord.” y las citas allí efectuadas).

Dicho en otros términos, resulta menester discenir cuestiones de orden fáctico que proyectarán efectos en el encuadre jurídico y, lógicamente, en la solución final del entuerto, debiéndose entonces posibilitar un debate cognoscitivo amplio en orden a mantener indemne el derecho de defensa en juicio. En atención a tal particularidad y desde una visión estrictamente procesal, se aprecia más adecuado diferir el tratamiento de esta defensa para desentrañar aquellos aspectos de la controversia que no se encuentran expeditos en esta oportunidad (conf. esta sala, 27/05/2010, “Consumidores Financieros Asoc. Civil para su Defensa c. Banco Macro S. A. s/ordinario”, íd. 24/11/2011, “Consumidores Financieros Asociación Civil p/s defensa c. Liderar Compañía General de Seguros S. A. s/ordinario”; íd. 15/12/2011, “Consumidores Financieros Asociación Civil p/su defensa c. Compañía Argentina de Seguros Victoria S. A. s/ordinario”).

5. Lo decidido en la instancia de grado sobre la defensa de caducidad y las cuestiones vinculadas con el daño punitivo, quedan sin efecto a partir del criterio adoptado sobre la segmentación del reclamo formulado con base en la distinción sobre la legitimación activa de la asociación. Sin perjuicio de ello, acótase que tales puntos de la controversia no merecen un tratamiento prioritario a la luz de la normativa ritual (arg. art. 347 Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación) que justifiquen una consideración diversa a la que se realice al adentrarse en el fondo de la cuestión.

6. Por último, en torno de los agravios levantados contra la distribución de las costas causídicas y dada la particularidad que presenta el sub examine júzgase adecuado dejarlas sin efecto. Ciertamente, al no mediar rechazo definitivo sino su posposición para una ulterioridad procesal, no existe técnicamente vencedor ni vencido.

Concordantemente, no es pasible de generarse un incidente autónomo con costas propias y diferentes de las del proceso tramitado en el expediente (conf. esta sala, 27/09/2011, “Unión de Usuarios y Consumidores c. Banco Macro S. A. s/sumarísimo”, con citas de fallos de C. Nac. Com. salas B y D).

7. Corolario de lo expuesto y oída la fiscal general, se resuelve: i) revocar el pronunciamiento apelado en cuanto hizo lugar parcialmente a la defensa de falta de legitimación y diferir su consideración para el momento de dictar sentencia, y ii) revocarlo en cuanto declaró abstractos los planteos de prescripción, caducidad e inconstitucionalidad del art. 52bis LDC disponiéndose su diferimiento para el momento del pronunciamiento final.

Dado que ya se ha emitido opinión, dispónese que la causa sea reasignada a otro juez a los fines de su tramitación, a cuyo efecto deberá practicarse, en su oportunidad, el sorteo por la Mesa General de Entradas para su ulterior radicación.

Sin costas en ambas instancias.

Notifíquese a las partes, y a la fiscal ante esta Cámara en su despacho a cuyo fin pasen los autos.

Oportunamente, devuélvase.

Hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. art. 4 de la Ac. 15/13).— Juan Manuel Ojea Quintana.— Rafael F. Barreiro (en disidencia parcial).— Alejandra N. Tevez (con las consideraciones que siguen).

El Dr. Ojea Quintana dice:

En orden al debate verificado con relación a la legitimación de la promotora del presente pleito, estimo necesario hacer la siguiente precisión.

Que si bien en ocasiones anteriores, ante un planteo de esta excepción como de previo y especial pronunciamiento, me he expresado en el amplio sentido de reconocer legitimación activa a las asociaciones representativas de intereses de los consumidores —tal como la aquí actora—; un nuevo y detenido análisis de la cuestión me conduce a reconsiderar dicha postura e inclinarme por aquella más específicamente procesal que propone diferir el tratamiento del asunto para la oportunidad de dictar sentencia definitiva, por no hallarse configurado el específico supuesto que prevé el inc. 3 del art. 347, Cód. Procesal.

Ello, claro está, sin mengua de la reconocida legitimación in genere que ostentan estas asociaciones de conformidad con la manda constitucional que luce específicamente en el art. 43 y demás normativa concordante.

