Fallo del día: Delitos contra la Seguridad Pública. Manifestación que culminó con la quema de un edifico de Tribunales y otros destrozos.

Fallo del día: Delitos contra la Seguridad Pública. Manifestación que culminó con la quema de un edifico de Tribunales y otros destrozos.Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala penal

Partes: A., F. R. y otros

Fecha de Sentencia: 2013-10-08

El hecho atribuido a los coimputados, consistente en instigar a manifestantes a violentar una sede de Tribunales, desborda el ámbito de protección del derecho a la libertad de expresión, pues no se los persigue penalmente por haber ejercido su derecho a expresarse, manifestarse, disentir o informar, sino por haber instigado a la comisión de un delio contra la seguridad pública, poniendo en peligro la integridad física de personas y dañando bienes particulares y públicos.

Si bien el derecho a la libertad de expresión goza de un amplio contenido, tanto en su dimensión individual como colectiva, fundado en la autonomía y dignidad de las personas, y orientado a cumplir con una importante función democrática, no por ello se encuentra exento de deberes y responsabilidades, dependiendo el alcance de estas de la situación concreta en la que se ejerza el derecho y del procedimiento técnico utilizado para manifestar y difundir la expresión.

Quienes participaron de una manifestación deben ser condenados por el delito de incendio calificado, pues no solo violentaron de manera masiva e indiscriminada las instalaciones, mobiliario y papelería de un edificio de Tribunales, sino que también se constató la efectiva predisposición de condiciones que aseguraran la propagación del fuego, tales como haber acondicionado especialmente papeles para generar un foco ígneo, al cual se agregó una sustancia acelerante de la combustión.

El tribunal no incurrió en una doble valoración prohibida al considerar, para determinar la pena aplicable al condenado por el delito de incendio calificado en los términos de los incs. 1, 3 y 4 del art. 186 del Cód. Penal, la circunstancia de que el hecho se perpetró contra un edificio donde funcionaba uno de los Poderes del Estado, pues no se valoró la acción típica del delito, el peligro común para los bienes, para un archivo público y para la vida de las personas, sino que se ponderó la especial condición del ámbito en el que se desarrolló la acción delictiva y la magnitud del daño causado.

Córdoba, octubre 8 de 2013.

1ª ¿Es nula la sentencia de condena de N. O. P., en relación a los planteos de nulidad de la declaración del imputado, del auto de elevación a juicio y de la acusación formulada por el Ministerio Público en la discusión final? 2ª ¿Es nula la sentencia de condena de J. G., por carecer de circunstanciación la fijación del hecho atribuido? 3ª ¿Es nula la sentencia de condena de V. B., por sustentarse en prueba ilegal? 4ª ¿Es nula la sentencia de condena de V. B. y N. O. P. por vulnerar las reglas de la sana crítica racional la conclusión afirmativa de su participación responsable en el hecho juzgado? 5ª ¿Es nula la sentencia de condena de V. B. y N. O. P. por vulnerar las reglas de la sana crítica racional la conclusión afirmativa sobre la condición peligrosa del incendio y la existencia del dolo requerido por la figura? 6ª ¿Es nula la sentencia de condena de H. G., F. A., R. A., J. F. y J. G. por vulnerar las reglas de la sana crítica racional la conclusión afirmativa de su participación responsable en el delito de incendio calificado? 7ª ¿Es nula la sentencia de condena de J. L. y K. R. por vulnerar las reglas de la sana crítica racional la conclusión afirmativa de su participación responsable en el delito de daño calificado? 8ª ¿Es nula la pena impuesta a N. O. P.? 9ª ¿Es nula la pena impuesta a R. A., H. G. y J. G.? 10 ¿Es nula la pena impuesta a J. F.? 11 ¿Es nula la pena impuesta a K. R.? 12 ¿Se ha inobservado el artículo 300 del CPP? 13 ¿Qué solución corresponde dictar?

El doctor Rubio dijo:

I. Por sentencia nº 28, de fecha 27 de Septiembre de 2011, la Cámara en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Bell Ville resolvió, en lo que aquí interesa: “… 15) Declarar a K. R., ya filiada, autora penalmente responsable del delito de Daño Calificado (arts. 45 y 184 inc. 5° del C.P.) —un hecho— por el que viniera requerida en el Auto de elevación a juicio n° 25 obrante a fs. 5001/5069 y condenarla a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y costas (arts. 26, 40 y 41 del CP y 410, 412, 550 y 551 del CPP); 16) Declarar a… J. L.…, ya filiados, como coautores penalmente responsables del delito de Daño Calificado (arts. 45 y 184 inc. 5° del C.P.) —un hecho— por los que vinieran requeridos en el Auto de elevación a juicio n° 25 obrante a fs. 5001/5069 y condenarlos a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y costas (arts. 26, 40 y 41 del CP y 410, 412, 550 y 551 del CPP); 17) Declarar a R. A. (a) “…” y J. G. (a) “…”, ya filiados, como coautores penalmente responsables de los delitos de Daño Calificado (arts. 45 y 184 inc. 5° del C.P.) —un hecho— e Incendio (arts. 45 y 186 incs. 1°, 3° y 4° del C.P.) —un hecho— por los que vinieran requeridos en el Auto de elevación a juicio n° 25 obrante a fs. 5001/5069 y condenarlos a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas (arts. 40 y 41 del CP y 410, 412, 550 y 551 del CPP), ordenando sus inmediatas detención y alojamiento en el Establecimiento Penitenciario n° 5, Villa María, a la orden y disposición exclusiva de ésta Excma. Cámara en lo Criminal; 18) Declarar a J. F. (a) “…” y H. G. (a) “…”, ya filiados, como coautores penalmente responsables del delito de Incendio (arts. 45 y 186 incs. 1°, 3° y 4° del C.P.) —un hecho— por el que vinieran requeridos en el Auto de elevación a juicio n° 25 obrante a fs. 5001/5069 y condenarlos a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas (arts. 40 y 41 del CP y 410, 412, 550 y 551 del CPP), ordenando sus inmediatas detención y alojamiento en el Establecimiento Penitenciario n° 5, Villa María, a la orden y disposición exclusiva de ésta Excma. Cámara en lo Criminal; 19) Declarar penalmente responsable a V. B. y N. O. P., ya filiados, como Instigadores del delito de Incendio (arts. 45 in fine y 186 incs. 1°, 3° y 4° del C.P.) —un hecho— por el que vinieran requeridos en el Auto de elevación a juicio n° 25 obrante a fs. 5001/5069 y condenarlos a la pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas (arts. 40 y 41 del CP y 410, 412, 550 y 551 del CPP), ordenando sus inmediatas detención y alojamiento en el Establecimiento Penitenciario n° 5, Villa María, a la orden y disposición exclusiva de ésta Excma. Cámara en lo Criminal…; 21) Declarar la responsabilidad de F. A.… , ya filiados, en razón de ser menores imputables al momento del hecho, como coautor de Daño Calificado (arts. 45 y 184 inc. 5° del C.P.) e Incendio (arts. 45 y 186 incs. 1°, 3° y 4° del C.P.)… por el que viniera requerido en el Auto de elevación a juicio n° 25 obrante a fs. 5001/5069 y coautor de Incendio (arts. 45 y 186 incs. 1°, 3° y 4° del C.P.)… y remitir los antecedentes al Sr. Juez de Menores de la ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger a sus efectos” (fs. 6968 vta./6969 vta.).

II. Como se señalara al inicio de la presente sentencia, la sentencia de marras ha sido objeto de plurales impugnaciones. A fin de su más ordenado tratamiento, el control casatorio que se solicita a esta Sala será discernido según la naturaleza de los distintos agravios, aglutinando el análisis de los aspectos comunes que comparten los recursos interpuestos y disponiéndolos en la secuencia que se estime más conveniente para su abordaje. En razón de ello, en primer lugar daremos tratamiento al recurso de casación interpuesto por el Sr. Asesor Letrado del 1º Turno —Dr. Alfredo J. B. de K.—, en su condición de defensor del imputado N. P. (fs. 7078/7233), quien a través de las dos causales del artículo 468 del CPP denuncia que la sentencia no ha analizado ni resuelto las nulidades interpuestas por su parte, a saber: 1) Nulidad del hecho contenido en la declaración del imputado P. por no especificar el modo en que habría ejercido la conducta delictiva atribuida: explica que en la discusión final se planteó la nulidad de la intimación practicada a su representado al momento de receptársele declaración y de los actos posteriores que dependieran en forma directa de dicha declaración (teoría de los frutos del árbol envenenado), por no respetar la manda contenida en los arts. 261 y 355 del CPP (fs. 7078 vta./7079).

Indica que esta pretensión, sin embargo no fue objeto de consideración por parte del Tribunal, lo que nulifica la sentencia por haber provocado una afectación clara y concreta del derecho de defensa del P., tornando en ilusorio el ejercicio de la misma. Conjetura que seguramente por la complejidad de la causa, el Tribunal se confundió transfiriendo la respuesta dada al planteo formulado por otro defensor en beneficio de otro imputado (fs. 7079/7080).

Textualiza la respuesta proporcionada por la Cámara (punto b.1) y concluye que claramente puede apreciarse, al observar las consideraciones realizadas con relación al imputado B., que en este punto se han transcripto los mismos fundamentos por los cuáles se rechazó la nulidad interpuesta por la defensa de ese imputado en contra del auto de elevación a juicio.

Allí reside el error, esto es, considerar que ambos planteos defensivos eran iguales, lo cual no ha sido así, ya que la defensa de B. objetó la fijación del hecho contenido en el auto de elevación a juicio, mientras que el recurrente cuestionó la fijación del hecho contenido en la declaración del imputado y no en la del auto de elevación a juicio, planteo que no recibió ninguna contestación de los sentenciantes (fs. 7080/7083).

Advierte que la respuesta brindada al planteo de la defensa de B., no es extrapolable ni transferible a la nulidad interpuesta por su parte, puesto que de sólo observar los fundamentos del rechazo de aquella se observa que centra sus argumentos en considerar a dicha resolución —auto de elevación a juicio— como una pieza jurídica integral, y por lo tanto se indica que si bien la conducta típica no está explicitada en el hecho intimado, sí puede comprendérsela a través del análisis de los testimonios valorados en el auto de elevación a juicio.

Más allá de no compartir esta argumentación, remarca el quejoso que la misma no es de aplicación al planteo de nulidad en contra de la declaración del imputado, ya que este acto procesal no transcribe testimonial alguna, sino que —conforme manda la normativa ritual— sólo constan los datos personales, la fijación del hecho y lo declarado por P. (fs. 7083/7084 vta.)—.

Transcribe la parte pertinente de su alegato (fs. 7084 vta./7088 vta.) y enfatiza en que el hecho intimado no explicitó el modo a través del cual se habría desplegado la instigación que se achaca a P.; aduce haber entendido que ello habría sido a través de la transmisión radios de FM locales, pero frente a las más de cien personas que dijeron que escucharon la convocatoria en la radio de “P.” y no en la de P., surge un evidente estado de incertidumbre acerca de cuál era el modo que se atribuía al imputado, extremo que debió haber sido clarificado por el Ministerio Público desde la primera oportunidad en que se le informó el hecho (fs. 7088/7089). 2) Nulidad de la acusación en razón de que el hecho contenido en la misma era contradictorio en relación a las personas que supuestamente habría determinado el imputado P.: Un segundo planteo no tratado por la a quo fue la nulidad requerida del auto de elevación a juicio, por un motivo diferente al aducido por la defensa de B., ya que se sostuvo que el hecho era contradictorio (fs. 7089).

Explica que no cuestionó el auto de elevación a juicio porque no constara en el mismo con precisión la modalidad de la conducta delictiva atribuida a mi defendido —como lo hiciera la defensa del coimputado B.— sino que el planteo estuvo referido a que en dicho acto procesal se señalaba que se acusaba a N. P. de instigar a incendiar y destruir el edificio de tribunales a personas que no estaban acusadas de incendiarlo o destruirlo; contradicción que impedía ejercer adecuadamente el derecho de defensa (fs. 7089 vta./7090).

Refiere que el argumento fue expuesto a través de una simple pregunta “¿a quienes habría determinado P.?”; y si bien la respuesta parecía surgir con obviedad de la acusación —las treinta y dos personas nombradas en el auto de elevación a juicio— se hizo notar que en dicha plataforma fáctica se atribuyó a P. haber determinado para que destruyeran e incendiaran el edificio, a A. C. —daño—, N. E. —lesiones leves en agresión—, M. P. —lesiones leves en agresión— y R. P. —daño—.

Se señaló que esta situación era abiertamente contradictoria puesto que estos imputados cometieron delitos distintos a los que se sostiene fueron determinados por P. —daño al automóvil y lesiones a policías. No podía entenderse la acusación ya que sostenía que P. había determinado a estas personas a destruir e incendiar el edificio, y al mismo tiempo sostenía que a estas no se les atribuía una conducta de destrucción o incendio del edificio (fs. 7090 y vta.).

Recuerda que tratándose de un supuesto de participación secundaria, P. sólo podía ser declarado responsable en la medida en que los treinta y dos imputados hubieran cometido el delito para el que supuestamente fueron determinados; pero si a estas personas no se les achacaba haber realizado esta acción destructiva e incendiaria del edificio, ¿cómo era posible sostener que los determinó a en tal sentido? (fs. 7090 vta./7091).

Precisa que este fue el cuestionamiento que dirigió contra el auto de elevación a juicio, y no fue objeto de tratamiento en la sentencia, deviniendo en abstracto todo el esfuerzo realizado a los fines de intentar sostener el estado de inocencia de su defendido y perjudicando ostensiblemente su derecho a obtener un pronunciamiento justo que, con fundamentos, resuelva las diferentes cuestiones introducidas por las partes (fs. 7091).

Solicita, en consecuencia, que se declare la nulidad absoluta de la sentencia en cuanto ha omitido pronunciarse sobre planteos introducidos por esta parte y que tienen una importancia capital en la decisión a la que se ha arribado en la sentencia puesto que la omisión de tratamiento del mismo ha provocado una afectación clara y concreta al derecho de defensa de P. (fs. 7091 vta./7092). 3) Nulidad de la acusación formulada por el Sr. Fiscal de Cámara al momento de emitir sus conclusiones finales: relacionado con el punto que antecede, señala el impugnante que también en la sentencia se ha omitido dar respuesta a la nulidad absoluta interpuesta en contra de la acusación formulada en sus alegatos por el Sr. Fiscal de Cámara (fs. 7092).

Precisa que en la discusión final sostuvo que este acto procesal era nulo de nulidad absoluta por cuanto el representante del Ministerio Público mantuvo la acusación en contra de P. “en los mismos términos que la requisitoria fiscal del auto de elevación del Juez de Control,” a la que solicitó se agregue la calificante relacionada con el daño calificado por tratarse de un edificio de tribunales. Recuerda que a su turno, el defensor controvirtió que, lejos de superar los vicios del auto de elevación a juicio, este proceder sumaba una nueva contradicción, ya que la conducta de P. seguía siendo la misma, a lo que únicamente se agregaba otra calificación legal.

Por lo tanto, no sólo la acusación era contradictoria por mencionar entre los determinados a C., E., P. y P., sino que ahora se sumaba al estado de incertidumbre de la defensa que el propio Fiscal que sostenía la acusación —en todos sus términos— de P., esto es como instigador de treinta y dos personas, había requerido la absolución de varios imputados que sí estaban acusados en la requisitoria de destruir e incendiar el edificio (O., B., I., C., E., F., P., S. y B.; también P., quien fue acusado y condenado por el daño al automóvil del Juez y no del edificio; fs. 7092/7093).

Esta nulidad también fue soslayada por la sentenciante, ocasionando un claro y evidente perjuicio por la inobservancia del artículo 408 inc. 2º CPP (fs. 7093/7094).

4) Consideraciones comunes a los tres reproches: alega el letrado que dado que en la sentencia se hace referencia a que no procede la nulidad del auto de elevación a juicio en razón de que no se afectó el derecho de defensa, a criterio del Tribunal el hecho de que P. haya tenido defensor y que ambos estuvieran presentes y preguntaran e interrogaran a los testigos sobre lo que habían visto y oído sobre la participación del imputado, es suficiente para demostrar que el imputado pudo ejercer su defensa (fs. 7094).

El recurrente reniega de esta afirmación, ya que en estos autos se evidenció en forma patente que la falta de claridad del hecho que se acusaba a P. generaba en la defensa una situación de incertidumbre de tal magnitud que pudo apreciarse en el tipo de preguntas que se realizaban a los testigos.

Basta para ello revisar las filmaciones del juicio para advertir que las preguntas de la defensa se repetían constantemente hasta el hartazgo a los más de 200 testigos que depusieron en el debate, preguntando a todos y cada uno lo mismo: si lo conocía a P.; en caso afirmativo, si lo había visto en la manifestación el día del hecho, y en caso afirmativo si había visto o escuchado del mismo. Además, a más de ciento veinte testigos se los interrogó sobre si había escuchado la radio de P. FM Show y si a través de ella se había convocado a la marcha.

Todo ello era producto de la indefinición del hecho, la falta de claridad y precisión que llevaban a creer que al imputado se lo acusaba de haber convocado a la marcha que culminó en la manifestación y posterior incendio del edificio.

Para la defensa, el punto nodal estuvo siempre centrado en probar o acreditar que P. no había convocado a la marcha —lo que finalmente se acreditó— y que incluso tampoco había instigado o determinado a nadie a través de los demás medios periodísticos a través de los cuales realizaba la cobertura del evento —lo que también se pudo acreditar—. De allí la sorpresa frente al alegato del Fiscal de Cámara que, sin decir de qué modo, sostenía que el modo no había sido a través de la radio, —ni suya ni de terceros— ni por ningún medio audio visual (fs. 7094/7095). De tal manera —insiste— la sola presencia del imputado y su defensor en una sala de audiencia mientras se produce la prueba no garantiza el derecho de defensa; la situación de que estos interroguen a los testigos tampoco cumple ese efecto.

Puesto que si —como en el presente caso— no se tiene claro el hecho delictivo que se acusa, resulta simplemente una mera formalidad el haber contado con la posibilidad de preguntarle a cada testigo si observó o no al acusado en el hecho y que relate en su caso que fue lo que percibió (fs. 7095 y vta.). Concluye que la sola presencia del abogado defensor y la posibilidad de interrogar a los testigos es condición necesaria pero no suficiente del respeto del derecho de defensa, lo que está reflejado en nuestra normativa procesal en los arts. 261 y 355 del CPP (fs. 7095 vta.).

Agrega que esta falta de precisión y claridad del hecho se advierte en la propia sentencia recurrida, puesto que los miembros del Tribunal debieron utilizar distintos acápites para señalar estos vicios y absolver a varios imputados por las imprecisiones y falta de claridad del hecho —común para todos los imputados—.

Incluso, al fijar el hecho acreditado, la Cámara narró con claridad y precisión cuál es el modo que consideró acreditado, al referir que mientras B. hablaba micrófono en mano, P. incitaba a quemar el auto del Juez, a romper ventanas y quemar el edificio, a arremeter contra el Colegio de Abogados donde se refugiaba el personal del Tribunal, etc. Esta precisión y claridad pone en evidencia que la fijación del hecho en los términos que constan en la declaración del imputado, como en la de los actos procesales que fueron su consecuencia, adolecía de falta de precisión sobre cuál era la conducta que se le atribuía (fs. 7098 y vta.). Cita jurisprudencia y finaliza solicitando la declaración de nulidad de la sentencia (fs. 7099/7100 vta.).

III. Los tres agravios arriba reseñados tienen dos ejes en común: en primer lugar, aluden a un mismo vicio —fundamentación omisiva— en tanto se alega que la sentencia no ha dado respuesta a planteos de nulidad oportunamente formulados; en segundo término, coinciden en el derecho vulnerado en tal proceder —la defensa en juicio— puesto que se refieren defectos de la intimación y de la acusación que habrían obstaculizado el correcto ejercicio de aquella garantía.

Sin entrar a la discusión acerca de si la Cámara dio respuesta u omitió hacerlo en relación a las objeciones aludidas por el quejoso, adelanto mi opinión desfavorable a esta crítica en tanto resulta evidente su falta de interés.

Recuérdese, en este sentido, que nuestro sistema procesal no admite la declaración de nulidad de los actos procesales por la nulidad misma, sino sólo en cuanto esta lesione el interés de las partes. Tal exigencia tiene por objeto evitar el establecimiento de un sistema de nulidades puramente formales, acogiendo sólo aquellas que por su posible efecto corrector, tengan idoneidad para enervar los errores capaces de perjudicar realmente aquel interés (TSJ, Sala Penal, “Leyría”, A. nº 73, 4/11/1985; “Charras”, A. n° 107, 27/3/1999; “Pompas”, S. n° 20, 5/4/2000; “Altamirano”, S. n° 156, 24/06/2008; entre muchos otros).

Del mismo modo se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación aun tratándose de nulidades absolutas, al sostener que la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (Fallos 295:961, 298:1413, 311:2337, entre muchos otros).

Dicho principio, llevado al ámbito recursivo, tiene recepción en el artículo 443 del CPP, en virtud del cual la exigencia de un interés directo como requisito estatuido para los recursos (art. 443 CPP), no sólo es una condición para la procedencia formal sino también para la procedencia sustancial de la impugnación.

Este último aspecto ha sido elaborado en los precedentes de la Sala, en los que se ha dicho que el interés existe “en la medida que la materia controvertida puede tener incidencia en la parte dispositiva del pronunciamiento, anulándolo o modificándolo”; o bien cuando el recurso deducido resulta ser el medio adecuado para excluir el agravio que aparece como posible (TSJ, Sala Penal, “Bonino”, S. n° 107, 7/12/2000; “Matta”, S. n° 59, 5/8/2002, “Herrera”, S. n° 88, 24/04/2008, entre otros). 1. Pues bien; sobre el primer punto de agravio, comenzaré recordando que se ha sostenido con acierto que “para que la defensa sea un elemento efectivo del proceso y el imputado pueda negar o explicar el hecho que se le atribuye, o afirmar alguna circunstancia que excluya o atenúe su responsabilidad, u ofrecer pruebas de descargo, o argumentar en sentido contrario a la imputación, es necesario que ésta sea intimada, es decir, puesta en conocimiento de la persona contra la cual se dirige” (VÉLEZ MARICONDE, Alfredo, Derecho Procesal Penal, Lerner, Córdoba, T. II, p. 221; TSJ, Sala Penal, “Valdez”, S. n° 13, 11/4/97; “Oliva”, S. n° 286, 21/10/2008).

Se ha dicho que para el debido resguardo de la defensa en juicio, se requiere que el imputado sea informado del hecho que se le atribuye. Ello se cumple, inicialmente, a través de la intimación, esto es, “la actividad judicial dirigida a compenetrar al imputado de toda la extensión del hecho a él atribuido” (CLARIÁ OLMEDO, ob. cit., T, I, ps. 502/503), que lo pone en conocimiento “del objeto de la imputación, para que ellos [encartado y defensor] puedan ejercer adecuada y razonablemente la actividad defensiva” (VÉLEZ MARICONDE, ob. cit., T. II, p. 221; cfr., MAIER, Julio B., Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, T. I, p. 559; cfr., TSJ, Sala Penal, S. n° 64, 5/11/1997, “Venturuzzi”; S. n° 45, 28/7/1998, “Simonelli”; S. n° 31, 20/5/2002, “Nicolini”; S. n° 34, 18/05/04, “Cardozo”; “Montes”, S. nº 155, 5/07/2007, entre otros).

Es entonces en atención a esta inherencia con el derecho de defensa, que basta con indicar, en primer lugar, que más allá de cuál haya sido “la conclusión a la que llegó la defensa”, lo cierto es que P., ya en su declaración en sede instructoria de fs. 527/533 (incorporada al debate por su lectura) concretamente se defendió de las conductas por las que resultó condenado, exponiendo que “jamás estuvo reunido con esa gente ni en la esquina que se menciona de … y …, frente al Tribunal, donde está el edificio de la Heladería …; que no se reunió jamás con R., M., F., B., L. y otros que no recuerda; que tampoco estuvo, como se dice, en la preparación de esas bombas; que en el transcurso de la mañana estuvo con su colega A.; que tampoco vio ningún tipo de reunión puntual como para producir la agresión; que si en un determinado momento se arrimó por calle …, en un autito con propalador y vio al Sr. R. que comunicaba que el Juez no iba a atender a nadie ni iba a hablar; el Dr. B., dijo algunas palabras, aunque no pudo escuchar lo que realmente refirió; que niega haber participado y haberse reunido con esas personas, a los fines intimados; que es más, cree que actuó como pacificador, niega haber intervenido en los actos de que se lo acusa, niega haber advertido que actuaran grupos organizados…”; indicó que lo que ocurrió “no estaba organizado por nadie, sino que la multitud estaba enardecida. Que sólo se limitó a trabajar; hubo dos intentos de tumbar el auto del juez… que hubo personas que no las conoce pero a la única persona que puede indicar como partícipes de los hechos es a G. F., quien con un hacha acometía contra el baúl del auto del Juez; que se comentó que había gente que repartía “guita” para incentivar a la gente, pero él no vio eso; que él se retiró en dos momentos del lugar, una vez para comprar tarjeta telefónica y otra para resguardar su radio… que él vio ardiendo tanto al edificio de Tribunales como al auto del Juez, pero no vio quienes fueron los autores de la quema; que vio cuando caían los policías T. y C., producto de haber sido golpeados con unos ladrillazos; que al ver la lluvia de ladrillazos quiso salir corriendo y lo golpearon con un huevo en la cabeza; que cuando llega el autobomba, que venía de calle … por …, de oeste a este, y al estar por llegar, recibe un cascotazo en la cabina, motivo por el cual, aceleran y siguen su marcha, retirándose del lugar, para luego volver.

Que no vio a nadie lanzar bombas Molotov, que no vio a nadie portar o tirarlas, para él eso no existió; también para él, el incendio fue provocado por alguien que entró y lanzó combustible; que lo único que escuchó fueron dos detonaciones de bombas de estruendo como las que se tiran en las canchas; que en todo momento trató de mediar y pacificar y en un momento se comunicó, vía celular con el comisario mayor L. M.… que habló con J. V., pariente de la chiquita A., que era como el referente del grupo de gente, para que paren la mano, la agresión y en un momento accedió a ello y habló con el grupo de gente y con la policía, acordando que ellos se retiraban hacia la plaza y la policía paraba de reprimir y se retiraba; que en este afán de pacificar, habló con el intendente G. T., para que dispusiera un espacio físico para que M. al llegar pudiera reunirse con asambleístas y tratar de llegar a un acuerdo o conciliación…” (fs. 6893).

Semejante alocución pone en evidencia que la defensa material asumida por el encartado se orientó clara y concretamente a repeler la atribución de una instigación que no se acotaba a la transmisión radial, sino a una intervención persona a persona, entre los manifestantes.

No tiene otro sentido posible su negativa específica a haberse “reunido” con los manifestantes, o la expresa aclaración de que tuvo algunas conversaciones pero que lo hizo sólo como “pacificador”, por lo cual resulta claro que frente a la descripción fáctica contenida en las intimaciones que se le realizaron previo a receptársele declaración en diferentes oportunidades, no hubo confusión ni desconocimiento alguno acerca del reproche que se ejercía en su contra.

A ello cabe agregar que sí resultaba pertinente referir a la fundamentación contenida en el auto de elevación a juicio —como lo hizo la Cámara— puesto que luego de que dicho instrumento fuera leído íntegramente, esto es, con sus fundamentos (fs. 6178 vta.), ya no era posible seguir alegando falta de circunstanciación alguna, y menos aún la creencia de que el eje de la imputación pasaba por su trasmisión radial ya que, expresamente el Juez de Control aclaró que “al prevenido P. no se le reprocha haber convocado a la marcha, que por otro lado, amén de no encuadrar en delito alguno, ya fue descartado que se haya utilizado estos medios para cometer los delitos que se investigan. Por lo que resulta irrelevante pretender demostrar que P. haya o no convocado a la marcha, porque, en otros términos, no constituye el objeto principal de investigación y de un eventual debate” (fs. 5055 vta.).

