Legislación del día: Compra de moneda extranjera para tenencia en el país. Percepción. Excepciones

Legislación del día: Compra de moneda extranjera para tenencia en el país. Percepción. ExcepcionesRESOLUCION GENERAL 3583/2014

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.)

Publicado en: BOLETIN OFICIAL 27/01/2014

VISTO el Artículo 22 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, el Artículo 39 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución General Nº 3.450 y su modificatoria, estableció un régimen de adelanto de impuesto a las ganancias y/o bienes personales respecto de ciertas operaciones.

Que decisiones de política económica aplicadas por el gobierno nacional tornan aconsejable extender la utilización de esa herramienta fiscal a la adquisición de moneda extranjera efectuada por personas físicas para tenencia de billetes extranjeros en el país, de acuerdo a las pautas operativas que, en el marco de la política cambiaria, determine el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.).

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Fiscalización, de Recaudación, de Coordinación Técnico Institucional, de Sistemas y Telecomunicaciones y de Técnico Legal Impositiva, y la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 22 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, el Artículo 39 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y por el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL

DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE:

OBJETO

Artículo 1° — Establécese un régimen de percepción del VEINTE POR CIENTO (20%) que se aplicará sobre las operaciones de adquisición de moneda extranjera efectuadas por personas físicas para tenencia de billetes extranjeros en el país de acuerdo a las pautas operativas que, en el marco de la política cambiaria, determine el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.).

No será aplicable la percepción cuando la moneda extranjera adquirida sea depositada, por un lapso no inferior a 365 días, en una cuenta de una entidad financiera comprendida en la Ley N° 21.526 y sus modificaciones, a nombre del adquirente de la misma y conforme el procedimiento que establezca el Banco Central de la República Argentina.

En el supuesto de que la moneda extranjera adquirida y depositada se retire antes del plazo de 365 días, la percepción se aplicará en oportunidad de su retiro de la cuenta bancaria respectiva.

CARACTER DE LA PERCEPCION

Art. 2° — La percepción que se practique por el presente régimen se considerará pago a cuenta de los tributos que, para cada caso, se indica a continuación:

a) Personas Físicas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y que no resultan responsables del Impuesto a las Ganancias: Impuesto sobre los Bienes Personales.

b) Demás Personas Físicas: Impuesto a las Ganancias.

SUJETOS OBLIGADOS A ACTUAR COMO AGENTES DE PERCEPCION Y SUJETOS PASIBLES DE RETENCION

Art. 3° — Deberán actuar en carácter de agentes de percepción las entidades autorizadas a operar en cambios por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.).

Serán pasibles de la percepción que se establece en el presente régimen las personas físicas que efectúen las operaciones señaladas en el Artículo 1°.

OPORTUNIDAD EN QUE DEBE PRACTICARSE LA PERCEPCION. COMPROBANTE DE LA PERCEPCION

Art. 4° — La percepción deberá practicarse en el momento de efectivizarse la operación cambiaria o, en su caso, en la oportunidad aludida en el tercer párrafo del Artículo 1°.

INGRESO E INFORMACION DE LA PERCEPCION

Art. 5° — A los efectos del ingreso e información de las percepciones se utilizarán los códigos que, para cada caso, se detallan a continuación:

Impuesto Régimen Denominación

219909 Venta de moneda extranjera para tenencia – Personas Físicas – Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes.

217 910 Venta de moneda extranjera para tenencia – Demás personas físicas.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 6° — La Resolución General Nº 3.450 y su modificatoria, será de aplicación supletoria en todo lo no previsto en la presente.

Art. 7° — Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 8° — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ricardo Echegaray.

Fallo del día: Arbitrariedad del fallo que rechaza los planteos de los beneficiarios del PPP. Servicio telefónico.