Mas, aún a pesar de ese reconocimiento primigenio, resulta necesario elucidar otros aspectos esenciales y pretorianamente reconocidos por la Corte Sup. al fallar en la causa “Halabi”, con el objeto de discernir si, en definitiva, la asociación de consumidores exhibe legitimación para representar al colectivo en el caso en concreto.

Juan Manuel Ojea Quintana.

La Dra. Tevez agrega:

En oportunidades anteriores y a partir del fallo dictado en la causa “Consumidores Financieros Asoc. Civil para su Defensa c. Banco Comafi S. A. s/ ordinario”, de fecha 12/12/2011, sostuve —de acuerdo al contenido en que habían sido propuestas las demandas y las excepciones— que debía diferirse, para el tiempo de dictar sentencia definitiva, la resolución de las defensas de falta de legitimación activa relacionadas con la existencia de los requisitos fijados por el Máximo Tribunal en la causa “Halabi”.

En tal sentido, es que mantengo mi postura que informara mi disidencia parcial en aquél caso y en los que le sucedieron en el tiempo (v.gr. “Unión de Usuarios y Consumidores y otro c. Banco de Servicios y Transacciones S. A. s/ordinario”, del 04/09/2012; “Consumidores Financieros Asociación Civil p/su Defensa c. Allianz Argentina Compañía de Seguros S. A. s/ordinario”, del 12/12/2011; “Asociación Protección Cons. del Mercado Común del Sur c. Loma Negra Cía Industrial Argentina S. A. y otros s/ordinario”, del 12/12/2011; entre otros). De allí que corresponderá aquí también diferir la excepción de falta de legitimación incoada para la oportunidad de ser dictada sentencia definitiva en la causa.

Alejandra N. Tevez.

Disidencia parcial del Dr. Barreiro

1.a. Comparto con mis distinguidos colegas las consideraciones formuladas en torno de la genérica legitimación de la asociación accionante para comparecer a juicio en representación de consumidores —sean personas físicas o jurídicas— cuyos derechos colectivos se aleguen conculcados y la pertinencia del diferimiento de la excepción de prescripción.

El constituyente de 1994 se enroló decididamente en una visión amplia de la legitimación de las asociaciones de consumidores para la representación de intereses colectivos, estableciendo en el art. 42 CN pautas muy claras que consagran el control respecto de los prestadores de servicios y de toda forma de ejercicio de poder monopólico (cfr. BERSTEN, Horacio L., “Derecho Procesal del Consumidor”, La Ley, Buenos Aires, 2003 ps. 348 y ss.).

Esa premisa de actuación, luego recepcionada por el art. 55 de LDC se plasma sin limitación alguna al habilitar su accionar “…cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores o usuarios…”. El tenor literal de la norma no permite, entonces de ninguna manera, ceñir los alcances de un reconocimiento esencial al ejercicio de los derechos consagrados por la Carta Magna (arg. 42, 43 CN y art. 56 incs. a, e, i LDC). En este sentido, acoto que tan sólo podría resultar factible el examen de la legitimación de las asociaciones de consumidores cuando pretendieran conformar un litisconsorcio activo con el afectado particular que hubiere iniciado una acción en los términos del art. 52 LDC. Pero fuera de esa hipótesis y como principio general, la capacidad sustancial y procesal para promover este tipo de litigios resulta incuestionable.

b. También coincido con el temperamento adoptado sobre los planteos de caducidad, inaplicabilidad e inconstitucionalidad del instituto del daño punitivo.

2. En tal marco discrepo, entonces, con la conclusión que postula el diferimiento de lo decidido con base en el art. 347:3 Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación.

Se observa en la especie que la parte demandada ha sostenido que no se está ante la homogeneidad que exige la Corte Sup. en sus precedentes, sino contrariamente, refiere a una situación completamente heterogénea, descartándose la “causa fáctica común”.

Ahora bien, el texto constitucional y su reglamentación no introducen distingos en orden a la naturaleza de los derechos afectados: si esos intereses patrimoniales divisibles no pudieran considerarse como derechos de incidencia colectiva —y por ende, tutelables por la iniciativa de las asociaciones— la Ley 24.240 carecería de justificación.