Luego de ello, además, agregó con claridad cuál era el ámbito de actuación que se le reprochaba: “la probable intención de los supuestos instigadores, B. y P., demostrada en los hechos, con sus movimientos, gestos y palabras, que fue la de estimular o influir para que, en la impronta de la tumultuosa manifestación, sus movimientos, palabras y gestos se interpretaran y estuvieran encaminadas para avivar a los violentos e inadaptados, para engendrar en ellos la resolución de quemar tribunales en ese marco de violencia que se había desatado”.

Congruente con esta directriz acusatoria, valoró como prueba suficiente dichos de quienes enunciaron diversas conductas de las cuales se infería aquella finalidad: “se ponía una mano sobre la boca y les decía a los que estaban en el lugar que rompieran las ventanas, acá rompan la ventana, y después ‘fuego, fuego’…” (C.); “señalaba con la mano el Megane diciendo a la gente en general que ese es el auto del Juez F., ‘rómpanlo’… entregaba las baldosas que arrancaba a gente que estaba cerca de él para que las tiraran… a los gritos decía que rompan, ‘habría que quemar todo así se termina esta injusticia’…” (F.), entre otros.

Ya contando con esta palmaria explicitación del contenido de la acusación, lejos de tomar una dirección diferente a la ensayada en la etapa instructoria, negó los hechos y pidió “que se incorpore a esta declaración lo que declarara con anterioridad” (fs. 6892), limitándose en el debate a intentar encauzar su actitud en el marco de su trabajo de periodista y a señalar móviles corporativos y políticos en la persecución penal de la que fue objeto.

En consecuencia, de ninguna manera procede la nulidad denunciada, puesto que como se ha visto no se ha producido infición alguna al derecho de defensa del enjuiciado, quien desde los primeros momentos del proceso ha ensayado una postura exculpatoria totalmente congruente con la acusación dirigida en su contra.

2. Al exponer su segunda crítica, el impugnante denuncia como incontestado su planteo de nulidad de la acusación por contradicción en cuanto a las personas supuestamente instigadas por P.

Básicamente, se queja de que se haya atribuido a su representado el haber instigado a incendiar y destruir el edificio a individuos que no estaban acusados de tales ilícitos. En primer lugar, ha de precisarse que ningún sentido reviste examinar esta supuesta incoherencia en relación a la instigación a dañar, puesto que dicho ilícito no fue motivo de acusación contra P., la que sólo se enderezaba a la instigación a incendiar (fs. 6860 vta.), y menos aún de condena (fs. 6969).

Acotado el análisis entonces únicamente a la instigación de incendio, y desde la óptica del interés ya referida (supra, III), puede responderse con holgura la falta de trascendencia de la objeción formulada, en tanto que más allá de que a algunos coimputados no se les haya atribuido el delito de incendio, sí es cierto que a otros tantos se les achacó ese ilícito.

En efecto, a F. A., R. A., J. F., H. G., J. G., O. G., J. P. y J. S., se les atribuyó la condición de coautores de incendio doblemente calificado, mientras que a M. B., H. D., N. M., M. S. y F. S. se les achacó una participación primaria en el mismo delito (fs. 6859 vta./6861).

Es que por las características propias al modo en que se sucedieron los hechos, resulta razonable el modo en que el Ministerio Público ha descripto los hechos, consignando primero la protesta popular en relación a la muerte de la niña S., luego el modo en que comenzó a gestarse un proceso violento donde “algunas personas congregadas frente al edificio de Tribunales y que habían sido convocadas allí comenzaron, supuestamente, en reproche al actuar que venían teniendo el Juez, el fiscal y algunos funcionarios judiciales de esa Sede, a arremeter contra las aberturas del edificio de Tribunales produciendo roturas…”, señalando en un tercer tramo que ” en ese contexto” P., B. y L. habrían determinado a los presentes a destruir y quemar el edificio de Tribunales, y pasando finalmente a puntualizar, en la medida de lo posible, las contribuciones individuales a los destrozos e incendio del inmueble y el vehículo del Juez de Control.

En ese método, no resulta correcto colegir que la instigación a incendiar atribuida a P. se haya proyectado sobre todos y cada uno de los luego nombrados, puesto que aparece claro que aquélla debía entenderse como ejercida sobre quienes han sido nombrados en el relato desplegando conductas inherentes a la quemazón, y no sobre todos los participantes en los disturbios, cuando muchos de ellos únicamente exhibieron conductas destructivas.

El reproche, en este aspecto, se aparta del contenido de la pieza requirente y ello obsta a su procedencia, en tanto soslaya el verdadero sentido del factum acusado.

3. En el último agravio vuelve a hacerse tangible la falta de dirimencia. En primer término, nuevamente despejaremos la cuestión relativa al agregado de la instigación de daño calificado, puesto que dicho ilícito no ha sido motivo de condena y por ende no ha causado agravio alguno al encartado. Por otra parte, en lo que respecta a la instigación de incendio calificado, aun cuando se aceptase que en la discusión final el Fiscal de Cámara haya acusado deliberadamente a P. por haber determinado directa e intencionalmente a personas que no fueron a la vez acusadas por el incendio, no se aprecia infición alguna al derecho de defensa ni mengua en abstracto ni en concreto a sus posibilidades de contradecir aquella atribución. En efecto, recuérdese que conforme al principio del interés ya aludido (supra, III), no corresponde declarar la nulidad si no hay una afectación efectiva a las posibilidades defensivas, situación ésta que no se verifica en el caso. No ha explicado el recurrente —ni tampoco existen— las razones por las cuales un yerro semejante por parte del Ministerio Público habría colocado a su representado en una situación desfavorable que obstase al ejercicio de su derecho de defensa. Muy por el contrario, tanto del alegato desplegado en la discusión final, como de su impugnación ante esta Sala, surge con evidencia que tanto P. como el Sr. Asesor Letrado se encontraron en condiciones aptas para controvertir la responsabilidad que se achacó al primero, sin desconciertos, sorpresas ni confusiones de ninguna índole.

A ello cabe agregar que en tanto P. ha sido intimado, acusado y condenado por un solo delito de instigación, la mayor o menor cantidad de sujetos instigados en nada hizo variar la decisión final.

4. En función de lo expuesto, concluyo que no corresponde anular la sentencia por los vicios aquí examinados, puesto que los mismos carecen de interés.

Voto, pues, negativamente a esta cuestión.

El doctor Andruet (h.) dijo:

El señor Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión.

Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

El doctor Sesín dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Vocal Dr. Luis Rubio, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

2ª cuestión.— El doctor Rubio dijo:

I. Por su parte, el Dr. J. V. —defensor de J. G.— impugna la condena por el delito de incendio, invocando el motivo formal previsto en el segundo inciso del artículo 468 del CPP (fs. 7280/7291).

Afirma que en la relación del hecho que efectúa el decisorio no se describen las conductas típicas realizadas por G. Sólo se nombran los verbos típicos “incendiar” y “romper”, sin mayor precisión. Sólo a fs. 146 in fine y 147 se trata la coautoría y se indica que el imputado “se encontraba en el interior del edificio, mientras éste se incendiaba, sacaba un sillón con ruedas… y fue empujado hasta la calle” pero no hay otro pasaje donde se detalle la conducta típica específica para el incendio realizada por parte de “…” G. (fs. 7286).

Admite que sí se ha precisado la conducta en relación al daño calificado (rotura de la ventana de calle …), pero no ha ocurrido lo mismo con el delito de incendio (fs. 7286).

II. El recurrente reprocha a la sentencia carecer de circunstanciación por no haber indicado cuáles son las concretas conductas que deben entenderse como configurativas del delito de incendio. La crítica olvida que la sentencia constituye una unidad, por lo cual el hecho que se tuvo por acreditado incluso puede extraerse de capítulos distintos al de la primera cuestión (TSJ, Sala Penal, S. n° 276, 24/10/2012, “Pintos”, entre muchos otros). En función de ello resulta de interés señalar que la Cámara, al dar argumentos en la primera cuestión, indicó que “J. F. dijo que en un momento dado observó en el interior del edificio de Tribunales cuatro o cinco mujeres que llevaban delantales de una fábrica textil, que estaban sacando papeles y libros de adentro y los tiraban en la vereda; que escuchaba a P. decir “rompan, habría que quemar todo, así se termina esta injusticia”, ingresando en esos momentos el declarante a la primera oficina sobre calle …; que él da vuelta un escritorio sacando un par de papeles; que entraron otras personas; que fue interceptado por el “…”, quien le dice “quema todo”, contestándole el dicente que no tenía con qué y entonces C. le entrega un encendedor con el que el dicente prende fuego un expediente que tenía en la mano y encendido, lo tira adentro del Megane por una de las ventanillas”. Resaltó la sentenciante que el imputado “fue muy claro en describir su conducta, prendió fuego un expediente que tenía en la mano y encendido lo tiró al Megane”; y enfatiza “en esto consiste su reconocimiento del hecho; lo que aquí interesa es que prendió fuego a un expediente” (fs. 6947 vta./6948).

Pasa luego a dar por corroborado dicho extremo en función de diversos testimonios: B. dijo que “vio al … F. que estaba en el primer piso del Tribunal y desde una ventana tiraba computadoras y papeles”, M. de B. indicó que F. entró al edificio, tomó el saco del Juez y se lo puso; M., a través del video, vio a F. entre los que estaban en el primer piso del edificio; M. lo vio rompiendo cosas.

A la vez, dicha actitud no debe considerarse de manera aislada sino inserta en un actuar de consuno con otros coimputados, en el que —de diferentes maneras— cada uno contribuyó a un ataque plural al edificio, mobiliario y documentación del Poder Judicial, por lo que la responsabilidad de F. por el incendio no se acota a haber “prendido fuego a un expediente”, sino a haberse sumado con dicha acción a una quemazón provocada por múltiples protagonistas. Ello es lo que surge, con claridad, del tramo pertinente de la fijación del hecho resistida por el quejoso, que narra que cuando ya habían iniciado los actos destructivos, algunos —entre los que se encontraba J. F.— “procedieron a ingresar e incendiar el edificio de tribunales, rompieron mobiliarios y sacaron expedientes, los que lanzaron a las cubiertas en llamas provocando su destrucción.

Que mientras sucedía todo esto, el fuego no pudo ser sofocado inmediatamente por los Bomberos Voluntarios de esa ciudad convocados en la oportunidad, ya que se lo impidieron algunos de los manifestantes mediante actos violentos, arrojando piedras en contra de una autobomba, como lo hizo el encartado H. D., quien arrojando un proyectil que impactó en el costado izquierdo del referido vehículo, cerca del chofer, provocó que los Bomberos Voluntarios se retiraran, llegándose, por la propagación del fuego, a destruir casi por completo las dos plantas de dicha Sede Judicial, incluyendo la mayoría de los documentos y papeles de importancia e interés (Archivo), poniendo en peligro, por la dimensión del incendio y el lugar donde el inmueble se encontraba ubicado, otros bienes distintos al atacado, habiendo puesto, además, en peligro la vida de J. F. (Juez), R. M. (Fiscal), M. A. (Secretaria Civil del Juzgado), R. T. (Secretaria Penal y de Menores del Juzgado), M. B. (Secretaria de Fiscalía), O. Z. (Prosecretario de Fiscalía) y J. O. O. (Empleado Judicial)…” (fs. 6955).

En consecuencia, de la lectura de la sentencia no se extrae indefinición alguna acerca de la plataforma fáctica que sustenta la condena del imputado, y por ende el recurso debe rechazarse en este aspecto, quedando para más adelante el examen de la suficiencia probatoria de dicha conclusión. Voto, pues, negativamente.

El doctor Andruet (h.) dijo:

El señor Vocal del primer voto expone la solución correcta a la presente cuestión, por lo que adhiero a su voto, expidiéndome de igual manera.

El doctor Sesín dijo:

Resulta correcta la respuesta vertida por el Señor Vocal preopinante, en función de lo cual adhiero a ella y voto en idéntico sentido.

3ª cuestión.— El doctor Rubio dijo:

I. De otro costado, el Dr. L. —defensor de V. B.— también se agravia por considerar que la sentencia se ha fundado en prueba ilegal.

Aunque sin atribuirle autonomía, puesto que formula esta crítica dentro del acápite en el que cuestiona la fundamentación probatoria por vulneración del principio de razón suficiente, el quejoso tacha de nulo el informe técnico realizado por la Div. Bomberos de la Policía de la Provincia, observando que no ha sido una pericia y en consecuencia sus conclusiones son inoponibles.

II. A ello cabe responder, brevemente, que en virtud del principio de la libertad probatoria previsto en el art. 192 del CPP, todos los hechos y objetos del proceso pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba (T.S.J. Sala Penal, Sent. n° 150, 30/06/2011, “Sigifredo”, entre muchos otros), por lo cual nada impide probar determinado extremo de la imputación con un informe técnico, en lugar de una pericia. Se agrega a lo ya dicho que de manera reiterada, la Sala ha sostenido que, efectivamente, la prueba en cuestión no es una pericia sino un informe, y como tal, la notificación al defensor del imputado no se encuentra conminada con sanción de nulidad por la ley procesal.

Así lo ha sostenido reiteradamente esta Sala: “el informe técnico, emanado de las propias atribuciones de la policía judicial ‘para hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante… exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica’ (CPP, arts. 324 inc. 3° y 326), no requiere control de partes pues no rigen a su respecto las prescripciones del art. 242 CPP” (TSJ, Sala Penal, “Crisnejo”, S. 44, 22/09/1996; “Escribano”, S. n° 10, 03/06/2001). Voto, pues, negativamente.

El doctor Andruet (h.) dijo:

Coincido con la respuesta vertida por el Dr. Luis E. Rubio; en consecuencia, adhiero a ella votando en igual sentido.

El doctor Sesín dijo:

Las razones expuestas por el primer voto dan correcta solución a la presente cuestión, por lo cual adhiero a ellas y me expido de igual manera.

4ª cuestión.— El doctor Rubio dijo:

I. Bajo la invocación del motivo formal previsto en el segundo inciso del artículo 468 del CPP, reprocha el defensor de B. la atribución de instigación de incendio calificado en los términos del artículo 45 del CP (fs. 7313). Reniega de que se parifique su actuación con la de P., sin precisarse qué hizo uno y qué hizo otro. Explica que frente a una instigación hay dos posibilidades para sancionar penalmente; la primera es la del artículo 209 CP, que requiere que se cometa públicamente y en dirección a personas indeterminadas, pero a cometer delitos determinados.

Este último extremo no existe en autos porque en ningún momento surge de las palabras de B. que incite a quemar, romper, herir, etc. Queda entonces la restante alternativa (art. 45 CP), donde la instigación ya no es pública sino privada, y donde deben haberse puesto de acuerdo instigador e instigado. Para mayor confusión, cuando el Tribunal trata la conducta de B. y P. lo hace como si fuesen una sola persona. La ley requiere un acuerdo tal que el instigador sea el director del instigado (fs. 7313/7314). Agrega que las palabras de B. no fueron en modo alguno eficaces para ordenar conductas ni hay prueba que indique que B. se haya puesto de acuerdo con nadie para que cometa ninguna acción, por lo que se han violado los principios de legalidad y defensa (fs. 7314 y vta.). Indica que se ha imputado un delito a partir de una acción que no estaba prohibida, penándose la libertad de expresión. Cita doctrina y concluye que al no haberse configurado la determinación requerida por el artículo 45 del CP, la sentencia debe ser revocada (fs. 7316 y vta.).

3) Con invocación del artículo 483 del CPP, alega el defensor que las palabras de V. B. fueron claras y precisas, pese a lo cual se interpretó que su llamado a la plaza a hacer una asamblea era una muestra de incitación a la violencia. Si una multitud estaba en la esquina de la plaza, comenzando con una protesta in crescendo, era un buen intento llevar a todo el pueblo a la plaza y hacerlos pensar sobre qué pasaba y qué se pretendía. Podrá decirse que eran palabras fuertes, en tono exaltado, pero ello estaba claramente amparado en la libertad de expresión. Cita doctrina (fs. 7316 vta./7319). Manifiesta también que se omitió considerar que varios testigos (G., G., M., C., A., B., R., M.) indicaron que fue la represión policial con balas de goma lo que agitó los ánimos (fs. 7319 y vta.).

4) El recurrente ataca la sentencia por afectación del derecho de defensa por incorporación de prueba falsa, nula o inexistente para condenar, citando el artículo 483 del CPP (fs. 7320). Refiere que en cuanto a la conducta de B., todos los testigos, sin distinción, sólo dijeron lo que escucharon lo que dijo B. por micrófono. Luego, en todo lo que se exceden al interpretar esos dichos, no cambia aquella conducta. No hay ninguna prueba acerca de que B. haya dicho a los manifestantes que rompieran todo puesto que él como abogado los iba a defender, o que no podía incriminárselos por ser una falta menor, o que no podían ser detenidos por manifestarse. La única prueba fue aquella aportada por el Fiscal que fue motivo de denuncia ante la Fiscalía de Instrucción y Jurado de Enjuiciamiento, acerca de la cual no sólo no hizo ninguna acotación, sino que insistió en valorarla (fs. 7320 vta.).

Puntualiza que el testigo A. N. dijo que su mujer le comentó que gente del lugar decía que B. instaba a la gente a romper todo y que él los iba a defender; su esposa dijo en la instrucción que había empleadas textiles que provocaban a romper todo, que total el “abogado del diablo” las iba a defender; pero ni en la instrucción ni en la audiencia se llamó a una sola de estas empleadas a declarar. Además, en la filmación que acompañó las denuncias está el testimonio de R. G. quien siempre dijo no saber a qué abogado se referían esas mujeres, y que a B. no lo conoce (fs. 7321 y vta.). Reprocha la parcialidad con la que se analizó el discurso de B., por cuanto hace un juego de palabras para justificar que F. era juez cuando no había alcanzado el puntaje para serlo, lo cual es incongruente, y también es parcial cuando no se analizan las constancias de la causa de R., donde la realidad es otra (fs. 7321 vta.). Considera que se viola la defensa en juicio y es incoherente el tratamiento de la prueba de los testigos A. y N.; en el video está filmado el Presidente del Tribunal explicándole al impugnante que no se preocupe por comentarios porque la Cámara sabría evaluarlos como tales, pero eso se le olvidó en la sentencia.

Y es grave que en ese punto se le siga haciendo decir a N. algo que no vio ni dijo quién se lo dijo (fs. 7321 vta.). Alega que se afecta el derecho de defensa también en la valoración que se hace del supuesto llamado en codelincuencia de F., O. y C.

En cuanto a F., incurre en claras contradicciones; y en lo que respecta a los últimos dos, sólo deben escucharse las palabras de B. para verificar en qué parte éste dice lo que aquellos le atribuyen (fs. 7322). De otro costado, el Tribunal resta credibilidad a la Dra. Las H. por tener como testigo a N., quien no puede ser tomado como un testigo ejemplar: fue instructor y testigo a la vez, denunció a R. por hacer disturbios el día 4 cuando en realidad se encontraba en Rosario; hizo una declaración igual a la de S. y nadie le reprochó nada (fs. 7322).

Desecha que pueda afirmarse la forma en que se desparramó combustible cuando no hay un bidón para llevarlo en la escena; se le achacó a L. llevar el bidón en la moto pero justamente L. mandó a comprar una botella para quemar gomas, lo que es incomprensible si contaba con un bidón. A su vez, en la acusación fiscal quien dice haber visto el bidón es el comisionado, que el día del incendio estaba en Marcos Juárez (fs. 7322 y vta.). Finalmente reprocha el “famoso incidente de la mirilla”, que puede hacer cambiar al ex Juez F. de veraz a mendaz y viceversa.

Surge ahora que se habría encontrado un video que las partes no advirtieron en el cual se vería la mirilla destapada. Esta prueba nunca se mostró a las partes, lo que provoca indefensión (fs. 7322 vta./7323). 5) Refiere luego el defensor a los dichos de J. F., que fueron valorados, entre otras cosas, para condenar a B. (fs. 7323). Considera que el precedente “Granillo Ocampo” no es de aplicación al caso puesto que en su declaración sólo trató de exculparse y su relato no tiene lógica alguna. F. incrimina a varios de los imputados, y se basa su credibilidad en la presencia de su abogado al momento de declarar, a quien se llamó a testimoniar sin que haya sido relevado de su deber de secreto profesional por lo que sus dichos son nulos. El impugnante efectuó un planteo en este sentido, que no fue respondido (fs. 7323 y vta.).

II. Por su parte, el Sr. Asesor Letrado del 1º Turno —Dr. Alfredo J. B. de K.—, en su condición de defensor del imputado N. P., se agravia por la inobservancia de las reglas de la sana critica racional con respecto a elementos probatorios de valor decisivo en la conclusión acerca de la culpabilidad de P. (art. 468 inc. 2° CPP) (fs. 7100 vta.). A juicio del recurrente, la condena del imputado como instigador de incendio obedece a una equivocada apreciación de las constancias obrantes en autos derivada de la no aplicación del principio de razón suficiente, de la lógica formal y de las reglas de la experiencia común, en violación a garantías expresamente previstas por las Cartas Magnas, Nacional y Provincial, que hacen a la obligación de fundar las resoluciones, el principio de inocencia, el debido proceso legal y la defensa en juicio (CN, 18; C. Pcial., 155, 39 y 40, 8 CADH; fs. 7100 vta./7101).

1) La prueba tenida en cuenta por el Tribunal para acreditar la participación de N. P.: consigna consideraciones generales acerca de la valoración de la prueba y su cuestionamiento por vía casatoria, y pasa a reproducir textualmente los elementos de convicción meritados por la a quo para acreditar la participación de N. P. (fs. 7102 vta./7111 vta.), los que califica como no idóneos ni suficientes para conducir a la conclusión de certeza que causa agravio (fs. 7111 vta.).

Acepta como un “hecho acreditado y confesado”, que el imputado estuvo presente en el lugar, y por consiguiente la discusión debe centrarse en qué hizo allí. Afirma además que campea sobre todo el razonamiento de la a quo una “crítica enjundiosa y desacertada hacia el ejercicio del periodismo como un forma de manifestación de la libertad de expresión, que corre el riesgo —y de allí el peligro— de convertirse en un caso jurisprudencial que avale la represión hacia la prensa libre por el sólo hecho de ejercer el periodismo en una forma que al poder instituido no le parece, no le conviene, le molesta o simplemente no le gusta”, proceder que convierte al Tribunal en una “especie de tribunal de conducta periodística, tribunal de ética para el ejercicio del periodismo o algún órgano de funciones asimilables”. Cita, en este sentido, lo manifestado por la Cámara en relación a los testimonios de T., N. B. y la declaración de C. (fs. 7112/7113 vta.). Refiere que sólo estando en medio de los hechos podía relatarse periodísticamente lo que ocurría, tal como avalaron los ocho periodistas que depusieron en el debate. Reprocha además que en igual dirección, la a quo haya analizado el contenido de una entrevista periodística acerca del pensamiento de P. sobre las condiciones del Juez, y que se haya omitido que dicho reportaje fue realizado tres horas después de apagado el incendio y para un medio que no era de la ciudad de Corral de Bustos (fs. 7114/7115). La crítica hacia el accionar de P. es continua y se sostiene en un mismo hilo conductor, se le objetan desde nimiedades tales como el haber repartido botellas de agua a los manifestantes, hasta su sentir y pensar expresado en sus entrevistas y transmisiones.

Para ello, obviamente que se realiza una mirada parcializada de la prueba, que quiere ver en el accionar desplegado por él un “mal ejercicio del periodismo” llegando a sostener cuestiones tan ridículas como que el repartir botellas de agua a los manifestantes no es propio de un periodista.

No hay un catálogo del buen ejercicio del periodismo, y si lo hubiera esta conducta no sería un indicador de lo contrario, ni son los jueces las personas idóneas para calificarlo así. Además, ser mal periodista no puede ser una prueba o indicio de la instigación de un delito (fs. 7115 y vta.). En relación a la entrega de botellas, reprocha que sólo dio dos botellas a dos manifestantes —no a los autores del hecho—, que uno era un primo y el otro un vecino a quienes les compró agua, y que lo hizo luego del incendio, por el calor reinante; el cura párroco se desdijo en el debate en cuanto había declarado en la instrucción que lo hacía en un clima de algarabía (fs. 7115 vta./7116). En cuanto a aquello que P. expresó a viva voz en el lugar de los hechos, resalta que no se encontraba gritando en la plaza o al frente de Tribunales, sino hablando por su celular, puesto que estaba transmitiendo lo que ocurría en vivo y en directo para distintas radios —todas lejanas a Corral de Bustos—. Sus palabras fueron pronunciadas en el ejercicio de su profesión tanto como la nota que se transcribe en la sentencia. Invoca luego fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, s. 2/07/2004; “Canese vs. Paraguay”, S. 31/08/2004; “Palamara Iribarne vs. Chile”, S. 22/11/2005; y “Kimel vs. Argentina”, 02/05/2008), con la intención de advertir que la crítica expuesta en la sentencia a su defendido por sus manifestaciones y cuestionamientos hacia el Poder Judicial, la policía, y los funcionarios que la integran, no puede ser entendida en modo alguno como un mal ejercicio del periodismo, ni mucho menos posibilitar la aplicación del derecho penal por ejercer dicha función. Destaca asimismo la importancia del Tribunal que los dictó, y el acatamiento que tuvo y modificaciones legislativas que produjo el fallo en el que se condenara a la República Argentina por aplicar una condena penal a un periodista que había ejercido su función y en razón de ella criticado la actuación de un magistrado del Poder Judicial, que —como fácilmente se advierte— guarda íntima relación con el caso bajo estudio (fs. 7118/7120).

Apunta que no debe concluirse precipitadamente que esta jurisprudencia prohíbe la utilización del Derecho Penal, en particular referencia a los delitos contra el honor de las personas, puesto que lo que fue materia de resolución no fue la vulneración del derecho en sí a poder expresarse, sino la sanción ante aquello que se expresaba, el contenido de la expresión, la sustancia. De esta forma, la Corte IDH señala que cuando el contenido verse sobre determinados temas o personas —funcionarios públicos—, la utilización del derecho penal deviene en un modo de restricción irrazonable y en consecuencia no permitido conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos. Profundiza sobre el caso “Kimel vs. Argentina” y concluye que los lineamientos de la Corte Interamericana reseñados se encuentran contenidos claramente en los agregados introducidos como excepciones en los tipos penales: asuntos de interés público dentro de los cuáles se encuentran por lo general las acciones de los funcionarios públicos, lo cual es plenamente aplicable a las críticas que el Tribunal de Bell Ville se encarga en señalar sobre la esencia de la labor periodística desarrollada por N. P. (fs. 7120/7122 vta.).

