Legislación del día: Parques nacionales. Pasaporte “Huella Andina”. Creación.

Legislación del día: Parques nacionales. Pasaporte “Huella Andina”. Creación.RESOLUCION 7/2014

ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES (A.P.N.)

Publicado en: BOLETIN OFICIAL 24/01/2014

VISTO la nota Nº 63/2013 de la Subsecretaría de Desarrollo Turístico del MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACION, en la cual propone la elaboración del pasaporte “Huella Andina”, que permita el ingreso con descuento a los Parques Nacionales dentro de la zona de influencia del sendero, cuyas actuaciones han recaído en el Expediente Nº 3149/2013, y

CONSIDERANDO:

Que el Sendero Huella Andina consiste en un recorrido troncal, que permitirá unir un total de aproximadamente QUINIENTOS CUARENTA (540) kilómetros desde la zona de Villa Pehuenia, provincia del Neuquén, hasta el área del Lago Baguilt en la localidad de Trevelin, provincia del Chubut, pasando por las inmediaciones de localidades tales como Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, San Carlos de Bariloche, El Bolsón, Lago Puelo, Cholila y Esquel.

Que dicho recorrido atraviesa los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces, además de reservas provinciales y territorios fiscales y privados.

Que en este sentido, se logra poner en valores los recursos culturales y naturales de la zona oeste cordillerana, fomentando a través de la actividad del senderismo un turismo sustentable.

Que permite constituir una alternativa de un nuevo producto turístico que signifique el desarrollo para los pobladores de los Parques Nacionales y de los centros turísticos que actúen como puertas, mediante su integración como prestadores de servicios a lo largo de la traza del sendero.

Que por lo tanto, propulsa una mayor integración de los Parques, de las áreas de servicios, y el incremento de los pernoctes en la zona. Además, promueve la integridad de comunidades e instituciones Norpatagónicas.

Que a los fines de brindarle un marco institucional al sendero que permita aplicar estándares de seguridad y registro obligatorio para los usuarios, y que a su vez posibilite beneficios en el acceso a las áreas protegidas y los servicios de navegación en los enlaces náuticos, es que resulta necesario el tratamiento y creación de un pasaporte de etapas múltiples denominado pasaporte “Huella Andina”.

Que resulta necesario fijar el período de vigencia del pasaporte “Huella Andina”, en el cual podrán ingresar a los Parques Nacionales de la zona de influencia.

Que dada creación del pasaporte “Huella Andina”, deben aprobarse los diseños respectivos y ordenarse la impresión de UN MIL (1.000.-) pasaportes a través de la CASA DE MONEDA SOCIEDAD DEL ESTADO, en virtud de los alcances de la Resolución H.D. Nº 11 de fecha 23 de julio de 2003, mediante la cual se aprueban las contrataciones con dicha entidad.

Que a los efectos de precisar los sitios que se encuentran bajo la influencia del Sendero Huella Andina, corresponde identificar fehacientemente las áreas protegidas afectadas, así como las localidades aledañas, incorporadas en el recorrido turístico bajo análisis.

Que las Direcciones de Aprovechamiento de Recursos y de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia, ésta última mediante Dictamen Nº 57.200 (a fs. 15/16 Vta.).

Que la presente se dicta de acuerdo a las facultades y funciones conferidas por el Artículo 24, inciso f), de la Ley Nº 22.351.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

DE LA ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES

RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébase la tarifa general y condiciones respectivas del pasaporte “Huella Andina”, de acuerdo al detalle consignado en el Anexo I de la presente.

ARTICULO 2° — Determínase que la vigencia de la tarifa estipulada en el Anexo I, será aplicable para el período comprendido entre los días 1° de noviembre de 2013 y 30 de abril de 2014.

ARTICULO 3° — Determínase que la numeración del pasaporte “Huella Andina”, será desde el Nº 0001 al Nº 1.000.

ARTICULO 4° — Autorízase a la Dirección de Administración a tramitar y gestionar la impresión de los pasaportes “Huella Andina”, según los valores indicados en la presente, a través de la CASA DE MONEDA SOCIEDAD DEL ESTADO y conforme al diseño que figura en el Anexo I de este acto administrativo, en base a lo estipulado en la Resolución H.D. Nº 11/2003.

ARTICULO 5° — Establécese que el pasaporte aprobado en el Artículo 1° permitirá acceder a las áreas protegidas en jurisdicción de la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES para cumplir el itinerario de la “Huella Andina” —Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces—, que se detalla como Anexo II de la presente.

ARTICULO 6° — Tomen conocimiento la Unidad de Auditoría Interna, las Direcciones Nacionales de Interior y de Conservación de Areas Protegidas, la Dirección General de Coordinación Administrativa y las Direcciones de Asuntos Jurídicos, de Administración y de Aprovechamiento de Recursos. Comuníquese a todas las Delegaciones Regionales e Intendencias de los Parques involucrados. Por intermedio del Departamento de Mesa General de Entradas, Salidas y Notificaciones, publíquese por el término de DOS (2) días en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y por medio de las Intendencias de los Parques Nacionales Lanín, Los Arrayanes, Nahuel Huapi, Lago Puelo y Los Alerces comuníquese y dése amplia difusión. Incorpórese la presente a la página web del Organismo. Cumplido, y con las debidas constancias, gírense las actuaciones a la Dirección de Aprovechamiento de Recursos para la prosecución del trámite.

ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese y archívese. — Gpque. CARLOS CORVALAN, Presidente del Directorio.