Fallo del día: Arbitrariedad del fallo que rechaza los planteos de los beneficiarios del PPP. Servicio telefónico.Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Partes: Domínguez, Susana Isabel y otros c. Telefónica de Argentina S.A. y otros s/ programa de propiedad participada

Fecha de Sentencia: 2013-12-10

El pronunciamiento que, al hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada, rechazó la pretensión de varios beneficiarios del Programa de Propiedad Participada iniciaron demanda contra la empresa que presta el servicio telefónico y el Estado Nacional por los daños derivados de la falta de pago de la participación en las ganancias prevista en el art. 29 de la ley 23.696 es arbitrario, pues el fundamento del a quo no dio respuesta a las alegaciones de aquellos, relativas, por un lado, a que el hecho que creaba el título de la obligación dineraria y el correlativo daño por su insatisfacción, se fue produciendo, de manera periódica, en cada oportunidad en que se abonó el dividendo —art. 231 de la LSC—, según las ganancias que, eventualmente, resultaran de cada balance, y, por el otro, a que, en las antedichas condiciones, no podía válidamente ubicarse el dies a quem para todos los períodos litigiosos en la oportunidad en que fue publicado el Decreto 395/1992, cuya inconstitucionalidad se planteó.

Suprema Corte:

— I —

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, confirmó la sentencia de mérito que admitió la defensa de prescripción interpuesta por las codemandadas en relación al reclamo por la falta de entrega de los bonos de participación en las ganancias de Telefónica de Argentina S.A. Expresó, en suma, que la acción no puede ser considerada imprescriptible en razón de la nulidad absoluta que según la actora, afectaría al decreto 395/92, ya que la acción para obtener la nulidad de un acto es relativa y prescribe en el lapso decenal ordinario. Tras descartar que sean aplicables los artículos 256 de la Ley de Contrato de Trabajo y 848, inciso 1°, del Código de Comercio, la Cámara apreció que resulta aplicable el artículo 4023 del Código Civil, de carácter residual. En ese marco, entendió que procede estar a la publicación del decreto 395/92 como hito inicial para el cómputo del plazo pues a partir de ese movimiento —1013/92— los actores estuvieron en condiciones de reclamar en defensa de su derecho, impugnando la regla que juzgaban inconstitucional, habida cuenta de la naturaleza de los daños alegados. Citó doctrina, jurisprudencia foral y los antecedentes de Fallos: 299:149 y 320:2289 y 2539, al tiempo que recordó que la demanda se inició el 9/3/07. Consideró, por último, que la protesta articulada en torno al precedente “Gentini”, publicado en Fallos: 331:1815, resulta insustancial toda vez que allí no se abordó lo concerniente a la prescripción de las acciones en situaciones como la examinada (cfse. fs. 176/177, 208/209 y 212/213).

Contra la decisión, la actora dedujo recurso extraordinario, que fue replicado y denegado con fundamento en que se discuten aspectos no federales, relativos al término de la prescripción y a su hito inicial, y en que el remedio sólo traduce discrepancia con el fallo, lo que dio origen a la queja (fs. 221/240, 245/247, 249/255 y 257 del principal y fs. 1 y 37/41 del cuaderno respectivo).

—II—

La recurrente impugna la sentencia con fundamento en que tanto la acción de inconstitucionalidad del artículo 4 del decreto 395/92 como la acción de nulidad absoluta del precepto son imprescriptibles. Expresa que la Constitución es de orden público y su defensa no conoce límite temporal; que se encuentran en cuestión los derechos a la participación en las ganancias empresarias y a la propiedad y los excesos reglamentarios del Poder Ejecutivo Nacional y que toda inconstitucionalidad es una nulidad absoluta por estar en juego el interés público y la Carta Fundamental (arts. 18 y 4023, pár. 2°. C. Civil; 29, ley 23.969; 14 bis, 16 a 19. 28, 31, 75, incs. 19 y 22. 99, incs. 1 y 2, y 116, de la C.N.; y disposiciones internacionales concordantes).

Añade que es dogmático el aserto de la Sala referido a que el reclamo importa una acción de nulidad relativa, al tiempo que cuestiona que el fallo no distinga entra la acción de inconstitucionalidad —imprescriptible— y la dirigida a obtener la entrega y pago de los bonos de participación en las ganancias de la empresa —y, en su caso, la condena por los perjuicios derivados del incumplimiento— sujeta al término de prescripción decenal del artículo 4023 del Código Civil (por tratarse de una acción personal, por deuda exigible, no contemplada en una norma especial).