Pasa luego a analizar la participación secundaria que se recrimina a su representado. Con cita de Carlos Creus, destaca el carácter determinado —en cuanto a los delitos y a los destinatarios— que debe revestir la instigación, a raíz de lo cual deberá verificarse si en autos existen elementos de prueba que permitan acreditar con certeza que su defendido determinó a alguna de las personas que se consideran fueron los autores de los hechos determinados, los condenados F., G., A., etc.; en contrapartida, no servirán en modo alguno aquellos testimonios que mencionan que dijo o hizo tal o cual conducta y que no saben a quién se la dijo o hizo, puesto que no nos permite arribar a ninguna conclusión sobre su participación que al ser secundaria, debe guardar necesaria relación con el delito cometido por estos. Además, deberán excluirse aquellos testimonios que expresan frases tales como que “decía a personas indeterminadas” puesto que de ser ello así nos encontramos ante la presencia de otra figura delictiva (art. 209 CP), que no ha sido achacada a P. dado que el Fiscal de Cámara consideró innecesario ampliar la acusación o acusar por un hecho diverso (fs. 7122 vta./7124 vta.). Resalta, por otro lado, que la acción típica que se le endilga a P. importa el despliegue de una acción destinada a convencer a influir en la psiquis de una persona, para que ésta haga lo que el instigador quiere, lo que obliga a precisar cuáles fueron los supuestos actos de instigación y cuál fue el grado de convicción que ellos tenían, su aptitud para generar en otro la idea de cometer un hecho delictivo etc.; puesto que no bastan las meras insinuaciones, sugerencias, etc.; sino que la acción de convencer debe ser de entidad, debe poseer un peso suficiente capaz de conmover a una persona normal a cometer un ilícito para el que en realidad no tiene un motivo claro, sino que debe ser influido de tal forma que haga propio el motivo del instigador y por ello actúe. Mucho más en este caso, donde se trataba de un delito particularmente grave, reprimido con una pena altísima y enmarcado en un contexto especial (fs. 7124 vta./7125). Acerca de este contexto, menciona el defensor sus “componentes interesantes”: P. tenía que convencer a determinadas personas de destruir e incendiar un edificio ante la vista de 2000 personas (manifestantes), estas personas —autores— (cuyo número fue variando en el transcurso de la causa, de 45 a sólo 5 en la condena) no sólo sabían que había cámaras de TV. y periodistas — con lo cual iban a quedar filmados cometiendo estos delitos— sino que debían acometer contra un edificio custodiado por la policía; la policía estaba allí, por lo que se arriesgaban a ser detenidos en forma inmediata. Evidentemente el tiempo de convencimiento como la entidad de las acciones a desplegar para influir en la psiquis de estas personas para destruir el edificio es muy extenso y de mayor entidad que en otros contextos (fs. 2175 y vta.).

Sobre la acción de determinar para incendiar el edificio, destaca que si de todo el material probatorio recolectado surge clara la cronología de los hechos en el sentido de que primero hay una agresión a las ventanas y puertas del tribunal, luego de lo cual la policía de Marcos Juárez reprime con balas de goma, y luego de aproximadamente cuarenta minutos se sucede el incendio, es más evidente que el tiempo que demandaría convencer a una persona de que incendie un edificio que a todo el contexto referido (cámaras de TV, 2000 personas mirando, y la policía presente) se le debe agregar la presencia de mayores efectivos policiales (se sumaron de otras localidades) y que reprimen disparando con sus escopetas a quienes se acerquen (fs. 7125 y vta.).

Considera que todas estas circunstancias son absolutamente relevantes para determinar el tiempo que le demandaría realizar la acción delictiva que se le atribuye, y para apreciar si el tipo de conducta que manifiestan los testigos es idónea para atribuir a P. la conducta de convencer, determinar (fs. 7125 vta.). Comienza luego el defensor a analizar la prueba valorada por la sentencia. En cuanto al testimonio de la Comisario G., denuncia que lo expresado por el Tribunal no es un fiel reflejo de lo que dijo en el debate. En la video filmación de la audiencia podrá corroborarse que la nombrada narró que B. se reunía con cinco sujetos de gorra y que P. estaba presente esporádicamente en esas reuniones, que después estos sujetos se metían entre la gente y alentaban, y que escuchó a P. decir por la radio que la gente se levante contra estos jueces cajoneros; que vio a P. y B. desde una ventana de arriba, que no escuchó lo que decían. Considera que esta declaración es útil para acreditar que el imputado estaba presente trabajando de periodista, y la supuesta referencia a “jueces cajoneros” queda desvirtuada puesto que su esposo —el prosecretario Z.— no estaba escuchando la radio de P. y éste no estaba transmitiendo para su radio sino para otras, en cuyos audios puede escucharse que nunca dijo eso. La policía dijo además que ella eligió a R. y P. por ser los más tranquilos, y que P. quería entrar a hablar con el juez para mediar; no expresó nunca que estaba alterado ni nada por el estilo. Postula así que la testigo G. en ningún momento dijo haber visto o escuchado a P. determinar a algún imputado a destruir o incendiar el edificio, sino que relata una actitud incompatible con esta conducta (quería entrar a hablar con el Juez para mediar”), dato relevante que fue obviado por la Cámara (fs. 7126/7129).

Continúa con el testigo T., cuyo relato considera que ha sido parcializado, omitiéndose dos cuestiones dirimentes: cuándo y en qué contexto fueron los dichos de P. En primer lugar, P. actuaba junto con P., quien fue sobreseído, oportunidad en la cual este testimonio fue valorado y descartado por no coincidir con lo sucedido. Si un Juez de la Constitución ha descalificado esta prueba, no puede ser usada en relación a la misma circunstancia borrando sólo la referencia a F., sin vulnerarse el principio de identidad (fs. 7129/7130 vta.). Recuerda que F. dijo estar peleado con P., y que según el testimonio de T., todos se manifestaban de manera uniforme, no había jefes ni nadie que movilizara a la gente. Acerca de cuándo P. dijo “vamos, al fin terminó todo esto, vamos al final, Corral de Bustos está descabezada” o que el Poder Judicial y la policía no servían para nada, anota que T. lo escuchó al llegar al hospital, cuando el auto y el edificio estaban en llamas y destruidos; no antes, porque fue trasladado muy temprano al hospital (testimonio de D.), y no es posible la determinación ex post (fs. 7130 vta./7131).

En cuanto concierne al contexto de aquellas frases —las que no niega que su defendido haya proferido— fueron comentarios escuchados por T. en una transmisión en vivo y en directo a una radio que no era de Corral de Bustos (en una localidad a más de 70 km.), que hizo con posterioridad a los hechos, a través de su celular. Del audio exacto de esa transmisión se escuchan las preguntas del periodista a lo que P. respondía que “la gente gritaba: basta al final se dio, teníamos que llegar hasta el final, que el Poder judicial estaba descabezado, que las autoridades no servían, etc.”. Conjetura que seguramente el testigo T., que se encontraba en ese momento al frente de un Tribunal incendiándose, y con la manifestación que seguía observando, y alerta, haya visto pasar a P. y decir esta frase que transmitía para la radio a requerimiento de otro periodista radial, y haya interpretado que estaba arengando a la gente, cuando en realidad, estaba relatando, cronicando, en su función de periodista, transmitiendo lo que la gente decía —no sus propias palabras—. Estima el quejoso que en este pasaje se observa nuevamente la crítica hacia el ejercicio del periodismo por P. (fs. 7131 vta./7132 vta.). Prosigue el recurso analizando la valoración del testimonio de O. Z., quien nada aporta en relación a si P. realizó la conducta que se le atribuye.

Coincide con otros testigos en cuanto a que el imputado se desplazaba entre la gente llevando su celular para transmitir, y fue soslayado que en el debate dijo que “vio desde su ventana de arriba, no escuchó a B. ni a P. y que desde adentro no se podía ver si había incentivación”. Recuerda asimismo que en el debate aclaró que P. no era el líder, sino que se destacaba porque iba y venía entre la gente porque es periodista. Resalta que tanto Z. como B. y M. eran abogados, y por ende podían identificar claramente si la conducta de P. constituía algún ilícito. Puntualiza además el defensor que Z. dijo que desde adentro del edificio no se podía ver si había incentivación, lo que descalifica el testimonio de F. —utilizado para condenar— quien primero dijo haber visto a P. y a B., luego aceptó haberlos sólo escuchado y finalmente reconoció que en realidad infirió dicha circunstancia (fs. 7132 vta./7133 vta.). Acerca del testimonio de V. D. Z., argumenta el impugnante que no aporta convicción alguna sobre la actividad delictiva que se le achaca haber cometido a P., ya que le atribuye la característica de líder a raíz de la impresión que tuvo porque hacía gestos, ademanes, levantaban las manos, etc. Nunca se le preguntó al testigo si esas conductas podrían haberle llevado a pensar que estaba trabajando de periodista y fue la misma impresión que le dio el accionar de M. y R., quienes por estas conductas fueron sobreseídos, puesto que no todo el que se movía con énfasis en la manifestación tuvo que tener necesariamente una participación delictiva y ese es quizás el error de interpretación que se hace del testimonio.

Hay además una clara confusión en el testigo al afirmar que P. hablo por micrófono, puesto que mi defendido nunca lo hizo, lo que puede obedecer a que una confusión con alguno de los oradores, lo que resta credibilidad al testimonio (fs. 7134 vta./7135). Pasa luego a examinar lo aportado por el ex juez J. O. F., a quien califica como deliberadamente falaz para perjudicar a ciertos imputados.

Similar planteo hizo en el debate, solicitando la remisión de las actuaciones por falso testimonio agravado, a lo que el Tribunal no dio respuesta alguna, omitiendo justificar por qué considera que este testigo con sus múltiples y graves mentiras no tuvo intención de perjudicar a mi defendido. Señala las contradicciones con lo declarado en la instrucción y en el debate acerca de si vio a B. megáfono en mano, estima imposible que haya visto y oído varias circunstancias, acota que en el debate agregó algo que no había referido antes —que P. decía a los manifestantes “ese es el auto del Juez hay que quemarlo”—. Además dijo haber presenciado este episodio junto a la Comisaria G., quien se acreditó había sido trasladada al hospital cuando aún no habían comenzado los desmanes, lo que está acreditado en las video filmaciones (fs. 7135/7137 vta.).

Agrega que tampoco C. —mencionado por F.— ni los demás policías interrogados en la sala de debate, expresaron haber estado con el Juez mirando hacia fuera por su despacho, ni que hubieran visto tal situación. Precisa aquí que F. dijo haber visto todo ello por la ventana de su despacho que todavía seguía abierta, pero de en las filmaciones se puede observar que esa ventana, como tantas otras, fueron cerradas apenas se comenzaron a juntar unos pocos manifestantes, y que al momento de que la Comisaria G. recibe una piedra —antes de la agresión al automóvil— esa ventana ya estaba cerrada (fs. 7137 vta.). Relata además que F. calificó a P. y B. como los líderes, convocantes y directores del tumulto por ser quienes hablaban por teléfono y con personas que se dirigían hacia ellos y luego volvían a la concentración. Sin embargo, quien convocó a la marcha fue otro periodista (F.), y además el hecho de haber hablado por teléfono y con otras personas es compatible con su rol de periodista. No pudo responder si P. había determinado a alguno de los imputados, ni a partir de cuál acción o conducta infería un acto de instigación. Dijo que P. estuvo todo el tiempo al lado de su auto, hablando, cuando ciento cincuenta testigos dijeron que iba y venía de un lado para otro (fs. 7138/7139 vta.). Conjetura diversos motivos para que F. haya mentido en contra de P. (posible denuncia ante el jury de enjuiciamiento, animadversión, le quemaron su auto y peligró su integridad física, P. era un periodista incisivo que prestaba su micrófono a los abogados que se quejaban de la mora del Juez F.; fs. 7139 vta./7141). Sobre la declaración de R. T., quien dijo haber escuchado a P. hablando con otros diciendo “hoy le quemamos el auto al Juez”, recuerda en primer lugar que no es por esa instigación que está acusado su defendido.

A su vez, dicha frase parece insuficiente en su entidad para determinar a otro; y en el debate en realidad puso dicha frase en boca de Nicolás Manasero. Descree el recurrente de la veracidad de esta testigo, ya que con el edificio herméticamente cerrado, no especificando en qué lugar del mismo se encontraba ella, con visibilidad hacia el exterior imposibilitada, dice haber observado a P. cruzando por todas las ventanas y diciendo “hoy le quemamos el auto al Juez”. A ello agrega que su afirmación acerca de que A. N. anotició sobre la convocatoria radial no se compadece con lo referido por el propio N.; que manifestó haber visto a H. R. junto a P., cuando luego se demostró que ese día R. estaba a 200 Km. de Corral de Bustos (fs. 7141/7142 vta.).

Prosigue el recurso con el testigo A. N., en cuya valoración se advierte el “veredicto irreductible de este pseudo Tribunal de ética periodística”, se critica el suministro de agua a los manifestantes, se omite mencionar que aclaró en el debate que P. no era líder, y que no lo vio ni escuchó determinar a nadie. Se hace hincapié en la apreciación de P. acerca de que “todas las mujeres del Tribunal y personal eran unas prostitutas y p……”, pero se omiten adicionar las circunstancias temporales en las que lo había dicho, varios días después de cometido el hecho, con lo cual la valoración del testimonio es parcializada y tiende a generar confusión. Además, por el hecho de ser un periodista que critique en forma acérrima y hasta insultante al Poder Judicial, no puede concluirse que por ello es el instigador del incendio (fs. 7143/7144). Sigue a continuación el análisis con el entonces Fiscal de Instrucción R. H. M., quien al ser interrogado sobre si sabía quiénes eran los agresores, respondió que no, que P. iba y venía entre la gente; que no sabe si estaba organizando, que le parece porque iba y venía a diferencia de otros. Esta aclaración es similar a la de R. G., que interpretó que por esa actitud de ir y venir, le pareció que el encartado estaba organizando. Pero insiste el defensor que esta actitud es la necesaria y propia del ejercicio del periodismo en un suceso como éste, y así fue señalada por los propios periodistas testigos que hicieron lo mismo ese día (O., A., etc.).

El testimonio del Fiscal entonces es sólo útil para probar que “iba y venía”, lo que se corrobora con más de ciento treinta y siete testigos y los videos, y únicamente nos aporta su impresión en cuanto a que esa conducta le pareció que era como de organizar, actitud que ciento treinta y siete personas coincidieron era asimilable al ejercicio del periodismo (fs. 7144 vta./7145). El testimonio de R. G. ha sido valorado en su versión ante la instrucción, omitiendo lo expresado en el debate, donde aclaró y precisó su relato anterior. Acotó que “que P. iba y venía, decía palabras pero no recuerda qué”, “que esa forma de actuar, de ir y venir, de actuar como locos es lo que ella llama incitar a la gente”. Alega que “ir y venir como loco” no se condice con lo que se acusa a P., determinar, convencer, influir en la psiquis de alguien para un fin específico, el incendio de Tribunales, por lo que su valor convictivo es nulo (fs. 7145 vta./7146 vta.).

En cuanto al testigo E. B., reitera el quejoso que se parte de una idea errada en cuanto a la entrega de botellas de agua, ya que sólo fueron dos, a conocidos que no tenían dinero y por el calor que hacía, por lo que no debe ser analizada fuera de ese contexto. Además, el religioso se desdijo en cuanto al clima de “algarabía” referido en su declaración instructoria, aclarando que “quizás no sea el término empleado el más correcto, unos estaban contentos o alegres y otros apesadumbrados” (fs. 7146 vta./7148). Los dichos de R. R. son conjugados con la video filmación en relación a la forma en que P. se comunicaba y dirigía a los manifestantes; aclaró que al calificarlo como líder quiere decir que eran tales “los que querían hablar con el juez, representativos, que querían hablar, no como líderes delictivos”; que L. era líder y sobre P. no se acuerda si quiso ingresar a los tribunales a hablar con el juez. No lo vio determinar a nadie.

Además, el recurrente propone una interpretación diferente de lo observado en la filmación: se ve cuando P. —una sola vez— pasa entre los manifestantes, que arrojaban esporádicamente piedras contra la policía y que al hacerlo levanta la mano quizás como haciendo señas de que no le tiraran, o más bien, conforme se ve, tapándose de una posible pedrada. No se observa que los manifestantes hayan dejado de tirar piedras, y quizás esa actitud de levantar la mano haya tenido más que ver con el auto convencimiento que la mayoría de los periodistas tienen de que deben ser respetados en toda instancia o momento porque se encuentran trabajando y por eso pretenden no ser agredidos ni por los manifestantes ni por las fuerzas del orden.

Aduce que hay un error de apreciación en la afirmación de que cuando pasa P. los manifestantes cesan la agresión al edificio, ya que ello no es lo que surge del video (fs. 7148/7149). En lo atinente a la valoración del testimonio de N. E. M. de B., recuerda que en la instrucción declaró que “vio en el lugar, al periodista P. enloquecido, incitando a la gente que se encontraba en el lugar a la violencia, andaban como locos en el lugar de un lugar para otro…”, siendo ello lo único que la a quo meritó. Ignoró por completo que en el debate dijo que vio a B. y P. en la plaza “parados, sin hacer nada…”; que le hablaban a la gente pero no puede decir qué decían, que no vio que alguno de los que allí estaban luego rompiera nada, que no recuerda que P. y B. hayan incitado a la gente, que todos hablaban y corrían (fs. 7149 vta./7151). Pasa luego el recurrente a analizar el razonamiento de la Cámara en torno a una de las entrevistas que P. realizó para diversos medios periodísticos (de donde se extrae cuál era el pensamiento de P. y se le reprocha su intención de exaltar a la gente utilizando el falso concepto de que el juez no era juez, ante un público inadvertido y sin conocimientos específicos).

Considera el recurrente que la pieza sentencial corre el riesgo de convertirse en un caso jurisprudencial que avale la represión hacia la prensa libre por el sólo hecho de ejercer el periodismo en una forma que al poder instituido no le parece, no le conviene, no le gusta, o simplemente le molesta. El Tribunal ha utilizado esa infundada y desacertada crítica como un argumento sobre el que pivotea luego sus razonamientos en torno a dar por acreditada la participación criminal de P. en el hecho endilgado. Se utiliza entonces el análisis del contenido de la opinión de un periodista y se le atribuyen afirmaciones que no dijo, ya que nunca introdujo el concepto de que el Juez no era Juez, sino que dijo que F. “no había aprobado un examen”. Además, se ha omitido que el reportaje que se menciona tuvo lugar tres horas después de apagado el incendio de Tribunales, y para un medio periodístico que no es de la ciudad de Corral de Bustos, con lo cual cabe preguntarse sobre la relación entre dicha conducta y la ocurrencia de los hechos.

Insiste el defensor con la doctrina sentada por la Corte Interamericana en “Kimmel”, en atención a que los dichos de P. en la entrevista mencionada configuran una crítica periodística y no un ataque personal, basada en información veraz sobre las ausencias del Fiscal M. y el resultado del examen del Juez F. (fs. 7151/7154 vta.). Prosigue luego el recurrente con los llamados en codelincuencia formulados por los coimputados C., B. y F. Señala primero que en nada empeoraba la situación de éstos el expresar que habían sido determinados por P. L. y B.; es más, quizás los beneficiaría, puesto que se habrían posicionado en una actitud que demostraría que sus frenos inhibitorios estaban al límite pero actuando y que fue por la acción de un tercero por la que se decidieron a realizar sus acciones. Sin embargo, es importante remarcar que ningún imputado declaró haber actuado bajo la influencia de P., con excepción de F. (fs. 7154 vta./7156). Destaca además que el propio Tribunal estima “atinado recurrir a los propios coautores”, pero no procede de igual manera en relación a lo dicho por todos los imputados; sólo se seleccionaron tres declaraciones, soslayando lo que expresó el resto (veintinueve), quienes coincidieron en negar haber sido determinados por nadie, menos por P. (P. D., H. G., J.J. G., R., S., O.G., S., I., etc.; fs. 7156/7157 vta.).

Refiere que sólo F. sostuvo haber sido instigado por P., pero ello fue lo que sostuvo en su primera declaración, y rectificó luego en el debate, dando razones (haber sido coaccionado a cambio de obtener su libertad, lo que así ocurrió).

Acota, como aspectos a tener en cuenta para verificar la credibilidad de las declaraciones de F., que la primera (fs. 1716/1725) está realizada en un léxico ajeno al imputado, tuvo lugar durante los primeros meses de la investigación —esto es, cuando se cometieron todo tipo de irregularidades e ilegalidades en la recepción de la prueba—, y su contenido incluye hechos absurdos, ridículos, falaces, e imposibles de suceder, y que efectivamente no sucedieron (que L. prendió una bomba de estruendo como para arrojarla y se le reventó en la mano: L. aún cuenta con ambas manos y sin cicatriz alguna; nadie vio que P. arrancara las baldosas de la plaza; vio caer a G. en la Av. …, cuando en realidad esta policía cayó en calle …; fs. 7158 y vta.). Estima el defensor que la segunda declaración se condice más con la verdad, por las garantías que ofreció el Tribunal de juicio (que se desarrolló en forma oral y pública, a diferencia de los actos de la instrucción), porque no estaba detenido, porque dijo lo que quiso en sus propias palabras, contestando preguntas y dando razones, porque ya no sostiene acontecimientos inverosímiles, etc.

Califica como dudosa la salvedad efectuada por la a quo en función de que el abogado F. haya declarado que el acto se desarrolló sin presiones, ya que lo contrario importaría que el letrado reconociera haberse involucrado en un hecho delictivo (fs. 7159 y vta.).

Insiste en que F. no es creíble, ya que es él mismo quien se rebate, con lo cual es imposible saber a ciencia cierta, cuándo ha dicho la verdad, si es que lo ha hecho. Y esta situación no puede jugar en contra de P., eligiéndose arbitrariamente una de las dos declaraciones para fundar su participación criminal (fs. 7159 vta./7160). Arguye que tampoco ha explicado la resolución atacada el motivo por el cual —creyendo la primera versión de F.— llega a la conclusión de que P. ha sido quien lo determinó a incendiar, ya que según aquel relato surge que fue otra persona quien lo hizo: el “Chulo” C., quien le entregó un encendedor y le decía “quemá, quemá todo” (fs. 7160/7161). Considera el recurrente que lo mismo ocurre con C., quien primero dijo haber escuchado a P. decir ciertas cosas y se rectificó luego en el debate, aportando dos versiones diferentes, antagónicas, con lo cual ella ha generado su propia incredibilidad. A ello se suma que en la primera declaración no precisó a quiénes les dijo P. que destruyeran el automóvil del Juez (la instigación debe ser dirigida a persona determinada), que P. no está acusado de instigación en relación a dicho vehículo, y que el propio P. dijo que el juez era su amigo, con lo que riñe con la experiencia común que fomente semejante daño (fs. 7161 y vta.). Resalta así que la totalidad de los imputados han negado haber realizado sus conductas por haber sido determinados por P., y en el caso de F. y C., también lo negaron en sus segundas declaraciones, contradicción que debe ser tomada como una negativa, en virtud del principio in dubio pro reo (fs. 7161 vta./7162).

Apunta, por otro lado, que la declaración de B. ha sido valorada de manera parcializada, puesto que manifestó que fue obligado a declarar en contra de P., B., A., porque alguien con conocimientos en derecho le mintió burdamente al imputado acerca de la existencia de un acuerdo espurio con el Fiscal y Presidente de la Cámara del Crimen de Bell Ville Juez (circunstancia ésta que enfáticamente niega el defensor haya ocurrido) pero que B. hizo constar en acta ante el Juez de Paz (fs. 7162/7163 vta.). Aborda luego de manera conjunta la valoración de los dichos de C. B., A. M. y el ex Juez F., de los que la a quo deriva la intención de P. de determinar a otros a destruir e incendiar el edificio de Tribunales. Nuevamente insiste en que se ha soslayado que las expresiones del encartado estaban enmarcadas en el ejercicio del periodismo y que por ello no exteriorizaban su sentir sino la situación social reinante. También reitera que no se ha precisado a quiénes instigó, ni que haya testigos o prueba de ello, ni en qué momento y lugar, etc. A partir de un supuesto odio hacia el Poder Judicial, se supone todo lo demás. B. narra lo que P. habría dicho días después de los hechos. Sobre las manifestaciones ante escribano público de M., que la Cámara atribuye a una maniobra orquestada por P., se soslaya que éste y F. G. eran menores, que sus dichos se obtuvieron bajo tortura permitiendo así un cambio de calificación legal que evitara la libertad de quienes no tenían antecedentes penales, que quien solicitó la nueva declaración fue el abogado defensor de F., y que llamativamente el Fiscal de Instrucción no quiso receptarles nuevos testimonios, siendo por ello que el Dr. M. presentó copias de actas notariales. La madre de G. ratificó esta información y las declaraciones de ambos menores son coincidentes en cuanto a las circunstancias en las que se les habría presionado para firmar. Agrega el recurrente que en la primera declaración, el menor M. indicó que P. y otros fabricaban bombas molotov, lo que se demostró que no existió y se sobreseyó a los imputados (fs. 7166/7170). Señala el defensor que S. C. —dueño del colectivo estacionado al frente de Tribunales— dijo en el debate que no le dejaron leer su declaración previo firmarla, y que varias cosas que allí figuraban no las había dicho. R. también coincidió en haber sido presionado para inculpar a personas que ni conocía. Similar situación se registró con C. y S. Se omitieron también los resultados de la inspección oficial realizada por la Fiscalía General a la Fiscalía de Corral de Bustos, lo que motivó el pedido de destitución del Dr. M. —que fue acogido—, aludiendo a la cantidad de denuncias por maltrato policial. Ello motivó que el impugnante solicitara la nulidad absoluta de los testimonios de los menores F. G. y L. M., y la remisión de las actuaciones correspondientes ante el Fiscal de Instrucción para que se investigue. El planteo de nulidad no fue tratado por el Tribunal (fs. 7170/7171). En cuanto respecta a la mirilla de la puerta del Colegio de Abogados, fue objeto de discusión acerca de si era posible que el ex juez F. haya visto y escuchado lo que expresa que P. habría dicho una vez finalizado el incendio de Tribunales, lo cierto es que en la causa no hubo probanzas claras en uno u otro sentido sobre si en esa fecha estaba o no tapada, puesto que las fotografías aportadas por las partes databan de fechas posteriores al evento, y por ende debía aplicarse el principio in dubio.

La sentencia sostiene que la mirilla despejada se podía observar en un video enviado por un canal de televisión de Isla Verde o Chañar Ladeado, cuando el propio Presidente había repetido una y otra vez que los DVD y VHS secuestrados no podían ser reproducidos por fallas técnicas, y que en la audiencia del día 11/11/11, prevista para ver todo el material video filmado, no se emitió el video de Chañar Ladeado.

A tal punto ciertos videos tuvieron una falla que el Presidente del Tribunal expresó que los habían enviado a todos a la Policía Judicial de Córdoba a sus gabinetes técnicos para que intentaran abrirlos y a fines de diciembre, en una de las últimas audiencias, expresó enfáticamente que los videos que se habían proyectado eran los únicos que podían verse, según le informaban los especialistas. Sin embargo, en la sentencia se dice que esta prueba estuvo siempre en la causa y que se puede ver bien la mirilla. Si es cierto que ese video puede verse y que en él se ve lo que se expresa, debió habérselo exhibido en la sala de debate, y lo contrario ha producido un perjuicio a la defensa puesto que se valoraron elementos de prueba que no existían al momento de ejercer la defensa y a los que nunca tuvo acceso. En consecuencia se trata de prueba ilegalmente incorporada al proceso. Solicita por ello se analice la filmación de la audiencia del día 11/11/11 a los fines de dilucidar si dicha prueba puede o no ser valorada (fs. 7171/7172 vta.).

2) La prueba de valor dirimente no tenida en cuenta para dictar sentencia: Bajo este rótulo, el impugnante achaca a la sentencia haberse sustentado en indicios que no coinciden con prueba totalmente objetiva y así incurrir en una fundamentación parcializada y arbitraria que no ha descalificado adecuadamente todas y cada una de las pruebas adversas que evidenciaban que P. había estado durante el desarrollo de los eventos criminales, ejerciendo su profesión de periodista, la que resultaba por la forma en que la desarrolló, totalmente incompatible con cualquier atribución de conducta delictiva (fs. 7172 vta./7173 vta.). Comienza aplicando las reglas de la experiencia común y afirma que ella indica que P. seguramente estuvo en la manifestación trabajando de periodista; en semejante cuadro de situación en una población pequeña, donde de repente ocurre un hecho de cierta trascendencia, un homicidio cruel de una niña indefensa, con alevosía y ensañamiento, cuyo velatorio y entierro se realiza el día lunes.

Siendo P. uno de los pocos periodistas del pueblo, dejó de lado el viaje a Córdoba que tenía planificado y se quedó a cubrir dicha noticia. Cuando comienza a observar la reunión de gente en la plaza, el reclamo de justicia, la indignación, la bronca, la violencia in crescendo y el desborde policial, la quema del auto y del edificio público, indica el sentido común que P. haría lo que cualquier periodista de la zona: trabajar (fs. 7174/7175).