Precisamente, algunos de los aciertos de la LDC que modificó el esquema de responsabilidad del Código Civil, reposa en esa ampliación de la legitimación, expansión que encuentra justificación —como ya adelantara— en el art. 43 de la Constitución Nacional. Desde esa perspectiva, reputar contraria a derecho la legitimación de la actora aduciendo que cada perjudicado debió acudir personalmente a formular el reclamo por afectar la órbita de su derecho subjetivo, implica claramente desnaturalizar el sistema de protección establecido expresamente en la Constitución Nacional a partir de su reforma en el año 1994, el cual no gira en derredor de una estricta noción de indivisibilidad, en el sentido de que sólo deben considerarse comprendidas bajo su órbita aquellas pretensiones cuyo objeto sea materialmente indivisible (cítase como ejemplo de esta hermenéutica restrictiva la defensa del medio ambiente, C. Nac. Com., sala C, 01/10/2005, “Unión de Usuarios y Consumidores c. Banco de la Provincia de Buenos Aires s/sumarísimo”).

En suma, aquí se persigue concretamente la determinación del derecho debatido entre partes adversas, que se traduce en la contraposición de posturas: el menoscabo patrimonial que para los clientes de la aseguradora demandada pudo haberse seguido de la conducta infraccional que se le reprocha.

Con sujeción a los fundamentos expuestos, estimo que, en forma independiente a que la cuestión aquí debatida se inscriba —siguiendo la clasificación efectuada por la Corte en “Halabi”— dentro de la órbita de derechos “de incidencia colectiva” o “de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos”, cuestión por cierto opinable, la calidad de parte de la asociación actora no puede ser desconocida.

A todo evento, el encuadramiento del sub examine a los criterios lógicos de “Halabi” no necesita ser inteligido en el cauce que se pretende ya que la discriminación de tales categorías constituye, en todo caso, un elemento que hace a la fundabilidad o admisibilidad de la acción colectiva pero diverso a la legitimación en sí de la promotora, que por tanto no merece un análisis previo. En definitiva, se pretende una condena de carácter general al recaer la acción sobre, lo que se reputa constituye, una conducta uniforme de la demandada (cfr. en sentido análogo, esta sala, 12/07/2012, “Consumidores Financieros Asociación Civil p/su defensa c. La Mercantil Andina Compañía de seguros S. A. s/ordinario”).

3. Emparentado con lo anterior, cabe efectuar una última consideración.

Es sabido que la Corte Sup. ha establecido que los tribunales sólo ejercen potestad jurisdiccional frente a “un caso” o “controversia” en virtud de lo dispuesto por el actual art. 116 de la CN y la Ley 27.

Aunque tradicionalmente se fijaron posturas restrictivas en materia de legitimación para obrar, en pronunciamientos recientes (algunos de los cuales han sido citados en la presente) ha variado sustancialmente su criterio, registrando importantes antecedentes que consolidan una prudente apertura en el criterio delineado con anterioridad (Fallos: 320:690; 323:1339).

Sobre este punto, en el ya mencionado caso “Halabi”, el Alto Tribunal añadió que en todos los casos es imprescindible comprobar la existencia de un “caso” (art. 116 CN y Ley 27) al no admitirse una acción que persiga el control de la mera legalidad de una disposición, como también es relevante determinar si la controversia en cada uno de dichos supuestos se refiere a una afectación actual o se trata de la amenaza de una lesión futura causalmente previsible.

Vinculado con ello, debe destacarse que la accionante ha clarificado los motivos por los cuales considera que en el sub examine se verifica la existencia de un hecho generador común que causa una lesión a una pluralidad relevante de personas, que la pretensión procesal se enfoca en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que, en ausencia de un ejercicio colectivo, habría una afectación grave del acceso a la justicia. Se puntualizó en la legitimación está dada no por la divisibilidad del reclamo, sino por su origen común (ver apart. IV en fs. 11/13).

4. Las consideraciones hasta aquí plasmadas —aunadas a los argumentos vertidos en el dictamen fiscal— huelgan para propiciar la revocatoria del temperamento adoptado en la anterior instancia en torno al acogimiento parcial de la excepción de falta de legitimación activa.

Tal es el sentido de mi voto. — Rafael F. Barreiro.