Postula, en resumen, que el planteo de invalidación es imprescriptible, mas no así lo referente a las consecuencias patrimoniales y a la indemnización del daño derivado del acto ilegítimo.

Manifiesta que la decisión prescinde de los artículos 29 de la ley 23.696 y 230 y 231 de la Ley de Sociedades y de que la prescripción comienza a correr desde la época de pago de los bonos, esto es: año a año, con el abono de los dividendos, tras el balance anual, oportunidad en que se renueva el perjuicio patrimonial que padecen los actores. Dice que los créditos atinentes al período 1991-1995 se extinguieron por el transcurso del tiempo, pero no los relativos al año 1996 —y los posteriores— que debieron comenzar a efectivizarse a partir de 1997.

Niega que el plazo liberatorio comience con la publicación del decreto 395/92, sustentada en que los perjuicios subsisten mientras el obstáculo no se remueva mediante su invalidación y en que el crédito no puede ser requerido antes del transcurso del año sobre el que se reclama participación. Resalta que el Ejecutivo continúa empeñado en la ejecución de su obrar ilícito y el empleador en su incumplimiento, de lo que infiere que se trata de un ilícito continuado.

Por último, invoca Fallos 331:1815. “Gentini”, entre otros antecedentes y hace hincapié en que la cuestión debatida atañe a miles de operarios de las empresas telefónicas que tramitan sus demandas, en pos de los bonos, ante los distintos tribunales del país (cf. fs. 221/240).

No es ocioso apuntar que las partes no aportaron al pleito ningún elemento de juicio novedoso —fáctico o jurídico— con posterioridad a la presentación directa de la actora, el 19/06/09 (v. fs. 41vta. de la queja).

—III—

Los actores empleados y ex-empleados de Telefónica de Argentina S.A. tras objetar constitucionalmente el artículo 4 del decreto 395/92, que exime a las licenciatarias del servicio telefónico de la carga de emitir los bonos de participación en las ganancias previstos en el artículo 29 de la ley n° 23.696, solicitaron que se condene a la compañía a la entrega y pago de esos bonos, por el término no prescripto, y año a año, en adelante, hasta el dictado de la sentencia definitiva o, en su caso, hasta la extinción del vínculo laboral de cada actor y que, asimismo, se condene al Estado Nacional a reparar los daños generados por el dictado del decreto aludido (v. fs. 12/22 y 29 del principal).

Si bien V.E. se expidió en Fallos 331:1815 (“Gentini…”) a propósito del planteo constitucional. puntualizando que el precepto objetado no sólo no se subordinó a la voluntad trasuntada por el artículo 29 de la ley 23.696 ni se ajustó a su espíritu, sino que se erigió en un obstáculo al derecho reconocido a los dependientes (v., en particular, considerandos 18 y 19) lo concreto es que se controvierte, según la alzada, un aspecto no alcanzado por el fallo como es el referido a la prescripción de una acción de nulidad relativa y de otra personal por una deuda exigible de carácter patrimonial, supuestos regidos, siempre según la alzada por el artículo 4023 del C. Civil (v. fs. 212/213).

Dicho ello, procede recordar que, por vía de principio, no constituye materia de la instancia federal la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis ni lo tocante al alcance de las peticiones de las partes (Fallos 312:195; 323:1699; etc.), así como tampoco lo referido al término de prescripción aplicable y a su cómputo (Fallos 317:948; 325:1297; entre otros).

En el caso, como se dijo, la actora adujo que la acción de inconstitucionalidad del artículo 4° del decreto n° 395/92 es imprescriptible porque la Constitución Nacional es de orden público y su resguardo no conoce un límite temporal, y, por las mismas razones, que la pretensión de inconstitucionalidad esgrimida bien puede equipararse a una acción de nulidad absoluta.

Aclaró, no obstante, que el pedido de entrega y pago de los bonos está sujeto al plazo decenal del artículo 4023 del Código Civil, puntualizando que el término respectivo corre periódicamente desde el cierre de cada ejercicio societario y no, como argumentaron la empleadora y el Estado Nacional, desde la publicación del decreto cuestionado (fs. 20, punto 11.3: fs. 113. VI. “a”) fs. 148vta. punto V; fs. 165vta., punto y; fs. 184/202, punto V y sgtes.; etc.).