Prosigue con el análisis de prueba directa, ya que más de ciento treinta testigos mencionaron haber visto a P. que iba y venía entre los manifestantes; la mayoría de ellos lo vio con un teléfono celular en la mano, lo que claramente muestra una forma de ejercer el periodismo, metiéndose entre los manifestantes para escuchar que decían, llegándose a la puerta del tribunal, hablando con policías y con los manifestantes etc. Las declaraciones de los demás periodistas que cubrieron el evento confluyen en tal sentido (V. P., O., S., M., W., B., R., F., C.), como así también lo narrado por otros testigos que no ejercen dicha profesión (O. Z., R. F., G. P., N., O. B., J. A., L. G., O. A.).

Anota, en tercer lugar, que los videos y grabaciones incorporadas al debate muestran lo mismo: P. siempre de un lado para el otro, concentrado en su teléfono, mirando y hablando a través de él. Destaca que incluso una secuencia —cuando R. y B. hablan por el altoparlante— muestra con claridad que P. estaba trabajando, con su mano en alto sosteniendo el celular para lograr un mejor audio, una mejor calidad en la transmisión en directo que estaba haciendo para la radio de Marcos Juárez (fs. 7178 vta./7179). Refiere aquí que se cuenta como elemento de prueba, con las grabaciones de audio de diferentes radios con las cuáles P. trabajo ese día, transmitiendo en vivo y en directo (Radio Panorama de Marcos Juárez y Cadena 3 entre otras).

En el debate se escucharon dos grabaciones de audio: una que registra una comunicación telefónica entre P. y la radio de Marcos Juárez, y otra con el locutor M. P.; en ambos casos, P. relata los hechos y responde las preguntas que se le formulan, esto es, trabaja como periodista. No sólo el cassette de audio escuchado en la audiencia prueba esto, sino además el testimonio de F. C. —titular de la radio Panorama— lo ratifica (fs. 7179 vta./7180 vta.). Precisa que, a su vez, las llamadas telefónicas corroboran este aspecto ignorado en la sentencia, ya que se ha acreditado que P. se comunicó telefónicamente con 8 medios radiales diferentes (radio Panorama, Centenario, del Plata, Mitre Córdoba, LV2, LV3, La Voz del Interior, Venado Tuerto) en diferentes horarios y con distintas duraciones de llamadas (fs. 7180 vta./7181). Agrega que el hecho refería que se había convocado a la manifestación a través de “…las radios FM locales…”, y sin embargo la prueba demuestra que P. hablaba para estas 8 cadenas radiales y no para radios FM locales. No obstante, luego de esta mención clara en el hecho, en la sentencia se sostiene que la modalidad de accionar del encartado no fue por sus dichos a través de la radio, dejándolo así en indefensión debido a la errónea fijación del hecho (fs. 7181). Suma a lo expuesto que P. también se comunicó con autoridades (G. T., Crio. M.; fs. 7181/7182 vta.).

Concluye, en función de ello, que es imposible fácticamente sostener que una persona esté determinando a más de treinta y cuatro personas o las que finalmente por descarte fueron condenadas, para cometer ilícitos determinados, si ha estado todo el tiempo transmitiendo la comisión de su ilícito a cientos de miles de oyentes pero nadie escuchó nada (fs. 7182 vta.). Achaca al decisorio no haber podido responder las preguntas básicas: — ¿Cuándo?: no se ha acreditado en qué momento P. determinó a cada uno de los imputados, teniendo presente el tiempo que le llevaría a una persona convencer a otra a cometer un delito particularmente grave, reprimido con una pena altísima y enmarcado en un contexto especial (destruir e incendiar un edificio fuertemente custodiado por la policía ante la vista de dos mil personas, ante cámaras de TV. y periodistas); además, mientras está transmitiendo en vivo para diferentes radios, hablando por teléfono con autoridades. Agrega a ello que estaba acompañado permanentemente por el periodista O., al que la Cámara le restó credibilidad arguyendo que O. no aparece ni en las filmaciones ni en las fotografías con P. (sin embargo, sí se le creyó en tanto dijo haber estado con L. Al solicitarse que se reproduzca el video en la sala de debate al momento de emitir conclusiones, se pudo observar que O. sí sale junto a P. y se exhibieron fotografías donde también estaban siempre juntos. Restituida así la credibilidad del testigo O., surge claro de su testimonio que evidentemente estaban junto a P. trabajando como periodistas (fs. 7182 vta./7185). A ello agrega que en los videos se ve cómo al comienzo de la manifestación la gente está sobre una vereda mirando hacia tribunales entre los autos y de repente se cruzan y van a la vereda de tribunales y gritan y ahí supuestamente es cuando R. llega, deja su bicicleta, y sin hablar con nadie golpea la ventana con su bota, acusándose a P. —sin explicación alguna de haberla instigado a realizar dicho acto—. Por su parte, el testimonio del periodista W. A. confirma el ejercicio periodístico del imputado. En consecuencia, si conforme al testigo O. P. estaba al lado suyo, y no determinó a nadie, A. también estaba con él y dice que no lo ve ni escucha instigar a nadie, si no sale en los videos, si no se lo escucha en las grabaciones de audios, si además no lo vieron ninguno de los más de doscientos testigos de la causa, es fácticamente imposible que ello hubiera ocurrido, puesto que la determinación que se le achaca le debería haber demandado un considerable espacio de tiempo, teniendo presente el contexto, el tiempo que debería dedicar para cada imputado y que son muchos imputados (fs. 7185/7188). — ¿Cómo? el recurrente se remite, en este punto, a lo expresado al tratar la nulidad que genera la falta de precisión en el hecho intimado al imputado, de las conductas delictivas que habría desarrollado (fs. 7188 vta.). — ¿Dónde? este interrogante está relacionado con los anteriores, y la acusación nada ha especificado acerca del mismo, para permitir a la defensa cuestionar lo resuelto, puesto que conforme al material probatorio no surge en ningún lado dónde podría haber P. determinado a los imputados. Recuerda que en el video se ve a los imputados y nunca se los ve cerca de P.; tampoco ningún testigo expresó haberlos visto juntos (fs. 7188 vta.). — ¿Por qué? explica que para la sentencia, estos hechos se sucedieron por el odio de P. contra Tribunales contra la policía y contra sus funcionarios, conclusión a la que arriba luego de analizar lo que éste expresaba en su función crítica de periodista.

Afirma que sólo hubo dudas acerca de cuál fue la razón de la quema del edificio y de los desmanes, lo único claro y cierto que ha surgido de innumerables testimonios es que la convocatoria de ese día fue por las circunstancias del fallecimiento de la niña A., y la falta de respuesta del Juez F. y el Fiscal M. dio inicio a la indignación de la gente, que a su vez enardeció cuando los representantes que hablaron con el Fiscal no consiguieron apaciguar la turba e intervino la policía con balazos de goma para dispersar.

Ello es lo que surge del alegato del Dr. G. y de los dichos del Dr. J., del ex cura párroco B., de S. F., G. P., J. T., Crio. T., F., G. R., etc. Resulta ridículo atribuir el inicio del incendio a “la bronca ante el embargo del auto de P.”, tan así que la sentencia no se hizo cargo de estas expresiones (fs. 7189/7192). Puntualiza como otro dato no tenido en cuenta en la sentencia, que la radio de P. colinda con tribunales, por lo que resulta “bastante tonto” pensar que éste elegiría como forma de destrucción del edificio un incendio que pusiera en riesgo su propia radio (fs. 7192).

Alega el defensor que si por un motivo como el embargo de su automóvil ocasionó el incendio del edificio del Poder Judicial, debería haber obrado de similar manera en esta causa, que le costó su libertad; sin embargo, su actitud fue de respeto y acatamiento de lo decidido (fs. 7192 y vta.). Refiere que otra cosa distinta es la opinión periodística que P. puede expresar sobre el funcionamiento de los Tribunales. La sentencia hace referencia a que el imputado había anunciado en barandilla que iba a poner una bomba en tribunales. Pero los testigos aclararon en el debate a qué se había referido P. metafóricamente con tal expresión: aludía a pedidos de Jury y otras presentaciones a las que suelen estar acostumbrados. El testigo S. dijo que el abogado L. le comentó que P. le había hablado el día anterior diciéndole que iban a quemar tribunales; cuando compareció el letrado, desmintió totalmente al empleado (fs. 7192 vta./7193).

Considera como claro que el motivo de la quema fue la patética situación del Poder Judicial en la ciudad de Corral de Bustos, la falta de apersonamiento del Fiscal y del Juez, la mala imagen del Poder Judicial, lo que luego se avivó en el momento con la represión con balas de goma (fs. 7193).

Recuerda que el Fiscal General de la Provincia, al alegar en el Jury de enjuiciamiento del fiscal M., aludió a las ausencias de M. y los abusos policiales como “caldo de cultivo” del malestar de la comunidad; a su vez, M. al defenderse cargó responsabilidad sobre el juez sustituto F. Por su parte, el Tribunal de enjuiciamiento vinculó las inconductas funcionales de M. a los hechos de Corral de Bustos (fs. 7193/7194 vta.).

Deriva que en ese “caldo de cultivo”, la muerte de la niña S. actuó como disparador y la conducta de los imputados se explica acertadamente en el efecto de masas, y no en la determinación de P. (fs. 7195). — ¿Quiénes?: en este aspecto el recurrente también se remite a lo expuesto sobre la nulidad de la requisitoria fiscal y la nulidad de la acusación formulada por el Sr. Fiscal de Cámara, por ser atinente lo expuesto allí para demostrar como el Tribunal no pudo determinar a quienes determinó P. y el triste derrotero visto en esta causa que comenzó con la determinación a más de 40 imputados para finalmente sólo establecerse que serían 5 ó 6. A esta pregunta el Tribunal responde que serían los condenados pero no se basa en prueba alguna, sino que simplemente infirió que había sido a los condenados porque P. odia el Poder Judicial (fs. 7195 vta.). — ¿Quién?: refiere que el hecho menciona que fueron P. y B. pero desde la óptica del derecho de defensa ello requería una explicación más precisa, no la ambigüedad con la que se encuentra descripta en el hecho ni lo expresado en la sentencia. Según la sentencia, los dos juntos fueron y convencieron, —no sabemos cómo —o sea de qué forma, por qué medio— no sabemos cuándo —en qué momento de los 30 a 50 minutos que transcurren entre que se congrega la gente frente a tribunales, o sea luego de las 10:30 aproximadamente, y hasta el momento en que acometen contra la ventana de la secretaría civil— O sea que P. junto con B. determinaron a los imputados en un lapso aproximado de 30 a 50 minutos aprox. —plazo que coincide conforme a la documental de autos con aquel durante el cual P. estaba transmitiendo en vivo y en directo—, y L. es visto en las filmaciones en la vereda del tribunal protestando, intentando prender fuego una goma —solo, no junto con P. y B.—, lo mismo que a B. que nunca se lo ve con P. (fs. 7195 vta./7196).

Conjetura que tal vez se quiso decir que hubo una división de tareas, que los dos determinaron pero lo hicieron en forma separada, pero el hecho no es claro y deja abierta la puerta a la interpretación. Como no se pudo probar que actuaron en forma conjunta, por descarte, se concluye que actuaron en forma separada. Lo cierto es que el hecho nada dice, y que la interpretación más lógica —literal— es que actuaron en forma conjunta, pero esta interpretación choca con la prueba de autos. Y si actuaron de manera separada, y cada uno de ellos era un determinador que por su lado buscaba el mismo fin —destrucción e incendio del edificio— se pregunta el quejoso por qué sostiene que el móvil de la destrucción en incendio era el odio o resentimiento de P., ya que es incomprensible que B. instigue la destrucción por motivos ajenos; lo mismo ocurre con la imputación primigenia que también recaía contra R., F., M. (fs. 7196/7197).

Asimismo considera esencial responder a qué imputados determinó P., ya que si hubo división de tareas no pudo hacerlo respecto de todos. Si se les atribuyó instigar en forma conjunta, la prueba de la causa desvirtúa esta posibilidad, y si lo hicieron en forma separada, el hecho es nulo de nulidad absoluta por no haber sido descripto con la precisión, claridad y circunstanciación que requiere nuestra ley, art. 355 39 y 40 Const. Pcial, 18 CN a quien determino mi defendido. El planteo de nulidad del hecho intimado por esta razón, tampoco fue contestado por la Cámara (fs. 7197 y vta.). Finalmente menciona que entre los elementos probatorios no valorados se encuentran dos testimonios que describen conductas observadas en P., que resultan totalmente incompatibles con la actividad que se le acusa: V. L. dijo haberlo visto pidiendo calma, antes de los destrozos e incendios; el Padre C. A. dijo que al acercarse a Tribunales luego del responso, había un tumulto y fue defendido por P., que lo cubrió para que no lo golpearan (fs. 7197 vta./7198). Como conclusión de este acápite, afirma que la libre convicción del Tribunal no se fundamenta en ningún constancia que avale la conclusión a la que arriba, por lo cual deviene en arbitraria (fs. 7199 y vta.).

III. V. B. y N. O. P. han sido ambos condenados como instigadores del delito de incendio agravado, en los términos de los artículos 45 in fine y 186 inc. 1º, 3º y 4º del CP. Dado que esta misma calificación legal descansa a su vez en una similar situación probatoria, estimo prudente acordar un tratamiento conjunto a los recursos deducidos por sus defensores, en cuanto controvierten la fundamentación fáctica del decisorio que sustenta la conclusión positiva acerca de su participación responsable en el ilícito juzgado. Pues bien; como se aprecia en la reseña que precede, las impugnaciones comparten dos ejes similares: por una parte, procuran amparar el accionar de los encartados bajo los derechos de libertad de expresión y de prensa; por otra, intentan revertir tanto la selección como la valoración que ha efectuado la sentenciante de los elementos de convicción arrimados al debate para luego concluir que los nombrados actuaron efectivamente determinando a otros para quemar la sede judicial, postulando que los destrozos fueron un resultado ajeno a su conducta. Comenzaré analizando este último extremo, para verificar primero si los hechos que motivaron la condena han surgido de una valoración razonable de la prueba rendida; en caso de que la respuesta a este interrogante sea afirmativa, pasaré entonces a analizar si estas conductas de B. y P. reciben amparo bajo los derechos fundamentales mencionados por los impugnantes.

1. La conclusión afirmativa sobre la participación de V. B. y N. O. P. en la instigación al delito de incendio: a) Reiteradamente hemos sostenido que en lo que respecta a la fundamentación probatoria de la sentencia, compete a esta Sala verificar “la aplicación de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas en el caso concreto”, con el único límite de lo que no resulte revisable, esto es, “lo que surja directa y únicamente de la inmediación” (C.S.J.N., 20/09/05, “Casal”; TSJ, Sala Penal, S. n° 245, 22/09/2010; “Ruiz”). Ahora bien; este control de suficiencia probatoria adquiere ribetes particulares en el caso bajo examen. Se trata de un hecho ocurrido en ocasión de una manifestación pública de un nutrido grupo de personas que se habían reunido con un fin diferente: pedir justicia por la muerte de la niña A. S. Asimismo, los sucesos fueron desarrollarse en escenarios distintos —la plaza, la calle, dependencias varias del edificio de Tribunales, la sede del Colegio de Abogados, etc.—, y durante un prolongado período de tiempo. Las personas, a su vez, exhibieron roles completamente diversificados, ya que no sólo pueden divisarse dos claros sectores —los manifestantes por un lado y las autoridades y empleados judiciales y policiales por otro—, sino que además dentro de cada grupo se identificaron actitudes disímiles: así, entre los manifestantes, unos asumieron una posición de liderazgo, otros fueron menos visibles pero igualmente protagonizaron los destrozos, mientras que el resto mostraba una actitud crítica aunque pasiva, expresando su disconformidad con la autoridad sin involucrarse en el despliegue de violencia; a su vez, en el grupo opuesto estaban quienes se tornaron objeto de la agresión (empleados, funcionarios y magistrados judiciales), y quienes desempeñaban funciones de seguridad (policía). Todos estos factores complejizaron la tarea de valoración probatoria a cargo del Tribunal. Es que no puede esperarse de un testigo que declare de manera minuciosa sobre lo que ocurría en todos y cada uno de los instantes del hecho, como tampoco que entre dos o más testigos haya una exacta identidad en el relato de lo que percibieron en semejante marco de arrebato, confusión, violencia, temor, etc. Lo mismo ocurre con las grabaciones, de las que no ha de esperarse que a modo de gran ojo narren con detalle lo que ocurría en varios lugares y en distintos momentos.

Congruentemente, también demandan un distinto abordaje por parte del control casatorio, una especial mirada que haciendo eje en los elementos de convicción seleccionados y meritados por la Cámara, verifique la razonabilidad de dichas operaciones intelectuales. b) Pues bien; para comenzar diré que no se encuentran controvertidas las circunstancias de tiempo, lugar y persona, ya que tanto B. como P. aceptan sin ambages haberse encontrado en el escenario de los hechos. Tampoco cuestionan que allí se encontraban en una actitud crítica hacia las autoridades judiciales; B. así lo reitera en numerosos pasajes de su escrito y ya en su declaración había manifestado su enfrentamiento con los entonces Juez y Fiscal de la Sede —F. y M., respectivamente—; P., por su parte, aunque alega haber obrado en ejercicio de su profesión de periodista, expresa su opinión adversa a la Justicia local y no niega el revés procesal que había sufrido en causa propia. No se discute, de otro costado, que ambos tenían posiciones relevantes que se distinguían claramente entre los manifestantes: B. se coloca a sí mismo en una posición de líder al decir que ante la paulatina exaltación de los ánimos le pareció “un buen intento” llevar a toda la gente a la plaza para hacerle reflexionar sobre lo que ocurría y lo que se pretendía, que quiso “ponerle el pecho a la situación para calmar los ánimos”, apaciguar, incluso ha tomado un micrófono dirigiéndose hacia los allí presentes; P., por su parte, se ubicó como cronista radial, transmitiendo el malestar popular, incluso resalta que la testigo G. indicó que era uno de los que quería ingresar a hablar con el Juez, para mediar. Tales son aspectos no discutidos sobre los cuales, en consecuencia, no cabe efectuar análisis alguno. El foco del examen impugnativo que nos compete, en cambio, se cierne sobre la conducta que los imputados habrían adoptado en medio del reclamo general; un plus respecto del accionar que consienten: mientras ambos encartados postularon su ajenidad a la violencia creciente, el incendio y los destrozos, la a quo les atribuyó haber direccionado deliberadamente a la multitud en tal sentido. c) Así deslindada la materia de agravio común a ambos recursos, estimo que la sentenciante ha provisto de argumentos suficientes para justificar su conclusión cierta acerca de la participación responsable de V. B. y N. P. como instigadores del delito de incendio. Doy razones.

c.1) En primer lugar, carece de todo sentido discurrir acerca de las exactas palabras de B. al dirigirse públicamente hacia la multitud, o de P. al transmitir radialmente. Es que ninguna dirimencia tiene establecer si los nombrados, micrófono en mano, verbalizaron su incitación a incendiar, si en verdad el hecho que ha sido dado por cierto no incluye tales acciones, sino otras, disimuladas, solapadas, comunicadas de manera directa e individual a los manifestantes. Corrobórese, en este aspecto, que a ambos se les achacó que “aprovechando la indignación reinante entre los manifestantes, determinaron directa e intencionalmente a las personas presentes…”, precisando luego el modo en que cumplieron tal objetivo: “durante la manifestación, B. junto a P. andaban por todos lados de un lugar a otro; se dirigían a personas que se acercaban a ellos reiteradamente o ellos se acercaban a esas personas, quienes luego de recibir instrucciones se mezclaban entre la multitud para exaltar a la gente”.

Así, en cuanto a B., se indicó que “profería palabras en medio de los manifestantes diciendo que por fin había terminado todo esto y con intenciones de seguir exaltando a los manifestantes decía ‘basta de silencio’…”, también “efectuaba declaraciones en la vía pública para un canal de televisión” vertiendo fuertes críticas a la judicatura local; en otro momento “arrebató por la fuerza y de manera intempestiva el micrófono de un auto de propalación que se hallaba ubicado en las inmediaciones del edificio de tribunales, en medio de la manifestación, en momentos en que hacía uso de la palabra R. A. R. quien trataba de calmar a la multitud explicando la entrevista que acababa de tener con el Juez y el Fiscal”, vociferando otra arenga contra las autoridades judiciales. Por su parte, de P. se sostuvo que “iba y venía entre los manifestantes mientras ocurrían los hechos con una grabadora y/o un teléfono celular en una de sus manos hablando o haciéndose el que hablaba, comportándose como un manifestante más, haciendo gestos, levantando las manos, dirigiendo a los manifestantes”. Con estas conductas, ambos fueron generando primero un “clima propicio” para determinar luego el inicio de la violencia. Se dio asimismo por cierto que cuando los ánimos estaban encendidos a raíz de estas provocaciones, B. —ya no a través del micrófono— alentaba a los manifestantes que rompan todo asegurando que él como abogado los iba a defender; que cualquier cosa que hagan no los iban a incriminar porque era una falta menor, que no podía haber detenidos por manifestarse. P., a su vez, arengaba a los presentes diciendo “vamos, al final terminó todo esto, vamos hasta el final”, en otro momento “este es el auto del Juez, hay que quemarlo”.

También gritaba a viva voz dirigiéndose a unas 10 o 15 personas instigándolas e induciendo a que arremetieran contra el Colegio de Abogados diciendo “están ahí adentro, hay que sacarlos, hay que quemarlos”, al tiempo que aportaba botellas de agua a los manifestantes en apoyo a su accionar destructivo e incendiario del edificio de Tribunales, actuando así como uno de los organizadores; de la misma manera, en oportunidad de destruirse una de las ventanas de calle … y poniéndose una mano en la boca les incitaba a los manifestantes a que rompan las ventanas y luego “fuego, fuego”; o entregaba trozos de baldosas “para que las arrojaran contra el edificio”, diciendo a la multitud “rompan, habría que quemar a todos así se termina esta injusticia”.

Como se aprecia, la incitación a incendiar no ha sido tenida por acreditada a partir de predicamentos públicos de los imputados. Estos discursos sí fueron utilizados para arengar, gestando una sensación de ira generalizada, que luego constituiría el campo fértil donde harían pie los posteriores estímulos hacia actos concretos de violencia, que tuvieron lugar fuera de los micrófonos y ocurrieron, como la propia sentencia lo establece, con la colaboración de intermediarios, “andando por todos lados de un lugar a otro”, hablando a “personas que se acercaban a ellos reiteradamente” o acercándose a ellos a tales fines, “quienes luego de recibir instrucciones se mezclaban entre la multitud para exaltar a la gente”. Quedan fuera de la discusión, entonces, las críticas que pretenden ceñir la controversia a la interpretación de lo que dijeron los imputados por micrófono o en transmisión radial, puesto que éstos sólo obraron como preparativos de un clima de indignación que luego sería aprovechado para determinar a los presente a emprender contra la sede tribunalicia y el auto del Juez F.

c.2) No es cierto, en este sentido, que acerca de lo que B. o P. hayan dicho a los manifestantes off the record no haya prueba alguna.

Son numerosas las declaraciones que dan cuenta de expresas indicaciones de los imputados hacia otros, para que quemaran o dañaran el edificio o el vehículo del Juez. Tal fue el comentario que Marta A. recibió de empleados (fs. 6925 vta./6926) como A. N. de su esposa (fs. 6926); así lo percibieron además R. T. (fs. 6929 vta.), S. J. R. (fs. 6930 vta.), ex Juez F. (fs. 6934 y vta., 6942), R. G. (comentarios de empleadas textiles, fs. 6936), A. M. (fs. 6941). En similar sentido computa el aporte de los coimputados J. F. (fs. 6926 vta., 6931, 6941), F. R. O. (fs. 6927 y vta.); V. B. C. (fs. 6931, 6940) y M. H. B. (fs. 6931, 6940 vta./41).

Es más, a estas específicas referencias a que B. o P. concretamente indicaron a los manifestantes incendiar o romper, deben sumarse otros aspectos que han sido valorados por el Tribunal como claros indicios de la autoría que se les endilga: — Varios testimonios describen esta suerte de intermediación, en la que algunas personas se separaban de la multitud —espontáneamente o llamados por los B. y P.— intercambiaban con ellos algunas palabras, y luego volvían a introducirse entre quienes llevaban a cabo los desmanes (Crio. G. —fs. 6918 vta./6919, 6932 y vta.—, Sgto. 1º Z. —fs. 6919 y vta., 6933 vta.—, ex Juez F. —fs. 6919 vta., 6934)—. — Otros, como N. M. de B. (fs. 6923, 6937) u O. Z. (fs. 6919, 6933 y vta.) narran una peculiar dinámica en la cual B. y P. no se limitaban a emitir discursos o comportarse como un manifestante más, sino que “iban y venían” frenéticamente entre éstos, moviéndose de un lugar a otro, lo que les llamó la atención a los primeros. — Sin poder precisar más detalles, revistan numerosos testigos que tuvieron la percepción —por lo que decían y cómo se comportaban— de que P. y B. incentivaban a la violencia: H. G. G. (fs. 6919 vta. y 6930 vta.), C. P. (fs. 6922 vta.), I. F. (fs. 6922 vta.), el ex Fiscal M. (fs. 6923 y vta.; 6935 vta.), R. T. (fs. 6929 vta., 6933), M. R. B. (fs. 6929 vta.), R. T. (fs. 6929 vta.), R. G. (fs. 6930).

Considero que es una inferencia razonable, a partir de los elementos de juicio arriba enunciados, la conclusión afirmativa de responsabilidad de V. B. y N. P. en el hecho que ha dado lugar a la condena, y que la misma no se ve conmovida por la crítica recursiva. c.3) Los reproches acerca de la falta de intención y de eficacia de la instigación se dan de bruces con la secuencia fáctica aportada por los mismos testigos, que narraron que el enardecimiento general obedeció a la actuación de los nombrados, tanto a raíz de sus expresiones públicas, como de la actuación de una suerte de intermediarios que se entremezclaban con la gente luego de hablar con ellos: G. narra que los manifestantes pretendían hablar con el Juez, por lo cual ella seleccionó a R. y “P.”, excluyendo a P. porque se encontraba muy alterado, expresamente indicó que B. y P. hablaban con dos personas de gorra blanca, quienes luego se distribuían “dirigiéndose hacia el frente hacia el tumulto de gente donde los veía que excitaban a la gente… se mezclaban con la multitud, alentaban a la gente y después volvían a salir con B. y P.” (fs. 6918 vta./6919); G. refirió que B. tenía una actitud de incentivar y que después de sus dichos “la gente tomó fuerza” (fs. 6919 vta.).

El ex Juez F. indicó que luego de hablar con el Fiscal, R. informaba a la gente tratando de apaciguar los ánimos, y fue interrumpido por B. quien le arrebató el micrófono y empezó una arenga exaltada (fs. 6920); P. (fs. 6921 vta.), B. (fs. 6921 vta./6922) y G. (fs. 6922) confirman este dato. c.4) No resulta ajustado a las circunstancias de la causa afirmar que los destinatarios de la incitación a incendiar eran “indeterminados” y que por tal razón quedaban fuera de la órbita de la figura del artículo 45 in fine del CP. El argumento confunde determinación con individualización; es claro que la instigación se dirigía contra el grupo de personas que se encontraba manifestando en la plaza, grupo que por numeroso o no identificado, no deja de ser “determinado” en cuanto a sus integrantes. Esta errónea lectura obedece al diferente sentido que, una y otra vez, los impugnantes pretenden atribuir a los hechos que se achacan a los imputados: no es la mera transmisión radial de la opinión crítica hacia la Justicia, la que sí es evidente que se dirigía a destinatarios indeterminados, sino la concreta provocación a las personas que ya se encontraban reunidas frente a la sede tribunalicia. Es este el conglomerado al cual se dirigió el accionar de P. y B. y por ende, se trata de un grupo definido que se adecua a los requerimientos típicos de la figura de la instigación. c.5) De otro costado, cabe agregar que no existe obstáculo alguno a la valoración del llamado en codelincuencia efectuado por J. F., ya que, en primer lugar, esta Sala ha sostenido de manera reiterada que la declaración del sometido a proceso, analizada desde la óptica del imputado, importa un medio idóneo para la materialización de su defensa en juicio. Por ello, dicho acto desde la perspectiva del juez en lo penal, puede constituir una fuente eventual de pruebas, pues, de lo contrario, si las manifestaciones del imputado estuvieran ajenas a todo tipo de valoración, no pasarían de ser meras expresiones formales, ineficaces desde el punto de vista de la defensa material (TSJ, Sala Penal, “Simoncelli”, S. Nº 45, 28/07/1998; “Olmos”, A. nº 175, 13/05/1999; “Santalises”, S. nº 20, 12/4/2002; “Jarma”, S. nº 46, 26/05/2005; “Salvay”, S. nº 165, 30/07/2007; “Avila”, S. nº 13, 20/02/2008, “Fernández”, S. n° 89, 23/04/2013, entre muchos otros).