 

Columna de Opinión: Las operaciones de venta de moneda extranjera

Columna de Opinión: Las operaciones de venta de moneda extranjeraLas operaciones de venta de moneda extranjera

Gil Domínguez, Andrés

I. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mediante el dictado de la Resolución General 310/2011, (1) dispuso respecto de las operaciones de venta de moneda extranjera en todas las modalidades —divisas o billetes—, cualquiera sea su finalidad o destino efectuadas por las entidades autorizadas, un sistema informático de consulta y registración de cada operación cambiaria en el momento que estas se concreten.

A efectos de registrar las operaciones cambiarias, las entidades autorizadas deberán informar a la AFIP: (2)

* El número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o la Clave de Identificación (CDI) o el tipo y número de documento del sujeto que la realiza.

*El tipo de moneda a adquirir.

* El destino que se dará a la suma adquirida en moneda extranjera.

*El importe en pesos de la operación y el tipo de cambio aplicado.

La AFIP realizará evaluaciones sistémicas en tiempo real de los datos ingresados y emitirá una respuesta de acuerdo a la información obrante en su base de datos mediante la que podrá: (3)

* Validar la operación: lo cual implica que los datos ingresados superaron los controles asignándose a la operación un número de transacción.

* Declarar la inconsistencia de la operación: lo cual implica que no se han superado los controles dispuestos.

Ante la declaración de “inconsistencia”, el adquirente podrá consultar los motivos de la misma ante la dependencia de la AFIP en la cual se encuentre inscripto. (4)

De una primera interpretación de la normativa dictada surge que -en general- el destino que los adquirentes le darán a la moneda extranjera adquirida forma parte de los requisitos que la AFIP evaluará para validar o invalidar la operación cambiaria realizada, pero sin especificar cuáles son los patrones de evaluación ponderada de los eventuales destinos en términos de racionalidad y proporcionalidad aprobatoria.

II. Es constitucionalmente razonable que el Estado, con el objeto de prevenir y evitar el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas y ejercer la potestad tributaria, adopte medidas que persigan establecer el origen de los fondos destinados a realizar operaciones cambiarias.

Ahora bien, si la obligación de explicitar el destino que se le dará a los fondos adquiridos con una moneda extranjera implica una injustificable intromisión estatal en el ámbito de la privacidad o plan de vida de las personas (por cuanto cada persona puede elegir hacer lo que quiera lícitamente con dicha suma sin tener que rendirle cuentas al Estado, como tampoco lo hace respecto de su vestimenta, forma de pensar, aspecto personal, etc.); la situación de afectación del sistema de derechos se agravaría profundamente, si el requisito del destino de los fondos es utilizado por el Estado como un mecanismo regulador de la venta de divisas, sobre la base de una opción selectiva exenta de controles ulteriores.

Si el Estado utilizara el destino explicitado por las personas compradoras de divisas como un elemento determinante implícito —propiciando una escala o jerarquía secreta en donde una opción “valga más” que otra— para validar o invalidar las operaciones cambiarias, esto derivaría en una nueva expresión de los funestos “corralito” y “corralón”, pero mucho más desigualitaria que aquéllos (en la medida que éste es selectivo y discrecional y los otros tuvieron un alcance general que afectó a toda la comunidad por igual).

Una persona física o jurídica que pueda acreditar un saldo positivo para adquirir moneda extranjera mediante la declaración jurada patrimonial del año 2010, una declaración de ingresos al día de la fecha certificada por un contador público y una manifestación de bienes donde consten los ingresos y los egresos al día de la fecha certificada por un contador público, no podrá ser desautorizada por la AFIP para concretar una operación cambiaria por más exótico que sea el destino que se le quiera dar a dicha suma. De lo contrario, se estaría violando la libertad de intimidad en términos de construcción biográfica, el derecho de propiedad vinculado con la tutela del valor de aquello que se tiene y la libertad empresarial proyectada en la garantía de poder desarrollar una actividad lícita con lo que se tiene como propiedad.

III. Ante una solución de invalidación inconstitucional las personas físicas y jurídicas tienen dos opciones.

La solución administrativa propiciada por el art. 7 de la Resolución General 3210/2011 que consiste en una mera consulta de los motivos justificantes ante la dependencia respectiva de la AFIP sin proponer soluciones rectificatorias urgentes y eficaces.

La alternativa judicial viabilizada por una acción declarativa de certeza que tenga por objeto despejar un estado de incertidumbre constitucional consistente en la duda generada por la normativa vigente a partir de la capacidad patrimonial acreditada; o bien mediante una acción de amparo dirigida contra la invalidación como acto de autoridad pública que de forma manifiestamente ilegal y arbitraria ha conculcado los derechos fundamentales reseñados. En ambos casos con eventuales solicitudes de medidas cautelares innovativas, que dependerán del peligro en la demora acreditado en cada caso.

IV. La constitucional atribución estatal de conocer fidedignamente el origen de los fondos en las operaciones cambiarias no es un argumento válido, si se utiliza como fundamento de un mecanismo que posibilita la interferencia estatal en los planes de vida, la propiedad y el desarrollo económico de las personas.

Sólo basta con observar nuestro reciente pasado y recordar sus consecuencias para evitar repetir las dolorosas experiencias que sufrieron las personas y el sistema de derechos.

NOTAS AL PIE:

(1) Boletín Oficial del 31 de octubre de 2011.

(2) Art. 5.

(3) Art. 6.

(4) Art. 7.