Expuesto lo anterior y dado que, lo reitero, ante el planteo formal de la defensa de prescripción —arts. 3962 y 3964, C. Civil— incumbe a la juzgadora la determinación procesal de cuál es el alcance de la pretensión deducida y cuál es el término prescriptivo aplicable y el hito inicial de su cómputo, pondero que la crítica de la quejosa, enmarcada en la excepcional doctrina sobre sentencias arbitrarias, no rebate las conclusiones del pronunciamiento (Fallos: 326:2586, 3058; 328:2391; etc.).

Y es que los agravios relacionados con la prescripción de la acción no pueden prosperar si el planteo sólo exhibe un criterio diverso al propuesto por el a quo en lo atinente a cuestiones de derecho común y procesal, ajenas a la instancia del artículo 14 de la ley 48, máxime cuando la resolución se sustenta en argumentos suficientes que, más allá del grado de acierto o error, bastan para excluir la tacha de arbitrariedad invocada (v. Fallos: 326:3927; entre muchos).

En tal sentido, adviértase que la Cámara invocó la doctrina de Fallos: 299:149, entre otros antecedentes, la que postula que el término de prescripción comienza a correr desde que la acción puede ser ejercitada, lo que ocurre después que se verifica el daño cuya reparación se procura obtener; y que si bien es cierto que la reclamación de los daños tenía como presupuesto necesario la declaración de inconstitucionalidad de la norma cuestionada, no existió impedimento alguno para la promoción de la acción antes de cumplido el término prescriptivo.

Puntualiza el precedente que aceptar que cuando el perjuicio se deriva de la sanción de una norma dictada por el poder público en exceso de sus prerrogativas, el hecho no queda configurado hasta que se declare judicialmente la invalidez de la regla, significaría supeditar el comienzo del plazo de prescripción a la discrecionalidad del acreedor, supliendo incluso su negligencia (v. cons. 10°).

En el sublite, la Sala adujo que al tiempo de la publicación del decreto 395/92, el 10/03/92, no parecía dudosa la existencia de un agravio irreparable derivado de la falta de emisión de los bonos pues esa conducta por parte de las licenciatarias era una consecuencia lógica y necesaria del decreto aludido. Subrayó, a continuación, que los actores demandaron específicamente que el Estado Nacional sea condenado a abonar los daños ocasionados por el decreto, extremo que —según este parecer— patentiza que el inicio del plazo prescriptivo se produjo con su publicación (v. fs. 12 y 213).

Frente a ello, la actora no esgrimió, por de pronto, ninguna razón que justifique el inicio de la acción recién quince años después de dictado el decreto 395/92; concretamente, el 9/3/07 (cfr. fs. 22), a lo que se añade que como expone el Sr. Fiscal General, cuyo parecer cita la juzgadora, no basta la mera argución de que media una nulidad absoluta para que, sin más, se declare la imprescriptibilidad de una acción (cf. dictamen, fs. 209, in fine; y 212, ítem 3°).

Recuérdese que, como lo resaltó la a quo, el comienzo de la prescripción debe contarse desde el momento en que el acreedor toma conocimiento de que la acción derivada del acto ilícito dañoso quedó expedita a su favor, extremo que se satisface, en palabras de la Corte, con una razonable posibilidad de información (cfr. Fallos: 316:2137; 320:2539; 334:62; entre muchos).

Recuérdese, también, que no se compadece con los principios que rigen este instituto procesal sujetar al arbitrio o discreción del acreedor el comienzo del curso del plazo prescriptivo, supliendo, aun; la propia inactividad del interesado (doctrina de Fallos 314:1854; 318:1416 y 2558; entre varios otros); sin que obste a ello —a mi ver— que la consumación en el caso del eventual perjuicio económico que se derivaría del decreto pretendidamente inválido pueda llegar a dilatarse en el tiempo, ya que lo contrario conduciría a aceptar que la acción por deuda exigible o la reparatoria devengan virtualmente imprescriptibles, lo que no condice con el principio general del artículo 4019 del Código Civil.