Asimismo, debe desecharse que el testimonio del defensor de F. haya sido obtenido con violación del secreto profesional, puesto que el mismo depuso acerca de circunstancias ocurridas en presencia del Fiscal y del Secretario de la Fiscalía —esto es, la inexistencia de presiones al momento de receptársele declaración a su representado— las que no constituyen un dato “reservado y oculto para sí o para un determinado círculo de personas” (NÚÑEZ, Ricardo C., Manual de Derecho Penal —Parte Especial—, 3º ed. Actualizada por V. F. Reinaldi, Lerner, Córdoba, 2008, p. 200), ni “aquello que se desea mantener en una esfera de reserva sin voluntad que sea conocido por terceros” (NAVARRO, Guillermo – BÁEZ, Julio C.-AGUIRRE, Guido J., en AA.VV., Cód. Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, dir. por BAIGÚN, D. y ZAFFARONI, Eugenio T. 5, Hammurabi, Bs. As., 2008, p. 768), sino hechos ocurridos ante la presencia de funcionarios públicos, los que incluso han sido plasmados en el acta correspondiente. d) Cabe concluir, en consecuencia, que la argumentación construida por los recurrentes no es de recibo porque en lugar de ofrecer una visión crítica sobre la totalidad del marco convictivo meritado por la sentenciante, su estrategia defensiva se basa en análisis parciales que desatienden la univocidad que emana de su apreciación integrada. Sobre el punto, esta Sala ha dicho que si la obligación constitucional y legal de motivar la sentencia impone al Tribunal de mérito —entre otros recaudos— tomar en consideración todas las pruebas fundamentales legalmente incorporadas en el juicio (DE LA RÚA, F., La casación penal, Depalma, 1994, p. 140; TSJ, Sala Penal, S. n° 44, 8/06/00, “Terreno”, entre muchos otros), y efectuar dicha ponderación conforme la sana crítica racional (art. 193 CPP), resulta claro que el recurso que invoca la infracción a las reglas que la integran —lógica, psicología, experiencia— debe también contraponer un análisis de todo el cuadro convictivo meritado, y en función de éste, a su vez, evidenciar la decisividad del vicio que se denuncia (art. 413 inc. 4°, CPP).

De allí que resulte inconducente una argumentación impugnativa que se contente sólo con reproches aislados que no atiendan al completo marco probatorio o que esgrima un defecto carente de trascendencia en una apreciación integrada de aquél. En tales supuestos, al no efectuar un abordaje que agote las distintas premisas que sostienen la conclusión que causa agravio, la crítica no alcanza a enervarla y la decisión transita incólume el control casatorio (TSJ, Sala Penal, “M.”, S. n° 36, 14/03/2008; “Fernández”, S. n° 213, 15/08/2008; “Crivelli”, S. n° 284, 17/10/2008; “Brizuela”, S. n° 89, 23/04/2009). Así las cosas, sustentándose con suficiencia la condena en los elementos de juicio arriba reseñados, resulta irrelevante la discusión de numerosos aspectos señalados por los recurrentes que se ciñen a embates aislados que, aún en el hipotético caso de que fuesen acogidos, no tendrían impacto en la solución final, la que se mantendría con holgura.

Debe en consecuencia desecharse el análisis acerca de las concretas condiciones de visualización o escucha de algún testigo en particular (inclúyase aquí toda la discusión acerca de la mirilla de la puerta de la sede del Colegio de Abogados), o que algún testigo haya escuchado una determinada frase o no, o se haya contradicho sobre un dato preciso; es que la pluralidad y convergencia de los testimonios permite prescindir de alguno de ellos sin mella al grado de certeza alcanzado por el Tribunal. Por la misma razón no corresponde ingresar a indagar acerca de las razones que motivaron los llamados en codelincuencia valorados por la a quo. Tampoco son circunstancias dirimentes las vinculadas a que los encartados hayan o no sido los convocantes a la marcha, que P. haya hablado o no por micrófono, que haya levantado la mano para que la multitud lo dejara pasar cesando la agresión; ni las razones por las cuales entregaba agua a los violentos, ni si al mismo tiempo el nombrado cronicaba para medios de comunicación.

Todos esos extremos, en la medida en que no resultan incompatibles con las conductas que han sido dadas por ciertas, carecen de decisividad y por ello no ingresan al presente análisis. 2. La conclusión negativa acerca del amparo de las conductas atribuidas a V. B. y N. O. P. bajo la libertad de expresión y de prensa: buena parte de los escritos bajo análisis se dedica a insistir en una actitud crítica hacia la calidad del servicio de justicia que prestaban los funcionarios y magistrados de la Sede de Corral de Bustos.

Dicha cuestión no corresponde que sea aquí ventilada ya que, según se verá, más allá de cuál fuera el desempeño funcional de aquellos, los derechos de manifestar públicamente la propia opinión y de informarla periodísticamente no tienen el alcance pretendido. El derecho a la libertad de expresión se encuentra consagrado en el art. 14 de la Constitución Nacional y en diversos Tratados constitucionales (art. 75 inc. 22, CN), como la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 19), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 4) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13). Este derecho fundamental, inalienable e inherente a todas las personas, es un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática y así lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cfr. “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 112; “Tristán Donoso vs. Panamá”, sentencia de 27 de enero de 2009, párr. 114; entre muchos otros). Numerosos precedentes, tanto nacionales como internacionales. señalaron en forma reiterada, el lugar eminente y preferente que la libertad de expresión tiene en un régimen republicano, destacando el papel esencial que ella juega en la consolidación y dinámica de una sociedad democrática (Corte IDH, casos “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, “Tristán Donoso vs. Panamá”, citados precedentemente, entre otros; CSJN, “Patitñ”, Fallo: 331:1530, 24/06/2008; y el art. 4 de la Carta Democrática Interamericana). Sobre este punto y en igual sentido se manifestó la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, en cuanto expuso que: “… el ejercicio pleno del derecho a expresar las propias ideas y opiniones y a circular la información disponible y la posibilidad de deliberar de manera abierta y desinhibida sobre los asuntos que nos conciernen a todos, es condición indispensable para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los regímenes democráticos. La formación de una opinión pública informada y consciente de sus derechos, el control ciudadano sobre la gestión pública y la exigencia de responsabilidad de los funcionarios estatales, no sería posible si este derecho no fuera garantizado…” (Informe 2009, Capítulo III, párrafo 8, p. 225). a) Respecto al contenido de la libertad de pensamiento y de expresión se señaló que se caracteriza por ser un derecho con dos dimensiones: una individual, consistente en el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones; y una dimensión colectiva o social, consistente en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno (CIDH, “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, ob. cit. párr. 108; caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile”, sentencia de 5 de febrero de 2001, párr. 64; caso “Ricardo Canese Vs. Paraguay”, sentencia del 31 de agosto de 2004, párr. 77; caso “Kimel Vs. Argentina”, sentencia de 2 de mayo de 2008, párr. 53; entre otros). En este orden y desde antiguo, se sostiene que “… entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que posee mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal…” (CSJN, Fallos 248:291 y 331:1530, entre otros y TSJ, Sala Penal, “Querella de Miguel Ángel Caruso c. Luis E. Remonda”, S. nº 108, 09/09/1999). Si bien, todas las formas de expresión, en principio, están constitucionalmente protegidas, el sistema interamericano de derechos humanos, en diversos casos, señaló que existen ciertos tipos de discurso que reciben una protección especial, por su importancia para el ejercicio de los demás derechos humanos o para la consolidación, funcionamiento y preservación de la democracia.

De esta forma, en la jurisprudencia interamericana son tres los discursos especialmente protegidos: 1. el discurso político y sobre asuntos de interés público (CIDH, casos “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”; “Tristán Donoso vs. Panamá”, entre otros); 2. el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos (CIDH, caso “Kimel vs. Argentina”) y 3. el discurso que configura un elemento de la identidad o la dignidad personales de quien se expresa (CIDH, caso “López Alvarez vs. Honduras”). Por cierto que todo lo expuesto en modo alguno implica convertir a la libertad de expresión e información en un derecho absoluto, lo cual sería constitucionalmente inadmisible, de este modo la Corte Suprema de la Nación señaló que “el especial reconocimiento constitucional de que goza el derecho de buscar, dar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, no elimina la responsabilidad ante la justicia por los delitos y daños cometidos en su ejercicio” (Fallos: 308:789; 310:508; 321:667 y 331:1530) y en otros términos esta Sala sostuvo que “la necesidad de acceso a las ideas o a los hechos buenos o malos no cobija la impunidad de quienes utilizan la prensa como un medio para cometer delitos comunes previstos en el Cód. Penal” (TSJ, Sala Penal, “Querella de Miguel Ángel Caruso c. Luis E. Remonda”, supra cit.). Al respecto, cabe señalar que tanto nuestra Constitución Nacional como los mismos instrumentos internacionales de derechos humanos, determinan que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y puede estar sujeto a ciertas limitaciones o restricciones (CN, art. 28; PIDCyP, art. 19.3 y 20 y CADH, art. 13.2 y 13.5). En efecto, expresamente disponen la posibilidad de establecer ciertas restricciones a la libertad de expresión, que se manifiestan a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho, las cuales no deben de modo alguno limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa y para poder determinar estas responsabilidades ulteriores es necesario que se cumplan tres requisitos, a saber: 1) deben estar expresamente fijadas por la ley; 2) deben estar destinadas a proteger ya sea los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral pública; y 3) deben ser necesarias en una sociedad democrática.

Por último, y sin perjuicio de encontrarnos ante un derecho preferente, existen ciertos tipos de discurso que, por virtud de prohibiciones expresas plasmadas en el derecho internacional, se encuentran excluidos del ámbito de cobertura de esta libertad. Son principalmente tres los discursos que no gozan de protección, según los tratados vigentes: 1. La propaganda de la guerra y la apología del odio que constituya incitación a la violencia (CADH, art. 13.5 y PIDCyP, art. 20.1.2). En ese orden, la doctrina y jurisprudencia internacional en la materia indicó que la imposición de sanciones por el abuso de la libertad de expresión bajo el cargo de incitación a la violencia (entendida como la incitación a la comisión de crímenes, a la ruptura del orden público o de la seguridad nacional), debe tener como presupuesto la prueba actual, cierta, objetiva y contundente de que la persona no estaba simplemente manifestando una opinión. 2. La incitación directa y pública al genocidio (CPySDG, art. 3.c). 3. La pornografía infantil (CDN, art. 34.c). En suma, si bien el derecho a la libertad de expresión goza de un amplio contenido tanto en su dimensión individual como colectiva fundado en la autonomía y dignidad de las personas, y orientado, también, a cumplir con una importante función democrática, no por ello se encuentra exento de deberes y responsabilidades y el alcance de éstas dependerá de la situación concreta en al que se ejerza el derecho y del procedimiento técnico utilizado para manifestar y difundir la expresión. b) Ahora bien, una vez que se ha determinado el contenido del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y resaltada su indiscutida importancia en un régimen democrático, cabe analizar, a la luz de los hechos probados en el presente caso, si las conductas llevadas a cabo por los aquí traídos a proceso se enrolan en el ejercicio del citado derecho y en consecuencia protegidas por el mismo. En este sentido, y como ya se adelantó, resulta imprescindible señalar que no toda manifestación de la conducta humana se encuentra amparada y tolerada en honor a la libertad de expresión, puesto que en ese escenario se pueden producir o cometer excesos que son susceptibles de ser objeto de reproche, incluso a través del derecho penal y es que, surge evidente del marco normativo supra expuesto que en modo alguno el derecho pretende amparar la incitación a la violencia y a la comisión de delitos. Pues bien, a los imputados N. O. P. y V. B. se los acusa de haber “determinado directa e intencionalmente a las personas presentes en [la manifestación que se estaba llevando a cabo], para que destruyeran e incendiaran el edificio de Tribunales”, esta arenga concluyó con la quema y destrucción de la citada sede judicial, poniendo en peligro por la dimensión del incendio a otros bienes aledaños y a las personas allí presentes. En consecuencia, resulta claro que no nos encontramos ante un ciudadano expresando su opinión y disenso o bien, ante un periodista informando hechos o expresando opiniones de interés público. Todo lo contrario, a B. y P. se les reprocha el haber instigado a los manifestantes allí presentes a la comisión de un delito contra la seguridad pública, actuar que claramente desborda el ámbito de protección del derecho a la expresión por ellos invocados.

En otras palabras, los recurrentes soslayan que B. y P. no se limitaron a hacer uso de su derecho a expresar un juicio de valor, sino que desbordando todo margen de crítica incitaron a otras personas allí reunidas a que realizaran actos violentos, lo que —como ya se dijo— en modo alguno califica como ejercicio legítimo de un derecho. c) Por último, si bien el reproche impugnativo invoca diversos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la intención de advertir que se ha producido una restricción indebida a la libertad de expresión, soslaya que en todos los fallos por ellos citados “Herrera Ulloa Vs. Costa Rica” (2004), “Ricardo Canese Vs. Paraguay” (2004), “Palamara Iribarne Vs. Chile” (2005) y “Kimel Vs. Argentina” (2008), la base fáctica giraba en torno a declaraciones, discursos o publicaciones críticas que de ninguna manera implicaban instigación a la violencia.

En síntesis, a los aquí imputados no se los ha perseguido penalmente por haber ejercido su derecho a expresarse, manifestarse, disentir o informar, sino por haber instigado a que un grupo de personas violentara la sede tribunalicia poniendo en peligro la integridad física de personas y dañando bienes particulares y públicos, conductas que en modo alguno comportan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión reconocido y amparado constitucional y convencionalmente. Voto, pues, negativamente a esta cuestión.

El doctor Andruet (h.) dijo: El señor Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión.

Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

El doctor Sesín dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Vocal Dr. Luis Rubio, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

5ª cuestión.— El doctor Rubio dijo:

I. El Dr. F. L., defensor del imputado V. B., impugna la sentencia, invocando el motivo sustancial de casación (art. 468 inc. 1º CPP), por considerar que los hechos acreditados no contienen la figura de incendio del art. 186, sino sólo la de daño del artículo 183 del CP (fs. 7307 vta.). Textualiza extensamente la opinión de Carlos Creus (fs. 7308/7310 vta.), y deriva de ello que para la configuración del delito de incendio el fuego debe haber originado un peligro concreto.

En autos, más allá de la acción de D., que impidiera el paso de la autobomba por motivos personales contra quien conducía, la prueba indica que no existía peligro de propagación ni para los empleados del Tribunal que se encontraban refugiados en una vivienda colindante (fs. 7310 vta.). Considera contradictorio el razonamiento del fallo al tratar el incendio del auto del Juez, al estimar que no se pudo acreditar con certeza que se haya puesto en peligro la vida de las personas al no haberse comprobado específicamente la posibilidad de que el vehículo estallara, o afectara otros vehículos o bienes. Alega el quejoso que aquí hay un auto que podía explotar contra un edificio que no podía hacerlo, los bomberos vieron la imposibilidad de propagación del incendio, la gente del Tribunal ya se había ido antes de que se prendiese fuego (fs. 7311 y vta.). También reputa contradictorio el razonamiento expuesto en relación a H. D., a quien el propio Tribunal le atribuyó haber impedido el paso de las autobombas pero se consideró que su aporte no fue causalmente necesario para que se produzca el incendio y se lo responsabilizó como partícipe secundario. Indica que el concepto de incendio asimilable a estrago, inundación, desastres químicos, etc., requiere que el fuego se torne ingobernable. Y si no se le recrimina a D. que ello haya ocurrido, no se le puede imputar a ninguno de los encartados el delito del artículo 186 del CP. Cita jurisprudencia (fs. 7312 y vta.).

II. Por su parte, Sr. Asesor Letrado Dr. B. de K., en su condición de defensor del imputado P., reprocha al decisorio una errónea calificación legal (art. 468 inc. 1º CPP) sobre este aspecto. Con invocación de ambos motivos de casación, el impugnante textualiza el razonamiento de la a quo en relación a los peligros requeridos por los incisos 1º, 3º y 4º del artículo 186 del CP, el que a su entender no permite distinguir algunas cuestiones que siguen sin respuesta (fs. 7215 vta./7220). Comienza distinguiendo las figuras de incendio y de daño calificado.

Afirma que es posible destruir un edificio de tribunales utilizando como medio el fuego. Entonces, siempre como mínimo se estará ante la presencia de lo normado con especificidad en el art. 183 del C.Penal, a la que es aplicable la calificante del art. 184 inc. 5°. El punto a analizar es si, en el presente caso se evidencia que la decisión de los autores del hecho fue la de causar un daño en la propiedad recurriendo para ello a una de las formas previstas en el art. 183 del C. Penal “o de cualquier modo dañare una cosa mueble, inmueble o animal”, o fue la de crear un peligro para la seguridad común, y en su consecuencia, corresponda que se aplique la regla de la absorción de este delito por la figura penal del art. 186 del C. Penal (fs. 7220/7221).

Expresa que la sentencia es contradictoria al sostener que los autores del hecho pretendían con su accionar el ocasionar un peligro para la seguridad común, puesto que como ellos buscaban la destrucción del edificio de Tribunales, las quejas eran para con el servicio de Justicia y no con otras instituciones tales como la Policía, el Poder Ejecutivo Municipal u otras, y por ello no puede pensarse que los autores del hecho se hubieran propuesto en realidad cometer un delito contra la seguridad común, poniendo en peligro bienes indeterminados ni la vida de personas; es más, en uno de los edificios colindantes del edificio de Tribunales destruido por el fuego funciona la radio FM Show, único medio de vida de P. (fs. 7221 y vta.).

Expone luego que el art. 186 no reprime la causación de cualquier incendio, sino que sólo esta reprimido penalmente aquél que genera alguno de los peligros mencionados en sus incisos, con lo cual, la sola provocación de un incendio, sin que concurran algunas de estas situaciones, torna a dicha conducta reprochable únicamente en virtud de lo normado por el art. 183 si se ocasiona algún daño, de lo contrario, la conducta no merece sanción (fs. 7222). — Peligro común para los bienes (inc. 1º): Existe un error conceptual en el análisis de la Cámara, ya que si la voluntad de los autores era destruir el edificio donde funcionaba el Tribunal, utilizando para ello como elemento dañoso el fuego, lo que debe observarse es si hubo peligro para otros bienes que el que se quería destruir. No puede aducirse válidamente para la aplicación de esta figura delictiva que la cosa que quería destruirse con el incendio haya corrido peligro de ser destruida; lo que debió probarse es que otros bienes diferentes haya participado de un peligro de destrucción como consecuencia del incendio. Por otra parte, elocuentes constancias de la causa indican en su totalidad de que ninguna de las propiedades colindantes sufrió riesgo alguno; la Cámara omite mencionar de qué elemento de juicio extrae dicha conclusión. Cita la opinión del Fiscal General, del enjuiciado y del Tribunal en el Jury de enjuiciamiento del Dr. M. (fs. 7222/7224 vta.). — Peligro para archivo público (inc. 3º): El peligro común debe predicarse de bienes distintos a aquél que se intenta incendiar. Si lo que los autores del hecho buscaban era la destrucción total del edificio de tribunales, lo que se colige fácilmente del medio utilizado, no puede predicarse que se da esta calificante porque los expedientes corrieron peligro de ser incendiados. Es que, justamente, conforme a las constancia de autos, es lo que buscaba quemarse, no buscaban los autores incendiar la estructura del edificio, aquellos objetos que componen la integralidad edilicia del inmueble, sino “todo” lo relacionado a “Tribunales” incluyendo las cosas muebles, documentos públicos, expedientes, etc. que le dan su identidad distinguiéndolo de otros edificios públicos, como un museo o biblioteca por ejemplo. La manifestación que se congregó frente a los Tribunales de Corral de Bustos esa fatídica mañana, no buscaba incendiar el edificio con independencia de su contenido, o poner en riesgo a la radio que colindaba u otros bienes, sino que lo buscaba era atentar contra una idea, la idea de justicia, que era representada en esa localidad por un edificio (con su contenido) y autoridades. Recuerda aquí también lo alegado por el Fiscal General, el Dr. M. y el Tribunal de enjuiciamiento, en oportunidad de ser sometido a Jury el segundo (fs. 7224 vta./7227 vta.). — Peligro de muerte para las personas (inc. 4º): Por último, alega el recurrente que esta modalidad típica requiere “necesariamente” una relación de causalidad entre el incendio y el riesgo para la vida, esto es, que éste se verifique como consecuencia directa del incendio. La prueba de autos descarta la aplicación de esta hipótesis, puesto que los distintos elementos recabados en el proceso penal demostraron que las siete personas (magistrados, funcionarios y empleados) que se mencionan en la sentencia que habrían corrido riesgo para su vida a consecuencia del incendio, no se encontraban en el mismo cuando éste comenzó. Varios testigos coincidieron en igual sentido (B., J., G.), señalando que el incendio comenzó cuando recién habían transcurrido unos 20 o 30 minutos aproximadamente de que aquellos siete salieran por una ventana de la planta alta del edificio y se refugiaran en el interior del edificio correspondiente al colegio de abogados. Y estas mismas personas dijeron que al huir no había fuego en el interior del edificio, o sea, no había comenzado el incendio (Z., T., B., A., O., M., F. — no fue preciso en cuanto a de dónde provenía el humo que dijo ver en el techo). Sin duda estas siete personas corrieron peligro para su integridad física y quizás también para sus vidas, pero no a raíz del incendio, sino de la presencia desenfrenada de los manifestantes, quienes de haberlos atrapados habrían seguramente acometido a golpes contra ellos, y por miedo a esta situación es que huyeron (fs. 7227 vta./7229). Concluye entonces que no se dan las circunstancias típicas que se mencionan en los incs. 1, 3 ni 4 del art. 186 del C. Penal, con lo cual la calificación que se endilga a P. es incorrecta, debiendo sostenerse sólo la de daño calificado art. 184 inc. 5° (fs. 7229).

Finalmente, en razón de haberse desarrollado por cuestiones metodológicas lo referente a la distinción entre las figuras penales del art. 209 del C. Penal y el grado de participación delictiva atribuido a su defendido —instigador— da por reproducidas las críticas mencionadas, reiterando que las pruebas de autos indicaban la necesidad de efectuar una ampliación de la acusación por aquella figura delictiva, lo que por no haber ocurrido no permite adecuar de oficio la participación criminal que realmente le correspondía conforme a la prueba recolectada en autos, so pena de violar su derecho de defensa y el principio de congruencia entre el hecho intimado, el acusado y el condenado (fs. 7229 y vta.).

III. Al momento de calificar legalmente el hecho por el que se sometió a proceso a P. y B., la Cámara a quo remitió a lo expuesto en relación a los coimputados F., ambos G., ambos A., y R., oportunidad en la que expuso que la figura de incendio “se encuentra ubicada en el Titulo VII del C. Penal que contempla los delitos contra la seguridad pública entendida ésta como seguridad común… consiste, en ‘la situación real, en que la integridad de los bienes y las personas se halla exenta de soportar situaciones peligrosas que la amenacen’, (Carlos Creus “Derecho Penal-Parte especial” ,Tomo 2, Ed. Astrea, 2007). Específicamente, el bien jurídico protegido en el delito de incendio, es ‘la seguridad pública frente a conductas estragosas que crean un peligro común’. El sujeto activo puede ser cualquiera (“delicta comunia“) y la acción típica consiste en ‘causar un incendio’; es decir encender el fuego que origina un peligro común, que por otra parte debe ser un peligro concreto (es decir ‘no potencial’). Sólo basta la utilización de un fuego encendido por otro, para hacerlo peligroso (avivándolo, alimentándolo) (Conf. D’DALESSIO, Andrés José ‘Código Penal de la Nación’, Tomo 2, parte especial, editorial La Ley, p. 868). Además, lo comete quien crea el peligro mediante el fuego ‘aunque no haya intervenido causalmente en la producción misma’ (Creus op. cit. p. 5). Es decir, aunque no haya encendido y tirado el fósforo” (fs. 6956 vta.).

Comenzó analizando el inc. 1° del art. 186 del C. Penal —peligro común para los bienes—, y sostuvo que “este requisito se cumple ampliamente en el hecho que nos ocupa. El fuego en poco tiempo cubrió las dos plantas del edificio, las llamas consumieron y devoraron todo, muebles, útiles, computadoras, expedientes, aberturas, no quedó nada; basta observar el video que se proyectó en la audiencia para advertir la dimensión de las llamas y la voracidad del fuego; la temperatura que tomó fue altísima y se dañó seriamente la estructura del edificio, a tal punto que hubo que demolerlo; el accionar de los bomberos, aunque tardío a raíz de que un grupo de manifestantes no lo dejaron actuar a tiempo, inició la lenta tarea de apagar las llamas y amenguar la temperatura de la estructura.

Las reglas de la lógica, la psicología y de la experiencia común, que son las únicas que rigen nuestro análisis por ser integrativas del sistema de la ‘sana critica racional’ al que estamos obligados a aplicar en nuestro razonamiento, nos imponen, sin mayor demostración, a concluir que el fuego provocado por los acusados puso en peligro las edificaciones colindantes; ello es así, porque las llamas tuvieron la potencialidad de expandirse o el intenso calor podría haber afectado las estructuras de los edificios colindantes con el peligro consiguiente para los bienes de terceros. Si ello no ocurrió, fue por el accionar de los bomberos que, cuando pudieron, se avocaron a la tarea de apagar y enfriar. Si hubiese sido por el accionar de los autores, las consecuencias hubieran sido imprevisibles. No hay dudas que el peligro para los bienes de terceros fue un peligro concreto y lo fue para bienes indeterminados, por cuanto no puede predecirse a cuales hubiera afectado si no hubiese sido sofocado. Producido el peligro a causa del incendio no importa las características de éste (D’ Allessio, op. cit. p. 869) ‘no es imprescindible que se presente con llamas, ni que su vastedad sea elemento determinante de la tipicidad’ (Creus op. cit. p. 5. y pone el ejemplo de un potrero extenso acotado por cursos de agua)” (fs. 6956 vta./6957 vta.).

Continuó luego con la hipótesis del inciso 3º del artículo 186 C. Penal, dándola por configurada “por cuanto no sólo puso en peligro sino que afectó, es más, destruyó un archivo como lo constituye la documentación y expedientes que contiene y resguarda cada una de las Secretarias del Tribunal y Fiscalía de Instrucción. En cada Secretaría se llevan libros de entradas donde se registran por fecha, letra, carátula y fuero cada uno de los expedientes que se tramitan. Esos libros y esos expedientes son instrumentos públicos. Se guardan los protocolos con todos los fallos dictados por el Tribunal que también son instrumentos públicos que constituyen el archivo de todo lo resuelto por el Tribunal; además, los expedientes se conservan en casilleros especialmente ordenados por materias y por letras; también, se guarda toda la documentación aportada por las partes o producida por los Tribunales; todo, rubricado por fedatarios públicos que son escribanos oficiales. También se hallan los expedientes terminados especialmente compilados en legajos numerados conforme a índices que se llevan de acuerdo a las disposiciones del Excmo. Tribunal Superior de Justicia especialmente dictadas para el archivo oficial del Poder Judicial de la Provincia. Todo se puso en peligro y todo finalmente se destruyó por el fuego producido” (fs. 6958 y vta.). Por último, hizo concurrir “también el inc.4° del art. 186 del C. Penal en razón de que el incendio producido, puso en peligro la vida de las personas. Este peligro debe ser concreto. Así ocurrió, fue muy concreto para personas determinadas; particularmente nos referimos a del Juez J. O. F., del Fiscal de Instrucción R. H. M., de la Secretaria Civil M. I. A., de la Secretaría Penal y Menores R. T., la Secretaria de Fiscalía M. R. B., el Prosecretario O. Z. y del Empleado Judicial Julio O. O., que tuvieron que salir, mejor dicho escapar, huir a través de una ventanita de la planta alta atravesar tapias y techos con el consiguiente peligro físico de caerse o golpearse. De hecho, una Secretaria, la Dra. B. estaba embarazada. Si no escapaban por los techos y se refugiaban en el Colegio de Abogados contiguo al Tribunal, morían quemados. Este razonamiento es muy lineal, morían quemados por cuanto no quedó nada del Tribunal, ni de los despachos ni de las oficinas donde el personal judicial debía obligatoriamente permanecer para prestar sus funciones. Tampoco podían salir por las vías habituales por cuanto la ‘turba’ había invadido la planta baja, destrozando todo lo que había a su alcance. El odio era feroz, estaban enardecidos y querían lincharlos. De hecho, hasta la principal autoridad policial de la ciudad, el Comisario G. resultó lesionada junto a otros empleados policiales que terminaron en el Hospital. Las piedras y cascotes eran incesantes; no creemos que pueda argumentarse seriamente sin violentar groseramente los más elementales principios de la razón, que el incendio no puso en peligro la vida de los funcionarios, magistrados y empleados que se hallaban dentro de las Dependencias Judiciales. Ha quedado totalmente acreditado que tuvieron que resguardarse en dependencias del Colegio de Abogados; que desde allí se sentía el olor a humo y luego se veían las llamas del edificio; que escuchaban que afuera gritaban, ‘ahí están, hay que matarlos a todos’…” (fs. 6958 y vta.).

III. Debe corregirse en primer lugar el motivo sustancial invocado, ya que al postularse una mutación de los hechos dados por ciertos —como se verá corresponde que sea tratado bajo la causal formal contenida en el inciso 2º del artículo 468 del CPP—. 1. En lo atinente a la condición peligrosa del fuego, por su expandibilidad, la crítica debe rechazarse conforme los argumentos que siguen: a) Surge palmaria la falta de interés en el argumento de que no hubo peligro de propagación para construcciones colindantes ni de muerte para las personas que allí se encontraban trabajando, ya que al no haberse controvertido el peligro para un archivo público —el que además resulta irrefutable dado que no sólo hubo peligro concreto sino una evidente efectivización de dicho peligro en la quemazón de expedientes, protocolos y documentación— se mantiene incólume la condena por incendio a título del inciso 3º del artículo 186 del CP. Es más, al tratarse ésta de una de las hipótesis de más gravosa escala penal, aún en el hipotético caso de que se acogiera el pedido defensivo, ello no impactaría en la sanción aplicada y sólo tendría el efecto de una mera corrección jurídica del decisorio, sin beneficio alguno para los encartados.

Lo mismo ocurre con el peligro para la vida de las personas (art. 186 inc. 4º CPP), cuya discusión deviene intrascendente en la medida en que al concursar idealmente con la agravante del inciso 3º y tener igual marco punitivo, su mantenimiento o exclusión en nada varía la situación del imputado. Cabe resaltar, en este sentido, que ni siquiera la pluralidad de figuras agravadas —en concurso ideal— fue ponderada como circunstancia agravante en la concreta mensuración penal, lo que termina por confirmar la palmaria falta de trascendencia del vicio denunciado. Recuérdese, en este punto, la exigencia de un interés directo como requisito estatuido para los recursos (art. 443 CPP), ya referida en la primera cuestión (supra, III), y más concretamente, que se ha sostenido que no se configura dicho interés cuando el reproche no logra hacer variar la escala penal aplicable, y por ende aparece ineficaz a los efectos de mejorar la situación del imputado (TSJ, Sala Penal, “Inga”, A. nº 386, 26/10/1999; “Cuello”, S. nº 74, 15/8/2001; “Barrera”, S. Nº 154, 10/06/2010; entre otros). b) De manera subsidiaria a lo arriba expuesto, responderé además que el peligro común a los bienes fue correctamente derivado por la sentenciante. El argumento impugnativo pretende ceñir aquel requisito típico sólo a la posibilidad de propagación del incendio a las edificaciones colindantes, cuando en verdad a los fines de la configuración del delito del inciso 1º del artículo 186 es suficiente que haya peligro común para los bienes, entendiéndose por “bienes” aquellos “distintos de aquel en el que se originara y que sean indeterminados” (CREUS, Carlos y BUOMPADRE, Jorge E., Derecho Penal —Parte Especial— T. 2, Astrea, 2007, 7º ed., p. 5). En el caso, del informe igneológico de fs. 230 y ss. surge con claridad que se detectaron tres focos ígneos: uno en el sector central del lugar de atención al público de la planta baja, sobre papeles acondicionados para tal fin; otro contra el muro Este del mismo lugar, sobre papeles que se encontraban en una estantería metálica, y un tercero contra el muro Sur de la oficina del Juez F. sobre papeles acondicionados a tal fin. Tales son los objetos sobre los que se iniciara el fuego y respecto de los cuales debe predicarse su expansibilidad, la que efectivamente ocurrió y se logró al punto tal que la misma prueba técnica constató y detalladamente enumeró cuáles fueron los otros bienes que sufrieron la acción del fuego, explicando que éste “produjo la destrucción total de los elementos combustibles allí dispuestos tales como escritorios, armarios de madera y chapa, computadoras, teléfonos fax, impresoras, sillas, mesas, televisores, fotocopiadoras, expedientes, sumarios judiciales, libros, etc., mientras que a nivel estructural se registró la caída del revoque y la consunción del revestimiento de papel y madera de paredes, cielorraso del techo, la destrucción de las aberturas de madera y la efracción de los elementos vítreos de éstas, artefactos del baño, vidrios de la mampara del patio de invierno y mobiliario de cocina, con la siguiente ahumación generalizada…” La defensa parece pretender sustituir la expresión “bienes” por la de “otros edificios”, sin advertir que luego de incendiarse papelería en dos puntos de un ambiente y en otro ambiente, efectivamente resultó destruido todo el mobiliario, artefactos, revestimientos, aberturas y vidrios del inmueble, siendo éstos claramente, los “bienes” para los cuales se creó un “peligro común” que inmediatamente se realizó, al igual que ocurrió con la documentación y expedientes que conformaban el “archivo público” referido en el inciso 3º del artículo 186 del CP. Basta con agregar, finalmente, que la propagabilidad del fuego iniciado sobre papeles “especialmente acondicionados para tal fin” quedó acreditada por la “participación de una sustancia activante y/o acelerante de la combustión, como puede ser nafta, kerosene u otro hidrocarburo previamente asperjado sobre los elementos” mencionados. Sobre dicha sustancia, se utilizó “un elemento de llama libre, tal como una cerilla fosfórica… que tomó contacto con los vapores de un líquido inflamable activante o acelerante de la combustión” (informe igneológico, fs. 234). De ello se sigue que los recurrentes han parcializado y descontextualizado el razonamiento de la sentenciante, desviando la crítica de aquellos fundamentos que constituían el concreto objeto de reproche y dejándolos incólumes en sustento de la condena que causa agravio.

2. Ahora bien, habiéndose dado por sentado que se trató de un fuego “peligroso” a otros bienes y a un archivo público, cabe ahora indagar cómo impacta dicha premisa en las exigencias subjetivas de la figura. Sobre el punto, se ha descripto acertadamente que en cuanto al tipo subjetivo de este delito, “la doctrina tradicional suele afirmar que basta con el dolo eventual… Alcanzaría con que el autor realice alguna de las acciones típicas con la conciencia de que su comportamiento genera un peligro común. Particularmente en el caso de incendio, hay autores que sostienen que la acción de prender fuego en sí sólo admite dolo directo, alcanzando con el dolo eventual respecto de la creación del peligro común” (PALACIOS, Juan Carlos, en AAVV, Cód. Penal y normas complementarias-Análisis doctrinal y jurisprudencial, dir. por BAIGÚN, D. y ZAFFARONI, E. R. Hammurabi, Bs. As., 2009, T.8, p. 56).

En efecto, Sebastián Soler precisa que “el dolo se apoya, por lo tanto, en el conocimiento de la naturaleza del medio empleado (combustible, explosivo) y sobre la voluntad de emplearlo, a pesar de ese conocimiento… Es necesaria la conciencia de crear un peligro… La conciencia debe haber tenido referencia al riesgo, solamente como riesgo común. Inclusive la actitud de indiferencia ante esos riesgos, que será prácticamente la más frecuente, basta. El dolo eventual puede referirse tanto a un daño como a un peligro, basta que se refiera al resultado típicamente constitutivo de la infracción de que se trata. Esos principios no se altran por el hecho de que ese resultado consista en la creación de una situación de peligro…” ( Derecho Penal Argentino, TEA, Bs. As., 1970, T. IV, p. 498). De lo expuesto se sigue que la figura se contenta con la eventualidad de la representación del peligro común para los bienes —o para un archivo, si estamos ante la forma más grave— y ello puede predicarse con holgura en el caso, donde no sólo se emprendió de manera masiva e indiscriminada contra las instalaciones, mobiliario y papelería del edificio, sino que se constató la efectiva predisposición de condiciones que aseguraran la propagabilidad del fuego, tales como haber acondicionado especialmente papeles para generar un foco ígneo, al cual se agregó “una sustancia activante y/o acelerante de la combustión, como puede ser nafta, kerosene u otro hidrocarburo previamente asperjado sobre los elementos” mencionados, y sobre la cual finalmente se utilizó “un elemento de llama libre, tal como una cerilla fosfórica… que tomó contacto con los vapores de un líquido inflamable activante o acelerante de la combustión” (informe igneológico, fs. 234). La alegación de fines ajenos a la expansión generalizada del fuego se estrella contra la constatación técnica de las características del fuego, su iniciación y propagación, y permite afirmar que su irradiación hacia otros objetos más allá de los encendidos no sólo se encontraba dentro de la esfera de representación de los autores sino que ha sido específicamente provocada a través del acondicionamiento de medios idóneos a tal fin. Recuérdese, por último, la falta de interés en la discusión acerca del encuadre legal en el inciso 4º del artículo 186 (peligro de muerte para las personas), atento a la identidad de escala penal que dicha hipótesis guarda con la contenida en el inciso 3º (supra, III.1.a). Voto, pues, negativamente.

El doctor Andruet (h.) dijo:

El señor Vocal del primer voto expone la solución correcta a la presente cuestión, por lo que adhiero a su voto, expidiéndome de igual manera.

El doctor Sesín dijo:

Resulta correcta la respuesta vertida por el Señor Vocal preopinante, en función de lo cual adhiero a ella y voto en idéntico sentido.

6ª cuestión.— El doctor Rubio dijo:

I. Por su parte, el Sr. Asesor Letrado Dr. S. A., en su carácter de defensor de los imputados H. G., F. A. y R. A. deduce sendos recursos de casación en contra de la sentencia (fs. 7250/7258, 7266/7270 y 7259/7266). Con invocación del motivo formal previsto en el art. 468 inc. 2do., del CPP solicita la declaración de nulidad absoluta del decisorio atacado, por entender que el Tribunal de juicio ha inobservado —al efectuar una apreciación equivocada de la prueba que ha valorado— las reglas de la sana crítica racional con respecto a la valoración de elementos probatorios dirimentes en lo que respecta a la participación en el delito de incendio de documentación, archivos, expedientes o mobiliario o del edificio de Tribunales que se le enrostra a sus asistidos, a quien es sólo podría habérseles achacado el daño, mas no el incendio de la Sede, documentación, archivos, expedientes o mobiliario.

Ello así puesto que no hay prueba que vincule a los imputados con el incendio, v.gr., que los muestre provocando alguno de los focos incendiarios, avivando de algún modo uno o más de ellos, incendiando expedientes o papeles dentro del Tribunal o cubiertas o manipulación de material combustible intra o extramuros, etc. (arts. 413, inc. 4° y 193 CPP, 18 CN, 155 Const. Pcial.; fs. 7250 y vta.; 7266 vta./7267 y 7259 vta./7260). 1. En cuanto concierne a H. G., precisa que el yerro del a quo radica en inferir la coautoría en el incendio al edificio de Tribunales, sin más, a partir de la participación del nombrado (junto a otros) en los destrozos del edificio. Explica que se trata de dos conductas típicas diferentes, y expone que al describir la conducta de G., la Cámara expresa que “entró al edificio mientras ya se producía el incendio y salió con un televisor grande al que tiró al suelo, o sea que participaba activamente en el hecho; además ingresó, mientras ya salía humo, a la primera oficina que está al lado de la escalera y como cada vez era de mayor intensidad tuvo que cubrirse la cara con una remera tapándose la nariz y la boca para dirigirse a otra oficina”, para luego concluir que “evidentemente participaba activamente del incendio convergiendo intencionalmente con los otros coimputados, especialmente en la destrucción y quema de expedientes y documentos” (fs. 7252 y vta.). Razona que el entrar al edificio cuando ya había fuego, salir con un televisor y cubrirse cuando estuvo dentro del inmueble con una remera para no inhalar o cubrirse del humo no implica necesariamente convergencia intencional con el incendio del Tribunal; sólo participar activamente en la destrucción de su mobiliario (que incluso no se probó que perteneciera al Tribunal) y nada más. De lo contrario pareciera pretenderse que para descartar ante este supuesto la convergencia intencional de incendio fuera necesario que adoptara un rol de bombero o de bonzo apagando el incendio (fs. 7252 vta.). Indica el quejoso que el Tribunal no menciona y menos aún valora prueba alguna que acredite o pruebe una actividad convergente en lo intencional con los otros coimputados en el incendio; no describe mínimamente su conducta, no se la ubica temporalmente (fs. 7252 vta.).

Agrega, por otra parte, que no se tuvo por probado tampoco el daño calificado, al menos que el televisor perteneciera al Tribunal (tan es así que la condena impuesta por el a quo no fue por este delito). Existe una gran contradicción, ya que por un lado se valora que ingresó al tribunal, extrajo el artefacto que luego rompió, y luego paradójica y contradictoriamente no se lo condena por este delito y sí por incendio del Tribunal (fs. 7252 vta./7253). Afirma que se computaron como prueba de cargo en contra de H. G. los testimonios de N. E. M. de B., C. B. y el llamado en codelincuencia J. F. Destaca que la primera expresó que G. le habría comentado cuando asistió a su carnicería que tiró un televisor grande que total no le iban a hacer nada; la segunda —hija de la anterior— dijo que su madre le expresó lo sucedido, y que ella observó en la manifestación que alguien tiró el aparato pero no pudo reconocerlo (fs. 7253). Objeta que el Tribunal no advirtió que debió acreditarse que dicho televisor perteneciera efectivamente al Tribunal y se encontrara dentro del edificio (por ej. por medio del inventario de todos los bienes muebles pertenecientes al Poder Judicial que obran en cada secretaría del Tribunal, no existe un solo testigo que lo haya mencionado, ni siquiera C. B. empleada del poder judicial sede Corral de Bustos), ya que no existe razón alguna para la existencia de dicho objeto en el Poder Judicial. Por otra parte, C. B. efectivamente conocía a G. pero no lo pudo reconocer. Ninguna de las dos testigos dijo que G. haya ingresado al edificio, ni tampoco si lo que vieron lo fue por haber estado presentes en el lugar de los hechos, o a través de material fílmico que se les exhibiera, o por una transmisión televisiva, etc. (fs. 7253).

Refiere la defensa que en base a dichas testigos sólo tiene por probado que H. G. participó en el daño calificado. Pero a renglón seguido, citando el a quo lo expresado en su primer declaración por el llamado en codelincuencia F., llega a otra conclusión, cual es que H. G. participó no en el daño, sino en el incendio del edificio (fs. 7253). Acerca de esta incriminación por parte de F., alega que la declaración del imputado es en realidad un medio de defensa y no un medio de prueba, ya que a diferencia de los testigos que prestan juramento de ley de decir la verdad, el mismo incluso puede mentir (nadie está obligado a declarar contra sí mismo). Parece que así ha sido ya que lo que relató F. en cuanto al ingreso de H. G. a los Tribunales no se encuentra corroborado con ninguna prueba independiente que acredite dicha circunstancia con el grado de certeza necesaria para acreditar su responsabilidad no sólo en el incendio calificado, sino ni siquiera en el daño calificado. Ningún testigo ha expresado que G. haya participado en el Incendio del Tribunal, mobiliario del mismo, expedientes o documentos. Recuerda además que el propio F., al ampliarse su declaración dijo que no era veraz lo que había expresado en la etapa de la investigación preparatoria y sí era cierto lo expuesto en la audiencia de debate, donde se desdijo en lo referido a la intervención de G. en los hechos, en cuanto a haberlo visto ingresar al Tribunal, e incluso explica que en su primer declaración tuvo que mentir por cuanto accedió a una promesa de libertad que se le había realizado y luego se cumplió a catorce días de hallarse detenido (fs. 7253/7254). Vuelve luego el impugnante sobre la prueba ya referida (M. de B., B.), y recuerda los dichos de M., F., insistiendo en que de la prueba receptada en las audiencias y omitida valorar, no surge absolutamente ningún testigo o material fílmico que comprometa penalmente a H. G. Todo lo contrario, ya que el policía M. lo vio y lo distinguió perfectamente; advirtió que estaba alterado, ofuscado, pero no que realizara alguno daño o destrozo ni quemado nada. En cuanto al comentario de B., refiere que aun cuando se lo considerara probado, en todo caso se trató de un televisor, elemento ajeno al servicio de administración de justicia, y por ende, atrapado por la figura de daño simple, delito que se encuentra prescripto y no hubo condena por tal hecho (fs. 7254/7255). Consigna consideraciones generales acerca de la fundamentación de la sentencia, y concluye que debe anularse la condena de G. y disponerse su absolución (fs. 7255 y vta.).

2. En relación a F. A., razona que el entrar al edificio y tirar una computadora y papeles desde una planta alta no implica necesariamente convergencia intencional con el incendio del Tribunal; sólo participar activamente en la destrucción de su mobiliario y nada más. De lo contrario pareciera pretenderse que para descartar ante este supuesto la convergencia intencional de incendio fuera necesario que adoptara un rol de bombero o de bonzo apagando el incendio. Indica el quejoso que el Tribunal no menciona y menos aún valora prueba alguna que acredite o pruebe una actividad convergente en lo intencional con los otros coimputados en el incendio; no describe mínimamente su conducta, no se la ubica temporalmente (fs. 7268).

Alega que para acreditar su ingreso y actividad dentro del edificio, el Tribunal únicamente valoró lo expresado por el Comisario E. M. M. en cuanto vio salir a F. A. del interior del edificio (despacho del Juez), agregando que vestía remera negra.

Y S. C. atestiguó que vio una persona que no conocía que tiraba una computadora y papeles desde la ventana que da a la planta alta del edificio de Tribunales y que vestía un jean y una remera negra con una inscripción blanca a la altura del pecho. Se pregunta el quejoso cuantas personas ingresaron, cuántas tenían jeans, cuántas remeras negras, entre los al menos cincuenta que entraron al edificio (fs. 7268 y vta.). Apunta que estas declaraciones debieron ser corroboradas con el resto del material o plexo probatorio, lo que no ocurrió en autos. No existe ningún testigo (de los demás casi doscientos que declararon) que haya expresado que F. A. ingresase a los Tribunales y menos aún que tirara la computadora y papeles referenciados desde la planta alta del edificio. Tampoco hay coincidencia alguna con ninguna de las declaraciones de los demás llamados en codelincuencia, ni material fílmico u otro que pruebe dicha actividad delictiva que se le reprocha (fs. 7268 vta.). Bajo el rótulo de prueba dirimente omitida por el Tribunal, el recurrente recuerda los dichos de M., G., R., D..

En relación a este último, se acreditó la irregularidad de “haber estado viendo un video y buscar por los nombres que le brindaron los datos del padrón electoral para identificarlos”, en base a lo cual dijo que observó que sale disparando del lugar P., concubino de C. A., y F. A. no determinando que fuera de dentro del tribunal, sólo del lugar (fs. 7269 y vta.). Considera por ello un error condenar a A. por el incendio, ya que no existió ninguna prueba que así lo acreditase y por el contrario sí se acreditó que ingresaron innumerables personas al Tribunal, algunos testigos hablan de 20 a 50 individuos, algunos que había entre ellos personas mayores de edad y que eran los menos, jóvenes menores de edad. El mismo Fiscal de Cámara entendió que quienes iniciaron o realizaron el foco de incendio, fueron F. y R. (sin prueba suficiente) y otros sujetos que surgen si evidentes de la prueba como G. A. y M. T., que sí fueron individualizados en su accionar por algunos de los imputados y testigos (fs. 7269 vta./7270). Consigna consideraciones generales acerca de la fundamentación de la sentencia, y concluye que debe anularse la condena de A. a título de coautor de incendio, y que se mantenga su responsabilidad sólo como coautor de daño calificado (fs. 7270). 3. En similar argumentación, a favor de R. A. indica que entrar al edificio y tirar armarios y lo que se encontraba a su paso no implica necesariamente convergencia intencional con el incendio del Tribunal; sólo participar activamente en la destrucción de su mobiliario (armario) y nada más. De lo contrario pareciera pretenderse que para descartar ante este supuesto la convergencia intencional de incendio fuera necesario que adoptara un rol de bombero o de bonzo apagando el incendio.

El accionar de A. sólo permitiría inferir con certeza una participación en el daño al edificio de Tribunales, más no una coautoría en el incendio, que requiere algo más, v.gr., testigos contestes en afirmar que lo vieron a R. A. provocando alguno de los focos incendiarios, avivando de algún modo uno o más de ellos, incendiando expedientes o papeles dentro del Tribunal o cubiertas o manipulación de material combustible intra o extramuros, etc. (fs. 7261 y vta.). Indica el quejoso que el Tribunal no menciona y menos aún valora prueba alguna que acredite o pruebe una actividad convergente en lo intencional con los otros coimputados en el incendio; no describe mínimamente su conducta, no se la ubica temporalmente (fs. 7261 vta.). Alega que para acreditar su ingreso y actividad dentro del edificio, el Tribunal únicamente valoró lo expresado por el llamado en codelincuencia de V. B. C. en la etapa instructoria (fs. 1082/1089); quien luego en el debate se desdijo respecto a su declaración primigenia, en lo referido a la participación de R. A. (esta testigo quien no había brindado precisión alguna con respecto a los datos señalados).

Señala que dicha declaración debió ser corroborada con el resto del material o plexo probatorio, lo que no ocurrió en autos. No existe ningún testigo (de los casi doscientos que declararon) que haya expresado que R. A. ingresase a los Tribunales y menos aún que tirara armarios u otros objetos a su paso. Más aún, no existe coincidencia alguna con ninguna de las declaraciones de los demás llamados en codelincuencia, tampoco material fílmico u otro que pruebe dicha actividad delictiva que se le reprocha (fs. 7262 y vta.). Analiza lo narrado por C., afirmando que la declaración del imputado es en realidad un medio de defensa y no un medio de prueba, ya que a diferencia de los testigos que prestan juramento de ley de decir la verdad, el mismo incluso puede mentir (nadie está obligado a declarar contra sí mismo). Y pareciera que así ha sido ya que lo que relata acerca del ingreso de R. A. a los Tribunales no se ha corroborado con ninguna prueba independiente que permita lograr el grado de certeza necesaria para demostrar no sólo el incendio, sino que más aun siquiera su participación en el daño calificado (fs. 7262) Destaca que el Tribunal ha omitido la prueba dirimente que hace a la defensa de R. A.: M., R., D., de la que surge que C. tergiversó la verdad, prueba elocuente de lo cual es que se haya desdicho en la audiencia de debate (fs. 7262 vta./7263). Consigna consideraciones generales acerca de la fundamentación de la sentencia, y concluye que debe anularse la condena de A. a título de coautor de incendio, y que se mantenga su responsabilidad sólo como coautor de daño calificado (fs. 7263 y vta.).

II. Asimismo, el Sr. Asesor Letrado Dr. C. F., defensor del imputado J. F., recurre la sentencia por el motivo formal de casación (art. 468 inc. 2º CPP; fs. 6992 y ss.). Sostiene que no se ha probado con la certeza requerida en la etapa del plenario que su representado haya participado como coautor del incendio, sino que sólo se acreditó su intervención en el daño calificado (fs. 6992 vta./6993). Se agravia por cuanto el Tribunal ha fundamentado la condena de F. por el delito de incendio en base a lo declarado por el propio imputado en la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez, a fs 1716/1725; declaración indagatoria que se le ha dado validez argumentando que su defensor en ese momento (Dr. F.) testimonió en la audiencia de debate que dicha declaración fue tomada con todas las garantías de la ley, sin presión alguna y en su presencia (fs. 6993).

Alega que la declaración del imputado en realidad es un medio de defensa y no un medio de prueba, ya que a diferencia de los testigos, el imputado puede mentir, y ello hace necesario examinar la prueba que se haya colectado en autos para corroborar o descartar los dichos del imputado (fs. 6993). En corroboración de lo narrado por F., el sentenciante cita los testimonios de: a) M. B. que manifestó que vio al “…” F. que estaba en el primer piso del Tribunal y desde una ventana tiraba computadoras y papeles; b) N. E. M. de B. que dijo que vio a F. que entró al edificio y sacó el saco del Juez diciendo que era el saco del Juez y fue hasta la plaza y allí se lo puso; c) el empleado policial A. M. que vio que F. tiraba computadoras desde el segundo piso a la calle, es decir desde la planta alta; d) el empleado policial E. M. M. quien dijo que en el video que le pasaron en la instrucción pudo ver que había personas en el primer piso entre los que observó a F.; y e) A. L. M. que dijo que vio a J. F. en la planta baja , adentro de tribunales, rompiendo cosas (fs. 6993vta.). Esa es toda la prueba valorada en contra del imputado J. F. para afirmar que el mismo es coautor del delito de Incendio al edificio de los tribunales, pero ninguno de los testigos mencionados ha visto a F. incendiando el edificio ni expediente alguno; solo ha sido visto dentro del lugar, rompiendo, sacando el saco del juez, arrojando cosas por la ventana, pero no quemando (fs. 6993 vta./6994). Agrega además que la testigo B. precisó no haber visto cuando comenzó el incendio, por lo que debe deducirse que cuando vio a F. arrojando las computadoras, ya se estaba incendiando el edificio, y por ende, que F. estaba dentro cuando el fuego ya había comenzado. M. de B. también refirió que cuando ingresó F. ya había humo dentro de Tribunales, y el policía M. dijo no saber quién prendió el fuego.

De tal modo, los propios testigos en los que se apoya el sentenciante llevan a la conclusión contraria (fs. 6994 y vta.). De otro costado, afirma el defensor que el informe técnico elaborado por los Bomberos de Corral de Bustos explica que las características del fuego se compadecen con la utilización de una sustancia activante y/o acelerante de la combustión como puede ser la nafta, kerosene u otro hidrocarburo previamente asperjado sobre los elementos combustibles dispuestos en los sectores sindicados como de origen del fuego…”. De ello se deriva que quien llevaba dicho combustible es la persona que provocó el incendio, y ninguno de los testigos dijo haber visto a F. con una sustancia u objeto semejante en su poder; agrega que los tres focos de incendio, —según el mismo informe—, se iniciaron en planta baja y F. fue visto por los testigos en la planta alta tirando computadoras y papeles (fs. 6995). Destaca en consecuencia que sólo parte de lo declarado por J. F. en su declaración de fs. 1716/1725 encuentra corroboración con los testigos de cargo mencionados por la sentenciante (fs. 6995). Refiere que el Tribunal tiene por acreditado lo dicho por el prevenido F. cuando éste manifestó que al volver a ingresar al edificio fue interceptado por el “chulo” C. quien le dijo “quemá todo” dándole C. un encendedor, prendiendo F. fuego a un expediente que tenía en la mano y arrojándolo adentro del automóvil Megane (vehículo del Juez), cuando en realidad no hay prueba independiente que lo corrobore. C., en el debate, dijo que no usaba encendedor, que no fumaba, y al serle preguntado si reconocía entre los imputados a J. F., no lo reconoció.