Por lo demás, allende las alegaciones en torno al carácter imprescriptible de las acciones de inconstitucionalidad y nulidad absoluta, lo cierto es que la pretensora acepta que las acciones de entrega y pago de los bonos, promovidas contra la empleadora, y de daños y perjuicios, incoadas contra el Estado Nacional resultan alcanzados por el artículo 4023 del C. Civil con la salvedad de que —en su perspectiva— el plazo correría año a año, desde el cierre de cada ejercicio societario.

Ello evidencia, lo digo una vez más, que se debate centralmente aquí lo relativo al momento inicial del cómputo del plazo prescriptivo de pretensiones de alcance patrimonial, aspecto de orden fáctico y procesal que no se acredita resuelto irrazonablemente en el caso bajo estudio.

— IV —

Por lo expuesto, opino que corresponde desestimar la presentación directa de la actora. Buenos Aires, 20 de abril de 2012.— Marta A. Beiró de Gonçalvez.

Buenos Aires, diciembre 10 de 2013.

Considerando: Que los actores, en marzo de 2007, iniciaron demanda contra Telefónica de Argentina S.A. y el Estado Nacional, por los daños y perjuicios derivados de la falta de pago de la participación en las ganancias de la primera, prevista en el art. 29 de la ley 23.696. Señalaron que, descartados los períodos que consideraron prescriptos, dichas ganancias eran las que habían surgido, año a año, de los balances de la empresa de cada ejercicio, a partir del correspondiente a 1996 o 1997, según las circunstancias de cada demandante. A tal fin, plantearon la inconstitucionalidad del decreto 395/1992, en cuanto dispuso que las empresas licenciatarias del servicio nacional de telecomunicaciones “no están obligadas a emitir bonos de participación en las ganancias para el personal” (art. 4°). El fallo de primera instancia admitió la excepción de prescripción opuesta por las coaccionadas, para lo cual aplicó el plazo trienal del art. 848.1 del Código de Comercio, tomando como fecha de arranque la de la publicación del citado decreto 395/1992. Apelada la decisión por la parte actora, fue confirmada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, la cual, si bien se atuvo al término de diez años del art. 4023 del Código Civil, igualmente juzgó prescriptos los reclamos por cuanto, al modo de la instancia anterior, entendió que, a partir de la mentada publicación, “los demandantes estuvieron en condiciones de accionar en defensa de sus derechos, impugnando la norma que señalan como inconstitucional […] (conf. Fallos: 299:149 y sus citas; 320:2289, entre otros)”. Contra ello, los vencidos dedujeron recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja.

Que asiste razón a los recurrentes en cuanto califican de arbitrario el pronunciamiento sub examine, en la medida en que omitió examinar una defensa que, prima facie considerada, resulta conducente para la debida solución de la controversia (Fallos: 330:2146, entre otros). Esto es así, pues el fundamento del a quo no ha dado respuesta concreta a las alegaciones de los reclamantes relativas, por un lado, a que el hecho que creaba el título de la obligación dineraria a favor de aquellos y el correlativo daño por su insatisfacción, se fue produciendo, de manera periódica, en cada oportunidad en que se abonó el dividendo (art. 231 de la Ley de Sociedades Comerciales), según las ganancias que, eventualmente, resultaran de cada balance. Y, por el otro, a que, en las antedichas condiciones, no podía válidamente ubicarse el dies a quem para todos los períodos litigiosos en la oportunidad en que fue publicado el decreto 395/1992. Cuadra añadir, por lo demás, que la jurisprudencia del Tribunal de la que hace cita la sentencia atacada, tampoco abona la solución a la que ésta arribó.

Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada, con el alcance indicado. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Agréguese la queja a los autos principales, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.— Elena I. Highton de Nolasco.— Carlos S. Fayt.— Juan C. Maqueda.— Eugenio Raúl Zaffaroni.— Carmen M. Argibay.— Enrique S. Petracchi.

Disidencia de las doctoras Highton de Nolasco y Argibay.

Considerando: Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, oída la señora Procurador Fiscal, se la desestima. Hágase saber, devuélvase el principal y archívese.— Elena I. Highton de Nolasco.— Carmen M. Argibay.