Esta declaración debe tenerse como veraz ya que el Tribunal le creyó al testigo y en ningún momento ordenó la remisión de antecedentes por falso testimonio, por lo cual, en base a sus dichos debe descartarse la quema del expediente que el prevenido F. había reconocido en una parte de sus declaraciones ante Fiscalía de Instrucción ya que ello no encuentra corroboración en ninguna prueba independiente, y la sola confesión del imputado en su primigenia declaración no es suficiente para tener por acreditado ese hecho (fs. 6995 vta./6996).

Agrega que tampoco está acreditado que F. haya arrojado a R. un encendedor porque éste quería quemar unos papeles; más allá de la declaración de F. no hay prueba independiente, y esto ha sido valorado en contra de R. (fs. 6996 y vta.). Concluye que lo único probado en contra de J. F. es su ingreso al edificio del Tribunal y el haber roto computadoras y arrojado papeles, pero no se ha podido probar con prueba alguna sus dichos respecto a haber recibido de “chulo” C. un encendedor y haber utilizado el mismo para quemar un expediente que luego arrojó dentro del automóvil Megane (fs. 6996 vta.). Considera que es inviable la condena basada sólo en la confesión del imputado; que aún en el trámite de un juicio abreviado debe igualmente fundarse y corroborarse la confesión con las pruebas recogidas en la instrucción (fs. 6996 vta./6997). Finaliza solicitando que se revoque la sentencia y se condene a F. sólo por el delito de daño calificado (art. 184 inc. 5º CP), imponiéndosele una pena de tres años de prisión, que deberá unificarse con la pena de un mes de prisión en suspenso que le aplicara el Juzgado Correccional de Bell Ville mediante Sentencia nº5 de fecha 21/3/07 (fs. 6998 y vta.).

III. Por último, el Dr. J. V. —defensor de J. G.— también impugna la condena por el delito de incendio a través del motivo formal previsto en el segundo inciso del artículo 468 del CPP— Alega el defensor que en la causa no se ha colectado prueba independiente y con eficaz valor convictivo en contra de J. G. respecto del delito de incendio. En toda la sentencia, la única mención es la efectuada por el coimputado J. F., cuyos dichos no son creíbles por sus cambiantes posiciones frente a la causa. Esta ausencia de pruebas para G. contrasta con la cantidad analizada en relación a otros imputados (fs. 7286 y vta.). Enfatiza que de la totalidad de testigos que pasaron por el plenario y los restantes que depusieron en la instrucción, nadie indicó que G. hubiera realizado otra conducta más allá de golpear una ventana del Tribunal. No hay videos ni fotografías que lo muestren relacionado con elementos inflamables ni con nada que tenga que ver con el incendio. Hay una “sobrevaloración” de la única prueba —declaración de F.—, y una generalización del tratamiento de la situación de G., a quien se lo pone en pie de igualdad con los otros imputados (fs. 7286 vta./7287 vta.). Luego, bajo el rótulo “errónea calificación”, se agravia el quejoso por cuanto la Cámara ha dado por acreditada, sin fundamento alguno, la supuesta convergencia intencional de G. con los otros coimputados condenados por el incendio. No se describe prueba alguna que acredite esa convergencia; no se precisa la indispensabilidad de su aporte en relación al incendio, ni que haya tenido posibilidad de dirección o control de las acciones de los incendiarios (fs. 7287 vta.). Refiere que no se ha acotado el margen horario dentro del cual habría ingresado G. al Tribunal, ni si lo hizo en presencia de algún foco ígneo ya iniciado, o previo a que se iniciara el fuego (fs. 7288). Insiste en que no se ha aclarado cuál habría sido el dolo de su representado, esto es, si la intención de golpear una ventana ha sido transformada, sin más, en un dolo de incendio. Se le hace cargar la subjetividad ajena de quienes iniciaron el fuego, aplicándosele un dolo de resultado que en ningún momento se acreditó que fuera la finalidad buscada por el imputado (fs. 7288). Concluye que en el caso sólo hay elementos para mantener la responsabilidad de G. como coautor de daño calificado (art. 184 inc. 5º CP), pero es insostenible la coautoría de incendio calificado (fs. 7288). IV. Como se aprecia, aunque haciendo hincapié en las aristas individuales, las impugnaciones deducidas a favor de los cinco imputados arriba referidos tienen como común denominador la pretensión de exculparse por el delito de incendio calificado por considerarse que, en todo caso, sólo estaría probada la convergencia intencional y material hacia los destrozos —delito de daño— pero que no hay elementos de juicio que muestren a H. G., F. A., R. A., J. F. y J. G. llevando a cabo conductas realizadoras o coadyuvantes del incendio. a) Corresponde entonces recordar, en primer lugar, los argumentos vertidos por la Cámara en la primera cuestión en relación a la intervención de los nombrados en el ilícito que resisten: a.1) J. F.: se valoró su confesión de fs. 1716/1725 vta., la que luego negó en el debate, invocando haber sido presionado; sobre este punto, el Tribunal explicó que aquella declaración fue tomada en presencia de su abogado defensor, quien afirmó en el debate que se habían respetado todas las garantías de ley. Señaló la a quo que en dicha narración, el encartado se auto incrimina y llama en codelincuencia a otros coimputados. En lo que a él respecta, dijo haber observado “en el interior del edificio de Tribunales cuatro o cinco mujeres que llevaban delantales de una fábrica textil, que estaban sacando papeles y libros de adentro y los tiraban en la vereda; que escuchaba a P. decir ‘rompan, habría que quemar todo, así se termina esta injusticia’, ingresando en esos momentos el declarante a la primera oficina sobre calle …; que él da vuelta un escritorio sacando un par de papeles; que entraron otras personas; que fue interceptado por el “…”, quien le dice ‘quemá todo’, contestándole el dicente que no tenía con qué y entonces C. le entrega un encendedor con el que el dicente prende fuego un expediente que tenía en la mano y encendido, lo tira adentro del Megane por una de las ventanillas”.

Destaca la sentenciante entonces que F. reconoció haber prendido fuego a un expediente. Por su parte, M. A. B. precisó haber visto al “…” F. que estaba en el primer piso del Tribunal y desde una ventana tiraba computadoras y papeles; N. E. M. de B. vio a F. que entró al edificio y sacó el saco del Juez diciendo que era el saco del Juez y fue hasta la Plaza y allí se lo puso. El policía A. M. divisó a F. arrojando computadoras desde el segundo piso a la calle, mientras que E. M. dijo que en un video que luego se malogró pudo ver a F. entre otras personas en el primer piso. A. M. vio a F. en la planta baja, rompiendo cosas (fs. 6947 vta./6948 vta.). a.2) H. G.: se ponderó el testimonio de N. M. de B. que aportó que, en oportunidad de concurrir a su carnicería, G. le contó que tiró un televisor grande diciendo que “total no le iban a hacer nada”, que a él no le pagaban para hacer esto. Su hija C. B., empleada del Tribunal, confirmó estos dichos, agregando que en la manifestación ella había observado que alguien tiró el televisor sin poder reconocerlo. El coimputado F., a su vez, dijo que G. ingresó al edificio de Tribunales cuando ya había humo y lo hizo por la primera oficina que está al lado de la escalera; que como el humo era más fuerte mientras estaba en el pasillo, se sacó una remera y se la ató en la cara, tapándose la nariz y la boca y se dirigió hacia la tercera oficina.

La sentenciante interpretó esta actitud como demostrativa de una convergencia intencional con el incendio, especialmente en la destrucción y quema de expedientes y documentos, ya que “de otra manera, no se entiende el empecinamiento en penetrar a un lugar que se está quemando y se acrecentaba el humo con el consiguiente peligro para la salud y la vida” (fs. 6948 vta./6949). a.3) J. G.: fue señalado por J. F., quien lo situó en el interior del edificio de Tribunales, trayendo un sillón con ruedas en el que se sentó y fue empujado hasta la calle por el que había tirado el televisor (H. G.). A. M. corroboró estos datos, con lo cual la a quo concluyó que “J. G. estaba dentro del edificio de Tribunales mientras se producían los desmanes, la destrucción y la quema de expedientes, documentos y edificio participando activamente y de manera concurrente con los demás” (fs. 6949 y vta.). a.4) R. A.: se valoró el llamado en codelincuencia de V. B. C., quien afirmó haberlo visto dentro del edificio junto con su hija, que ésta salía con expedientes y papeles y se dirigía hasta donde estaban ardiendo las cubiertas.

Dijo la nombrada que A. tiraba los armarios y todo lo que encontraba a su paso a tal punto que tuvo que saltar para atrás para que no lo aplaste una de las estanterías; que en el piso de esa oficina donde se encontraban los A. había papelitos prendidos fuego. Advierte la Cámara que “estos eran los tiempos del incendio y los acusados mencionados se encontraban allí en una presencia activa y concomitante con el incendio. Si A. tiraba armarios y todo lo que se encontraba a su paso al suelo, donde había “papelitos prendidos fuego”, luego incendiaba lo que tiraba” (fs. 6959 y vta.). a.5) F. A.: la Cámara meritó los dichos del policía M., que lo vio salir del interior del edificio, específicamente del despacho del Juez, vistiendo remera negra. Conecta este dato con lo atestiguado por S. C. quien había declarado que una persona a quien no conocía pero que vestía jeans y una remera negra con una inscripción blanca a la altura del pecho, de baja estatura, tiraba una computadora desde el primer piso a través de la ventana de la planta alta que da a calle 25 de mayo y además arrojaba papeles y todo tipo de cosas hacia afuera, lo que le llamó mucho la atención y la angustió por lo que veía; en el video pasado en la audiencia se constató que quien reunía esas características físicas era el acusado A., único que vestía una remera negra con inscripción blanca, y de baja estatura, extremos que relacionó además con las fotografías obrantes como prueba en la causa. Concluyó la a quo que “F. A. tiraba documentación archivada desde una ventana para que se incendiase entre el resto que ardía afuera, en momentos en que ya se había declarado el incendio” (fs. 6951). b) Luego, en la segunda cuestión, el Tribunal calificó el accionar de J. F., H. G., R. A., J. G. y F. A. en los arts. 45 y 186 inc. 1°, 3° y 4° del C. Penal, esto es como coautores del delito de incendio calificado, entendiendo que cada uno de ellos tomó parte en la ejecución del hecho, conforme a lo dispuesto por el art. 45 del C.P, efectuando un aporte típico consumativo del delito. J. F. prendió fuego a un expediente al que tiró al auto Megane y le pasó un encendedor a R., que quemó papeles con el mismo (archivo). H. G. entró al edificio mientras ya se producía el incendio y salió con un televisor grande al que lo tiró al suelo; además ingresó, mientras ya salía humo, a la primera oficina que está al lado de la escalera y como cada vez era de mayor intensidad tuvo que cubrirse la cara con una remera tapándose la nariz y la boca para dirigirse a otra oficina; evidentemente participaba activamente del incendio convergiendo intencionalmente con los otros coimputados, especialmente en la destrucción y quema de expedientes y documentos. R. A., en el interior del edificio tiraba los armarios y todo lo que encontraba a su paso sobre el piso de la oficina donde había documentación archivada que se prendía fuego. J. G., que se encontraba en el interior del edificio, mientras éste se incendiaba, sacaba un sillón con ruedas (posiblemente de algún Magistrado o Secretario) y fue empujado hasta la calle; de esta manera participaba intencionalmente y de manera convergente con los otros coimputados en el incendio. F. A. ingresó a la oficina del Juez mientras se producía el incendio y luego tiraba una computadora desde la planta alta del edificio y papeles (documentación archivada; fs. 6958 vta.6959).

Agregó luego que el concepto de coautoría para abarca a quienes cometen actos típicamente consumativos y a quienes cumplen actos que ayudan o complementan dichos actos; por ello supone también la división de tareas en el ámbito de la ejecución de un delito. La coautoría implica una presencia activamente eficaz con respecto a la ejecución del hecho; el coautor no ejecuta sólo el verbo contenido en la figura penal, puede intervenir por ayuda, para que el autor pueda ejecutar el hecho. La coautoría supone haber cometido el hecho conjuntamente siendo accidental el hecho de que la mano de uno, antes que la mano del otro, ejecute el acto. Citó jurisprudencia de esta Sala en torno al concepto de coautoría y el principio de imputación recíproca (fs. 6959 vta./6960). V. Es conveniente hacer nuevamente aquí referencia a las particularidades que exhibe la presente causa en cuanto a su fundamentación probatoria (supra, cuarta cuestión, III.1.a), las que coherentemente impactan también al ahora del control de suficiencia que se solicita a esta Sala. He explicado que en el caso se ha investigado y juzgado un masivo e inusual despliegue de violencia, protagonizado por un grupo numeroso de personas que, de distintas maneras y movilizándose desde la plaza, por los alrededores y adentro de la sede tribunalicia y durante un significativo período de tiempo, llevaron a cabo diversos actos que culminaron con la quema del edificio de Tribunales de Corral de Bustos y otros destrozos. Frente a esta compleja dinámica del hecho, no parece razonable exigir prueba directa sobre todas y cada una de las conductas en danza, y habrá que indagar entre indicios, acerca de la certeza requerida para la condena. Bajo esta óptica, recuérdese que hoy en día está fuera de discusión la posibilidad de alcanzar la certeza sobre la participación del imputado valiéndose de indicios, con la condición que éstos sean unívocos y no anfibológicos (TSJ, Sala Penal, S. n° 41, 27/12/84, “Ramírez”; A. n° 109, 5/5/00, “Pompas”; A. n° 397, 18/10/01, “Tabella”; A. n° 176, 7/6/02, “López”, entre muchos otros), por lo cual para poder cuestionar la fundamentación en tales casos, se hace necesario el análisis en conjunto de todos los indicios valorados y no en forma separada o fragmentaria (TSJ, “Simoncelli”, S. n° 45, 29/07/1998; “Pompas”, A. n° 109, 05/05/2000; “Caballero”, A. n° 95,18/4/2002; “Torres”, A. n° 1, 02/02/2004; “Risso Patrón”, S. n° 49, 01/06/2006; “Raña”, S. n° 32, 05/03/2009, entre muchos otros). Así lo ha dicho el más Alto Tribunal de la Nación: “cuando se trata de una prueba de presunciones… es presupuesto de ella que cada uno de los indicios, considerados aisladamente, no constituya por sí la plena prueba del hecho al que se vinculan —en cuyo caso no cabría hablar con propiedad de este medio de prueba— y en consecuencia es probable que individualmente considerados sean ambivalentes” (C.S.J.N., “M., Saturnino”, 7/6/88, Fallos 311:948; TSJ, Sala Penal, “Vissani”, A. 32, 24/02/1999, “P.”, S. n° 44, 28/03/2007; “Calassan”, S. 16, 28/02/2008; “Bartolucci”, S. n° 97, 27/04/2009; “Montagut”, S. nº 336, 9/12/2010; “Dávila”, S. nº 178, 25/07/2012, entre otros). En el caso, los impugnantes no controvierten su presencia en el lugar y al momento de los hechos; tampoco cuestionan la premisa que informa que los mismos se encontraban dentro del edificio ejerciendo violencia, arrojando papeles, objetos y mobiliario por la ventana, ni que a esto lo hacían mientras ya había comenzado el fuego.

De allí que, teniendo en cuenta la previa instigación a incendiar ejercida por P. y B., el despliegue agresivo de los encartados dentro del ámbito donde se estaba prendiendo fuego, a lo que se suman, en lo individual, que F. quemó un expediente (si bien ello no configura per se el delito de incendio, sí resulta indiciario respecto del mismo), que H. G. se mantenía dentro del edificio cuando ya era dificultoso respirar, que R. A. fue visto tirando armarios al piso donde ya habían papeles encendidos, que F. A. arrojaba desde afuera papelería hacia el exterior, más precisamente hacia donde ardían otros papeles, que J. G. salía del edificio encendido con un sillón, etc., resulta razonable que el Tribunal haya derivado la conclusión de que todos ellos se encontraban incendiando —ora manipulando fuego, ora prestando apoyo a quienes lo hacían—. Subyace a las críticas recursivas, en cambio, una suerte de prueba tarifada a raíz de la cual no podría condenarse a los imputados si no han sido vistos o video filmados encendiendo muebles, avivando el fuego, etc.

Semejante exigencia resulta inadmisible con la amplitud probatoria contenida en el artículo 192 del CPP y la consolidada admisión de los indicios para la acreditación de los hechos bajo proceso. De lo arriba expuesto se sigue la intrascendencia de otros reproches tales como los que reclaman como no probada la pertenencia del televisor arrojado por H. G. al Poder Judicial; tampoco es relevante señalar que cuando F. fue visto por B. el fuego ya había iniciado, puesto que es claro que también incurre en la acción típica quien contribuye a su alimentación o expansión. El reproche, entonces, se sustenta en parcializaciones indebidas de todo el marco probatorio que brinda un escenario que contextualiza y provee de suficiente base indiciaria a la conclusión de responsabilidad de los nombrados, y por ello se frustra su procedencia. Voto, pues, negativamente.

El doctor Andruet (h.) dijo:

Coincido con la respuesta vertida por el Dr. Luis E. Rubio; en consecuencia, adhiero a ella votando en igual sentido.

El doctor Sesín dijo:

Las razones expuestas por el primer voto dan correcta solución a la presente cuestión, por lo cual adhiero a ellas y me expido de igual manera.

7ª cuestión.— El doctor Rubio dijo:

I. El Dr. F. L., defensor de los imputados J. L. y K. R., recurre la sentencia de condena. 1. En cuanto concierne a J. L. se agravia por cuanto su representado ha sido condenado como autor de daño calificado (fs. 7324 vta.). Indica que no hay pruebas que acrediten que haya tenido semejante actitud; en los videos se lo observa gritando, golpeando, pero no rompiendo ni cometiendo delitos. Precisa que a L. se le cambia la acusación de instigación por la de coautoría, como si pudiese ser alguien con doble personalidad; por falta de pruebas se lo excluye del incendio pero se insiste con la rotura de una ventana en la que en el video se lo ve golpeando, protestando, pero no rompiendo (fs. 7324 vta./7325). Considera que los testimonios referidos a L. confluyen en este sentido (M., G., R., N., B., M., G., F., T., de R., Las H., G., C., C., C., B., O. —quien falseó su testimonio—, M., G., P., G., A.; fs. 7325/7326 vta.). Textualiza parte de un ensayo sobre “la Justicia política” (fs. 7326 vta./7327 vta.). 2. En relación a K. R., enuncia dos agravios: 2.a) Bajo la invocación del motivo sustancial de casación, refiere que si bien es cierto que ésta rompió un vidrio con el taco de su zapato, el hecho no puede ser encuadrado como daño calificado (fs. 7327 vta.).

Argumenta que el daño producido en el vidrio no afecta ni afectó en modo alguno la administración de Justicia (fs. 7328). Agrega que tampoco se analizó el dolo, dado que la única intención al golpear el vidrio era hacer ruido, golpear, protestar, pero nunca romper, ya que si así hubiese sido hubiera seguido golpeando hasta aniquilar todos los vidrios. Su accionar se debió a que se encontraba ofuscada y dolida ante el crimen de la pequeña A. (fs. 7328). Deriva que la rotura se produjo tal vez por dolo eventual, por culpa o imprudencia; pero la figura de daño no es admisible en tales formas subjetivas. Cita doctrina (fs. 7328 y vta.). 2.b) Se agravia también el impugnante por afectación del artículo 483 del CPP al penarse la libertad de expresión. Recuerda los destrozos ocasionados por ahorristas en la época del denominado “corralito”, quienes no fueron condenados por tales acciones.

II. En cuanto a la rotura de la ventana de calle … que se atribuye a L. —entre otros— la Cámara señaló que el video identificado como “Comisario Mayor” y que obra en la causa como elemento de prueba muestra cómo comienzan los acusados a golpear y destrozar la persiana de madera de la ventana que da sobre calle …, siendo uno de los primeros hechos de violencia en contra del edificio de Tribunales. Suma a ello los testimonios de los policías E. M. M. y Amando D. M. quienes en el debate tuvieron a la vista el video que se proyectó digitalmente, y en el cual M. reconoció entre los que destrozaban la persiana a golpes de puño a O. W. G., J. W. G., R. A., F. A., J. S. y J. L., mientras que M. hizo lo propio con O. W. G., J. G., P. D., R. A. y a S. A la vez, el policía F. M. C. declaró en el debate que vio personalmente que J. G. y a J. S. arremetían rompiendo la persiana y la ventana referidas (fs. 6943 vta./6944). Por otra parte, acerca de la rotura del vidrio de la ventana de la Sala de Audiencias por la que R. fue condenada, se meritó el testimonio del policía H. G. G., quien narró que en la manifestación, R. se introduce por el costado, cerca del Sargento R. y con un zapato rompe uno de los vidrios del portón de la sala de audiencias del Tribunal y luego se repliega hacia atrás. N. E. M. de B. también vio cuando la R. golpeaba la ventana con la bota aunque no vio romperla. G. R. precisó que vio por televisión a una mujer que individualizó como la “R.” quien con un taco de un zapato rompía un vidrio. El Dr. G. J. relató que mientras se encontraba participando en una audiencia, explotó uno de los vidrios de la Sala, pudiendo ver a la imputada K. R. con una bota apuntando con el taco. Concluye la a quo que los testimonios mencionados, son en un todo coincidentes y concordantes en sindicar de manera unívoca a la R. como la autora de la rotura del vidrio de la sala de audiencia con el taco de su bota, por lo que damos por acreditado el hecho y su autoría responsable (fs. 6944 vta./6945).

III. También en estos aspectos la sentencia debe ser confirmada, en razón de que el embate impugnativo se ha construido sobre una lectura segmentada de la motivación expuesta por el Tribunal, frustrándose por ello la procedencia del reproche (supra, cuarta cuestión, III.1.d). Veamos: 1. Acerca de J. L., no se ha discutido su presencia en el lugar, y el recurso expresamente indica que el nombrado “golpeaba” la ventana, gritando, protestando, aunque se excusa de que en el video no se lo ve rompiendo la abertura. Cabe aquí destacar que aún cuando la filmación en cuestión no haya obtenido el preciso momento de la rotura, y —es más— aún cuando de dicha filmación surgiese que fue el golpe propinado por otro el que produjo el destrozo, lo cierto es que no se ha cuestionado que L. se encontraba dentro de un grupo que tomó la persiana a golpes de puño, y que a raíz de ese ataque es que la abertura finalmente se rompió. Dicha constatación resulta suficiente a fin de sustentar la conclusión de coautoría de daño calificado, en la medida en que al golpear ha intervenido activamente en el acometimiento sobre la cosa, junto con otros sujetos, y por ende, el resultado final de esta violencia plural termina siendo imputable a todos ellos. Es que en materia de coautoría rige el principio de imputación recíproca de las distintas contribuciones, en virtud del cual todo lo que haga cada uno de los coautores, es imputable (es extensible) a todos los demás. Por ello, puede considerarse a cada coautor como autor de la totalidad del hecho, aunque parte del mismo no haya sido por él ejecutado (TSJ, Sala Penal, “Cuello”, S. nº 203/18/08/2011; “Castro”, S. nº 72, 20/04/2011; “Serrano”, S. nº 305, 19/11/2012, entre muchos otros) 2. Menos aún procede el reproche en cuanto concierne a K. R., puesto que son numerosos los testigos que la divisaron golpeando la ventana con el taco de su bota (G., M. de B., R., J.). La excusa acerca de la ausencia de dolo y la invocación de fines de protesta se dan de bruces con el particular medio escogido por la nombrada: se quitó la bota y emprendió contra los vidrios con el taco de la misma. Ello evidencia la deliberada elección —tan deliberada que importó descalzarse en la vía pública y en medio de una multitud— de un objeto contundente con mejor aptitud dañosa para el vidrio de la ventana.

3. Por último, de manera común a ambos imputados, cabe recordar que de ninguna manera los hechos de violencia que protagonizaron en contra de las instalaciones del Poder Judicial se encuentran amparados por la libertad de expresión, tal como se analizó supra (cuarta cuestión, III.2). Voto, pues, negativamente.

El doctor Andruet (h.) dijo:

El señor Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

El doctor Sesín dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Vocal Dr. Luis Rubio, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma

8ª cuestión.— El doctor Rubio dijo:

I. Como último agravio, la defensa de P. reprocha la mensuración de la pena fijada a su representado. Luego de reproducir la fundamentación de la sentencia sobre este punto, el defensor de P. cuestiona la circunstancia aplicada en común a todos los imputados, por considerar que ha vulnerado la prohibición de doble valoración. Entiende que se ha computado como agravante una circunstancia que ya se encontraba comprendida en el tipo penal del delito que se le imputa, como forma calificada (art. 186 inc. 4º CP; fs. 7229 vta./7230 vta.). Pasa luego a examinar las circunstancias valoradas de manera específica para su representado, señalando que se han meritado aspectos que no fueron probados en la causa, como su participación delictiva, y que ello debió motivar su absolución.

En igual sentido, se ha considerado que la actividad de P. se extendió en el tiempo por varias horas, lo que no pudo ser así ya que la manifestación comenzó aproximadamente a las 10:30 hs. y los hechos culminaron a las 12:30 hs., asimismo, es imposible que haya estado horas realizando estos hechos, toda vez que esta probado y acreditado en autos que en ese período de tiempo estuvo hablando constantemente a radios de distintas ciudades; descontando dichas llamadas, queda un remanente de 6 minutos y 32 segundos (fs. 7230 vta./7231).

Refuta también que se haya valorado que se trata “de un periodista con un gran asentimiento social, que es escuchado por la población a través de la radio…”, ya que no existe un solo elemento de prueba del cual se desprenda ello. Mal que le pese al imputado, en la presente causa lo que se probó es que nadie escucha su radio. Salvo tres testigos, todos los demás expresaron que escuchaban la radio de “P.” F.; y aquellos tres ese día del hecho no la escucharon (fs. 7231/7232).

Solicita, en consecuencia, que se declare la nulidad absoluta parcial de la sentencia y se imponga al nombrado la pena de 3 años de prisión, por no existir agravantes a considerar en su contra: ni las comunes por ser violatorias de la prohibición de doble valoración contenida en el principio constitucional non bis in idem, ni las específicas, por ser inexistentes (fs. 7232 vta./7233). II. Al momento de abordar la tercera cuestión, la Cámara ponderó, de manera común para todos los acusados, “que el hecho se ha perpetrado contra el edificio en el que funcionaba uno de los poderes del Estado (Poder Judicial) e implicó un menoscabo y desprecio institucional, impropio en tiempos de Paz y de Gobiernos Republicanos” (fs. 6963 y vta.).

En particular, para P., seleccionó como agravantes “su participación extendida en el tiempo por varias horas, que se trata de un periodista con un gran asentimiento social, que es escuchado por la población a través de la radio y usó todo ello para movilizar a los autores del incendio”; mientras que en su favor computó “que carece de antecedentes penales; que reside en la ciudad de Corral de Bustos; que es padre de familia y que se ha sometido al proceso compareciendo a las audiencias”, luego de lo cual fijñ la pena en siete años de prisión, adicionales de ley y costas (arts. 40 y 41 del CPy 410, 412, 550 y 551 del CPP; fs. 6963 vta./6964).

III. Este Tribunal sostiene de manera inveterada que el ejercicio de la facultad discrecional de fijar la pena es revisable a través del recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia. Dentro de ese margen de recurribilidad, relativo a las facultades discrecionales del Tribunal de sentencia, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva (TSJ “Sala Penal”, S. nº 14, 7/7/88, “Gutiérrez”; S. nº 4, 28/3/90, “Ullua”; S. nº 69, 17/11/97, “Villagra”, S. 148 del 3/11/06, “O. Rojas”, S. 66, 3/5/07, entre otras). Configura una variante de la arbitrariedad la valuación positiva o negativa absurda de las circunstancias objetivas y subjetivas seleccionadas por el Tribunal de juicio. En tales supuestos, el a quo utiliza irracionalmente sus facultades discrecionales y ese vicio se presenta con tal evidencia o palmariedad, que es apreciable por el tribunal de casación. Por consiguiente, el ejercicio de esta facultad discrecional por parte del Juez se encuentra condicionado a que la prudencia pueda ser objetivamente verificable, y que la conclusión que se estime como razonable no aparezca absurda respecto de las circunstancias de la causa, extremo éste demostrativo de un ejercicio arbitrario de aquellas potestades (TSJ, Sala Penal, “Villacorta”, S. 3, 11/2/2000; “Ponce”, Sent. nº 155, 19/06/2012, entre otros). Bajo estas directrices, entonces, corresponde ingresar al control casatorio solicitado por el impugnante. 1. En primer lugar deben descartarse aquellos argumentos que encierran una insistencia en cuestionar los hechos dados por ciertos, como la “participación delictiva” de P. durante un período de tiempo en el que éste invoca haber estado realizando otras actividades. Recuérdese, en este sentido, que el reproche dirigido en contra de la pena impuesta presupone el respeto de los hechos que la motivan, toda vez que son éstos los que constituyen la primera base fáctica sobre la cual luego el Tribunal, adicionando las restantes pautas de mensuración contenidas en los artículos 40 y 41 del Cód. Penal, fijará la sanción que corresponda. Y de no observar tal requisito, el reproche deviene inadmisible, por carecer de sustento en los hechos de la causa (TSJ, Sala Penal, “G.”, A. n° 27, 25/02/2003; “Crivelli”, S. n° 284, 17/10/2008; “Abregú o Celalla”, S. n° 114, 03/05/2010; “Barrera”, S. nº 368, 29/12/2010; “Arcana”, S. nº 370, 29/12/2011, entre otros)

2. En segundo lugar, el Tribunal no ha incurrido en una doble valoración prohibida al seleccionar como agravante la circunstancia común a todos los imputados relativa a que el hecho se perpetró contra el edificio donde funcionaba uno de los Poderes del Estado, con el consiguiente menoscabo y desprecio institucional. El principio de la prohibición de la doble valoración impide que determinada circunstancia fáctica sea considerada doblemente: como integrante del tipo penal (básico, agravado o calificado), y como agravante en la individualización judicial de la pena. Ello obedece a que su consideración ya fue motivo de valoración por parte del legislador a los efectos de la estructuración del respectivo tipo penal, trátese de la acción típica básica (v.gr., matar), de la agravada (v.gr., matar con arma de fuego), o de la calificada (v.gr., matar con alevosía), y por ende, cometido el delito, su nueva selección por el juzgador a la hora de acrecentar la sanción importa una vulneración de la prohibición de la doble valoración, comprendida actualmente como un aspecto de la garantía del non bis in idem (TSJ, Sala Penal, “Grundy”, Sent. nº 366, 13/12/2011). Ello no ha ocurrido en el caso, puesto que la sentenciante no ha valorado la acción típica del delito de incendio, ni el peligro común para los bienes, para un archivo público ni para la vida de las personas. Lo que ha ponderado es la especial condición del ámbito donde se ha desarrollado la acción delictiva y la magnitud del daño que ha causado. Así, es palmario que no hay superposición posible entre las circunstancias típicas y las circunstancias de mensuración de la pena en la órbita de los incisos 1º y 4º del artículo 186 del CP. Y tampoco se verifica esta reagravación respecto del inciso 3º de la norma en cuestión, toda vez que el daño ocasionado por el delito del caso ha ido mucho más allá de la mera inutilización del “archivo público”, extendiéndose a toda la documentación, papelería, mobiliario y el inmueble mismo.

El impacto del ilícito seleccionado por la a quo, a su vez, no se ha acotado a lo estrictamente material sino al modo en que ello ha afectado el concreto ejercicio de la función judicial en la Sede, que quedó sumida en un absoluto desguace, con la consiguiente afectación del servicio de Justicia que tanto demandaba la comunidad local. Agrego aquí, sólo a mayor abundamiento, que la Cámara no ha computado otra faz del daño causado por el delito, dada por los elevados gastos que debió afrontar el Poder Judicial para asegurar la realización de este voluminoso juicio en otra sede (traslados de testigos, movilidad, viáticos, videofilmación, etc.), cifra ésta que rondó el millón de pesos. En consecuencia, la denuncia de una vulneración de la prohibición de doble valoración ha sido sustentada en una lectura parcializada y descontextualizada de la motivación expuesta por la sentenciante, y por ende no puede prosperar.

2. De otro costado, reniega el recurrente de que se haya ponderado que P. era un periodista con gran asentimiento social, que es escuchado por la población a través de la radio, alegando que el nombrado no tiene audiencia, que a excepción de tres testigos, todos los demás expresaron que escuchaban la radio de F. (a) “P.”. El argumento se despega por completo de las circunstancias de la causa, ya que en su propia defensa material N. P. dijo que a raíz de haber sido consultado sobre lo que pasaba en Corral de Bustos por un periodista de Marcos Juárez, se interiorizó y comenzó a transmitir “para su radio y Radio Panorama y para otros que le pedían información”, que “Corral de Bustos sabe quién es P.”, que “cuando el Dr. M. intentó cerrar los Tribunales de Corral de Bustos se usó su radio para salvar al Tribunal y encabezó todos los actos para que eso no ocurriera… que en esa ciudad lo conocen de hace más de treinta años”, “que su tarea fue dar el micrófono para que todos hablaran”. Asimismo, se ha acreditado que fue entrevistado para un reportaje televisivo del que se da cuenta a fs. 6937 y ss. De todo ello se extrae una patente incongruencia: en su estrategia defensiva, y a fin de ampararse infructuosamente en la libertad de prensa, el encartado se posicionó primero como un referente de la comunidad —a punto tal que se atribuye haber coadyuvado a que se mantuviera la sede judicial en la ciudad—, como un cronicador no sólo para su radio sino también para otras que cubrían los sucesos, como una persona conocida en su medio. Malograda esa pretensión, procura ahora, de manera inconsulta y sin mayores argumentos, mostrarse como un desconocido, un periodista caído en desgracia e ignorado por todos. Concluyo así que las circunstancias alegadas por P. para morigerar la sanción impuesta no resultan de recibo. A ello cabe agregar que, habiéndose ponderado tanto agravantes como atenuantes, se ha fijado una pena apenas superior al punto medio de la escala, con lo cual termina por despejarse la tacha de arbitrariedad que se achaca al quantum punitivo. Voto, pues, negativamente.

El doctor Andruet (h.) dijo:

El señor Vocal del primer voto expone la solución correcta a la presente cuestión, por lo que adhiero a su voto, expidiéndome de igual manera.

El doctor Sesín dijo:

Resulta correcta la respuesta vertida por el Señor Vocal preopinante, en función de lo cual adhiero a ella y voto en idéntico sentido.

9ª cuestión.— El doctor Rubio dijo:

I. También impugna el monto de la pena impuesta el Sr. Asesor Letrado Dr. S. A., defensor de los imputados R. A. y H. G. Manteniéndose bajo el motivo formal de casación (art. 468 inc. 2º CPP), se agravia por cuanto considera que la individualización de la pena es arbitraria y violatoria de la prohibición de la doble valoración (arts. 18 CN, 155 Const. Pcial., 190, 408, inc. 2º, 413 inc. 4º, y 480 CPP; fs. 7263 vta.). 1. Advierte en primer lugar que la Cámara valoró en favor de R. A. y H. G. que poseen escaso nivel de instrucción, que han sido instigados por otras personas, que carecen de antecedentes penales, y han demostrado voluntad y sacrificio para someterse a las audiencias viajando desde Corral de Bustos, incluso dejando de trabajar y ganar el dinero para sustentar a sus familias.

A ello se debe sumar —sostiene la defensa— que ambos tienen cinco hijos a cargo, que nunca eludieron el accionar de la justicia o actuación de la ley, que habiendo sido detenidos en un comienzo del proceso, luego de estar presos y de lograr su libertad, se presentaron a todas las audiencias en el debate, incluso luego que el Fiscal de Cámara solicitara una pena de pena de prisión de 6 años de cumplimiento efectivo (fs. 7264 vta./7265). Considera que se ha configurado una incongruencia, ya que si bien el Juzgador ha mencionado las pautas de mensuración que establecen los dispositivos legales aludidos se los ha ignorado totalmente al individualizar la pena. Estima que no debió imponerse una pena superior al mínimo de tres meses de prisión por el daño calificado, o subsidiariamente de tres años de prisión, de ejecución condicional en caso de que se mantuviera el incendio (fs. 7264 vta.). 2. Alega asimismo que la pena impuesta por la Cámara se encuentra viciada por haberse incurrido en una doble valoración. Concretamente, resiste que se valorara que el edificio incendiado pertenece a unos de los poderes del Estado, puesto que ello está previsto en el tipo aplicado cuando refiere a “archivo público”. Explica que lo “público” alude precisamente a la pertenencia a uno de los poderes del Estado (art. 186 inc. 3° del C.P.; fs. 7257). Agrega que la circunstancia agravante consistente en que se perpetró contra el edificio en el que funcionaba uno de los poderes del Estado (Poder Judicial) e implicó “un menoscabo y desprecio institucional, impropio en tiempos de Paz y de Gobiernos Republicanos” (valoración efectuada en contra de todos los acusados) “…y que se ha cometido un hecho con una potente demostración de desprecio hacia las instalaciones, muebles y útiles del edificio del Poder Judicial…” (meritación en contra de H. G. específicamente), está ínsita en los tipos de “incendio” y “daño”, pues ambas acciones implican el desprecio a las cosas que se dañan o incendian (fs. 7257).

Razona el defensor que no puede el Juzgador volver a ponderar en contra de los acusados lo que ya ponderó el legislador a la hora de imponer una escala penal a dichos delitos. Y en consecuencia, al no quedar en pie agravante alguna, debe imponerse a los nombrados —para el caso que se tenga por cierto y acreditado el delito de daño calificado (art. 184 inc. 5° del C.P.)— la pena de 3 meses de prisión de cumplimiento condicional; y para el caso hipotético del incendio, el mínimo previsto en la escala penal establecida en el art. 186 inc. 1°, 3° y 4° del C. P., es decir la de tres años de prisión de ejecución condicional, en atención a las circunstancias atenuantes mencionadas en el primer punto de este agravio (fs. 7257/7258). II. Por su parte, también cuestiona la pena impuesta el defensor de J. G. —Dr. G. V.—. Sostiene que al momento de mensurar la pena, la a quo debió evaluar sus condiciones personales, ausencia de antecedentes, escasa formación cultural, grado de desarrollo psíquico del imputado, etc. Nada de ello fue tenido en cuenta, y se le aplicó una pena de cinco años de cumplimiento efectivo en razón de una coautoría que es una construcción dogmática insostenible y con escasísima prueba (fs. 7288 y vta.).

Agrega que se ha cargado sobre las espaldas de G. una doble valoración agravante (fs. 7288 vta./7289). III. Al abordar la tercera cuestión, la Cámara propició un mismo tratamiento para los imputados. Seleccionó, como agravante, que han cometido un hecho con una potente demostración de desprecio hacia las instalaciones, muebles y útiles del edificio del Poder Judicial; en su favor, computó su escaso nivel de instrucción, que ha sido instigados a cometer el hecho por personas de mayor preparación y reconocimiento público, como B. y P.; que carecen de antecedentes penales computables y han mostrado voluntad y sacrificio para someterse a las audiencias, viajando desde Corral de Bustos, incluso dejando de trabajar y ganar el dinero para el sustento de sus familias.

En función de dichas pautas de mensuración, fijó una pena de cinco años de prisión, adicionales de ley y costas (arts. 40 y 41 del CPy 410, 412, 550 y 551 del CPP; fs. 6964). IV. Bajo el mismo estándar de revisión señalado supra (octava cuestión, III), adelanto mi opinión contraria a las pretensiones deducidas. 1. Sobre la arbitrariedad por omisión de incluir circunstancias atenuantes, corresponde señalar que los extremos invocados por los defensores han sido efectivamente ponderados por el Tribunal. En cuanto a los recursos interpuestos a favor de H. G. y R. A., son dos —básicamente— los aspectos que se juzgan omitidos: los cinco hijos a cargo y el sometimiento hacia la justicia. Y resulta que ambos extremos fueron expresa materia de consideración por parte de la Cámara, que valoró como atenuantes la “voluntad y sacrificio” mostrada por los encartados para comparecer en las audiencias, con expresa referencia al dinero necesario para el sustento familiar. En similar yerro, el defensor de J. G. desconoce que la falta de antecedentes y grado de instrucción fueron específicamente seleccionados por la Cámara.

Y en cuanto a las “condiciones personales” y “grado de desarrollo psíquico del imputado”, no han sido acompañadas de una mayor explicitación que permita a esta Sala advertir su pertinencia y dirimencia, dado que el impugnante se ha acotado a enunciarlas dogmáticamente sin dar ningún fundamento tendiente a demostrar su estrecha vinculación al caso bajo análisis y la arbitrariedad de su no consideración. A ello cabe sumar que, habiéndose meritado agravantes y atenuantes, dentro de una escala penal que va de tres a catorce años de prisión, la pena impuesta se acerca significativamente al mínimo legal, por lo cual debe rechazarse la irrazonabilidad alegada en este juicio de cuantificación. 2. Asimismo, en cuanto a la prohibición de doble valoración, me remito a lo oportunamente expuesto en torno al recurso deducido por N. O. P. (supra, octava cuestión, III.1). Voto, pues, negativamente.

El doctor Andruet (h.) dijo:

Coincido con la respuesta vertida por el Dr. Luis E. Rubio; en consecuencia, adhiero a ella votando en igual sentido.

El doctor Sesín dijo:

Las razones expuestas por el primer voto dan correcta solución a la presente cuestión, por lo cual adhiero a ellas y me expido de igual manera.

1ª cuestión.— El doctor Rubio dijo:

I. De manera subsidiaria a su agravio en contra de la fundamentación probatoria de la condena a título de incendio calificado, el Sr. Asesor Letrado Dr. C. F., defensor del imputado J. F., también recurre la sentencia en orden a la pena impuesta. Solicita que se modifique la pena impuesta de cinco años de prisión por la de tres años de prisión, ya que al valorarse las pautas de mensuración de la pena no se tuvo en cuenta que la declaración de F. fue utilizada para condenar a otro la mayoría de los imputados, lo que no fue computado como atenuante para el nombrado (fs. 6998).

II. Respecto de J. F., la a quo valoró, en su contra, que ha cometido un hecho con una potente demostración de desprecio hacia las instalaciones, muebles y útiles del edificio del Poder Judicial; en su favor, su escaso nivel de instrucción, que ha sido instigado a cometer el hecho por personas de mayor preparación y reconocimiento público, como B. y P.; que carece de antecedentes penales computables y que ha mostrado voluntad y sacrificio para someterse a las audiencias, viajando desde Corral de Bustos, incluso dejando de trabajar y ganar el dinero para el sustento de sus familias. Por todo ello le impuso la pena de cinco años de prisión, adicionales de ley y costas (arts. 40 y 41 del CPy 410, 412, 550 y 551 del CPP; fs. 6964). III. Manteniendo vigente el estándar de revisión para esta facultad discrecional del Tribunal de mérito (supra, octava cuestión, III), debo rechazar el argumento esgrimido. Si bien es cierto que F. reconoció su participación en el hecho, llamando a la vez en codelincuencia a sus consortes de causa (en sede instructoria, a fs. 1716/1725), el impugnante parece desconocer que luego en el debate negó los hechos, pidió que se anule su declaración anterior y ofreció una versión completamente diferente a la expuesta ante el Fiscal de Instrucción, atribuyendo aquellos dichos a una indebida presión por parte de la Fiscalía que le ofrecía que “si se hacía cargo de los hechos y hablaba mal de sus compañeros de causa, iban a darle la libertad en 15 días y no iban a detenerlo hasta el día del juicio”, que lo hicieron firmar sin leer una planilla bajo amenazas de dejarlo preso, que luego cumplieron con lo prometido porque en “14 o 15 días a lo máximo salía”, y así fue (fs. 6873 vta./6874).

Así las cosas, cabe recordar que esta Sala ha precisado que la selección de la confesión o del arrepentimiento como pautas atenuantes configura una potestad discrecional privativa del Tribunal de juicio. Por ello, desde la perspectiva del control casatorio su análisis está acotado a la razonabilidad o irrazonabilidad de su selección o exclusión dentro del elenco de circunstancias de mensuración del reproche. En tal sede de análisis, será entonces irrazonable que el Juzgador no los pondere si éstos efectivamente se han concretado en conductas objetivas (v.gr., reparando el daño sufrido; TSJ, Sala Penal, “Barrera”, S. n° 154, 10/06/2010). No mediando semejante exteriorización, tampoco debe descartarse a rajatabla la posibilidad de que la confesión o el arrepentimiento operen en favor del imputado, puesto que otras circunstancias del caso pueden concurrir a dotar de contenido a tales actitudes y así evidenciar la plausibilidad de su valoración. En el caso, no se verifican tales situaciones, y por el contrario, se advierte que a la inicial confesión de F. le siguió luego una desmentida que diluyó los efectos de aquella. No puede predicarse arrepentimiento, entonces, respecto de quien terminó negando su participación en los hechos, menos aún reconocerse su colaboración con el proceso si esta ulterior negativa fue además acompañada de un relato que expresamente intentó desautorizar su primera declaración, atribuyendo supuestas conductas ilegales a los funcionarios públicos actuantes, y que tornó necesario indagar acerca de este extremo. Aclárase, por último, que no se trata aquí de meritar de manera agravante el modo en que el imputado ejerció su defensa —proceder prohibido en virtud de la amplitud del derecho de defensa en juicio (TSJ, Sala Penal, “Alfaro”, S. nº 45, 27/05/2004; “Chandler”, S. nº 66, 4/07/2005; “Garcia”, S. nº 107, 6/06/2007; “Pereyra”, S. nº 297, 30/10/2008; “Oliva”, S. nº 105, 16/05/2011, “Díaz”, S. nº 38, 04/03/2013, entre otros)— sino de negar la virtualidad atenuante que se postula a la primigenia confesión que fue luego sustituida por una argumentada negativa de los hechos. Voto, en consecuencia, negativamente.

El doctor Andruet (h.) dijo:

El señor Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

El doctor Sesín dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Vocal Dr. Luis Rubio, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

11ª cuestión.— El doctor Rubio dijo:

I. Como último reproche en contra del quantum punitivo, resta analizar la impugnación deducida por el defensor de la imputada K. R., Dr. F. L. Sostiene el recurrente que la pena es excesiva por no haber considerado en modo alguno las circunstancias personales y emocionales en que se encontraba la imputada. Invoca los principios de humanidad, razonabilidad (fs. 7329 y vta.). Explica que la pena debe ser proporcionada, y la fijada a R. no lo es porque no hay dolo, no hay daño calificado, se trató de una protesta social y del ejercicio de la libertad de expresión que es golpear (fs. 7330). Recuerda las palabras finales de su representada, considerando que la respuesta vertida por la Cámara en la sentencia traduce un menosprecio por sus creencias religiosas y una falta de empatía (fs. 7330 vta.).

II. La Cámara a quo valoró, al fijar la pena para K. R., en su contra, “el daño producido, aunque escaso, al edificio de Tribunales de Corral de Bustos”; mientras que en su favor consideró su falta de antecedentes, que se trata de una persona de trabajo, con poca instrucción, que está radicada en la ciudad, con familia constituida y que se sometió sin inconveniente al accionar de la justicia. Decidió en función de lo expuesto imponer una pena de dos años de prisión en forma de ejecución condicional y costas (arts. 26, 40 y 41 del CPy 410, 412, 550 y 551 del CPP; fs. 6965).

III. Una vez más corresponde tener presente el estándar de revisión para el control casatorio de la individualización judicial de la pena, ya señalado supra (octava cuestión, III). 1. También aquí debe recordarse que el agravio dirigido en contra de la pena impuesta presupone el respeto de los hechos que la motivan (supra, octava cuestión, III.1), por ser éstos los que constituyen la primera base fáctica sobre la cual luego el Tribunal fija la sanción correspondiente, en atención a las circunstancias de los artículos 40 y 41 del CP. Por ello resulta inaceptable que se alegue la falta de dolo y que no se configuró el delito de daño calificado, en la medida en que ambas premisas deben mantenerse incólumes al cuestionarse la cuantificación de la sanción.

2. Por otra parte, debe refutarse la crítica que alega que no se consideraron las circunstancias personales de la imputada, puesto que expresamente el Tribunal señaló su falta de antecedentes, su condición trabajadora, su escasa instrucción, su situación familiar y radicación en la ciudad, y su sometimiento a proceso. Asimismo, cabe recordar que se ha descartado que el accionar de la nombrada estuviese enmarcado en el derecho a expresar su opinión libremente, por lo que no resulta arbitrario que no se haya incluido dentro del elenco de pautas de mensuración, el marco de protesta que alega el quejoso. Finalmente, ninguna circunstancia seleccionada por el Tribunal encierra un contenido de menosprecio por las creencias religiosas de la imputada, ni falta de empatía, aspectos éstos que han sido invocados dogmáticamente y por ello deben ser desechados. Voto, pues, negativamente.

El doctor Andruet (h.) dijo:

El señor Vocal del primer voto expone la solución correcta a la presente cuestión, por lo que adhiero a su voto, expidiéndome de igual manera.

El doctor Sesín dijo:

Resulta correcta la respuesta vertida por el Señor Vocal preopinante, en función de lo cual adhiero a ella y voto en idéntico sentido.

12ª cuestión.— El doctor Rubio dijo:

I. Por último, el Dr. F. L., defensor de N. F. E., impugna la sentencia con base en el artículo 483 del CPP, por no haberse dispuesto la indemnización fijada y contenida en el artículo 300 del CPP a raíz de su injusta detención (fs. 7330 vta.). Explica que a E. se le imputaban lesiones, originadas en dichos de los testigos M. y Pedrós, quienes nada dijeron sobre el punto. Estuvo detenido por más de un mes, luego viajando durante un año a Bell Ville para el juicio y se pretende solucionar su situación vía prescripción, lo que es inadmisible (fs. 7331). Hace reserva de demandar a la Provincia por lo injusto de su procesamiento, detención y permanencia en el juicio (fs. 7331). II. Luego de que el Sr. Fiscal de Instrucción solicitara la absolución de N. F. E. por prescripción de la acción penal, al momento de tomar la palabra su defensor F. L. solicitó “se lo indemnice a tenor del art. 300 CPP porque estuvo preso por más de treinta días” (fs. 6810 vta.).

III. Más allá de la interesante discusión relativa a la extensión de la obligación resarcitoria, estimo suficiente poner de resalto que en los autos “Caldarella” (S. nº 85, 04/10/2000), en voto mayoritario, sostuve que la facultad emanada del artículo 300 del CPP importa sustancialmente una demanda por daños y perjuicios (C.P.C., art.175), que se sustancia a través de un procedimiento que posibilite la intervención de la parte en contra de la cual se dirige; que la posibilidad de solicitar resarcimiento contenida en la mencionada regla procesal no es autosuficiente y debe ser completada e interpretada a la luz de todo el ordenamiento jurídico en especial las disposiciones constitucionales que aseguran el debido proceso. Por ello, resulta insuficiente que el recurrente se haya limitado a solicitar al Tribunal una indemnización por el daño sufrido a raíz de la privación de libertad, si no ha especificado contra quién dirige dicha pretensión resarcitoria; “y aún cuando pudiera interpretarse que se dirige contra el Estado exclusivamente, no ha solicitado la intervención del Fiscal de Estado (C. Pcial., art. 150) a fin de que el supuesto obligado al pago tuviera la posibilidad de ser convocado al proceso, comparecer y esgrimir las defensas que estime pertinentes, ofrecer y diligenciar pruebas, para que de esta manera, se pudiera arribar a un pronunciamiento fundado luego de haber sido escuchadas todas las partes en igualdad de condiciones. Ello así pues, de haber tenido acogida favorable la petición deducida, la misma, como se apuntara precedentemente, habría sido en la práctica de imposible ejecución, toda vez que nos encontraríamos en presencia de una sentencia condenatoria fallada “in audita parte”, habida cuenta que el presunto obligado al pago no tuvo participación alguna en el trámite, lo cual vulnera las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio, contempladas en el art. 18 de la C.N.”. Por su parte, el voto en minoría del mismo precedente coincidió en cuanto a que al no haber sido citado el Estado Provincial a la instancia y siendo su representante legal el Fiscal de Estado (art. 150 C. Provincial), esta intervención no podía tenerse por sustituida con la actuación del Sr. Fiscal de Instrucción: “el Estado Provincial no puede ser excluido en este trámite ya que ello vulnera la garantía constitucional del derecho a la defensa en juicio (art. 18 C.N.), tornando por otra parte de imposible ejecución una sentencia dictada ‘in audita parte’… Refiriéndose al art. 520 CPP (Ley 5606), que corresponde al actual 498 CPP, señala el Dr. Ricardo Núñez que el Poder Ejecutivo de la Provincia debe ser debidamente citado (art. 158) para que pueda disponer las indagaciones o diligencias necesarias a los efectos de averiguar sobre los daños o el dolo o la culpa a que se refiere el art. 520 (Cód. Procesal Penal – Anotado por Ricardo C. Núñez. 2da. Edición actualizada, p. 506, nota 3). El argumento es extensible al art. 300 que, como se ha indicado, amplía la obligación resarcitoria del Estado frente a detenciones preventivas arbitrarias”. Cabe agregar que en similar sentido se expide autorizada doctrina local (CAFFERATA NORES, José Ignacio-TARDITTI, Aída, Cód. Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-Comentado, Mediterránea, Córdoba, 2003, T. 1, ps. 706/707).

En consecuencia, no se encontraba habilitado el Tribunal de juicio para resolver acerca de la pretensión articulada en razón de no haberse dado intervención a la demandada, y por ello debe rechazarse el presente agravio. Voto, pues, negativamente.

El doctor Andruet (h.) dijo:

Coincido con la respuesta vertida por el Dr. Luis E. Rubio; en consecuencia, adhiero a ella votando en igual sentido.

El doctor Sesín dijo:

Las razones expuestas por el primer voto dan correcta solución a la presente cuestión, por lo cual adhiero a ellas y me expido de igual manera.

13ª cuestión.— El doctor Rubio dijo:

I. Atento al resultado de la votación que precede, corresponde rechazar los recursos interpuestos en autos. II. Con costas en esta conforme al resultado obtenido (arts. 550 y 551 CPP). Así voto.

El doctor Andruet (h.) dijo:

Resulta correcta la respuesta propiciada por el señor Vocal preopinante, por lo que adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

El doctor Sesín dijo: Estimo correcta la solución que da el señor Vocal Dr. Luis Rubio, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala Penal; resuelve: Rechazar los recursos de casación interpuestos por el Sr. Asesor Letrado Dr. C. F. —defensor del imputado J. F.—, el Sr. Asesor Letrado Dr. A. B. —defensor del imputado N. O. P.—, el Sr. Asesor Letrado Dr. S. A. —defensor de los imputados H. G., R. A. y F. A.—, el Dr. J. V. —defensor del imputado J. G.— y el Dr. F. L. — defensor de los imputados V. B., J. L., K. R. y N. F. E.—. Todos con costas (arts. 550 y 551 CPP).— Luis E. Rubio.— Armando S. Andruet (h.).— Domingo J. Sesín.